Archivo por meses: octubre 2011

El ‘okupa’

Una de las noticias más leídas y comentadas en los rankings digitales de los periódicos estos días ha sido la del hallazgo, al cabo de tres años, del cadáver de un fan de la reina Isabel II de Inglaterra frente al palacio de Bukingham. Bah, éso no es nada al lado del ‘scoop’ que publicó aquí en la víspera de la necrológica londinense el compañero Chema Rodríguez: entre la Junta de Andalucía y la Justicia han tardado diez años, que se dice pronto, en desalojar a un ‘okupa’ que se había quedado a vivir dentro del Palacio de Justicia en el Prado de San Sebastián pese a su manifiesta incomodidad. El ‘okupa’ habrá pensado que su desahucio tan tardío, cuando ya se había adaptado a su ‘modus vivendi’, es una injusticia, en virtud del conocido adagio que reza así: “La Justicia lenta, no es Justicia”. Juan Ignacio Zoido, juez por más señas, quiere reformar las Ordenanzas municipales para agilizar las licencias de apertura, que tardan años. A la luz de lo sucedido en el Palacio de Justicia con el ‘okupa’, lo que se debe agilizar son las licencias de ‘desokupación’.

 

 

 

Lo que no hizo

El cabeza de lista a perpetuidad del PSOE en Sevilla, Alfonso Guerra, alardea de que fue él quien trajo el AVE a Sevilla contra la opinión de políticos del PP, que supuestamente lo habrían acusado de llevar la alta velocidad hacia Africa en vez de hacia Europa. En ese saco ha metido a “un tal Javier” ahora más conocido que antes (alusión a Arenas) y que cuando se ven en el tren le dice que es magnífico (el AVE, no él). Guerra, en un ejercicio de memoria selectiva, se atribuye lo que se hizo por Sevilla, pero calla lo que no se hizo. Por ejemplo, que se boicoteó un tren-bala que un grupo japonés quería construir entre Sevilla y la Costa del Sol, quizás porque podía ser más veloz que el nuestro. O que, alegando que era un espectáculo para señoritos, se cargó un teatro para la ópera diseñado por Eleuterio Población y cuyas escalinatas besaban el Guadalquivir. Luego, contra el reloj, hubo que recrecer el Maestranza en forma de ‘olla exprés’. Por cierto, el teatro de la ópera vetado por Guerra se iba a alzar donde ahora la torre Pelli. Ironías de la historia.

 

 

 

Coto privado

Un lector denunciaba que  se le ocurrió subir a la Plaza Mayor (pero, ¿estamos en Madrid o Salamanca o en Sevilla?) de las ‘setas’ y que tres guardas de seguridad le prohibieron el paso porque aquello estaba acotado para un acto privado de la Cruzcampo. Y se preguntaba: “¿De carácter privado en una obra que más que duplicó su presupuesto inicial y que se ha financiado con dinero público?”. Pues, sí, enojado –con razón- lector. Acto privado y en una plaza particular, pues si usted y ‘cienes’ y ‘cienes’ de miles de sevillanos aún no se han enterado, el dúo viajero Monteseirín&Marchena no sólo financió con dinero nuestro la obra en beneficio de Sacyr, sino que además le ha permitido convertirla en el equivalente al patio de su casa por los próximos 40 años. Y no únicamente  ese remedo madrileño de Plaza Mayor, sino todo lo que de forma cursi llaman ahora el ‘espacio Encarnación’. Decían con su habitual  demagogia que iban a democratizar (¿?) las vistas de los tejados y ocultaban que era a costa de crear un coto privado en el corazón de Sevilla.

