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Torrijos: una dimisión que llega dos años tarde

Torrijos anunció el pasado fin de semana que dimitirá como concejal de IU en el Ayuntamiento  de Sevilla después del debate sobre las Ordenanzas Fiscales y los Presupuestos de la ciudad para 2014, con lo que, a lo más tardar en enero, el portavoz de la coalición de izquierdas pondrá fin a un decenio de presencia en la vida municipal.


Según sus propias palabras, aunque está convencido de su inocencia, se va para que los dos procesos judiciales en que se ha visto envuelto (imputado por el supuesto desvío de fondos en la Fundación DeSevilla y la presunta venta fraudulenta de suelos de Mercasevilla) no perjudiquen las perspectivas electorales, en alza, de IU: “No cabe duda -ha afirmado-  de que la repercusión y el tratamiento de los temas judiciales puede perjudicar, sin merecerlo ni estar justificado, la imagen de mi fuerza política y puede debilitarla. Doy un paso al lado para evitar que el proyecto transformador de IU sea agredido utilizando mi nombre”.

EMPUJADO

Pero esa “agresión”, por emplear la misma palabra que Torrijos, la vendría sufriendo desde hace más de dos años, cuando se produjo su primera imputación, sin que en todo este tiempo Torrijos se hubiera visto empujado a la dimisión, como ahora, lo cual se habría debido a varios factores:

1) La posición menos flexible que la de Diego Valderas del nuevo coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, que no quiere que ningún imputado judicial ocupe un cargo público en representación de la coalición.

2) La soledad política en que se ha visto Torrijos como consecuencia de los ‘nuevos tiempos’ en su formación, evidenciada en el hecho de que ningún responsable de peso en IU le acompañó en el camino a su última comparecencia judicial, al contrario de lo que ocurrió en la primera. Podría decirse que el aún portavoz del grupo municipal “ha entendido el mensaje”.

3) La prohibición, por las normas internas de IU y que Torrijos no ha conseguido cambiar para convertirse en excepción, de repetir como candidato en la lista para las elecciones municipales por cuarta vez consecutiva (ya lo fue en 2003, 2007 y 2011). Torrijos, pues, es en este sentido un político amortizado: representa el pasado y no el futuro  para  la coalición, y realmente su desgaste personal por motivos judiciales, justo o injusto, acabaría repercutiendo en las expectativas electorales de su coalición, la cual, con su adiós, suelta lastre, por decirlo en términos náuticos.

4) A un año y medio de las elecciones municipales de 2015, la forzada (por la nueva dirección regional) dimisión de Torrijos permite a IU disponer de suficiente margen de tiempo para foguear a su futuro alcaldable y que el electorado vaya poniéndole cara y no sea un desconocido. Aunque dada la singularidad de los procesos internos de la coalición puede ocurrir cualquier cosa, de momento quien más probabilidades tiene de sustituir a Torrijos es el coordinador local, José Manuel García.

PERVERSIÓN POLÍTICA

Pero una cosa es que Torrijos dejase el cargo al finalizar normalmente el periodo de cuatro años por el que fue elegido concejal por los ciudadanos y otra muy distinta que lo haga presionado por la dirección de su formación política por su imputación en dos causas judiciales y conforme a la doctrina de IU de que toda imputación debe suponer la dimisión del responsable así señalado ante la opinión pública.

Los propios partidos políticos, al establecer la ‘pena del Telediario’ para quienes hacen el ‘paseíllo’ camino de los Juzgados a prestar declaración ante el juez como imputados, han acabado pervirtiendo el sentido original de esta figura jurídica y sin respetar la presunción de inocencia de aquéllos; al contrario, sin mediar siquiera una condena que justifique la exigencia posterior de responsabilidades también políticas además de las penales, el imputado acaba convertido ‘a priori’ en un presunto culpable, sobre todo si milita en otra facción dentro del propio partido y que no es la corriente mayoritaria en esos momentos, o en otro partido político.

CONTRADICCIONES

En este sentido, el caso de Torrijos es paradigmático, visto desde dentro y desde fuera de IU. Desde dentro, porque Torrijos dimite por su doble imputación en los casos DeSevilla y Mercasevilla, pero sin haber sido condenado en sentencia firme siquiera, la misma semana en que el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, fue condenado a siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave a la autoridad tras la ocupación de la finca militar ‘Las Turquillas’, en Osuna, en julio de 2012.

