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Ikea y la Gavidia: de dos meses a dos años

El mismo día en que se reunía el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, el periódico más afín al Ayuntamiento, y por tanto nada sospechoso en este sentido, titulaba una información de esta manera: ‘Urbanismo aprueba el deslinde de las vías pecuarias que frenaban Ikea’.

Según nos enseñaron en la escuela, en una oración el verbo expresa la acción que realiza el sujeto. A veces hay que recordar la obvio para introducir claridad en los distorsionadores discursos de nuestros políticos. Por tanto, si el deslinde de las vías pecuarias era lo que estaba frenando la segunda tienda de Ikea en las cercanías del aeropuerto y la responsabilidad o competencia para su aprobación era de la Gerencia municipal de Urbanismo, ello significa que todo el discurso de Zoido en estos dos años sobre que la Junta estaba bloqueando éste y otros grandes proyectos pendientes de ejecución en Sevilla era un puro artificio para ocultar la ineficacia del Ayuntamiento.

Y es que, efectivamente, el punto Nº 21 del orden del día del Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo consistía en la aprobación de la propuesta de deslinde de la vía pecuaria ‘Cañada Real del Poco Aceite’ en el tramo que afecta al SUS-DMN-03 (San Nicolás Oeste), “una vez realizado el estaquillado en los terrenos” y proceder a su información pública.

DESBLOQUEO ‘IPSO FACTO’

Tan sólo tres semanas después de su toma de posesión como alcalde, Zoido anunció a principios de julio de 2011 que a lo largo de dicho mes iba a resolver el problema urbanístico para la instalación del segundo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses. Con su ímpetu habitual, el alcalde achacó a “las discusiones” entre PSOE e IU en el seno del gobierno de Monteseirín el obstáculo que evitaba que “se abrieran las puertas a empresas de este tipo”, cuando según él la solución al problema  era “una firma que faltó en el anterior mandato”.

El caso Ikea es una metáfora del personaje público construido sobre la figura del alcalde, cuyo marketing electoral se basó en el pretendido ‘efecto Zoido’, como si él tuviera una varita mágica con que cambiar la realidad en un santiamén o de la noche a la mañana, bastando para ello únicamente la firma o un decreto de la Alcaldía.

De aquellos dos meses como máximo para desbloquear Ikea, en línea con las dos tardes que según Jordi Sevilla bastarían a Zapatero para dominar la Economía, hemos pasado a dos años, y lo que todavía queda. Lo sorprendente, también ahora, es leer las lamentaciones de Zoido, el cual se muestra “desesperado” por la lentitud en la tramitación de los permisos para la multinacional sueca: “Me desespero -afirma el alcalde-. Hay que ver -añade- lo que cuesta que me resuelvan los trámites. ¿Dónde hay que poner las vías pecuarias? Vamos a ponerlas ya; si no pasa ningún caballo por allí”.

PROCEDIMIENTOS REGLADOS

Al margen de que por las vías pecuarias suele o solía transitar más ganado de carne (piaras de ovejas y de cabras) que de monta como los caballos, lo sorprendente en Zoido es que siendo juez en excedencia y abogado por libre que le facturaba 2.000 euros brutos mensuales al PP por esa supuesta labor jurídica ignore que en un Estado de Derecho tan garantista como el nuestro los procedimientos suelen estar reglados. Por tanto, los trámites requieren un orden y un tiempo que ni él, por mucho alcalde que sea, puede obviar o acelerar con una firma para desbloquearle en tan sólo unos días, unas semanas o unos meses un macrocomplejo comercial a toda una multinacional como Ikea.

Si Zoido está “desesperado” con los trámites marcados por la ley, que promueva su cambio (su partido tiene la mayoría absoluta para hacerlo) y que, además, exija mayor eficacia y celeridad a su Gerencia de Urbanismo, la responsable de haber tardado dos años en completar el procedimiento del deslinde de las vías pecuarias existentes en San Nicolás Oeste, el terreno rústico recalificado en su día (con beneficios potencialmente multimillonarios para sus dueños) y elegido por Ikea para su tienda. Y, claro, cuando el terreno es originalmente rústico existen muchas posibilidades de que estén afectados por vías pecuarias, como es el caso, una circunstancia que los propietarios, el Ayuntamiento y la propia Ikea no podían ignorar (bastaba con consultar las fichas del PGOU), así como tampoco la necesidad de proceder a su deslinde y desafectación previamente a colocar la primera piedra.

PRECIPITACIÓN

Por tanto, quien se ha precipitado creando falsas expectativas de inusitada celeridad en vez de informarse con rigor primero antes de hablar ha sido el alcalde, al prometer desbloquear Ikea en julio de 2011 y culpar en todo este tiempo del retraso a la Junta de Andalucía, cuando era su Delegación de Urbanismo la responsable de la tramitación administrativa hasta el punto actual.

Por ende, este trámite tampoco es el punto y final, ni mucho menos. Ahora debe abrirse un plazo de un mes para posibles alegaciones públicas, así como para que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente emita su propio informe. Tal como reconoce la propia Gerencia de Urbanismo en su nota de prensa, luego le corresponde a la Junta aprobar la desafectación de la vía pecuaria, lo que implica la supresión de la naturaleza de dominio público que ostenta para su conversión en un bien patrimonial. Y, posteriormente, al Ayuntamiento deberá aprobarle la Junta el Plan Parcial para el desarrollo urbanístico de los terrenos suponiendo que aquél sea acorde con las determinaciones del PGOU, con lo cual es probable que el horizonte del segundo Ikea no se vislumbre hasta 2014 ó 2015. Dada la recesión económica y la caída del consumo desde 2008 a la fecha, no parece tampoco que la multinacional sueca tenga ahora las mismas urgencias que cuando ideó el proyecto, hace años.

COMISARÍA DE LA GAVIDIA

La segunda gran revelación que nos ha dejado el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo radicaba en los puntos 18 y 19 de su orden del día, referidos a la culminación de la adquisición del inmueble sito en Plaza de la Concordia número 1, aprobación de propuesta de plazo e indemnización sustitutoria en su caso y solicitud al Ministerio del Interior (Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado) de una nueva y última prórroga para su adquisición.

