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Adepa obliga a Urbanismo a partir de cero en parte del Conjunto Histórico

La ciudad de Sevilla conmemorará en 2017, o al menos se supone, el XXV aniversario de la Exposición Universal de 1992, pero es probable que no culmine para entonces el proceso iniciado aquel mismo año de redactar Planes Especiales de Protección para los 27 sectores o zonas en que se dividió su Conjunto Histórico, el más extenso de Europa. La ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo favorable a la asociación conservacionista Adepa ha obligado a Urbanismo a desistir de seguir tramitando el Plan Especial del sector 7, que abarca la Catedral y su entorno, y la modificación del Catálogo del sector 1 ‘San Gil-Alameda’.

La Junta de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesiones celebradas el 11 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2016, acordó, según se ha conocido ahora de forma oficial, desistir de seguir tramitando la modificación del Catálogo del Plan Especial de Protección del sector 1 San Gil-Alameda y de la tramitación del Plan Especial del sector 7 Catedral. Este último ya había sido incluso aprobado provisionalmente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (documentación complementaria) el 21 de marzo de 2014 y se da la circunstancia de que es el último de los 27 Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico que queda pendiente desde la división de aquél por zonas hace veinticuatro años.

Estos desistimientos son la consecuencia de la victoria jurídica de la asociación conservacionista Adepa – primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2009 y, después, ante el Tribunal Supremo (2013)-, que consiguió la anulación de una docena de artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaban a tres sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Encarnación y El Duque-El Salvador.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, la ordenación prevista para estos sectores no es compatible con el régimen especial de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En concreto, obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de altura y alteraciones de edificabilidad admitidas por el PGOU contravienen los artículos 20 y 21 de la Ley del Patrimonio, que debe prevalecer sobre la norma sevillana.

Posteriormente, Adepa solicitó la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el 17 de marzo de 2014 el TSJA anuló los artículos correspondientes en dichos Planes Especiales de Protección. Tras este precedente, Urbanismo ha desistido de seguir tramitando el Plan del sector 7 Catedral en sus actuales determinaciones, por resultar contrarias al auto judicial, tendente a evitar obras de reconstrucción y ampliación, remontes, alteraciones de edificabilidad u otra clase de actuaciones contrarias a la ley nacional.

En cuanto a la modificación del Catálogo del Sector 1 San Gil-Alameda, la preceptiva exposición pública del documento ni siquiera llegó a producirse, al considerar la Gerencia que sus determinaciones podían ser igualmente contrarias al auto del TSJA en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

EL PLAN CATEDRAL

En el Plan Especial de Protección del Sector Catedral del Conjunto Histórico se plantearon inicialmente varias actuaciones a desarrollar a través de Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior que no han estado exentas de polémica.

Así, se preveía la apertura del denominado ‘Pasaje de las Teresas’, un pasadizo subterráneo bajo el convento del mismo nombre en el barrio de Santa Cruz; la integración de las columnas romanas de la calle Mármoles en un espacio libre en el que se construiría un centro de interpretación de los restos arqueológicos; una intervención arqueológica en la iglesia de Santa Cruz y el Colegio San Isidoro para la delimitación definitiva de la muralla de la Judería; un Estudio de Detalle para el “registro peatonal” del área de la Plaza del Cabildo, con una “conexión puntual” con la calle Federico Sánchez Bedoya; la recomposición de la calle San Gregorio, para potenciar el reconocimiento de la muralla islámica y activar el espacio público levantando una nueva edificación como equipamiento cultural; la finalización del proceso de realineación de la calle Bamberg y la recomposición de la fachada de la calle Zaragoza de un edificio de la Junta de Andalucía (antigua Escuela de Artes y Oficios).

SAN GIL-ALAMEDA

La renuncia a seguir tramitando la modificación del Catálogo de San Gil-Alameda paraliza una descatalogación de edificios protegidos prevista por Urbanismo y para la que la Consejería de Cultura exigía una explicación caso por caso, su justificación de forma individualizada, conocer el estado de los inmuebles en el conjunto de las vías públicas y tener en cuenta si forman parte del entorno protegido de algún Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, la Gerencia también proyectaba calificar diecisiete edificios de este sector con el grado de protección parcial 2D.

El Ayuntamiento de Sevilla dejó de invertir 40,7 millones de euros en 2015

La Sevilla de los más de 80.000 parados desde hace cuatro años y medio se permite el lujo no sólo de devolver o renunciar a 5,3 millones de euros concedidos por la Junta de Andalucía para contratar a desempleados mayores de 30 años, sino también de dejar de invertir al finalizar 2015 un total de 40,7 millones de euros de los que disponían la corporación municipal y sus empresas y organismos autónomos con tal finalidad.

El hoy delegado de Hábitat Urbano y portavoz adjunto del grupo municipal socialista en el mandato anterior, Antonio Muñoz, repitió constantemente cuando el PSOE estaba en la oposición y era Zoido el alcalde que a falta de grandes inversiones privadas en la ciudad, debido a la crisis económica, el Ayuntamiento quedaba como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, a juicio de Muñoz ese motor solía estar al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado habitual de ejecución del Presupuesto municipal.

La realidad ha avalado la denuncia de Muñoz, ya que en 2015, un ejercicio en el que puede decirse que Zoido gobernó durante el primer semestre y Espadas durante el segundo, el Consistorio finalizó el año dejando de utilizar el 56,31% de todo el dinero presupuestado para inversiones (sumando a las partidas iniciales las modificaciones presupuestarias incorporadas a lo largo del ejercicio). Tal como sostenía el hoy delegado de Hábitat Urbano, “si no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio”.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

El Ayuntamiento presupuestó inicialmente para inversiones reales en 2015 la cifra de 18.990.748,15 euros, cantidad que se incrementó durante el ejercicio con 12.229.390,82 euros como consecuencia de las habituales modificaciones presupuestarias. Así pues, el total resultante fue de 31.220.138,97 euros.

A este dinero habría que unir el destinado a transferencias de capital a las empresas y organismos autónomos municipales, una partida inicial de 23.906.290,73 euros, a las que merced a las referidas modificaciones presupuestarias se añadían posteriormente 17.172.352,56 euros. El montante en este capítulo era de 41.078.643,29 euros. Sumando todos los conceptos de inversión, el Ayuntamiento podría haber inyectado en la economía local un total de 72.298.782,26 euros en plena crisis. De hecho, en el acto de presentación de las Cuentas municipales para el pasado año, celebrado el 9 de diciembre de 2014, Zoido  anunció que las inversiones iban a aumentar en un 20%.

De poco sirve incrementar las inversiones sobre el papel si luego no se ejecutan, tal como revela el grado de ejecución del Presupuesto al terminar el año pasado. De los 31,2 millones para inversión del Consistorio quedaron por aplicar 20.767.733,63 euros, y de los 41,07 millones de transferencia de capital a las empresas y organismos autónomos quedaban pendientes 19.949.445,26 euros.

Así pues, el Ayuntamiento sólo había invertido el 33,48% del dinero para inversiones reales, y las empresas y organismos municipales, el 43,69%. Si en conjunto se habían reservado 72,29 millones de euros, realmente sólo se han aplicado 31,58 millones y dejado en la recámara 40,71 millones. Por resumirlo gráficamente, por cada euro para inversiones, el Ayuntamiento y sus empresas sólo han dispuesto finalmente de 43 céntimos.

