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Cala emula a Aznalcóllar y pide la reapertura de su mina

El hierro se ha revalorizado más que el oro desde 2005

 

La anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar ha empezado a tener un ‘efecto dominó’ en municipios con yacimientos abandonados pero que son hoy rentables por el alza enorme del precio de los metales. Así, el Ayuntamiento de Cala pide a la Junta el mismo trato que a Aznalcóllar y que autorice la actividad en su mina de hierro, famosa en su día por la visita de Felipe González a los mineros encerrados y cuyo impacto económico positivo beneficiaría tanto a las Sierras de Huelva y Sevilla como al Sur de Extremadura.

El alcalde de Cala, Fidel Casilla, ha confirmado que, tras el precedente de la anunciada reapertura de la mina de Aznalcóllar y la existencia de grupos empresariales interesados, ya ha mantenido los primeros contactos formales con la Junta de Andalucía para solicitar oficialmente que se autorice de nuevo la explotación de la mina de hierro de su pueblo, que fue gradualmente abandonada a partir de 2002 con el traslado y/o prejubilación de los mineros, hasta alcanzar esta condición el último de ellos en 2009. Todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyan esta petición y a tal efecto se ha constituido una Plataforma por la reapertura de la mina.

La evolución del mercado de los metales convierte en rentables yacimientos abandonados como el de Cala, en línea de lo ocurrido con el de Aguas Teñidas, si bien en este caso es una mina de cobre. En el año 2005, la tonelada de hierro se cotizaba a 29,85 dólares; actualmente vale 140,98, casi cinco veces más, tras haberse acercado a los 190 dólares en 2011. Ello se ha debido fundamentalmente a la enorme demanda de China, que todavía crece a un ritmo del 7% anual y que importa el 61% del hierro de todo el mundo, con previsión de llegar al 69% en 2015. Por éso, la revalorización del hierro ha sido de un 430% en los últimos ocho años, superior incluso a la del oro, de un 350%.

El alcalde de Cala ha pedido a la Junta que no desaproveche esta excepcional situación del mercado antes de que pueda variar e impulse la reapertura de la mina, la cual se ha convertido en la única esperanza no sólo para este municipio deprimido del Norte de la provincia de Huelva, sino también para la serranía de Sevilla y el Sur de Extremadura. Cala sufre actualmente una tasa de paro del 30% y más de dos tercios de los parados son jóvenes sin ninguna alternativa viable en una zona dependiente de la agricultura de secano tradicional y en la que el turismo está sin desarrollar. En su última etapa, ya bajo mínimos, la mina de hierro generaba unos 200 empleos, entre directos e indirectos.

Fidel Casillas asevera que ha solicitado a la Junta de Andalucía “el mismo trato que a Aznalcóllar, con la diferencia -añade- de que aquí no se ha producido, ni se producirá, una catástrofe ecológica como la de la rotura de la balsa de residuos mineros; que ya hay grupos empresariales interesados en reabrir la mina que han contactado con el Ayuntamiento y que el transporte del mineral hasta el puerto contribuiría a revitalizar la línea férrea Zafra-Huelva, siempre amenazada de cierre por su escasa utilización”.

Las reservas de mineral de hierro existentes actualmente en Cala como seguras y probadas mediante sondeos con recuperación de testigo son de 35 millones de toneladas, con una ley media en torno al 30%. Constituyen sólo una parte del conjunto del yacimiento, por lo que con nuevas investigaciones son susceptibles de incrementarse.

El día en que Felipe González

bajó a la mina

La mina de Cala alcanzó fama nacional hace 31 años, cuando cinco meses antes de su arrolladora victoria electoral que le convertirían en presidente del Gobierno, el entonces líder de la oposición y secretario general del PSOE, Felipe González, acudió a solidarizarse con los 28 mineros que aún permanecían encerrados en el interior de una galería, en demanda de que se asegurara el futuro de la explotación con la instalación complementaria de una planta de prerreducidos en el municipio más una fábrica de pellets (granulado de mineral de hierro) en Fregenal de la Sierra.

En 1983, ya con Felipe González en la Moncloa, fue comprada por el Instituto Nacional de Industria, pero ni con el apoyo oficial alcanzó el umbral suficiente de rentabilidad y con el paso del tiempo y la apertura de otras minas fue languideciendo, debido sobre todo al hundimiento del mercado de los metales, que acabaría provocando también el cierre de otras históricas minas, como la de Riotinto. En su mejor época, la mina de hierro convirtió Cala en el segundo municipio en renta per cápita de Andalucía, sólo superado por la Marbella de la ‘jet’.

Tres mil millones en Aznalcóllar

La decisión de la Junta de Andalucía de convocar un concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznacóllar 15 años después de la catástrofe ecológica provocada por la fractura de la balsa de residuos tóxicos de la explotación gestionada entonces por Boliden ha provocado reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.