El inmueble citado resulta ser la antigua comisaría de la Policía Nacional de la Gavidia, cuya recalificación urbanística para que deje de ser futuro equipamiento social para los vecinos del Centro y se convierta en un centro comercial al que prestaría servicio el parking rotatorio y subterráneo de la Alameda pretende ahora el gobierno local. En algunos medios afines al Ayuntamiento se ha publicado que la Junta de Andalucía, a la que Zoido también culpa de bloquearle este proyecto suyo para Sevilla, no le dejaba al Consistorio vender el inmueble a un operador comercial (la multinacional irlandesa Primark siempre ha sonado entre los posibles candidatos).

Gracias al orden del día del Consejo de Gerencia se ha descubierto ahora que el Ayuntamiento no habría podido ver la antigua comisaría de la Gavidia, aunque la Junta de Andalucía se la hubiese recalificado, porque, al contrario de lo que la opinión pública creía, aún no es de su propiedad, pese a que teóricamente la había adquirido al Ministerio del Interior en el año 2006 por 9,9 millones de euros más la entrega de cinco parcelas para la construcción de otras tantas comisarías de Policía en la Alameda, Macarena, Sevilla Este, Polígono Sur y Nervión. Mientras que el acuerdo se ha cumplido en los tres primeros casos, aún no se ha materializado en los dos últimos.

CLÁUSULA CONDICIONANTE

Aunque sea en parte una situación heredada del gobierno de Monteseirín, lo cierto es que tampoco en estos dos años de mandato el Ayuntamiento de Zoido ha sido capaz de levantar la cláusula condicionante que el Ministerio del Interior mantiene sobre la antigua comisaría de la Gavidia hasta que no se cumplan al 100% los términos del acuerdo firmado hace un septenio. Lisa y llanamente, la Delegación municipal de Urbanismo ha sido incapaz todavía de segregar 2.000 m2 de los suelos de la antigua fábrica de Cruzcampo  en Nervión para que Interior construya allí una de las dos comisarías pendientes, ya que en el Polígono Sur la cuestión está en vías de resolución.

No fue hasta octubre de 2012 cuando Urbanismo ofreció como alternativa once parcelas diferentes, alternativa que Interior rechazó en enero del año en curso. Ahora, se ha llegado a un principio de acuerdo en virtud del cual el Consistorio tendrá un plazo de tres años para modificar el PGOU con el fin de ceder suelos en Nervión para la comisaría de Policía del distrito y en caso de incumplir este nuevo pacto  deberá pagar al Ministerio una indemnización de 183.916,80 euros. Asimismo, se ha acordado entre ambas partes otro plazo, que expira el 21 de septiembre, para culminar de una vez la compraventa definitiva de la antigua comisaría de la Gavidia, al cabo de veintisiete meses del inicio del mandato de este gobierno local.

Veintisiete meses, pues, de espera para salvar las diferencias entre el Ayuntamiento y el Gobierno central, ambos del mismo partido  -PP- que el del alcalde, tiempo en el que Zoido no ha dejado de culpar a la Junta de Andalucía de la imposibilidad de vender un inmueble que no podía vender porque  aún no es suyo.

La caída en los contratos juveniles deja en evidencia a la ministra Báñez

Las tablas de contratación en Sevilla capital y provincia que recoge el Servicio Público de Empleo (antiguo Inem) sobre la evolución de los contratos para menores de 30 años registrados en los cinco primeros meses del último septenio revelan que, al contrario de lo afirmado por la ministra Fátima Báñez, Sevilla no es precisamente la “capital europea del empleo juvenil”.

La ministra de Empleo y Seguridad Social hizo esta afirmación durante la firma del convenio con el alcalde, Juan Ignacio Zoido, de adhesión de la ciudad a la Estrategia del Emprendimiento y Empleo Joven 2013-1016. Según Fátima Báñez, esta Estrategia ya ha beneficiado a 1.700 jóvenes en la provincia de Sevilla con medidas como la tarifa plana de 50 euros para emprender como autónomos, y de los 41.400 nuevos jóvenes autónomos que se han dado de alta en España, 8.700 son de Andalucía.

Sin embargo, según los datos oficiales de contratación registrados en Sevilla capital por el Servicio Público de Empleo (antiguo INEM), en los cinco primeros meses de 2013 se han inscrito en nuestra ciudad 283 contratos indefinidos menos que en el mismo periodo de 2012 en el tramo de edad de menores de 30 años; 1.123 contratos menos que en los cinco primeros meses de 2011; 1.556 menos que en el mismo periodo de 2010; 1.929 menos que en 2009; 4.741 menos que en 2008; 5.764 menos que en 2007 y 3.824 menos que en 2006. La comparación abarca, pues, el mismo periodo antes de la crisis económica y durante la misma y demuestra que la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de la nación no está sirviendo para crear empleo para los jóvenes sevillanos.

Si se analiza la evolución de las contrataciones de carácter temporal, se han firmado en los primeros cinco meses del año en curso 736 contratos menos que en el mismo periodo de 2012; 16.208 menos que en 2011; 8.309 menos que en 2010; 10.598 menos que en 2009; 35.384 menos que en 2008; 42.774 menos que en 2007 y 43.387 menos que en los cinco primeros meses de 2006. El balance, pues, es aún peor que en el caso anterior y lleva a la misma conclusión sobre el nulo efecto de la Reforma Laboral para el empleo juvenil.

Esta norma tampoco ha servido para crear 3.170 empleos juveniles en la provincia. Los datos del Servicio Público de Empleo demuestran que en los cinco primeros meses de 2013 se han registrado 634 contratos indefinidos menos que en el mismo periodo de 2012; 1.952 menos que en 2011; 2.597 menos que en 2010; 3.505 menos que en 2009 y 8.506 menos que en 2008.

Si se están produciendo altas de jóvenes como autónomos no es precisamente por la Estrategia del Gobierno en este sentido, sino porque la juventud se ve empujada a esta única opción ante la caída de los contratos laborales tanto indefinidos como temporales. A falta de poder trabajar para terceros, la alternativa es el autoempleo. Dado que este programa de fomento no existía hace un año, es imposible establecer una comparación objetiva a la hora de evaluar el resultado de esta medida, que no se puede contextualizar, lo que le permite a la ministra lanzar el mensaje triunfalista de su comparecencia en Sevilla.

