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Y tú, más

Cuando Griñán retó a Zoido a que hiciera pública su declaración de la renta, éste guardó silencio. Fuentes de su partido argumentaron que no iba a hacerle el juego al presidente de la Junta. Zoido se ha resistido como gato panza arriba durante semanas a divulgar sus emolumentos para no admitir lo que finalmente ha revelado la prensa: el cobro del PP de un fijo de 24.840 euros brutos desde 2006 a 2011 (incluso cuando ya era alcalde), hasta un total de 149.040 euros, que ha tratado de presentar como gastos de representación y/o colaboración en vez de como sobresueldo.

Tras sufrir el desgaste político por sus maniobras evasivas, con las que incrementaba la sensación de que tenía algo que ocultar, Zoido ha acabado claudicando y forzado a desvelar al menos dos declaraciones de su renta. En una de ellas ( 2011) refleja los pagos del PP  como un rendimiento por actividad económica en estimación directa y epígrafe 731 en el censo del IAE, el de los abogados autónomos. Es la demostración de que no se trata de un mero gasto de representación, sino de una facturación de carácter profesional.

EN EVIDENCIA

En éste y otros casos, como el de la subida de dietas en la Mesa del Parlamento andaluz, hemos vuelto a asistir a la estrategia defensiva del ‘y tú, más’, ya que cuando Zoido no ha tenido más remedio que rendirse y quedar en evidencia, él y su equipo se han escudado en que los pretendidos ‘gastos de representación’ habían tributado a Hacienda y en que Monteseirín había cobrado 42.000 euros por dietas de las empresas municipales cuando era alcalde.

Efectivamente, pero Zoido ha acabado incurriendo a su manera en lo mismo que le reprochaba a su predecesor cuando él ejercía de líder de la oposición. Monteseirín, cuya primera decisión apenas llegar a la Alcaldía fue la de subirse el sueldo y retractarse a continuación al ser desautorizado por el PSOE tras convertirse en escándalo nacional, tenía un doble discurso. O más bien un discurso público y una práctica encubierta. Con falsa modestia decía que era uno de los alcaldes de grandes ciudades con sueldo más bajo de España (entre 60.000 y 65.000 euros, según el año de sus doce de mandato), pero ocultaba que cobraba dietas por asistir a las reuniones de las empresas municipales, de la Caja San Fernando y hasta de la Autoridad Portuaria, por lo que realmente sus ingresos frisaban o superaban los 100.000 euros.

RECORTES Y CONGELACIONES

Un año después del estallido de la crisis económica, Monteseirín alertó de que la situación financiera del Ayuntamiento era tan delicada que peligraba incluso la prestación de los servicios básicos, por lo que en septiembre de 2009, con Zoido de líder de la oposición, los tres grupos políticos representados en el Pleno municipal (PSOE, PP e IU) acordaron mantener congelados los sueldos y dietas en los mismos términos de un acuerdo plenario adoptado el año anterior, así como reducir todas las retribuciones de los altos cargos en el propio Ayuntamiento, organismos autónomos, asociaciones, fundaciones y empresas municipales.

Obsérvese que mientras Zoido apoyaba estos primeros acuerdos de recortes y congelaciones de sueldos y dietas en el Consistorio, en línea con el posterior discurso de austeridad cuando accede a la Alcaldía y aplica tijeretazos a los empleados municipales y de empresas como Tussam y Lipasam, ocultaba que desde 2006 venía percibiendo mes tras mes del PP un/una/unos (que el lector elija el término que estime conveniente entre sobresueldo, colaboración, gastos de representación) ingresos de 2.070 euros brutos (1.759,50 netos).

BAJO CUERDA

De cara a la galería, el Ayuntamiento gobernado por Monteseirín renovaba cada año desde 2008 los acuerdos para recortar gastos y suprimir dietas por asistencia a los consejos de administración de las empresas municipales, pero en la práctica, tanto el entonces alcalde como la mayoría de los concejales/consejeros en representación de los partidos políticos, seguían cobrando bajo cuerda, de manera que mientras Monteseirín aparecía ante la opinión pública como sufridor de una reducción del 15% en su salario como alcalde debido a las medidas de austeridad por la crisis, no dejaba de percibir dietas por acudir a las reuniones de las sociedades públicas. Sólo de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) percibió por este concepto durante el año 2010 la cantidad de 7.392,40 euros brutos, que tras la obligada retención por IRPF se quedaron en 4.805.

