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El proyecto de demoliciones en el Alcázar no pasó por su Consejo de Gobierno

El proyecto de demoliciones de las construcciones adosadas internamente a las murallas del Alcázar por el patio del León y de reformas de la Casa del Militar y de la Sala de Justicia, entre otras actuaciones, ha provocado malestar en el seno del Consejo de Gobierno del Patronato del monumento, que no tenía ningún conocimiento al respecto, y en grupos políticos del Ayuntamiento, los cuales ya piden una reunión urgente del Patronato.

El máximo órgano responsable del Real Alcázar, el Consejo de Gobierno de su Patronato, no tenía conocimiento oficial del denominado “proyecto de adecuación del área de recepción en el entorno de la Puerta del León”, que se presentó hace casi dos meses ante la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que ha adelantado Viva Sevilla.

Esta iniciativa unilateral y al margen del Consejo de Gobierno, cuya responsabilidad asumió ayer el delegado de Cultura, Antonio Muñoz, en un intento de exonerar al tándem formado por el alcaide, Bernardo Bueno, y la directora, Isabel Rodríguez, ha provocado un profundo malestar en miembros del Patronato, los cuales se han sentido orillados y se preguntan si su función es meramente decorativa y de asentimiento a las decisiones que adopte el gobierno municipal.

 

El Consejo de Gobierno del Patronato, que preside Juan Espadas, está compuesto por dieciséis miembros, entre ellos un representante por cada uno de los cinco grupos municipales, exalcaldes como Uruñuela y Del Valle y representantes del mundo de la cultura, como la catedrática Pilar León-Castro y la presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, la marquesa de Méritos.

El descontento se ha extendido a grupos de la oposición municipal, especialmente los de Participa Sevilla  e IU. Susana Serrano, portavoz de Participa y miembro del Consejo del Alcázar, y Daniel González Rojas, portavoz de IU y miembro suplente, han coincidido en criticar las formas del gobierno municipal y la “poca transparencia” de Espadas, al que “se le olvida -dicen- que está gobernando en minoría”.

Participa e IU exigen la urgente convocatoria del Consejo de Gobierno del Patronato del Alcázar para que la directora del conjunto monumental explique oficialmente el proyecto de demoliciones que alteraría la actual fisonomía de este Bien de Interés Cultural, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Por su parte, el Consejo Asesor de la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha mostrado su preocupación por esta forma de proceder al impulsarse obras impactantes en edificios teóricamente muy protegidos, como las Atarazanas y ahora el Real Alcázar, sin conocimiento previo de las organizaciones representativas de la sociedad civil, y se plantea la petición urgente al Ayuntamiento y a la directora del Alcázar del proyecto íntegro de intervención para analizarlo en profundidad.

 

RESPUESTA DE PATRIMONIO

La Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ha analizado ya el proyecto y ha dictaminado que, previamente a cualquier pronunciamiento por su parte, se deberá realizar una intervención arqueológica puntual, consistente en un análisis de las estructuras emergentes de las construcciones que se pretende demoler, con objeto de que en base a sus resultados se puedan adoptar las correspondientes decisiones sobre su posible demolición o conservación.

La Comisión le recuerda al Ayuntamiento que, en virtud de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, la eliminación de algunas aportaciones (arquitectónicas) de todas las épocas existentes sólo se autorizará siempre que quede fundamentado que los elementos que tratan de suprimirse supongan una degradación del bien y que su eliminación fuese necesaria para permitir su adecuada conservación o una mejor interpretación histórica y cultural del mismo.

El Consejo de Gobierno del Patronato

Los dieciséis miembros que componen el Consejo de Gobierno del Patronato del Alcázar, teórico máximo organismo rector de sus destinos, son los siguientes:

Presidente: Juan Espadas, alcalde de la ciudad.

Alcaide: Bernardo Bueno, ex delegado de Cultura de la Junta de Andalucía.

Directora: Isabel Rodríguez

Vocales por los grupos políticos municipales: Juan Ignacio Zoido (PP), Antonio Muñoz (PSOE, y delegado de Cultura del Ayuntamiento), Susana Serrano (Participa Sevilla), Javier Millán (Ciudadanos), Eva María Oliva (Izquierda Unida).

Vocales ex alcaldes: Luis Uruñuela y Manuel del Valle

Resto de vocales: Pilar León-Castro (catedrática de la Hispalense), Román Fernández-Baca (director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), José María Cabeza (ex director conservador), Isabel León Borrero (presidenta de la Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría), Javier Benjumea Llorente (teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería) y Gustavo Medina (presidente de Aset).

Demoliciones en el Real Alcázar de Sevilla para ampliar el patio del León

Se liberarían lienzos de la muralla al eliminar construcciones adosadas como la que sirve de control de entrada de los turistas

 

Conversión de la casa del Militar en el nuevo vestíbulo de acceso mediante la instalación de una montera acristalada

 

Las dependencias inferiores se habilitarían para los puntos de información, audioguía, seguridad, consigna y similares

 

Recuperación “hacia el interior” de la puerta islámica original que da a la actual calle Miguel Mañara

 

Creación de un eje visual entre la plaza del Triunfo, el patio del León ampliado, el patio de la Montería y el palacio Mudéjar

 

Nuevo acceso al patio del Yeso a través del patio de la Montería

 

Desmontaje de la escalera de acceso a la Sala de la Justicia y de las columnas que la flanquean

 

Habría que trasladar de forma “puntual” algunos de los árboles de las zonas ajardinadas

 

El acceso al Alcázar se cambiaría y se ubicaría en el ángulo Noroeste del patio de la Montería

 

La dirección del Real Alcázar de Sevilla presentó el pasado mes de abril de 2016 a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía un denominado “Proyecto básico de adecuación del área de recepción en el entorno de la puerta del León”, que está redactado a veces en un lenguaje equívoco que se presta a todo tipo de interpretaciones, especialmente cuando se hace referencia a una antigua puerta cegada que da a la actual calle Miguel Mañara.

El objetivo declarado formalmente consiste en la recuperación del carácter unitario y monumental de la puerta del León, por la que acceden los turistas al monumento, con el fin de abrir un eje que una la plaza del Triunfo, el patio del León y el patio de la Montería, que preside la portada del palacio Mudéjar.

Del patio del León se destaca “la recuperación hacia el interior de la puerta islámica original (hacia la calle Miguel Mañara)”. También se plantea como objetivo la “significación” (sic) de la torre intermedia demolida en el frente Este, actualmente en niveles de cimentación; la restauración de la fachada de la puerta de la Montería y la relación histórica de los patios del León y de la Montería con el palacio del Yeso, “reconsiderando el acceso actual”.

En el proyecto se afirma que las construcciones adosadas a la puerta del León no resuelven las necesidades actuales para la acogida de visitantes, ya que por su modestia (en su origen estaban destinadas a usos domésticos y auxiliares) y por el hecho de haber sido intensamente reformadas a lo largo del siglo XX, se hace compleja su adaptación a funciones que requieren cierta flexibilidad. En vez de estas construcciones modestas existentes tras la entrada de la puerta del León se preconiza “un espacio digno, un lugar que anuncie la monumentalidad del Alcázar”.