AL RALENTÍ

Desde el gobierno socialista se reconoce que cuando Espadas llegó a la Alcaldía, a mitad del año pasado y ya en puertas del verano, con lo que de parálisis administrativa debido a las vacaciones supone dicha estación, no se había ejecutado ni el 20% del Presupuesto aprobado por Zoido, a lo que hay que añadir que los montantes de las modificaciones presupuestarias se suelen incorporar tan tarde -habitualmente a partir del mes de septiembre- que no da tiempo a redactar los proyectos para acometer las inversiones con ese dinero suplementario.

Un caso significativo de la situación que se encontró Espadas fue el Plan Urban para el Polígono Sur, aprobado desde el año 2009 y en el que a falta por entonces de seis meses para su conclusión sólo se habían invertido 5 millones de los 13 millones previstos, con riesgo de perder la financiación de la Unión Europea. El nuevo gobierno municipal tuvo que emprender una carrera contra el reloj para acelerar proyectos parados y al final de año se habían utilizado 12 de los 13 millones del plan.

Otro ejemplo lo constituye el Instituto Municipal de Deportes, en el que la ejecución presupuestaria no llegaba ni al 14%, y en los colegios raramente se invierte más del 50% del dinero consignado, unos porcentajes que explican, a juicio del gobierno de Espadas, los superávit de que alardeaba Zoido y  que el gran problema que tiene el Ayuntamiento no es tanto presupuestario como de capacidad de ejecución, una dinámica que Espadas pretende invertir para que se convierta realmente en el motor de la economía local.

 

El ‘marrón’ de Mercasevilla

 

 

Teófilo Serrano, que fue director gerente de Tussam, no pudo contenerse durante una de las tomas de posesión de Monteseirín como alcalde de Sevilla y se le escapó una expresión alusiva a cierta flor que tendría en salva sea la parte y que explicaría cómo, a pesar de su mediocridad, se volvió en aquel entonces a convertir en regidor de los destinos de la ciudad.

La proverbial flor de Monteseirín ha vuelto a abrir sus pétalos la semana pasada y nada menos que dos veces. Una fue cuando el titular del Juzgado de Instrucción Número 14 decidió archivar la causa abierta contra él por haber colocado a dedo, mediante orden expresa, a su exasesor Domingo Castaño en la Fundación DeSevilla tan sólo cuatro días después de que Zoido ganara las elecciones municipales.

La otra manifestación de la flor de Monteseirín se produjo el lunes pasado, cuando el Servicio Andaluz de Salud le adjudicó a dedo la plaza de jefe de la Subdirección de Inspección de Servicios Sanitarios tan sólo 48 horas después de convocada y sin esperar siquiera a que se agotara el plazo reglamentario de quince días hábiles para la presentación de candidaturas, por si había algún otro aspirante.

Como se ve, el dedazo, en un sentido u otro, es reiterativo en la vida de Monteseirín, que merced a este bien remunerado nombramiento digital podrá regresar del exilio en Madrid, al que fue condenado tras la catástrofe electoral a la que, por sus escándalos y desastrosa gestión, llevó al PSOE de Espadas en las municipales de 2011, en las que Zoido arrasó hasta con el voto prestado de los barrios sociológicamente de izquierdas con aquellos históricos veinte concejales.

LA HERENCIA

El mismo día en que el exalcalde volvía a disfrutar del cobijo de la Junta de Andalucía, miembros del equipo de su sucesor, Juan Espadas, se enfrentaban de nuevo a otro de los grandes “marrones” heredados de Monteseirín: el conflicto con la empresa malagueña Sando a cuenta de los terrenos de la lonja.

Como se recordará, el Consejo de Administración de Mercasevilla, donde el Ayuntamiento tiene la mayoría con el 51% del capital social, acordó hace dos meses solicitar el preconcurso de acreedores como medida de protección para evitar el posible embargo de sus cuentas, tras pedir Sando la ejecución de la sentencia que obliga a pagarle una indemnización de 8.944.710,30 euros por incumplimiento del contrato en el caso de las parcelas que le vendió y que la compañía no pudo explotar por la falta de acometidas eléctricas y otras deficiencias, reveladoras de la caótica gestión realizada en la empresa municipal durante el mandato de Monteseirín.

Dado que a esa cantidad había que añadirle varios tipos de intereses, como los ordinarios y los monitorios, por la antigüedad del pleito, entre unas cantidades y otras y el hecho de que aquéllos siguen creciendo porque Mercasevilla nunca consignó judicialmente el dinero en la confianza de que ganaría el pleito en los tribunales, actualmente la deuda asciende a unos 14 millones de euros.

Y AHORA LA FIANZA

El gobierno de Espadas se enfrenta a un nuevo e inminente problema: el 23 de febrero, dentro de tan sólo ocho días, Sando podrá pedir la devolución de los 7 millones de euros que en concepto de fianza entregó a Mercasevilla para ejercer la opción de compra de los terrenos de la lonja, los mismos que aquélla no ha podido poner a su disposición en todos estos años por carecer de las infraestructuras mínimas exigibles a un suelo urbano.

Esos siete millones de euros podrían ser varios más si, como es verosímil, Mercasevilla está obligada a contabilizar el interés legal del dinero desde que se acordó la operación en el año 2006. En el periodo transcurrido, los intereses legales han sido de un 4% anuales, salvo un 5% en 2007, un 5,50% en 2008 y 2009 y un 3,5% en 2015. Por tanto, se habría producido una acumulación de intereses del orden del 47,50%, lo que podría significar unos 3,3 millones de euros más y elevar la suma de la fianza a devolver a unos 10,3 millones de euros.

Sumada esta cifra a la acumulada hasta ahora como consecuencia del pleito perdido por Mercasevilla en el caso de los terrenos, el gobierno de Espadas se encuentra con que el “marrón” de Mercasevilla dejado por Monteseirín y traspasado a su vez por Zoido como patata caliente asciende sólo con Sando, y sin considerar los otros escándalos en que se halla envuelto el mercado, a unos 24 millones de euros aproximadamente.

FRACASO

Así que hace siete días, la delegada de Economía y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, y el consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano, mantuvieron una reunión con el fin de acercar posturas y buscar una salida negociada al problema, pero el encuentro se saldó con un fracaso porque el gobierno local planteó una especie de quita de la deuda so pena de continuar elevando recurso jurídico tras recurso y diferir el pago ‘ad calendas graecas’ habida cuenta de la lentitud de la Justicia en nuestro país. Esta propuesta no fue aceptada por Sando.

Si se hace una recopilación de la evolución del caso se ve que el Ayuntamiento lleva ya tres alcaldes y varios equipos jurídicos de apoyo diferentes y no sólo no ha ganado el pleito en los tribunales ni reducido la deuda a pagar a Sando. Antes al contrario: va perdiendo la batalla judicial, la cuantía de la deuda equivale ya a casi el doble de la cantidad que Espadas tiene consignada para inversiones reales en Sevilla en su primer Presupuesto municipal, Mercasevilla lleva dos meses en preconcurso de acreedores y Sando ha demostrado que tiene músculo financiero para aguantarle el pulso al Ayuntamiento desde que hace diez años depositó aquella fianza de 7 millones, que hoy podrían ser más de diez.