Zoido, que siempre fustigó a Monteseirín desde la oposición por esta doble vía de ingresos (sueldos más dietas de las empresas municipales), lanzó en este sentido un discurso de regeneración basado en el siguiente argumentario:

1) El y su equipo perdían dinero con la política porque anteponían el servicio a los ciudadanos a sus intereses personales.

2) Nunca había cobrado ningún tipo de sobresueldo (atención a la expresión ningún tipo).

3) Los sobresueldos a los políticos había que prohibirlos por ley.

4) Había que tener una transparencia absoluta al respecto para generar confianza entre los ciudadanos.

Zoido, pues, prometió ser lo opuesto a su predecesor, de ahí los 20 ediles cosechados. Tras demostrarse que no ha perdido dinero con la política, sino que incluso podría haber ganado más; que cobraba algún tipo de sobresueldo; que sólo abogó por su prohibición una vez que ya estaban prohibidos (incluso los cobró siendo alcalde) y que en vez de transparencia absoluta los mantuvo ocultos durante seis años, lo único que se les ocurre decir a sus guardias pretorianos (Serrano, Bueno) es que Monteseirín también cobraba dietas.

La política los iguala a todos.

 

El cochecito

El aún presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, ha tratado de justificar ‘a posteriori’ la frustrada subida en 400 euros mensuales de sus dietas de desplazamiento, amén de las de la plana mayor de la Cámara,  con el argumento de que como hacía un uso “restringido” de su coche oficial – un Audi, se supone que de alta gama- porque viajaba desde su domicilio hasta el antiguo hospital de las Cinco Llagas en su propio automóvil -un Renault-  tenía que compensarse los gastos que esto le causaba.

O sea, que el presidente de la Cámara autonómica parece que no tiene suficiente con los 6.557 euros mensuales que cobra y necesitaba 400 más para redondearse hasta casi los los 7.000, a cambio de ofrecer como contrapartida el rodaje de su coche, no vaya a ser que se le oxide por falta de uso.

Gracias a Gracia, los andaluces que cada día se desplazan a su puesto de trabajo en sus automóviles privados y pagándose de sus bolsillos el carburante, el aparcamiento, el coste de cualquier incidencia que sufran y las reparaciones mecánicas o de la carrocería, se han enterado de que su señoría goza del privilegio de un Audi gratis para que lo lleve y traiga a y desde su despacho a su domicilio particular, y no sólo y exclusivamente para moverse, como sí parece lógico, desde el Parlamento hasta los actos oficiales a que se vea obligado a ir por su rango institucional.

¿Por qué un médico con residencia en Sevilla y plaza temporal en un hospital de Huelva capital o Minas de Riotinto, por ejemplo, ha de pagarse diariamente el viaje a su centro sanitario si no quiere mudarse de residencia para que sus hijos no pierdan sus raíces y su ambiente educativo y el presidente del Parlamento andaluz dispone de vehículo y chófer oficiales a costa del contribuyente,  o un parlamentario que viva a similar distancia de la Cámara que aquéllos de su hospital cobren una dieta de 200 euros semanales por desplazamiento, además de los 3.020 euros mensuales del sueldo?

Cuando el PSOE llegó al Poder en el año 1982 con Felipe González a la cabeza, casi de la misma generación que Gracia, los socialistas ponían de ejemplo de socialdemocracia al primer ministro sueco, Olof Palme, porque iba a su oficina andando o en bicicleta. Más de treinta años después, Manuel Gracia nos ha demostrado que aun pudiendo ir a su despacho al menos en su coche particular, no estaba dispuesto a ahorrarle al contribuyente ni un solo euro pese a la crisis,  y quería darle a su vehículo el mismo rango que al coche oficial.

Bonos

Se publicó en el Boja el decreto-ley de la Junta por el que  los jóvenes en paro pueden solicitar el Bono de Empleo Joven, una ayuda de 400 euros/mes  destinada a facilitar su acceso a un contrato de trabajo. Simultáneamente se conocía, gracias a la primicia del periodista Antonio Fuentes, que el presidente del Parlamento andaluz, con la complicidad de  los grupos de la Cámara (PSOE, PP e IU), cobraba desde hacía dos meses otro ‘bono’ de 400 euros, que añadía a su remuneración mensual de 6.596.

