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La comisión

La Ejecutiva local de IU  ha acordado que su grupo municipal solicite la creación de una comisión de investigación sobre todas las contrataciones del Ayuntamiento con la empresa Fitonovo, presuntamente la principal implicada en la trama de corrupción del caso Madeja/Enredadera, por el que la juez Alaya ha imputado a, entre otros, el hasta ahora portavoz de la propia IU, José Manuel García, ya dimitido; el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo, y el exconcejal del PP y exdirector del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña.

IU, que reconoce que se ha visto seriamente perjudicada por las acusaciones e imputaciones, en éste y otros casos -aunque afirma que no se sostienen-, pretende que salga a la luz toda la verdad “caiga quien caiga”; que se depuren las responsabilidades políticas, “tanto la que pudieran afrontar el anterior gobierno local como el actual”, y que se adopten medidas encaminadas a evitar en el futuro un nuevo escándalo de estas características y a garantizar un mayor control en las contrataciones públicas.

Según la coalición de izquierdas, se debe aprobar esta comisión de investigación “por responsabilidad y por coherencia”, como “un ejercicio de higiene democrática”, ya que hay intranquilidad y alarma social entre los ciudadanos.

Sostiene que no hay ninguna interferencia con el procedimiento judicial existente ni son incompatibles, ya que la comisión de investigación puede funcionar en paralelo y, cuando finalice su trabajo, aportar sus conclusiones a la Justicia. Para IU, es probable que el procedimiento judicial dure varios años y que en ese periodo abandonen la vida municipal muchos de los actuales concejales, por lo que la comisión “es absolutamente imprescindible para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a los contratos de Fitonovo y para elevar conclusiones que mejoren nuestra capacidad de reacción ante casos como éste”.

APOYO DEL PSOE

¿Cuál ha sido la respuesta del resto de grupos municipales?

El portavoz socialista, Espadas, la ha apoyado aun reconociendo la “complejidad” de su creación y funcionamiento ante el desarrollo en paralelo de un proceso judicial. El líder de la oposición estima que el objetivo de la comisión sería poner “luz y taquígrafos” en los contratos municipales con Fitonovo en los distintos mandatos, porque “hay que aclarar cualquier tipo de responsabilidad en el Ayuntamiento, tanto anteriores como en la etapa actual”.

Para los socialistas, que subrayan la necesidad del consentimiento del PP por tener la mayoría absoluta en el Ayuntamiento, de crearse la comisión debería estar presidida por el presidente del Pleno municipal y concejal de Relaciones Institucionales, Javier Landa, que a su juicio “ha dado muestras de tener una actitud de equilibrio y de respeto a los distintos grupos en las sesiones plenarias”.

Y ha añadido Espadas: “No vamos a consentir que se reedite la comisión de investigación del Plan Centro, en la que el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Pérez, actuaba como juez y como parte”.

RECHAZO DEL PP

Precisamente el aludido, Francisco Pérez, es quien ha dado la respuesta del grupo municipal del PP, y se ha agarrado para ello a la investigación judicial en curso para rechazar la propuesta de IU. Afirma el portavoz del gobierno local que esta iniciativa es una “argucia personal” de su hasta ahora portavoz, José Manuel García, con el fin de “distraer la atención”, y que la comisión de investigación ya está abierta en el Prado de San Sebastián: “Esa es la mejor comisión de investigación”, concluyó Pérez, en clara alusión a la sede del Juzgado cuya titular es Mercedes Alaya.

Una vez más, se observa el doble discurso de los partidos políticos según se hallen en el gobierno o la oposición, en una institución o en otra o que los afectados en cualquier causa o escándalo sean sus propios militantes o los de terceros.

El argumento de Francisco Pérez para rechazar una comisión de investigación política sobre el caso Madeja en el Ayuntamiento porque ya hay abierta una judicial choca frontalmente con la postura del PP en el Parlamento de Andalucía, donde sostiene todo lo contrario.

INICIATIVAS PARLAMENTARIAS

El PP presentó a finales de septiembre en la Cámara autonómica una propuesta de creación de una comisión de investigación sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, que en aquel momento investigaban no uno, sino cinco jueces en otras tantas provincias andaluzas.

La entonces secretaria general, Dolores López Gabarro, lamentó el “pacto de silencio” de PSOE e IU sobre este escándalo y los acusó de estar “compinchados” contra los andaluces si no votaban a favor de que se creara la comisión.

Los populares andaluces han exigido en el Parlamento autónomo la creación de decenas de comisiones de investigación sobre los más variados casos, a pesar de que estuvieran abiertas causas judiciales: los expedientes de regulación de empleo (EREs), Mercasevilla, venta fraudulenta de suelos en Atarfe, Astapa (desfalco de 60 millones de euros), la Faffe, los cursos de formación….

En 2009, el entonces secretario general, Antonio Sanz, declaraba que el Parlamento tenía “la obligación” de crear comisiones de investigación sobre los escándalos, y recordaba que en 15 años no se había creado ninguna, a pesar de que el PP había solicitado más de cien.

El pasado 17 de febrero, el PP (A) registró una petición de comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación con unos argumentos similares a los que ahora emplea IU para propugnar la de Fitonovo en el Ayuntamiento: “Sería bueno llegar al fin de la verdad -declaró Ana María Corredera, vicesecretaria de Organización-, y ahí es donde se va a retratar el Gobierno del bipartito, y si quiere transparencia o todo queda en palabrería y marketing”.

EL PLAN CENTRO

Francisco Pérez tendrá difícil justificar el porqué la doctrina del PP es pedir continuamente comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, incluso sobre casos bajo investigación judicial, mientras se niega ahora a que se constituyan en el Ayuntamiento,  cuando Zoido, que se ha presentado a sí mismo ante los sevillanos como el paladín de las “luces y taquígrafos”, no tuvo inconveniente en que se creara la comisión sobre el Plan Centro.