El gobierno local, en vez de intentar un acuerdo transaccional, ha continuado con una huida hacia adelante que sólo puede desembocar en el concurso de acreedores de Mercasevilla, con lo cual la ciudad se quedaría sin el mercado de mayoristas obligatorio por ley; en un cada vez más improbable éxito judicial que lo exonerara de pagar al menos parte de la elevada deuda contraída o pagando una deuda aún mayor, por el incremento de los intereses de varios tipos a medida que va pasando el tiempo.

REVERSIÓN

El Consistorio, que ha  reservado en el primer Presupuesto de Espadas 3,5 millones de euros para, mediante una ampliación de capital, comprar acciones de Mercasevilla a fin de afrontar las necesidades financieras derivadas de la sentencia favorable a Sando, tiene ahora apoyo en la empresa estatal Mercasa, que como poseedora del 48,4% de las acciones de Mercasevilla debe correr con los costes de las sentencias en la proporción que le corresponde, pero no parece percatarse de que nos hallamos ante la fase final de la lonja tal y como hoy la conocemos.

Según los estatutos de Mercasevilla y el informe de mayo de 2012 del secretario municipal, titulado ‘La prestación de servicios en Mercasevilla’, la duración de la sociedad es de cincuenta años (plazo máximo que permitía el artículo 111.1 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales), por lo que la gestión del servicio mediante empresa pública expirará en el año 2021 y revertirán al Ayuntamiento su activo y su pasivo.

Dentro de cinco años, pues, ya no estarán ni los mayoristas de fruta ni Mercasa para cargar con su parte alícuota de los pasivos de Mercasevilla y quien se comerá íntegramente el “marrón” de la lonja será el Ayuntamiento y hasta puede que con Espadas al frente si repite como alcalde.

 

El Ayuntamiento de Sevilla dedicará 7,7 millones al pago de productividad a su personal

POLICÍA LOCAL

El programa específico para la Policía Municipal se incrementa en 0,7 millones

PROPORCIÓN

El 34,6% de los fondos municipales se destina a retribuir a sus recursos humanos

PAGA

Devolución del 50% de la paga extra de 2012 y subida salarial general del 1%

 

El Consistorio sevillano destinará en los Presupuestos de 2016 un total de 288,01 millones de euros a pagar a su personal. Esta cantidad equivale al 36,4% de todos los fondos municipales en las Cuentas para el año próximo. En términos comparativos, el capítulo I del Presupuesto  crece en 2,1 millones de euros respecto del último Presupuesto de Zoido debido, entre otras razones, a la subida salarial del 1% aprobada por el Gobierno de la nación en las Cuentas del Reino y a la recuperación de la mitad de la paga extraordinaria que se dejó de abonar en el año 2012.

En el capítulo de Gastos de Personal el gran bloque es el del Anexo, en el que se aglutinan las retribuciones de todo el personal laboral y funcionarios de plantilla del Ayuntamiento, así como el personal eventual, directivo y de órgano de gobierno. Cuenta con una dotación de 197,5 millones (del total de 288.017.270,45 euros en este Capítulo I), lo que significa un crecimiento de 10,9 millones de euros (un 5,83%) respecto de 2015.

Este incremento se justifica por la subida salarial general del 1% que se aplicará a todo el personal municipal conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado; la incorporación al bloque de las cuantías estimadas para cada empleado en lo relativo a la primera fase del plan de productividad; las productividades específicas de los distintos servicios (exceptuando Policía Local y Bomberos), que ascienden a 7,7 millones de euros, y el crecimiento autónomo de distintos conceptos retributivos, que varían cada año en función de la composición del personal, especialmente el de antigüedad.

En este Anexo hay que tener en cuenta que se produce una minoración de 1,1 millones de euros en las retribuciones a los concejales, personal eventual y personal directivo.

El concepto ‘Otras retribuciones’ incluye los gastos de la Seguridad Social, acción social del personal, productividad específica de Policía y Bomberos, gastos de locomoción, dietas…. y hasta la devolución del 50% de la paga extra de 2012 y está dotado con 70,4 millones de euros, un 6,39% menos que en el ejercicio anterior. Esta minoración se sustenta, según la Memoria de los Presupuestos, en la parte de la productividad, incluida en los créditos del Anexo.

Cabe destacar que en los programas de productividad específicos de la Policía Local se produce un incremento de 0,7 millones de euros, un 7,98%, que el gobierno socialista justifica por el hecho de que en los últimos tres años fue claramente infradotado y hubo necesidad de realizar varias modificaciones de crédito para poder cubrir los servicios que se financiaban con cargo a los mismos.

PROGRAMAS

El personal de Programas es contratado por el Ayuntamiento con cargo a convenios firmados con otras Administraciones, por lo que se financia con subvenciones. Este personal se concentra en tres áreas: Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria; Bienestar y Empleo;  y Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. Al mismo se le han incrementado sus retribuciones en un 1% en general, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien ha habido una evolución diferente.

Dada la apuesta del gobierno local por la igualdad y contra la violencia machista, se han consignado créditos para aumentar la dedicación del personal de los Puntos de Información a la Mujer (PIM) hasta la jornada completa, con lo cual la dotación es de casi 1,17 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 21,89% respecto del presupuesto del año pasado.

También se va a procurar que el personal que atiende a otros programas gestionados por la Dirección de Acción Social tengan dedicación completa en vez de jornada parcial, en ámbitos como Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la ejecución de la Ley de Dependencia, Funcionamiento y Equipamiento de la Red Básica de Servicios Sociales, Intervención con Menores y sus familias e Intervención en Zonas con necesidades de transformación social. Para el personal de estos programas se dota una cantidad de 5,24 millones de euros.

REDUCCIÓN

Para el personal de los programas gestionados por la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social la dotación disminuye en 6,24 millones de euros, por los siguientes motivos:

-La bajada de 5 millones de euros en el programa Emplea Joven Sevilla, al haber finalizado el programa de 2015 y estar a la espera de que el Servicio Andaluz de Empleo conceda el de 2016.

-La pérdida de 1 millón de euros del proyecto Redes II, por haber culminado su plazo de ejecución, previsto para los años 2012-2015.

-La disminución en 0,3 millones de euros del programa Dinamización prelaboral para la transición al empleo en el Polígono Sur, debido a la redistribución de los créditos entre otros programas de gasto.

-Para las Escuelas-Taller y los Talleres de Empleo sólo se consignan créditos destinados a la aportación municipal a los mismos, ya que se está pendiente de que en los próximos meses sean concedidas subvenciones para los ocho centros que tiene habilitados el Ayuntamiento.

Por otra parte, el personal de los programas de Educación está comprendido en el programa de la Escuela de Educación Especial Virgen de la Esperanza, financiado por la Junta de Andalucía, por lo que su dotación no varía con respecto a la del año 2015.

Se alquila

Zoido dejó las calles con 13.679 veladores y ahora Espadas oferta 19.000 plazas para cócteles en espacios públicos emblemáticos

El gerente de Fibes reconoció en Fitur que el objetivo es poner espacios públicos al servicio de los hoteles y de sus clientes

 

El pasado 1 de febrero (2016), una empresa de transportes presentó en la Plaza de España su nueva flota de autobuses, compuesta por trece vehículos, y a continuación ofreció un cóctel debajo de una serie de grandes sombrillas para que los invitados se protegieran del sol y en torno a mesas altas, en línea con las recreaciones visuales que figuran en la oferta ‘Venues Sevilla’, que presentó el alcalde en el marco de Fitur a 44 agencias especializadas en la organización de congresos y eventos.

