Se publicó en el Boja el decreto-ley de la Junta por el que  los jóvenes en paro pueden solicitar el Bono de Empleo Joven, una ayuda de 400 euros/mes  destinada a facilitar su acceso a un contrato de trabajo. Simultáneamente se conocía, gracias a la primicia del periodista Antonio Fuentes, que el presidente del Parlamento andaluz, con la complicidad de  los grupos de la Cámara (PSOE, PP e IU), cobraba desde hacía dos meses otro ‘bono’ de 400 euros, que añadía a su remuneración mensual de 6.596.

Al ‘bono’ de Manuel Gracia, tratado de justificar inicialmente con el argumento de un incremento de su actividad (¿?), se sumaron por el contubernio secreto de quienes tanto hablan de transparencia y del escaño 110 para conectar con el sentir de los ciudadanos a quienes dan cotidianamente la espalda, 1.200 euros para los secretarios generales de los grupos Popular y Socialista y 920 euros para la portavoz adjunta de Izquierda Unida.

Los gerifaltes parlamentarios de los tres partidos que todos los días se tiran los trastos a la cabeza en las Cinco Llagas, han sido capaces de alcanzar un consenso sólo para cargarse a Chamizo y para repartirse más gabelas en la Andalucía del millón cien mil parados. Algunas estimaciones indican que hasta que se descubrió el pastel de las dietas suplementarias para el presidente y los portavoces adjuntos, éstos se habrían repartido unos 22.000 euros.

Sólo con estos sobresueldos de Manuel Gracia y sus adláteres se habría podido pagar el bono a 55 jóvenes andaluces en paro para su inserción en el mercado laboral, unos sobresueldos innecesarios habida cuenta de los salarios y complementos tan generosos de que ya gozan los diputados.

En esta tierra nuestra, donde el 51% del 1.100.000 parados ya no cuenta con ningún tipo de subsidio siquiera y hay recortes por doquier en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, los pretendidos padres de la patria andaluza, entre ellos cuatro diputados por Sevilla, han presentado la subida de sus dietas como “una actualización de indemnizaciones”, cual si se tratara de una nueva versión de un programa informático.

El mismo término que emplean, “indemnizaciones”, denota su concepto de la política, un perjuicio por el que deben ser resarcidos en vez de un servicio a la comunidad: no gratuito, pero tampoco con beneficios superiores al de su actividad privada previa.

Y tras ejemplos como éste aún tienen la desfachatez de preguntarse el porqué de la desafección ciudadana hacia la política y los políticos.