¿Cómo explicarles a los sevillanos que la contratación de una veintena de cámaras de videovigilancia para el plan de tráfico de Monteseirín merecía la creación de una comisión de investigación y no las contrataciones, bajo sospecha de soborno, a Fitonovo, a la que se habrían adjudicado al menos 29 millones de euros en el actual Ayuntamiento y cuando el dueño de la compañía ha declarado que uno de los imputados también le pidió comisiones para, presuntamente, pagarle la campaña electoral a los populares?

La propuesta de IU pone a prueba el discurso de Zoido y del PP sobre la transparencia en el Consistorio, esa transparencia que le exige a Susana Díaz en el Parlamento cuando le reprocha sus negativas a comisiones de investigación, y máxime cuando el PP no tiene nada que perder porque los imputados en el caso Fitonovo están en las filas de IU y del PSOE. Insistir en el rechazo colocaría al grupo municipal de Zoido en la incómoda posición de aparecer como el único interesado en la estrategia de la ocultación.

Cuando una fuerza política no tiene nada que temer no le importa que otras enchufen el ventilador.

La madeja de IU

En la campaña para las elecciones municipales del año 2003, Monteseirín, que aspiraba a la reelección como alcalde y que durante el mandato anterior se había visto sometido al ‘abrazo del oso’ de los andalucistas del PA como incomodísimos socios de gobierno, repitió una y otra vez una frase/lema -se dice que inspirada por José Caballos- que caló en el electorado por un estado de ánimo y opinión abonado para otorgarle credibilidad: “el urbanismo bajo sospecha”.

Dado que era la época del ‘boom’ inmobiliario y de los pelotazos urbanísticos en la ciudad, propiciados por las recalificaciones de suelo, y que la Delegación de Urbanismo era el gran coto privado del PA en aquel gobierno de coalición, la acusación genérica y sin pruebas concretas lanzada por el alcalde-candidato fue clarísimamente interpretada por los electores como dirigida contra los andalucistas en exclusiva y pese a que Monteseirín era el máximo responsable del Ayuntamiento y de aquella coalición. La frase hizo fortuna y el PA se hundió en los comicios.

Algo más de un decenio después, no es sólo un departamento como entonces la Gerencia de Urbanismo el que está bajo sospecha, sino todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, después de que en el sumario de la operación Madeja la juez Alaya haya acusado a PSOE e IU de financiarse en Sevilla entre 2003 y 2011 mediante, supuestamente,  sobornos pagados por la empresa Fitonovo a cambio de adjudicaciones de contratos (entre uno y siete millones de euros el primero y 155.000 euros la segunda); de que el administrador de la compañía citara la supuesta petición de Gregorio Serrano, primer teniente de alcalde, de construir gratis un parque infantil valorado en 150.000 euros para el cuartel de Montequinto,  y de que el entonces jefe del Servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores, exigiera presuntamente 350.000 euros para sus técnicos y para financiar la campaña del PP, extremos que todos los señalados niegan con vehemencia.

HASTÍO DE LA SOCIEDAD

Pese a que en nuestro ordenamiento jurídico rige el derecho a la presunción de inocencia y a que la figura de la imputación equivale sólo a la de una investigación judicial que puede acabar en un procesamiento o ser levantada, como ha ocurrido hace unos días en el caso de varios imputados por la presunta venta fraudulenta de los suelos de Mercasevilla, el hastío de la sociedad por los reiterados escándalos de corrupción en toda España ha provocado la aplicación de una ‘política preventiva’ por parte de algunas formaciones a la hora de exigir la dimisión de los señalados por Alaya.

Y en este clima, la formación más perjudicada está siendo IU en el Ayuntamiento. Primero, porque la juez no ha imputado a ningún concejal ni cargo orgánico del PP, más allá del exedil y luego director del área de Medio Ambiente, Joaquín Peña -destituido de manera fulminante por Zoido-  y un técnico como el jefe del servicio de Parques y Jardines, Francisco Amores. Y segundo, porque el imputado del PSOE en la operación Madeja es Manuel Gómez Lobo, antiguo concejal de Vía Pública y responsable del distrito Macarena en la etapa de Monteseirín como alcalde pero que no volvió a formar parte de la lista electoral socialista tras la renovación acometida y el inicio de una nueva etapa con Juan Espadas, el cual ya pagó en las urnas los platos rotos por Monteseirín.

DIMISIÓN DE GARCÍA

Si IU es la que más está sufriendo las consecuencias de la operación Madeja es porque mantuvo a su vieja guardia tras haber gobernado ocho años en coalición con el PSOE, mediante la dupla Monteseirín-Torrijos, una era plagada de escándalos como el de Mercasevilla con sus diversas ramificaciones y que han acabado salpicándola de lleno.

El hasta ahora portavoz municipal de la coalición, José Manuel García, se ha visto obligado, tras los mensajes lanzados desde la dirección regional y federal, a presentar su dimisión al ser imputado por presunto fraude y cohecho en el caso Madeja. La juez le acusa, tanto a él como a Torrijos, de haber intervenido para que IU recibiera comisiones ilegales de Fitonovo por valor de 155.000 euros a cambio de la adjudicación de once contratos para la instalación de césped artificial en campos de fútbol en el gobierno anterior, cuando García era delegado de Deportes.

El problema añadido es que García había asumido la portavocía municipal tras la previa dimisión de Torrijos, que a su vez acumula tres imputaciones, por los casos Mercasevilla, Fundación DeSevilla y Madeja. Así pues, en tan sólo un año (de noviembre de 2013 a noviembre de 2014), el electorado sevillano ha asistido a la dimisión de dos portavoces de IU, Torrijos y García.

