Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.
El 23 de mayo, el director-gerente de Emvisesa, Miguel Contreras Manrique, presentó ante la Comisión Ejecutiva de la sociedad, que lo aprobó al final de su reunión, un Código Ético interno “dirigido a todos los directivos y empleados de la empresa, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o posición jerárquica que ocupe en el organigrama de la compañía” (artículo III), por lo que también debe someterse al mismo el propio presidente de la empresa, que no es otro que Juan Ignacio Zoido.
Sin embargo, durante la tramitación del convenio de colaboración acordado entre Zoido y Guillén, la Intervención del Ayuntamiento detectó que la Agencia Tributaria Municipal tomó como referencia de la deuda reconocida la cantidad de 1.350.571,08 euros, es decir 45.003,90 euros menos de la cuenta. Asimismo, detectó que la Agencia Tributaria no aplicó los debidos recargos a la hora de calcular la quita del 50% emanada del convenio judicial y que en vez de trabajar sobre una base de 456.388,03 euros había estimado otra inferior, siempre favorable al Betis, por valor de 377.443,20 euros. La diferencia, pues, era de 78.944,83 euros en este sentido.
Además de otorgar estas extraordinarias facilidades de pago sin recargo alguno, que el Ayuntamiento atribuye a las exigencias del convenio judicial y no a una decisión propia, Zoido se ha comprometido con Guillén en el convenio a comprarle al Betis “determinados servicios y recursos”, que se concretarán a principios de cada año, por valor de 170.000 euros anuales desde 2013 hasta 2016, con lo que el Ayuntamiento desembolsará al Betis un total de 680.000 euros.
En la Biblia, el número 4 simboliza el mundo, ya que cuatro son los puntos cardinales. Los ‘cuatro golfos’ de que habla el PSOE habrían sucumbido, pues, a las tentaciones mundanas, una de las enemigas del alma junto con el demonio y la carne.
Transcurrido ese periodo, pidió su reincorporación a la Fundación. Como le ponían trabas, Monteseirín forzó los plazos y sólo cuatro días después de que el PSOE perdiera las elecciones municipales de mayo de 2011 exigió al gerente que readmitiera a su protegido. Este fue recolocado con un salario de 35.000 euros y adscrito a la Asesoría Jurídica. No obstante, tras la llegada de Zoido a la Alcaldía, Castaño fue despedido a los cuatro meses.
O sea, que si no llega a ser por la invitación turística cursada por Teresa Jiménez Becerril y Jaime Mayor Oreja en la sede del Parlamento Europeo, Zoido no habría tomado la iniciativa de viajar a Bruselas para enterarse de cómo se reparten los dineros en y de la UE y cuáles son los proyectos prioritarios según qué épocas.
las dependencias del distrito Triana un sobre con información general de la empresa adjudicataria de los talleres del mismo, pero no el resto de la documentación, la cual podría probar casos de enchufismo como los que en su día denunció el Grupo Socialista y que obligaron a Zoido a forzar la dimisión de cinco enchufados que eran familiares de concejales del PP.
Estas cinco salidas no fueron consideradas suficientes por el PSOE, que decía haber detectado una treintena de ‘enchufados’, por lo que exigió a Zoido el acceso a todos los expedientes, para analizar quiénes eran los beneficiarios de los mismos. Tras la negativa recibida, pese a las promesas de ‘luces y taquígrafos’ tan reiteradamente proclamadas por el alcalde, el grupo municipal Socialista interpuso a finales de julio de 2012 un recurso contencioso administrativo, que fue admitido a trámite.
Jurídicamente, pues, García Camacho se habría convertido en lo que se denomina ‘nudo propietario’, esto es, dueño de una vivienda de la que no podía disfrutar al no tener ya su posesión por haberla cedido a su exmujer. Sería el mismo caso que el del propietario que alquila un piso: tiene la nuda propiedad, pero el derecho a disfrutarlo lo tiene el inquilino.
