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Perogrullo

El presidente de la Confederación Hidrográfica, Manuel Romero, ha dicho una fantástica obviedad sobre los recientes temporales: “Se inunda lo que está en zona inundable”. Es de Perogrullo, pero con ser tal resulta que centenares de alcaldes y miles de andaluces llevan toda la vida viéndolo y a estas alturas de la historia todavía no se han convencido, de ahí las casas construidas sobre los márgenes de los cursos de agua, las urbanizaciones sobre antiguas ramblas aparentemente secas, las calles sobre soterrados arroyos y un largo etcétera de despropósitos puestos en evidencia cuando sobreviene un otoño, invierno o primavera más lluviosos de lo normal o lluviosos como antaño. Por mucho que digan eso de que el periodo de retorno de una avenida son centenares de años, más temprano que tarde los ríos y arroyos siempre acaban mostrando las escrituras de propiedad de sus zonas de influencia. Y entonces hay que volver a recordar lo obvio…. hasta la próxima riada. Y es que ya se sabe: el hombre es el único animal que tropieza reiteradas veces con la misma inundación.

Llueve sobre mojado en Écija

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El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, abogó el mismo día en que las inundaciones en Écija afectaban a 3.000 hogares por que se fueran adoptando las medidas necesarias que eviten en un futuro su repetición en la paradójicamente conocida como ‘ciudad del sol’ y ‘la sartén de Andalucía’.

Cabe preguntarse ante quién abogará Valderas, ya que el Estado transfirió a la Junta el 26 de marzo de 1984 las competencias sobre programación, aprobación y tramitación de inversiones e infraestructuras de interés en materia de encauzamiento y defensa de márgenes de áreas urbanas.

Así pues, la Junta ha tenido 29 años para resolver al menos una de las dos causas de las inundaciones en la ciudad astigitana, el desvío y nuevo encauzamiento del soterrado arroyo Argamasilla. Y, sin embargo, tanto el Gobierno autónomo como el central y sus organismos han pasado la mayor parte del tiempo haciendo estudios y más estudios sobre la obviedad de que Écija y numerosos municipios andaluces se inundan históricamente cuando llueve incluso no en exceso.

En 1975 ya se había elaborado un inventario de los puntos negros de los cauces en todo el país.

En 1983, la Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones realizó un informe general sobre el problema.

Por la misma época en que el Estado transfirió las competencias a la Junta, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo realizó nuevos estudios, tras los cuales concluyó que la densidad territorial de inundaciones históricas registradas en Andalucía en los últimos 500 años había sido un 62% mayor que la nacional, y un 111% mayores las pérdidas per cápita por dicha causa.

Año 1985. La Comisión Nacional de Protección Civil redactó un estudio de inundaciones históricas, mapas de riesgos potenciales y acciones para prevenir los daños causados.

Posteriormente se encuestó a todos los ayuntamientos de Andalucía para obtener una nueva estimación oficial de la incidencia de las inundaciones en los núcleos urbanos.

Toda esta serie de estudios, informes y sondeos no sirvieron para evitar que en diciembre de 1997 una crecida del río Genil inundara un tercio del casco urbano de Écija y uno de sus mayores polígonos industriales, obligara al desalojo de unas mil personas de sus hogares y causara daños valorados en 12.000 millones de pesetas (72 millones de euros).

La respuesta de la Junta de Andalucía a la catástrofe fue….. encargar otro estudio de carácter general sobre el problema de las inundaciones urbanas en la comunidad autónoma, que fue concluido al año siguiente.

La Administración central tampoco se quedó atrás. El Ministerio de Medio Ambiente dedicó un amplio capítulo a las inundaciones en el Libro Blanco del Agua en España, por las mismas fechas. Un año más tarde, el Instituto Geológico y Minero empezó a publicar de forma anual informes sobre catástrofes naturales, inundaciones incluidas. A esa tendencia se sumó también el Senado y, por pura lógica, las Confederaciones Hidrográficas presentes en Andalucía, por entonces únicamente las del Guadalquivir y del Sur.