EL PEOR MOMENTO

Además, la otra edil de la coalición, Josefa Medrano, también tuvo problemas con la Justicia y llegó a sentarse en el banquillo de los acusados por el caso Foxá, aunque finalmente salió absuelta. Ahora pesa sobre ella la espada de Damocles de una posible investigación judicial sobre el ERE de Altadis, por el que recibió una póliza de prejubilación. Y en la lista electoral figura otro imputado, Carlos Vázquez, en el caso del presunto desvío de un millón de euros de la Fundación DeSevilla.

De los polvos de la era Monteseirín vienen ahora estos lodos en el peor momento para IU, cuando se ve sobrepasada por la izquierda por el auge de Podemos y por nuevos movimientos como Ganemos, con el que pretende un proceso de integración en función de cómo queden preservadas sus señas de identidad.

Se integre o no, IU se ve abocada a una profunda renovación a tan sólo seis meses de las elecciones municipales por no haber sabido o querido hacerla hace cuatro años, siguiendo el ejemplo del PSOE con Espadas.

La coalición siempre ha confiado en su suelo electoral, que en el peor de los casos (año 1991) no bajó de 19.000 votos y dos concejales, pero desde su mejor resultado al margen de las primeras elecciones democráticas en la Transición (1995, con 45.416 sufragios y cuatro ediles) ha perdido el 47% de los votos y la mitad de los concejales, con la agravante de que el voto de izquierdas se puede dispersar en nuevas alternativas que antes no existían.

La presunta vinculación de la coalición o de algunos de sus representantes con el escándalo Madeja de corrupción política puede suponer un golpe de gracia para una coalición sin banquillo y sin tiempo para fabricarlo, y teniendo en cuenta el precedente del PA, que pasó de 92.417 votos, 9 ediles y estar en el gobierno municipal  a verse fuera del Ayuntamiento en tal sólo un decenio, en una purga de sus pecados políticos.

IU, sencillamente, se está jugando la supervivencia en Sevilla.

 

Paciencia agotada

El delegado de Seguridad, Juan Bueno, ha reconocido que “todo lo que se ha hecho (contra las botellonas) no es suficiente; y Zoido ha declarado a raíz de las protestas de los desesperados vecinos de la Alfalfa que hará que “se cumplan las Ordenanzas”, en implícito reconocimiento a su vez de que aquéllas no se están cumpliendo, pese a que ésa es justamente su función como máxima autoridad.

En el gobierno municipal no ha habido más remedio, dada la evidencia y las grabaciones colgadas en Internet (véase, por ejemplo,  https://www.youtube.com/watch?v=32d9PhsERNc ) por la plataforma ‘Alfalfa Degradada’, que asumir que se ha producido una relajación en la lucha contra la movida nocturna y las ‘botellonas’ en plena vía pública, aunque tras ese ‘mea culpa’ inicial divulgó una serie de datos para justificarse.

Aparte de por la desastrosa gestión de la dupla Monteseirín-Torrijos, Zoido ganó las elecciones porque durante cuatro años se dedicó a patear la calle y, simultáneamente, a mantener una fuerte presencia en las redes sociales.

RELAJACIÓN

La movilización vecinal en la Alfalfa, liderada por una procuradora y por tanto miembro -en otra escala- de la carrera judicial al igual que Zoido, que es juez, ha servido para dejar en evidencia que el alcalde y su equipo han descuidado de manera notable esos dos factores que tanto coadyuvaron a la victoria por goleada en los anteriores comicios.

La complacencia parece instalada en el seno del equipo de gobierno, como prueba el hecho de que en un reciente Pleno se dedicó  a dar pábulo a un supuesto sondeo que dejaría a  Espadas con menos concejales que ahora. Sin embargo, creerse que todo el pescado está vendido puede ser un error fatal en política, máxime cuando aún quedan siete meses para la cita con las urnas y ya no dé tiempo de corregir cualquier imprevisto o fallo garrafal.

Recuérdese lo ocurrido en Alemania, donde hace unos años todas las encuestas pronosticaban la victoria del democristiano Edmund Stoiber frente al canciller socialdemócrata Gerhard Schroeder, pero se produjeron unas inundaciones y la gestión de la catástrofe por parte del canciller, frente a la pasividad de su rival a la hora de solidarizarse con los afectados, le dio la vuelta a los sondeos y Schroeder acabó ganando.

DESCONEXIÓN

Así que mientras los estrategas del PP contaban los concejales que va a perder Espadas, no se percataban de que a tan sólo unos centenares de metros de la Plaza Nueva, la Alfalfa y sus alrededores se poblaban cada noche de bebedores de alcohol que impedían el descanso de los vecinos. Y que éstos, hartos de cursar denuncias a la Policía Local sin resultado alguno, se aglutinaban en una plataforma que se dedicó a realizar grabaciones de la masa de gente y a colgar vídeos en Internet y narrar sus cuitas en las redes sociales, sin que tampoco esas señales de peligro para el Ayuntamiento fueran detectadas o se les diera mayor importancia por el equipo que Zoido tiene dedicado a Twitter, Facebook, Instagram y compañía.

Desconexión con  la calle y desconexión con lo que se cocía en las redes sociales, justo lo contrario de lo que ocurría anteriormente en las filas del gobierno, ésas fueron dos moralejas extraíbles del caso de la Alfalfa, a la que habría que unir una tercera: la tardanza en reaccionar, pese a que las protestas de los vecinos ya habían saltado desde Internet a las páginas de la prensa.

