Se niega a clausurar las instalaciones mineras
Gerena dictó orden de paralización por vulneración urbanística
Cobre las Cruces se ha negado a obedecer la resolución dictada por la alcaldesa de Gerena, Margarita Gutiérrez (PSOE), de paralización cautelar de instalaciones del complejo minero en el marco de un expediente en materia de disciplina urbanística, alegando para ello los efectos catastróficos que tal medida podría tener para la provincia de Sevilla en caso de accidente. La enumeración de las consecuencias de un parón imprevisto al complejo minero por cualquier causa reveladas en su escrito por la propia compañía demuestra que su Plan de Contingencias o no contempla ese riesgo o que, simplemente, carece de cualquier eficacia al respecto.
El pasado 19 de octubre, el Ayuntamiento socialista de Gerena notificó a Cobre las Cruces una resolución por la que se adoptaba la -”inaudita”, según la compañía- medida cautelar de suspensión del uso de una serie de edificios e instalaciones del complejo minero en virtud de un expediente administrativo en materia de disciplina urbanística y motivado, presuntamente, por la construcción de edificios al margen del ordenamiento y/o de instalaciones cuyas dimensiones o volúmenes superarían lo autorizado en las correspondientes licencias.
El consejero delegado de Cobre las Cruces, Damien Marantelli, ha respondido a la alcaldesa de Gerena con un escrito en el que tacha su resolución de contraria a Derecho, anuncia recursos de reposición y asume la responsabilidad de desobedecerla para evitar las consecuencias catastróficas que tendría la paralización de las instalaciones. Sin embargo, una de las condiciones impuesta por la Administración a la compañía para autorizarle a abrir la mina era la redacción de un Plan de Contingencias ante cualquier riesgo, Plan que CLC presentó el 11 de septiembre de 2008.
La carta de Damien Marantelli al Ayuntamiento de Gerena convierte el Plan de Contingencias en papel mojado al demostrar que la compañía no está preparada para afrontar la paralización imprevista de una serie de instalaciones, ya sea por decisión administrativa, como en este caso, por accidente o por cualquier tipo de catástrofe de gran magnitud. Según el consejero delegado de CLC, el complejo minero “no se apaga pulsando un interruptor”, sino que es preciso ejecutar múltiples actuaciones que “desde luego requieren -escribe- no sólo de más tiempo, sino también del análisis de las consecuencias que de ello se derivarían”. Marantelli enumera los problemas ecológicos y de seguridad que se derivarían de una paralización de golpe de la mina:
-Desactivar la sala eléctrica, la de control, el compresor, caldera, tanque y plantas floculantes sin monitorización ni control alguno dejaría las instalaciones llenas de productos químicos “que -dice- supondrían un tremendo riesgo para el medio ambiente y las personas”.
-Las instalaciones quedarían en condiciones totalmente inseguras, pudiendo ocasionarse de manera inmediata incidentes tales como derrames de tanques, fuego e incendios de las instalaciones con solventes, fuego en los equipos electrónicos, explosión de calderas y destrucción de las salas eléctricas.
-La ejecución de la medida cautelar (de paralización) implicaria la suspensión del uso del sistema contra incendios (alimentado por la sala eléctrica o, en su caso, el generador de emergencia, igualmente clausurados), por lo que cualquier accidente ya no sólo podría ser catastrófico para Cobre las Cruces, sino para la provincia. A mayor abundamiento, la suspensión de la planta y tanque de agua produciría la rotura de bombas por los sellos, pudiendo ocasionar así grandes episodios de contaminación, así como un altísimo riesgo en materia de seguridad.
La paralización de la planta de lodos -añade- podría ocasionar vertidos de los mismos a la zona de policía del dominio público hidráulico o el propio arroyo Garnacha (a pocos metros).
-La clausura de la balsa ‘BACIET’ produciría la suspensión de las actividades de bombeo y con ello podría producir la posible inundación de la instalación de estériles de tratamiento, con el perjuicio medioambiental que ello podría causar, así como la afección al dominio público hidráulico (arroyo Garnacha).
-En cuanto a la BACIEM 1, habría riesgo de inundación de la instalación de estériles de minas, así como la afección al dominio público hidráulico.
-Especialmente gravosa sería, sin duda, la suspensión de la BAR-4. Mediante esta balsa se realiza la gestión de las aguas de rechazo, por lo que la clausura de la misma supondría la paralización inmediata de la Planta permanente de tratamiento de aguas, así como del sistema de Drenaje y Reinyección (SDR), ambos, pilares del Plan Global de Gestión de Agua de Cobre las Cruces. La no gestión del agua de contacto supondría la inundación de la corta.
