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El Ayuntamiento de Sevilla antepone las bandas de cornetas y tambores al derecho al descanso

RUIDOS

Decreta excepciones a la Ordenanza municipal contra el Ruido para que las bandas ensayen al aire libre hasta las 23 horas

CONFLICTO

 

El delegado de Fiestas Mayores sostiene que debe primar “el interés general” que para la ciudad suponen las bandas

 

RETROCESO
Zoido cedió un local a cada agrupación musical y 75.000 euros al Consejo de Bandas para locales de ensayos

 

El delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, considera que las bandas de cornetas y tambores representan el interés general de Sevilla frente al derecho al descanso de los vecinos y por ello, y haciendo una particular interpretación de la Ordenanza municipal contra el Ruido, dará permisos “excepcionales e individuales” para que las agrupaciones musicales puedan ensayar al aire libre hasta las 23 horas en los días previos a la Semana Santa.

Esta medida del gobierno local es una respuesta de carácter general al conflicto surgido en la noche del martes cuando, atendiendo a denuncias vecinales, la Policía Local suspendió el ensayo que estaba realizando en los jardines exteriores del Parlamento de Andalucía la banda de cornetas y tambores de la Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena.

En menos de 24 horas, la Delegación de Fiestas Mayores, cuyo titular es Juan Carlos Cabrera, y la de Hábitat Urbano, que dirige Antonio Muñoz, han ideado un procedimiento excepcional que, a su juicio, desarrolla la Ordenanza municipal contra la Contaminación Acústica, Ruidos y Vibraciones para que así las bandas puedan ensayar al aire libre y pese a las quejas que puedan tener los vecinos del entorno.

Así, se establece que se podrá solicitar con carácter “excepcional y de manera individualizada” el ensayo, que será autorizado “de acuerdo a su vinculación con la Semana Santa de Sevilla por parte del Ayuntamiento”.

Estas autorizaciones serán “excepcionales e individuales”, no se realizarán más allá de las 23,00 horas y serán de duración tasada y determinada. “Se evaluarán una a una las ubicaciones de los ensayos para analizar la afección a las viviendas”, defiende el Ayuntamiento.

En paralelo a esta “solución transitoria” para esta Semana Santa, el Ayuntamiento expone que se van a iniciar los trámites para la modificación de la Ordenanza, “de forma que se establezca una regulación adecuada para el equilibrio entre el derecho al descanso y los ensayos en los días previos a la Semana Santa”.

 

CESIONES Y SUBVENCIÓN

 

Así pues, las bandas han vuelto a los espacios públicos cuando el 17 de marzo de 2015 el anterior alcalde, Juan Ignacio Zoido, anunció durante una visita a la banda de Las Cigarreras, que estaba tocando en el polígono Arte Sacro, que “todas las bandas tienen un local para ensayar gracias a la cesión de varios locales municipales y a la subvención de 75.000 euros que el Ayuntamiento otorga al Consejo de Bandas para el alquiler de otros. Sólo falta asignar -añadió Zoido- un espacio a la banda de música de Nuestra Señora de la Victoria, y para ello estamos trabajando, en buscar cuanto antes el lugar idóneo para esta formación”.

En el caso de la banda de la Centuria de la Macarena, origen del actual conflicto, el Ayuntamiento le cedió un espacio de ensayo en el Polígono Navisa.

Por su parte, el actual alcalde, Juan Espadas, propugnó cuando estaba en la oposición y tras reunirse con el Consejo de Bandas que todas las agrupaciones musicales ensayaran en el convento de Santa Clara, en el que además quería instalar una escuela-taller de lutería. “El objetivo -dijo- es convertir el convento de Santa Clara en el gran centro de referencia y de ensayo para las bandas y que puedan disponer de parte de los 6.000 m2 para todas sus actividades”.

 

EXCEPCIÓN DOBLE

 

Según fuentes municipales, hay bandas que necesitan ensayar al aire libre para Semana Santa y de hecho sostienen que la Ordenanza ya recoge este hecho excepcional de cara a las fiestas religiosas, pero de una manera indefinida y remitiéndose a que los ensayos se hagan lo más lejos posible de las viviendas y que acaben al anochecer, por lo que se ha hecho una especie de desarrollo reglamentario de la norma regulando de manera concreta esta excepción y articulando un procedimiento que hasta ahora no se había establecido.