Pero tampoco en este ámbito hay razones para lanzar las campanas al vuelo, ya que de las diecisiete comunidades autónomas de España, Andalucía es la que comparativa y proporcionalmente tiene un menor índice de autónomos, reflejo también de su menor capacidad de emprendimiento. Nuestra comunidad es el farolillo rojo de la estadística de autónomos, por detrás incluso de Extremadura y Canarias, y su 12 ó 13% de población activa autónoma contrasta con el más del 20% que se registran en el País Vasco y Navarra.

 

Los sindicatos, en los ERE de la Cuenca Minera

El diario La Razón publica en su edición del 21 de junio esta información firmada por M. González, de la que nos hacemos eco aquí por su interés para la Cuenca Minera onubense. Reza así:

“Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».

El undécimo encarcelado de la trama de los ERE, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. El dueño de la mediadora indicó, y así lo constatan los documentos de la Faja Pirítica, UGT y CC OO, que auditaban las pólizas, decidían la asesoría que se contrataba. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según sostiene Alaya.El protocolo del ERE de la Faja Pirítica fue realizado en reunión de «las federaciones estatales» del ramo de la minería de CC OO y UGT «con la dirección general de Trabajo». En el documento, se descarta para la operación a BBVA y BSCH «por no aceptación de las condiciones de fiscalidad», «quedando para la toma de decisión las aseguradoras Vitalicio y La Estrella». A continuación, se acuerda la parte del «negocio» –otro término utilizado por Alaya– que gestionará cada compañía, quedándose Vitalicio con «Riotinto» y La Estrella con el resto, incluyendo a «los colectivos históricos». El acuerdo señala a «la Dirección General de Trabajo» como «interlocutor válido» por parte de la Admistración. «La operación y seguimiento de los planes de prejubilación, por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El dinero de las pólizas, según la juez, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. El coste global en «corretaje innecesario» se eleva a 51,5 millones de euros. Las empresas que mediaban en los ERE abonaban un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas muy grandes.

Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De un lado, las asociaciones de trabajadores controladas por los sindicatos. Por otro, de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense. Parte de estos fondos los transferiría Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo trabajando el «conseguidor» Juan Lanzas. La juez habla del pago de 2,7 millones por parte de Uniter. De aquí, según la Guardia Civil, los fondos se repartirían entre Guerrero, empresas pantallas del propio Lanzas, sociedades del ex chófer del que fuera director general de Trabajo o el señalado por éste y por la Guardia Civil como camello, «Goyo» Martínez Piñero.

El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.

* http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2744680/local+andalucia/el-protocolo-de-la-faja-piritica-muestra-el-po#.UcRf0D55Nw8

 

 

El parque móvil de Manuel Marchena

El íntimo amigo del alcalde se puso dos coches a su servicio tras desembarcar en Emasesa

 

Las dietas a conductores pasaron de 194 a 3.500 euros de un año para otro

 

Los gastos de viaje fuera de Sevilla más que se duplicaron en su primer año como gerente

 

Las dietas por servicios extraordinarios pagadas por Emasesa a sus conductores crecieron un 1704% entre el años 2007 y 2008, tras nombrar Monteseirín a su íntimo amigo, Manuel Marchena, gerente de la empresa municipal de aguas, la ‘joya de la corona’ de la corporación hispalense. Asimismo, los gastos en viaje sfuera de Sevilla de directivos se incrementaron en un 116% de un año para otro tras la llegada de Marchena, que acaparó la mayor parte de los desplazamiento, en una muestra de lo que haría a lo largo de los años siguientes hasta que salió de la compañía con la marcha del Ayuntamiento de su gran valedor y protector, tras ganar Zoido las elecciones municipales en mayo de 2011.

 

Manuel Marchena, que actuaba en la práctica como el valido del entonces alcalde y ha sido cuadruplemente imputado por la juez Mercedes Alaya en el caso Mercasevilla, no tenía por aquellas fechas carné de conducir, pero alardeaba de que no lo necesitaba porque siempre se desplazaba en un coche oficial que, por los cargos para los que lo nombraba Monteseirín, ponía a su disposición el Ayuntamiento a través de sus organismos o empresas. Así ocurrió cuando hubo que comprar un vehículo que se asignó al Plan Estratégico, sin sentido alguno pero como tapadera para poder acabar poniéndolo a su servicio.

Donde Marchena batió todos los records fue a su paso por Emasesa como gerente. Allí desembarcó en el año 2008. El directivo que llegó a cobrar anualmente 168.392 euros de sueldo, unos emolumentos que Monteseirín calificó de baratos dada su valía profesional, puso a su servicio dos coches y otros tantos conductores, para cubrir el turno de mañana y el de tarde. En concreto se asignó un Renault Megane y un Opel Insignia.

 

AGITADA VIDA SOCIAL

 

Sólo en sueldos, los dos conductores dedicados en exclusiva a Marchena entre 2008 y 2011 le costaron a Emasesa 406.000 euros en números redondos. El gerente era un hombre de agitada vida social, que lo mismo decía que trabajaba en pro del Ayuntamiento en el estadio Sánchez Pizjuán que cenando en los reservados de los restaurantes de cinco tenedores, de ahí que en muchas ocasiones los conductores tuvieran que transportarlo o ir a recogerlo a horas poco habituales. Esos servicios extraordinarios se acababan traduciendo en el abono de dietas.

En el año anterior al nombramiento de Marchena como gerente, Emasesa había gastado en dietas para sus conductores tan sólo 194 euros. En 2008, con Marchena al mando, la cifra se disparó hasta los 3.500, y fue creciendo ejercicio tras ejercicio. Todavía en 2011, con menos de medio año en el cargo debido al triunfo de Zoido en las elecciones municipales de mayo, el desembolso por este concepto fue de 3.800 euros. En total, los conductores al servicio de Marchena facturaron por dietas a Emasesa 17.300 euros durante el periodo que aquél estuvo al frente de la empresa.

