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El ‘dragado’ ferroviario

El dragado del río acumula en un año el rechazo de la Unesco, el Supremo y la UE

Con sólo invertir en una terminal ferroviaria el puerto abarataría el transporte en un 30%

 

La Comisión Europea envió en vísperas de la Semana Santa al Gobierno de España un dictamen motivado por considerar que no ha examinado con detalle, tal como exigen las normas de la UE, el impacto ecológico del proyecto de dragado del Guadalquivir en los espacios protegidos cercanos, especialmente en Doñana.

El Tratado de la UE, revisado el 1 de enero de 2013, especifica en su artículo 258 que “si la Comisión estima que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, emitirá un dictamen motivado al respecto, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones”.

Se deduce, pues, que previamente el Gobierno de España ha tenido la posibilidad de presentar sus observaciones en defensa del dragado que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla pero que han sido desestimadas por la Comisión

La fase siguiente que ahora se abre la marca el segundo párrafo del artículo citado, que dispone al respecto: “Si el Estado de que se trate no se atuviese a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión, ésta podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El plazo dado a España para adoptar medidas sobre el dragado es de dos meses, por lo que expiraría el 26 de mayo, tan sólo dos días después de celebradas las elecciones municipales.

EL ESTUDIO DEL CSIC

La Comisión basa su dictamen motivado en el estudio sobre el estuario del Guadalquivir realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidades andaluzas, los cuales llegaban a la conclusión de que el río está agonizando ecológicamente y de que acometer un dragado de tal calibre en sus actuales condiciones sería totalmente contraproducente. Preconizaban una Autoridad Única que coordinara y/o ejecutara una serie de actuaciones de recuperación del Guadalquivir, sólo tras la cual se podrían reevaluar los efectos de lo que podría ser otro dragado muy distinto del que ahora promueve la Autoridad Portuaria, sin una visión integral de todas las funciones que cumple el río y considerándolo únicamente como una autovía fluvial para el transporte de mercancías.

Este estudio científico es el mismo que ha citado recientemente el Tribunal Supremo en su sentencia contraria a la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, y también el que motivó el año pasado una resolución del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco en la que advertía al Gobierno de España que “los valores excepcionales por los que Doñana fue declarada Patrimonio de la Humanidad están en riesgo por las muchas presiones a las que está sometido el espacio natural”.

Por tanto, el proyecto de dragado de profundización acumula en un solo año dos reveses internacionales que comprometen el prestigio de España (por parte de la Unesco y de la Unión Europea) y un fallo judicial en contra del organismo jurídico más importante de nuestro país después del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo.

REACCIÓN DEL PUERTO

La resolución de la Unesco, el dictamen motivado de la Comisión Europea y la sentencia del Supremo apuntan a la misma cuestión de fondo: el dragado no debe acometerse mientras no se cumplan las recomendaciones del estudio científico en el sentido de recuperar primero el río ecológicamente , una recuperación que precisa de años de aplicación de medidas concretas para evaluar sus efectos y que por tanto no va a producirse en los dos meses de plazo que Bruselas ha dado a España.

Ante estos reveses, la Autoridad Portuaria ha reaccionado de dos formas: una irreal y otra realista. La irreal es seguir empecinándose en ejecutar el dragado anunciando que volverá a pedir financiación para su proyecto el año que viene a la Unión Europea, el mismo organismo que en el dictamen motivado emitido por su brazo ejecutivo, la Comisión,  dice que “el dragado del canal de navegación tendría efectos negativos graves sobre la forma del estuario y su biodiversidad, que repercutirían sobre los sitios naturales protegidos”.

La Autoridad Portuaria debería adherirse al Plan de acción coordinado recomendado por los científicos y trabajar al alimón con el resto de implicados en la mejora del río (puertos, arroceros, pescadores, pueblos ribereños, ecologistas, Consejo de Participación de Doñana, CSIC…), ya que de esta recuperación del Guadalquivir depende de que pueda ejecutar un dragado de profundización, aunque probablemente en otras condiciones. Cuanto más se dilate en dar ese paso, más tiempo transcurrirá  sin que pueda realizarlo, y ya lleva así diez años.

REPROGRAMACIÓN

Como a la fuerza ahorcan, la decisión realista ha venido motivada al ver que tras la sentencia del Supremo corría el riesgo, antes incluso de conocerse el dictamen motivado de la Comisión Europea, de quedarse sin los fondos de Bruselas para el dragado…. que Bruselas cuestiona.

A nueve meses del final del año, la Autoridad Portuaria ha reprogramado su plan de inversiones para destinar los 37,5 millones de euros de los fondos Feder de la UE a otras obras antes del 31 de diciembre y que cabe preguntarse cómo no se han acometido en todos estos años. Por ejemplo, la duplicación de la carretera de la esclusa, que puede llegar a soportar el paso de 4.000 camiones. O la mejora de la terminal de cruceros, el turismo de mayor poder adquisitivo y en el que aún estamos en mantillas. O la mejora del muelle Norte, sin remozar desde hace casi medio siglo…

Veamos un caso sintomático: la Autoridad Portuaria quiere destinar 14 millones de euros a cerrar el anillo interior de comunicaciones y ampliar la terminal ferroviaria para que entren trenes de 750 metros en vez de los actuales de 450. El de Sevilla es ya el cuarto puerto de España en tráfico de mercancías por ferrocarril y el noveno en tráfico de contenedores por barco. En 2013 llegaron al puerto 1.018 trenes con un total de 22.395 vagones y que pudieron transportar unas 400.000 toneladas de mercancías en números redondos.

Si esos mismos trenes hubieran medido 750 metros, su capacidad de transporte se habría incrementado en un 66% y habrían transportado 685.000 toneladas en vez de 400.000. Si según los cálculos de la Autoridad Portuaria con un tren de 750 metros se reduce en un 30% el coste del transporte de mercancías, imagínese la rentabilidad que obtendría el puerto con una parte de la inversión de 14 millones de euros para que puedan entrar ese tipo de trenes.

De lo cual se infiere que casi tan importante como el dragado del río es este otro ‘dragado’, el ferroviario, mucho más barato que el fluvial, que multiplica el potencial de nuestro puerto y que además no suscita oposición alguna.