Al ‘bono’ de Manuel Gracia, tratado de justificar inicialmente con el argumento de un incremento de su actividad (¿?), se sumaron por el contubernio secreto de quienes tanto hablan de transparencia y del escaño 110 para conectar con el sentir de los ciudadanos a quienes dan cotidianamente la espalda, 1.200 euros para los secretarios generales de los grupos Popular y Socialista y 920 euros para la portavoz adjunta de Izquierda Unida.

Los gerifaltes parlamentarios de los tres partidos que todos los días se tiran los trastos a la cabeza en las Cinco Llagas, han sido capaces de alcanzar un consenso sólo para cargarse a Chamizo y para repartirse más gabelas en la Andalucía del millón cien mil parados. Algunas estimaciones indican que hasta que se descubrió el pastel de las dietas suplementarias para el presidente y los portavoces adjuntos, éstos se habrían repartido unos 22.000 euros.

Sólo con estos sobresueldos de Manuel Gracia y sus adláteres se habría podido pagar el bono a 55 jóvenes andaluces en paro para su inserción en el mercado laboral, unos sobresueldos innecesarios habida cuenta de los salarios y complementos tan generosos de que ya gozan los diputados.

En esta tierra nuestra, donde el 51% del 1.100.000 parados ya no cuenta con ningún tipo de subsidio siquiera y hay recortes por doquier en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales, los pretendidos padres de la patria andaluza, entre ellos cuatro diputados por Sevilla, han presentado la subida de sus dietas como “una actualización de indemnizaciones”, cual si se tratara de una nueva versión de un programa informático.

El mismo término que emplean, “indemnizaciones”, denota su concepto de la política, un perjuicio por el que deben ser resarcidos en vez de un servicio a la comunidad: no gratuito, pero tampoco con beneficios superiores al de su actividad privada previa.

Y tras ejemplos como éste aún tienen la desfachatez de preguntarse el porqué de la desafección ciudadana hacia la política y los políticos.

Sobresueldos

Verónica Forqué y Jorge Sanz protagonizaron aquella película titulada ‘¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?’. Me vino a la mente la cinta que dirigió Manuel Gómez Pereira al ver los malabarismos que con el lenguaje hacen nuestros políticos, los cuales nos siguen tomando por lo que piensan que somos pero no somos. Parafraseando a Alberto Cortez, pobrecito mi político, piensa que el tonto soy yo. Rajoy habla de modular el IVA, para engatursarnos con que no lo va a subir. La Mesa del Parlamento andaluz camufla como ‘actualización’ el incremento de sus dietas. Ana Pastor ‘reprograma’ los túneles de la SE-40, para eludir decir que los paraliza. Y Zoido perjura que los 2.000 euros/mes  fijos que le pagaba el PP aparte de sus retribuciones  como diputado no son lo que son sino otra cosa y que además tributó a Hacienda por ellos. Como si el hecho de haber tributado los eximiera de su naturaleza, aunque vinieran con camuflaje incorporado. ¿Por qué los llaman gastos de representación cuando quieren decir….? Los llaman así cuando no quieren decir… ‘sobresueldos’.

 

Los sobresueldos de Zoido

Nunca como en esta ocasión cobra mayor sentido la expresión periodística y política “tirar de hemeroteca”. Las hemerotecas son las bibliotecas de periódicos, los cuales fueron definidos por el clásico como “los notarios de la actualidad”, porque, entre otras muchas cosas, dan fe de las promesas, declaraciones y hechos de políticos y gobernantes.

Aquí y ahora vamos a tirar de hemeroteca para transcribir, en primer lugar, una mínima parte de una entrevista concedida por Zoido a ABC el 13 de junio de 2011, tan sólo dos días después de su toma de posesión como alcalde. Esto es lo que le pregunta el periodista y lo que contesta el regidor:

P) Usted reconoce que pierde dinero en la política. ¿Cómo ha trasladado este mensaje a quienes ha fichado y perderán dinero en relación al que ganaban en su actividad privada?