 

ELIMINACIÓN

 

Con esta argumentación se está proponiendo lisa y llanamente la eliminación de esas construcciones adosadas a la puerta del León y a las murallas medievales, lo que a juicio del redactor del proyecto permitirá la “puesta en valor” de los paramentos de la misma (actualmente ocultos) y “la integración de los restos de la puerta islámica (calle Miguel Mañara), así como sus niveles de uso originales, que se situarían aproximadamente a menos de un metro de profundidad respecto a los actuales”.

Para tratar de justificar estas demoliciones y, por decirlo así, la “liberación” del patio del León, el autor se remite a la historia: “la propuesta -asegura- establece lazos con la operación arquitectónica realizada en tiempos de Pedro I, que supuso la eliminación de las edificaciones islámicas precedentes para crear un espacio unitario y simbólico, intermedio entre el Palacio y la ciudad, que queda limitado por la portada de la Montería”.

Plantea, además, un nuevo acceso al patio del Yeso, que se haría desde el patio de la Montería, porque el actual desde el patio del León se realiza de manera directa a través de la Sala de la Justicia y utilizando para ello un antiguo hueco de ventana reformado en tiempos recientes (el importante desnivel se salda mediante un tramo recto de escalera).

 

TRASLADO DE ÁRBOLES

 

Así pues, el proyecto consiste en eliminar las edificaciones adosadas en el entorno de la puerta del León para crear ese eje visual y grandioso entre la plaza del Triunfo y el patio de la Montería, con recuperación de materiales y piezas singulares durante la demolición o previamente (azulejos decorativos, sillares, columnas, fuentes) y desmontaje de la escalera de acceso a la Sala de la Justicia y de las columnas que la flanquean.

Asimismo, se procedería al desmontaje con recuperación de solerías en el patio del León (se pondría un pavimento de piedra natural) y entorno de la puerta de la Montería y también a la limpieza de las zonas ajardinadas y a la conservación de los árboles. No obstante, se desliza que habría que trasladar algunos ejemplares “de manera puntual”.

En los lienzos de muralla afectados por el adosamiento de edificios se haría un picado integral. En los medievales se haría una restauración con fábricas originales, y donde no hubiera elementos originales se procedería a revestir con mortero de cal coloreado en masa entonado con el color de las fábricas.

 

LA CASA DEL MILITAR

Toda esta operación obligaría a crear una infraestructura de acogida de los turistas en otra parte y a establecer nuevas rutas de acceso al interior del Alcázar.

El redactor del proyecto, el arquitecto Francisco Reina, ha puesto sus ojos en la casa del Militar, de la que dice lo siguiente: “Por su inmediatez (sic) con el Patio del León se valoran los espacios situados en los niveles inferiores de la Casa del Militar para su uso complementario al sistema de accesos al recinto (información, control, audioguía, consigna, etcétera). La crujía Oeste (Sala de los Abanicos) debe permitir, al menos, la relación visual con el Patio de la Casa de la Contratación”.

Explica que la casa del Militar, situada en el ángulo Suroeste del patio del León y con acceso directo a través de un patio porticado, ofrece en sus dependencias de planta baja  condiciones favorables para resolver las necesidades de acogida del público.

Por ello, plantea que su patio se convierta en un vestíbulo de acogida y que se acondicione mediante la instalación de una montera acristalada, así como ampliando y adaptando el actual punto de acceso. De este modo, el patio del León quedaría liberado de funciones y se convertiría, según el autor, en el espacio de recibimiento y estancia del público previo al acceso al Alcázar.

 

NUEVA ENTRADA

 

La entrada al conjunto monumental se haría a través del ángulo Noroeste del patio de la Montería, por el antiguo pasaje que en origen comunicaba el patio de la Montería y de la Casa de la Contratación (sic) y que en la actualidad separa la Casa del Militar del Cuarto del Almirante.

Con esta reordenación se desviaría el paso por el eje central que se realiza actualmente a través de la puerta de la Montería, el cual quedaría habilitado sólo en circunstancias puntuales.

Habría que hacer también reformas y demoliciones “puntuales” de elementos constructivos de la casa del Militar, como la eliminación de los peldaños de acceso desde el patio del León, ampliación del hueco de acceso y apertura de huecos “puntuales” (sic). Asimismo, habría que desmontar solerías y carpintería y, en general, reubicar piezas arqueológicas descontextualizadas y mobiliario diverso, que se vería afectado por los trabajos.

 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

 

Para justificar el proyecto de intervención en el patio del León, el arquitecto Francisco Reina ha incorporado al mismo un Anexo denominado “Antecedentes históricos del entorno de la Puerta del León”, que ha sido redactado por los arqueólogos Miguel Ángel Tabales y Cristina Vargas y en el que se pretende demostrar que se han producido modificaciones y reformas prácticamente hasta nuestros días.

Según este Anexo, los patios del León y de la Montería son el resultado de la ampliación almohade del antiguo alcázar abbadí, en el siglo XII, que supuso la construcción de un tercer recinto hacia el Oeste del arco de Miguel Mañara, en la actual Avenida de la Constitución.

Ambos patios quedaron separados por una muralla de tapial con puerta lateral que los comunicaba. Se organizaban con construcciones adosadas a las murallas. En el patio de la Montería se ubicó un palacio con patio central rehundido y en el patio del León se dispusieron construcciones relacionadas con las caballerizas, apeaderos y tránsitos.

El inicio de la etapa castellana no supuso en principio grandes transformaciones en los palacios de la antigua alcazaba almohade, pero el sector de la puerta del León manifestó (sic) una reforma integral a partir de 1365, durante el reinado de Pedro I, desapareciendo definitivamente el esquema urbano islámico en este ámbito.

La demolición de los edificios almohades del interior de los recintos de los patios del León y de la Montería supuso un aumento considerable de la cota del terreno y un intento de homogeneizar la cota del patio del León con los espacios vecinos.

Se crea la puerta del León, habilitada como puerta principal de acceso al recinto. Tras cruzar la puerta se accedía a un patio amplio y diáfano, conocido por extensión como patio del León, cuyo límite Sur era la antigua muralla almohade ejecutada en la última ampliación del recinto, que se acondicionó en esos momentos como antesala del llamado “Patio de la Montería”, al final del cual se levantó el Palacio Real con su majestuosa fachada.

Este tramo de muralla es lo único que fue conservado de los palacios almohades, aunque fue restaurada con una nueva configuración arquitectónica. En ella se libraron dos hornacinas laterales, abiertas como puertas en 1936 por Juan Talavera. Se reviste de ladrillo para enlucir, y en la portada central se utilizan sillares y se introduce una bóveda, erigiéndose como elemento escénico y parte esencial del nuevo acceso axial al recién creado patio de la Montería.

En 1626 se levanta un enorme teatro de madera en el patio del León, el Corral de Comedias de la Montería. En paralelo se realiza la Puerta del Patio de Banderas y el Apeadero, generándose un nuevo acceso al Alcázar. El teatro se destruye por un incendio en 1691.

A partir del incendio, en el recinto que acogió el teatro se ubican almacenes, caballerizas y edificaciones de carácter secundario que se adosan a lo largo de ambos lados de las murallas que delimitan el patio del León, según plano de Van der Borth, de 1759. Se observa en el mismo la ausencia de zaguán y el mirador superior de la construcción que actualmente se adosa interiormente a la Puerta del León.