Abogados especializados en Derecho ambiental cuestionan o critican la “excepción” dictada sobre la marcha por el Ayuntamiento para soslayar o “desarrollar” las disposiciones de la Ordenanza municipal contra el Ruido. Para Emilia de la Serna no se ajustaría a Derecho. Joaquín Herrera, que aúna a su condición de jurista la de cofrade, se remite al uso de la figura del Privilegio Jurídico por parte del gobierno local, pero  califica la actuación de los dos delegados de “barbaridad jurídica” porque estarían suplantando la autoridad del Pleno y/o la del alcalde al modificar una Ordenanza y además haría falta un dictamen jurídicamente motivado del que no se tiene noticia.

A su juicio es obvio que hay una escala en los derechos y que el derecho de los sevillanos a la salud, el descanso y el medio ambiente está muy por encima del de las bandas de música a ensayar en la vía pública, pese al respeto que le merece la Hermandad de la Macarena y todas las de la ciudad.

Según Herrera, con amplia experiencia en esta casuística, cuando los vecinos denuncian a la Policía Local es porque ya no pueden soportarlo más y no lo hacen por fastidiar a nadie, y hay que tener en cuenta la situación de niños, enfermos y ancianos, muy sensibles y vulnerables al ruido. Para este abogado, el Ayuntamiento tenía muy fácil arbitrar una solución: ofrecer locales cerrados o espacios alejados del casco urbano (el estadio de la Cartuja, por ejemplo) para los ensayos de las bandas en vez de establecer excepciones que estima contrarias al derecho preferente de los vecinos al descanso.

El Ayuntamiento cedió un local

De ensayos a cada banda

 

Durante el mandato de Zoido, el Ayuntamiento cedió locales municipales para el ensayo de todas las bandas de la ciudad, conforme a la siguiente distribución:

-Caracolas de la Madrina (junto al Casino de la Exposición): Banda de música del Sol, banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Sol, San Juan Evangelista, Cristo de la Sangre y Agrupación de la Redención.

-Polígono Navisa: Agrupación Nuestra Señora del Carmen, Agrupación Santa Cecilia, las dos bandas de Los Gitanos, Jesús Cautivo, Centuria Macarena, las Tres Caídas de Triana y la Agrupación Nuestra Señora del Juncal.

-Polígono Store: Virgen de los Reyes y Madre de Dios de los Desamparados.

-Polígono Arte Sacro: la Humildad, las Cigarreras y Columna y Azotes.

-Polígono Calonge: Banda de cornetas Varón de Dolores.

-Polígono San Pablo: Agrupación de la Encarnación.

-Parque Alcosa: Banda de cornetas Pasión de Cristo.

Calle Becas: Escuadrón de la Paz.

 

El 70% de los paneles solares del Ayuntamiento de Sevilla no funcionan

ENERGIA VERDE

Entre los años 2003 y 2012 se instalaron 68 paneles fotovoltaicos, sobre todo en colegios

COSTE

Las placas y el montaje en los tejados costaron a la Hacienda local 3 millones de euros

IRRECUPERABLES

Al menos trece no son recuperables tras la falta de mantenimiento y serán desmontados

 

Una empresa contratada por el Ayuntamiento ha inspeccionado uno por uno los 68 paneles fotovoltaicos que en tiempos de Monteseirín se instalaron en dependencias municipales, sobre todo en colegios públicos, y ha comprobado que debido a la falta de mantenimiento sólo funcionan 19, lo que supone un 28% del total. Se estima que 13 son irrecuperables, aunque el gobierno municipal hará todo lo posible por reactivar los que aún estén en condiciones.

En octubre de 2016, en el marco de un acuerdo en tal sentido con Izquierda Unida, que no ha cejado en este empeño, y Ciudadanos, el gobierno de Espadas adjudicó a una empresa la revisión de todas las instalaciones fotovoltaicas existentes en edificios municipales, con predominio de los colegios, y en espacios públicos, donde se colocaron los denominados árboles solares, compuestos por varios paneles fotovoltaicos, como el existente en la rotonda de la avenida de Finlandia, en Los Bermejales.