 

 

VIAJES FUERA DE SEVILLA

 

 

El tercer capítulo de los gastos imputables a los viajes de Marchena y que tuvo que soportar Emasesa durante su período como gerente fue el de los desplazamientos fuera de Sevilla, para lo que recurría a los servicios de una agencia muy conocida en la ciudad y fuera de ella. Antes del desembarco del íntimo amigo de Monteseirín en la empresa de aguas, el conjunto de los directivos sólo gastaron 67.000 euros en todo el año 2007 en salir extramuros de Sevilla.

Al primer año con Marchena en el cargo de gerente, los gastos por este concepto se dispararon hasta los 145.000 euros, un 116% más. En 2009, las facturas ascendieron a 237.000 euros, y todavía a en el medio año final de su mandato en 2011 se elevaron hasta 43.000 euros, cantidad que duplica los gastos totales por este concepto en un año normal en la compañía.

En total, bajo el mandato de Marchena, el coste en viajes fuera de Sevilla para Emasesa ascendió a 580.000 euros.

 

‘Agua de Sevilla’ como coartada viajera

 

Zaragoza, coincidiendo con los preparativos o el periodo de celebración de la Exposición Mundial del Agua; Nueva York, en casual coincidencia con la maratón -una prueba atlética a la que Manuel Marchena tiene en un aprecio tan grande que incluso se calza las botas para correrla- de la ‘Gran Manzana’; China, Londres…. fueron algunos de los escenarios, nacionales e internacionales, a los que viajó Manuel Marchena como gerente de Emasesa con la excusa de presentar en el mercado el agua embotellada y saborizada bajo la denominación de ‘Agua de Sevilla’.

Dado que este nombre coincidía con el de una marca sevillana de perfumería registrada desde los tiempos previos a la Expo, este lanzamiento y la utilización de una marca protegida y propiedad de otra empresa estuvo a punto de provocarle un conflicto judicial al Ayuntamiento, que finalmente no se llegó a plantear debido al fracaso de la iniciativa, pero prueba la falta de seriedad y el desparpajo con que obraba Marchena.

Apenas nombrado gerente de Emasesa por Monteseirín, Marchena emprendió el negocio del agua embotellada, ajeno por completo al objetivo social y a la tradición de la empresa municipal de abastecimiento y sin que exista constancia en la misma de que se hiciera previamente un estudio de mercado y de viabilidad. Al contrario, en el proceso de contratación hay ausencia de documentos oficiales, no consta que se debatiera previamente por la comisión correspondiente, y sí se ha comprobado el fraccionamiento de contratos para llevar a cabo las adjudicaciones y el continuo uso del procedimiento de urgencia con la excusa de que había que ejecutar cuanto antes el proyecto.

Pese a que, según Monteseirín, los 168.392 euros de sueldo que cobró Marchena era poco para su valía profesional, con el proyecto ‘Agua de Sevilla’ dio prueba fehaciente de cuál era su auténtica talla como gestor. En fabricar las botellas se gastó 284.000 euros. Destinó 261.000 a patrocinar eventos con la marca ‘Agua de Sevilla’ (en publicidad y propaganda, Emasesa gastó sólo en el primer año de Marchena como gerente 2,9 millones de euros). En otros gastos de promoción empleó 611.000 euros.

En enero de 2010 rescindió el contrato a la empresa distribuidora, con lo cual no había agua que vender en el mercado, pero Marchena siguió viajando y promocionando las botellas, que se fabricaron a decenas de millares pero de las que sólo se han vendido unas 2.000. La operación ‘Agua de Sevilla’ se ha saldado con las siguientes magnitudes: 10.771,92 euros ingresados por la venta de botellas; 1.156.000 euros gastados. Total de pérdidas para Emasesa y los sevillanos: 1.145.229 euros.

 

SUELDOS DE LOS CONDUCTORES

DESTINADOS A MARCHENA

 

 

AÑO   CANTIDAD

 

2008 105.000

 

2009 97.000

 

2010 101.000

 

2011 103.000

 

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DIETAS ABONADAS A LOS CONDUCTORES

 

AÑO DIETAS

 

2007 194

 

2008 3.500

 

2009 4.700

 

2010 5.300

 

2011 3.800

 

NOTAS.- La cifra de 2007 corresponde al año anterior a la llegada de Marchena y la de 2011 está referida al primer semestre de 2011, al final del cual dejó el cargo.

 

 

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GASTOS DE VIAJE FUERA DE SEVILLA

 

AÑO GASTO

 

2007 67.000

 

2008 145.000

 

2009 237.000

 

2010 155.000

 

2011 43.000

 

 

NOTA.-  La cifra de 2007 corresponde al año anterior a la llegada de Marchena y la de 2011 está referida al primer semestre de 2011, al final del cual dejó el cargo. Engloban a todos los directivos, si bien gran parte de los gastos son imputables al antiguo gerente.

 

 

 

 

 

 

Carlos Slim quiere el murillo redescubierto por un profesor sevillano

El Museo Soumaya, construido en México por el hombre más rico del mundo, Carlos Slim,en homenaje a su fallecida esposa y que alberga más de 66.000 obras de arte, ha contactado ya con el marchante de Texas en cuyo poder se encuentra el cuadro de Murillo ‘La Virgen del Rosario’, redescubierto por el profesor de la Universidad Hispalense Alberto Alvarez Calero. La dirección del museo mexicano, cuya construcción le costó a Slim hace año y medio unos 50 millones de euros, tiene interés en hacerse con la pintura para ampliar su colección de Antiguos Maestros Europeos. Se trata de la única de las cuatro versiones de este tema pintadas por Murillo que está en el mercado.

A Alberto Alvarez Calero, profesor de Arte de las Facultades de Geografía e Historia y de Ciencias de la Educación, una investigación sobre el convento Casa Grande del Carmen le llevó indirectamente a seguir la pista de algunas de las principales obras de arte que llegó a albergar, entre ellas dos cuadros de Velázquez (ambos en la National Gallery de Londres) y dos de Murillo: un ‘Ecce Homo’ y una ‘Virgen del Rosario’.

El pintor sevillano llevó al lienzo cuatro versiones de esta ‘Virgen del Rosario’, aunque en la bibliografía contemporánea sólo se da cuenta de tres porque se había perdido el rastro de la cuarta: una está en el Museo del Prado, procedente de las colecciones de la Casa Real española; otrala tiene depositada el parisino Museo del Louvre en el dedicado a Goya en Castres, y la tercera está expuesta en el Museo Pitti, de Florencia.