Según la doctrina de IU, Gordillo debería haber dimitido ‘ipso facto’ como diputado y alcalde, pero el nuevo coordinador general, el mismo que ha presionado para la marcha de Torrijos, descarta la salida de aquél al estimar, sin ser juez, que su condena es “injusta”. El condenado se queda y el no condenado se va. Como se ve, la doctrina de IU también tiene sus excepciones, según convenga.

Y desde fuera de IU, porque es sabido que el PP, que señaló a Torrijos como la ‘bestia negra’ en su estrategia de debilitar al gobierno de Monteseirín por su flanco más débil agitando el espantajo comunista para evitar así la repetición de la coalición postelectoral y propiciar el acceso de Zoido a la Alcaldía, tiene sólo en la comunidad de Valencia 100 imputados en sus filas, sin que les haya exigido la dimisión.

UN PRECEDENTE

¿Y si Torrijos fuera declarado inocente en las causas en que está inmerso? Recordemos: no todo imputado o procesado es acusado, ni todo acusado resulta condenado o culpable, aunque los políticos se comportan (según sus intereses) como si lo fueran.

El caso por antonomasia es el del primer presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid (PSOE), en la Transición. Once de los trece trabajadores de una empresa textil de su propiedad, Pekus, le pusieron una querella criminal por entender que había simulado su venta al antiguo gerente con el pretendido fin de defraudar sus derechos. Demetrio Madrid fue imputado por la Justicia y de inmediato el entonces líder de la oposición regional, José María Aznar, exigió su dimisión.

El presidente castellano-leonés confesó años después que fue un ingenuo al pensar que su dimisión como presidente autonómico (año 1986) le serviría para que resplandeciera su honorabilidad en los tribunales y que una vez demostrada su inocencia podría volver a concurrir a las elecciones autonómicas en 1987. Fue un ingenuo porque por la lentitud de la Justicia (es conocido el adagio de que una Justicia lenta no es Justicia) el juicio no se celebró hasta diciembre de 1989. Hasta entonces sufrió un calvario personal y político, le volvieron la espalda sus propios correligionarios y Aznar -merced a aquella crisis política- ganó las elecciones regionales y desde el trampolín de la Presidencia de Castilla y León dio el salto a la política nacional y al liderazgo del PP.

El ‘apestado’ Demetrio Madrid fue absuelto con todos los pronunciamientos favorables. El Tribunal falló no sólo que no había habido venta simulada, sino que el ex-presidente había mantenido abierta durante varios años una empresa que sólo le provocaba pérdidas, pese a lo cual y la nula actividad de la compañía abonaba los salarios de la plantilla de su bolsillo hasta el punto de poner en peligro el patrimonio familiar y sus ingresos como presidente de la Junta.

Un hombre ejemplar, víctima de una cacería política, sin que se respetase su presunción de inocencia ni se le devolviese la posición perdida ni se le procurara una reparación en ningún sentido. La lección que debió extraerse, y que no se ha extraído, del caso de Demetrio Madrid es que ni imputado ni procesado equivale a culpable.

CONDENA PREVIA

Sentado este principio, Torrijos ha dimitido demasiado tarde, porque lo debería haber hecho por otra causa y no por las dos en que ahora se le imputa. Debió haberse ido hace más de dos años, cuando fue condenado por el Juzgado de lo Social Número 6 por acoso laboral a la directora de la Oficina de la Bicicleta, Josefa García Jaén, que se había negado a acatar unas órdenes suyas que “no eran viables” legalmente. Vamos, que eran ilegales. Según la sentencia, quedó probado que Torrijos participó en una “actuación vulneradora de los derechos fundamentales”.

Que un líder de una coalición como IU, que se dice de izquierdas y defensora de los trabajadores, haya sido condenado por acosar y vulnerar los derechos de una trabajadora es, además de impresentable, antiestético y antiético y razón más que suficiente para que entonces, y no ahora, IU le hubiera exigido su acta de concejal.