La decisión de instalar los paneles fotovoltaicos se adoptó durante el mandato de Monteseirín, en el año 2003, en el seno de la Agencia de la Energía y para la Sostenibilidad.  Se consideró un proyecto emblemático que tenía por objeto promover desde la Administración Local el uso de la energía renovable (solar fotovoltaica) en edificios propiedad del Ayuntamiento.

El montaje de los paneles fotovoltaicos se prolongó a lo largo de nueve años, hasta el punto de que todavía no se había culminado el proyecto a la llegada de Zoido al gobierno municipal. Así, entre 2003 y 2012 se instalaron 68 paneles fotovoltaicos, con una potencia total de 400 KW y con un coste de unos 3 millones de euros.

Existía la percepción de que buena parte de estos paneles no estaban operativos, se habían estropeado o habían sido desconectados de la red eléctrica general, una percepción que ha sido confirmada tras la inspección realizada a lo largo de los últimos cinco meses.

Equipos formados por un ingeniero (industrial o de telecomunicaciones) y un técnico electricista, ambos con amplia experiencia en el sector fotovoltaico, han visitado todas y cada una de las 68 instalaciones y han inspeccionado el generador fotovoltaico, los inversores y la conexión a la red.

En cada caso se ha elaborado un informe de diagnóstico con los datos específicos, la seguridad, el estado de funcionamiento, la situación administrativa y un reportaje fotográfico.

BALANCE

En términos generales se ha comprobado que 19 de las 23 instalaciones de la primera fase del Grupo 1 están funcionando y facturando por venta de energía. En el caso de la segunda fase del Grupo 1 (30 instalaciones), ninguna funciona, como tampoco las instalaciones del Grupo 2 y del Grupo 3. Al menos hay 13 no recuperables, por lo que deberían ser desmanteladas.

Tras este análisis, y teniendo en cuenta aspectos técnicos, administrativos y económicos, para cada una de las instalaciones que no están en funcionamiento se determinan las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las mismas, su puesta en funcionamiento o su desmantelamiento en el caso en el que el periodo de retorno simple de la inversión a realizar para su reparación es superior a 10 años.

Los técnicos han elaborado una propuesta para la puesta en valor del conjunto recuperable, lo que podría permitir un ahorro de unas 150 toneladas de CO2 al año (unas 3.000 toneladas durante el reto de su vida útil), o el equivalente al consumo energético de unas 125 familias sevillanas al año.

Dragado: el río Guadalquivir es lo primero

Gracia ha comprendido que el puerto está en función del río y no el río en función del puerto

Según los científicos, un dragado en la situación actual provocaría una espiral de sedimentos sin fin

 

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), Manuel Gracia, ha comprendido por fin lo que no comprendieron sus antecesores ni quieren comprender las fuerzas vivas de la ciudad, que presionan en sentido contrario: el puerto está en función del Guadalquivir y no el Guadalquivir en función del puerto.

Por eso, al anunciar la suspensión del proyecto de dragado de profundización del río, que se inició en 1999 sin conocer siquiera el estado real del estuario y el funcionamiento de la dinámica fluvial y mareal y sin valorar su afección a Doñana (Patrimonio de la Humanidad) y a las 38.000 ha de arrozal (que generan 150 millones de euros y que son el motor económico de municipios como Isla Mayor), Gracia reconoció que la sostenibilidad ambiental condiciona la sostenibilidad de la actividad portuaria, por lo que la mejora de las condiciones ecológicas pasa a convertirse en un objetivo permanente de la Autoridad Portuaria, tan importante como la mejora de la accesibilidad de la vía navegable. Esto supone un giro copernicano, un cambio de mentalidad radical por parte de la APS, que se percata de que el puerto forma parte de la cadena ecológica, y no sólo económica, del río, y que ambas están imbricadas entre sí.

Con casi un decenio de retraso -y mediando la sentencia del Tribunal Supremo contra la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir; la amenaza de la Unesco de incluir Doñana en la lista del Patrimonio Mundial en peligro por causa del dragado y el anuncio el Gobierno en el Senado de que aquél incumplía la Declaración de Impacto Ambiental y por tanto no habría fondos para su programación-, la APS se muestra al fin dispuesta a cumplir el dictamen del comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de las universidades andaluzas.