R) Todos pierden dinero. Se lo he dicho a la cara y aunque es difícil de entender les he explicado las circunstancias y me he encontrado en ellos un total compromiso. Es lo que hay y así les contaremos a los sevillanos que el alcalde y los concejales son de los que menos ganan de los cargos de responsabilidad del Ayuntamiento, pero a la política no se puede venir a ganar dinero, sino a servir, el que venga a la política a vivir bien se ha equivocado. Ser un buen alcalde y querer vivir bien es una equivocación. Es verdad que los sueldos están muy por debajo de los que se cobra (sic) en otras capitales, pero hoy por hoy las circunstancias son éstas y hay que asumirlas.

El segundo texto periodístico recuperado de la Hemeroteca fue publicado por El Plural el 31 de enero de 2013 y recoge la posición de Zoido tras el estallido del escándalo por los papeles de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP:

“Zoido muestra su “confianza absoluta” en que Javier Arenas no ha cobrado ningún sobresueldo  de forma irregular durante la etapa en que estuvo al frente de la Secretaría General del PP y afirma que “pondría la mano en el fuego por él”. Zoido, que aseguró que él no ha cobrado nunca ningún tipo de sobresueldo, también restó credibilidad al hecho de que Javier Arenas aparezca en estas “anotaciones”  de Bárcenas -de las que sólo éste es responsable, según ha matizado- como supuesto beneficiario de cantidades trimestrales cercanas a los 9.000 euros (….) Sobre la posibilidad de que se prohíban por ley los sobresueldos a cargos públicos, el presidente del PP-A también ha confirmado, como hiciera José Luis Sanz, que su grupo es favorable a esta medida porque defienden “todo lo que sea en aras de llegar a una mayor transparencia para que entre todos podamos generar confianza”. “Lo que hay que hacer es transparencia absoluta y tolerancia cero con las irregularidades”, concluyó”.

DISCURSO DE AUSTERIDAD

Así pues, en estos dos testimonios periodísticos Zoido lanza a la opinión pública (recordemos que por entonces llevábamos entre tres y cinco años de recesión, que nos ha dejado 6 millones de parados, y sometida la población a continuos recortes económicos) los mensajes de que él y sus concejales están perdiendo dinero por estar en política en vez de seguir con sus carreras profesionales (en su caso, juez); que ser alcalde y querer vivir bien es una equivocación; que él no había cobrado nunca ningún tipo de sobresueldo (de su partido); que había que prohibirlos por ley y que había que tener una transparencia absoluta al respecto.

Todo este discurso de sacrificio, austeridad, ejemplaridad y transparencia se le ha derrumbado como un castillo de naipes a Zoido esta semana cuando no ha podido desmentir las informaciones publicadas por dos medios de comunicación. El digital ‘andalucesdiario’ ha divulgado que el PP le pagó 1.759,50 euros mensuales desde enero hasta julio de 2011, dos meses de los cuales ya era alcalde de Sevilla.

El País ha ido aún más lejos al revelar que, según la información remitida por el PP nacional al Ministerio de Hacienda, reenviada por éste al juez que investiga los papeles de Bárcenas, Zoido había cobrado desde 2006 a 2011 (año éste en que accedió a la Alcaldía) siempre la misma cantidad anual en cada uno de ellos de 24.840 euros, a una media de 2.070 euros/mes. Dado que se le aplicó una retención anual de 3.726 euros, la cifra neta percibida por el alcalde, incluso durante su primer año de mandato como tal, fue de un promedio mensual de 1.759,50 euros. Los datos de ambos medios coinciden. Así pues, Zoido cobró del PP en esos seis años, aparte del sueldo que percibió en su día como consejero de la RTVA (4.200 euros mensuales) y luego como diputado andaluz, 149.040 euros brutos.

SEIS MIL EUROS MENSUALES

El sueldo de diputado autonómico es variable en función de los cargos, complementos y dietas susceptibles de cobro, pero en el caso de Zoido, que es presidente de una comisión y vocal de la Diputación Permanente, podría ascender ahora a un mínimo de 3.711 euros/mes, pero en los años anteriores debió de superar los 4.000 euros. La suma de los emolumentos como parlamentario y del fijo mensual del PP durante seis años debió de permitirle al alcalde alcanzar o superar los 6.000 euros/mes, pagas extra aparte. Cabe preguntarse si, como sostenía en las declaraciones a ABC, perdía dinero en la política porque un juez como él habría ganado en la Judicatura 6.000 euros mensuales, más pagas extraordinarias.

