Diez colectivos denunciarán ante la Justicia al IDAE si concede una subvención “a la carta” para ampliar la línea del tranvía

Califican de “torticera” y contraria a la norma la respuesta del Gobierno de que no hace falta que la solicitud de subvención esté amparada por un Plan de Movilidad


La Ley de Economía Sostenible y el Real Decreto obligan a que cualquier subvención al transporte público derive de un PMUS previo


El Ayuntamiento de Sevilla ha mentido al IDAE al afirmar en su solicitud que la
ampliación está amparada por el Plan de Movilidad municipal


El Gobierno anuncia un trato de privilegio a Espadas al esperar a que redacte un
nuevo PMUS que justifique “a posteriori” la concesión del dinero

Diez de las entidades que se oponen a la arboricida, redundante y
despilfarradora ampliación del tranvía -línea en la que el Ayuntamiento puede acabar
gastando 148 millones de euros para el hipotético transporte de un número de viajeros
similar al de la línea de autobús Barqueta-Heliópolis- expresan en una nota pública su estupor por la respuesta parlamentaria que ha dado el Gobierno de España a dos diputados del grupo Más País (Íñigo Errejón e Inés Sabanés) sobre el proyecto impulsado por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y su intención de querellarse contra el IDAE si otorga una subvención «a la carta» al Ayuntamiento con tal finalidad.

Suscriben la iniciativa el Grupo de Investigación ADICI HUM 810 de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Hispalense; la Plataforma Salva tus Árboles Sevilla; Tranvía Verde; Ecologistas en Acción Andalucía; la Plataforma Sociedad Civil de Sevilla; A Contramano; Red Sevilla por el Clima; Asociación Parque Vivo del Guadaíra; Ni un árbol menos y la Asociación de Defensa del Patrimonio Artístico de Andalucía (ADEPA).

Protesta ciudadana contra la ampliación del tranvía, que obligará a la tala de al menos 128 árboles en Nervión

Según estos diez colectivos sociales, desde la aprobación de la ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, rige en España la exigencia de que la concesión de que cualquier ayuda o subvención destinada al transporte público o metropolitano está condicionada a que la entidad beneficiaria disponga del correspondiente Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) y a su coherencia con la Estrategia Española de Movilidad Urbana Sostenible.


El Gobierno de España reconoce en su respuesta parlamentaria que, en virtud del Real
Decreto 616/2017, de 16 de junio, el Ayuntamiento de Sevilla pidió una subvención de
19.608.000 euros para la ampliación del tranvía el 5 de diciembre de 2019, fecha en la
que -al igual que hoy- dicha iniciativa no figuraba incluida en el vigente Plan de
Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad, el cual fue aprobado en el año 2012.» Por
este motivo -exponen las colectivos sociales- dicha solicitud de subvención no debió ser admitida a trámite».


La petición de la subvención no sólo incumple la Ley de Economía Sostenible, sino
también lo dispuesto en el Real Decreto regulador de estas subvenciones, el cual
ratifica que “las actuaciones elegibles serán aquellas que se deriven de un PMUS o
Plan Director” y que “no se apoyarán actuaciones aisladas que no sean de ejecución de
un Plan o estrategia global de movilidad urbana”.

Documento sobre la Estrategia Española de Movilidad Sostenible y el papel de los Ayuntamientos


Asimismo, atenta contra la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, conforme al
documento publicado por la Federación Española de Municipios y Provincias y la Red
Española de Ciudades por el Clima, en el que se exige la plena participación social y la
implicación de toda la comunidad en la redacción de los PMUS. El Ayuntamiento
hispalense no sólo ha presentado una solicitud de subvención para ampliar el tranvía
aunque no está prevista en el vigente PMUS, sino que de esta manera ya trata de
condicionar y predeterminar el que pudiera suceder al actual, al dar por hecha tal
iniciativa sin haberla sometido al preceptivo debate ciudadano. El gobierno de Espadas
trata de que su futurible PMUS cuelgue de la ampliación del tranvía, sin esperar a ver si
los ciudadanos consideran esta opción u otras de movilidad en el proceso de
participación.

El IDAE es el organismo que debe conceder la subvención con fondos europeos para ampliar el tranvía de Sevilla


La Estrategia Española de Movilidad Sostenible insiste repetidamente en la importancia
de que los PMUS configuren “paquetes de medidas” y no medidas aisladas, como ésta de ampliar el tranvía al margen del debate ciudadano y del actual contexto económico y
social de Sevilla. Además, la Estrategia Española exige que se consideren los “efectos
indeseables” de cualquier medida, y pone como ejemplo la cuestión de si el incremento
del 5% de la flota de autobuses de un municipio es una medida beneficiosa desde el
punto de vista de la movilidad sostenible.

Según el documento (página 47), la respuesta dependerá de si los autobuses circulan llenos o vacíos o a qué población se ha dado servicio. En esta línea, se preguntan los colectivos sociales, ¿puede considerarse acorde con una estrategia de movilidad urbana sostenible acabar gastando 148 millones de euros en una línea tranviaria con una hipotética demanda de viajeros futurible similar a la de una línea de autobús y que por tanto puede ser satisfecha de forma mucho más barata y eficiente por una simple línea BTR (autobús de tránsito rápido) y sin necesidad de cortar todos los árboles que se hallen por el camino?

Hipotéticamente el tranvía ampliado tendría una demanda de viajeros similar a la de la línea 2 de autobuses


En resumen, pese a que la petición del Ayuntamiento de Sevilla vulnera la ley de
Economía Sostenible, el Real Decreto regulador y la Estrategia Española de Movilidad
Sostenible, el Gobierno de España ha hecho en su respuesta parlamentaria una
sesgada interpretación de las normas al decir que a la fecha (5 Diciembre 2019) en la
que el Consistorio sevillano solicitó la subvención para el tranvía “no resultaba
imprescindible” que la ampliación estuviera integrada dentro de un Plan de Movilidad
Urbana Sostenible y que basta con que el Ayuntamiento redacte un nuevo PMUS
(emplea el eufemismo “reelabore”, para mantener la ficción de que es el mismo) que
esté listo para la fase “de ejecución y certificación del proyecto”.


Los colectivos sociales denuncian esta interpretación «torticera» de la ley, que parece
así redactada “a la carta” de los intereses políticos del Ayuntamiento de Sevilla, «única y
exclusivamente para darle tiempo a amparar con un nuevo PMUS el despilfarro
económico de la arboricida y redundante ampliación tranviaria».

Espadas, en un mitin con Pedro Sánchez

Los diez colectivos sevillanos que se oponen a este «irracional» proyecto confían en la
probidad de los técnicos del IDAE que han de informar sobre si la solicitud del
Ayuntamiento de Sevilla se ajusta a la legalidad y esperan que aquéllos no sean
cómplices de los intereses políticos tanto del Ejecutivo central como de la corporación
Municipal sevillana. En caso contrario, afirman que no dudarán en denunciar ante los tribunales de justicia cualquier decisión arbitraria y contraria a las normas que se adopte en relación con la ampliación del tranvía, la cual no estaba amparada por el vigente PMUS de la ciudad en el momento en que se cursó la solicitud de subvención, que es el que administrativamente y afectos jurídicos hay que tener en cuenta.

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