En el plano de J. Fernández de 1872 se observa que se han eliminado en su mayor parte las construcciones adosadas al lienzo de muralla Este del patio del León y que aparece la configuración actual del zaguán de acceso a continuación de la Puerta del León y el mirador actual sobre el zaguán. Se observa también el acceso a la Sala de la Justicia desde este patio. Existe una fotografía del año 1862 en la que igualmente se observa dicha edificación adosada a la puerta con la misma configuración volumétrica actual.

En una fotografía del año 1920 se observan todavía construcciones adosadas al lienzo Oeste, caballerizas, y la puerta de acceso al zaguán de la construcción adosada a la Puerta que se configura con un arco apuntado.

Es con la intervención de Juan Talavera y Heredia en 1936 cuando se realiza el derribo de las caballerizas adosadas al lienzo Oeste, se modifican los huecos de paso al zaguán con arcos de medio punto y se ejecutan los jardines previos al Patio de la Montería, llegando hasta nuestros días con esta configuración del Patio del León.

En los años 70 del siglo XX, una intervención de Rafael Manzano Martos modificó la apariencia interior de las construcciones adosadas a la Puerta del León con la construcción de un elemento columnado apoyado sobre un zócalo o poyete revestido de azulejos, que se ha mantenido hasta la actualidad y enmarca el ámbito de la antigua puerta cegada de entrada por Miguel Mañara recreando la escenografía de un patio porticado.

Remata su composición del nuevo patio una fuente de piedra apoyada sobre el muro de cegamiento. Más recientemente, las columnas reciben el adosamiento de un mostrador de madera. Durante el año 2011, con la intención de reorganizar funcional y, espacialmente, este área, se traslada el puesto de expedición de audioguías al pabellón Este, situado al otro lado del patio, compartiendo el amplio espacio disponible con la tienda.

De este modo se libera funcionalmente la planta baja del edificio de accesos (Oeste) con la finalidad de destinarlo exclusivamente a venta de tickets y zona de tornos.

 

El Ayuntamiento de Sevilla se persona en el caso del expolio en la isla de la Cartuja

Estarían implicados dos policías locales y tres empleados de Mantenimiento

Es la segunda orden de Espadas en tal sentido tras la del caso Carretero

 

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha ordenado a los Servicios Jurídicos municipales que el Ayuntamiento se persone, como responsable civil subsidiario y acusación particular, en la causa incoada por el expolio de las antiguas sedes de la Delegación de Gobernación en la isla de la Cartuja antes de su entrega a a Detea, durante el mandato de Zoido. Es la segunda personación ordenada por Espadas en tan sólo unos días, tras otra en el mismo sentido por la actuación de Rafael Carretero en el montaje de la Feria de Abril.

El Juzgado de Instrucción Número 10 ha notificado al Ayuntamiento una providencia de fecha 29 de abril en la que, entre otros extremos, le comunica que en los hechos objetos de instrucción (daños en unos edificios) aparecen indiciariamente implicados una serie de personas que tienen relación de servicio con el Consistorio.

La titular del Juzgado está investigando la posible participación en el expolio de los edificios denominados “Charly”, que en la isla de la Cartuja ocupó la Policía Local hasta su devolución a la constructora Detea, de un intendente y de un agente de la Policía Local, de un cuñado de este último y de tres empleados del Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, ya que desde aquí se habría dado, presuntamente, la orden de retirar de los edificios policiales todos los enseres que pudieran ser reutilizados en otras dependencias del Consistorio.

La retirada de los enseres acabó convirtiéndose en un auténtico expolio, ya que cuando los responsables de la compañía Detea acudieron a tomar posesión de los edificios una vez que había entregado a la Policía la nueva sede que le construyó en la Ranilla, se encontraron con que se habían llevado puertas, ventanas, el cableado eléctrico, los sanitarios de los cuartos de baño y todo elemento que pudiera ser vendido en una chatarrería o colocado en algún mercadillo.

Tras una prolija investigación, el Grupo Especial de la Policía Local (el Gepol) descubrió que una persona había utilizado un vehículo propiedad del Ayuntamiento para vender cobre en un establecimiento del Polígono Calonge. Fue la pista que sirvió para establecer una presunta conexión entre los expoliadores y empleados de la Corporación Municipal.

El alcalde ha ordenado que “sin perjuicio de atender el requerimiento efectuado por el Juzgado, y como quiera que la mera sospecha de intervención de personal municipal en hechos que son objeto de una instrucción penal requiere de la máxima diligencia por parte de la Corporación para el esclarecimiento de los mismos y para la depuración de responsabilidades a que hubiera lugar”, el Ayuntamiento se persone en la causa.

 

El Ayuntamiento de Sevilla subasta suelos de La Caixa tras pedirle la cesión de sus viviendas vacías

Fija en 17,7 millones el precio de salida de 13 parcelas en el Polígono Aeropuerto incluidas en el Registro de Solares
Fueron entregados por Osuna en dación de pago a la entidad financiera, que los liberó de las hipotecas que los gravaban

 
El gobierno socialista local parece aplicar una política de palo y zanahoria con las entidades financieras o la máxima bíblica de que lo que haga tu mano derecha lo ignore la izquierda, ya que mientras por una parte le pide ayuda a La Caixa para que le ceda las viviendas vacías que tenga en Sevilla por otra saca a subasta forzosa solares de su propiedad en el Polígono Aeropuerto, con lo que podría provocarle un significativo quebranto patrimonial.

El pasado 22 de enero, la dirección de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) mantuvo una reunión con el director de Relaciones Institucionales de BuildingCenter, la filial inmobiliaria de La Caixa a la que fue trasnferida la propiedad de todas las viviendas y otros activos inmobiliarios adquiridos por Caixabank tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La reunión era fruto de la carta enviada en víspera de Navidad a una decena de entidades financieras para, por indicación del alcalde, pedirles la cesión de viviendas vacías que tuvieran en Sevilla, con el fin de ponerlas a disposición de familias necesitadas.

En el encuentro de finales de enero con la inmobiliaria se sentaron las bases de un convenio de colaboración, cuya firma sólo está pendiente de que le envíe a Emasesa una lista detallada de las viviendas vacías, a fin de que los técnicos de la empresa municipal evalúen el coste de su adecentamiento para que puedan ser habitadas.

La sopresa de los directivos de BuildingCenter ha sido conocer un mes y medio después que el mismo ayuntamiento que les pide la cesión de sus viviendas vacías no se ha andado con contemplaciones y a través de la Gerencia de Urbanismo ha sacado a subasta forzosa trece parcelas de su propiedad en el Polígono Aeropuerto que estaban incluidas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas por no haberlas puesto en carga todavía.

El precio de salida de los solares es de 17.712.205,36 euros y se podrá pujar por los mismos hasta el 4 de abril. La apertura de los sobres con las ofertas se celebrará el 18 de abril. Salvo dos parcelas de uso terciario, todas las demás son residenciales, pero para viviendas protegidas de iniciativa municipal y/o autonómica (las denominadas Vima), que tienen limitado el precio máximo de venta a 1.372,76 euros/m2t.