Rico Lara

A Rico Lara, el juez víctima inocente del caso Arny, le han rendido un homenaje póstumo en la Casa de la Provincia tras su muerte física a los 82 años, subsiguiente a la muerte civil que mucho tiempo ha le decretó la sociedad sevillana por la simple presunción de una culpabilidad que no fue tal. Pasó a ser un apestado y se le cerraron todas las puertas. Incluso tras su absolución siguió cargando con la cruz y la pena por la injusticia sufrida. En mi diario, que nació mucho después de aquellos tristes episodios, al menos tuvimos la oportunidad de poder acogerle y darle un espacio a sus escritos, que acudía a entregar en persona y casi de puntillas, por temor a molestar en la marabunta de la Redacción. Todos los oradores que en el acto tomaron la palabra coincidieron en destacar la cobardía e hipocresía, marca de la tierra, con que fue tratado en los círculos en que se desenvolvió. La cobardía ha seguido vigente hasta el final, como prueba este mismo homenaje: ha habido que esperar a su muerte para poder tributárselo, sin que se viera desagraviado en vida.

El BMW

Aquí todos hablan de transparencia y lucha contra la corrupción, pero a la menor oportunidad se tornan misericordiosos con los de su clase (política), pensando en el ‘hoy por ti, mañana por mí’. Aprovechando el verano, el Gobierno del PP ha camuflado entre otros trece el indulto a Dolores Mateos, ex de Política  Municipal y Relaciones Vecinales en la Agrupación del PSOE de Sevilla Este en los tiempos bajo el control del diputado autonómico Ramón Díaz, protegido de Viera e imputado en el caso de los ERE. La beneficiaria del indulto había sido condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años de cárcel, que de esta manera elude, por haberse quedado con un BMW que le había sido entregado en custodia judicial. Primero adujo que el delito había prescrito y luego, pese a las evidencias, que nunca le habían dado coche alguno. Ahora, pese a la que está cayendo con los políticos (o precisamente por éso), Gallardón la libra de la trena. El próximo político que caiga en la tentación ya sabe que con medidas graciables como ésta puede quedarse con un Rolls Royce.

El boicot de Zoido a la Junta

Zoido, tanto en su calidad de alcalde de Sevilla como de presidente del PP (A), ha amenazado hace unos días con llevar a  la Junta de Andalucía ante los tribunales, e instado a los alcaldes de su partido a hacer lo mismo, por el presunto boicot a los grandes proyectos municipales.

Con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, el alcalde sevillano dijo que hasta ahora ha sido “paciente aunque insistente” con la Junta, pero que ya ha pasado el tiempo suficiente para que desbloquee proyectos muy importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.

Es curioso comprobar cómo tan sólo cuatro días antes el alcalde pedía a los sevillanos que tuvieran paciencia con él y su gobierno, dada la herencia recibida y la crisis económica existente y, sin embargo, él proclama que no va a tener más paciencia con la Junta de Andalucía.

La segunda curiosidad dimana de la concepción del poder y la ley que inconscientemente muestra con sus declaraciones Zoido, un juez en excedencia metido a político, por lo que resulta aún más llamativo. El alcalde está preconizando que en una Democracia como la nuestra, donde debe regir el imperio de la ley, el Gobierno autónomo omita la normativa aplicable al caso -el Plan General de Ordenación Urbana vigente- para que le dé luz verde a proyectos que la contravienen, como es el parking de la Alameda, cuando el Plan veta expresamente la construcción de aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo.

Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?

EN SENTIDO INVERSO

Y, ¿qué ocurre cuando es el Ayuntamiento el que boicotea los proyectos de la Junta en Sevilla? Porque Zoido ha tratado también en la última semana de resucitar la Ciudad de la Justicia en el Prado, algo que podría considerarse un boicot -ya que la palabra se utiliza como un auténtico cajón de sastre, que lo mismo vale para un roto que para un descosido- a uno de esos grandes proyectos para Sevilla, propuesto por el Consistorio en su día y no por el Gobierno autónomo -he ahí otra paradoja- para la zona de los Gordales y cuya ejecución contribuiría a crear parte de esos 46.000 empleos que, según dijo el presidente provincial y portavoz municipal del PP, Juan Bueno, irían asociados a la construcción de todo lo pendiente, desde la SE-40 hasta el Metro.