El accidente de la calle Betis

La oposición municipal exige responsabilidades políticas al delegado del distrito Triana, Francisco Pérez, y al de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, por considerar que la muerte de la joven estudiante polaca, tras precipitarse al vacío desde el poyete de la calle Betis cuando se hacía un ‘selfie’ o captaba imágenes del puente de Triana con su móvil o una cámara, se podría haber evitado si el Ayuntamiento hubiese atendido los requerimientos de los vecinos y de la Policía Local.

La afirmación de que el accidente se podría haber evitado es una hipótesis que nunca podrá demostrarse. Habría dependido de dos factores: la forma de actuar de la joven (no se ha aclarado todavía si se subió al poyete o al pretil, si sufrió un mareo o dio un traspiés, si se colocó de espaldas o frente al puente…) y la (s) medida (s) que pudiera haber adoptado el Consistorio o la Administración competente, otra cuestión que no ha quedado clara porque como suele ocurrir cuando acaece una tragedia, que todos lamentamos, las Administraciones Públicas se tiran la pelota unas a otras para tratar de justificar su inacción.

JUNGLA ADMINISTRATIVA

Así, el Ayuntamiento sostiene que su competencia se limita al espacio comprendido entre la mitad de la calle y las viviendas, mientras que la otra mitad, más el poyete y el muro del Altozano,  corresponderían a Patrimonio del Estado. Item más, como el puente de Triana es un Bien de Interés Cultural que goza de protección integral y de una franja de respeto de 50 metros a su alrededor (en la que estaría comprendido el punto donde se produjo el accidente), nada habría podido hacerse sin el permiso de la Junta de Andalucía y de la Autoridad Portuaria. Esta se ha defendido alegando que sólo es competente sobre la lámina de agua, y tanto el Gobierno andaluz como Patrimonio del Estado niegan que en algún momento se les haya consultado o solicitado permiso para haber adoptado alguna medida cautelar.

Para rizar el rizo, el alcalde ha afirmado que al tratarse del área de respeto del puente, un BIC, el Ayuntamiento no puede modificar el pretil con ningún elemento de protección añadida que altere tanto su fisonomía como la perspectiva y visión del mismo, por lo que la única actuación factible hasta este momento ha consistido en incrementar de dos a siete el número de carteles de metacrilato adosados al respaldo del poyete y con la leyenda ‘es peligroso subirse y sentarse en el respaldo’.

Esta aseveración también es cuestionada desde la Junta de Andalucía con el argumento de que hay que anteponer la seguridad de las personas a cualquier otra consideración, pero que para poder pronunciarse al respecto necesita que se presente un proyecto de intervención a la Consejería de Cultura, el cual tampoco existe.

DE BANCO A POYETE

Hasta donde me alcanza la memoria, el banco de piedra corrido a lo largo de parte de la calle Betis ha existido desde hace decenios, aprovechando como respaldo la parte superior del muro del Altozano, sin que nunca, que yo recuerde, se produjera un accidente similar al sufrido por la joven polaca. Cierto es que a consecuencia de las sucesivas obras y reformas realizadas en la calle, el nivel del suelo se ha ido elevando hasta reducir de forma acusada la altura del banco de piedra, por lo que ahora ya es muy difícil sentarse en el mismo con las piernas en ángulo recto.

El lenguaje también refleja esta evolución, ya que en el habla andaluza la palabra poyete se usa para denominar a un banco de menor tamaño. Ahora, el banco de piedra emerge tan sólo unos 20 centímetros del nivel de la calle, pero ello no quiere decir que anteriormente, con su altura original (un banco no es demasiado elevado) no resultase fácil subirse al mismo  y al pretil y colocarse en situación de riesgo, como presuntamente le habría ocurrido a la estudiante polaca.

La persona que pasee normalmente por la calle y respete la separación del pretil que impone la anchura del banco, más la altura de aquél ( siempre ha sido la misma, unos escasos 50 centímetros), no se pone en situación de riesgo y al mismo tiempo puede disfrutar del paisaje del río y de la visión del puente y de la otra orilla.

INFORTUNIO

Para precipitarse al vacío desde 7 metros de altura, con la mala fortuna de impactar con la cabeza contra el mínimo muelle existente al pie de la zapata, la estudiante polaca debió de subirse, presuntamente, al banco y/o al pretil, pese a las advertencias de peligro en los carteles.

Por tanto, no cabría exigirle al Ayuntamiento responsabilidad política por una conducta ajena presuntamente imprudente y contra el sentido común, y de cuyo riesgo se alerta en siete carteles a lo largo del pretil. Como reza el adagio jurídico, el causante de la causa es el causante del mal causado. En este caso, está claro que quien se colocó en situación de riesgo de caer fue la desafortunada joven polaca, la causante de la causa.

MAYOR PELIGRO

Ahora bien, desde la realización de las reformas urbanísticas en la calle, la elevación del nivel del suelo y la paralela disminución de la altura del banco de piedra hasta quedar reducido a un mero poyete, se ha incrementado la percepción de peligro, porque ahora es más fácil que antes subirse al banco y al pretil o asomarse desde éste al río.

Esa percepción de peligro aumentado es la que trasladaron al Ayuntamiento tanto los vecinos, en mayo de 2012 (reunión del Consejo de Participación Ciudadana) y en junio de 2013 (Junta Municipal de Distrito), como la Policía Local (enero de 2013 y abril de 2014), ésta en sendos informes remitidos a la Gerencia de Urbanismo.

Y aquí es donde ya empiezan las contradicciones municipales, porque el delegado de Triana, Francisco Pérez, ha asegurado que fue él mismo el que dio traslado a la Delegación de Urbanismo de un acuerdo adoptado por unanimidad en la Junta de Distrito para que mejorara de alguna manera la seguridad del pretil y se aminorara el riesgo de caídas, un extremo que funcionarios de la Gerencia de Urbanismo han negado. Lo único que éstos reconocen es la recepción de los informes de la Policía Local, a raíz de los cuales -y no por la petición de los vecinos, tramitada supuestamente a través del Distrito- se habría incrementado el número de carteles de aviso de peligro de dos a siete.

Por tanto, si funcionarios de Urbanismo han dejado en evidencia los asertos del delegado de Triana, entonces sí cabría exigir responsabilidades políticas a Francisco Pérez, porque en tal caso habría mantenido una versión no acorde con la realidad y habría incumplido tanto los acuerdos de la Junta de Distrito como el mandato de Zoido de primar la participación ciudadana, unos ciudadanos que habrían tenido como respuesta a sus inquietudes la inhibición municipal.