Con tal bagaje de información, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en marzo de 1998 la formulación de lo que se denominó Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, con la finalidad declarada de “constituir el marco de coordinación e intervención en la materia y de prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces”.

Tres años más tarde, con motivo de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional hubo que reestructurar el Plan andaluz de Prevención, sin que la situación hubiera variado en Écija y en otros municipios andaluces.

Todavía hubo que esperar un año más para que el 2 de julio de 2002 la Junta de Andalucía diera por aprobado definitivamente el Plan de Prevención, dieciocho años después de asumidas las competencias transferidas por el Estado. En el documento se identificaron los puntos negros por inundación en toda la región, figurando Écija por partida doble, debido a las amenazas del Genil y del Argamasilla.

Se incorporó una previsión de inversiones para acabar con el problema en toda la comunidad, inversiones que se debían repartir las diferentes Administraciones en dos grandes períodos, 2002-2006 y 2007-2015, con un total de 347 millones de euros en el primero y de casi 888 en el segundo. En total, 1.235 millones, de los que el Estado aportaría casi 675; la Junta, 431,5; los ayuntamientos, 128,6 millones. ¿Se ha cumplido esta programación?

El Plan no sirvió de mucho para Écija, ya que ocho años después de su aprobación, en diciembre de 2010, el Genil y el Argamasilla inundaron de nuevo un tercio del casco urbano y el polígono industrial ‘El Limero’. El agua del Genil, con un caudal que superaba los 1.100 m3/seg. llegó a los 7,4 metros de altura, hubo que evacuar a mil astigitanos y a los enfermos del hospital y recurrir, como en estos días, a la Unidad Militar de Emergencias. En los primeros días se habló de al menos 18 millones de euros en pérdidas.

La inundación se repitió tres veces, y hasta la tercera no apareció Griñán, que la achacó a lluvias sin precedentes, cuando el récord histórico de pluviosidad (unos 160 litros/m2) databa realmente de tres años antes.

Las obras de desvío del Argamasilla, presupuestadas por la Junta y que debieron acabarse en abril de 2012, llevan paradas casi un año y Écija ha vuelto a inundarse. En 29 años con las competencias transferidas, la Junta ha sido incapaz de acabar con las riadas en la ciudad del sol. ¿Cuántas inundaciones más necesitará?

Por un puñado de votos

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El pasado 6 de enero se conoció una sentencia del Juzgado de lo Penal Nº 15, en virtud de la cual un matrimonio sevillano era condenado a un año de cárcel por haber construido una vivienda de 85 m2, un establo-gallinero y una cimentación para una piscina sin licencia y en un terreno no urbanizable de Utrera.
Tres días después, una mujer de 37 años era condenada por el Juzgado de lo Penal Nº 12 a seis meses de prisión por haber edificado, también sin licencia, una casa de dos plantas en una zona de viñedos de Lebrija, de forma tan ostentosa que llamaba desde lejos la atención al destacar sobremanera entre el resto de construcciones.
Como decía Luis Aragonés después de las derrotas en el fútbol, a estos condenados también se les habrá quedado cara de tontos al ver el 10 de enero cómo el Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba un decreto de regularización (eufemismo para no hablar de legalización) de entre 250.000 y 300.000 viviendas construidas sin permiso y sobre suelo no urbanizable en toda la región.

INTERESES ELECTORALES

Edificaciones tan ilegales como las de estos sevillanos eran amnistiadas por el Gobierno autónomo, mientras que ellos podían acabar entre rejas al igual que todos los que estando en una situación similar han sido condenados por la Justicia, más atenta en los últimos tiempos a las ilegalidades urbanísticas, siquiera para resolver parte de las decenas de denuncias elevadas por el Seprona.
¿Por qué unos sí y otros no? ¿En qué ha radicado la diferencia para ser condenado o amnistiado? Pues, sencillamente, en que el mismo Consejo de Gobierno que adoptaba la decisión de indultar las 300.000 viviendas ilegales pendientes era el que recibía del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, la notificación interna de que las elecciones autonómicas se iban a convocar el próximo 25 de marzo.
La diferencia ha radicado, pues, en la convocatoria de unos comicios en que el PSOE se juega el ser o no ser en el último bastión que le queda frente a la marea azul del PP y el mantenimiento del poder y las prebendas asociadas de que ha disfrutado en los 30 años de la Autonomía. Por tanto, el indulto urbanístico aprobado casi en simultáneo a la convocatoria electoral y del que se beneficiarán 300.000 propietarios de construcciones ilegales y sus familias (multiplíquese el efecto por cuatro como promedio) equivale a congraciarse con al menos un millón de andaluces, potenciales votantes el 25-M.