‘Venue’ es un anglicismo, otro más en la desnaturalización de nuestra lengua que practica el sector turístico, y al Sevilla Congress and Convention Bureau me remito. Podría traducirse como lugares de reunión. Según dijo Espadas y reza en Internet, Turismo de Sevilla, a través de ‘Venues Sevilla’ ofrece “una innovadora herramienta de información, asesoramiento y gestión de espacios públicos versátiles de la ciudad para dar lugar a los eventos más esperados”.

Traducido al español, el Ayuntamiento ofrece en una plataforma en Internet el alquiler de trece espacios públicos para la celebración de eventos, con los que espera ingresar al menos 900.000 euros, un dinero que se supone debería constar como previsión de ingresos  (como las multas de tráfico, por ejemplo) en alguna parte de los nonatos Presupuestos municipales.

LA LISTA

Recordemos que los espacios públicos que se alquilan son los siguientes, por orden de aparición en el sitio en Internet: el Casino de la Exposición, la sala Antiquarium en las Setas de la Encarnación, el museo de la cerámica de Triana, la Torre de Don Fadrique, el Costurero de la Reina, los Baños de la Reina Mora, el Castillo de San Jorge, la Plaza de España, la Plaza de América, el Muelle de Nueva York, la Puerta de Jerez, los Jardines de Murillo y la Alameda de Hércules.

En la información ofrecida se detectan errores que aún no se han corregido, como que aparezca el hotel Alfonso XII en vez del hotel Alfonso XIII y se hable de los Jardines del Cristina, en vez de los Jardines de (sin la ele) Cristina, ya que se crearon en honor de la reina, luego regente, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

El alquiler de inmuebles públicos para la celebración de eventos no es nuevo en Sevilla, ni en otras ciudades. En la nuestra, por ejemplo, las Ordenanzas Fiscales suelen recoger un precio por la prestación de servicios y visitas en el Real Alcázar, de propiedad municipal, que incluye la organización de actos y exposiciones, la realización de fotografías y grabaciones y el rodaje de películas y documentales. En las del año 2014 figuraba una tarifa de 3.395 euros por la celebración de actos que no tuvieran carácter oficial reconocido y que fueran autorizados por la Comisión Ejecutiva o la Presidencia del Patronato.

BARCELONA Y MADRID

Ya que estamos en plena polémica por la intervención en las Atarazanas, hay que recordar que la Dirección de sus homólogas barcelonesas, el conjunto arquitectónico de las Atarazanas Reales, sede del Museo Marítimo, pone a disposición -previo pago, naturalmente- de particulares, empresas y entidades zonas como el Vestíbulo, que es publicitado como lugar ideal para cócteles; el Jardín, para los aperitivos, y la Sala del Marqués de Comillas, con 1.700 m2, para todo tipo de actos.

El Ayuntamiento de Madrid fue aún más lejos hace seis años, con Alberto Ruiz Gallardón (PP) como alcalde, al decidir alquilar el mayor número posible de espacios públicos, como el Palacio de Congresos, la Caja Mágica, el Madrid Arena y hasta el patio del Palacio de Correos en la Plaza de Cibeles, su sede, con más de 2.400 m2 de superficie y 30 de altura y capacidad para albergar 1.800 personas, cuyo alquiler se tasó inicialmente en 35.000 euros.

Así pues, el factor diferencial introducido por Gallardón en Madrid fue el paso del alquiler esporádico de algún espacio público al intento de alquilar de forma sistemática el mayor número posible de inmuebles municipales.

SÓLO EL PRINCIPIO

Mutatis mutandis, esto mismo es lo que ha hecho Espadas con su plataforma ‘Venues Sevilla’: de alquiler sólo el Alcázar hemos pasado de golpe a poner en el mercado trece espacios de la ciudad y que son presentados como los primeros de esta nueva política, porque pueden ser más en lo sucesivo. En este sentido, el gobierno local se alinea con el sociólogo Mario Gaviria, que en su intervención en las Jornadas sobre el Eucalipto se preguntaba que si las repoblaciones con esta especie de crecimiento rápido se presentaban como muy beneficiosas para Huelva, ¿por qué haberse detenido en las 200.000 ha de eucaliptal y no haber llenado la provincia entera?

Si después de que Zoido demostrase que era posible llenar las calles de Sevilla con 13.679 veladores y la privatización de los espacios públicos ha resultado tan rentable para el Consistorio, ¿por qué no continuar ocupando con taburetes, sillas, mesas, sombrillas y demás, como tan bien se recrea en las simulaciones gráficas de ‘Venues Sevilla’, la Plaza de España, los Jardines de Murillo, la Puerta de Jerez y hasta un total de trece espacios públicos? ¿Y por qué detenerse en estos trece y no seguir hasta que no quede un solo metro cuadrado libre sin ocupar, por nuestro barroquista ‘horror vacui’?.

Pensábamos que Espadas encarnaba un modelo distinto de ciudad y ha resultado que ha perfeccionado el modelo ideado por Gallardón en Madrid y el de los veladores a gogó de Zoido en Sevilla.

Esta decisión, que amplificará la imagen de zoco norteafricano que va adquiriendo a pasos agigantados la ciudad, supone otra claudicación ante el poderoso ‘lobby’ turístico, del que llevamos cuatro años esperando que desembolse el dinero prometido para organizar en la ciudad el equivalente a “no una, sino tres Copas Davis” (tres millones de euros).

Así lo reconoció en Fitur el gerente de Fibes, Antonio Jiménez, cuando aseveró que la oferta de ‘Venues Sevilla’ no sólo no compite con la de los hoteles, sino que está pensada para dichos establecimientos, que en numerosas ocasiones -dijo- solicitaban estos edificios y lugares emblemáticos para los clientes de los congresos que acogen. Más claro, agua: el gobierno local ha convertido plazas de la ciudad, como la Puerta de Jerez, en la prolongación de los salones privados de los hoteles a costa de privar temporalmente de su uso a los sevillanos, también contribuyentes.

ZONAS EXTERIORES

El segundo factor diferencial es que en la lista de espacios alquilables se incluyen también jardines públicos exteriores y no sólo los interiores de edificios, sin que los amigos y defensores de las zonas verdes y los ecologistas se hayan dado por enterados. Al contrario, el Ayuntamiento ha logrado hasta la comprensión de los conservacionistas de Adepa.

Recuérdese que Adepa expresó hace dos meses su inquietud por la “banalización y degradación de nuestros espacios urbanos más históricos y singulares” a cuenta de la feria de belenes autorizada por el Consistorio en el entorno de la Catedral y el Archivo de Indias; el tiovivo y la pista de hielo en la Plaza de San Francisco (Joaquín Egea dijo al respecto: “De lugar de recepción, de visitas reales, coso taurino y palenque de justas, a simple solar municipal que se alquila para las más distintas promociones”) y el “progresivo avance de la marea de veladores”, motivos por los que pidió la intervención de la Comisión de Patrimonio.