Al desvelarse sus emolumentos paralelos, ha negado que se tratara de un sobresueldo y ha dicho que eran gastos de representación: “Estas retribuciones se encuadran dentro de las responsabilidades del partido, que implican aspectos como viajes o reuniones”.

‘Hecha la ley, hecha la trampa’, reza el dicho popular. El concepto ‘gastos de representación’ es un cajón de sastre en el que cabe todo y en el que ni siquiera los asesores fiscales se ponen de acuerdo. Quienes hilan más fino distinguen entre dietas, gastos de viaje y gastos de representación propiamente dichos, pero conscientes de la confusión y ambigüedad al respecto recomiendan tanto a los empleados como a  las empresas (¿serían equiparables a tales el PP y Zoido) que conserven todas las facturas de los gastos para evitar malos entendidos a la hora de una posible inspección de Hacienda.

DINERO FIJO

En el caso de Zoido, no era un cargo orgánico del PP con la responsabilidad de gestión en el día a día durante los cuatro años que estuvo como portavoz de su grupo en la oposición municipal y alcaldable ‘in pectore’ que dedicaba la mayor parte del tiempo a patearse los barrios y a predicar las bondades de la micropolítica, más allá de que pudiera haber sido nombrado titular de alguno de esos cargos honoríficos o miembro de órganos del PP partido por aquello de las cuotas territoriales y representatividad interna y externa.

Y, en segundo lugar, los congresos y reuniones de los partidos suelen alternarse en diferentes ciudades y provincias y con variaciones en el calendario. Por tanto, Zoido debió desplazarse unas veces más lejos y otras más cerca, comer un día en un sitio y otro en otro, con cartas y precios de restaurantes dispares. Las obligadas facturas que al final de cada mes tuvo que presentar al PP, si es que existen, debieron ser por fuerza diferentes en gastos de kilometrajes y comidas.

El hecho de que el PP le pagara durante seis años la misma cantidad mensual, aunque en agosto cesara la actividad política y orgánica y él se fuera de veraneo con su familia, demuestra que no nos hallamos ante un gasto de representación al uso, sino ante un sobresueldo camuflado como gasto de representación. ¿Podría Zoido presentar todas sus facturas de viaje y comida cargas al PP en esos seis años y que con una increíble precisión matemática cuadran milimétricamente la cifra de 2.070 euros brutos durante 72 meses consecutivos?.

Al margen de insistir continuamente en una obviedad para tratar de desviar la atención sobre el fondo del asunto, el hecho de que se trata de retribuciones declaradas a Hacienda y con sus correspondientes impuestos pagados (lo contrario habría sido una infracción tributaria y un escándalo para él), Zoido dice que “no ha ocultado nada” y que ha actuado “con luz y taquígrafos”.

SEGUNDO PAGADOR

La realidad demuestra lo contrario. En su Declaración de Actividades y Causas de Posible Incompatibilidad que presenta ante el Ayuntamiento, referida al ejercicio de 2011, cumplimenta el epígrafe sobre ‘Trabajo por cuenta ajena: puestos o cargos en cualquiera entidades del sector público, organismos, entidades, empresas públicas y empresas o actividades privadas’. Pues bien, únicamente hace constar como pagador de sus ingresos el Parlamento de Andalucía (por una liquidación de 81.976,96 euros, que excedería sus retribuciones exclusivamente como diputado), pero ocultando al PP como segundo pagador de parte de sus retribuciones.

La conclusión es obvia: Zoido cobraba unos haberes del Parlamento de Andalucía (los eligió en lugar del sueldo como alcalde de Sevilla) pero omitió revelarle a los sevillanos, pese a que dice que no tenía nada que ocultar, que simultáneamente percibía una retribución del PP que incrementaba en un 50% sus ingresos en plena crisis. Unos ingresos que al ser fijos mes a mes durante seis años consecutivos, pasara lo que pasara, cabe calificar como sobresueldos, por más que ahora, una vez descubierto, intente camuflarlos bajo el etéreo concepto de ‘gastos de representación’.