 

Conflicto de poder

Los medios de comunicación han interpretado que con la publicación, el sábado 25 de octubre, de una nueva Orden en el BOE el Ministerio de Hacienda ha corregido el error que cometió el 28 de julio, cuando dejó fuera del consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, una omisión señalada en aquel entonces por Viva Sevilla y que ha tenido como consecuencia el bloqueo del futuro recinto aduanero durante estos tres meses.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ayuntamiento dejaron correr la especie de que aquella omisión se había debido a un error u olvido involuntario, el cual sería subsanado de inmediato con la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial.

En el BOE se han registrado numerosos casos de correcciones de errores, admitidos como tales y resueltos en el plazo de 24 horas o de a lo sumo unos días. ¿Es normal que se haya tardado tres meses en publicar una nueva Orden ministerial para incluir en el consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio?

No parece normal, máxime si se trata de la promesa-estrella de Zoido para su mandato como alcalde, luego debe haber algo más.

UNA COARTADA

¿Y si no se trató realmente de un error? ¿Y si el ‘error’ no fue más que una coartada para encubrir un conflicto de poder?

Vamos a retrotraernos a finales de julio y ver los actos programados para aquellas fechas.

El 29 de julio, martes, estaba convocado un Pleno municipal extraordinario para debatir sobre el estado de la ciudad antes de las vacaciones de verano, probablemente el último debate global previo a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en primavera. Zoido no podía llegar a ese Pleno con las manos vacías en el sentido de que más de tres años después de su investidura como alcalde su proyecto-estrella, la creación de una Zona Franca en el puerto, seguía sin visos de materializarse por falta de andamiaje jurídico, que dependía del Ministerio de Hacienda.

Así pues, el alcalde precisaba con urgencia que el ministro Montoro publicase en el BOE la Orden ministerial que permitiera activar la tramitación administrativa de un proyecto que él había presentado como vital para el futuro de la ciudad y como generador de miles de empleos.

ACTO EMPRESARIAL

El acuerdo ya habría sido pactado con el ministro, hasta el punto de que para la víspera del Pleno municipal, el lunes 28 de julio, los dos iban a comparecer en un acto en el Real Alcázar al que se había invitado a 200 empresarios sevillanos para presentarles conjuntamente la Orden ministerial que días antes o en esa misma fecha, en último extremo, iba a aparecer en el BOE para dar luz verde a la Zona Franca de Sevilla.

Esa Orden era la HAP/1358/2014, de 25 de julio (datada el viernes previo), por la que se autorizaba la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprobaban sus estatutos. Podría haberse publicado el sábado 26 de julio, pero no aparece en el BOE hasta el lunes 28, justo el mismo día en que Montoro viajó a Sevilla a anunciar la buena nueva conjuntamente con Zoido a los empresarios convocados al Alcázar, unos empresarios entre  los que a partir de ese momento empieza a  correrse la voz de que el ministro ha dejado fuera a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio.

El olvido aparente se presenta como error subsanable pero la Orden cumple el objetivo político de salvarle la cara al alcalde durante el Pleno del debate sobre el estado de la ciudad, en que la oposición no puede ya reprocharle el fracaso en su proyecto-estrella porque Zoido puede enseñar el BOE, aunque la tramitación administrativa y jurídica se dilate durante un tiempo, un tiempo que nadie podría imaginar se prolongaría durante tres meses.

COMPARACIÓN

Si se compara la Orden de la supuesta corrección de errores, publicada en el BOE el pasado sábado (25 de octubre), con la original del 28 de julio y analizamos los ‘errores’ corregidos podemos llegar a algunas interesantes conclusiones.

Se modifica el artículo 2 para incluir en el consorcio a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio, que no figuraban en la Orden del 28 de julio.

Bien, pero la clave radica en la modificación del artículo 10, sobre la composición del pleno del consorcio, que ahora queda integrado por: el alcalde; tres representantes del Ayuntamiento elegidos entre concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local; el delegado especial del Gobierno, nombrado por Hacienda; el delegado regional de Aduanas; tres representantes de la Autoridad Portuaria y uno de la Cámara de Comercio (hay también un secretario, con voz pero sin voto, salvo que actúe como tal uno de los anteriores). En total hay 10 miembros (sin contar al secretario).

En la Orden original, la del 28 de julio, sólo había 5: el alcalde, dos concejales y los dos delegados por parte del Estado. Vemos que, aparte de la inclusión de los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara, el Ayuntamiento tiene ahora uno más que antes: cuatro de un total de diez.

OLVIDO REVELADOR

Volvamos a la Orden original, la del 28 de julio, artículo 11. Reza así: “El Consorcio podrá en cualquier momento, mediante acuerdo del Pleno y con al menos nueve votos favorables, proponer la modificación de la forma de representación de las entidades…..”.

¿Nueve votos? ¡Pero si en el artículo 10 sólo aparecen como miembros del Pleno cinco personas: el alcalde, dos concejales y dos delegados del Estado! ¿Cómo se va a adoptar un acuerdo por 9 votos cuando hay sólo 5 posibles?

Saldrían nueve votos si hubiesen aparecido en el artículo anterior como miembros del consorcio los tres representantes de la Autoridad Portuaria y el de la Cámara de Comercio, y por eso en el artículo 11 se habla de 9 votos y no de 5.

¿Qué pudo haber ocurrido? Recordemos: la Orden se redactó un viernes y el acto de presentación de Montoro y Zoido ante los empresarios había sido convocado para el lunes siguiente. Verosímilmente, el Ayuntamiento, que conoció el texto previamente, no estaba dispuesto a quedar en pie de igualdad con la Autoridad Portuaria (tres representantes cada uno), pese a ser ésta la dueña de los terrenos de la Zona Franca. Ese rechazo obligaba a cambiarlo todo, pero con un fin de semana por medio y con los actos programados para el lunes y el Pleno municipal para el martes ya no daba tiempo a rehacer en profundidad la Orden ministerial antes de publicarla tal como estaba redactada.