En total tienen asignada una edificabilidad de 105.000 m2 en números redondos, que podría permitir la construcción de en torno a un millar de viviendas en bloques de entre cuatro y ocho alturas.

Todas las parcelas fueron propiedad del grupo Osuna, que las acabó entregando en dación de pago a Caixabank, el cual liberó las hipotecas que las gravaban y las dejó libre de cargas. La filial inmobiliaria BuildingCenter no se percató de que estaban incluidas en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas y afectadas por la expiración de la prórroga que la exoneraba de construir en las mismas. Al activarse de nuevo la obligación de construir y cumplirse el plazo previsto sin que se haya puesto un solo ladrillo, automáticamente los técnicos de la Gerencia las han sacado a subasta forzosa. Podrán ser vendidas incluso por debajo del valor que Caixabank le tenga asignadas en sus libros.

Adepa obliga a Urbanismo a partir de cero en parte del Conjunto Histórico

La ciudad de Sevilla conmemorará en 2017, o al menos se supone, el XXV aniversario de la Exposición Universal de 1992, pero es probable que no culmine para entonces el proceso iniciado aquel mismo año de redactar Planes Especiales de Protección para los 27 sectores o zonas en que se dividió su Conjunto Histórico, el más extenso de Europa. La ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo favorable a la asociación conservacionista Adepa ha obligado a Urbanismo a desistir de seguir tramitando el Plan Especial del sector 7, que abarca la Catedral y su entorno, y la modificación del Catálogo del sector 1 ‘San Gil-Alameda’.

La Junta de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesiones celebradas el 11 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2016, acordó, según se ha conocido ahora de forma oficial, desistir de seguir tramitando la modificación del Catálogo del Plan Especial de Protección del sector 1 San Gil-Alameda y de la tramitación del Plan Especial del sector 7 Catedral. Este último ya había sido incluso aprobado provisionalmente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (documentación complementaria) el 21 de marzo de 2014 y se da la circunstancia de que es el último de los 27 Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico que queda pendiente desde la división de aquél por zonas hace veinticuatro años.

Estos desistimientos son la consecuencia de la victoria jurídica de la asociación conservacionista Adepa – primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2009 y, después, ante el Tribunal Supremo (2013)-, que consiguió la anulación de una docena de artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaban a tres sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Encarnación y El Duque-El Salvador.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, la ordenación prevista para estos sectores no es compatible con el régimen especial de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En concreto, obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de altura y alteraciones de edificabilidad admitidas por el PGOU contravienen los artículos 20 y 21 de la Ley del Patrimonio, que debe prevalecer sobre la norma sevillana.

Posteriormente, Adepa solicitó la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el 17 de marzo de 2014 el TSJA anuló los artículos correspondientes en dichos Planes Especiales de Protección. Tras este precedente, Urbanismo ha desistido de seguir tramitando el Plan del sector 7 Catedral en sus actuales determinaciones, por resultar contrarias al auto judicial, tendente a evitar obras de reconstrucción y ampliación, remontes, alteraciones de edificabilidad u otra clase de actuaciones contrarias a la ley nacional.

En cuanto a la modificación del Catálogo del Sector 1 San Gil-Alameda, la preceptiva exposición pública del documento ni siquiera llegó a producirse, al considerar la Gerencia que sus determinaciones podían ser igualmente contrarias al auto del TSJA en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

EL PLAN CATEDRAL

En el Plan Especial de Protección del Sector Catedral del Conjunto Histórico se plantearon inicialmente varias actuaciones a desarrollar a través de Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior que no han estado exentas de polémica.

Así, se preveía la apertura del denominado ‘Pasaje de las Teresas’, un pasadizo subterráneo bajo el convento del mismo nombre en el barrio de Santa Cruz; la integración de las columnas romanas de la calle Mármoles en un espacio libre en el que se construiría un centro de interpretación de los restos arqueológicos; una intervención arqueológica en la iglesia de Santa Cruz y el Colegio San Isidoro para la delimitación definitiva de la muralla de la Judería; un Estudio de Detalle para el “registro peatonal” del área de la Plaza del Cabildo, con una “conexión puntual” con la calle Federico Sánchez Bedoya; la recomposición de la calle San Gregorio, para potenciar el reconocimiento de la muralla islámica y activar el espacio público levantando una nueva edificación como equipamiento cultural; la finalización del proceso de realineación de la calle Bamberg y la recomposición de la fachada de la calle Zaragoza de un edificio de la Junta de Andalucía (antigua Escuela de Artes y Oficios).

SAN GIL-ALAMEDA

La renuncia a seguir tramitando la modificación del Catálogo de San Gil-Alameda paraliza una descatalogación de edificios protegidos prevista por Urbanismo y para la que la Consejería de Cultura exigía una explicación caso por caso, su justificación de forma individualizada, conocer el estado de los inmuebles en el conjunto de las vías públicas y tener en cuenta si forman parte del entorno protegido de algún Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, la Gerencia también proyectaba calificar diecisiete edificios de este sector con el grado de protección parcial 2D.

El Ayuntamiento de Sevilla dejó de invertir 40,7 millones de euros en 2015

La Sevilla de los más de 80.000 parados desde hace cuatro años y medio se permite el lujo no sólo de devolver o renunciar a 5,3 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía para contratar a desempleados mayores de 30 años, sino también de dejar de invertir al finalizar 2015 un total de 40,7 millones de euros de los que disponían la corporación municipal y sus empresas y organismos autónomos con tal finalidad.

El hoy delegado de Hábitat Urbano y portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el mandato anterior, Antonio Muñoz, repitió constantemente cuando el PSOE estaba en la oposición y era Zoido el alcalde que a falta de grandes inversiones privadas en la ciudad, debido a la crisis económica, el Ayuntamiento quedaba como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, a juicio de Muñoz ese motor solía estar al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado habitual de ejecución del Presupuesto municipal.

La realidad ha avalado la denuncia de Muñoz, ya que en 2015, un ejercicio en el que puede decirse que Zoido gobernó durante el primer semestre y Espadas durante el segundo, el Consistorio finalizó el año dejando de utilizar el 56,31% de todo el dinero presupuestado para inversiones (sumando a las partidas iniciales las modificaciones presupuestarias incorporadas a lo largo del ejercicio). Tal como sostenía el hoy delegado de Hábitat Urbano, “si no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio”.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

El Ayuntamiento presupuestó inicialmente para inversiones reales en 2015 la cifra de 18.990.748,15 euros, cantidad que se incrementó durante el ejercicio con 12.229.390,82 euros como consecuencia de las habituales modificaciones presupuestarias. Así pues, el total resultante fue de 31.220.138,97 euros.

A este dinero habría que unir el destinado a transferencias de capital a las empresas y organismos autónomos municipales, una partida inicial de 23.906.290,73 euros, a las que merced a las referidas modificaciones presupuestarias se añadían posteriormente 17.172.352,56 euros. El montante en este capítulo era de 41.078.643,29 euros. Sumando todos los conceptos de inversión, el Ayuntamiento podría haber inyectado en la economía local un total de 72.298.782,26 euros en plena crisis. De hecho, en el acto de presentación de las Cuentas municipales para el pasado año, celebrado el 9 de diciembre de 2014, Zoido  anunció que las inversiones iban a aumentar en un 20%.