El devenir

Las obras de Fibes van camino de superar en coste (si no lo han hecho ya) a las setas de la Encarnación. Una auditoría de la Cámara de Cuentas eleva la factura a casi 113 millones de euros, cuando el Ayuntamiento de Monteseirín sólo había previsto financiación por 78 millones. ¿A qué se debe esta desviación? La Dirección Facultativa ha tratado de justificarse con una perla lingüística: se han producido unas obras adicionales, aprobadas por “el devenir inexcusable”. Osea, que aquí se adjudica una obra por un presupuesto equis y al final (¿tendrá final esta historia interminable, digna de Michael Ende?) ya vamos por equis más 35 millones, como si esta desviación fuera fruto de una fatalidad y no consecuencia de los caprichos de última hora del arquitecto, de imprevistos previsibles o bajas temerarias para hacerse con el contrato, que ya pagará al que le toque. Y en eso llegó Zoido y mandó parar y no pagar hasta que no se revisen las facturas una por una. También el Ayuntamiento, en justa reciprocidad con las constructoras, puede invocar “el devenir inexcusable”.

 

 

El lucro cesante

Zoido reiteró en el encuentro ‘Nueva Economía’ que no pondrá en riesgo la declaración de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad y, lo más significativo, añadió en presencia del presidente de Cajasol, promotora de la torre Pelli, que “ni la Caja permitirá que la ciudad la perdiese”, aunque la entidad financiera sigue insistiendo en que el rascacielos es “muy positivo” para la ciudad (Pulido ‘dixit’).
El alcalde, pues, apunta a un hipotético (subrayo lo de hipotético) escenario en que el Ayuntamiento declararía lesiva para el interés público la licencia de obras  e iniciaría la negociación para indemnizar a Cajasol, un supuesto para el que se ha barajado una cifra de 200 millones de euros por lucro cesante.
Pero antes de llegar a ese extremo hay que preguntarse hasta qué punto es “muy positivo” para la propia Cajasol y Sevilla el rascacielos y si tiene lógica económica, al margen de cómo se haya otorgado la licencia y del debate patrimonial.
Cuando Pulido anunció en 2007 que el proyecto de torre de 178 metros diseñado por César Pelli sería el que se construiría en la Cartuja, con una cifra de inversión elevada dos años más tarde por la consultora Deloitte hasta 353 millones de euros, aún nos hallábamos en pleno ‘boom’ inmobiliario.
El ‘boom’ en realidad era una burbuja que estalló con la quiebra de Lehman Brothers en 2008 por  las hipotecas-basura, las cuales desvelaron el desmedido riesgo inmobiliario asumido por las entidades financieras.
Ya en plena crisis, Cajasol difundió en marzo de 2009 el estudio de Deloitte para acallar la oposición a la torre: con su construcción se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año generaría más de 561 millones de euros y mantendría 11.327 puestos de trabajo; en el segundo, 795 millones y 16.106 empleos; y en el noveno, 1.351 millones y 27.910 empleos.
El rascacielos lleva meses en construcción (se ha rematado ya en una cuarta parte) pero el paro no deja de crecer en Sevilla: un 7,47% más que hace un año y 217.689 personas afectadas. Por tanto, su efecto en el empleo (los anunciados 4.000 puestos de trabajo se habrían tenido que notar) no ha sido el estimado o se ha diluido.

