Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.

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