De poco sirve incrementar las inversiones sobre el papel si luego no se ejecutan, tal como revela el grado de ejecución del Presupuesto al terminar el año pasado. De los 31,2 millones para inversión del Consistorio quedaron por aplicar 20.767.733,63 euros, y de los 41,07 millones de transferencia de capital a las empresas y organismos autónomos quedaban pendientes 19.949.445,26 euros.

Así pues, el Ayuntamiento sólo había invertido el 33,48% del dinero para inversiones reales, y las empresas y organismos municipales, el 43,69%. Si en conjunto se habían reservado 72,29 millones de euros, realmente sólo se han aplicado 31,58 millones y dejado en la recámara 40,71 millones. Por resumirlo gráficamente, por cada euro para inversiones, el Ayuntamiento y sus empresas sólo han dispuesto finalmente de 43 céntimos.

AL RALENTÍ

Desde el gobierno socialista se reconoce que cuando Espadas llegó a la Alcaldía, a mitad del año pasado y ya en puertas del verano, con lo que de parálisis administrativa debido a las vacaciones supone dicha estación, no se había ejecutado ni el 20% del Presupuesto aprobado por Zoido, a lo que hay que añadir que los montantes de las modificaciones presupuestarias se suelen incorporar tan tarde -habitualmente a partir del mes de septiembre- que no da tiempo a redactar los proyectos para acometer las inversiones con ese dinero suplementario.

Un caso significativo de la situación que se encontró Espadas fue el Plan Urban para el Polígono Sur, aprobado desde el año 2009 y en el que a falta por entonces de seis meses para su conclusión sólo se habían invertido 5 millones de los 13 millones previstos, con riesgo de perder la financiación de la Unión Europea. El nuevo gobierno municipal tuvo que emprender una carrera contra el reloj para acelerar proyectos parados y al final de año se habían utilizado 12 de los 13 millones del plan.

Otro ejemplo lo constituye el Instituto Municipal de Deportes, en el que la ejecución presupuestaria no llegaba ni al 14%, y en los colegios raramente se invierte más del 50% del dinero consignado, unos porcentajes que explican, a juicio del gobierno de Espadas, los superávit de que alardeaba Zoido y  que el gran problema que tiene el Ayuntamiento no es tanto presupuestario como de capacidad de ejecución, una dinámica que Espadas pretende invertir para que se convierta realmente en el motor de la economía local.

 

Devueltos 5,3 millones para empleo en la Sevilla de los 80.000 parados

El gobierno socialista de Juan Espadas se ha visto en la obligación de devolver y/o renunciar a 5,3 millones de euros del total de 6,3 millones concedidos a finales de 2014 por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para subvencionar la contratación de parados mayores de 30 años porque el gobierno anterior, que presidió Zoido, no había realizado las contrataciones posibles en el periodo legalmente establecido, de enero a junio de 2015.

El 31 de diciembre del año 2014, el Servicio Andaluz de Empleo concedió al Ayuntamiento de Sevilla una subvención de 6.348.000 euros para la ejecución de la iniciativa de cooperación social y comunitaria destinada al impulso del programa de empleo 30+, dentro del programa Emple@30+, que tenía por objetivo fomentar la inserción laboral de personas desempleadas de 30 o más años de edad, a través de dos grandes iniciativas: la de Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo 30+, y la de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo.

La primera, en la que se enmarcó la subvención concedida al Consistorio sevillano, estaba destinada a la contratación por parte de los ayuntamientos de personas que reunieran los requisitos para la realización de proyectos llevados a cabo en el municipio, por un periodo máximo de seis meses.

La segunda se destinaba a la contratación por parte de entidades privadas sin ánimo de lucro de personas con 30 años o más, para realizar trabajos en áreas como los servicios sociales, la gestión sostenible de los recursos, el comercio de proximidad   o el desarrollo del patrimonio, la cultura el ocio y el deporte, entre otros.

La primera línea de ayuda se estableció en régimen de concurrencia no competitiva mientras que la segunda requería de baremación para su concesión.
En aquel entonces, el SAE se comprometió a un primer pago de la mitad de la subvención otorgada, 3.174.000 euros, que abonaría de la siguiente forma: 1.752.048 euros a la firma de la resolución y 1.421.952 euros a partir de febrero de 2015.

ACEPTACIÓN

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento presidido por Zoido acordó el 23 de enero de 2015 aceptar la subvención y aprobó la convocatoria pública para la selección de candidatos que serían remitidos por el Servicio Andaluz de Empleo para la participación en el programa de inserción laboral de mayores de 30 años.

Posteriormente, el 16 de julio de 2015, ya con Espadas en el gobierno municipal, se justificó la subvención concedida. La cantidad que había sido utilizada por el Ayuntamiento sevillano dentro del plazo y en la forma legalmente establecidos era de 948.701,62 euros.

El 11 de diciembre de 2015, el Consistorio recibió de la Junta de Andalucía un ingreso por importe del 50% de la subvención, aquellos 3.174.000 euros, suma de las cuantías de 1.421.952 euros y 1.752.048 euros.

Poco más de un mes después, el 19 de enero de este año, la Delegación de Bienestar Social y Empleo, cuyo titular es Juan Manuel Flores, acordó proceder a la devolución de 2.225.311,02 euros, correspondientes al primer 50% ingresado por la Junta de Andalucía, debido que la cantidad excedía de la subvención justificada el 16 de julio (los 948.701,623 euros).

Asimismo, adoptó el acuerdo de renunciar al resto de la subvención concedida (la otra mitad, que ascendía a 3.174.000 euros) y aún no ingresada por la Junta de Andalucía sobre la cuantía total de la ayuda.

Así pues, el balance de la operación ha consistido en el uso de 948.701,62 euros y la devolución al Gobierno andaluz, o renuncia a su utilización, de 5.399.298,38 euros por, según la Corporación municipal presidida por Espadas, no haberse realizado en tiempo y forma (la primera mitad del año pasado) las contrataciones de parados mayores de 30 años durante un periodo de seis meses para que trabajaran en proyectos u obras del Ayuntamiento.

Cuando el Servicio Andaluz de Empleo concedió al Ayuntamiento la subvención de 6,3 millones de euros, la ciudad tenía 86.417 desempleados, que pasaron a ser 84.470 al finalizar el primer semestre del año 2015, es decir 1.947 parados menos. El descenso del paro podría haber sido mayor de haber empleado el Consistorio todo el dinero de la Junta y no sólo menos de un millón de euro en realizar contrataciones a desempleados mayores de 30 años.

 

El ‘marrón’ de Mercasevilla

 

 

Teófilo Serrano, que fue director gerente de Tussam, no pudo contenerse durante una de las tomas de posesión de Monteseirín como alcalde de Sevilla y se le escapó una expresión alusiva a cierta flor que tendría en salva sea la parte y que explicaría cómo, a pesar de su mediocridad, se volvió en aquel entonces a convertir en regidor de los destinos de la ciudad.

La proverbial flor de Monteseirín ha vuelto a abrir sus pétalos la semana pasada y nada menos que dos veces. Una fue cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 14 decidió archivar la causa abierta contra él por haber colocado a dedo, mediante orden expresa, a su exasesor Domingo Castaño en la Fundación DeSevilla tan sólo cuatro días después de que Zoido ganara las elecciones municipales.