INHIBICIÓN

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, declaró tras el Consejo de Gobierno que el decreto regularizador urbanístico era “un ejercicio de realismo”, consistente en adaptar la realidad física a la jurídica, con el objetivo de “acotar un fenómeno del pasado que se ha venido desarrollando durante muchos años”. Se le olvidó decir que con la complicidad, por acción u omisión, de la Junta de Andalucía y de ella misma, como puede dar fe quien suscribe.
A principios del año 1995 denuncié tanto ante la Consejería de Obras Públicas como ante el Defensor del Pueblo una gran explanación con maquinaria pesada en suelo rústico de Zalamea la Real para acometer ilegalmente la construcción sobre 4.760 m2 de lo que luego se revelaría una instalación industrial, extremo reconocido por el informe que al respecto trasladó la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo al Defensor, el cual la indujo a que, por subrogación, ejerciera sus competencias en defensa de la legalidad urbanística.
El Defensor tuvo que dirigirse en varias ocasiones a la Dirección General de Urbanismo para instalarla a a actuar contra aquella ilegalidad, y sólo a finales de año su titular se dignó contestar diciendo que iba a realizar un nuevo análisis de la situación al objeto de iniciar, en su caso, las actuaciones de disciplina urbanística. Aquel organismo de la Junta, cuya titular era Josefina Cruz Villalón, se inhibió durante meses, y así al final se consolidó la obra ilegal. Gracias a su dejación en aquel caso, la realidad física de una construcción iniciada fuera de la norma acabó con cobertura jurídica, exactamente lo mismo que ahora, sólo que 300.000 obras ilegales después.

INCOMPETENCIA

Al amnistiar tal ingente cantidad de viviendas ilegales en la provincia de Sevilla (un informe del Defensor del Pueblo realizado en el año 2000 detectó 359 urbanizaciones ilegales en 42 pueblos sevillanos, sin contar las viviendas diseminadas) y en las otras siete provincias andaluzas, la Junta se está indultando también a sí misma de su escandalosa incompetencia en materia de urbanismo y ordenación del territorio, pese a haber dispuesto de las transferencias desde los albores de la Autonomía, hace 30 años.
Ha contado hasta con teledetección espacial, que le permitía identificar si en una finca se plantaban más cultivos de los declarados para cobrar las subvenciones de la UE, pero misteriosamente (¿?) el Gobierno andaluz era incapaz de ver cómo a escasos kilómetros incluso de su Consejería de Obras Públicas crecían urbanizaciones como la de Las Minas, en Castilblanco, ¡cinco veces más grande que todo el casco urbano del pueblo!
Frente a los honrados ciudadanos que han respetado las normas y pagado más caras sus viviendas por todos los costes urbanizadores, el papeleo y los impuestos, la Junta, con este decreto regularizador, lanza el mensaje de que premia la ilegalidad y de que ésta queda impune.
Si para Enrique IV París bien valía una misa, para Griñán, San Telmo bien vale hacer la vista gorda sobre 300.000 viviendas ilegales.