Manuel Gracia, con buen criterio y sentido común, aboga ahora por lo mismo que preconizaban los científicos: resolver primero la situación del estuario con una gestión integral del mismo que tenga en cuenta todos los factores y agentes -y no sólo el puerto sevillano- que influyen en el Guadalquivir y luego plantearse la conveniencia de cualquier actuación, llámese dragado u otra, en función de su impacto en el mismo.

Un mayor conocimiento del río y de la dinámica fluvial y mareal permitirá la adopción de las medidas más adecuadas sin dar palos de ciego o contra la Naturaleza, palos que a la postre se volverían contra el propio puerto.

Hay que remitirse al dictamen científico para recordar que el estuario está en una situación agónica y para comprender que el dragado de profundización podría darle la puntilla.

 

CADA VEZ MENOS AGUA

 

El aumento de la presión humana está dejando al Guadalquivir sin agua. Los expertos reflejan que entre la construcción de pantanos (desde 1950 al año 2000 se ha pasado de almacenar 1.646 a 6.554 Hm3 de agua) y el desarrollo de grandes áreas de regadío (incremento del 181% en los últimos 70 años) los aportes de agua dulce al estuario han descendido en un 60%, al pasar de una media de 5.000 Hm3/año (en  el periodo 1931-1981) a sólo 2.000 (en el periodo 1981-2000), unos valores aún más bajos en los ciclos de sequía.

El volumen de agua dulce en el estuario es vital para frenar la salinidad y la turbidez y mantener los niveles de oxígeno. Cuando ese volumen persiste durante un tiempo, el ecosistema reacciona y sienta las bases para la recuperación del río. Según los expertos, se necesitaría  que el río transportara al menos 250 m3/segundo e, idealmente, algo más de 1.000 m3; la realidad es que más del 80% de los días del año el caudal de agua dulce es inferior a 100 m3/segundo (el promedio general anual es de 63,31 m3/segundo), lo que se traduce en que en vez de mandar el río sobre la dinámica del estuario, mandan las mareas y se incrementa la intrusión salina, la turbidez y la erosión.

Debido a la poca velocidad del agua dulce –de uno a cinco centímetros cada segundo- cuando es escasa(la mitad de los días el río no transporta más de 25 m3/seg) y a la pérdida de llanos mareales y marismas, la marea favorece la colmatación del estuario, tiende a desarrollar meandros y erosiona las márgenes ayudada por el paso de los barcos y los dragados. El avance de los arenales de Doñana ha empujado las mareas contra la ribera izquierda y desestabilizado el canal de navegación.

 

SALINIDAD Y TURBIDEZ

 

Los aportes salinos llegan al estuario desde el océano con la propagación de la onda de marea y su penetración y concentración está en función del caudal del río. Con caudales medios y con avenidas del Guadalquivir, las aportaciones salinas se mantienen cerca de la desembocadura y en forma de cuña. Con caudales bajos, la salinidad avanza en forma de media campana y 40 kilómetros río arriba (Punta de la Mata) y su valor máximo es de 1,75 gramos/litro aproximadamente (menos del 5% del registro en la desembocadura).

Desde allí a la presa de Alcalá, la salinidad es prácticamente despreciable. En mareas vivas, la intrusión salina puede alcanzar hasta la Punta del Verde (80 kilómetros río arriba). En promedio se producen de cuatro a seis episodios de cuña salina (generación, evolución y desaparición) en un año en el estuario y su duración media es del orden de 5 a 7 días.

Los sólidos en suspensión, que provocan la turbidez, dependen de numerosos factores, siendo uno de ellos las descargas de agua desde la presa de Alcalá del Río, si bien son amplificados por la propia dinámica del estuario. En el 10% de los casos, se registra una concentración de 900 miligramos de sedimentos por litro de agua.

La fuente principal de sedimentos es la erosión de una capa “flotante” del lecho del río que tiene un metro de espesor aproximadamente y que flota debido principalmente a la acción de las mareas, si bien no hay una norma fija, ya que todo depende del agua dulce que transporte el río, los vientos y otros elementos.

 

TRÁFICO FLUVIAL

 

El informe de los expertos subraya que el tránsito de buques hacia el puerto de Sevilla condiciona la turbidez y la calidad de las aguas, ya que provoca la resuspensión de sedimentos (principalmente de la capa flotante) y, eventualmente, la erosión de las márgenes, al igual que la política de dragados.