La cuarta, cuyo rastro ha seguido el profesor sevillano, está en poder de un marchante de Texas que la compró tras vender los herederos del director de orquesta José Iturbi su casa de Los Angeles y su legado, en el que figuraba esta pintura. Hasta su adquisición por el músico había permanecido en el Reino Unido tras comprarla en el siglo XIX el cónsul británico en Sevilla.

El profesor Alvarez Calero comunicó la noticia del hallazgo a la dirección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, así como la disposición del marchante tejano a exponer el cuadro en nuestra ciudad, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. El interés del museo de Slim, uno de los hombres más ricos del mundo según la lista Forbes, puede acabar llevando la pintura a México sin que los sevillanos tengan la oportunidad de verla de nuevo desde que salió de nuestra ciudad en el año 1840.

El escándalo del Prado

La arquitecta angloiraquí Zaha Hadid ha tachado de “escándalo” la orden de derribo decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a sus sentencias previas ratificadas por el Tribunal Supremo, de demoler la biblioteca (o más bien el esqueleto levantado hasta la fecha) diseñada por ella sobre los jardines del Prado de San Sebastián. La estrella del ‘establishment’ de la arquitectura internacional a raíz de ser distinguida con el premio Pritzker (considerado como el Nobel de su profesión) ha hecho sus declaraciones en Madrid, adonde ha viajado para inaugurar en la galería Ivorypress la exposición ‘Zaha Hadid Beyond Bo undaries. Art and Design’.

Dice la arquitecta nacida en Bagdad y afincada en Londres: “No conozco los detalles. Quizás alguien cometió un error. No tengo idea de la historia completa, pero en estas circunstancias, cuando España está pasando por serios problemas financieros, demoler un edificio que ya se está construyendo cuesta dinero y es, simplemente, inaceptable”. Y añade: “Es una locura; es una pena; es un proyecto maravilloso. No es una casa privada, es un edificio público, bueno para los estudiantes. Tenía todos los permisos de edificación”.

 

Este proyecto que ella misma califica de “maravilloso” es obra de su oficina, con arquitectos auxiliares a su servicio como es típico en los grandes estudios internacionales; no es un proyecto singular ni específico para Sevilla, sino de su catálogo previo, con variantes a partir de un diseño primigenio y luego trasplantado a cualquier sitio con mentalidad cateta que crea que por comprar un trabajo firmado por un/una arquitecto/a estrella ya ha entrado de golpe en la vanguardia y en la modernidad. Al igual que el arquitecto argentino César Pelli le ha vendido a Cajasol una mera variante del rascacielos que previamente le ha construido a Iberdrola en Bilbao, Zaha Hadid, o más bien su estudio, le ha trasplantado a Sevilla una copia de uno de sus diseños para Alemania, como las ‘setas’ de Jürgen Mayer en la Encarnación recuerdan inevitablemente la cubierta de una gasolinera de Hamburgo. Arquitectura internacional comodín valedera para cualquier parte al margen de su historia e idiosincrasia.

Ese es, pues, el primer escándalo: comprar supuesta modernidad arquitectónica a golpe de talonario, independientemente de si encaja o no encaja en su contexto, porque lo más importante no es la ciudad donde debe incardinarse, sino el objeto arquitectónico mismo, en línea con el programa iconográfico ideado por Monteseirín para dejar su huella para la eternidad ‘resolviendo’ los espacios vacíos de la ciudad, como la Encarnación, con las ‘setas’, y el Prado, con la biblioteca universitaria.

INSEGURIDAD JURIDICA

Es comprensible, por otra parte, que a Zaha Hadid no le quepa en la cabeza que se pueda demoler una obra que tenía todos los permisos de edificación. Es la misma queja de tantos miles de extranjeros que han comprado una vivienda en España con licencia de obra municipal y que luego los tribunales han declarado ilegales por hallarse situadas sobre una zona rústica, inundable o afectada por la Ley de Costas.

Para un extranjero es, sencillamente, inconcebible que una Administración Pública u órgano oficial pueda incurrir en un acto ilegal. Pero el nuestro es un país diferente como rezaba el lema turístico, y justamente por su inseguridad jurídica (ya sea en urbanismo como en energía o fiscalidad), que la coloca a la altura de una república bananera, hoy la ‘marca’ España está por los suelos y nuestra prima de riesgo disparada en unos mercados internacionales a los que no inspiramos confianza. Nada es casual.

Ya que, por su inhibición o exceso de ocupaciones, Zaha Hadid desconoce todos los detalles del escándalo del Prado con ‘su’ biblioteca, habría que explicarle que se le dio la licencia para construirla sobre una zona verde financiada hace veinte años por los contribuyentes de la Unión Europea, algo que sería inconcebible en un país avanzado de la UE que no fuera España, donde hasta ponen un policía a dirigir el tráfico cuando descubren que un nido de pájaros ha inutilizado un semáforo, en vez de interrumpir la nidificación de las aves para repararlo.

JARDINES MUTILADOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid lo escandaloso de que su biblioteca hubiera obligado a suprimir decenas de árboles de los jardines, mutilados así para meter con calzador arquitectónico su proyecto con aires del pabellón de México en la Expo-92. El escándalo ha sido que se eliminara un buen trozo de los jardines del Prado cuando los vecinos, apoyados por otros colectivos del resto de la ciudad, señalaban que en el entorno de los cinco ‘campus’ de la Hispalense había terrenos libres, e incluso en el mismísimo Prado de San Sebastián, justamente en los solares de enfrente, sin que el Ayuntamiento dirigido por Monteseirín y la Hispalense se atuvieran a razones en su política de hechos consumados para desembocar, en su abuso de poder, en la situación por la que ahora se escandaliza la arquitecta: ya que hemos gastado 6 millones de euros o más en la obra, ¿cómo la vamos a demoler ahora?

Pues bien, este derribo simboliza el triunfo del Derecho sobre el Poder y de la razón de una causa refrendada por numerosas sentencias de los tribunales, que fueron desestimando uno tras otro los sucesivos recursos de la Universidad. Se ha cumplido en este caso la máxima de los romanos: ‘Hágasela Justicia aunque se hunda el mundo’.