SOLUCIÓN

La solución de emergencia habría consistido en eliminar de un plumazo la parte final del artículo 10 (donde figuraban los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio), pero con las prisas se olvidaron de corregir la discordancia reveladora de los 9 votos a que hacía referencia el artículo siguiente.

Y para salvar la situación, cuando la omisión fue descubierta se presentó como un error u olvido lo que en realidad era un conflicto de poder que habría planteado el Ayuntamiento por mantener el control del proyecto-estrella del alcalde.

Por eso la nueva Orden no se limita a corregir la mera inclusión de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio: incorpora nueve modificaciones a la anterior del 28 de julio. La principal es que ahora el Ayuntamiento tiene un representante más (cuatro) que la Autoridad Portuaria (tres) y que se cambia en su beneficio la redacción del artículo 11. Si antes debía haber unanimidad (9 votos) en el Pleno del Consorcio para modificar la forma de representación de la entidades integrantes, ahora bastan 6 votos favorables (los que sumarían los 4 del Ayuntamiento más los dos de los delegados del Estado).

EL VOTO DEL ALCALDE

Anteriormente (artículo 15), se especificaba que los acuerdos “podrán ser tomados por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del presidente”. Ahora ya no es potestativa sino obligatoria esa mayoría en la nueva redacción, y como en caso de empate decide el voto del presidente, el que en calidad de tal tendrá la última palabra en el consorcio será siempre Zoido mientras sea alcalde. Y para que haya empate, al Ayuntamiento le bastará sumar el apoyo de tan sólo un solo representante a los cuatro suyos.

También se modifica la composición del Comité Ejecutivo, que funcionará como brazo del consorcio. Si antes estaba formado por los dos delegados estatales más dos miembros nombrados por el pleno, ahora éstos se amplían a tres para hacer un hueco a la Autoridad Portuaria, pero siempre quedarán dos más, en la órbita del Ayuntamiento.

En resumen, la nueva Orden ministerial está diseñada para reforzar el control del Ayuntamiento y de Zoido sobre la Zona Franca, aunque ello haya supuesto un retraso de tres meses que ha frustrado el inicio de las obras en 2014 y que por su  duración (8 meses para el vallado) se prolongarán probablemente más allá de la fecha límite fijada en el BOE: el 31 de agosto de 2015.

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.

Millones por la borda

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, que ya formaba parte del equipo de Manuel Fernández, su antecesor en el cargo, ha iniciado una serie de comparecencias públicas para alertar de que se acaba el plazo para poder ejecutar el dragado de profundización del río Guadalquivir con financiación europea, salvo que el Gobierno de España consiga una prórroga de Bruselas.

En una reciente conferencia en Antares, la presidenta recordó que la obra del dragado debe estar finalizada y certificada el 31 de diciembre de 2015 para poder cobrar la subvención de 33 millones de euros otorgada por la UE, aunque cabe la posibilidad de obtener la ampliación del plazo en un año a través del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Carmen Castreño afirmó que “tirar 33 millones por la borda” le cuesta, aunque quizás no se expresó en los términos correctos, ya que sólo se tira el dinero mal gastado, no el que no se gasta. La nueva presidenta, aunque pretende ser más aperturista y menos intransigente que su predecesor, al final incurre en los mismos tics que aquél al tratar de presionar con la idea de la pérdida del dinero europeo.

FONDOS EUROPEOS

La Unión Europea tiene casi 20 años de existencia en su formato actual y medio siglo desde la creación de las Comunidades Europeas, y si no se aprovechan esos 33 millones de euros en el marco de los actuales fondos europeos, en el futuro seguirá habiendo programas a los que poder acogerse, siempre que el dragado obtenga el necesario consenso y todas las garantías científicas y ecológicas, de los que ahora carece. Dicho de otro modo, es preferible renunciar o que ese dinero decaiga y quede una especie de derecho moral a reclamarlo en el futuro a emplearlo en un proyecto con consecuencias que podrían ser irreversibles y más perjudiciales que el teórico beneficio que se podría conseguir para el puerto de Sevilla.

El puerto y Sevilla son sólo dos elementos más de todos los que tienen intereses en el río, no sus propietarios exclusivos, y por lo tanto hay que manejar el Guadalquivir con una visión integral que tenga en cuenta todo y a todos (resto de municipios ribereños, arroceros, pescadores, Doñana…) y el balance global de beneficios/perjuicios potenciales sin matar la gallina de los huevos de oro, que es el propio río.

Para empezar, como reconoce la propia presidenta, el dragado de profundización cuesta mucho más que esos 33 millones de euros, en concreto 40 millones, más 20 para proteger las márgenes del estuario del Guadalquivir de la erosión después de que el miniplan presentado al efecto por la Autoridad Portuaria fuera rechazado por el Consejo de Doñana por su insuficiencia y carencias técnicas.

¿DESINFORMACIÓN?

Según Carmen Castreño, el problema del dragado no es científico o ambiental, sino de comunicación, debido a la confusión creada por la, a su juicio, desinformación existente. La presidenta asegura que “todos los informes”, técnicos y científicos, incluido el de los arroceros, llegan a la conclusión de que los cambios de salinidad, turbidez y mareas que se producirían por el aumento de caudal del río con el dragado no serían significativos. Asimismo, afirma que la erosión de las orillas no la produce el aumento del oleaje por la navegación, sino la crecida del río por la lluvia cuando el caudal alcanza los 4.000 m3 por segundo.

La presidenta parece que no se ha leído el dictamen que sobre el estado del río elaboró hace cuatro años un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas, que ya querrían que el río llevara con más frecuencia esos 4.000 m3 de agua de que habla Carmen Castreño.

El dictamen no avala la tesis de la presidenta de que no pasaría nada si se hiciera el dragado. Según el CSIC y las Universidades, el río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

CAUSAS Y EFECTOS

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos  (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

LA ESPIRAL DEL DRAGADO

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad.

Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar, o más bien actuar de inmediato (ya han pasado cuatro años) en el sentido de sus recomendaciones.

EBRO FOODS

Otro que contradice las palabras de Carmen Castreño de que hasta los arroceros creen que no habría cambios significativos en las condiciones del río con el dragado es Antonio Hernández Callejas, reciente medalla de Sevilla y presidente de la mayor multinacional del arroz, Ebro Foods, que hunde sus raíces en nuestra tierra, sin que aquí parezca valorarse lo suficiente.