Las elevadas concentraciones de sólidos en suspensión limita de forma severa la penetración de la luz y afecta enormemente al fitoplancton: es 20 veces menor que en otros estuarios similares y en primavera, hasta 40 veces menor. La falta de luz, unida a la turbidez de las aguas y a la elevada concentración de materia orgánica priva de buena parte de oxígeno a áreas extensas, y en la zona de Don Isaías se mantuvo en un 90% del tiempo por debajo del nivel crítico.

En estas circunstancias, el Guadalquivir ha acabado convertido en una fuente de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y creando ‘zonas muertas’ en la costa que condiciona el desarrollo de los recursos naturales. Las condiciones están abonadas para el desarrollo de fitoplancton tóxico como cianobacterias que se concentran en la cadena alimentaria, como moluscos (coquinas) y peces. Algunos de éstos registran concentraciones tan elevadas como para ponerlos al borde de la muerte y los episodios de mortandad acaecidos en Doñana desde 2001 se debieron a cianobacterias tóxicas de agua dulce.

La dinámica mareal es incapaz de mantener el calado actual de 5-6 metros para la navegación (referido a la bajamar) del tramo Tarfia-Esclusa, por lo que la tendencia es a que se sedimente el cauce y se reduzca a su calado natural de 3-4 metros. El calado necesario para la navegación (los 5-6 metros en bajamar) se consigue mediante dragados y descargas de agua dulce superiores a 500 m3/segundo, pero a costa de crear una capa flotante de sedimentos en las proximidades del lecho del río que vuelve a quedar en suspensión con la acción de la marea.

Cuando este sedimento se extrae mediante dragados o por transporte hacia la desembocadura, la marea erosiona las márgenes y se vuelve a la situación anterior.

DRAGADO

Según los expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado hasta -8 metros. Se entraría en una espiral sin fin: la extracción del material del dragado creará por parte del río nuevo material sedimentario que necesariamente saldrá de la erosión de las márgenes.

Aunque el dragado tendría efectos positivos en algunos aspectos (mejora de la capacidad de circulación de las avenidas, reducción del riesgo de inundaciones, amortiguación de los efectos de los barcos de menor porte en riberas y lecho, penetración de la luz…), el comité no lo recomienda expresamente (deja la decisión a los órganos políticos) tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el río (turbidez, salinidad) y porque sería complejo identificar sus efectos directos para, en su caso, exigir responsabilidades.

Del dictamen, relativamente ambiguo en los puntos conflictivos, se colige que los expertos abogan por mantener el ‘statu quo’ (dragado actual pero no de profundización), crear una autoridad única del Guadalquivir, no dar luz verde a los proyectos nuevos y recuperar los llanos mareales de Doñana.

Es imposible obviar este dictamen. Ahora se abre una etapa nueva en que se va a seguir profundizando en el conocimiento científico del río para actuar con responsabilidad. La valiente decisión de Manuel Gracia no cambia las perspectivas económicas del puerto. La prueba de que, como él mismo ha dicho, hay vida más allá del dragado es que el año pasado en el puerto se movieron 133.377 toneladas más de mercancías, cerca de los 5 millones, uno de los mejores ejercicios de su historia.

Participa recurre el acuerdo de Urbanismo sobre Hacienda El Rosario

El grupo político Participa Sevilla ha apurado hasta el último día del plazo legal para presentar ante el Pleno del Ayuntamiento, previo a la vía contencioso-administrativa, un recurso de alzada contra el acuerdo por el que la Gerencia de Urbanismo se subrogó las obligaciones de la empresa Gabriel Rojas S.L. en la Hacienda El Rosario y le devolvió dos parcelas y le entregó medio millón de euros, pese a que casi en paralelo la Fiscalía había pedido penas de dos años de cárcel para el empresario y tres urbanistas por la ocupación y urbanización de la cañada real que afecta a la finca.

Participa se remite en su recurso a la Constitución y a la ley del Sector Público para recordar que las Administraciones Públicas no sólo tienen que actuar en todo momento conforme a la ley, sino que también tienen la obligación de velar por que los administrados cumplan con los requisitos legales.