OIDOS SORDOS

Habría que explicarle a Zaha Hadid que el escándalo radicó en que, pese a las reiteradas advertencias de los vecinos de defender, conforme a Derecho y al dinero de sus propios bolsillos frente a una Universidad soberbia que exigía fianzas millonarias para que no pudieran seguir adelante con el pleito, la zona verde vigente desde hacía veinte años, la Hispalense se lanzó segura de su victoria en todos los frentes a materializar el proyecto en plan Goliath que desprecia a David con su humilde honda. Hasta tal punto pecó de soberbia que le firmó al Ayuntamiento de Monteseirín y Marchena un documento por el que le exoneraba de cualquier responsabilidad por la concesión de la licencia urbanística y asumía plenamente las consecuencias de su actuación irreflexiva. Estos vecinos han defendido con sus escasos medios frente al gigante de la Administración (Ayuntamiento+Universidad) el interés general por la preservación de un equipamiento que, como han ratificado los tribunales, era esencial y que derivaba de un ejido comunal durante siglos.

No es lo mismo construir una biblioteca ex-novo sobre un suelo baldío y rodearla de jardines que sacrificar parte de unos jardines consolidados desde hacía veinte años y sus árboles para levantar una biblioteca que podría haberse alzado sin problemas justo enfrente y cuyo sentido hasta cabe cuestionar en esta era de Internet, cuando ya es posible subir los libros a la ‘nube’ de la Red para que tanto estudiantes como cualquier ciudadano puedan descargárselos directamente a su ordenador sin necesidad de desplazarse, perder tiempo, gastar dinero en viajes y / o hacer cola para coger sitio en una mesa física.

El escándalo, pues, radica en que Zaha Hadid ignore todos estos extremos y en que los responsabes de este quebranto para las arcas públicas y del desprestigio para la Universidad se hayan ido de rositas. Será Sevilla quien pague este doble error: el de la construcción primero y (el coste) de la demolición después.

El escándalo del Prado

Ecologistas denuncia el ‘maquillaje’ del acuífero de Doñana

La Comisión de Aguas del Parque ni siquiera levanta acta de las reuniones

 

Una petición del representante de Ecologistas en Acción de que se recogiera en acta un asunto que planteaba como cuestión previa en la reunión de la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el pasado día 23 en el Ayuntamiento de La Puebla del Río,  ha puesto al descubierto que este organismo ni siquiera levanta acta de los temas que se tratan, para estupor de sus miembros. Ecologistas denuncia además un intento de ‘maquillar’ la situación real del acuífero de Doñana.

 

El Consejo de Participación del ahora denominado Espacio Natural Doñana, que preside Felipe González, no tiene más constancia de lo que se debate y acuerda en el seno de la Comisión de Aguas que lo que quiera transmitirle, sea o no acorde con la realidad,  el ponente de la misma, un representante de la Junta de Andalucía que, por ende, ya no tiene competencias sobre el acuífero del que se nutre esta gran reserva ecológica, patrimonio de la Humanidad.

Ecologistas no sale de su asombro tras la respuesta recibida de que no hay actas de las reuniones, por lo que el ponente puede decirle al Consejo de Participación que preside Felipe González lo que le venga en gana, sin posibilidad de contraste alguno.

Según los conservacionistas, en la reunión de La Puebla del Río el director del Dominio Público Hidráulico de la Junta de  Andalucía, carente ya de competencias al respecto, presentó un informe sobre la situación del acuífero de Doñana en 2009/2010 “desfasado en el tiempo, gravemente erróneo y ajeno a la realidad”, lo que para Ecologistas demuestra un intento de ‘maquillaje’, pues concluía diciendo lo siguiente: “esta mejoría general se observa, de manera más evidente, cuando comparamos los índices de estado de aguas altas; así, en marzo de 2009, la situación era de peligro, mientras que para marzo de 2010 era de estabilidad”.

En contraste, se presentó otro informe realizado por el Servicio de Aguas Subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el cual se llega a la conclusión de que el estado del acuífero es “preocupante” debido al descenso en los niveles de los pozos piezométricos, los cuales muestran una tendencia clara al descenso, fruto de las extracciones ilegales de agua que siguen sin ser evitadas. El descenso del nivel del agua subterránea supera incluso al registrado durante la gran sequía de 1995.

Al final de la reunión, Ecologistas en Acción preguntó a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si en el año 2009/2010 habían hecho un estudio  sobre el estado del acuífero. La respuesta fue afirmativa y que ese estudio había demostrado que ya por entonces la situación era “preocupante”, cuando poco antes el representante de la Junta había dicho que “en marzo de 2010 era de estabilidad”, lo que a juicio de los conservacionistas demuestra el intento de ‘maquillaje’ de la realidad por parte del Gobierno autonómico.

Por su parte, la organización ecologista WWF denuncia que continúa extrayéndose agua de más de mil pozos ilegales en el entorno de Doñana “a pesar del conocimiento  de la Administración central, la autonómica y la local”.  WWF pide al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y al nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, que pongan solución de una vez por todas  al problema del acuífero con medidas urgentes como su declaración como “sobreexplotado”.

Obras contrarreloj en la carretera por el Parque del Guadaira

Vecinos de Heliópolis, Pedro Salvador y Bermejales se sienten

estafados y denunciarán el caso a la UE

 

Insisten en que la vía, de 10 metros y 8 rotondas, discurre por

una zona verde y que vulnera el PGOU vigente

 

La Plataforma pro Parque del Guadaira, compuesta por vecinos de Heliópolis, la barriada Pedro Salvador y Los Bermejales, denuncia que en las últimas semanas se está trabajando en exclusiva, en jornadas de hasta doce horas diarias, para terminar cuanto antes la carretera que cruza por mitad del futuro parque que se construye sobre el antiguo cauce del río, desde el Polígono Sur hasta la Avenida de La Raza, pese a tratarse de una zona verde y con la aquiescencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la vista gorda de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento.