Hernández Callejas declaró ayer a ABC lo siguiente: “Sé que hay sectores de Sevilla que dicen que si no se draga el río estamos en contra de la modernidad, pero creo que antes de cargarnos el cultivo del arroz y el río hay que hacer estudios más serios sobre el impacto del dragado y sus ventajas económicas. Las últimas tomas de agua están a cuatro gramos de sal por litro, lo que está afectando a más de mil hectáreas de nuestros cultivos. Cada vez cuesta más soltar agua para bajar el tapón salino”.

Aunque las cifras varían de una campaña a otra, el arroz se cultiva en el orden de 35.550 ha (año 2011) a 37.149 (año 2013) en la provincia de Sevilla, la zona arrocera más importante de España, con una producción también variable (360.000 toneladas en 2011 frente a 319.400 en 2013), una generación de 150 millones de euros y 400.000 jornales, entre fijos y eventuales.

Eso sólo en lo que respecta al arroz, sin contar otros cultivos del Bajo Guadalquivir, la pesca, el valor ecológico incalculable de un Patrimonio de la Humanidad como es Doñana…..

Cuando tantas cosas están en juego y los científicos recomiendan que primero hay que recuperar un río agonizante por la intervención humana antes que someterlo a nuevas actuaciones sin garantías de éxito no puede hablarse de que se van a tirar por la borda 33 millones de euros. Al contrario, el riesgo es tirar por la borda todo lo demás.

 

Altadis: Esperado a Godot

El Pleno municipal de abril ha aprobado, con los votos en contra de la Oposición, el convenio con Altadis que permitirá la construcción de tres torres de entre 27 y 30 metros de altura en los suelos de la antigua fábrica de tabacos. Su impacto visual ya fue motivo de preocupación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la entrevista que mantuvo en San Telmo con Zoido para que éste le explicara la operación urbanística.

El alcalde declaró a la salida del encuentro que “en principio, los edificios que están por detrás del que se construirá (sic) tienen mayor altura que el que se va a levantar, por lo que el impacto visual no será de importancia”. En esa misma línea se expresó en el Pleno el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, al subrayar que los edificios de la glorieta de las Cigarreras tienen 11 plantas (12 si se cuenta la baja), por lo que a su juicio los 30 metros de la torre de Altadis no tendrán un gran impacto en la zona.

PANTALLA VEGETAL

Si un observador se sitúa en el Paseo de las Delicias frente al edificio principal de Altadis, no percibe ningún impacto visual de los que están detrás del complejo industrial pese a tener éste cuatro plantas y algunos situados en esa zona de la calle Juan Sebastián Elcano ocho y nueve alturas, como dijo Zoido a la salida de San Telmo.

Y ello es así porque las cuatro alturas de Altadis equivalen a la de los inmuebles posteriores con el doble de plantas, como ratifica el informe del Servicio de Planeamiento: “El complejo de la fábrica es un recinto cerrado donde en su interior se disponen una serie de edificaciones, siendo la principal el edificio de tres y cuatro plantas de altura (equivalente en metros a seis o siete plantas) construido en el año 1954…”.

El edificio de 11 plantas (12 con la baja) de la glorieta de las Cigarreras (más los siguientes en dirección Suroeste) al que se refiere Vílchez no está detrás del complejo tabaquero, sino a la izquierda del puente de Los Remedios mirando desde el Paseo de las Delicias y su impacto paisajístico es muy perceptible desde la margen izquierda del Guadalquivir cuando el observador se sitúa en la glorieta de los Marineros Voluntarios y su entorno. Ahora bien, cuando el espectador se coloca enfrente de los actuales talleres de Altadis, esa mole queda muy difuminada por la hilera de enormes eucaliptos, aparentemente incluso de mayor altura que aquélla, que separa la fábrica de la multinacional de los jardines de Manuel Arellano.

La existencia de los grandes eucaliptos, unida al hecho de que a partir de la glorieta de las Cigarreras los inmuebles de la avenida presidente Adolfo Suárez se van separando del río progresivamente en forma de curva y ensanchando el campo visual para dejar sitio al recinto de la Feria, minimizan en gran manera su impacto paisajístico desde el primer tramo del Paseo de las Delicias, amén de que están construidos a entre 50 y 100 metros del cauce del Guadalquivir.

REPARCELACIÓN

Sin embargo, la construcción de las tres torres de 27 a 30 metros en el recinto de Altadis obligará, tal como figura en los planos del proyecto del convenio urbanístico y se encargó de subrayar en su día Juan Espadas, portavoz del PSOE, a ocupar la zona verde colindante con el puente de Los Remedios (Jardines de Manuel Arellano y de Manuel Ferrand), ahora calificada como ST-4 y sobre la que en el futuro se alzará un edificio de 27 metros que se “comerá” el actual espacio ajardinado y, presumiblemente, los enormes eucaliptos que actúan de pantalla vegetal.

Difícilmente se conservarán los grandes árboles que tapan la visión de los edificios traseros si, como se prevé, se construye debajo de las torres un parking subterráneo para dar servicio al complejo terciario, con mayor edificabilidad que el AireSur de Castilleja de la Cuesta.

Zoido ya reconoció tras su encuentro con la presidenta de la Junta que habrá un “replanteo” de los jardines, “los cuales no se pierden, sino que se trasladan al interior”. Efectivamente, tal como muestra el plano, se prevé que tras la reparcelación los actuales jardines, desde los que se puede disfrutar de la visión del río, parte de los jardines de San Telmo, el Paseo de las Delicias, el Parque de María Luisa y pabellones del 29 se trasladen y queden encajonados entre las torres de Altadis y los bloques de la calle Juan Sebastián Elcano, por lo que las plantaciones habrá que empezarlas de cero.

NO HAY VETO

Si tenemos en cuenta que las torres irán mucho más cerca del río, el resultado de la operación será que saltarán a la vista también los actuales edificios de 11-12 plantas de la glorieta de las Cigarreras y se formará así un muro-pantalla de torres de unos 30 metros en la margen derecha del Guadalquivir.