El cargo maldito de la Junta de Andalucía

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La Dirección General de Gestión del Agua se ha

convertido en el puesto con más relevos

Alguno de los cinco titulares distintos en los últimos

dos años y medio sólo ha durado cuatro meses en el puesto

Belén Gualda, la última titular del cargo

La Dirección General de Gestión/Explotación de la Agencia Andaluza del Agua (que se fusionará a partir de ahora con Egmasa pese a las protestas de los funcionarios) se ha convertido en el cargo con peor reputación del organigrama de la Junta de Andalucía, ya que en los últimos dos años y medio se han sucedido cinco titulares distintos, a un promedio de uno cada medio año, como si pesara una maldición político-administrativa sobre el puesto. Otra característica del puesto es que parece haber sido diseñado a la medida de las mujeres. Cuatro de sus seis titulares han sido féminas en un mundo aparentemente tan dominado por los hombres como el de los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

María Emilia Sainz de Baranda Muñoz fue, en mayo de 2008, la primera cesante de la serie tras la creación de la Agencia Andaluza del Agua en enero de 2005 como organismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente encargado de materializar la gran apuesta de la Junta por el agua y las transferencias de las competencias sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. La Agencia se constituyó al tiempo que la antigua Confederación Hidrográfica del Sur pasaba a ser gestionada por el Gobierno andaluz como Dirección General de la Cuenca Mediterránea Andaluza. Un año más tarde, el 1 de enero de 2006, se constituyó la Dirección General de la Cuenca Atlántica Andaluza, que abarcaba las de los ríos Guadalete, Barbate, Tinto, Odiel, Piedras y Chaza.

Sainz de Baranda fue sustituida por otra mujer, dentro de la política de cuotas femeninas de la Junta, aunque la elegida no tuviera conexión alguna con el mundo hidráulico: Amparo Ramírez Espinosa. Esta licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada estaba apadrinada políticamente por Gaspar Zarrías como miembro del clan socialista jiennense. Tras ser concejal en su pueblo natal (Higuera de Calatrava) y delegada del Instituto Provincial de Asuntos Sociales en Jaén, fue delegada provincial de Medio Ambiente desde 2003 a 2008, año en que fue catapultada por Zarrías a la Dirección General de Planificación y Gestión de la Agencia del Agua. Los ingenieros de Caminos no la tomaron para nada en serio, dada su falta de cualificación técnica, y apenas duró unos meses en el puesto.

DESEMBARCO DE EGMASA

Fue sustituida en noviembre de 2008 por Javier Serrano, hombre procedente de Egmasa y que llegó al cargo de la mano de Juan Jesús Jiménez y de Luis Pizarro. Antes de su incorporación a la Agencia del Agua, de la que pasa por ser el auténtico hombre fuerte como supervisor de los intereses socialistas en el sector, ocupó los puestos de comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, jefe del Servicio de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, coordinador de la Oficina del Corredor Verde del Guadiamar y consejero delegado de Egmasa.

En enero de 2009, Javier Serrano cesa en el cargo para ocuparse de la Dirección General del Dominio Público Hidráulico y llega otra mujer para desempeñar sus mismas funciones dentro del equipo de Jaime Palop como nuevo titular de la Agencia: Mónica González Bueno. Al contrario que Amparo Ramírez Espinosa, Mónica González era funcionaria de carrera e ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de Granada y había acumulado ya cierta experiencia. Había ocupado, entre otros cargos, los de jefa del Servicio de Explotación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas de Huelva. Sin embargo, al igual que su predecesora, dura en el puesto tan sólo cuatro meses, cuando salta de la Agencia su gran valedor, Jaime Palop.

Palop fue destituido como director de la Agencia Andaluza del Agua apenas un año después (mayo de 2009) de su nombramiento, al cabo de cinco meses de la transferencia del Guadalquivir (el traspaso lo había negociado él mismo en la legislatura anterior en su calidad de director general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente) y tres semanas después de la toma de posesión del nuevo Gobierno de José Antonio Griñán. Le sustituyó el malagueño Juan Paniagua, en un intento de la Junta de compensación política tras la polémica surgida por la pérdida de competencias de la Cuenca Mediterránea en la nueva configuración del organismo autónomo. Si Málaga había perdido peso en la política de aguas del Gobierno andaluz, Griñán trata de reequilibrar la situación imitando a Chaves y nombra máximo responsable de toda la Agencia a un malagueño, el susodicho Paniagua.