Sólo cuando por las previsiones de las agencias  el equipo de gobierno se enteró de que Espadas tenía concertada a las 11 de la mañana del día siguiente una reunión con los vecinos de la Alfalfa, se dispararon las alarmas políticas en la Casa Grande y se convocó una minicumbre de los departamentos implicados en el control de la movida dos horas antes de la que iba a mantener el líder de la oposición, en ese afán de proclamar que aquél siempre llega tarde en sus denuncias porque ya se ha previsto solucionar el problema denunciado. Esta vez, no obstante, con los vídeos de la plataforma ‘Alfalfa degradada’ circulando por Internet desde hacía días, era evidente que quien se había dormido en los laureles era el equipo de la mayoría absoluta, fiado a sus 20 concejales.

CULPAR A LOS ERASMUS

Tras la asunción pública en las primeras horas de los errores cometidos por no advertir el problema de la Alfalfa, el Consistorio intentó contrarrestar luego la imagen de desidia frente a la movida tirando del manual habitual: difusión de gran cantidad de datos sobre actuaciones  a lo largo del año (16.200). Pero la estadística sólo venía a demostrar su inutilidad, por cuanto esa cascada de números no había servido para contener ni erradicar las botellonas en pleno corazón de la ciudad.

La segunda línea defensiva consistió en culpar a los estudiantes extranjeros del programa Erasmus, con lo cual el problema se aquilataba en el tiempo a tan sólo los días previos y como si se tratase de un fenómeno puntual de carácter universitario. Sin embargo, entre la Hispalense (unos 1.700) y la UPO (705) suman unos 2.400 estudiantes extranjeros, y esa cantidad no podía explicar la muchedumbre que tomaba la Alfalfa y su entorno, más los restantes focos de movida dispersos por el Arenal, la Alameda, Los Remedios y el entorno del Parque.

Además, los reportajes publicados y los testimonios de los vecinos revelan que el problema no es de ayer, sino que se viene arrastrando desde al menos 2012. Por tanto, no se debe a la súbita llegada de los Erasmus por el inicio del nuevo curso. Ellos no lo han creado, aunque hayan contribuido a agravarlo.

ESCASOS POLICÍAS

La polémica sirvió para que se conociera que sólo durante el primer fin de semana de  octubre el teléfono de emergencias 112 recibió 434 denuncias sobre ingesta de alcohol y ruido en las calles, que fueron  comunicadas a la Policía Local en un tiempo máximo de dos minutos.

Para responder a esas 434 denuncias, el Ayuntamiento sólo tenía destacados once policías en tres furgones: uno para patrullar el Centro; otro, para Los Remedios, y el tercero, para el resto de la ciudad. Once policías en las noches del fin de semana para una urbe con más de 700.000 habitantes. La cifra se antoja manifiestamente insuficiente, ya que cada agente debería haber atendido una media de 39 denuncias.

Los vecinos denunciaban también el descontrol con los horarios de los bares, prácticamente abiertos durante toda la noche pese a que la Alfalfa está declarada zona acústicamente saturada. Y ello ocurría también en la Alameda, según las declaraciones de quienes allí residen: “No hay ningún bar de copas cerrado por el Ayuntamiento; somos los vecinos -afirmaban- los que provocamos los cierres. No sabemos cómo se siguen concediendo licencias. La única manera que hay para que el ocio y el descanso sean compatibles es cumpliendo las Ordenanzas”.

SUCEDÁNEO DE COMISIÓN

Curiosamente, ese diagnóstico coincide con el del alcalde, que ha insistido en la necesidad de cumplir las normas municipales, así que lo primero que planteó el Ayuntamiento fue adelantar la hora de cierre de los bares.  La idea fue desterrada en cuanto  se conoció la reacción negativa de la patronal de hostelería.

En esa tesitura se ha recurrido a la solución preconizada por Napoleón cuando no se sabe bien cómo actuar o se trata de diferir un problema: crear una comisión, en este caso una denominada mesa de diálogo con todas las partes implicadas y con el fin de hallar, según Juan Bueno, “un acuerdo de máximo consenso que busque el equilibrio entre el ocio, el negocio y el derecho al descanso de los vecinos”. Dicho de otro modo, el gobierno traslada la responsabilidad a los ‘agentes sociales’, antes que aplicar las Ordenanzas.

Otra decisión ha sido la de darles a los vecinos de la Alfalfa un teléfono directo de la Policía para que denuncien las aglomeraciones de la movida. Esta medida abunda en los errores cometidos hasta la fecha. El mensaje que se transmite es que como el Consistorio no pone en la calle suficientes policías para averiguar qué está ocurriendo y disuadir a quienes beben alcohol, se le encomienda la función de vigilantes supletorios a los vecinos. Estos denunciarán cuando la aglomeración ya se haya producido, con lo cual el riesgo de enfrentamiento con la Policía una vez se presente ésta será mucho más elevado.

120 SEGUNDOS

¿Necesita el gobierno municipal, cuya sede está a 300 metros de la Alfalfa, que los vecinos le avisen de las aglomeraciones de bebedores en la vía pública? ¿Es incapaz de verificarlas por sus propios medios? Y cuando lo haga, ¿no será ya demasiado tarde?

La medida de la línea telefónica directa no deja de tener su intencionalidad: transmitir la idea de que como el 112 no es eficaz, por eso se da un número alternativo mientras se reimplanta el 092, pero el 112 ya ha dejado constancia de que la Policía recibe los avisos en un máximo de 120 segundos. ¿Acaso va a reaccionar antes por que se la llame a otro número?

El equipo de Zoido parece no percatarse de que la clave no es la reacción en respuesta a un problema ya creado y sólo cuando el vecindario ha emprendido movilizaciones o ha llevado sus denuncias hasta las redes sociales, sino la prevención y la disuasión para evitar las concentraciones en la vía pública, lo cual le obliga a imponer el cumplimiento a rajatabla de las Ordenanzas, por más que les pese a los dueños de los bares, y a ordenar un mayor despliegue policial y no sólo once agentes para toda Sevilla.

