“La obra de Fibes se adjudicó por 66 millones de euros y ya vamos por 100, por lo que no estamos dispuestos a seguir desembolsando dinero sin ningún control presupuestario”, ha dicho el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, tras exigir a la UTE Acciona-Heliopol-Inabensa que construye la ampliación del Palacio de Congresos una explicación exhaustiva sobre los 12 millones de euros que quiere cobrar como sobrecoste.
A esta cantidad se añaden otros 12 millones pendientes de pago, por lo que el difrendo entre el Ayuntamiento y las empresas ha provocado la ralentización/paralización de las obras y amenaza con dirimirse en los tribunales y eternizar un proyecto que se anunció en mayo del año 2000. Con Fibes se cumple una vez más la maldición que pesa sobre Sevilla de que ninguna gran obra verá la luz antes de un decenio, con la excepción de la que se preveía la más improbable de todas para estar en plazo: la Expo (1984-1992). En abril de 2002, el Ayuntamiento presidido por Monteseirín y la Diputación aprobaron el coste de la ampliación de Fibes para acoger congresos de hasta 3.000 personas: 39 millones de euros. La mitad la aportarían ambos organismos y la otra mitad –se dijo- la Junta mediante fondos Feder. Esos 39 millones se han convertido ya en 100.
El paralelismo con las ‘setas’ es evidente. En su día, Monteseirín valoró la ejecución del Parasol en 51,2 millones de euros. Dos modificados y varios años de retraso después el coste ‘oficial’ se había elevado a más de 80 millones, que han superado los 100 si se contabilizan todas las partidas conexas y superan con creces esa cifra si se agregan los 32,3 millones de euros de la aportación en especie a Sacyr del edificio de la Delegación municipal de Hacienda durante 40 años.
MUCHO MÁS QUE UNA AMPLIACIÓN
La clave de los retrasos y los sobrecostes en Fibes es que no se trata de una ampliación, que hubiera sido suficiente para cumplir el objetivo de disponer de un espacio para congresos multitudinarios a un coste razonable en dinero y tiempo, sino de la construcción de un nuevo Palacio que envuelve el original, porque en el programa del exalcalde, que se gastó en obras ‘emblemáticas’ hasta los 100 millones y pico de la ‘hucha’ del PGOU, figuraba la resolución de las asignaturas pendientes (a su juicio) de la ciudad para pasar él así a la historia: rellenar los ‘vacíos’ urbanos del Prado (la biblioteca universitaria) y la Encarnación (las ‘setas’), incorporar la ‘modernidad’ con un rascacielos en la Cartuja, legar un nuevo auditorio…. Y todo con la firma de arquitectos ‘de marca’, costara lo que costara.
Cuando en julio de 2003 el jurado del concurso de ideas convocado al efecto aprobó la ‘Propuesta rojo y plata’ presentada por Vázquez Consuegra, el entonces delegado municipal de Economía, Celis, declaró que el nuevo edificio se convertiría en un “símbolo” en el futuro. La ‘grandeur’ de Monteseirín no podía conformarse con una obra funcional (39 millones de euros podían dar mucho de sí en ese sentido) y rápida de ejecución, sino que exigía iconos, emblemas, símbolos asociados a su mandato y a su vanidad y justificados con el argumento de que todo debía estar a la altura de Sevilla.
Vázquez Consuegra diseñó un auditorio de madera y aluminio con capacidad para 3.590 personas sentadas, un escenario de 600 m2, cabinas de traducción, salas VIP, cafetería y guardarropa. Un edificio multiusos con restaurante (2.500 m2) y 18 salas polivalentes. Una pasarela cubierta de uso expositivo para certámenes comerciales de 3.000 m2 que debía conectar con el edificio antiguo, más un aparcamiento subterráneo de cinco plantas para 800 vehículos y un parking en superficie para 30 autobuses.
PRESUPUESTO IRREAL
Las obras debían comenzar en 2004 y terminarse en el verano de 2006. No se puso la primera piedra hasta enero de 2008 y aunque fueron adjudicadas en 66,1 millones de euros, Monteseirín ya sabía que era un presupuesto irreal, porque incluso antes, el 13 de octubre de 2007, pidió al Estado que financiara con 30 millones el proyecto y ya se lo valoró a Madrid en 94,9 millones.
Al margen del incumplimiento de la promesa de Zapatero en aquel mitin del Paraguas sobre la participación del Estado en la financiación; de que la Junta sólo aportó 17 millones y 3 la Diputación, y de que Emvisesa ha tenido que cargar con un crédito de 58,7 millones de euros que deberá pagar hasta el año 2022 para poder continuar las obras desde hace año y medio hasta ahora, al margen de todo eso y de la soledad financiera en que ha sido dejado el Ayuntamiento socialista por sus Gobiernos amigos (en Madrid y Sevilla), lo peor es que al final de este largo decenio de proyectos y ejecución del macroFibes, Sevilla ha retrocedido 97 puestos en el ranking de ciudades organizadoras de congresos internacionales.
Según la clasificación de la International Congress and Convention Association, elaborada con la información de más de 6.000 asociaciones que celebraron el año pasado 9.170 congresos, Sevilla ocupó el puesto 196 del mundo, el 104 de Europa y el séptimo de España, tras ser superada por Bilbao y Málaga. Hemos retrocedido internacionalmente al nivel de ciudades medianitas como Padua, Innsbruck y Essen.
Diecinueve años después de la Expo , todavía no hemos logrado el nivel de ocupación y de tráfico aéreo para el que se dimensionó entonces el aeropuerto de San Pablo. ¿Cuánto tardaremos en un escenario de crisis económica internacional en rentabilizar los 100 millones –por ahora- de euros y los once años invertidos en el nuevo Fibes?