La primera cuestión, y clave además, es discernir si es rentable reabrir la mina, para que su efecto riqueza repercuta no sólo en Aznalcóllar, sino también en la provincia de Sevilla y en Andalucía. José Manuel Cantó, consultor internacional en minería y que con probados conocimientos técnicos ha analizado los aspectos que concurren en este controvertido asunto, empieza por centrarse de entrada en las reservas de mineral que al momento de producirse la catástrofe ecológica de Boliden ya estaban probadas y, por tanto, podrían ser extraídas en Los Frailes: 38 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, esto es con mezcla de diversos metales valiosos (cobre, plomo, zinc y plata) y no de tan sólo uno.

Aunque es muy probable que las reservas sean superiores, para determinar lo cual habría que emprender campañas de investigación, estos 38 millones son la cifra real que hay que tomar como punto de partida para no suscitar falsas expectativas.

 

VALOR ECONÓMICO

Para calcular el valor económico del yacimiento, hay que partir de la ley (contenido metálico) del mineral, que es la siguiente: 0,35% de cobre; 2,17% de plomo; 3,82% de zinc y 60 gramos de plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.

Sin embargo, no todo el metal se logra recuperar en el proceso de flotación diferencial al que deberá ser sometido el mineral que se extraiga. Con la experiencia acumulada en este sentido y a los precios actuales de mercado, Cantó estima que el valor comercial recuperable es el siguiente:

-Cobre: 352 millones de euros.

-Plomo: 772 millones.

-Zinc: 1.224 millones.

-Plata: 752 millones.

Total: 3.100 millones de euros.

 

Estas cifras demuestran la viabilidad económica de la reapertura de la mina y que, contrariamente a la creencia establecida, el cobre no es el metal más interesante, más abundante ni más valioso en Aznalcóllar, sino el zinc. Carece de sentido, pues, la idea de Ecologistas de enviar el mineral en bruto a Riotinto pensando en la existencia allí de un concentrador de cobre. Ni éste sirve ya para tal fin ni el cobre debe ser la prioridad de Aznalcóllar, aparte del encarecimiento que supondría un transporte que multiplicaría los riesgos de accidentes de tráfico y ralentizaría la circulación por el elevado flujo de camiones de gran tonelaje.

 

EL FANTASMA DEL VERTIDO

La segunda cuestión esencial es si con la reapertura de la mina se volvería a correr el riesgo de una nueva catástrofe como la anterior. Preguntémonos primero por qué se produjo la rotura de la balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.

Este riesgo se minimizaría si el suelo elegido para una hipotética nueva balsa fuera geológicamente estable y no se almacenaran en ella residuos húmedos, sino secos y/o inertizados o, mejor aún, se adoptara un sistema de explotación que no requiriera de presa de residuos, como es el hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. O que en vez de mediante a cielo abierto el mineral se extraiga de forma subterránea con acceso a las vetas a través de pozos de profundidad.

Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.

Una garantía de seguridad añadida sería construir la planta de tratamiento del mineral no en Riotinto, como preconiza Ecologistas en Acción pensando en evitar riesgos a Doñana, sino en un complejo minero aún más cercano: Cobre Las Cruces.

Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.

Y en cuanto a los empleos posibles, los 5.000 de que habla Comisiones Obreras es una exageración andaluza. Tomemos como referencia Aguas Teñidas: cinco años después de su reapertura tenía 443 empleados en nómina y había generado 1.200 empleos inducidos.

Los sindicatos, en los ERE de la Cuenca Minera

El diario La Razón publica en su edición del 21 de junio esta información firmada por M. González, de la que nos hacemos eco aquí por su interés para la Cuenca Minera onubense. Reza así:

“Las pruebas de cargo que llevan a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, a señalar que los sindicatos UGT y CC OO encontraron «durante una década en Andalucía una forma de financiación irregular» a través de los ERE presuntamente fraudulentos –imponiendo «de manera arbitraria e ilegítima» el pago por su mediación y «como contraprestación a su papel facilitador de los procesos de estructuración empresarial»– se sustentan, declaraciones de los dueños de las mediadoras aparte, en numerosa documentación. Entre ella, el protocolo de adjudicación de las pólizas de prejubilaciones de la Faja Pirítica de Huelva, al que tuvo acceso LA RAZÓN, que indica que los sindicatos hacía y deshacían a su antojo, eligiendo y excluyendo mediadoras y porcentajes, entre otros conceptos. El protocolo fue redactado de forma manuscrita y posteriormente corroborado con membrete oficial. Este periódico ya avanzó en junio de 2011 los escritos de antiguos mineros de Tharsis en los que se señalaba que algunos prejubilados «no habían visto la mina ni por dentro ni por fuera».