Asimismo, subraya que las vías pecuarias, como en el caso de la cañada de Peromingo a Palmete que afecta a la Hacienda El Rosario, tienen la consideración legal de suelo no urbanizable de especial protección y que a quienes realicen en las mismas obras de urbanización o de edificación se les considera como autores de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo.

Para este grupo político, la empresa Gabriel Rojas S.L. se habría aprovechado de la cobertura que le otorgaba el convenio de concertación urbanística que firmó el 24 de noviembre de 2010 con la Gerencia de Urbanismo con el fin de urbanizar la Hacienda El Rosario para cometer, presuntamente, el delito más grave de entre los relativos a la ordenación del territorio: la ocupación y urbanización de la cañada real. Además, a su juicio, lo habría hecho con la financiación del Ayuntamiento, según lo estipulado en el convenio firmado por ambas partes.

Participa reprocha a la Gerencia de Urbanismo que en vez de incoar el procedimiento correspondiente para la protección de la legalidad urbanística y el restablecimiento del orden jurídico perturbado, procediera en cambio a subrogarse en la obligación de la compañía Gabriel Rojas S.L. de urbanizar la segunda fase del proyecto. Y, además, que acordara liquidar el convenio con aquélla, le devolviera parcelas por valor de 5.059.049 euros y le entregara dinero en metálico por valor de 563.419 euros, para de esta forma dar total cumplimiento a la obligación municipal de financiar el proyecto de urbanización con la cantidad de 19.133.640 euros.

INDOLENCIA

“Es decir, que frente al grave incumplimiento doloso de la entidad mercantil (como sin duda lo es la usurpación de la vía pecuaria  y su urbanización para incorporarla al proyecto constructivo), esta Administración -expone Participa- responde de forma indolente, cumpliendo íntegra y fielmente con todos sus compromisos”.

Y añade: “Hay que tener en cuenta que, aunque dividido en fases, el proyecto de urbanización es único, de modo que la subrogación acordada supone para esta Administración Local sustituir en su posición jurídica respecto de este proyecto a la entidad cuyos responsables están acusados de cometer un delito urbanístico precisamente en el seno de la ejecución del mismo. De esta forma se otorga de hecho por esta Administración una pátina de legitimidad a la acción delictiva, asumiendo las consecuencias que de la misma se derivan para el bien de dominio público (la cañada real) que ha resultado gravemente dañado. Como resulta obvio, una Administración Pública sometida al principio de legalidad no puede permitirse llevar a cabo una actuación de este tipo”.

En consecuencia, para Participa no parece muy acorde con los intereses municipales proceder en estas circunstancias a la liquidación del convenio y a devolver a Gabriel Rojas SL parcelas y dinero en metálico hasta cubrir el último céntimo comprometido en dicho convenio por el Ayuntamiento, “cuando de la infracción urbanística muy grave cometida por esta entidad -asevera- se han de derivar muy probablemente consecuencias pecuniarias en forma de multas coercitivas o restitución de las cantidades invertidas por este Ayuntamiento a costa de aquélla para sufragar la reposición de la realidad física alterada”.

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO HACIENDA EL ROSARIO

-El 24 de octubre de 2010, la Gerencia de Urbanismo y la empresa mercantil Gabriel Rojas S.L. firmaron un convenio de concertación urbanística para la urbanización de la Hacienda El Rosario, en virtud del cual la Gerencia se obligaba a abonar los gastos de urbanización (19.133.640 euros, sin IVA) y a cambio recibía 90.371 m2 de edificabilidad.

-(La Fiscalía afirma en su escrito de calificación en el procedimiento abreviado 181/14 que el empresario Gabriel Rojas y tres urbanistas, en fechas cercanas a agosto de 2011 acometieron y promovieron diferentes obras de urbanización en la Hacienda El Rosario sin licencia municipal, y que ocuparon y dañaron la cañada real de Peromingo a Palmete).

-El 1 de febrero de 2013, la Junta de Gobierno aprobó una modificación del proyecto de urbanización, para programarlo en tres fases.

