A finales de agosto de 2011, el hoy ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro; el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, y el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, visitaron el complejo termosolar que en Sanlúcar la Mayor ha alzado la multinacional sevillana Abengoa, con cuyo presidente, Felipe Benjumea, posaron al pie de una hilera de helióstatos.
Arenas declaró que Andalucía atesora “grandes recursos naturales” como los que le permiten tener “todas las condiciones para ser líder en energías renovables” y abogó por estar permanentemente estudiando la obtención a partir de estas riquezas naturales de elementos que “incentiven el crecimiento económico y el empleo”.
Montoro, por su parte, dijo que la política económica del futuro Gobierno de España “tiene que estimular las capacidades de emprender, innovar e internacionalizarse como salida a esta crisis”.
La puesta en escena no podía ser más simbólica, ya que Abengoa es pionera y líder de la energía termosolar, un sector en el que Sevilla va a la vanguardia mundial y que se desarrolla ya con un 80% de tecnología nacional. La compañía sevillana no sólo tiene 15 centrales termosolares aprobadas en España (siete en nuestra provincia), sino que también construye a 150 kilómetros de Los Angeles y por encargo de la Administración Obama el mayor complejo termosolar del planeta –Mojave-, de 280 MW y con una inversión de 1.600 millones de dólares. Recientemente ha ganado el concurso internacional convocado por Suráfrica para montar las dos primeras termosolares de ese país por 1.000 millones de euros, con lo que abre el continente africano a la exportación de la tecnología termosolar ‘made in Sevilla’.

HECHOS Y PALABRAS

Tan sólo cinco meses después de aquella foto en Abengoa y de las declaraciones de Montoro, el Ejecutivo de Rajoy ha decretado una moratoria al estímulo de las energías renovables, con el fin de reducir el déficit público en 160 millones de euros. El anuncio era un error técnico, porque confundía el déficit público (saldo negativo entre los ingresos de la Administración y sus gastos) y el déficit de tarifa eléctrico ( saldo negativo entre los ingresos de las empresas eléctricas y los costes que las normas les reconocen, lo cual no significa que sean sus costes reales).
Políticamente también ha sido un error mayúsculo y supone la culminación de la deriva del PP en materia energética: ha pasado de instaurar con Aznar el sistema de primas que ha permitido a España ponerse a la cabeza del mundo en energías renovables (primera en termosolar, tercera en eólica y entre las cinco primeras en fotovoltaica) a frenarlas en seco, sin revisar el sistema para corregir los errores en su aplicación durante la era Zapatero que, con su habitual dominio del marketing, arrebató al PP la bandera de las renovables y lo dejó ante la opinión pública como el negacionista del cambo climático.
Aunque la moratoria no afecta a las centrales termosolares por haber sido ya preasignadas en el Registro de Industria hasta 2013, deja sin perspectiva a este sector y sin presente a la fotovoltaica, eólica, biomasa, cogeneración…. con unos efectos demoledores para el empleo y la inversión.
España, falto de petróleo, gas y uranio y peligrosamente dependiente de estas fuentes de energía extranjeras, debe incentivar el desarrollo de las energías renovables, basadas en recursos inagotables y no contaminantes como el sol y el viento, hasta que maduren tecnológicamente y ya no necesiten más apoyo público.
Las grandes eléctricas las culpan del déficit de tarifa, pero sendos estudios de la consultora Deloitte sobre la termosolar y la eólica en 2010 desmontan esta leyenda negra y revelan sus efectos positivos. La termosolar, que percibió 185 millones de euros en primas, aportó al PIB 1.650 millones y sólo con los ahorros generados a la Seguridad Social, a Hacienda, en CO2 dejado de emitir y en toneladas de petróleo equivalente no importadas más que duplicó las subvenciones recibidas.
La eólica ahorró en importaciones de combustibles fósiles 1.616 millones de euros, exportó por valor de 1.105 millones, ahorró 329 millones en costes de CO2 y aportó 2.984 millones al PIB. Pero lo más importante de ambas renovables es la actividad generada en todo el país y, especialmente, en las regiones más deprimidas como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha: 24.000 empleos la termosolar y 30.747 la eólica.

REBELIÓN DE LOS BARONES

Por eso la moratoria a las renovables decretada por el Gobierno ha provocado la rebelión de los barones del PP en todas sus Autonomías, hasta el punto de que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el ministro Soria tuvieron que convocar una ‘cumbre’ anticrisis en Madrid, abortada ‘in extremis’ cuando trascendió su celebración. La Fundación Renovables calcula que hasta 2020 se perderán 62.000 millones de euros en inversión privada y 300.000 empleos.
Sólo en Andalucía se frenará una inversión de 14.700 millones de euros que generaría más de 51.000 empleos. La primera víctima ya ha sido Foret, que ha cerrado en Huelva al convertirse en inviable su alianza con Fertinagro. Once parques eólicos se paralizan en Sevilla. Y en Almería, sede con la PSA de la I+D que dio pie a la industria termosolar, Arenas concurrirá a las elecciones del 25M con el ‘handicap’ de que el ministro Soria liquida allí 217 proyectos fotovoltaicos, 45 parques eólicos y 24 proyectos de cogeneración.
Y todo por la decisión de Industria de ahorrarse 160 millones de euros: el chocolate del loro.