El undécimo encarcelado de la trama de los ERE, José González Mata, administrador de Uniter, señaló que los sindicatos supervisaban todo el proceso con «sus brokers», ITG y Atlantis. El dueño de la mediadora indicó, y así lo constatan los documentos de la Faja Pirítica, UGT y CC OO, que auditaban las pólizas, decidían la asesoría que se contrataba. Como contraprestación, las empresas de González Mata destinaron 3.253.031 euros a los sindicatos y la aseguradora Vitalia, 4.291.384 euros, según sostiene Alaya.El protocolo del ERE de la Faja Pirítica fue realizado en reunión de «las federaciones estatales» del ramo de la minería de CC OO y UGT «con la dirección general de Trabajo». En el documento, se descarta para la operación a BBVA y BSCH «por no aceptación de las condiciones de fiscalidad», «quedando para la toma de decisión las aseguradoras Vitalicio y La Estrella». A continuación, se acuerda la parte del «negocio» –otro término utilizado por Alaya– que gestionará cada compañía, quedándose Vitalicio con «Riotinto» y La Estrella con el resto, incluyendo a «los colectivos históricos». El acuerdo señala a «la Dirección General de Trabajo» como «interlocutor válido» por parte de la Admistración. «La operación y seguimiento de los planes de prejubilación, por acuerdo de las partes, será llevado a cabo por don José González Mata, quien coordinará la misma», subraya el documento, en coincidencia con lo declarado por el imputado acerca de que las plataformas sindicales imponían los criterios. El acuerdo está firmado por Daniel Soto, por parte de FIA-UGT; Rafael Varea Nieto, de FM-CC OO; y el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero.

El dinero de las pólizas, según la juez, procedía del Fogasa, por lo que la señalada financiación sindical procedería de fondos públicos. En el caso de la Faja Pirítica, Alaya habla de 4,5 millones defraudados en el ERE por parte de las mediadoras. El coste global en «corretaje innecesario» se eleva a 51,5 millones de euros. Las empresas que mediaban en los ERE abonaban un 0,5% a los sindicatos y un 1% en el caso de empresas muy grandes.

Según la Guardia Civil, Uniter cobró 2,3 millones en cheques de los trabajadores de la Faja Pirítica. Los fondos transferidos, pagos que no han sido declarados por Uniter ni por la Asociación de la Faja Pirítica de Huelva, mantendrían «una procedencia pública», según el informe de la UCO. Así, las mediadoras presuntamente recibían comisiones por una doble vía. De un lado, las asociaciones de trabajadores controladas por los sindicatos. Por otro, de las aseguradoras encargadas de las pólizas. Sería el caso del ERE de la minería onubense. Parte de estos fondos los transferiría Uniter al despacho Estudios Jurídicos Villasís, donde estuvo trabajando el «conseguidor» Juan Lanzas. La juez habla del pago de 2,7 millones por parte de Uniter. De aquí, según la Guardia Civil, los fondos se repartirían entre Guerrero, empresas pantallas del propio Lanzas, sociedades del ex chófer del que fuera director general de Trabajo o el señalado por éste y por la Guardia Civil como camello, «Goyo» Martínez Piñero.

El entonces secretario general de UGT en Andalucía Manuel Pastrana y el vigente en CC OO, Francisco Carbonero, figuraban como presidente y vicepresidente de la Asociación Faja Pirítica de Huelva, que se constituyó el 18 de noviembre de 2003 con la dirección del Estudio Jurídico Villasís. El expediente de la Faja Pirítica fue promovido, según González Mata, por Francisco García Martínez, ex viceconsejero de Empleo, conocido como «Paquillo», del clan de Jaén; por lo que la Administración andaluza tampoco habría estado al margen del papel protagonista de los sindicatos en el presunto fraude. Según el dueño de Uniter, y como ratifican los documentos a los que accedió este diario, eran los sindicatos y la Junta quienes confeccionaban las listas de prejubilados. Las mediadoras, elegidas por las plataformas sindicales en un círculo perverso, «no preguntaban» porque pensaban «que los sindicatos podían meter a quien quisieran como tomadores de las pólizas». El ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín declaró que las comisiones a CC OO y UGT eran «una auténtica forma de presión» y que si no se les pagaba «no se hacía la operación». «Cuando he estado con los directores generales he visto una relación enormemente fluida con los sindicatos», testificó Albarracín.

* http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2744680/local+andalucia/el-protocolo-de-la-faja-piritica-muestra-el-po#.UcRf0D55Nw8

 

 

Cobre las Cruces alerta sobre riesgos catastróficos

Se niega a clausurar las  instalaciones mineras

Gerena dictó orden de paralización por vulneración urbanística


Cobre las Cruces se ha negado a obedecer la resolución dictada por la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez (PSOE), de paralización cautelar de instalaciones del complejo minero en el marco de un expediente en materia de disciplina urbanística, alegando para ello los efectos catastróficos que tal medida podría tener para la provincia de Sevilla en caso de accidente. La enumeración de las consecuencias de un parón imprevisto al complejo minero por cualquier causa reveladas en su escrito por la propia compañía demuestra que su Plan de Contingencias o no contempla ese riesgo o que, simplemente, carece de cualquier eficacia al respecto.