-El 24 de octubre de 2014, el Consejo de Gobierno de la Gerencia acordó la subrogación del Ayuntamiento de Sevilla en la obligación de Gabriel Rojas de urbanizar el espacio libre zona verde de la segunda fase, cuyo coste de ejecución se evaluó en 1.703.005 euros. Ello suponía la modificación del convenio de concertación previo en este particular.

-El gerente de Urbanismo dictó el 6 de noviembre de 2014 resolución por la que ordenó la tramitación del procedimiento para la modificación del convenio, así como la propuesta de liquidación del contrato.

-El 21 de enero de 2015, la Intervención emitió informe con reparos al acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2014, por lo que su tramitación quedó en suspenso.

-El 14 de noviembre de 2016, Gabriel Rojas presentó un escrito por el que daba su conformidad a la anulación del acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 24 de octubre de 2014 y renunciaba a los derechos a su favor derivados del mismo.

-El 14 de diciembre de 2016, el Servicio de Gestión Urbanística y Patrimonio Municipal de Suelo emitió informe conforme a los requerimientos de la Intervención.

-El 3 de febrero de 2017, la Intervención levantó sus reparos.

-El 15 de febrero de 2017, el Consejo de Gobierno declara nulo y sin efecto el anterior acuerdo del 24 de octubre de 2014 y dispone la subrogación del Ayuntamiento en la obligación de Gabriel Rojas SL de urbanizar los espacios libres de la segunda fase, a la vez que se aprueba el texto para proceder a la liquidación del acuerdo de concertación urbanística con Gabriel Rojas de la fecha referida y devolverle dos parcelas por valor de 5.509.049 euros, más la entrega en metálico de 563.419 euros.

 

Un negocio de 32 millones de euros

Los viajes en taxi al aeropuerto supondrían 23,6 millones para los taxis y 8,2 millones para los VTC

Los taxistas no tendrían que esperar cuatro horas a salida o llegada de aviones con un turno rotatorio

 

Desde hace al menos una veintena de años, el que se ha convenido en denominar el monopolio del taxi defiende sin importarle con qué métodos el coto privado en que ha convertido de facto el aeropuerto de San Pablo.

En aquel entonces no funcionaba Internet de la forma masiva en que lo hace actualmente, ni se habían desarrollado las aplicaciones o “apps” para los teléfonos “inteligentes” que han permitido el surgimiento de plataformas de intermediación entre los clientes demandantes de un servicio de transporte y conductores ajenos al sector del taxi, como Cabify, que funciona en nuestra ciudad desde hace medio año, o Uber.

Existiera lo que existiera, viejo o nuevo tecnológicamente, el monopolio del taxi siempre ha tenido un pretexto para lanzar una guerra, ya fuera preventiva o reactiva, contra todo aquello que considerara como una potencial amenaza para sus intereses, ya fuesen conductores particulares que parasen un momento ante la terminal de San Pablo, ya fuese el mismísimo autobús especial de Tussam que une la ciudad con el aeropuerto y que a lo largo de su corta historia ha sufrido apedreamientos y ataques de otro tipo.

¿A qué se debe esta virulencia prolongada en el tiempo y que no tiene parangón en otras ciudades de nuestro país? ¿Qué intereses están en juego para que el conflicto del taxi, negado por el delegado de Movilidad del Ayuntamiento, perdure desde hace tanto tiempo?

 

SONDEO

 

Hemos tenido acceso a los resultados de una encuesta oficial que se realizó en el año 2016 entre los usuarios del aeródromo sevillano, los cuales, entre otras cuestiones, contestaron a la pregunta sobre qué medio de transporte utilizaban para sus desplazamientos hasta allí con motivo de algún viaje en avión, de ida o vuelta.

En números redondos, el 49% de quienes usan el avión llegan a o vuelven de San Pablo en coche privado, suyo o de familiares; el 23% recurre a los servicios de un taxista; el 17% viaja en autobús público; el 8%, se desplaza en coches de alquiler (los ahora llamados VTC), y el 2% utiliza autobuses de cortesía, los que ponen los hoteles a disposición de sus clientes. Estos datos suman un 99% y nos faltaría por asignar un 1%, pero son suficientemente indicativos.