La Ciudad de la Justicia es otra de esas iniciativas que parecen gafadas y condenadas a eternizarse por una u otra cuestión, como suele ocurrir en Sevilla, donde el tiempo para materializar cualquier proyecto puede prolongarse de uno a tres decenios (ejemplos, el Metro y el mercado de la Encarnación).

Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.

Sin embargo, cada consejero de Gobernación y/o Justicia que aterrizaba en el cargo (y han sido seis o siete en este periodo) tenía su particular idea sobre cuál era el sitio idóneo para construirla, sobre todo porque a medida que el proyecto se tornaba más ambicioso, siquiera sobre el papel y cada vez necesitando de más m2, se veía que la ubicación elegida anteriormente era insuficiente por demandar más espacio.

DE UN SITIO A OTRO

Así, el proyecto fue dando tumbos virtuales de un sitio para otro: la isla de la Cartuja, el campo de Los Remedios, el Puerto y, finalmente -si esta palabra puede emplearse en este controvertido asunto- en los Gordales. El PGOU de 2006 calificó allí suelo para equipamientos, y la decisión de ubicar la Ciudad de la Justicia la adoptó el Pleno del Ayuntamiento en junio de 2008 por acuerdo unánime de todos los grupos políticos y hasta con el impulso del PP, cuyo líder y portavoz -en la oposición- era Juan Ignacio Zoido. Previamente, para continuar con el mal fario, la Dirección General del Patrimonio del Estado impugnó el planeamiento urbanístico en disconformidad con las plusvalías que se le otorgaban para sus terrenos en esa zona, lo que añadió un factor de incertidumbre que no se despejó totalmente hasta que en junio de 2012 el Tribunal Supremo tumbó definitivamente las pretensiones del Estado.

En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.

Una vez se sustanciara el pleito con el Estado -lo que no ocurrió hasta 15 meses después-, la Consejería de Justicia construiría los otros cuatro inmuebles restantes hasta completar un conjunto de 221.000 m2 en números redondos, frente a los 63.000 m2 que tienen actualmente los juzgados del Prado. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, la Ciudad de la Justicia de Málaga, inaugurada a finales del año 2007, tiene 70.000 m2 y costó 85 millones de euros, más 7 millones para equipamientos.

CAMBIO DE CRITERIO

A pesar de que el PP y Zoido habían votado en el Pleno tres años antes a favor de los Gordales como sitio idóneo para la Ciudad de la Justicia y la cesión de suelo a la Junta cumplía aquel mandato plenario, Zoido se retractó de su propio voto y en su programa para las elecciones municipales de mayo de 2011 pasa a propugnar la creación de un Distrito Judicial en el Prado a base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.

Zoido se dedica desde entonces a restar credibilidad a la Ciudad de la Justicia en los Gordales con, entre otros, el argumento de que el Gobierno andaluz no ha puesto dinero en los Presupuestos “porque no hay dinero suficiente para iniciar nada”.

Tres consejeros de Gobernación y/o Justicia (Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio Llera) han tratado infructuosamente en estos dos años de que Zoido diga oficialmente dónde quiere la Ciudad de la Justicia. Ya con Zoido en la Alcaldía, Menacho declaró que si éste no deseaba que se construyera en los Gordales, “nos sentaremos -dijo- a estudiar los pros y los contras en busca del lugar más rápido y mejor para los ciudadanos, sin perder ni un día más para que Sevilla tenga unas instalaciones judiciales dignas”. Pero Zoido, confiado en la victoria electoral de Javier Arenas en las autonómicas, se mantenía en la indefinición y perdía así la oportunidad de comprometer definitivamente (asignación presupuestaria) a la Junta con tal de que fuera otro quien se hiciera la foto poniendo la primera piedra.

RECORTES POR LA CRISIS

Arenas no pudo ser presidente, los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy obligaron a la Junta a diferir ‘ad calendas graecas’ el Metro y tal como reconoció el consejero Llera, que lleva un año esperando infructuosamente que Zoido se reúna con él para abordar la cuestión, también la Ciudad de la Justicia, a la que en las actuales circunstancias económicas califió como “quimera”.

Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.