El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento socialista de Gerena notificó a Cobre las Cruces una resolución por la que se adoptaba la -”inaudita”, según la compañía- medida cautelar de suspensión del uso de una serie de edificios e instalaciones del complejo minero en virtud de un expediente administrativo en materia de disciplina urbanística y motivado, presuntamente, por la construcción de edificios al margen del ordenamiento y/o de instalaciones cuyas dimensiones o volúmenes superarían lo autorizado en las correspondientes licencias.

El consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, ha respondido a la alcaldesa de Gerena con un escrito en el que tacha su resolución de contraria a Derecho, anuncia recursos de reposición y asume la responsabilidad de desobedecerla para evitar las consecuencias catastróficas que tendría la paralización de las instalaciones. Sin embargo, una de las condiciones impuesta por la Administración a la compañía para autorizarle a abrir la mina era la redacción de un Plan de Contingencias ante cualquier riesgo, Plan que CLC presentó el 11 de septiembre de 2008.

La carta de Damien Marantelli al Ayuntamiento de Gerena convierte el Plan de Contingencias en papel mojado al demostrar que la compañía no está preparada para afrontar la paralización imprevista de una serie de instalaciones, ya sea por decisión administrativa, como en este caso, por accidente o por cualquier tipo de catástrofe de gran magnitud. Según el consejero delegado de CLC, el complejo minero “no se apaga pulsando un interruptor”, sino que es preciso ejecutar múltiples actuaciones que “desde luego requieren -escribe- no sólo de más tiempo, sino también del análisis de las consecuencias que de ello se derivarían”. Marantelli enumera los problemas ecológicos y de seguridad que se derivarían de una paralización de golpe de la mina:

-Desactivar la sala eléctrica, la de control, el compresor, caldera, tanque y plantas floculantes sin monitorización ni control alguno dejaría las instalaciones llenas de productos químicos “que -dice- supondrían un tremendo riesgo para el medio ambiente y las personas”.

-Las instalaciones quedarían en condiciones totalmente inseguras, pudiendo ocasionarse de manera inmediata incidentes tales como derrames de tanques, fuego e incendios de las instalaciones con solventes, fuego en los equipos electrónicos, explosión de calderas y destrucción de las salas eléctricas.

-La ejecución de la medida cautelar (de paralización) implicaria la suspensión del uso del sistema contra incendios (alimentado por la sala eléctrica o, en su caso, el generador de emergencia, igualmente clausurados), por lo que cualquier accidente ya no sólo podría ser catastrófico para Cobre las Cruces, sino para la provincia. A mayor abundamiento, la suspensión de la planta y tanque de agua produciría la rotura de bombas por los sellos, pudiendo ocasionar así grandes episodios de contaminación, así como un altísimo riesgo en materia de seguridad.
La paralización de la planta de lodos -añade- podría ocasionar vertidos de los mismos a la zona de policía del dominio público hidráulico o el propio arroyo Garnacha (a pocos metros).

-La clausura de la balsa ‘BACIET’ produciría la suspensión de las actividades de bombeo y con ello podría producir la posible inundación de la instalación de estériles de tratamiento, con el perjuicio medioambiental que ello podría causar, así como la afección al dominio público hidráulico (arroyo Garnacha).

-En cuanto a la BACIEM 1, habría riesgo de inundación de la instalación de estériles de minas, así como la afección al dominio público hidráulico.

-Especialmente gravosa sería, sin duda, la suspensión de la BAR-4. Mediante esta balsa se realiza la gestión de las aguas de rechazo, por lo que la clausura de la misma supondría la paralización inmediata de la Planta permanente de tratamiento de aguas, así como del sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), ambos, pilares del Plan Global de Gestión de Agua de Cobre las Cruces. La no gestión del agua de contacto supondría la inundación de la corta.

Un caso de espionaje en Minas de Riotinto

El diario ‘online’ El Confidencial publica en su edición del 7 de junio de 2012 una información con el título ‘La agencia que espió a López del Hierro ‘hackeó’ al CEO de Minas de Riotinto’, fechada en Barcelona y redactada por Antonio Fernández, que por su interés para los vecinos de la Cuenca Minera onubense transcribimos a continuación:

 

@Antonio Fernández. Barcelona 07/06/2012   (06:00h)

La trama de investigadores que traficaban con datos confidenciales pinchó el verano pasado el ordenador del consejero delegado de Minas Río Tinto (MRT), Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, antes de que la empresa Emed Tartessus presentase una denuncia por estafa y falsedad contra él. Otro de los ordenadores intervenidos ilegalmente pertenecía a Miguel Ángel Ortega, director financiero. La empresa Vertex, la misma que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, en el restaurante Ten con Ten, fue la encargada de realizar los pinchazos, según los documentos que constan en el sumario de la Operación Pitiusa a los que ha tenido acceso El Confidencial.