EL RIESGO INMOBILIARIO

El estallido de la ‘burbuja’  ha puesto de manifiesto la incoherencia de asumir un riesgo inmobiliario aún mayor con una obra de la magnitud del rascacielos  y al coste de 353 millones de euros. El Banco de España ha levantado el velo de las Cajas, forzado por los tests de estrés impuestos por la UE al sector financiero, y el pasado enero aquéllas desvelaron su exposición al riesgo del ladrillo: 148.969 millones de euros en conjunto. Previamente, según publicó este periódico, Cajasol fue obligada por el Banco supervisor a integrarse en Banca Cívica debido a un ‘agujero’ estimado en mil millones de euros. Pues bien, la exposición de Cajasol/Banca Cívica al riesgo inmobiliario ascendía a 9.187 millones de euros.
La morosidad en el sector promotor e inmobiliario de Cajasol era del 16,5%, muy superior a la media de las entidades financieras. Cajasol/Banca Cívica tuvo que pedir una primera ayuda de unos mil millones de euros al FROB para paliar esta situación y sufragar, a un coste inicial de 327 millones de euros, la prejubilación de 1.100 empleados y el cierre de 116 sucursales para ahorrar costes, número que se sumó a las 200 oficinas clausuradas previamente.
La carta de Zoido al Gobierno en la que planteaba la asunción de responsabilidades por el rascacielos, es lógica a la luz de estos datos porque ¿tiene sentido que a través del FROB se inyecten mil millones de euros a Cajasol/Banca Cívica debido al riesgo inmobiliario contraído para que esta entidad incremente ese mismo riesgo destinando 353 millones de euros a construir una torre de oficinas? ¿Tiene sentido gastar por un lado 353 millones en un rascacielos mientras que por otro se aplian 327 millones del FROB a reducir la plantilla en 1.100 empleados? ¿Crea empleo Cajasol/Banca Cívica con la torre Pelli o más bien lo destruye para seguir construyéndola?
Tal como está la situación, ¿puede el rascacielos ser un gran negocio inmobiliario que reporte esos augurados beneficios a Cajasol/Banca Cívica y Sevilla? Confrontemos las expectativas con la realidad. En Madrid, con mucha más actividad económica que aquí, los cuatro rascacielos más altos de España (uno, de 250 metros) y que componen el ‘Business Area’ de la capital aún estaban vacíos en un 75% dos años después de su comercialización a entre 29 y 42 euros/m2.
BNP Paribas presentó EN 2010  un informe sobre el mercado inmobiliario sevillano según el cual la contratación de oficinas se redujo en un 37% en 2009 por tercer año consecutivo y había una superficie disponible de 174.000 m2, equivalente a dos veces y media la futura torre Pelli. Así pues, no sólo se ha hundido la demanda, sino también los precios, con varios años de reajuste a la baja (-10% en 2009).
Para que se pueda conceder una indemnización por lucro cesante la jurisprudencia exige: 1) que exista y pueda ser probado; y 2) que pueda determinarse la cuantía que se ha dejado de percibir.
¿Se han dejado de percibir acaso rentas por alquileres en la torre Pelli por valor de 200 millones de euros? No. ¡Si aún no hay tales oficinas!. Y ya hemos visto cómo de hundido está el mercado inmobiliario. Por tanto, salvo el valor tangible de lo construido físicamente, el resto de lo que rodea a la torre se basa en meras lucubraciones sobre el papel. Y en este caso el papel, al contrario de lo que se dice, no lo soporta todo.

Reponer

El rector de la Hispalense, que ya era vicerrector de Infraestructuras cuando se gestó el proyecto de la ilegal biblioteca universitaria por él mismo ejecutada en una zona verde del Prado, está buscando escaparse por la tangente al declarar que el Supremo no ha sentenciado que haya que derribar la susodicha en ningún caso y que está evaluando la mejor manera de ejecutar esa sentencia de común acuerdo con el Ayuntamiento. Esto huele a componenda, contubernio, pasteleo o como quiera llamarse y, para más ‘inri’, con un alcalde juez. ¿Se saltará Zoido a pídola el fallo del Supremo? Los vecinos le han recordado al rector que la sentencia ordena “reponer el estado original de la parcela”, lo cual implica la demolición. Es lo mismo que decía el Reglamento de la Expo a los participantes: devolver la parcela tal como se les había entregado. Y todos lo entendieron a la perfección: sin pabellón, osea, con el pabellón demolido. Claro que España, y más aún Sevilla, es diferente. Para el rector la palabra ‘reponer’ sólo le evoca al ‘reponedor’ de mercancías del supermercado.

Botellona

Súper Zoido, el alcalde que puede con todo y lo mismo abarca la Plaza Nueva que el Parlamento de Andalucía y los 8.000 ayuntamientos de España a través de la FEMP, ha sido derrotado por los 5.000 botelloneros que fueron de jarana a la Cartuja por más que Zoidoman anunció un plan para impedirles el acceso, reunió al Cecop y desplegó cien policías. El anuncio de tales medidas ha ampliado aún más el eco de su derrota frente a la Movida, en parte por tal avalancha humana, en parte por la ineficacia de la actuación policial. ¿Cómo se explica estadísticamente que allí hubiera 5.000 personas congregadas para beber alcohol y que todos los controles de alcoholemia  de la Policía dieran resultado negativo? ¿A quién controlaban, a los de la macrobotellona o a los conductores que iban camino del Aljarafe por el Muro de Defensa? Cuentan las crónicas que los guindillas intentaron canalizar la masa por las cuatro puertas abiertas al Charco de la Pava, pero nada les dio resultado. Zoido se está percatando de que tratar de domeñar la Movida es como ponerle puertas al campo.