El alcalde, que tanta lealtad institucional demanda al Gobierno autónomo y tanto le acusa de boicotear a Sevilla, actuó así de espaldas a la Junta -igual que con el dragado-, ya que ésta es quien tiene las competencias en materia de infraestructuras judiciales y no el CGPJ y la que tiene que financiarlas con cargo a sus Presupuestos. Para como, siendo el alcalde, Zoido ignoraba que al menos una de las dos parcelas del Prado que ofreció al CGPJ no es del Ayuntamiento, sino de Tussam (parece igual pero no es lo mismo) y que está hipotecada como garantía por el impago de deudas de la empresa municipal a la Seguridad Social.

Y, además, tampoco tuvo en cuenta de que el Ayuntamiento ya cedió hace dos años a la Junta las parcelas para la Ciudad de la Justicia en los Gordales, con lo cual, en la hipótesis de que el CGPJ hubiera aceptado el ofrecimiento del alcalde Sevilla, el Consistorio habría destinado dos terrenos para el complejo judicial pese a no haber dinero para construir ninguno. Disparate tras disparate cuya factura acaba pagando Sevilla.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

El TC acaba con los ‘chats’ en las empresas tras el caso de una teleoperadora sevillana

El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo promovido por una teleoperadora sevillana por una supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y ha dictaminado que las empresas pueden acceder a las conversaciones o ‘chats’ que mantengan sus empleados si aquéllas se producen con un ordenador de uso común.

La empleada sevillana que ha visto frustrado el amparo solicitado al Alto Tribunal prestaba servicios como teleoperadora especialista para la compañía Global Sales Solutions Line desde finales del año 2001. En la empresa existía un ordenador de uso indistinto por todos los trabajadores y sin clave para poder acceder a la denominada unidad ‘C’. Sin autorización ni conocimiento previo de la compañía, que lo tenía expresamente prohibido, la teleoperadora y una compañera de trabajo instalaron el programa ‘Trillian’ de mensajería instantánea.

Según reza el fallo del TC, entre ellas mantuvieron diversas conversaciones en las  que se vertían comentarios críticos, despectivos o insultantes en relación con compañeros de trabajo, superiores y clientes. Las conversaciones fueron descubiertas, por casualidad, por otro empleado que intentó utilizar la unidad ‘C’ del ordenador y que dio cuenta de las mismas a la Dirección a finales del año 2004.

Cuatro mandos de la compañía mantuvieron una reunión con las dos implicadas, a las que leyeron o resumieron algunas de las conversaciones. Las trabajadoras, aun reconociendo su autoría, dijeron que estaban sacadas de contexto. Fueron amonestadas verbalmente, pero ellas interpusieron una demanda y luego optaron por la acción de tutela de derechos fundamentales: al secreto de las comunicaciones, al honor y a la intimidad.

Se inició así una batalla jurídica que ha durado ocho años y en la que tales pretensiones fueron sucesivamente desestimadas por un Juzgado de lo Social de Sevilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, hasta que el caso recaló, como recurso de amparo, en el Tribunal Constitucional.

Ahora, el Alto Tribunal avala con su sentencia que las empresas puedan leer los mensajes enviados desde el ordenador del trabajo y que controlen las tareas de sus empleados. Según el TC, no se vulneró el derecho a la intimidad porque fueron las propias trabajadoras quienes no lo protegieron al comunicarse a través de un ordenador de acceso común, ya que “corresponde a cada persona -falla el Constitucional- acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno”.

Uno de los seis magistrados de la Sala emitió un voto particular a la sentencia por considerar que sí se vulneraron los derechos de secreto de las comunicaciones de las trabajadoras, porque en su opinión la empresa no se limitó a comprobar que habían instalado un programa prohibido y las amonestó, sino que se dedicó a leer el contenido de las conversaciones.

Justicia

La suspensión de una de las sesiones del juicio por el escándalo Mercasevilla debido a la imposibilidad técnica de reproducir la famosa grabación en que los acusados habrían exigido, presuntamente,  el pago de una ‘mordida’ de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza es una metáfora de la situación de la Justicia. Para rizar el rizo,  tuvo que ser un miembro del Jurado, de profesión informático, el que arreglara el cacharro -nunca mejor dicho- con que cuenta la Audiencia. Al igual que ante una urgencia en un teatro o cualquier otro local público se pregunta por los altavoces si hay un médico en la sala, a partir de ahora los jueces sevillanos deben estar preparados para inquirir si hay un informático entre los presentes, capaz de realizar una chapuza sobre la marcha.  Ya que no podemos aspirar a que se construya la Ciudad de la Justicia de la que se viene hablando desde el siglo pasado por ser un tema de ciencia-ficción según el consejero Emilio Llera, roguemos al menos por que en los tribunales funcione el equipo de sonido, que no tiene tanta ciencia.