Babia

Luis Díaz del Río, decano de los arquitectos sevillanos a sus 90 años y padre del decano del Colegio de Arquitectos (toda una saga profesional), ha declarado en una entrevista concedida a la compañera María Jesús Pereira que no le dejaron terminar la restauración de la Casa de los Artistas, tarea por la que aún no le han pagado, porque decían que era demasiado exigente con las calidades y la forma de actuar. Y, lo más grave. A la pregunta de si otra persona remató la obra, apostilló: “Usted lo ha dicho muy bien: la ‘remató’. Yo no quería tocar la portada -añadió- y finalmente le han puesto un estuco delante, así que han matado la obra porque el edificio ya no tiene nada de viejo. Había allí un arco califal cordobés que había que mantener y cuando llegué un día lo habían tirado, por lo que yo sentía que boicoteaban mi trabajo”. Y mientras, la Comisión de Patrimonio, que tras estas palabras debería haber actuado automáticamente de oficio -siquiera para confrontar con el Ayuntamiento, propietario del antiguo palacio de los marqueses de Torrenueva-, en Babia.

Sevilla Global

El 18 de abril de 2012, el Ayuntamiento organizó una subasta de muebles del hotel Alfonso XIII  para que cualquier interesado, sevillano o no, pudiera tener la misma oportunidad de adquirirlos, y de paso, mediante la puja, incrementar los potenciales ingresos de la Hacienda municipal. En contraste, casi un año después y amparándose en leguleyismos de que es municipal pero como si no lo fuera, el Consistorio liquida los bienes de Sevilla Global a precio de saldo entre quienes gozan de información como para saber que se pueden llevar una lavadora casi nueva al ridículo precio de 60 euros. Dicen que gracias al ‘efecto llamada’ del boca/oreja en los límites interiores del parque empresarial Arte Sacro, tan sólo 18 proveedores del Ayuntamiento se están quedando con todo por cuatro perras. ¡ Y pensar que creíamos que estas cosas sólo ocurrían con Monteseirín! Bueno, pues éstas son las monteseirinadas de Zoido o las Zoidoirinadas. El alcalde de las luces y los taquígrafos le ha dado la vuelta al proverbio bíblico: pocos son los llamados y menos aún los elegidos.

El bosque

Un informe del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil confirma que la mayoría, si no todas, de las promotoras y/o constructoras que participaron en el presuntamente amañado concurso por los suelos de Mercasevilla están vinculadas entre sí, porque se intercambian accionistas, consejeros, asesores y negocios. Así pues, el urbanismo regional es una inmensa cama redonda de todos con todos en la que los mismos de siempre se repartían los jugosos negocietes de los solares como en el siglo XIX las compañías mineras de Tharsis y Riotinto se repartieron el mercado del cobre, por áreas geográficas de influencia. Aquí tendría que haber intervenido hasta la Comisión Nacional de la Competencia, para dictaminar si se ha formado además un cártel del ladrillo. Dicen que a la luz de tales revelaciones esta rama del caso Mercasevilla puede sufrir un giro inesperado. ¿Rama? ¡Pero si por el diagrama de etiquetas y flechas de la Guardia Civil eso no es una rama, sino un árbol entero! Esperemos ahora que semejante fronda no le impida a la juez Mercedes Alaya ver el bosque.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo.

Pirineos

Max Vílchez, el apagafuegos del alcalde aunque sea a costa de imputar la quema de contenedores a quien convenga, investigará para averiguar cómo es posible que la niña no la de Rajoy, sino la de Monteseirín, y Francisco Javier Guerrero, el ‘niño de los ERE’, vivan como propietaria y de alquiler, respectivamente, en el mismo edificio a precio tasado de la Buhaira, del que nadie sabía nada de los pisos que se iban a construir salvo quienes sabían todo lo que había que saber. ¿Investigará Maximiliano sólo este inmueble? Mi barrio está lleno de estupendos edificios de protección oficial y el delegado de Urbanismo se asombraría si viera los BMW, Mercedes y otros coches de alta gama que pueblan los garajes, y los sonoros apellidos de los beneficiarios de los pisos. ¿Cómo es posible que  niños de papá tengan una VPO por carecer teóricamente de rentas para aspirar a una en el mercado libre y sí el suficiente poder adquisitivo para un coche de gran cilindrada que puede hasta valer más que el piso? Al final va a resultar cierto éso de que Africa empieza en Pirineos.