El alcalde ha dicho que este problema “no se soluciona de la noche a la mañana”. O sea, lo mismo que dijeron los anteriores. Olvida que cuando era líder de la oposición prometió solucionarlo; que ha tenido 40 meses  para hacerlo y que no lo ha logrado, pero los vecinos de la Alfalfa, la Alameda, Los Remedios….. se han cansado de esperar porque su capacidad de aguante ya está más que agotada. Nadie puede reprocharles que hayan perdido la paciencia.

Tropiezo con los mismos árboles

Reza el adagio que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Tras la tala masiva de plataneros en la calle Almirante Lobo con el declarado fin de que se vea mejor la torre del Oro desde la Puerta de Jerez habrá que acuñar una variante y expresar que el político es el único animal que tropieza dos veces con el mismo árbol y que la sensación es aún peor cuando el tropiezo se produce en especie “ajena”, como le ha ocurrido a Zoido.

Y es que quien no aprende de la historia está condenado a repetirla. Zoido ha demostrado no haber aprendido, pese a haber estado en primera fila, del impopular error de Monteseirín de haber talado gran parte de la arboleda existente (plataneros, naranjos, falsas acacias…) desde la calle San Fernando a la Plaza Nueva para la construcción del tranvía y una peatonalización que sólo ha servido para llenar de más veladores la Avenida y crear un galimatías de usos entre mesas, sillas, paneles expositores, carril bici y vías del tranvía que no dejan apenas sitio al transeúnte.

 

El gobierno de Zoido no ha sabido calibrar la indignación popular que iba a provocar la tabla rasa de la treintena de plataneros, la mitad datados de la Expo del 29, de la calle Almirante Lobo y, como gato panza arriba, trata de defenderse esgrimiendo cada día un argumento distinto y derivando la responsabilidad política a los informes de los técnicos, como si sobre éstos no pesara la dependencia de la clase política a la que sirven.

En el catálogo de excusas municipales se ha leído que los árboles eran insalvables porque estaban podridos, llenos de oquedades y/o atacados por diversas enfermedades; que estaban dispuestos de manera caótica en la calle; que podrían derrumbarse sobre los operarios que trabajarían en la reurbanización; que las raíces se habían enroscado sobre las tuberías….

 

Hace más de un año, cuando el alcalde y su delegado de Urbanismo presentaron el proyecto de reurbanización (¿no había otras calles que necesitaran más el gasto cercano a los 900.000 euros?) de Almirante Lobo sólo dieron dos razones para acabar con los árboles: que estaban muy deteriorados y que ocultaban la visión de la torre del Oro.

A raíz de aquel anuncio acudí a la calle para inspeccionar los árboles uno por uno y a contrastar mis apreciaciones con expertos botánicos que sabían y saben más que yo. Mi conclusión, avalada por éstos, es que casi la mitad de la treintena de plataneros eran relativamente nuevos (entre 10 y 20 años) y estaban sanos y que el estado de la otra mitad era similar al del 80% de los plataneros de Sevilla pero salvables con un tratamiento adecuado, que podría alargar su vida durante medio siglo más.

Ahora, un año después y ya sobre el terreno y con los árboles cortados, esa misma impresión obtuvo Ecologistas en Acción cuando al verificar el argumento municipal de “oquedades y pudriciones en ramas principales” comprobó lo siguiente: “De los 27 árboles (más dos palmeras) incluidos en el ámbito de la reurbanización, sólo nueve muestran evidencias externas de ese tipo de lesiones. Muchos de los árboles más viejos (7 de 11) sí que se ven más o menos dañados y dos de los jóvenes también (aunque no sabemos si tanto como para justificar su tala), pero han metido en el mismo “saco de la tala” árboles que no manifiestan ningún daño, ni se les puede presumir dada su juventud y lozanía; hay seis que no superan ni los 25 cms. de diámetro….”

 

Tras talar los naranjos más exteriores de la Plaza Nueva y una hilera de plataneros para el tranvía, Monteseirín echó pestes en el transcurso de una comida contra este tipo de árboles, a modo de justificación de su actuación y usando el mismo argumentario de uno de esos informes redactados en Parques y Jardines durante su mandato, en el sentido de que no es una especie adecuada para Sevilla por ser proclive a la pudrición de su tronco y/o ramas, las alergias que provoca la lluvia de sus semillas al desperdigarse y los atoramientos de los husillos por la alfombra de sus hojas al desprenderse y el tiempo que tardan en descomponerse.

Pues bien, en el colmo de las contradicciones, su proyecto de reurbanización de la Puerta de Jerez concluyó con la siembra de dos hileras de plataneros en su extremo sur. Item más, posteriormente el gobierno de Monteseirín llenó de este tipo de árboles la avenida de Italia en vez de recurrir a los autóctonos almeces ya existentes en la colindante avenida de Grecia pese a lo que preconizaba el informe citado de Parques y Jardines.

Que, según opiniones, el platanero no sea el árbol más adecuado para Sevilla no debe significar, como ha hecho el Ayuntamiento en Almirante Lobo, que haya que hacer tabla rasa de los mismos de la noche a la mañana y sin intentar con tratamientos selvícolas salvar los salvables, que en algunos casos como en la calle de la polémica son casi centenarios. La tala debe ser la última medida, cuando se demuestre inevitable, pero no sistemática, como ha sido el caso que ha provocado la indignación ciudadana y sin repararse en que los argumentos dados para tratar de justificarla se volvían contra éste y anteriores gobiernos municipales por su deficiente gestión del patrimonio vegetal. ¿Quién si no el Consistorio es el encargado de que los árboles no se dispongan de forma supuestamente caótica y se cuiden en tiempo y forma para evitarles oquedades y pudriciones en tronco y ramas principales?

