El Supremo estima inadmisible el recurso contra la anulación de la biblioteca en el Prado porque era nula de pleno derecho al haber sido expulsada ya del ordenamiento jurídico. Tarjeta roja. Es la decimotercera sentencia favorable a los vecinos y contraria a la Hispalense, cuyo rector, Joaquín Luque, era vicerrector de Infraestructuras cuando se promovió el ilegal proyecto y se acordó eximir al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena, los dos embaucadores, de cualquier responsabilidad sobre lo que acaeciera. La Hispalense debió haber demolido las obras en julio de 2009, cuando las paralizó el TSJA, y no gastar 10.400 euros/día  en su vigilancia y mantenimiento, empecinada en un recurso tras otro. Los ha perdido todos y en estos dos años y medio, aparte del dinero en la fallida construcción, ha gastado 11.232.000 euros en sostener aquel esqueleto de cemento. Un despilfarro del que Luque, cuya única salida es la dimisión, se hace el loco. Hoy, como no han derruido la biblioteca, la locura de Luque nos cuesta a los sevillanos otros 10.400 euros. Y así sucesivamente.