La otra manifestación de la flor de Monteseirín se produjo el lunes pasado, cuando el Servicio Andaluz de Salud le adjudicó a dedo la plaza de jefe de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios tan sólo 48 horas después de convocada y sin esperar siquiera a que se agotara el plazo reglamentario de quince días hábiles para la presentación de candidaturas, por si había algún otro aspirante.

Como se ve, el dedazo, en un sentido u otro, es reiterativo en la vida de Monteseirín, que merced a este bien remunerado nombramiento digital podrá regresar del exilio en Madrid, al que fue condenado tras la catástrofe electoral a la que, por sus escándalos y desastrosa gestión, llevó al PSOE de Espadas en las municipales de 2011, en las que Zoido arrasó hasta con el voto prestado de los barrios sociológicamente de izquierdas con aquellos históricos veinte concejales.

LA HERENCIA

El mismo día en que el exalcalde volvía a disfrutar del cobijo de la Junta de Andalucía, miembros del equipo de su sucesor, Juan Espadas, se enfrentaban de nuevo a otro de los grandes “marrones” heredados de Monteseirín: el conflicto con la empresa malagueña Sando a cuenta de los terrenos de la lonja.

Como se recordará, el Consejo de Administración de Mercasevilla, donde el Ayuntamiento tiene la mayoría con el 51% del capital social, acordó hace dos meses solicitar el preconcurso de acreedores como medida de protección para evitar el posible embargo de sus cuentas, tras pedir Sando la ejecución de la sentencia que obliga a pagarle una indemnización de 8.944.710,30 euros por incumplimiento del contrato en el caso de las parcelas que le vendió y que la compañía no pudo explotar por la falta de acometidas eléctricas y otras deficiencias, reveladoras de la caótica gestión realizada en la empresa municipal durante el mandato de Monteseirín.

Dado que a esa cantidad había que añadirle varios tipos de intereses, como los ordinarios y los monitorios, por la antigüedad del pleito, entre unas cantidades y otras y el hecho de que aquéllos siguen creciendo porque Mercasevilla nunca consignó judicialmente el dinero en la confianza de que ganaría el pleito en los tribunales, actualmente la deuda asciende a unos 14 millones de euros.

Y AHORA LA FIANZA

El gobierno de Espadas se enfrenta a un nuevo e inminente problema: el 23 de febrero, dentro de tan sólo ocho días, Sando podrá pedir la devolución de los 7 millones de euros que en concepto de fianza entregó a Mercasevilla para ejercer la opción de compra de los terrenos de la lonja, los mismos que aquélla no ha podido poner a su disposición en todos estos años por carecer de las infraestructuras mínimas exigibles a un suelo urbano.

Esos siete millones de euros podrían ser varios más si, como es verosímil, Mercasevilla está obligada a contabilizar el interés legal del dinero desde que se acordó la operación en el año 2006. En el periodo transcurrido, los intereses legales han sido de un 4% anuales, salvo un 5% en 2007, un 5,50% en 2008 y 2009 y un 3,5% en 2015. Por tanto, se habría producido una acumulación de intereses del orden del 47,50%, lo que podría significar unos 3,3 millones de euros más y elevar la suma de la fianza a devolver a unos 10,3 millones de euros.

Sumada esta cifra a la acumulada hasta ahora como consecuencia del pleito perdido por Mercasevilla en el caso de los terrenos, el gobierno de Espadas se encuentra con que el “marrón” de Mercasevilla dejado por Monteseirín y traspasado a su vez por Zoido como patata caliente asciende sólo con Sando, y sin considerar los otros escándalos en que se halla envuelto el mercado, a unos 24 millones de euros aproximadamente.

FRACASO

Así que hace siete días, la delegada de Economía y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, y el consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, mantuvieron una reunión con el fin de acercar posturas y buscar una salida negociada al problema, pero el encuentro se saldó con un fracaso porque el gobierno local planteó una especie de quita de la deuda so pena de continuar elevando recurso jurídico tras recurso y diferir el pago ‘ad calendas graecas’ habida cuenta de la lentitud de la Justicia en nuestro país. Esta propuesta no fue aceptada por Sando.

Si se hace una recopilación de la evolución del caso se ve que el Ayuntamiento lleva ya tres alcaldes y varios equipos jurídicos de apoyo diferentes y no sólo no ha ganado el pleito en los tribunales ni reducido la deuda a pagar a Sando. Antes al contrario: va perdiendo la batalla judicial, la cuantía de la deuda equivale ya a casi el doble de la cantidad que Espadas tiene consignada para inversiones reales en Sevilla en su primer Presupuesto municipal, Mercasevilla lleva dos meses en preconcurso de acreedores y Sando ha demostrado que tiene músculo financiero para aguantarle el pulso al Ayuntamiento desde que hace diez años depositó aquella fianza de 7 millones, que hoy podrían ser más de diez.

El gobierno local, en vez de intentar un acuerdo transaccional, ha continuado con una huida hacia adelante que sólo puede desembocar en el concurso de acreedores de Mercasevilla, con lo cual la ciudad se quedaría sin el mercado de mayoristas obligatorio por ley; en un cada vez más improbable éxito judicial que lo exonerara de pagar al menos parte de la elevada deuda contraída o pagando una deuda aún mayor, por el incremento de los intereses de varios tipos a medida que va pasando el tiempo.

REVERSIÓN

El Consistorio, que ha  reservado en el primer Presupuesto de Espadas 3,5 millones de euros para, mediante una ampliación de capital, comprar acciones de Mercasevilla a fin de afrontar las necesidades financieras derivadas de la sentencia favorable a Sando, tiene ahora apoyo en la empresa estatal Mercasa, que como poseedora del 48,4% de las acciones de Mercasevilla debe correr con los costes de las sentencias en la proporción que le corresponde, pero no parece percatarse de que nos hallamos ante la fase final de la lonja tal y como hoy la conocemos.

Según los estatutos de Mercasevilla y el informe de mayo de 2012 del secretario municipal, titulado ‘La prestación de servicios en Mercasevilla’, la duración de la sociedad es de cincuenta años (plazo máximo que permitía el artículo 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), por lo que la gestión del servicio mediante empresa pública expirará en el año 2021 y revertirán al Ayuntamiento su activo y su pasivo.

Dentro de cinco años, pues, ya no estarán ni los mayoristas de fruta ni Mercasa para cargar con su parte alícuota de los pasivos de Mercasevilla y quien se comerá íntegramente el “marrón” de la lonja será el Ayuntamiento y hasta puede que con Espadas al frente si repite como alcalde.

 

Adepa recurre la licencia de obras a Vázquez Consuegra para las Atarazanas

 

La asociación conservacionista Adepa ha presentado un recurso de alzada ante el Ayuntamiento y otro ante la Consejería de Cultura en los que impugna la resolución de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo con fecha 10 de diciembre de 2015, en virtud de la cual se otorgó licencia de obras de acondicionamiento y restauración de las Reales Atarazanas de Sevilla, conforme al proyecto redactado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra para un centro cultural promovido por la Caixa.