Vílchez ha dicho en o tras el Pleno que en el convenio con Altadis el Ayuntamiento se ha reservado expresamente el derecho de veto sobre el diseño final de los edificios que se ubicarán en la parcela con el fin, precisamente, de evitar que se construyan inmuebles que generen un alto impacto visual. El señor delegado se confunde y nos confunde, porque su aserto no responde a la realidad, tal como se comprueba leyendo el texto del convenio elevado al Pleno. No existe tal derecho de veto. Y aunque existiera, versaría en todo caso sobre el diseño de las torres (una mera cuestión estética), no sobre su altura (27 y 30 metros), ratificada en el convenio y que es lo que provoca el impacto visual.

PÉRDIDA INDUSTRIAL

Si se suma la recalificación de estas 3 ha de suelo en números redondos de Altadis a las de 10 ha del puerto que viene en camino para otro complejo terciario en torno a un Auditorio, Sevilla va a perder 13 ha de suelo industrial para destinarlo a usos hoteleros, comerciales y lúdicos que tanto abundan en la ciudad mientras se deslocaliza la industria (Altadis, Danone, Cargill, Panrico, Flex….) y el paro ha crecido en 15.000 personas en el trienio de Zoido hasta afectar a 92.000 sevillanos.

Por éso, en el Pleno el debate sobre la recalificación de Altadis trascendió al plano del modelo de ciudad que tenemos, queremos o necesitamos y hasta dónde nos llevará el más de lo mismo comercio-hoteles-oficinas y el abandono/deslocalización de la industria. Se constató por las declaraciones de Vílchez que el Ayuntamiento carece de iniciativa para paliar la situación y se muestra como un sujeto pasivo que se limita a dar vía libre a proyectos de terceros sin plantearse qué suponen para la ciudad y al presumible objetivo de lograr una economía diversificada y no dependiente del monocultivo comercial y turístico.

POTESTAD PLANIFICADORA

Así, Vílchez destacó que el gobierno municipal ha logrado que en la antigua fábrica de tabacos no se hagan viviendas, como si la decisión sobre el destino de los suelos y la potestad planificadora no dependieran de él y fuera Altadis la que hubiera hecho esa concesión graciable a la ciudad.

El delegado de Urbanismo también declaró: “No ha venido nadie para un proyecto de servicios terciarios avanzados. ¿Qué quieren que hagamos?”. ¿No ha venido nadie o el Ayuntamiento no ha salido a buscarlo ni tampoco se le ha ocurrido que en esos suelos estratégicamente situados y calificados como de uso industrial singular podrían instalarse servicios avanzados en vez de lo de siempre? ¿Para qué sirve entonces pagar un buen dinero a consultoras como Deloitte con el fin de que, supuestamente, capten proyectos de inversión para Sevilla y vender continua y tópicamente nuestra estratégica posición entre el Norte y el Sur y el Este y el Oeste y nuestra calidad de vida?.

El mínimo debate sobre la recalificación de Altadis y el reconocimiento de que no ha venido nadie con una alternativa a los comercios, veladores y mercados gourmet, no de que nosotros no hemos ido a la caza de proyectos de ese tipo,  es la demostración de que Sevilla, poco activa y demasiado pasiva, siempre está, como en la obra de Beckett,  esperando a Godot.

Tres mil millones en Aznalcóllar

La decisión de la Junta de Andalucía de convocar un concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznacóllar 15 años después de la catástrofe ecológica provocada por la fractura de la balsa de residuos tóxicos de la explotación gestionada entonces por Boliden ha provocado reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.

La primera cuestión, y clave además, es discernir si es rentable reabrir la mina, para que su efecto riqueza repercuta no sólo en Aznalcóllar, sino también en la provincia de Sevilla y en Andalucía. José Manuel Cantó, consultor internacional en minería y que con probados conocimientos técnicos ha analizado los aspectos que concurren en este controvertido asunto, empieza por centrarse de entrada en las reservas de mineral que al momento de producirse la catástrofe ecológica de Boliden ya estaban probadas y, por tanto, podrían ser extraídas en Los Frailes: 38 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, esto es con mezcla de diversos metales valiosos (cobre, plomo, zinc y plata) y no de tan sólo uno.

Aunque es muy probable que las reservas sean superiores, para determinar lo cual habría que emprender campañas de investigación, estos 38 millones son la cifra real que hay que tomar como punto de partida para no suscitar falsas expectativas.

 

VALOR ECONÓMICO

Para calcular el valor económico del yacimiento, hay que partir de la ley (contenido metálico) del mineral, que es la siguiente: 0,35% de cobre; 2,17% de plomo; 3,82% de zinc y 60 gramos de plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.

Sin embargo, no todo el metal se logra recuperar en el proceso de flotación diferencial al que deberá ser sometido el mineral que se extraiga. Con la experiencia acumulada en este sentido y a los precios actuales de mercado, Cantó estima que el valor comercial recuperable es el siguiente:

-Cobre: 352 millones de euros.

-Plomo: 772 millones.

-Zinc: 1.224 millones.

-Plata: 752 millones.

Total: 3.100 millones de euros.

 

Estas cifras demuestran la viabilidad económica de la reapertura de la mina y que, contrariamente a la creencia establecida, el cobre no es el metal más interesante, más abundante ni más valioso en Aznalcóllar, sino el zinc. Carece de sentido, pues, la idea de Ecologistas de enviar el mineral en bruto a Riotinto pensando en la existencia allí de un concentrador de cobre. Ni éste sirve ya para tal fin ni el cobre debe ser la prioridad de Aznalcóllar, aparte del encarecimiento que supondría un transporte que multiplicaría los riesgos de accidentes de tráfico y ralentizaría la circulación por el elevado flujo de camiones de gran tonelaje.

 

EL FANTASMA DEL VERTIDO

La segunda cuestión esencial es si con la reapertura de la mina se volvería a correr el riesgo de una nueva catástrofe como la anterior. Preguntémonos primero por qué se produjo la rotura de la balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.

Este riesgo se minimizaría si el suelo elegido para una hipotética nueva balsa fuera geológicamente estable y no se almacenaran en ella residuos húmedos, sino secos y/o inertizados o, mejor aún, se adoptara un sistema de explotación que no requiriera de presa de residuos, como es el hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. O que en vez de mediante a cielo abierto el mineral se extraiga de forma subterránea con acceso a las vetas a través de pozos de profundidad.

Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.