De la FEMP a la FAMP….

…y tiro porque me toca, ha dicho Zoido. Si el PSOE denunció que el Ayuntamiento dejó de pagar la cuota anual de 46.000 euros a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) justo en vísperas –hay que tener poco ojo clínico- de que el alcalde fuera elegido su presidente, ahora el PP ha revelado que Monteseirín nunca pagó la cuota de la filial andaluza de la FEMP, la FAMP, en sus doce años de mandato. Y no podía alegar ignorancia de sus obligaciones porque venía de ser su presidente antes de acabar como alcalde de Sevilla. Lo más significativo es que la FAMP guardó silencio sobre esos impagos durante cuatro trienios justo hasta un mes antes de las pasadas elecciones municipales, cuando ya se preveía el relevo en la Alcaldía y la deuda acumulada ascendía a casi 400.000 euros de vellón. En las facultades de Periodismo se enseña que la noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Con Monteseirín, igual: la noticia no es que no pague nunca, sino que alguna vez haya pagado algo (premio Pulitzer al que lo descubra).

La cuota

Campmany sostenía que los errores/erratas mejoraban un texto porque le daban nuevos e insospechados sentidos que se prestaban a todo tipo de interpretaciones. ¿Cómo cabe interpretar que en vísperas de la elección de Zoido como presidente de la FEMP el gobierno local decidiera no pagar la cuota anual de 46.000 euros? ¿Es presentable que el presidente de la FEMP sea un moroso de su propia institución? Zoido, que en la Oposición pedía una escoba para barrer el Ayuntamiento, se escuda en que ha habido un error humano en el barrido de las partidas suprimibles y se coló la de la FEMP. El PSOE exige explicaciones de por qué con Zoido ya presidente el gobierno local ha preparado una resolución restitutoria de la cuota suprimida, en la que figura “modificada con una anotación hecha a mano”. Anotaciones a mano para darse de baja o de alta de la cuota sin o tras percatarse de que Zoido iba a ser propuesto para presidente. Pero, ¿quién (des)coordina aquí? Al alcalde, al contrario que a Campmany, no le cabe la coartada de echarle la culpa a los duendes de la imprenta.

La torre de la discordia

Zoido no quiere pasar a la historia como el alcalde en cuyo mandato Sevilla fue expulsada de la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco a causa del rascacielos de la Cartuja, sobre el que ya aquélla ha dado dos avisos. Aunque la licencia fue otorgada  por  Monteseirín (mediante un procedimiento cuestionado ‘a posteriori’, por su oscurantismo, por los colectivos opositores), Zoido ha escrito a Gobierno y Junta para plantearles la hipótesis de que si por evitar la descalificación de Sevilla como Patrimonio de la Humanidad hubiera que revisar o anular la licencia del rascacielos e indemnizar a Cajasol   (se habla de 200 millones de euros), ¿quién y bajo qué criterios debería asumir ese coste?
La consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, en sintonía con el delegado del Gobierno, ha responsabilizado del problema exclusivamente al Ayuntamiento:“Lo que haya que decidir sobre eso recae sobre la Administración que concede la licencia, que no es la Junta de Andalucía”.
Al margen de otras consideraciones, la cuestión clave a la que alude la consejera es precisamente ésa: cómo la Junta, que ahora se lava las manos, creó las condiciones necesarias para que se construya este rascacielos y no otra cosa.
Siempre ha existido en Sevilla una ‘ley’ no escrita (como la Constitución británica o las alternancias continentales de las sedes olímpicas) en el sentido de que ningún edificio se aproximara, equiparara o superara en altura a la Giralda, el símbolo de la ciudad. En virtud de esa ‘ley’ se tumbó en los 90 el proyecto de torre de unos 30 metros de altura de Pérez Escolano en la Plaza de Armas.
El rascacielos en construcción es el último de varios proyectos en la explanada Sur de la Expo, cuyo primer exponente, ‘Puerto Triana’, incluía un lago circular para puerto deportivo y que fue promovido tras el 92 (gobierno local PP-PA) por los empresarios José Antonio Sáenz y José Luis Manzanares y El Monte. Aquéllos  eran vistos desde la Junta y el PSOE como afines al PA, razón por la que sus sucesivas modificaciones del proyecto e incorporaciones de inversores para darle músculo financiero (Rodamco fue el último) nunca recibieron luz verde.