 

En su defensa, el delegado Vílchez afirma que gracias al macrocontrato de 48 millones de euros con empresas privadas para la conservación de zonas verdes se han realizado más podas en unos meses que hacía el gobierno de Monteseirín en un año. No se trata de una cuestión cuantitativa, sino cualitativa, un principio que ningún Ayuntamiento ha sabido comprender, hasta el punto de que en la Transición hubo que traer a un experto extranjero para que diera clases de poda a los jardineros municipales tras las protestas ciudadanas por las mutilaciones más que podas que practicaban a los árboles.

Como detalle revelador, Jacinto Martínez Gálvez, presidente de la Asociación Amigos de los Jardines de la Oliva, tuvo que disuadir a una cuadrilla al servicio del Ayuntamiento que trataba de hacer una poda masiva en pleno verano -la época menos adecuada- en su barrio, una más de tantas como han denunciado los ecologistas en los últimos años. Por tanto, no se trata de ni dejar de podar, porque hay situaciones en que las ramas constituyen un serio peligro (recuérdense los desprendimientos sobre la tapia del Alcázar desde los Jardines de Murillo o sobre el restaurante de La Raza), ni de batir records de poda, sino de podar lo justo y necesario. Pero, ¿quién controla el número y la oportunidad de las podas que practican las empresas privadas contratadas por el Ayuntamiento?

 

La polémica ha puesto de manifiesto el desmantelamiento que desde hace años (no viene de ahora) sufre el Servicio de Parques y Jardines (Comisiones Obreras cifra la merma de plantilla en un 40%) y su minusvaloración dentro del organigrama municipal, al ser convertido en un mero apéndice de Urbanismo, que está en sus antípodas, con lo que siempre primarán las obras proyectadas en ese Departamento sobre las zonas verdes.

Zoido, que tampoco ha creado el Central Park sevillano que prometió en su precampaña uniendo los jardines históricos, debería extraer conclusiones del ‘arboricidio’ de Almirante Lobo y tomar nota de lo que ha hecho Ana Botella en Madrid tras el desplome de árboles y/o ramas en la capital de España: crear un comité de expertos de prestigio e independientes (no de la misma cuerda política) para que al margen de partidismos dictaminara sobre el auténtico estado de los parques y jardines y diera las pautas a seguir.

En Sevilla, con tres universidades incluyendo la UIA, hay expertos que hasta han identificado los árboles que menos agua consumen o más oxígeno liberan, pero ese conocimiento botánico luego no se aplica en la ciudad. Habría que nombrar un Defensor de los Arboles como ya existe el de los Ciudadanos. Esperemos al menos que la de Almirante Lobo sea la última tala masiva en Sevilla y que no haya ningún alcalde más que tropiece con los mismos árboles… por tercera vez.

IU se quedó con las llaves

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha declarado tras devolver en horas 24 la presidenta de la Junta las competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento -a raíz de la crisis provocada por la corrala Utopía- que la actuación de este Departamento había sido completamente legal al ajustarse al Reglamento de Viviendas Protegidas y a la ley Antidesahucios de Andalucía. Sin embargo, la aplicación de esta última ley está suspendida por el Tribunal Constitucional después de que fuera recurrida por el Gobierno de Rajoy, por lo que IU invoca una norma que a todos los efectos es como si no existiera.

La primera dificultad, por tanto, para tratar de comprender las razones de PSOE e IU en el conflicto político desatado tras el desalojo y posterior reparto de llaves de viviendas protegidas a okupas de la corrala Utopía es ver el marco jurídico en que se produce y cómo lo interpreta cada socio del Gobierno andaluz para justificar su posición y presentarse como  vencedor en la disputa, aunque oficialmente mantengan que no ha habido ni vencedores ni vencidos: cada uno toma la parte del todo que le interesa, amparados en la selva de disposiciones sobre vivienda, suelo y urbanismo aprobadas en la historia reciente de Andalucía.

CORPUS LEGISLATIVO

Podríamos remontarnos a la ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que data del año 2005. Esta ley modificó tres anteriores, aprobadas entre 1995 y 2002 (incluida la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), pero a su vez fue modificada luego por cuatro leyes y dos decretos-leyes, que versaban, entre otros, sobre urbanismo, comercio interior, viviendas protegidas y suelo y función social de la vivienda.

Con cada nueva norma se introducen artículos nuevos, se deroga parte de los anteriores, se introducen modificaciones, se hace referencia sólo a una parte del corpus legislativo anterior y se sobreentiende que el resto sigue vigente….En esta maraña legal y administrativa, que sólo pueden desentrañar los iniciados en la materia, es fácil que el PSOE y sobre todo IU encuentren un resquicio para avalar sus tesis sobre la ilegalidad o la legalidad de las actuaciones en el caso de la corrala Utopía.

La cuestión clave a dilucidar es cómo funciona o debe funcionar el sistema de adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía. En este sentido, creemos que hay que remitirse al decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, y el decreto 1/2012, de 10 de enero, regulador de los Registros Municipales de Vivienda Protegida, que modifica y amplía el primero.

EL REGISTRO, CLAVE

En síntesis, estas normas establecen que todo andaluz que por sus circunstancias quiera acceder a una vivienda protegida deberá inscribirse en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Estos registros se consideran instrumentos básicos porque permiten conocer el número total de demandantes en cada municipio de Andalucía (y por extensión en toda la región) y el perfil de los solicitantes, para que así, coordinados por la Consejería responsable de la Junta, los ayuntamientos elaboren sus propios planes municipales de vivienda y suelo. Éstos comprobarán los datos de los solicitantes antes de inscribirlos en el Registro, así como la modificación y actualización de los mismos.