El empresario señala que “si pincharon mi ordenador, lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Río Tinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos [personal ajeno a la empresa], que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían bajado a un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones de trabajo insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficinas o de administración. Por negarme a firmar los expedientes, tuve muchos problemas personales y políticos”.
Antonio Salvador y Sebastián Torres, dos de los mejores periodistas andaluces, han publicado el pasado domingo 27 de mayo de 2012 en el diario El Mundo que unos 1.700 prejubilados andaluces no cobrarán ya este mes sus prestaciones debido a los impagos que mantiene la Junta con las aseguradoras con las que se formalizaron sus pólizas, a las que adeuda más de 270 millones de euros. Ambos periodistas, los mayores expertos en el escándalo de los ERE, han podido conocer en fuentes de toda solvencia que Vidacaixa, BBVA y Generali han tomado esta determinación cansadas de las promesas incumplidas por parte de la Consejería de Empleo y por la falta de un interlocutor en la Administración autonómica que afronte el problema para buscar una solución. Se trata de uno de los asuntos que Manuel Recio ha dejado en herencia al nuevo responsable político de Empleo, Antonio Ávila.
El día en que esa “máquina de perder juicios” (Ecologistas en Acción ‘dixit’) llamada Junta de Andalucía encuentre con el candil de Diógenes la vía jurídica para sentar a Boliden en el banquillo de los acusados por el vertido tóxico de Aznalcóllar, los suecos podrán invocar en su defensa la conducta del Gobierno andaluz en un caso similar al suyo y así sería probable que volvieran a librarse de pagar los 89 millones de euros. La multinacional podría alegar que tenía una macrobalsa de residuos, acorde al volumen de la explotación minera, pero que en último extremo su rotura fue accidental. En contraste, los técnicos de la Junta imputados judicialmente ahora por otro vertido tóxico al Guadiamar (vía sus afluentes arroyo Los Frailes y río Agrio) y que mató 753 kilos de peces también en un mes de abril pero doce años después, arrojaron deliberadamente los metales pesados al agua desde la balsa de la mina de Los Frailes. Haciendo abstracción de las magnitudes de cada desastre, ¿qué es éticamente más condenable, el vertido de Boliden o el de la Junta en Aznalcóllar?
Entiende el Alto Tribunal que la Junta carece de competencias de “autotutela” y que la Ley de Minas en la que se basó para reclamar el dinero no la facultaba a exigir directamente ese resarcimiento sin necesidad de acudir a los tribunales.
Incluyó un informe técnico sobre la firmeza de la escollera de la balsa, permeabilidad, filtros, drenaje y ejecución de los recrecidos (medía originalmente 47,50 metros de altura y fue elevada sucesivamente hasta los 64,50 para ampliar su capacidad). Alertó de las filtraciones que se estaban produciendo (no se depuraba ni el 25% del agua) y que los vertidos cargados de metales pesados (cobre, plomo, zinc, arsénico, mercurio y floculantes diversos) desembocaban en Doñana vía Guadiamar y su afluente, el río Agrio, que pasaba al pie de la presa.
Que al menos estas líneas sirvan de homenaje a su memoria.
Cobre las Cruces ha tratado siempre de vincular la causa de sus problemas con el agua dentro de la corta minera a las lluvias extraordinarias caídas en los últimos años en Andalucía Occidental, pero en las informaciones publicadas en El Mundo hemos cuestionado esta versión oficial y sostenido que el problema de fondo al que se enfrentaba el complejo minero era que “los aportes de agua que se acumulan en el fondo de la corta, procedentes del acuífero Niebla-Posadas, supondrían una detracción del mismo mucho mayor que la autorizada y, además, superarían con creces la capacidad de tratamiento del sistema existente”.
Básicamente, la idea que soporta la viabilidad de la explotación es el establecimiento de un Sistema de Drenaje-Reinyección –SDR- del agua del acuífero para rebajar su nivel de forma que la mina, según el Instituto Geológico y Minero de España, “quede en seco”. Teóricamente el objetivo se conseguía mediante un anillo perimetral de 69 sondeos en torno a la explotación minera, que extraen el agua primero y la reinyectan después, a una distancia aproximada de 2,5 kms. de la corta. El sistema descrito, simple conceptualmente, es, sin embargo, muy complejo en su ejecución por la gran cantidad de factores y parámetros que intervienen, y su validez se basaba en un modelo matemático que supuestamente preveía el comportamiento del acuífero.