 

Ciencia-ficción

Como estamos en la semana de la ciencia-ficción (Emilio Llera, consejero de Justicia, dixit), imaginemos que durante doce años la Junta hubiera prometido la ejecución en Málaga de un proyecto valorable en unos 100 millones de euros para el que se hubieran reservado suelos en su PGOU, firmado convenios con su Ayuntamiento, presentado incluso planos de ubicación y distribución de superficies… y que, de la noche a la mañana,  hubiera dicho que no había dinero y que todo eso no era más que “ciencia-ficción”.
Seguro que no se lo imaginan porque saben que en tal hipótesis habría ardido Troya y que la Junta se habría cuidado muy mucho de tomarles el pelo a los malagueños por muy carente de fondos que estuviese, con tal de no encender un foco de rebelión, con el consabido agravio comparativo, victimismo político, alusiones al centralismo sevillano, etcétera.
Imaginen ahora que la Junta se atreve a todo eso y que los más directamente afectados por el entierro del proyecto no sólo no se rebelan, sino que alaban lo que califican de ejercicio de realismo y hasta respiran aliviados por que no se materialice.

DOCE AÑOS DE ESPERA

Pues esto es lo que ha pasado en Sevilla con la Ciudad de la Justicia cuando tras doce años de un proyecto dando tumbos sobre plano (Los Remedios, los cuarteles de Bellavista, los Gordales, el Puerto, otra vez los Gordales….) de la mano de siete consejeros (Carmen Hermosín, María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Alvarez, Luis Pizarro, Francisco Menacho, Emilio Llera), el último, por recién llegado e inexperto en las lides políticas, se atreve a finiquitarla con la tesis de que en las actuales circunstancias es de “ciencia-ficción”.
La prensa especulaba sobre dónde metería Griñán las tijeras para recortar 2.700 millones de euros del déficit y no hubo que esperar siquiera a su primer Consejo de Gobierno para saberlo, porque ya lo anunció su consejero de Justicia apenas tomar posesión de su cargo: en no construir la Ciudad de la Justicia en Sevilla, lo cual demuestra que la fórmula andaluza de salir de la crisis por la izquierda no es muy distinta de la que viene aplicando la derecha en forma de suspensión/”reprogramación”· de obras públicas, equipamientos e infraestructuras, en vez de lo contrario, como aconsejaba Keynes.
Naturalmente, en los doce años en que la Junta ha estado mareando la perdiz en Sevilla, le ha dado tiempo de sobra a construir la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mayor edificio administrativo de Andalucía, con una inversión de unos 85 millones de euros (¡más barato que las ‘Setas’ de Monteseirín!). Allí no impera la ciencia-ficción, sino el realismo. El Escorial malagueño en plan Torretriana ha permitido concentrar los 88 órganos y siete sedes judiciales hasta entonces dispersos por la ciudad y cuyos alquileres costaban más de un millón de euros.

REACCIÓN DE LA JUDICATURA

Emilio Llera ha encontrado la complicidad y hasta el aplauso de la Judicatura sevillana, a la que él pertenece como fiscal (ahora en excedencia), por que Sevilla pierda la Ciudad de la Justicia y una inversión equivalente a la mitad de la que proyecta Ikea. La fiscal jefe, María José Segarra, le ha agradecido su “realismo” porque “en época de crisis económica es normal que se haga este tipo de anuncios”. El decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, afirma que “el consejero ha dicho en voz alta lo que todos reflexionábamos sobre la Ciudad de la Justicia: si en tiempo de bonanza no se hizo, en tiempos de crisis y de desaceleración de la inversión no es posible encontrar financiación, ni siquiera privada”. El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, considera que Llera “ha verbalizado lo que muchos de los que trabajamos en la Justicia sevillana pensamos”.
Y es que, sin disimulo, la Judicatura se ha opuesto durante estos doce años a mover sus reales del Prado, en torno al cual sus miembros han organizado sus despachos y hasta sus vidas, para irse a un lugar tan distante en su opinión como los Gordales. Aunque se pudiera ir allí en Metro, para ellos es más cómodo ir hasta andando al complejo judicial actual, aun cuando sea manifiestamente insuficiente y haya habido que dispersarlo por Viapol y la Buhaira. Anhelaban, pues, el anuncio de Llera para colmatar aún más el Prado con un proyecto como el que Zoido, juez en excedencia, tenía preparado desde su época en la Oposición y que se ha apresurado a sacar de los cajones con el argumento de que es más barato que el de  los Gordales.