Tras los cambios introducidos por el decreto 1/2012, de 10 de enero, el artículo 13 especifica las excepciones a la obligación de adjudicar las viviendas mediante el Registro Municipal de Demandantes, pero siempre respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad (los Registros deberían tener carácter público) y concurrencia. Este artículo es clave porque es al que se agarra IU para justificar su proceder con la corrala Utopía. Estas son las excepciones que refleja:

1) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Sería el caso, por ejemplo, de los implicados en las operaciones de regeneración urbanística de Regiones Devastadas (Nuevo Amate) y Los Pajaritos, en Sevilla. Los desalojados de sus casas por las demoliciones previstas para rehabilitar esos barrios pueden saltarse el Registro Municipal o el orden en el que figuren en el mismo.

2) Familias en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

3) Adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

Según el Decreto, estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.

NÚMERO DE INSCRITOS

Aunque han circulado cifras diversas, los datos más recientes y verosímiles sobre la situación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en Sevilla al estallar la polémica por la corrala Utopía serían los siguientes: 12.352 personas/familias inscritas, de las que 800 necesitarían viviendas sociales de bajo precio y 388 estarían en un riesgo de exclusión social al menos similar al invocado como razón por los okupas de la corrala Utopía para dar la patada en la puerta del inmueble de Ibercaja en la Avenida Juventudes Musicales y ocuparlo ilegalmente durante casi dos años, hasta su desalojo policial por orden judicial y tras fracasar sus recursos ante la Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A raíz del desalojo policial y la acampada ante el Ayuntamiento, se inicia el baile de cifras. La Consejería de Fomento dice que son 22 las familias desalojadas (luego se hablará de 17), anuncia que cuenta con 6 viviendas disponibles para ofrecérselas y exige que el Ayuntamiento aporte 16 de las suyas para solucionar el problema. Ante la negativa del Consistorio a saltarse la lista de demandantes inscritos en el Registro, Fomento publicita la entrega de las llaves de diez viviendas a otros tantos okupas y el alquiler don fondos públicos de 12 viviendas en el mercado libre para los restantes.

LA ORDEN JUDICIAL

Para justificar su actuación, Fomento se ampara en la misma orden judicial de desalojo, en la que la juez obligaría a “proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Pero el texto del mandato judicial no obliga necesariamente a entregar una vivienda protegida a, ni mucho menos, todos los okupas y en detrimento de las 388 familias también en riesgo de exclusión e inscritas en el Registro, sino, por extensión, a proporcionarles un techo o, como se dice ahora, una solución habitacional. En este sentido, el Ayuntamiento había ofrecido durante las negociaciones con Fomento e Ibercaja desde hostales hasta el albergue municipal, soluciones que fueron rechazadas, quizás porque el objetivo de los okupas fue siempre conseguir la victoria que significaba la obtención de una vivienda, no de un alojamiento.

Y ese triunfo real, e incluso con mayor valor simbólico por el mensaje que transmitía a la opinión pública, es el que les otorgó la Consejería de Fomento con la entrega de llaves de las viviendas tras interpretar de esa forma el mandato judicial pero omitiendo que en el Registro de los 12.351 inscritos había 388 en igual situación que los okupas y con años de espera sin dar la patada a puerta alguna.

RETIRADA DE COMPETENCIAS

Susana Díaz, presuponiendo ilegalidad en la actuación, además de ordenar una investigación interna (de cuyos resultados nada se ha dicho, si es que se emprendió siquiera) reaccionó con un decreto por el que retiró las competencias en adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento. Hasta tal punto confunde la maraña legal de la Junta en materia de vivienda y urbanismo, que la presidenta invocó una norma y un artículo anticuados (decreto 149/2006, de 25 de julio y su artículo 12), superados por otro más reciente y que parecía ignorar (decreto 1/2012, de 10 de enero, artículo 13). Para justificar su decisión, Susana Díaz declaró: “Quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pase realmente mal”.

Veinticuatro horas después, sin embargo, y tras dos días de frenéticas negociaciones a todos los niveles entre PSOE e IU para evitar que el Gobierno de coalición saltase por los aires, la presidenta firmó otro decreto restituyendo las competencias a Fomento (IU).

El secretario de Organización del PSOE (A), Juan Cornejo, defiende la medida tras el pacto alcanzado entre los dos partidos, ya que en su opinión supone el cumplimiento de “la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados”.

SITUACIÓN REVERTIDA

Así pues, según la última versión oficial, de los 22 desalojados, 5 han renunciado a un alojamiento (¿dónde radicaban entonces las razones de urgencia y su riesgo de exclusión?), el de 9 ha sido suspendido (aunque IU sostiene por las redes sociales que sigue buscándoles una solución a cargo de la Junta) y 8 se quedan con las llaves de las casas hasta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento ratifiquen su situación y acrediten de forma fehaciente su riesgo de exclusión social.

El Consistorio ha comunicado que no ha recibido ninguna petición oficial de emitir nuevos informes y que de los desalojados de la corrala Utopía sólo dos estaban baremados para una vivienda social, pero en los puestos 100 y 122. De los otros seis no da noticia siquiera.