EL ‘CAMPANILE’

A la desesperada, ficharon a un arquitecto de la ‘gauche divine’ bien visto por el PSOE, hasta el punto de que Felipe González llegó a ‘pre’nombrarle comisario para la Expo antes que a Olivencia: Ricardo Bofill. Fue repudiado por las fuerzas vivas  por el mero hecho de ser catalán, así que encomendándole este proyecto de alguna manera se reparaba el agravio cometido. El divo arquitecto presentó un diseño que incluía un ‘campanile’, una torre de 80 metros como hito del nuevo Puerto Triana.
En mayo de 2002, la Junta emitió un informe en el que advertía que el planeamiento sólo permitía en la zona una altura máxima de cinco plantas -y seis el de la ciudad- para usos terciarios (un máximo de 23 metros). Por tanto, concluía, “se está proponiendo una excepcionalidad a escala de ciudad de notable alcance en lo que respecta a las alturas”. A la vista de esta singularidad, la Junta decía que la construcción de la torre “debiera estar suficientemente analizada y justificada”. La consejera de Obras Públicas exigió además que el Ayuntamiento garantizara las inversiones con el fin de evitar la saturación del tráfico y recortar la edificabilidad.
También instó a optar por otra vía en caso de no querer reformarse el proyecto: tramitarlo en la revisión del nuevo PGOU, lo que podría significar una demora mayor. Por entonces los promotores llevaban 8 años esperando, por lo que cuando al año siguiente Monteseirín pactó con IU para librarse del PA tiraron la toalla y lo traspasaron todo a las Cajas, en manos del PSOE.

DESBLOQUEO

Y todo cambió. El Ayuntamiento, las Cajas  y Agesa firmaron un convenio para desbloquear el proyecto “después de que el anterior –dijo Bueno Lidón- decayese (sic) por causas ajenas tanto al Ayuntamiento como a los promotores”.
Si antes la Junta instaba a esperar a la revisión el PGOU, ahora el convenio se tramitaría como modificación puntual del Plan entonces vigente  con el fin de lograr un desarrollo más rápido del que supondría esperar a la aprobación del nuevo PGOU (al menos un año).
Monteseirín declaró que se haría un hito como la Torre Bofill “o algo parecido”, mientras que Carrillo, aún a su lado, expresó que el Ayuntamiento aplaudiría “todo lo que suponga un edificio en altura”, y animó a los promotores a que fueran valientes y “rompieran moldes”. Monteseirín atribuyó este “momento de éxito” a los cambios políticos producidos (la salida del PA).
Cuando trascendió que el “algo parecido” a la torre Bofill podía ser un rascacielos de 50 plantas y un máximo de 225 metros (finalmente rebajados a 178), el delegado de Cultura de la Junta ya no veía pega alguna a la altura. Bernardo Bueno declaró que el rascacielos no tendría problemas con las leyes de Patrimonio en ese sentido siempre que no tocara la lámina del río.

METROS DE ‘MODERNIDAD’

Y Monteserín hizo su particular silogismo: “Los edificios de gran altura son elementos consustanciales a las grandes ciudades. Sevilla es una gran ciudad que debe tener lo que tienen todas las grandes ciudades”.
Si hoy, por causa del rascacielos de 178 metros propiciado por la Junta e impulsado por un alcalde con complejo de inferioridad, peligra la Sevilla Patrimonio de la Humanidad no será por culpa de Zoido.
El rascacielos, al igual que las ‘setas’, irá ligado por siempre a su predecesor. Por eso no sé por qué le llaman torre Cajasol o torre Pelli, cuando debería ser conocido como  torre Monteseirín.