LA ALTERNATIVA DE ZOIDO

Zoido, en vez de haber amarrado la inversión para Sevilla tomándole la palabra a la Junta cuando le instaba a que pusiese él el sitio para construir la Ciudad de la Justicia, ahora que no hay dinero esgrime la alternativa de toda la Judicatura, tan comprensiva (Zoido ha protestado con la boca chica) con el Gobierno autónomo. El alcalde-juez propugna derribar el actual edificio de los Juzgados, reformar el de la Audiencia y construir tres más en el entorno, algunos de ellos con diez plantas de altura y hasta varias bajo rasante (trabajar en un sótano), lo que cambiaría el paisaje actual del Prado al meterle casi 110.000 m2 de edificabilidad, equivalente a dos complejos como el de la torre Pelli/edificio Podio o a tres estadios de fútbol, y sin posible ampliación futura de esta Ciudad dispersa, al contrario que en los Gordales.
Y como la Junta ha comprobado lo comprensiva que es Sevilla y que no ha protestado, sino aplaudido, por el entierro de la Ciudad de la Justicia, la nueva consejera de Obras Públicas ya ha dicho sobre la línea 3 del Metro: “habrá que verlo”.

Metamorfosis

Zoido hizo muy bien al recibir en el Ayuntamiento y confortar en nombre de los sevillanos a los padres de Marta en el tercer aniversario de su muerte y desaparición. A partir de entonces, el también alcalde de Sevilla, magistrado en excedencia y exdecano de los jueces cometió el garrafal error de ponerse al frente de la manifestación que reprobó la sentencia dictada por sus colegas conforme a la ley existente y a las (falta de) pruebas en el juicio. En la marcha avalada por el también alcalde con su presencia se corearon gritos como ‘¡Aquí no hay Justicia; esto es una mafia!’, ‘¡Esta sentencia es una vergüenza!’ y ‘¡Jueces y abogados, os habéis equivocado!’ ¿Por qué Zoido, todo un juez, se integró entre quienes cuestionaban a gritos a la Justicia en un Estado de Derecho? Decía Agnelli, patrón de la Fiat: “Cuando un peatón se sube a un coche, ya no piensa como peatón, sino como conductor”. Zoido, subido al carro del Poder, no vio 40.000 manifestantes desde las ventanas del Ayuntamiento, sino 40.000 votantes. Zoido ya no piensa como juez, sino como político.

Doble vara

Zoido, juez de profesión, alcalde y palangana confeso,  declaró el otro día que no tendrá inconveniente alguno en acudir al palco del Sevilla F. C. (equipo del que creo recordar presidió hasta una especie de peña) y sentarse junto a Del Nido, ya que, en su opinión, “no hay que precipitarse, porque la presunción de inocencia es para todos y hay que respetarla”. Recordemos que Del Nido ha sido condenado a 7 años y 6 meses de cárcel, inhabilitación y pago de 2,7 millones de indemnización por cooperación necesaria en los delitos de fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque haya recurrido luego la sentencia. Tiremos de hemeroteca. Abril de 2011. Torrijos es imputado en el caso Mercasevilla. Reacción de Zoido: “Estar imputado es, de por sí, algo muy grave, pero por una venta irregular de unos terrenos, por pura especulación, es más grave todavía”. El hoy alcalde mostró entonces su “asombro” por que “no suceda nada”, y dijo del político de IU lo siguiente: “No pregona con el ejemplo. De una vez por todas tiene que asumir su responsabilidad”.