Por tanto, ocho okupas han conseguido de Fomento una vivienda gracias a su patada en la puerta, sin los previos (que no posteriores) informes sociales que exige la ley y saltándose a 100 excluidos que tenían por delante en el Registro, pese a lo cual Susana Díaz ha devuelto las competencias a la Consejería con la tesis socialista de que se ha restablecido la legalidad.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El Ayuntamiento exonera de la ITE a sus 400 edificios pese al texto de su propia Ordenanza

Alega que no va a fiscalizarse a sí mismo mientras

multa a los sevillanos con hasta 6.000 euros

 

Y que hace revisiones periódicas, que desmienten

el estado de Villa Encarnita y la estación del Prado

 

El artículo 1º de la Ordenanza obliga a “toda clase

de construcciones con independencia de su uso”

 

El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido a El Correo de Andalucía que, tal como publicó Viva Sevilla tras realizar un sondeo aleatorio en el Registro de la Gerencia de Urbanismo, sus 400 edificios no han pasado la Inspección Técnica (ITE), la misma que, sin embargo, el Consistorio exige al resto de Administraciones Públicas y a los sevillanos bajo amenaza de sanciones con hasta 6.000 euros.

El Ayuntamiento alega tres razones para eximirse de la obligación de someter a inspección técnica los inmuebles del patrimonio municipal:

1) El Gobierno local no se puede fiscalizar a sí mismo.

2) Sus edificios ya pasan revisiones periódicamente, “informes y pruebas incluso superiores a las que exigen las ITE” (Obsérvese que este punto ya contradice al anterior en caso de que fuera cierto).

3) Hay un equipo técnico específico en el área de Edificios Municipales y Patrimonio que se encarga de realizar estos análisis, y las entidades locales tienen una normativa específica relativa a la conservación de sus bienes.

Se da la circunstancia de que la nueva Ordenanza reguladora de la ITE fue aprobada por el gobierno de Zoido tras derogar la que estaba vigente desde los tiempos de Monteseirín. El nuevo texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 de noviembre de 2011 y estipula en su artículo 1.2 lo siguiente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

Por tanto, queda claro que en la Ordenanza no se establece ninguna exención para los 400 edificios del patrimonio municipal, que estarían tan obligados como los inmuebles de los sevillanos y de cualquier Administración Pública, como bien se ha encargado el Consistorio de recordarle a la Junta en el caso de las Atarazanas. Si no fuera así, no tendrían abierta una ficha en el Registro Público de las Inspecciones Técnicas y no aparecería el mercado del Arenal con la ITE pasada como excepción que confirma la regla.

La afirmación de que los edificios propiedad del Consistorio no necesitan someterse a la ITE porque son revisados aparte de forma periódica tampoco se ajusta a la realidad. Sin ir más lejos, en la página siguiente a la de la información citada, El Correo de Andalucía informa de que el Registro General de la calle Pajaritos se mudará de forma inminente a una zona de la estación del Prado de San Sebastián que ha necesitado dos meses de obras, por valor de 58.695 euros, ya que “el inmueble se encontraba, según los informes previos, en mal estado por su falta de mantenimiento….”.

Otra prueba más que desmiente la excusa municipal sobre que sus edificios no necesitan pasar la ITE porque están perfectamente gracias a las revisiones periódicas a que son sometidos es Villa Encarnita. El Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivienda remitió al Consejo de la Gerencia el expediente 37/2013 PAT, de fecha 9 de octubre de 2013, para justificar la salida a subasta del inmueble del barrio de Nervión y afirmaba que había que “poner (lo) en el mercado cuanto antes a fin de acometer su rehabilitación o su demolición y nueva planta, a la vista del estado de conservación en el que se encuentra la construcción y a fin de evitar el coste económico que supone la adopción de medidas periódicas para su mantenimiento y seguridad….”.

O sea, que la subasta tenía justamente el fin contrario de lo que predica el Ayuntamiento: no gastar en revisiones periódicas, las cuales tampoco se han acometido dado el estado de conservación del inmueble. Las fichas técnicas de los 400 edificios municipales figuran en blanco en el Registro de la ITE (la excepción de momento es el mercado del Arenal) y Urbanismo tampoco ha acreditado cuándo han sido sometidos a esas supuestas revisiones periódicas que han brillado por su ausencia en la estación de autobuses del Prado y en Villa Encarnita.

Entre la realidad y el deseo

El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este

La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.

Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.

En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.

ANULACIÓN

Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.

En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?

La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.

Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.

COMPENSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.

Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.

EN BLANCO

Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.

A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San Sebastián y la plaza de San Martín de Porres;  la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.

En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.

REHABILITACIÓN

En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.

En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con  financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.

 

Torrijos: una dimisión que llega dos años tarde

Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento  de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.


Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado-  de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.

EMPUJADO

Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:

1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.

2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.

3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro  para  la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.

4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.

PERVERSIÓN POLÍTICA

Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.

Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.

CONTRADICCIONES

En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.

Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.

Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.

UN PRECEDENTE

¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.

El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.

El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.

El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.

Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.

CONDENA PREVIA

Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.

Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.

Dinero ‘de’ los mineros acabó en la póliza por el ERE del Grupo Joly

Por si no estuviera enrevesado el escándalo de los EREs que investiga la juez Mercedes Alaya y en cuyo sumario se hallan incluidas las ‘ayudas sociolaborales’ otorgadas con cargo al denominado ‘fondo de reptiles’ de la Junta de Andalucía a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, la cadena de periódicos Viva está publicando una serie de revelaciones al respecto, entre ellas la sorprendente información de que el exdirector general de Trabajo del Gobierno autonómico, Francisco Javier Guerrero, detrajo 300.000 euros que se habían librado para la asociación de mineros onubenses para trasvasarlos a los despedidos por el Grupo Joly.

Los enlaces a estas informaciones son los siguientes:

http://andaluciainformacion.es/sevilla/349642/el-fondo-de-reptiles-de-guerrero-financio-un-ere-del-grupo-joly/

http://andaluciainformacion.es/sevilla/350006/el-primer-plazo-del-ere-de-joly-salio-de-la-faja-piritica/

http://andaluciainformacion.es/sevilla/350338/la-jueza-alaya-ha-incluido-ya-en-el-sumario-de-los-ere-el-de-joly/