 

El proceso de negociación abierto a instancias del Ayuntamiento, después de que Zoido visitara las obras, entre los vecinos de varios barrios del Sur de Sevilla y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), promotora de las obras del futuro parque sobre el viejo cauce del Guadaira, se da por fracasado después de que la Plataforma haya comprobado que la construcción de la polémica vía de circulación que parte en dos la zona verde no sólo no se ha paralizado, sino que continúa a marchas forzadas, en jornadas de sol a sol, con el claro propósito por parte de la empresa ejecutante de concluirla cuanto antes como un hecho consumado.

El único compromiso que en principio habrían alcanzado la CHG y la empresa con un sector de Heliópolis consistiría en no conectar la nueva vía de comunicación con las calles Ifni y Perú, a fin de que los antiguos hotelitos de la Exposición del 29 no sufran la invasión de los vehículos que crucen de Norte a Sur , entre el estadio y la ciudad deportiva del Betis, para enlazar con La Raza y los puentes del Centenario y Delicias.

Los vecinos opositores a la carretera exigen la paralización cautelar de esta vía rápida de 10 metros de anchura y 8 rotondas y denuncian la, a su juicio, complicidad del Ayuntamiento, ya que pese a tratarse de un proyecto conveniado con la CHG, a la Gerencia de Urbanismo le corresponde velar por el cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en el cual el suelo que ocupará el asfalto estaría calificado como zona verde.

El proyecto original del Parque del Guadaira, cuyas obras se interrumpieron en 2007 por la incapacidad de la empresa constructora de continuarlas tras una bajada económica cercana al 40% del coste de salida, incluía un vial de servicio para el futuro parque colindante con la fachada Sur de Heliópolis y una gran zona verde y de esparcimiento, con lagos y cursos de agua  hasta el Guadalquivir. El presupuesto inicial era de unos 25 millones de euros, de los que el 75% correspondían a la Unión Europea.

Sin embargo, tras abandonar la primera empresa constructora, se redactó un modificado del proyecto para volverlo a licitar bajo la coordinación de la CHG y del Ayuntamiento. Así, se eliminaron partidas significativas, como el paso subterráneo por la Avenida de Holanda y la pasarela de la SE-30, que comunicaba el parque con la ribera original del Guadaira.

Para su sorpresa, los residentes en los barrios colindantes con el futuro parque comprobaron que lo que se estaba construyendo una vez reanudados los trabajos no se parecía ni al proyecto original ni a lo que dicen haberles prometido durante la modificación, porque en lugar de un vial de servicio que discurriera por el lateral de la zona verde más cercano a Heliópolis se está construyendo una vía rápida para el tráfico con ocho rotondas y por medio de los jardines, que quedan reducidos a una mera función de ornamentación y camuflaje de la carretera.

Según la Plataforma vecinal, ni la CHG ni la Gerencia de Urbanismo les enseñan el proyecto que se está ejecutando, y tampoco plasman ninguna promesa por escrito, al igual que cambian de versión continuamente. Así, denuncian que unas veces les dicen que la carretera va a ser para exclusivo uso peatonal, algo carente de sentido por la magnitud y coste de las obras, y otras que  se reservará para el uso del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuyo representante en una de las reuniones reconoció que les bastaría con un vial de servicio de 3,5 metros de anchura, cuando se está hormigonando una anchura tres veces mayor.

Ante el avance a marchas forzadas de las obras, la Plataforma pro Parque del Guadaira ha decidido denunciar la actuación de la CGH y del Ayuntamiento a la Fiscalía, la Junta de Andalucía y la Unión Europea, ya que esta última subvenciona el 75% del coste del parque, por lo que existe el riesgo de que se repita un conflicto como el de la Biblioteca universitaria erigida sobre una zona verde en el Prado de San Sebastián, también con financiación europea y que tras la lucha de los vecinos de su entorno tendrá que ser demolida por sentencia judicial.