Si la juez Alaya ha puesto de moda el término ‘sobrecomisiones’ con los ERE, mucho antes Monteseirín puso el de ‘sobrecostes’. Alfredo era como Atila: obra en la que pensaba, obra que dejaba esquilmada las arcas públicas. Con él nunca crecían los brotes verdes, porque dejaba a su paso un desierto presupuestario y una montaña de deudas a sus sucesores. Sus faraónicas ‘Setas’ se presupuestaron en 51,2 millones y se terminaron con varios años de retraso y a un ‘sobrecoste’ similar, para dispararse hasta los 100 y pico de millones de euros. En vez de indemnizar a Sevilla por la demora y la desviación presupuestaria, Sacyr quiere cobrarse el triple de lo estipulado por el alquiler de las oficinas de la Hacienda municipal, a cuenta de otro ‘sobrecoste’ pactado verbalmente por Monteseirín con tal de que le acabaran su pirámide particular y le diera tiempo a inaugurarla antes de las elecciones. Zoido hace perfectamente al negarse a pagar contratos sin papeles. Una cosa es asumir la herencia del mandato anterior y otra muy distinta, las facturas debajo de las alfombras.
Zoido se ganó el aplauso fácil de la claque de los asentamientos ilegales que, al reclamo de su llamada, acudió al salón de Plenos cuando aquél anunció que nadie pagará las multas impuestas por Urbanismo a un número indeterminado de vecinos y que oscilan entre los 18.000 y los 90.000 euros. El anuncio del alcalde-juez de que a partir de ahora hay barra libre con las multas es para llevarlo de forma permanente en la cartera a fin de mostrarlo cuando haya menester. Si los residentes en El Gordillo, Vista Hermosa y Camino de los Rojas son amnistiados por Zoido, ¿por qué deben pagar una sanción los dueños de los bares que ponen más veladores de la cuenta, los gorrillas de Bami, los jóvenes de las botellonas y los automovilistas que paran un momentito en doble fila a hacer un mandado, colectivos a los que el alcalde aplica todo el peso de la norma? A partir de ahora, cuando los agentes de la (dejación de) Autoridad traten de imponer nuevas multas, cualquier sevillano puede invocar el anuncio de Zoido en el Pleno: todos iguales ante la ilegalidad, ya que no ante la ley.
Decía Agnelli, patrón de la Fiat, que el peatón que se sube a un coche ya no piensa como peatón, sino como conductor. La metamorfosis de Zoido es de similar naturaleza: desde que se subió al carro de la política ya no piensa como lo que fue, un juez que aplicaba las normas conforme al adagio ‘dura lex, sed lex’ (la ley es dura, pero es la ley), sino como un político a la caza de votos con el populismo por bandera.
Aunque trocó el texto de facultar al delegado de Urbanismo a ejecutar el contenido de un proyectado acuerdo a que aquél estudiara sólo la posibilidad de aplicarlo, el sentido de la iniciativa no dejaba de ser el mismo. El grupo de Zoido realiza una interpretación ‘sui generis’ del Decreto 2/2012, de 10 de enero, por el que la Junta, que pese a tener las competencias desde hace 30 años y teledetección espacial vigilando el territorio hizo la vista gorda ante los miles de viviendas y urbanizaciones levantadas ilegalmente sobre suelo no urbanizable (rústico), trataba de regularizar esta trama surgida en plan salvaje Oeste.
Ignora que la Audiencia Provincial dictó en febrero una sentencia según la cual todas las viviendas ilegales construidas en suelo no urbanizable de la provincia deben ser demolidas pese a que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un intento de reclasificación del suelo basándose en el Decreto de la Junta que trata de regular la situación de las edificaciones erigidas en suelo no urbanizable, ya que “no legaliza las edificaciones surgidas contra el ordenamiento urbanístico”.
Tras la declaración judicial del ex-edil piquetero, Carlos Vázquez, sobre el cuasi millón de euros de la Fundación DeSevilla en paradero más desconocido que el ex-espía de la NSA Edward Snowden, los sevillanos deben estarle agradecidos de que no les pasara la gorra para que contribuyeran con más aportaciones a tapar el agujero, al contrario de lo que les ocurrió a los militantes de IU, obligados a desembolsar 34.000 euros de sus bolsillos con que cubrir la falta de fondos para dotar unas becas comprometidas con los saharauis, aunque luego se los devolviera de forma tan heterodoxa como todo lo relacionado con la Fundación, la cual nos remite a Asimov. Vázquez, que como es natural en estos casos perjura que nunca se enteró de nada y le larga el muerto a Adán, Torrijos y hasta a Eva si le sirviera como coartada, testificó que Monteseirín, pese a ser el teórico máximo responsable, nunca acudió a reunión alguna de los órganos rectores. Conociendo a Alfredo, probablemente sería porque, al contrario que en las empresas municipales, allí no habría dietas que trincar.