La asociación conservacionista afirma que las Atarazanas están englobadas en el Plan Especial de Protección del sector 13 “Arenal” de Sevilla con un nivel de protección “A” junto a, entre otros, la muralla islámica, y que ambos bienes están afectados por el proyecto de Vázquez Consuegra donde “se habla -expone- de una plaza abierta al público sin definición de los usos, y de una cafetería con una terraza de una superficie de en torno a los 1.000 m2. A juicio de Adepa, ello implica, junto a una indefinición de los usos de algunas zonas, uno, relevante, por las medidas de hostelería, “claramente prohibido por el artículo 18 del Plan Especial de Protección” (que estipula protección integral sin cambio de uso de parte o la totalidad del edificio).

Asimismo, para Adepa el proyecto incumple el artículo 20 del Plan, que especifica que deberá conservarse el edificio íntegro en todos sus aspectos arquitectónicos originales, cuando el proyecto de Consuegra “no preserva en absoluto las características arquitectónicas del edificio, al no respetarse la escala, las dimensiones ni la totalidad de sus elementos arquitectónicos (pilastras, cubiertas, etc…).

La asociación subraya también que en el proyecto se reforman y se reconstruyen dos cuerpos edificados sobre las naves 2 y 4 de los primitivos arsenales mudéjares, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior. A ello hay que añadir la incorporación de varias escaleras mecánicas así como la construcción de un nuevo forjado de 984,87 m2 para ubicar una cafetería y una terraza. Según Adepa, todas estas obras no pueden ser consideradas, en ningún caso, como tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado, sino que suponen obras de ampliación sobre las cubiertas actuales y construcción de nuevas entreplantas, con un aumento de la superficie construida original y, por tanto, de volumetría, que prohibirían los artículos 20 y 21 de la ley de Protección del Patrimonio.

LA COTA ORIGINAL

Adepa alega que incluso se colmata algún patio y se modifican alineaciones al abrirse nuevas puertas al conjunto y convertir en plaza pública el espacio anterior privado de las Atarazanas, con la cual se niega la finalidad de las obras, que, conforme al artículo 20 del Plan Especial del Arenal, debería ser la recuperación del estado original del edificio, o sea, su cota original, situada a -5 metros.

Destaca también la asociación que la propuesta del arquitecto de adherir micropilotes de hormigón a los pilares originales y volver a cementar (sic) la excavación anterior es contraria al sentido de la norma de recuperar el estado original del inmueble e ignora las investigaciones previas realizadas en el mismo.

Adepa asegura que las Atarazanas son también un patrimonio arqueológico subyacente y como tal se rige por una serie de normas, por lo que las intervenciones que se pretendan  realizar en las mismas están obligadas a salvaguardar el patrimonio arqueológico existente garantizando su protección, documentación y conservación. Sin embargo, a su juicio la intervención proyectada sobre los pilares a fin de sostener el aumento de peso que supone la ampliación de espacios en la cubierta no salvaguarda el patrimonio arqueológico ni garantiza su protección, ya que al aplicarse hormigón a las pilastras mudéjares originales se destruye sin documentación previa el espacio en torno a los mismos, lo que suscita dudas sobre su reversibilidad.

EL PGOU

Asimismo, sostiene que el edificio es suelo “cautelado” con un grado de protección máximo pero que el proyecto de Vázquez Consuegra no plantea ninguna excavación en extensión cuando debería ser de obligado cumplimiento. También alega que aun partiendo de un concepto erróneo de aplicación del PGOU, vulneraría éste, ya que no preserva las características arquitectónicas del edificio al no respetar la escala, las dimensiones, ni la totalidad de sus elementos, y porque las obras exceden ampliamente las definidas como de conservación y mantenimiento, consolidación, acondicionamiento  o restauración al no estar orientadas a la recuperación del estado original del edificio.

 

 

 

 

 

 

 

Según Adepa, al construirse y reformarse dos cuerpos sobre las naves 2 y 4, las obras podrían considerarse como de “reforma general” o incluso como “obras de sustitución”, con lo que se excedería de lo permitido. A ello habría que añadir las escaleras mecánicas y la cafetería, que supondrían un aumento de la superficie construida original, o sea, una obra “de nueva edificación” que contravendría el artículo 10 de las Normas Urbanísticas del PGOU, el cual sólo permite trabajos tendentes a la buena conservación del patrimonio edificado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, a juicio de esta entidad Vázquez Consuegra concibe por completo un nuevo edificio alejado de sus orígenes, usos y estética, y además altera su acceso original al abrir un nuevo frente a la calle Dos de Mayo a base de transformar sus actuales ventanas.
TREINTA INTELECTUALES APOYAN EL RECURSO
Adepa acompaña sus recursos con un escrito de apoyo de su Consejo Asesor, compuesto por una treintena de personas independientes de los campos de la cultura, la universidad y la sociedad en general y que dicen haber visto con preocupación el desarrollo, “poco transparente y nada participativo”, del proyecto de intervención sobre las Atarazanas, el edificio industrial más antiguo que subsiste en Sevilla.

Forman parte de este Consejo Asesor, entre otros,  el catedrático de Antropología de la Universidad Hispalense y presidente de la Asociación Andaluza de Antropología, Isidoro Moreno; el premio nacional de Narrativa Aquilino Duque;  el catedrático de Filología Árabe y presidente de la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, Rafael Valencia; el arquitecto exconservador de la Catedral, Alfonso Jiménez; el catedrático emérito de Ingeniería del Terreno y presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, José Luis de Justo Alpañés; Enriqueta Vila, doctora en Historia y académica de Real Academia de Historia de Madrid;  Jesús Vozmediano, abogado y miembro del C.E. del Club de Roma, y  el premio nacional de Conservación y Restauración José María Cabeza.

 

Se alquila

Zoido dejó las calles con 13.679 veladores y ahora Espadas oferta 19.000 plazas para cócteles en espacios públicos emblemáticos

El gerente de Fibes reconoció en Fitur que el objetivo es poner espacios públicos al servicio de los hoteles y de sus clientes

 

El pasado 1 de febrero (2016), una empresa de transportes presentó en la Plaza de España su nueva flota de autobuses, compuesta por trece vehículos, y a continuación ofreció un cóctel debajo de una serie de grandes sombrillas para que los invitados se protegieran del sol y en torno a mesas altas, en línea con las recreaciones visuales que figuran en la oferta ‘Venues Sevilla’, que presentó el alcalde en el marco de Fitur a 44 agencias especializadas en la organización de congresos y eventos.

‘Venue’ es un anglicismo, otro más en la desnaturalización de nuestra lengua que practica el sector turístico, y al Sevilla Congress and Convention Bureau me remito. Podría traducirse como lugares de reunión. Según dijo Espadas y reza en Internet, Turismo de Sevilla, a través de ‘Venues Sevilla’ ofrece “una innovadora herramienta de información, asesoramiento y gestión de espacios públicos versátiles de la ciudad para dar lugar a los eventos más esperados”.

Traducido al español, el Ayuntamiento ofrece en una plataforma en Internet el alquiler de trece espacios públicos para la celebración de eventos, con los que espera ingresar al menos 900.000 euros, un dinero que se supone debería constar como previsión de ingresos  (como las multas de tráfico, por ejemplo) en alguna parte de los nonatos Presupuestos municipales.