De la crisis de la deuda a la crisis de la moneda

Por su interés para comprender qué está pasando realmente con el euro y la deuda de los países europeos reproducimos a continuación el artículo publicado por Antonio España el día 15/11/2011 en El Confidencial:
Imagínense por un momento que forman parte de una investigación sociológica que estudia un grupo de pastores que comparten un pequeño prado con pastos. En esta situación, ¿cómo creen que se comportará un pastor que actúe racionalmente en su propio interés? Lo más normal es que éste tienda a incrementar su cabaña, pues pronto descubrirá que puede capturar el beneficio en su totalidad de la mayor producción que le supone tener más cabezas de ganado, mientras que el coste en términos de menos pasto disponible se diluye proporcionalmente entre todos los pastores.
Ya se ve que si todos los pastores son sensatos, el pastizal tiene los días contados, dado que todo el grupo actuará de igual manera. Y así se produce la tragedia: se acaban los pastos, las ovejas perecen de hambre y los pastores se van al paro. Este ejemplo, que no es mío sino de Garrett Hardin, ilustra lo que se conoce como la tragedia de los comunes, o más correctamente de los bienes comunales, y es justo lo que está pasando con el euro y la crisis de deuda, que va camino de convertirse en una crisis de divisaen toda regla.
La tragedia de los bienes comunales fue descrita por Hardin en 1968 en un artículo que publicó en la revista Science y viene a ilustrar una situación en la que un grupo de individuos que comparten un recurso limitado, actuando de forma independiente y buscando racionalmente su interés individual terminan por destruir el recurso comunal pese a que eso es lo que menos les conviene a todos.
Pues bien, otro tanto ocurre con el euro, tal y como explica Philipp Bagus en su libro The Tragedy of the Euro*, publicado hace un año y que harían bien los políticos europeos en leérselo, subrayarlo y aprendérselo de memoria. Porque pese a la rapidez con que se desarrollan los acontecimientos, esta obra está hoy más que de actualidad con el caso no sólo de Grecia sino de Italia, que de momento se ha puesto por delante de nosotros en la cola de los rescates, pese a que, según anunciaba el viernes pasado el FT y ayer mismo McCoy en estas mismas páginas, en España seguimos siendo firmes candidatos al bail out.
Según la teoría que desarrolla Bagus, el euro permite que se produzca un efecto de redistribución involuntaria de la renta desde los países más serios en la gestión de sus cuentas hacia los países más díscolos y con tendencia a incurrir en mayores déficits. Esta redistribución ofrece a los políticos de estos países un poderoso incentivo a seguir gastando y retrasar sine die los impopulares ajustes y reformas que son necesarios, pues disfrutan de todos los beneficios electorales de este curso de acción.
Sin embargo, ese comportamiento fiscalmente irresponsable se traduce en déficits que han de ser financiados mediante la emisión de deuda pública. Deuda pública que esos estados no son capaces de pagar por sí mismos porque no generan caja suficiente. Y entonces debe intervenir el BCE, ya sea explícitamente mediante un rescate, ya sea sotto voce mediante compras de bonos soberanos en el mercado secundario —o incluso primario, pues con Mario Draghi uno puede esperarse cualquier cosa visto su estreno a los mandos del BCE.
Son pues los países más díscolos fiscalmente hablando, los más beneficiados por el paraguas común del sistema monetario fiduciario que es el euro, creándose en opinión de Bagus, y que yo comparto, una especie de carrera por imprimir más dinero que puede llevarnos a que la moneda única estalle en mil pedazos, tal y como estamos viendo.
Pues las intervenciones del BCE suponen en el fondo una monetización de la deuda que han contraído los países periféricos pero que pagan todos los ciudadanos que cobran sus nóminas y tienen sus ahorros en unos euros que valen cada vez menos. Entre ellos los alemanes, claro, que ven cómo merman sus ahorros para que los españoles, los italianos y los griegos mantengamos nuestro tren de vida. En esta tesitura, y por mal que nos caiga Angela Merkel, no es de extrañar que los alemanes estén un poco hasta las narices de los simpáticos vecinos del sur, cuando con el Bundesbank y el marco no les iba nada mal y el euro, sin embargo, no les está trayendo más que dolores de cabeza.
¿Cuál es entonces el camino que llevamos? Pues bien, vayámonos por un momento al origen de la crisis. Como ya he mencionado aquí en otras ocasiones, ésta se origina en la expansión del crédito no respaldado por el ahorro que causan los gobiernos y sus aliados, los bancos, reduciendo artificialmente los tipos de interés y multiplicando los préstamos merced al privilegio de la reserva fraccionaria.
Esto generó una fase de boom bien conocida que se materializó en una burbuja inmobiliaria. Cuando estalló la burbuja, en lugar dedejar que las fuerzas espontáneas del libre mercado actuaran para liquidar las malas inversiones y así poder volver a crecer de manera sana, el estado intervino cortocircuitando el proceso de ajuste y originando mayores problemas a futuro —futuro que ya está aquí.
No sólo se evitó una rápida recuperación tras un brusco pero breve ajuste que permitiera reubicar los recursos productivos allí donde eran realmente demandados, sino que además se hipotecó el futuro, al dilapidar el gobierno cualquier superávit acumulado en la fase expansiva y endeudarse hasta la ceja para salvar a los sectores de la construcción y del automóvil con sendos planes de estímulo fiscal, para luego tener que salvar al sector financiero, con especial protagonismo de las cajas de ahorros.
Resulta pues que la deuda generada —y multiplicada— en la fase de expansión previa, ha ido pasando de las familias y las empresas (crisis de la economía real) a los bancos, de los bancos (crisis financiera) a los estados, de los estados (crisis de la deuda soberana) al BCE  y del BCE (crisis de la divisa) a… ¿a dónde?
Y en esas estamos. O sea, que se masca la tragedia, sí.
Me cuesta pensar que el euro, que fue una decisión política y no económica, se deshaga para que cada país vuelva a su divisa inicial. Con respecto al euro de dos velocidades, tampoco veo claro que a alemanes y franceses les interese quedarse prácticamente solos en un euro A de primera división. Sería un equilibrio político demasiado complicado para ambos países sin el contrapeso de países del tamaño de Italia o España y no veo que les reportara grandes ventajas con respecto a la vuelta a sus divisas originarias.
Por otro lado, el euro B con toda probabilidad, con Grecia o sin Grecia, se vería devaluado casi inmediatamente. Esto supondría un alivio para estos países pero en la práctica representa un default de su deuda pública —que devolverían en una moneda devaluada—, y tendría un importante impacto sobre los países del euro A, a los que a corto plazo les serviría de poco la doble velocidad.
¿Qué debería pasar? Que se tomaran medidas de ajuste en serio, reduciendo drásticamente el gasto público, recortando donde haya que recortar y privatizando lo que se pueda, que es mucho todavía. Bajando impuestos todo lo que el déficit permitiera para no incurrir en más deuda. Reduciendo el tamaño del sector público para liberar recursos y crédito para las empresas privadas. Dejando actuar las fuerzas espontáneas del mercado para que se terminen de liquidar los errores de inversión del pasado, sin rescates y sin medidas para salvar supuestamente ninguna empresa ni sector. Y flexibilizando y liberalizando la economía para que los recursos productivos puedan reubicarse sin trabas allí donde son necesarios y hoy no están llegando.
¿Qué va a pasar? Honestamente, creo que es impredecible, pues con estos políticos nunca se sabe. Miren ustedes el resultado de la última cumbre. Aunque ya nos lo anticipaba el dicho popular: reunión de pastores, oveja…

La juez Alaya investiga los ERE de la Cuenca Minera

La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que invetiga las variadas ramificaciones del escándalo Mercasevilla (petición de comisiones ilegales a unos empresarios; adjudicación de unos terrenos a una empresa cuando había una oferta de otra superior en 60 millones de euros…), y dentro de las mismas los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha dictado un nuevo auto en el que exige al Instituto Nacional de Empleo el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación (y en este caso de prejubilación) de los antiguos mineros de Riotinto y de otras explotaciones de la Franja Pirítica de Huelva, en atención a la penosidad y peligrosidad de su trabajo y aplicables a cada uno de los incluidos en una extensa lista de nombres que llena más de 22 folios.

La juez pide las pólizas de seguro que permitieron financiar las prejubilaciones de los mineros de Almagrera, Navan Resources, Herrerías, Nueva Tharsis y Minas de Riotinto. En este último caso, la magistrada exige los datos referidos además a veintiún mineros pensionados por invalidez absoluta. He aquí el auto completo de la juez:

* Auto Juez Alaya