Pues bien, el Ayuntamiento oferta ahora 300 plazas para cócteles al aire libre en la Puerta de Jerez, 800 en los Jardines de Murillo, 10.000 en la Plaza de España, 1.000 en la Plaza de América y otras tantas en el Muelle de Nueva York, 3.900 en la Alameda…. y Adepa equipara esta ocupación masiva a la que dice realizan en la Plaza de América tan sólo dos bares de copas en las noches de verano. Asegura asimismo que es muy difícil que se alquilen los Jardines de Murillo por estar “llenos de ratas de considerable tamaño y con un deterioro bastante considerable”.Conclusión: como ya están deteriorados, qué más da que se puedan deteriorar aún más.

¿Qué habría dicho Espadas si a Zoido, el de los 13.000 veladores, se le hubiera ocurrido ofertar 19.000 plazas más en espacios públicos emblemáticos para cócteles y banquetes? Probablemente al exalcalde se le habría acusado de intentar hacer caja a costa del patrimonio de los sevillanos. Ahora, a esa política se la llama “puesta en valor”.

 

El Ayuntamiento de Sevilla dedicará 7,7 millones al pago de productividad a su personal

 

El Consistorio de Sevilla destinará en los Presupuestos de 2016 un total de 288,01 millones de euros a pagar a su personal. Esta cantidad equivale al 36,4% de todos los fondos municipales en las Cuentas para el año próximo. En términos comparativos, el capítulo I del Presupuesto  crece en 2,1 millones de euros respecto del último Presupuesto de Zoido debido, entre otras razones, a la subida salarial del 1% aprobada por el Gobierno de la nación en las Cuentas del Reino y a la recuperación de la mitad de la paga extraordinaria que se dejó de abonar en el año 2012.

En el capítulo de Gastos de Personal el gran bloque es el del Anexo, en el que se aglutinan las retribuciones de todo el personal laboral y funcionarios de plantilla del Ayuntamiento, así como el personal eventual, directivo y de órgano de gobierno. Cuenta con una dotación de 197,5 millones (del total de 288.017.270,45 euros en este Capítulo I), lo que significa un crecimiento de 10,9 millones de euros (un 5,83%) respecto de 2015.

Este incremento se justifica por la subida salarial general del 1% que se aplicará a todo el personal municipal conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado; la incorporación al bloque de las cuantías estimadas para cada empleado en lo relativo a la primera fase del plan de productividad; las productividades específicas de los distintos servicios (exceptuando Policía Local y Bomberos), que ascienden a 7,7 millones de euros, y el crecimiento autónomo de distintos conceptos retributivos, que varían cada año en función de la composición del personal, especialmente el de antigüedad.

En este Anexo hay que tener en cuenta que se produce una minoración de 1,1 millones de euros en las retribuciones a los concejales, personal eventual y personal directivo.

El concepto ‘Otras retribuciones’ incluye los gastos de la Seguridad Social, acción social del personal, productividad específica de Policía y Bomberos, gastos de locomoción, dietas…. y hasta la devolución del 50% de la paga extra de 2012 y está dotado con 70,4 millones de euros, un 6,39% menos que en el ejercicio anterior. Esta minoración se sustenta, según la Memoria de los Presupuestos, en la parte de la productividad, incluida en los créditos del Anexo.

Cabe destacar que en los programas de productividad específicos de la Policía Local se produce un incremento de 0,7 millones de euros, un 7,98%, que el gobierno socialista justifica por el hecho de que en los últimos tres años fue claramente infradotado y hubo necesidad de realizar varias modificaciones de crédito para poder cubrir los servicios que se financiaban con cargo a los mismos.

PROGRAMAS

El personal de Programas es contratado por el Ayuntamiento con cargo a convenios firmados con otras Administraciones, por lo que se financia con subvenciones. Este personal se concentra en tres áreas: Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria; Bienestar y Empleo;  y Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales. Al mismo se le han incrementado sus retribuciones en un 1% en general, conforme a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, si bien ha habido una evolución diferente.

Dada la apuesta del gobierno local por la igualdad y contra la violencia machista, se han consignado créditos para aumentar la dedicación del personal de los Puntos de Información a la Mujer (PIM) hasta la jornada completa, con lo cual la dotación es de casi 1,17 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento del 21,89% respecto del presupuesto del año pasado.

También se va a procurar que el personal que atiende a otros programas gestionados por la Dirección de Acción Social tengan dedicación completa en vez de jornada parcial, en ámbitos como Refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para la ejecución de la Ley de Dependencia, Funcionamiento y Equipamiento de la Red Básica de Servicios Sociales, Intervención con Menores y sus familias e Intervención en Zonas con necesidades de transformación social. Para el personal de estos programas se dota una cantidad de 5,24 millones de euros.

REDUCCIÓN

Para el personal de los programas gestionados por la Dirección General de Empleo y Apoyo a la Economía e Innovación Social la dotación disminuye en 6,24 millones de euros, por los siguientes motivos:

-La bajada de 5 millones de euros en el programa Emplea Joven Sevilla, al haber finalizado el programa de 2015 y estar a la espera de que el Servicio Andaluz de Empleo conceda el de 2016.

-La pérdida de 1 millón de euros del proyecto Redes II, por haber culminado su plazo de ejecución, previsto para los años 2012-2015.

-La disminución en 0,3 millones de euros del programa Dinamización prelaboral para la transición al empleo en el Polígono Sur, debido a la redistribución de los créditos entre otros programas de gasto.

-Para las Escuelas-Taller y los Talleres de Empleo sólo se consignan créditos destinados a la aportación municipal a los mismos, ya que se está pendiente de que en los próximos meses sean concedidas subvenciones para los ocho centros que tiene habilitados el Ayuntamiento.

Por otra parte, el personal de los programas de Educación está comprendido en el programa de la Escuela de Educación Especial Virgen de la Esperanza, financiado por la Junta de Andalucía, por lo que su dotación no varía con respecto a la del año 2015.

 

 

La herencia judicial de Espadas en Sevilla: más de 17 millones de euros

 

UN CUARTO DE SIGLO DE PLEITOS

El actual gobierno local deberá pagar sentencias por un caso de Rojas Marcos, cinco de Monteseirín y tres de Zoido

DE TODO TIPO

Espadas carga con las indemnizaciones por Mercasevilla, el edificio Laredo, las Setas de la Encarnación y hasta el Metro

MAYORES Y MENORES

El Ayuntamiento también deberá pagar por las consecuencias de sendos resbalones en Madre de Dios y la Avenida

 

El gobierno socialista de Juan Espadas deberá afrontar el pago de al menos 17,4 millones de euros como consecuencia de casi una decena de fallos judiciales contrarios al Ayuntamiento y acaecidos desde que tomó posesión a mediados del pasado mes de junio pero por asuntos que incluso se remontan a hace un cuarto de siglo, cuando era alcalde Rojas Marcos. La mayoría de los pleitos datan de los mandatos de Monteseirín, y Zoido también le ha dejado su particular legado con tres sentencias achacables a su etapa.

Espadas está saliendo a un promedio de casi 2,5 millones de euros mensuales en facturas acumuladas por sentencias contrarias al Ayuntamiento por casos heredados de mandatos de anteriores alcaldes, una pesada herencia judicial que lastrará su acción de gobierno y limitará su capacidad inversora para lo que le resta de mandato.