LA LISTA

Recordemos que los espacios públicos que se alquilan son los siguientes, por orden de aparición en el sitio en Internet: el Casino de la Exposición, la sala Antiquarium en las Setas de la Encarnación, el museo de la cerámica de Triana, la Torre de Don Fadrique, el Costurero de la Reina, los Baños de la Reina Mora, el Castillo de San Jorge, la Plaza de España, la Plaza de América, el Muelle de Nueva York, la Puerta de Jerez, los Jardines de Murillo y la Alameda de Hércules.

En la información ofrecida se detectan errores que aún no se han corregido, como que aparezca el hotel Alfonso XII en vez del hotel Alfonso XIII y se hable de los Jardines del Cristina, en vez de los Jardines de (sin la ele) Cristina, ya que se crearon en honor de la reina, luego regente, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

El alquiler de inmuebles públicos para la celebración de eventos no es nuevo en Sevilla, ni en otras ciudades. En la nuestra, por ejemplo, las Ordenanzas Fiscales suelen recoger un precio por la prestación de servicios y visitas en el Real Alcázar, de propiedad municipal, que incluye la organización de actos y exposiciones, la realización de fotografías y grabaciones y el rodaje de películas y documentales. En las del año 2014 figuraba una tarifa de 3.395 euros por la celebración de actos que no tuvieran carácter oficial reconocido y que fueran autorizados por la Comisión Ejecutiva o la Presidencia del Patronato.

BARCELONA Y MADRID

Ya que estamos en plena polémica por la intervención en las Atarazanas, hay que recordar que la Dirección de sus homólogas barcelonesas, el conjunto arquitectónico de las Atarazanas Reales, sede del Museo Marítimo, pone a disposición -previo pago, naturalmente- de particulares, empresas y entidades zonas como el Vestíbulo, que es publicitado como lugar ideal para cócteles; el Jardín, para los aperitivos, y la Sala del Marqués de Comillas, con 1.700 m2, para todo tipo de actos.

El Ayuntamiento de Madrid fue aún más lejos hace seis años, con Alberto Ruiz Gallardón (PP) como alcalde, al decidir alquilar el mayor número posible de espacios públicos, como el Palacio de Congresos, la Caja Mágica, el Madrid Arena y hasta el patio del Palacio de Correos en la Plaza de Cibeles, su sede, con más de 2.400 m2 de superficie y 30 de altura y capacidad para albergar 1.800 personas, cuyo alquiler se tasó inicialmente en 35.000 euros.

Así pues, el factor diferencial introducido por Gallardón en Madrid fue el paso del alquiler esporádico de algún espacio público al intento de alquilar de forma sistemática el mayor número posible de inmuebles municipales.

SÓLO EL PRINCIPIO

Mutatis mutandis, esto mismo es lo que ha hecho Espadas con su plataforma ‘Venues Sevilla’: de alquiler sólo el Alcázar hemos pasado de golpe a poner en el mercado trece espacios de la ciudad y que son presentados como los primeros de esta nueva política, porque pueden ser más en lo sucesivo. En este sentido, el gobierno local se alinea con el sociólogo Mario Gaviria, que en su intervención en las Jornadas sobre el Eucalipto se preguntaba que si las repoblaciones con esta especie de crecimiento rápido se presentaban como muy beneficiosas para Huelva, ¿por qué haberse detenido en las 200.000 ha de eucaliptal y no haber llenado la provincia entera?

Si después de que Zoido demostrase que era posible llenar las calles de Sevilla con 13.679 veladores y la privatización de los espacios públicos ha resultado tan rentable para el Consistorio, ¿por qué no continuar ocupando con taburetes, sillas, mesas, sombrillas y demás, como tan bien se recrea en las simulaciones gráficas de ‘Venues Sevilla’, la Plaza de España, los Jardines de Murillo, la Puerta de Jerez y hasta un total de trece espacios públicos? ¿Y por qué detenerse en estos trece y no seguir hasta que no quede un solo metro cuadrado libre sin ocupar, por nuestro barroquista ‘horror vacui’?.

Pensábamos que Espadas encarnaba un modelo distinto de ciudad y ha resultado que ha perfeccionado el modelo ideado por Gallardón en Madrid y el de los veladores a gogó de Zoido en Sevilla.

Esta decisión, que amplificará la imagen de zoco norteafricano que va adquiriendo a pasos agigantados la ciudad, supone otra claudicación ante el poderoso ‘lobby’ turístico, del que llevamos cuatro años esperando que desembolse el dinero prometido para organizar en la ciudad el equivalente a “no una, sino tres Copas Davis” (tres millones de euros).

Así lo reconoció en Fitur el gerente de Fibes, Antonio Jiménez, cuando aseveró que la oferta de ‘Venues Sevilla’ no sólo no compite con la de los hoteles, sino que está pensada para dichos establecimientos, que en numerosas ocasiones -dijo- solicitaban estos edificios y lugares emblemáticos para los clientes de los congresos que acogen. Más claro, agua: el gobierno local ha convertido plazas de la ciudad, como la Puerta de Jerez, en la prolongación de los salones privados de los hoteles a costa de privar temporalmente de su uso a los sevillanos, también contribuyentes.

ZONAS EXTERIORES

El segundo factor diferencial es que en la lista de espacios alquilables se incluyen también jardines públicos exteriores y no sólo los interiores de edificios, sin que los amigos y defensores de las zonas verdes y los ecologistas se hayan dado por enterados. Al contrario, el Ayuntamiento ha logrado hasta la comprensión de los conservacionistas de Adepa.

Recuérdese que Adepa expresó hace dos meses su inquietud por la “banalización y degradación de nuestros espacios urbanos más históricos y singulares” a cuenta de la feria de belenes autorizada por el Consistorio en el entorno de la Catedral y el Archivo de Indias; el tiovivo y la pista de hielo en la Plaza de San Francisco (Joaquín Egea dijo al respecto: “De lugar de recepción, de visitas reales, coso taurino y palenque de justas, a simple solar municipal que se alquila para las más distintas promociones”) y el “progresivo avance de la marea de veladores”, motivos por los que pidió la intervención de la Comisión de Patrimonio.

Pues bien, el Ayuntamiento oferta ahora 300 plazas para cócteles al aire libre en la Puerta de Jerez, 800 en los Jardines de Murillo, 10.000 en la Plaza de España, 1.000 en la Plaza de América y otras tantas en el Muelle de Nueva York, 3.900 en la Alameda…. y Adepa equipara esta ocupación masiva a la que dice realizan en la Plaza de América tan sólo dos bares de copas en las noches de verano. Asegura asimismo que es muy difícil que se alquilen los Jardines de Murillo por estar “llenos de ratas de considerable tamaño y con un deterioro bastante considerable”.Conclusión: como ya están deteriorados, qué más da que se puedan deteriorar aún más.

¿Qué habría dicho Espadas si a Zoido, el de los 13.000 veladores, se le hubiera ocurrido ofertar 19.000 plazas más en espacios públicos emblemáticos para cócteles y banquetes? Probablemente al exalcalde se le habría acusado de intentar hacer caja a costa del patrimonio de los sevillanos. Ahora, a esa política se la llama “puesta en valor”.