Juan Luis Ramírez Vacas se convierte (26 de mayo de 2009) en el quinto director del área en tan corto periodo de tiempo, el titular con más amplia experiencia de todos los habidos hasta entonces. Ingeniero de Caminos, licenciado en Derecho y funcionario de carrera, había sido alto cargo en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (comisario de Aguas) y en el Ministerio de Medio Ambiente. Dura en el puesto hasta el pasado 18 de enero de 2011, cuando cesa, según él, a petición propia, pero casualmente tras la última polémica sobre la gestión del agua en Andalucía: desembalses e inundaciones en Ecija y otros municipios de la cuenca del Guadalquivir.

CUARTA FÉMINA

Para sustituirle, el Consejo de Gobierno recurre de nuevo a una mujer: Belén Gualda. La nueva directora general de Infraestructuras y Explotación, granadina, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Inició su andadura profesional en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa). En 2005 se incorporó a Egmasa y en 2008/2009 desempeñó las funciones de directora general de Transportes. Tras ese paréntesis, retornó a la empresa medioambiental como directora de la División de Infraestructuras Ambientales y Gestión del Agua.

Su desembarco supone la evidencia de la toma del poder en la Agencia Andaluza del Agua por parte de Egmasa antes de su liquidación y posterior fusión, propiciada por la reordenación de la función pública, en la ‘súper agencia’ Amaya (Agencia de Medio Ambiente y Agua). En el sector se la tiene por persona de la esfera política de Juan Jesús Jiménez y de Luis Pizarro.

Factor común

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Inauguración de Cisneo Alto

He aquí algunas de las noticias que publicaban los periódicos sevillanos en la entrada de año. Muere un anciano tras partirse la cadera al romperse la barandilla de la escalera del centro de salud Cisneo Alto, en el cual no funcionaba el ascensor y donde hubo de esperar dos horas la llegada de una ambulancia. La familia anuncia que se querellará contra la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Los afectados por las inundaciones de Écija (cinco durante el mes de diciembre, a un promedio de una cada seis días) han creado una plataforma para demandar a la Administración por su deficiente gestión e imprevisión de las riadas. El Tribunal Supremo confirma que debe pagársele una indemnización de 151.660 euros a un paciente que acudió al hospital San Sebastián de, vaya por Dios, en Écija tuvo que ser, a que le quitaran un sencillo quiste y acabó saliendo con un brazo amputado. ¿Cuál es el denominador común de todas estas noticias con que nos saludó el Año Nuevo para hacernos añorar el muy pésimo 2010? Respuesta: el lema de la Junta (‘Andalucía, imparable’).

In-

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Calle inundada en Écija

La Junta sigue culpando de las inundaciones a las lluvias, a las que cada día dedica un calificativo. Primero las tachó de “inauditas”; luego, de “inéditas”, y ahora de “inusitadas”. Aún le quedan estos epítetos: insólitas, incontenibles, inusuales, increíbles, inconcebibles, inadmisibles, incesantes, incisivas, inclementes, inciviles, incómodas, inconmensurables, incontrolables, inconvenientes, incordiantes, indecentes, indecorosas, indeseables, indignantes, indomables, indóciles, ineluctables, inevitables, inescrutables, inesperadas, inestables, inexorables, inexplicables, infames, infatigables, infaustas, infernales, infrecuentes, inflexibles, ingentes, inhóspitas, inhumanas, inicuas, inmanejables, inmensas, insaciables, ingratas, inmundas, innumerables, inoportunas, inquietantes, insaciables, insensibles, insidiosas, insondables, insostenibles, insufribles, insultantes, insuperables, insumisas, insurrectas, intempestivas, intransigentes, intensivas, interminables, intolerables…..En su Diccionario no hay, sin embargo, una palabra que podría aplicarse a sí misma: incompetente.

