La comisión

La Ejecutiva local de IU  ha acordado que su grupo municipal solicite la creación de una comisión de investigación sobre todas las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, presuntamente la principal implicada en la trama de corrupción del caso Madeja/Enredadera, por el que la juez Alaya ha imputado a, entre otros, el hasta ahora portavoz de la propia IU, José Manuel García, ya dimitido; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña.

IU, que reconoce que se ha visto seriamente perjudicada por las acusaciones e imputaciones, en éste y otros casos -aunque afirma que no se sostienen-, pretende que salga a la luz toda la verdad “caiga quien caiga”; que se depuren las responsabilidades políticas, “tanto la que pudieran afrontar el anterior gobierno local como el actual”, y que se adopten medidas encaminadas a evitar en el futuro un nuevo escándalo de estas características y a garantizar un mayor control en las contrataciones públicas.

Según la coalición de izquierdas, se debe aprobar esta comisión de investigación “por responsabilidad y por coherencia”, como “un ejercicio de higiene democrática”, ya que hay intranquilidad y alarma social entre los ciudadanos.

Sostiene que no hay ninguna interferencia con el procedimiento judicial existente ni son incompatibles, ya que la comisión de investigación puede funcionar en paralelo y, cuando finalice su trabajo, aportar sus conclusiones a la Justicia. Para IU, es probable que el procedimiento judicial dure varios años y que en ese periodo abandonen la vida municipal muchos de los actuales concejales, por lo que la comisión “es absolutamente imprescindible para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a los contratos de Fitonovo y para elevar conclusiones que mejoren nuestra capacidad de reacción ante casos como éste”.

APOYO DEL PSOE

¿Cuál ha sido la respuesta del resto de grupos municipales?

El portavoz socialista, Espadas, la ha apoyado aun reconociendo la “complejidad” de su creación y funcionamiento ante el desarrollo en paralelo de un proceso judicial. El líder de la oposición estima que el objetivo de la comisión sería poner “luz y taquígrafos” en los contratos municipales con Fitonovo en los distintos mandatos, porque “hay que aclarar cualquier tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento, tanto anteriores como en la etapa actual”.

Para los socialistas, que subrayan la necesidad del consentimiento del PP por tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de crearse la comisión debería estar presidida por el presidente del Pleno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, que a su juicio “ha dado muestras de tener una actitud de equilibrio y de respeto a los distintos grupos en las sesiones plenarias”.

Y ha añadido Espadas: “No vamos a consentir que se reedite la comisión de investigación del Plan Centro, en la que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, actuaba como juez y como parte”.

RECHAZO DEL PP

Precisamente el aludido, Francisco Pérez, es quien ha dado la respuesta del grupo municipal del PP, y se ha agarrado para ello a la investigación judicial en curso para rechazar la propuesta de IU. Afirma el portavoz del gobierno local que esta iniciativa es una “argucia personal” de su hasta ahora portavoz, José Manuel García, con el fin de “distraer la atención”, y que la comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián: “Esa es la mejor comisión de investigación”, concluyó Pérez, en clara alusión a la sede del Juzgado cuya titular es Mercedes Alaya.

Una vez más, se observa el doble discurso de los partidos políticos según se hallen en el gobierno o la oposición, en una institución o en otra o que los afectados en cualquier causa o escándalo sean sus propios militantes o los de terceros.

El argumento de Francisco Pérez para rechazar una comisión de investigación política sobre el caso Madeja en el Ayuntamiento porque ya hay abierta una judicial choca frontalmente con la postura del PP en el Parlamento de Andalucía, donde sostiene todo lo contrario.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El PP presentó a finales de septiembre en la Cámara autonómica una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que en aquel momento investigaban no uno, sino cinco jueces en otras tantas provincias andaluzas.

La entonces secretaria general, Dolores López Gabarro, lamentó el “pacto de silencio” de PSOE e IU sobre este escándalo y los acusó de estar “compinchados” contra los andaluces si no votaban a favor de que se creara la comisión.

Los populares andaluces han exigido en el Parlamento autónomo la creación de decenas de comisiones de investigación sobre los más variados casos, a pesar de que estuvieran abiertas causas judiciales: los expedientes de regulación de empleo (EREs), Mercasevilla, venta fraudulenta de suelos en Atarfe, Astapa (desfalco de 60 millones de euros), la Faffe, los cursos de formación….

En 2009, el entonces secretario general, Antonio Sanz, declaraba que el Parlamento tenía “la obligación” de crear comisiones de investigación sobre los escándalos, y recordaba que en 15 años no se había creado ninguna, a pesar de que el PP había solicitado más de cien.

El pasado 17 de febrero, el PP (A) registró una petición de comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación con unos argumentos similares a los que ahora emplea IU para propugnar la de Fitonovo en el Ayuntamiento: “Sería bueno llegar al fin de la verdad -declaró Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización-, y ahí es donde se va a retratar el Gobierno del bipartito, y si quiere transparencia o todo queda en palabrería y marketing”.

EL PLAN CENTRO

Francisco Pérez tendrá difícil justificar el porqué la doctrina del PP es pedir continuamente comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, incluso sobre casos bajo investigación judicial, mientras se niega ahora a que se constituyan en el Ayuntamiento,  cuando Zoido, que se ha presentado a sí mismo ante los sevillanos como el paladín de las “luces y taquígrafos”, no tuvo inconveniente en que se creara la comisión sobre el Plan Centro.

¿Cómo explicarles a los sevillanos que la contratación de una veintena de cámaras de videovigilancia para el plan de tráfico de Monteseirín merecía la creación de una comisión de investigación y no las contrataciones, bajo sospecha de soborno, a Fitonovo, a la que se habrían adjudicado al menos 29 millones de euros en el actual Ayuntamiento y cuando el dueño de la compañía ha declarado que uno de los imputados también le pidió comisiones para, presuntamente, pagarle la campaña electoral a los populares?

La propuesta de IU pone a prueba el discurso de Zoido y del PP sobre la transparencia en el Consistorio, esa transparencia que le exige a Susana Díaz en el Parlamento cuando le reprocha sus negativas a comisiones de investigación, y máxime cuando el PP no tiene nada que perder porque los imputados en el caso Fitonovo están en las filas de IU y del PSOE. Insistir en el rechazo colocaría al grupo municipal de Zoido en la incómoda posición de aparecer como el único interesado en la estrategia de la ocultación.

Cuando una fuerza política no tiene nada que temer no le importa que otras enchufen el ventilador.

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