El asunto más sorprendente para el alcalde actual ha sido comprobar que al cabo de veinticuatro años le ha tocado a su gobierno asumir las consecuencias de la expropiación del edificio Laredo, acordada por Rojas Marcos poco antes de la Expo 92 y que tras una larga batalla judicial con sus sucesivos propietarios obligará al Consistorio a abonarles 3.731.802,72 euros más, con lo que el coste de aquella decisión del alcalde andalucista acabará siendo de 6.073.073,48 euros para las arcas municipales.

La peor sentencia judicial, sin embargo, es la contraria a los intereses municipales en la empresa de mayoría pública Mercasevilla, conocida el pasado mes de julio, en el pleito con Sando a cuenta de las parcelas que la compañía malagueña no pudo explotar por la falta de acometidas eléctricas y otras graves deficiencias. La lonja fue condenada a pagar a sando 8.944.710,30 euros, cantidad que se elevaría a unos 14 millones por la suma de todo tipo de intereses en los años transcurridos hasta hoy desde los tiempos de Monteseirín como alcalde.

La decisión de Sando de pedir el embargo de las cuentas de Mercasevilla en diciembre de 2015 obligó a la sociedad municipal a pedir el preconcurso de acreedores. Aunque el Ayuntamiento anunció recursos contra el fallo judicial, de momento el gobierno de Espadas ha tenido que provisionar 5.392.998,25 euros (la cantidad que hemos tomado como referencia para este trabajo) para asumir sus posibles responsabilidades finales y en proporción a su participación en la sociedad.

EDIFICABILIDAD URBANÍSTICA

Por otra parte, el pasado mes de agosto, el Tribunal Supremo estimó un recurso de casación de la Compañía de Jesús y anuló una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre un acuerdo de la Comisión de Valoraciones de Sevilla, que dijó el justiprecio relativo a las servidumbres recaídas sobre 2.457 m2 del subsuelo del Colegio Porta Coeli para la construcción de la primera línea del Metro.

El Supremo ha fallado que se le paguen a los jesuitas 1.398.029 euros más por la pérdida de edificabilidad en el subsuelo y 1.661.155 por la pérdida de edificabilidad sobre rasante. En total, 3.059.184 euros más de los fijado en la época de Monteseirín.

No podían faltar en esta relación las Setas de la Encarnación, uno de los legados más gravosos del anterior alcalde socialista para las arcas de la ciudad y que no han dejado de causar quebraderos de cabeza a sus sucesores. Las diferencias de criterio con la empresa constructora, Sacyr, provocaron una primera sentencia desfavorable para el Ayuntamiento de 36,5 millones de euros que tras un recurso interpuesto por el gobierno de Zoido han permitido un nuevo fallo judicial, ya con Espadas de alcalde, menos desfavorable para el Ayuntamiento: tan “sólo” 2.594.862 euros.

SEGURIDAD Y MOVILIDAD

También a finales del pasado verano el gobierno de Espadas heredó otra sentencia judicial contraria a la corporación municipal en un caso procedente de un mandato anterior, concretamente de la etapa de Zoido. El TSJA declaró el derecho de la UTE constituida por Detea y Aldesa a cobrarle al Ayuntamiento 1.902.367 euros por la certificación final de las obras de la nueva sede de la Delegación Municipal de Seguridad y Movilidad, en la antigua cárcel de la Ranilla, más 62.041,50 euros por la paralización de los trabajos en su día. En total, 1.964.408,50 euros.

Esta demanda formaba parte de un paquete de cuatro por el que Detea reclamaba además al Ayuntamiento el pago de 18 millones de euros por incumplimientos en el contrato de compraventa de tres edificios en la isla de la Cartuja, entre ellos la comisaría de la Policía Local, que le fue entregada en estado ruinoso tras los expolios sufridos al dejarla abandonada a su suerte el gobierno de Zoido.

A Espadas también le han caído las sentencias que obligan al Ayuntamiento a revisar los precios de los contratos por la rehabilitación de Zonas Degradadas, más sus intereses legales: 436.414 euros por la barriada Juan XXIII y 223.288 por el sector B de Alcosa.

Hasta los resbalones de ciudadanos en la vía pública en época de Zoido se han traducido en sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento y que deberá pagar el actual gobierno de Espadas. Así, tendrá que indemnizar con 19.987 euros a un hombre que se cayó en un tramo de la acera de la calle Madre de Dios y que había sido pavimentada con un material no homologado y muy deslizante, y unos 18.000 euros a una mujer que sufrió una fractura al tropezarse contra losas deterioradas y levantadas en la Avenida de la Constitución.

Atarazanas: una transaccional

El pasado jueves, el arquitecto autor del proyecto de Centro Cultural en las Atarazanas, Vázquez Consuegra, explicó su proyecto a  los grupos municipales en el Ayuntamiento. Repárese en la enorme paradoja de esta reunión: el arquitecto tenía que contarle su proyecto a los concejales de un Consistorio que le había dado licencia de obras para ejecutarlo con fecha 11 de diciembre de 2015, es decir más de mes y medio antes. Ese encuentro dejaba en la más flagrante evidencia a los señores ediles, ya que era la demostración palpable de que otorgan los permisos sin haberse leído los proyectos.

La concesión de la licencia de obras, previo dictamen favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, presupone el cumplimiento de la legalidad vigente por parte de la promotora de los trabajos, la Fundación La Caixa. Sin embargo, un partido como el PP, liderado por un juez al que se supone el conocimiento del Derecho cual es Zoido, quería al alimón con Ciudadanos llevar al Pleno del día siguiente una moción para que la Corporación suspendiera “preventivamente” la licencia de obras. Esa figura de la suspensión preventiva “a posteriori” (¿?) no existe en nuestro ordenamiento, su aprobación habría instalado a los ediles en la prevaricación y habría instaurado en Sevilla la inseguridad jurídica: nadie podría tener ya la seguridad de que su licencia de obras no sería revocada de haber triunfado tal iniciativa, que fue tumbada por el pertinente informe en contra del secretario.

Continuando con las paradojas de esta historia, el PP, partidario de suspender la licencia de obras para las Atarazanas, es el mismo partido que estando en el gobierno de la ciudad aprobó la primera solicitud de obras en el monumento (tuvo entrada en la Gerencia de Urbanismo el 26 de marzo de 2015) el pasado 2 de junio, a expensas del dictamen de la Comisión de Patrimonio, y con este informe favorable: “El proyecto presentado respeta la configuración de las actuales Atarazanas, siendo la intervención independiente en todo momento de la estructura muraria (sic) del edificio, acogiéndose su distribución a los espacios existentes y con una puesta en valor de los valores patrimoniales”.

SIN OBJECIONES

En esa reunión con Vázquez Consuegra, como en anteriores declaraciones públicas, los representantes de las fuerzas más a la izquierda, Participa e IU, se pronunciaron más que en contra del proyecto arquitectónico, contra el modelo de gestión del monumento y el hecho de que la Junta lo hubiera entregado en concesión a La Caixa durante veinte años.

Sin embargo, conocieron o debieron conocer tanto por los medios de comunicación como por el Boja la firma del convenio entre la Consejería de Cultura y la Caixa que activaba el procedimiento de “concesión administrativa para la adquisición del aprovechamiento privativo de las Atarazanas para la implantación en el mismo de un centro cultural”. La Consejería sometió a información pública el expediente de concesión en el Boja del 6 de junio de 2014, página 168, por el plazo de un mes, para la presentación de alegaciones y/o posibles propuestas alternativas. Cumplido el plazo el 14 de julio de 2014, ningún partido, ni asociación, organización, fundación o particular alguno se opuso a la concesión en favor de La Caixa ni presentó alegación ni propuesta alternativa.