Wic

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El alcalde de Écija, Juan Wic, ha tratado de justificar las inundaciones en su pueblo con la coartada de que cuando los obreros entraron a limpiar el soterrado cauce del arroyo Argamasilla, se toparon con que la tubería tenía enquistada una capa de grava de 1,40 metros, tan dura por solidificada que había que quitarla picando como si fuera una mina. Y así, picando, les sorprendieron las lluvias y las inundaciones. La grava no se convierte en pedernal de la noche a la mañana, sino tras un abandono de años, pero Wic ataca a la Oposición “porque cuando ellos gobernaron no hicieron nada”. El PP y el PA gobernaron entre 1998 y 2002, osea, hace ocho años. En Estados Unidos impera un principio según el cual, pasados seis meses de su toma de posesión, un gobernante ya no puede echarle la culpa de los problemas a la Administración anterior, porque ha tenido tiempo al menos de adoptar medidas para solucionarlos. Está claro que Écija no es EEUU. Wic, con tal de eludir su responsabilidad, es capaz de remontarse hasta a Adán y Eva o hasta Noé y el diluvio universal.

Imprevisión

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Gobernar es prever, una virtud que no caracteriza a nuestros gobernantes, como revelan las riadas que sufre Écija al escupir agua hacia la superficie el entubado arroyo Argamasilla al hallarse taponado por lodo, basura y ramaje su soterrado cauce. De todos es sabido que el otoño -y con esta estación la temporada de lluvias- empieza hacia el 21 de septiembre (este año, oficialmente ha sido el día 23). Para entonces debió haber estado limpio el Argamasilla, máxime tras sus desbordamientos de febrero y marzo. Pues bien, en línea con la imprevisión habitual, las labores de limpieza no se iniciaron hasta el 22 de septiembre, en el último minuto, como ocurre siempre en todos los órdenes de nuestra vida. ¿Ven cómo España nunca podrá ser igual que Alemania? Así no es de extrañar que el temporal del 7 de diciembre pillara a Fomento (¿o habrá que decir Folento?) de Construcciones y Contratas con el arroyo sin destaponar. Los políticos han aprendido que los fuegos se apagan en invierno. Ahora hace falta que aprendan que las inundaciones se previenen en verano.

El argumentario

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Griñán, que ha necesitado tres riadas para visitar Écija cuando Arenas fue a la primera, acreditando así más reflejos políticos y dejándolo en evidencia, ha tratado de justificar la catastrófica situación en la ‘ciudad del sol’ diciendo: “ha sufrido borrascas inéditas en Andalucía, que descargan muchísima agua”. En el argumentario de la Junta, la palabra ‘inédito’ sucede a ‘inaudito’, calificativo empleado por el ministrillo andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, tras la primera crecida del río Genil y del arroyo Argamasilla. El Diccionario de la Academia define ‘inédito’, en su tercera acepción, como “desconocido, nuevo”. E ‘inaudito’ como “nunca oído, monstruoso”. Los términos no pueden ser más inapropiados en la boca de nuestros gerifaltes de hogaño, pues basta remontarse sólo 40 años en el tiempo para hallar noticia de borrascas aún peores que éstas en Écija: 162 litros caídos el 20-11-2007 ó 113 el 14-01-1969. ¡Y no se inundó! Lo inédito e inaudito era lo de antaño y no esto. La Andalucía imparable ha devenido en la Andalucía inundable.

Sin coartada

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Trillo en Ecija

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un informe sobre el temporal en Sevilla y Andalucía. Recordarán que el ministrillo andaluz de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, dijo tras las inundaciones de Écija, Lora y demás que no se debían a los desembalses, sino a unas lluvias inusuales que habían dejado más agua que nunca. Pues ahora la Aemet lo deja sin coartada. Según su informe, el temporal fue significativo pero en ningún caso excepcional porque no se superaron los datos históricos de diciembre. De hecho, hasta en la cuenca minera de Huelva, la tierra del ministrillo de la Ecología, llovió más que en Écija y la Sierra Norte sevillana. Tener de consejero de Medio Ambiente a un poeta implica que hable con hipérboles y que equipare un temporal normal al diluvio universal. Pero cuando los agricultores y la Oposición le piden que a cuenta de la gestión de los pantanos depure responsabilidades en la Agencia Andaluza del Agua, conocida en los ambientes como ‘la triple A’, el ministrillo se hace el sordo. Como si oyera llover. ¿Será por lluvias?