La Cámara de Cuentas ha desvelado otra de las trapazas de Monteserín al dictaminar en su informe fiscalizador sobre la ampliación de Fibes -revela un sobrecoste del 91% al dispararse el precio ¿final? a 113 millones de euros- que la encomienda de la obra a Emvisesa fue ilegal. La empresa municipal de la vivienda, el cajón de sastre de Monteseirín, no era un medio propio del consorcio de Fibes, no tenía presupuesto ni crédito para acometer el trabajo y en el convenio diseñado a tal  efecto no se consignó su coste real (una especialidad monteseirinesca, por otra parte) . Un engaño de principio a fin contra el que alertó un informe jurídico encargado al bufete Garrigues y que, como a Monteseirín no le satisfizo por razones obvias, acabó en la papelera, se supone que después de pagarle a aquél la habitualmente módica factura de estos casos. El (sin) alcalde soslayó el obstáculo jurídico encargando otro informe al señor secretario municipal, que lo emitió conforme a su deseo. Osea, que aquí no sólo había Urbanismo a la carta, sino también Derecho a la carta.