Una garantía de seguridad añadida sería construir la planta de tratamiento del mineral no en Riotinto, como preconiza Ecologistas en Acción pensando en evitar riesgos a Doñana, sino en un complejo minero aún más cercano: Cobre Las Cruces.

Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.

Y en cuanto a los empleos posibles, los 5.000 de que habla Comisiones Obreras es una exageración andaluza. Tomemos como referencia Aguas Teñidas: cinco años después de su reapertura tenía 443 empleados en nómina y había generado 1.200 empleos inducidos.

Se compran ‘Power-Points’. Razón, Zoido

El alcalde, como dijo en el debate sobre el estado de la ciudad que ha cumplido el 70% de su programa (el pabellón de Los Bermejales con las pistas de nieve artificial, el Central Park a la sevillana, los 29 parkings, el bulevar de La Ranilla y los centros cívicos, de salud y educativos deben de formar parte del 30% restante, del que no hay noticia), para no aburrirse en los dos años que le quedan se dedica a ‘comprar’ los proyectos en ‘Power-Point’ que le sirve su delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez.

Hace unos meses, Zoido presentó en rueda de prensa el Museo de las Tradiciones (Centro de Exposiciones y Promoción de las Tradiciones Sevillanas) en la parcela municipal de la calle Santander ‘Corral de las Herrerías’, colindante con la Torre de la Plata y la Casa de la Moneda. Según el alcalde, el anteproyecto de este museo, que se abriría en 2015, había sido redactado por técnicos de Urbanismo, se atenía al Plan Especial de la Casa de la Moneda, sería desarrollado por la iniciativa privada y ya había “múltiples empresas interesadas, a las que se exigiría solvencia económica”.

Si el alcalde estaba presentando públicamente la iniciativa presuntamente municipal entonces, ¿cómo había ya “múltiples empresas interesadas en desarrollarla”?.

ACUERDO DE GERENCIA

El 19 de junio, el Consejo de la Gerencia comunicó que había aprobado “un proyecto de carácter privado” para construir el Museo de las Tradiciones presentado por la empresa Feria de Sevilla. Del supuesto anteproyecto de los técnicos de Urbanismo de que hablaba Zoido se pasa a decir reiteradas veces que es una iniciativa de esta sociedad: “Se ha admitido a trámite la iniciativa privada presentada…”; “la entidad Feria de Sevilla S. L. propone…”; “ha planteado al Ayuntamiento…”; “una vez analizada la propuesta planteada…”

Zoido habló de exigir “solvencia económica” a la compañía aspirante a construir el Museo. Pues bien, según un informe de Axesor, Feria de Sevilla, una sociedad limitada creada con 3.000 euros de capital, tenía cerrado el Registro Mercantil por no presentar sus cuentas desde hacía dos años y acumulaba sólo en un trienio 22 notificaciones en Boletines Oficiales por no hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales, una de ellas emitida por la Agencia Municipal de Recaudación.

Urbanismo también afirmaba que el proyecto “se ajusta a los condicionantes urbanísticos de aplicación”.

ALEGACIÓN DEMOLEDORA

Nada más lejos de la realidad según los expertos en arquitectura y patrimonio Fernando Mendoza, José García-Tapial y José Mª Cabeza, que examinaron el expediente y, alarmados, presentaron una alegación en la que se hartan de denunciar presuntas irregularidades de todo tipo. A su juicio, el proyecto supone la privatización de un suelo y un subsuelo de enorme valor arqueológico, que está destinado en el PGOU a equipamientos para los sevillanos, para construir lo que no es un museo (unas pocas salas expositivas sirven de coartada), sino un tablao flamenco o sala rociera encubiertos que competiría de forma desleal con los tablaos cercanos y el centro municipal de atención al visitante en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero.

Rompe además la estética de la Casa de la Moneda con un diseño en forma de dos hileras de sucedáneos de casetas de feria, supone la destrucción de dos paños de la antigua muralla islámica que unía el Alcázar con la Torre de la Plata y de una pileta del siglo XVII descubiertas en excavaciones financiadas ¡por la propia Gerencia! e implica un grave riesgo por apoyarse la construcción en la muralla y en la Torre de la Plata, sin garantías de estabilidad y dada la cercanía del manto freático.

Por si esto no fuera ya suficiente, se asombran de que frente a las expectativas de enorme negocio del Museo de las Tradiciones, cuyo Plan Financiero prevé unos ingresos de 3,2 millones de euros en el primer año y de 5,8 millones en el sexto de los 40 de la concesión, el Ayuntamiento sólo cobraría un canon anual de 80.000 euros (del 2,43% al 1,37% de los ingresos), una auténtica ganga cuando según el cuadro de tasas municipales vigente y el canon de Mercadona en Plaza de Armas debería ascender al menos a 400.000 euros.

LA RIBERA DEL RÍO

El segundo ‘Power-Point’ ‘comprado’ por Zoido es el del ‘Paseo del Arte’ en la margen izquierda del río, un complejo de ocio aprobado a la empresa Capitaliza, que preside el hijo de Amparo Rubiales y uno de cuyos socios es el hijo de Salas Tornero. No seré yo quien cuestione el derecho de los ‘hijos de’ a montar sus empresas, pero la opinión pública se pregunta si dos sevillanos que se apellidaran García y Gómez, hubieran fundado hace sólo diez  meses una empresa con 3.000 euros y hubieran presentado unos fotomontajes habrían logrado que le adjudicaran la explotación de la ribera del Guadalquivir y que su proyecto lo presentara y avalara el mismísimo alcalde de Sevilla.

El morbo radica en que Zoido, a la vez presidente del PP (A), le concede el borde del río al hijo de la presidenta del PSOE (A), pero son más llamativos otros nombres del Consejo de Administración ligados a empresas como Below Marko. Hace dos meses, los letrados de la Junta pidieron a la juez Alaya en el caso de los ERE que ampliara la imputación a Francisco Javier Guerrero por otras posibles irregularidades en subvenciones a, entre otras, la empresa citada, después de que de esta última dejaran de ser administrador único y apoderado un sobrino y un hermano de Felipe González. O sea, que el proyecto adjudicado a dedo por Zoido tiene mucho más morbo político todavía.

