El agravio del Metro

La ley de 1975 estipula que Sevilla no tiene que pagar nada de la infraestructura del Metro

Málaga denuncia que la Junta exoneró además al Ayuntamiento sevillano a cambio de obras “sostenibles”

 

El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha reaccionado al anuncio de Espadas de que cuenta con el respaldo de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para la financiación por el Estado de su parte (teóricamente, un tercio) de la línea 3 del Metro (tramo Pino Montano-Prado de San Sebastián) diciendo que “el PP no va a permitir que el Ayuntamiento tenga que pagar un solo euro, porque sería un agravio comparativo con otras ciudades cuyos ayuntamientos no han tenido que costear parte de la obra, como los de Málaga, Bilbao, Madrid, Valencia o Barcelona”.

Es ésta una cuestión que nunca ha quedado clara a ojos de la opinión pública y que, como no podía ser menos, también ha sido utilizada en Málaga, antes y después de la creación del eje simbólico con Sevilla, en ese mismo sentido esperable del agravio comparativo del que habla Beltrán Pérez. Y es que en la urbe de la Costa del Sol se interpreta que Sevilla no ha pagado ni un euro por las obras del Metro. A su vez, el alcaldable del PP sevillano entiende que como Málaga es la que no ha pagado Sevilla tampoco debe hacerlo.

Así pues, cabe preguntarse si el Ayuntamiento hispalense ha tenido alguna vez obligación legal de pagar al menos una parte de las obras de la línea 1 del Metro, obligación que se extendería también a futuras líneas como la 3, y si de hecho ha contribuido financieramente o no.

LA LEY DE 1975

Hay que empezar recordando que Sevilla tiene a su favor algo que no tienen otras ciudades, la ley 37/1975, de 31 de octubre, sobre construcción y explotación del Metro de la ciudad, una norma que no ha sido derogada hasta la fecha.

En el preámbulo de la misma se destaca como novedad que la financiación de la infraestructura corre íntegramente a cargo del Estado y se elimina la obligación del reembolso del 50% por parte del Ayuntamiento con cargo a contribuciones especiales y recargo del arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos.

De esta manera, según el artículo segundo de la ley, deben correr por cuenta del Estado (entonces nos hallábamos todavía en la Dictadura franquista y no existía el Estado de las Autonomías) la construcción de la infraestructura de la red: las obras de explotación, túneles, estaciones y accesos con sus servicios mecánicos, los edificios de cocheras, talleres y subestaciones y las instalaciones de ventilación e iluminación.

En virtud del artículo tercero de dicha norma, el Ayuntamiento quedó obligado a pagar la vía, el material móvil (los trenes), la electrificación, señalización, comunicaciones, puesto de mando, instalaciones de cocheras y talleres, subestaciones y los demás elementos necesarios para la explotación del servicio.

 

CONVENIO DE 2005

En septiembre del año 2005, el Ministerio de Economía del Gobierno central y la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía firmaron un protocolo para la financiación de la línea 1 del Metro de Sevilla y de las líneas 1 y 2 del Metro malagueño. Ambas partes asumieron el planteamiento del Gobierno andaluz, el cual calculó que el Estado debía asumir el pago del 100% de la infraestructura de la línea 1 en el tramo que discurriera íntegramente por el término municipal de Sevilla capital (176 millones de euros) y el 33% de los tramos fuera de la urbe (42 millones de euros), tanto en la parte del Aljarafe como en la de Dos Hermanas. Los otros dos tercios los pagarían los restantes ayuntamientos implicados y la Junta de Andalucía.

Esta fue la fórmula en virtud de la cual el Gobierno de la nación se comprometió a abonar 218.313.046 euros a lo largo de 30 años, que es el plazo de duración de la concesión administrativa del Metro sevillano.

Ahora bien, ese cálculo se hizo a partir de la estimación de que el Metro costaría del orden de 461 millones de euros, cuando tras la reciente sentencia condenatoria del Tribunal Supremo a la Junta de Andalucía la factura real final se ha elevado a 890 millones.

Por eso, y mucho antes del fallo del Supremo, el PP ya exigió en el Parlamento de Andalucía que el Gobierno andaluz revisara el convenio del Metro firmado con el Ejecutivo central en 2005, para que éste incrementara su aportación económica conforme al coste real final y no al estimado al inicio de las obras. Veremos si ahora que el PP gobierna en la comunidad y Juanma Moreno es el presidente de la Junta no se abre un nuevo frente con Madrid a cuenta de la factura de la línea 1.

 

REACCIÓN EN MÁLAGA

 

El convenio de los 218 millones de euros que exoneraba al Ayuntamiento de Sevilla del pago de las obras de infraestructura (no así por otros conceptos) del Metro conforme a la ley del año 1975 no dejó de levantar ampollas en el Ayuntamiento de Málaga, que reivindicó una equiparación con el Consistorio hispalense.

A finales de 2018, el entonces consejero de Fomento de la Junta de Andalucía, Felipe López, hizo unas declaraciones a la prensa malagueña en los siguientes términos: “La paradoja es que después de la inversión tan importante hecha por el Gobierno andaluz en Málaga, a estas horas del mes de noviembre de 2018 la aportación del Ayuntamiento al Metro ha sido cero”.

Así pues, casi doce años y medio por entonces del inicio de las obras del Metro malagueño y cuatro años y medio después de la puesta en servicio del suburbano, el Ayuntamiento de la urbe costasoleña no había desembolsado un solo euro, en línea con lo expuesto por Beltrán Pérez.

La reacción del alcalde malagueño, Francisco de la Torre, a las declaraciones del consejero fue invocar el Metro sevillano, donde según él el Ayuntamiento de la capital de Andalucía “no ha puesto un euro”. Y añadió: “Nuestro compromiso era igual. ¿Por qué no se aplica esa misma norma? ¿O es que nosotros tenemos una norma distinta porque estamos en el Mediterráneo y la Andalucía de la Bética es distinta?”.

 

COMPENSACIÓN

 

El Ayuntamiento malagueño le reprocha a la Junta de Andalucía que en su día le perdonara a la Corporación Municipal sevillana una supuesta obligación de aportar 17,5 millones de euros a la línea 1 del Metro a cambio de la realización de obras de movilidad sostenible valoradas en 26,6 millones, unas obras que sonaban a mera coartada para justificar la falta de desembolso municipal.

El alcalde malagueño, Francisco de la Torre, no ha dejado de expresar su protesta por que la Junta llegara a un acuerdo con el Ayuntamiento sevillano “para que lo que iba a tener que poner (en el Metro) fuera sustituido por obras que haría el Consistorio, y con nosotros este tema está por resolver”.

Conclusión: Málaga se escuda en que Sevilla no ha aportado nada al Metro para no desembolsar a su vez, con lo cual el agravio comparativo entre una y otra sirve de perfecta coartada para las dos. En cualquier caso, Beltrán Pérez ha hecho bien en recordar que, según la ley del Metro, el Ayuntamiento de Sevilla no tendría que pagar tampoco ninguna infraestructura de la línea 3, por lo que habrá que estar muy pendientes de cómo se reparte la factura de los 718 millones de euros que costará el tramo entre Pino Montano y el Prado.

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