Se han respetado, pues, los procedimientos legales sin que, como suele ocurrir en nuestra ciudad, nadie se preocupara de alegar en contra en tiempo y forma, hasta que jurídicamente ya es demasiado tarde.

ACUERDO PLENARIO

Todo ello no ha sido óbice para que el Pleno municipal del pasado viernes adoptara, con el único voto en contra del PSOE, el acuerdo de instar a la Junta y a La Caixa a una especie de moratoria en el inicio de las obras, hasta que el proyecto no se someta a información pública y se articule la participación de los ciudadanos.

Este acuerdo no tiene ninguna validez jurídica, por lo que La Caixa puede hacer caso omiso e iniciar la intervención en el monumento a finales de febrero o principios de marzo, tal como tenía previsto, pero sí una indudable trascendencia política, por cuanto los representantes de los sevillanos han expresado de alguna manera su deseo de que se paralice y/o se revise el proyecto de Vázquez Consuegra, en línea con la tesis de los conservacionistas de que se aproveche la ocasión no para convertir los antiguos astilleros en un centro cultural con plaza pública cubierta, salas de exposiciones y otros equipamientos, sino que se excave hasta recuperar la cota original, situada cinco metros por debajo de la actual.

POSICIÓN DE LA CAIXA

Pongámonos en el lugar de La Caixa. La entidad financiera puede estar pensando que tras la absorción de Banca Cívica no ha hecho más que asumir bastantes “marrones” con los que se encontró tras su desembarco en Sevilla: la terminación a un coste multimillonario de la torre Pelli en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, el traspaso de Isla Mágica previa absorción de sus deudas, hacerse cargo y por partida doble del ruinoso equipo de baloncesto y comprometerse a aportar 10 millones de euros en las Atarazanas como compensación al traslado del Caixaforum a los bajos del rascacielos tras integrar en su grupo los activos de la extinta Cajasol.

Desde su punto de vista, La Caixa financia un proyecto arquitectónico -el de Vázquez Consuegra- que es la respuesta a un programa de usos previamente definido por la Junta de Andalucía para las Atarazanas en el sentido de convertirlas en un espacio cultural, no en excavarlas y recuperar la cota que tenía en el siglo XIII.

Por tanto, La Caixa, que ya se fue una vez de las Atarazanas con el Caixaforum a la Cartuja, tendría en el acuerdo plenario del Ayuntamiento una magnífica ocasión para irse de nuevo, definitivamente,  y ahorrarse los 10 millones de euros comprometidos, con el argumento de que la ciudad no sabe realmente lo que quiere hacer con el monumento y de no contrariar la voluntad de sus representantes.

¿Puede esperarse acaso que la Junta, que en todos estos años no ha aportado nada para ampliar el Museo de Bellas Artes, restaurar el Arqueológico o rehabilitar alguno de los muchos monumentos sevillanos va a suplir los 10 millones de La Caixa para las Atarazanas? Justamente es la razón económica, no la arquitectónica, la que haría irreversible, tal como sostienen los conservacionistas, la ejecución del proyecto de Vázquez Consuegra: ¿va a poner alguien en el futuro 10 millones de euros para deshacer el centro cultural proyectado por aquél? ¿Tendría sentido gastar 10 millones ahora en hacerlo y 10 millones el día de mañana en deshacerlo para excavar entonces lo que no se excave ahora? ¿No es todo un contrasentido?

UNA SOLUCIÓN

Llegados a esta situación, ¿por qué no buscar una solución transaccional que satisfaga a todos a partir de un nexo común entre las dos visiones opuestas sobre el monumento, un término medio inicial entre excavarlo todo o no excavar nada?

El proyecto de Consuegra cuesta 10 millones de euros sin excavación y aún faltarían 2 millones para completar la rehabilitación de las naves superiores. El arquitecto estima que la excavación completa costaría 5 millones, y un millón la quinta parte (unos 1.000 m2) para crear un mirador arqueológico sobre la antigua muralla islámica y el torreón del Postigo, una excavación parcial que cree enriquecería el proyecto pero para la que no hay fondos.

Cuando en diciembre de 2014 se presentó oficialmente el proyecto, se anunció que la Fundación Cajasol aportaría 400.000 euros anuales durante 20 años para su programación cultural. Meses antes (febrero), el entonces consejero Luciano Alonso prometió que la Junta invertiría como mínimo 1,2 millones anuales en las Atarazanas.

Habría que procurar un acuerdo entre todos, incluidos los conservacionistas, en los posibles siguientes términos:

  1. Dado que ni en 2014 ni en 2015 la Junta ha aportado esos 1,2 millones prometidos, el Gobierno andaluz desembolsaría ahora los 2 millones que cuesta completar la rehabilitación de las naves superiores.
  2. La Fundación Cajasol, que en 2013 ingresó 9,78 millones por su entonces 1,1% de participación en Caixabank;  en 2014 y 2015 en torno a 10 milones por su 0,89%, y que podría percibir algo más de 10 millones este año por su actual 0,92%, tiene la gran ocasión, y con ella su presidente Antonio Pulido, de realizar una gran operación de imagen y de contribución a la cultura sevillana financiando con un millón la excavación de la quinta parte de las Atarazanas.
  3. Con los 10 millones de La Caixa se iniciaría simultáneamente la rehabilitación de las naves superiores (están muy deterioradas y es lo más urgente, hasta con amianto que hay que retirar) en la parte del proyecto que no implique ninguna transformación irreversible.

4. Tras la excavación arqueológica controlada, que duraría unos cuatro meses, se revaluaría el proyecto a la luz de lo hallado y de la visión que se obtendría de esos 1.000 m2 del monumento a la cota -5.

Se analizaría con datos reales si merecería la pena o no la excavación completa y en tal caso se utilizaría el dinero restante de los 10 millones de La Caixa.

 

Primer Presupuesto de Espadas en Sevilla: 8 de cada 100 euros, a políticas sociales

 

El Ayuntamiento de Sevilla destinará casi 25 millones de euros a ayudas a dependientes

A personas mayores y discapacitados se asignan más de 16 millones de euros

La intervención con personas sin hogar contará con un fondo de 5,2 millones

 

El primer proyecto de Presupuestos municipales de Espadas como alcalde de Sevilla pone uno de sus acentos en las políticas sociales en una ciudad con más de 80.000 parados y golpeada severamente por la crisis. Los fondos para este capítulo, repartidos por diversas partidas, pueden estimarse globalmente en unos 65,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto de la era Zoido. Esta cantidad significa que de cada 100 euros del Presupuesto, al menos 8,22 tendrán una finalidad social.

El alcalde ya reconoció que con las Ordenanzas Fiscales iba a exigir un esfuerzo solidario a los que más tienen con el fin de redistribuir los mayores ingresos que se recauden entre los más necesitados, desfavorecidos y víctimas de una crisis económica que va camino de los ocho años de duración.

Ese incremento de la recaudación prevista ha permitido a Espadas contar con un Presupuesto superior en 41 millones de euros al del último año de Zoido y destinar más fondos a las políticas sociales.