El objetivo del espionaje era enterarse de los pasos que daba la cúpula de Minas Río Tinto y, para ello, necesitaban conocer los contenidos de los correos electrónicos recibidos y enviados por los directivos. “No me enteré de nada. Sólo hubo una cosa curiosa, pero fue en el verano de 2010. Alguien entró en la casa y se llevó mi ordenador personal y otros aparatos electrónicos, pero no le dimos importancia. Como consejero delegado de Minas de Río Tinto, no me di cuenta de ningún espionaje”, señala Carlos Estévez a El Confidencial.

El empresario señala que “si pincharon mi ordenador, lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Río Tinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos [personal ajeno a la empresa], que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían bajado a un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones de trabajo insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficinas o de administración. Por negarme a firmar los expedientes, tuve muchos problemas personales y políticos”.

El empresario reconoce que en el momento en que le fue pinchado el ordenador mantenía un pleito con Emed Tartessus. “No me extrañaría que hubiesen intervenido mi ordenador, porque alguna de la gente que trabaja para Emed no me inspira ninguna confianza y les creo capaces de cualquier cosa. Durante los últimos años, han ido a por mí personalmente, interponiendo muchas denuncias. No es que fuesen contra la empresa Río Tinto, sino que iban contra mí”, añade Estévez.

El propietario de Vertex, Juan Manuel Olivera, por su parte, dejaba entrever en las conversaciones intervenidas con orden judicial que había sido contratado para espiar a Carlos Estévez por una persona de la cúpula de Emed.

El litigio que Emed tenía con MRT venía de lejos. Esta última había vendido en el 2005 los terrenos donde se asientan las minas a la empresa Matesur Andévalo, que también está controlada por hombres de confianza de Carlos Estévez. En el 2007, Matesur cedió los terrenos a Emed Tartessus, pero la transferencia formal no se llegó a realizar, ya que la transmisión debe ejecutarse directamente por la Junta de Andalucía. El año pasado, la comisión liquidadora cerró un acuerdo con Rumbo 5.0 para la adquisición de los derechos mineros. Esta compañía es, a su vez, propietaria de parte de los terrenos. Pero para la operación no tuvieron en cuenta a Emed. Es más: en septiembre, directivos de Emed intentaron acceder a los terrenos en que se encuentran las balsas mineras pero no los dejaron entrar. A principios de 2012, finalmente, Emed interpuso una querella contra Carlos Estévez por estafa y falsedad.

Un hacker muy rico

En medio de esa batalla, se produjo la interceptación de los ordenadores de los directivos de MRT. Para llevar a cabo los pinchazos, Olivera recurrió a un antiguo compañero suyo de trabajo, Matías Bevilacqua, con fama de ser uno de los mejores expertos informáticos del sector de la investigación, lo que en lenguaje común y corriente se denomina hacker. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex hasta hace pocos años. Bevilacqua llegó a ser responsable de I+D+i de esa empresa hasta que decidió independizarse y montar su propia compañía en Barcelona.

Durante los dos últimos años, Matías Bevilacqua trabajó varias veces para Olivera: se han encontrado cuatro transferencias de dinero por valor de 14.486 euros desde el año 2010 que salieron de una cuenta del dueño de Vertex hacia las cuentas del hacker.

Tras su detención, los agentes encontraron en poder de Bevilacqua unos 280.000 euros en efectivo. La justificación de Matías fue sorprendente: aseguro que procedía de fondos reservados del Ministerio de Defensa, ya que le habían contratado para desarrollar un sistema de interceptación de correos informáticos. No obstante, la cantidad incautada está ahora bajo control judicial. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de los hechos de Bevilacqua, pero el hacker evitó ponerse al teléfono.

 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/06/07/la-agencia-que-espio-a-lopez-del-hierro-hackeo-el-pc-del-consejero-delegado-de-minas-rio-tinto-99513/

El sueldo de los mineros prejubilados, en peligro

Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.

Los prejubilados que se verán afectados por la decisión de las compañías de no pagar ya las rentas desde este mes son los antiguos mineros de Río Tinto, El Marquesado, Minas de Almagrera, Bolsa de Tharsis, Minas de Alquife y Mina de Herrerías; los ex trabajadores de las bodegas jerezanas Willians&Humbert, González Byass, Zoilo Ruiz-Mateos y del consejo regulador del Vino de Jerez, así como los antiguos empleados de Pickman, Grupo Joly, Arteferro, Promi, la industria naval de Cádiz, la industria auxiliar y los inválidos de Delphi, y Calderinox.

