El Consejo de Ministros ha aprobado recientemente el proyecto de ley de Transparencia de las Administraciones Públicas, que incluye una modificación del Código Penal para incorporar el “delito contra el buen gobierno”. Una nueva pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público se aplicará a los gerifaltes que incurran en un gasto sin haberlo presupuestado antes. Tiro de hemeroteca. Poco antes de las elecciones que dieron la victoria a Zoido, Monteseirín aprobó el reconocimiento extrajudicial de pagos pendientes a proveedores desde los tiempos de Maricastaña por valor de 15 millones de euros, o sea, gastos para los que no había consignadas partidas en los Presupuestos del Ayuntamiento. Y en sus mandatos anteriores había ido acumulando otros 21 millones de euros en gastos a hurtadillas de las Cuentas y que afloraba de los cajones o de debajo de las alfombras cuando ya no tenía más remedio. De lo que se infiere que si esta norma hubiera estado vigente en su época, Alfredo haría años ya que habría sido condenado a inhabilitación perpetua.