Gracias a este dinero se podrán abrir nuevos centros de día para menores, sostener programas de escuelas de verano con alimentación infantil, aumentar el servicio prestado por los trabajadores con cargo a contratos cofinanciados (jornada completa) e incrementar las ayudas directas para atender casos de pobreza energética, desnutrición y reposición de enseres. Además, abrir de forma permanente el centro de baja exigencia del Paseo Juan Carlos I, dotar nuevos programas de viviendas tuteladas mediante convenio con una asociación y modificar la relación de puestos de trabajo para incorporar a los trabajadores de los programas cofinanciados como plazas propias municipales, con lo que se ganará en estabilidad.

El gobierno local limitará los convenios nominativos que se firmaban con entidades, debido a los numerosos problemas legales surgidos y que, según fuentes municipales, dificultan su tramitación. En la nueva etapa se dará prioridad a las convocatorias públicas y abiertas.

Por otra parte, se centralizará la gestión de las ayudas y las políticas en los Servicios Sociales, para lo cual se reforzará la plantilla y se aumentarán los recursos gestionados de forma directa.

Entre las diez principales partidas directamente destinadas a políticas sociales destacan especialmente tres: el servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes, al que se destinarán 24,6 millones de euros; la intervención con personas mayores y discapacitadas, con 16,2 millones y la atención a las personas sin hogar, con 5,2 millones de euros.

Principales partidas sociales

Servicio                                                                                               Presupuesto

-Intervención en situaciones de urgencia y emergencia              2.727.908,21

-Intervención con personas sin hogar                                            5.290.328,37

-Intervención con inmigrantes y minorías étnicas                             34.687,68

-Intervención con población chabolista                                             467.619,85

-Plan integral para la comunidad gitana                                               17.593,17

-Intervención con personas mayores y discapacitados               16.215.066,76

-Servicio ayuda a domicilio dependencia                                       24.633.036,51

-Atención a personas con adicciones en riesgo exclusión social       346.117,00

-Cooperación al desarrollo                                                                    552.000,00

Total diez partidas principales                                                        51.380.128,25

 

Hacienda no somos todos

La Abogacía del Estado ha dejado claro al inicio del juicio por el caso Nóos, en el que la infanta Cristina se sienta en el banquillo de los acusados, que el lema ‘Hacienda somos todos’ no es más que eso, un mero recurso publicitario y no un principio económico o jurídico de obligado cumplimiento.

Antes que la Abogacía del Estado llegaron a esa misma conclusión las 150 empresas con sede en Sevilla y que, salvo error u omisión, aparecen en la lista negra de grandes morosos (deudas superiores al millón de euros) con el Ministerio de Hacienda, cuya divulgación ordenó en diciembre el ministro Montoro.

Los incumplidores sevillanos con el Fisco, algunos de los cuales siguen apareciendo por los canapés de la jet-set local y otros detrás de nuevas sociedades adjudicatarias hasta de concursos públicos, adeudan en conjunto 450 millones de euros (450.066.506,53).

Esta ingente cantidad de dinero (unos 75.000 millones de las antiguas pesetas) habría dado para iniciar al menos las obras de una línea de Metro equivalente a la única existente, cuyo presupuesto original fue de 461 millones. Asimismo, habría permitido construir quince Escuelas Politécnicas como la que para sustituir a la vetusta de la calle Niebla se ha proyectado sobre un solar de Los Bermejales, o setenta y cinco bibliotecas como la que la Universidad Hispalense acaba de erigir, con no demasiado acierto estético ni urbanístico, junto al parque de María Luisa en sustitución de la levantada ilegalmente en los jardines del Prado.

Con los 450 millones de euros dejados de pagar por los 150 grandes morosos de Sevilla, en su gran mayoría del sector del ladrillo, se podrían rematar dieciséis veces las obras pendientes de ejecución del antiguo Hospital Militar, o construir veintiún centros de alta resolución y especialidades médicas (CARE) como el proyectado en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, cerca de los Juzgados.

Y ya que hablamos de los Juzgados, esa cantidad habría permitido construir tres Ciudades de la Justicia si se hubieran mantenido las previsiones iniciales de coste: unos 154 millones de euros.

También se podría haber invertido cuarenta y cinco veces la cantidad que va a destinar la Fundación La Caixa al polémico Centro Cultural en las Atarazanas, reformar diecinueve veces el Museo Arqueológico conforme al diseño de Vázquez Consuegra y recuperar al menos diez veces la Fábrica de Artillería.

Ese dinero  equivale a casi el 60% del que necesita el Ayuntamiento  para mantener en funcionamiento la maquinaria municipal, conservar la ciudad e invertir en nuevos proyectos.

La falta de esos 450 millones es la consecuencia del fin de la vigencia del lema, sólo publicidad según la Abogacía del Estado, ‘Hacienda somos todos’.

Tampoco creyeron en el mismo los responsables de tres entidades promovidas por Administraciones Públicas, que tendrían que haber dado ejemplo en el cumplimiento de sus deberes fiscales, todas gobernadas en la época de autos por políticos del PSOE: Burguillos Natural S. L., que ha dejado un pufo de 2,83 millones de euros; su homóloga Iniciativas de Desarrollo de Los Palacios, cuyo agujero fiscal es de 1,46 millones, y la Mancomunidad de Servicios del Bajo Guadalquivir, que ha dejado una roncha de 1,09 millones.

LUCES Y TAQUÍGRAFOS

El flamante diputado del PP y alcalde de Sevilla hasta hace siete meses, Juan Ignacio Zoido, se destapó hace unos días rememorando otro de esos lemas incumplidos y de los que hizo bandera durante su etapa al frente del Ayuntamiento: el gobierno de ‘las luces y los taquígrafos’.

Zoido ha propuesto ahora, y no aplicado antes cuando era el alcalde, una reforma del Reglamento Orgánico del Consistorio, en virtud de la cual debería implantarse un turno en el Pleno municipal para el debate de las propuestas y mociones que presentaran los sevillanos, consultas vinculantes a los vecinos (recuérdese que Espadas tiene pendiente el cumplimiento de su promesa de una consulta popular sobre la Preferia, y ya estamos a mitad de enero), iniciativas reglamentarias populares de obligada tramitación a partir de un número indeterminado de firmas y hasta retransmisión por Internet de las sesiones de la Comisión de Ruegos, Preguntas e Interpelaciones, en la que se daría presencia pública y voz a los ciudadanos.

El problema de Zoido es que está tan reciente su paso por la Alcaldía que ante cualquier propuesta que lance al nuevo gobierno dirigido por Espadas, al que le tocó morderse la lengua durante sus cuatro años en la oposición para que no le recordaran los escándalos de Monteseirín, aquél le puede responder con la pregunta de por qué no adoptó tales medidas cuando pudo haberlas aplicado sin oposición alguna por haber disfrutado de una mayoría absolutísima de veinte concejales.

Pero en este caso hay un factor añadido que deja aún más en evidencia al exalcalde: su gobierno rechazó una propuesta que para incrementar los niveles de transparencia, participación y debate en el Ayuntamiento le elevó el Grupo Municipal Socialista el 18 de enero de 2012 y que incluía, en representación popular, el denominado concejal 34 (la ciudad todavía no había perdido dos ediles como consecuencia de la regresión demográfica al haber caído por debajo de 700.000 habitantes).

Por razones como no aceptar el concejal 34, el alcalde de los 20 se ha quedado en sólo 12.