El plante de las aseguradoras se produce por la inexistencia de un calendario de pagos por parte de la Junta, que se comprometió a realizar una transferencia el pasado mes de abril a fin de garantizarse la paz en vísperas de las elecciones autonómicas del 25 de marzo. La Consejería de Empleo ha vuelto a incumplir una vez más su promesa.

El pago de esta mensualidad sólo se llevaría a cabo si la Junta formaliza de urgencia una transferencia de unos 40 millones de euros, cantidad con la que se reduciría la deuda acumulada al haber adelantado las aseguradoras el dinero y se garantizaría el abono durante unos meses a la espera de un nuevo ingreso en el último cuatrimestre del año. De cumplir su anuncio las compañías, se daría el caso de que los beneficiarios de pólizas de seguros de rentas financiadas por la Junta no sólo no cobrarían su prestación, sino que tendrían que adelantar el importe correspondiente al convenio especial con la Seguridad Social.

El otro vertido

El día en que esa “máquina de perder juicios” (Ecologistas en Acción ‘dixit’) llamada Junta de Andalucía encuentre con el candil de Diógenes la vía jurídica para sentar a Boliden en el banquillo de los acusados por el vertido tóxico de Aznalcóllar, los suecos podrán invocar en su defensa la conducta del Gobierno andaluz en un caso similar al suyo y así sería probable que volvieran a librarse de pagar los 89 millones de euros. La multinacional podría alegar que tenía una macrobalsa de residuos, acorde al volumen de la explotación minera, pero que en último extremo su rotura fue accidental. En contraste, los técnicos de la Junta imputados judicialmente ahora por otro vertido tóxico al Guadiamar (vía sus afluentes arroyo Los Frailes y río Agrio) y que mató 753 kilos de peces también en un mes de abril pero doce años después, arrojaron deliberadamente los metales pesados al agua desde la balsa de la mina de Los Frailes. Haciendo abstracción de las magnitudes de cada desastre, ¿qué es éticamente más condenable, el vertido de Boliden o el de la Junta en Aznalcóllar?

Boliden: una catástrofe anunciada

El Supremo ha anulado la decisión adoptada en 2004 por la Junta de Andalucía de reclamarle 89.867.545 euros a la multinacional sueca Boliden, propietaria de las minas de Aznalcóllar, por los gastos de limpieza del vertido tóxico causado por la rotura de la balsa de residuos el 25 de abril de 1998.
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias  de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Apenas conocida la sentencia, el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, declaró que el Gobierno andaluz “se peleará hasta el final para que se haga Justicia” y que, “como evitó una catástrofe ecológica pero costó mucho dinero, es justo que las arcas andaluzas se vean resarcidas con una sentencia que nos dé la razón”.

DENUNCIAS DESOÍDAS

No es cierto que la Junta evitara la catástrofe, sino que, con el dinero de los contribuyentes, palió luego sus efectos haciendo de la necesidad (62 kilómetros de cauce contaminados y casi 5.000 Has. arrasadas por la riada de 7 millones de m3 de metales pesados) virtud (con la creación del corredor verde en una zona muerta para siempre para la agricultura).
Resulta sarcástico que la Junta invocara la Ley de Minas para, como Administración competente, exigirle 89,8 millones a Boliden y que, sin embargo, no ejerciera esas competencias para haber evitado la catástrofe de haber atendido las denuncias sobre las deficiencias de la balsa, tal como recopiló la asociación ecologista Agaden.
Tan sólo dos años y medio antes del 25-4-1998, el ingeniero de Minas Manuel Aguilar Campos denunció ante la Agencia de Medio Ambiente de la Junta (hoy, Consejería de Medio Ambiente), la Consejería de Industria, el Ministerio de Obras Públicas y el Patronato de Doñana, con fotografías, planos y análisis de los vertidos, el alarmante estado de la presa.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Asimismo, advirtió que la apertura de la corta de Los Frailes, que duplicaría la producción de mineral, incrementaría la evacuación de vertidos  contaminantes a la balsa, la cual no estaba en condiciones de recibirlos. Conclusión: si no se clausuraba, se corría el riesgo de provocar un desastre de incalculables consecuencias en Doñana, vía río Guadiamar.
‘ENEMIGO DEL PUEBLO’

Ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central, ni el Patronato de Doñana, hicieron el menor caso a la denuncia del ingeniero. Cuando trascendió a la opinión pública, la fachada de su casa en Aznalcóllar amaneció llena de pintadas amenazadoras de algunos de los que temían perder su empleo en Boliden si se le daba crédito; se le hizo el vacío en el pueblo, como si fuera un apestado; sus hijos fueron acosados en el colegio; se pidió al Ayuntamiento que lo declarara persona ‘non grata’ y, finalmente, la presión social consiguió que se fuera del municipio.
Este fue el altísimo precio pagado por un andaluz de Puente Genil  por decir la verdad, un drama personal similar a ‘Un enemigo del pueblo’, del nobel noruego Ibsen, cuya lectura debería ser obligatoria en Aznalcóllar y absolutamente recomendable para todo el mundo en este panorama de cobardía social y relativismo moral imperante.
Manuel Aguilar murió en el año 2000, dos después de la catástrofe que había augurado, sin haber recibido ninguna reparación moral por parte de los mismos que, instalados en sus poltronas, ni se molestaron en certificar la veracidad de su denuncia. No sólo Boliden, sino también la Administración española –la que con afectada indignación lleva 13 años rasgándose las vestiduras- se ha hecho la sueca en esta vergonzosa historia. Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.

DIEZ MÁS

La de Manuel Aguilar no fue la única denuncia. Agaden refleja que los ecologistas interpusieron al menos diez más: ante el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Sanlúcar la Mayor, la Audiencia Provincial de Sevilla, el Consejo Provincial del Medio Ambiente, el Defensor del Pueblo y hasta a la UE, a la que el Gobierno español tranquilizaba con informes que descartaban cualquier tipo de peligro (¡!). Según los ecologistas, antes del vertido, Boliden –por acción- y la Administración –por omisión- incumplieron al menos diez leyes aplicables a la mina de Aznalcóllar y a los vertidos de la balsa.
Han pasado 13 años del desastre y a la incompetencia técnica de la Junta para haberlo evitado se une la jurídica de no haber sabido hallar la vía para resarcirse por el daño causado. Ha fracasado por la vía penal, la civil y la contencioso-administrativa.
El Supremo le ha recordado que ya hace 7 años el TSJA le señaló el camino que debía seguir: El Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales. Caso omiso.
A este paso, como ha dicho Trillo, la Junta seguirá peleando, pero no hasta el final, sino hasta el Juicio Final. Y como además el Supremo la ha condenado a pagar las costas, la Junta ha propiciado que Andalucía sea el único sitio del mundo donde quien contamina no sólo no paga sino que, encima, cobra.

La juez Alaya investiga los ERE de la Cuenca Minera

La juez titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que invetiga las variadas ramificaciones del escándalo Mercasevilla (petición de comisiones ilegales a unos empresarios; adjudicación de unos terrenos a una empresa cuando había una oferta de otra superior en 60 millones de euros…), y dentro de las mismas los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha dictado un nuevo auto en el que exige al Instituto Nacional de Empleo el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación (y en este caso de prejubilación) de los antiguos mineros de Riotinto y de otras explotaciones de la Franja Pirítica de Huelva, en atención a la penosidad y peligrosidad de su trabajo y aplicables a cada uno de los incluidos en una extensa lista de nombres que llena más de 22 folios.

La juez pide las pólizas de seguro que permitieron financiar las prejubilaciones de los mineros de Almagrera, Navan Resources, Herrerías, Nueva Tharsis y Minas de Riotinto. En este último caso, la magistrada exige los datos referidos además a veintiún mineros pensionados por invalidez absoluta. He aquí el auto completo de la juez:

* Auto Juez Alaya

Las Cruces reconoce que fluye 10 veces más agua

El nuevo consejero delegado de Cobre las Cruces, el ingeniero de Minas australiano Damien Marantelli, ha reconocido en declaraciones al diario Expansión que las previsiones del modelo matemático en que se basó el sistema de drenaje y reinyección no se están cumpliendo porque del acuífero Niebla-Posadas brota diez veces más agua de la esperada. Este reconocimiento público del nuevo mandatario de la mina avala las informaciones publicadas en el diario El Mundo desde hace más de un año sobre los problemas que tenía el yacimiento con el exceso de agua.

Cobre las Cruces ha tratado siempre de vincular la causa de sus problemas con el agua dentro de la corta minera a las lluvias extraordinarias caídas en los últimos años en Andalucía Occidental, pero en las informaciones publicadas en El Mundo hemos  cuestionado esta versión oficial y sostenido que el problema de fondo al que se enfrentaba el complejo minero era que “los aportes de agua que se acumulan en el fondo de la corta, procedentes del acuífero Niebla-Posadas, supondrían una detracción del mismo mucho mayor que la autorizada y, además, superarían con creces la capacidad de tratamiento del sistema existente”.

En otra de las informaciones publicadas en el último año y medio decíamos que el SDR –Sistema de Drenaje Reinyección- ideado por FRASA   no estaría siendo  capaz de cumplir los objetivos previstos de deprimir suficientemente el nivel piezométrico del acuífero Niebla-Posadas en el entorno de la explotación minera: “Se iban a detraer unos 5 litros/segundo pero el aporte de agua a la corta estaría ya por encima de los 60 litros/segundo. Además, la empresa no ha podido impedir hasta ahora que el agua llegue a la explotación a cielo abierto tal como se comprometió  en su Plan Global de Gestión de Aguas, presentado en Septiembre de 2008, mientras estaban suspendidas las autorizaciones de operación (el parón duró un año)”.

