Zoido llega tarde

El suicidio, el día 9, de la exedil socialista Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su piso en Baracaldo multiplicó la indignación ciudadana y obligó a Rajoy a anunciar una propuesta de paralización temporal de los desalojos que negociarían a partir del lunes, día 12, PP y PSOE. Zoido, oportunista, vio la ocasión de aparecer como el adelantado de la nueva política que se estaba fraguando e hizo un doble anuncio el domingo 11.

Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.

 

FRENAZO YA EN JUNIO

 

 

El rigor y la falta de demagogia invocados por Zoido en un asunto tan delicado han brillado por su ausencia en su caso, pues como líder de la Oposición y parlamentario autonómico no debía ignorar que a finales de junio la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció en el Parlamento andaluz que había dado la orden de frenar todos los lanzamientos previstos en el parque de viviendas de la Junta, a pesar de que sólo se han producido 16 de carácter administrativo en el último cuatrienio en las 46.000 VPO que gestiona en régimen de alquiler. “No se va a utilizar esta práctica -aseguró- contra quienes se encuentren en una situación desesperada y no puedan hacer frente, por causas justificadas, a la renta de alquiler establecida”.

Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

Además, la consejera subrayó que sería muy exigente a la hora de velar por que las viviendas públicas no se queden vacías, con lo cual se adelantaba a la demanda ahora planteada, al cabo de cinco meses, por Zoido. Y el 1 de octubre inauguró en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios y en la que un equipo de administrativos, trabajadores sociales y letrados asesoran gratuitamente a las potenciales víctimas de desalojos.

 

LIQUIDACIÓN DE OTAINSA

 

 

En el frente sevillano, la falta de visión de Zoido en este asunto, convertido luego en clamor nacional, quedó de manifiesto cuando sólo llevaba tres meses en la Alcaldía y su delegado de Urbanismo, Vílchez, decidió el desmantelamiento de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) y la asunción de sus funciones por la Gerencia de Urbanismo. A la vista de lo sucedido en estos catorce meses (1.613 desahucios en la capital y provincia sólo en el primer semestre de 2012) no parece que la Gerencia haya suplido con eficacia a Otainsa.

El radar del alcalde siguió sin detectar la gravedad del drama, del que venía alertando la oposición. En el Pleno del 30 de marzo, Espadas propuso “frenar los 3.500 desahucios” por impago de hipotecas e instó a Zoido a que adoptara una batería de medidas urgentes que ayudaran a “minimizar el tremendo impacto que están provocando los desahucios y contrarresten los efectos del paro en Sevilla”. El PP votó en contra argumentando que el PSOE “llega a los sitios tarde y mal porque no ha hecho nada y ahora viene a decir que lo que se hace no es suficiente”.

El 9 de abril, el PSOE volvía a la carga a cuenta de los desahucios por Emvisesa en la barriada La Estrella, Pino Montano, y pedía una moratoria de hipotecas de tres años para personas del perfil de los desahuciados por la empresa municipal: en paro, con menos jornada laboral o menos ingresos y/o con dependientes a su cargo.

 

CIEN AVISOS EN SAN JERÓNIMO

 

 

En el Pleno de septiembre, el gobierno local se negó a activar un servicio municipal de atención a los potenciales desalojados de forma que se pudiera estudiar cada caso en concreto, así como un plan de alquiler a precios asequibles gestionado por Emvisesa.

En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.

Zoido tuvo ahí su gran oportunidad de haber paralizado los desahucios en Sevilla y logrado proyección nacional antes de que la iniciativa partiese de la Moncloa en Madrid tras el suicidio de Baracaldo, pero se limitó a decir que se trataba de “trámites administrativos” y a hablar de “sensibilidad” para con los afectados. El resto de la historia es conocido: la ola de indignación ciudadana obliga a Emvisesa a frenar el primer desahucio previsto en San Jerónimo y a ofrecer una salida digna al inquilino horas antes de la intervención judicial, y sólo cuando el alcalde conoce la reacción de Rajoy trata de aparecer como el gran precursor frenando a Emvisesa y reconociendo que había 600 inquilinos en riesgo de ser expulsados.

Tanto en Andalucía como en Sevilla, Zoido llegó demasiado tarde.

 

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