 

 

DIA y PGOU

El presidente de la Autoridad Portuaria, el incombustible guerrista Manuel Fernández, cuenta que el Ministerio de Medio Ambiente, del que es titular Miguel Arias Cañete, le ha comunicado que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en 2003 y que regula las operaciones de dragado en el tramo navegable del río, perdón, de la Eurovía (para ser políticamente correctos) del Guadalquivir sigue estando plenamente vigente y no es necesario realizar una nueva. Vamos, como si en los diez años transcurridos no hubiera ocurrido nada, ni siquiera el dictamen del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre el estado agonizante del curso fluvial y la necesidad de cambiar drásticamente todo en su gestión actual y en los proyectos en ciernes, como el polémico dragado de profundización. Y llama poderosamente la atención que el Gobierno central considere plenamente vigente la Declaración de Impacto Ambiental del año 2003 mientras que Zoido decide que hay que cambiar en Plan General de Ordenación de Sevilla por “estar desfasado”, pese a que fue aprobado en 2006.

 

El cuarteto del CESS

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) ha tratado de meter miedo argumentando que la competitividad y la continuidad de los planes de expansión, e incluso el posible cese de actividad de industrias como Portland, Siderúrgica Sevillana, Renault y Airbus, están vinculadas al dragado del río.

Mientras que Zoido ha cambiado al propugnar ahora que, conforme a los científicos y la Unesco, primero “hay que garantizar la conservación del estuario haya dragado o no, con la protección de la ribera y la modernización de los regadíos”, el CESS ha entrado en una peligrosa dinámica al servir en bandeja a cualquier empresa en dificultades la coartada del dragado para que justifique desde un ERE hasta una deslocalización, aunque su situación nada tenga que ver con la navegabilidad del río, cuyo potencial se ha incrementado enormemente con  la nueva  esclusa.

Al margen de que el CESS  ha demostrado su falta de representatividad al ignorar al sector agropecuario, que sólo por el regadío en la cuenca del Guadalquivir genera 128.000 empleos directos (equivalentes a 128 fábricas Renault), su argumentario no es acorde a  la realidad:

 

Portland Valderrivas: En su ‘Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español’, RR Acuña & Asociados estima que hay realmente 2,2 millones de viviendas vacías sin vender y que serán necesarios al menos seis años más para que sean absorbidas por el mercado.

Debido a los tijeretazos contra el déficit, las Administraciones han reducido enormemente la obra pública. Tan sólo en este 2013, Fomento ha recortado en un 82% sus gastos en infraestructuras, la inversión más baja desde el inicio de la serie histórica en 1991. No hace falta mucho cemento para viviendas, puentes, autopistas….

Basta ver en la página web de la patronal cementera (www.oficemen.com) las notas de prensa para comprender la gravedad de su situación: cada mes reflejan una caída brutal del consumo. Hay que remontarse 77 años en el tiempo (1936, estallido de la guerra civil) para encontrar datos peores que los presentes. En este contexto, que el CESS hable de planes de expansión de Portland en Alcalá es un insulto a la inteligencia. Bastante tiene el grupo con sobrevivir. Pese a haber despedido a casi 600 trabajadores, anunció otro ajuste y el cierre de una cementera del Norte, pero si el CESS se empeña en darle la coartada del dragado, a lo peor cierra la de Sevilla para así culpar a un factor externo en vez de a su sobredimensionamiento.

 

Siderúrgica Sevillana: Otra radicada en Alcalá, ni siquiera a orillas del río, y según el CESS en riesgo de cierre por el dragado. No parece que así sea cuando obtuvo en 2012 estos  resultados: la producción se incrementó en un 4%, al pasar de 676.000 a 703.000 toneladas; la plantilla creció en 27 operarios, hasta 703 y la facturación pasó de 336,37 millones de euros a 347,10 millones, un 3,18% más.

A pesar de que presentó un ERE  preventivo, aún no lo ha usado, pese a que el entorno económico es igual de malo para ella que para las cementeras. Su matriz, italiana, no se embarcó en procesos expansivos durante la burbuja, ha apostado fuertemente por la innovación y la sostenibilidad y merced a los ahorros en su proceso productivo sobrevive con cierto margen.

 

Renault: Los miembros del CESS deberían leerse las extensas declaraciones que Ganesh Outtirapoullé, director de la factoría de San Jerónimo, realizó hace tres semanas a Europa Press. Atención a este párrafo: “Al ver el futuro y comprobar que los mercados van a crecer en Asia y América Latina, y vistos los costes para exportar, nos damos cuenta de que debemos rebajar sobre todo el precio de la caja (de cambios) saliendo de la fábrica, pues sabemos que los costes de transporte no van a poder bajarse”.

Renault, al contrario de lo que dice el CESS, actúa con la hipótesis de que el dragado no se va a realizar y, además, no condiciona al mismo su fábrica sevillana porque hay otros factores de más peso, como la cualificación de su personal. Si lo primordial fuera el coste del transporte ligado al dragado, haría tiempo que la Renault habría deslocalizado la planta hasta un puerto de mar en el Tercer Mundo. Pero, no, porque como dice su director: “La clave de nuestra fábrica es el hecho de saber hacer; no hay mucha gente en el mundo -añade- que sepa hacer cajas; no hay mucha gente que domine la tecnología; y, encima, invertir en líneas de mecanizado es muy caro y requiere de mano de obra especializada; ésa es nuestra fuerza, pero no es suficiente, necesitamos ser competitivos”.

La previsión es que la factoría fabrique 1,4 millones de cajas en 2015 y que la plantilla crezca en 200 operarios. ¿Dónde los planes de irse, según el CESS?

 

Airbús: El problema no es la empresa, sino los recortes del Gobierno español a sus programas aeronáuticos (A400M y demás) por la crisis. Aun así, es difícil que la compañía halle un sitio como nuestra tierra, donde la Junta ha apoyado con 266 millones proyectos en este sector y donde alrededor de la multinacional orbitan más de 100 empresas que facturan 2.000 millones.

Renault lleva en Sevilla 75 años; Siderúrgica, más de 50, y 49 Portland Valderrivas. Se instalaron conociendo los condicionantes naturales por el Guadalquivir y han prosperado hasta cuando el puerto estaba limitado por la estrechez de la antigua esclusa. Es hora de exigirles al Puerto y al CESS que no las utilicen, con argumentos contrarios a la realidad de sus balances, para justificar un dragado sin la supervisión de los científicos.