“Tampoco –decíamos- ha funcionado tal como se preveía el Plan de Gestión de Aguas de Contacto diseñado por MP MEDIOAMBIENTE y presentado en Enero de 2009.  La capacidad de tratamiento de  aguas contaminadas mediante el Sistema de Ósmosis Inversa se ha mostrado completamente insuficiente a la vista de la situación existente. El Plan preveía un máximo de 90 m3/hora cuando los responsables de la mina deben enfrentarse a un flujo de 220 m3/hora, volumen que más que duplica la capacidad de tratamiento de la planta”.

 

PÚBLICA ADMISIÓN

 

 

Estos extremos han sido corroborados ahora por el nuevo consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, en una entrevista concedida al diario Expansión, al que ha declarado lo siguiente: “La estimación inicial era que brotaran 5 litros por segundo y la realidad es que están fluyendo diez veces más. Para eso, estamos en conversaciones con el Ejecutivo autonómico y podemos acreditar buena fe y un tremendo esfuerzo en inversión”.

En relación con el último expediente sancionador por haber superado los niveles de arsénico en el agua del acuífero, Marantelli afirma que “en ningún caso se ha causado daño al medio ambiente. Hemos superado algún día –reconoce- los límites que nos ha impuesto la Administración que, por cierto, son extremadamente más restrictivos que para cualquier otra industria. Si alguna vez los hemos excedido, ha sido mínimo y muy por debajo de la media de otras actividades productivas de la región”.

No obstante, el nuevo consejero delegado afirma que para no volver a tener problemas con el agua y eliminar dudas y sospechas, CLC ha realizado una inversión de 40 millones de euros en una planta de tratamiento “que es capaz de depurarla al nivel de agua mineral”.

En cuanto a las doce reclamaciones judiciales existentes, según sus declaraciones ocho se han fallado a favor de la compañía minera y cuatro “aún están en el proceso”.

 

DISEÑO TEÓRICO

 

 

La explotación minera a cielo abierto pretende extraer el cobre contenido en 17,6 millones de toneladas de mineral  con una ley del 6,2% y presenta básicamente el problema de la interacción entre una sección del cono invertido que es la Corta proyectada y el acuífero de Niebla-Posadas, justo en el contacto de unas margas azules de edad terciaria y unos materiales paleozoicos (la Faja Pirítica Ibérica) en los que encajan las  mineralizaciones  que pretenden aprovecharse. Tal como reza en la autorización administrativa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, se trata de “un proyecto de una complejidad técnica inusual”, puesto que “resulta difícil encontrar a lo largo del mundo actuaciones similares y del mismo orden de magnitud”.

Básicamente, la idea que soporta la viabilidad de la explotación es el establecimiento de un Sistema de Drenaje-Reinyección –SDR- del agua del acuífero para rebajar su nivel de forma que la mina, según el Instituto Geológico y Minero de España, “quede en seco”. Teóricamente el objetivo se conseguía  mediante un anillo perimetral de 69 sondeos en torno a la explotación minera, que extraen el agua primero y la reinyectan después, a una distancia aproximada de 2,5 kms. de la corta. El sistema descrito, simple conceptualmente, es, sin embargo, muy complejo en su ejecución por la gran cantidad de factores y parámetros que intervienen, y su validez se basaba en un modelo matemático que supuestamente preveía el comportamiento del acuífero.

 

Cobre las Cruces  incumplió las condiciones impuestas por la Administración, que llegó a suspender el sistema de drenaje-inyección de agua (SDR), por lo que se vio obligada a realizar un nuevo planteamiento que redefine y cambia la situación prevista inicialmente: el denominado Plan Global de Gestión de Aguas –PGGA-, presentado en Septiembre de 2008 suponía una inversión añadida de 15 millones de euros para depurar aguas –mediante un proceso de ósmosis inversa- previamente a su reinyección en el acuífero en sectores distintos a los de extracción. La concesión de aguas otorgada a CLC limita su extracción neta a 5 litros/segundo (equivalentes a 160.000 metros cúbicos/año, incluyendo  aguas de contacto) para usos minero-industriales, pero esta cantidad se ha multiplicado por 10, según reconoce ahora la compañía.

La concesión de aguas TC-17/2017 de 2004 le autorizaba a extraer del acuífero los citados 160.000 m3/año para usos industriales-mineros y 20.000 m3/año para usos domésticos, más el uso de 2.600.000 m3/año procedentes de la EDAR de San Jerónimo, también con fines minero-industriales.