Si trasladamos estas proporciones a los 4.624.038 pasajeros del aeropuerto de Sevilla durante el año pasado, 2.265.778 habrían utilizado para llegar o volver un coche privado; 1.063.528, un taxi; 786.086, el autobús público; 369.923, vehículos de alquiler, y 92.480, autobuses de cortesía de los hoteles. Nos quedarían por asignar 46.240 usuarios.

Podemos contrastar el resultado de la encuesta con un dato real, el del número de pasajeros que transportó en 2016 el autobús de Tussam al aeropuerto y que fueron 769.000, con lo cual el sondeo ha tenido en este aspecto un margen de error del 2,17%, más que aceptable.

 

ECONOMÍA

 

A partir de estos datos podemos hacer una estimación sobre el negocio que está en juego para el sector del taxi en el aeropuerto. Sabido es que la tarifa única para San Pablo oscila entre los 22,20 y los 24,75 euros por trayecto según los casos. Suponiendo que en todos los desplazamientos se cobraran sólo 22,20 euros (vamos a considerar la cantidad mínima), ese millón largo de servicios supondría para los taxistas que los prestaran una cantidad global mínima de 23.610.321 euros.

A esa cifra habría que añadir los 369.923 desplazamientos en coches de alquiler, señalados como intrusos por los taxistas y que si valoramos a un precio similar generarían un movimiento de 8.219.290 euros. Así pues, podríamos estimar que habría un mercado de 31.822.611 euros que se disputan los taxistas  y los conductores de vehículos de alquiler, ya que el resto está cubierto por el autobús especial de Tussam, los autobuses hoteleros y los coches privados.

Para acabar con el conflicto en el sector y con el monopolio en el aeropuerto, la asociación Foro Taxi Libre, el grupo político Ciudadanos y colectivos como Sevillasemueve han preconizado que se instaure el turno rotatorio de los taxistas, en línea con una sentencia del TSJA pero que ningún gobierno municipal ha querido cumplir con tal de evitar nuevas reacciones viscerales y de mantener el “statu quo” actual. Tras rechazarse la instauración de la medida, tanto en el Instituto del Taxi como en el Pleno del Ayuntamiento, desde una parte del sector del taxi se justificó la negativa con el argumento de que los taxistas no iban a estar esperando cuatro horas en el aeropuerto (a la salida o llegada de los aviones).

 

ACTIVIDAD CONTINUA

 

¿Daría trabajo el aeropuerto de forma más o menos continua a los taxistas o, por el contrario, la implantación del turno rotatorio les obligaría a periodos de espera de hasta cuatro horas?

Para comprobar tal aserto hemos analizado los horarios de los vuelos tomando como referencia, dada su disparidad, una semana tipo  en temporada de invierno (arranca el último fin de semana de octubre y acaba el último de marzo) y otra en temporada de verano (se inicia el último fin de semana de marzo y acaba el último de octubre).

Hemos tomado como semana-tipo de invierno la del 14 al 20 de noviembre de 2016, en la que los vuelos (salidas) comenzaron a las 6 de la madrugada y terminaron a las 23 horas, con la excepción del viernes, en que hubo dos vuelos a medianoche. El tiempo de actividad del aeródromo fue de 17 horas diarias, con la siguiente programación día por día y entre salidas y llegadas: lunes, 91 vuelos; martes, 86; miércoles, 78; jueves, 102; viernes, 102; sábado, 64 y domingo, 86 vuelos.

Si nos centramos en el día con menos vuelos, los miércoles de invierno con 78, entre las 6 de la madrugada y las 11 de la noche hay despegue o aterrizaje todas las horas, desde uno solo (a las 15 y a las 17 horas) hasta 9 (a las 19 horas)  y 10 (a las 20 horas).

VERANO

En temporada de verano, tomamos como semana-tipo la del 5 al 11 de junio de este año 2017. Los vuelos empezarán a las 6 de la madrugada y acabarán a las 12 de la noche (a esta hora siempre con llegadas y nunca con salidas). Todos los días de la semana aterrizará algún aparato a medianoche, sobre todo los domingos (4), viernes, jueves y lunes (3 en todos ellos). En total, el aeropuerto tendrá actividad aérea 18 horas al día durante el estío.

El número de vuelos por día de la semana será el siguiente: lunes, 108; martes, 113; miércoles, 99; jueves, 100; viernes, 108; sábado, 87, y domingo, 107 vuelos.

Si nos centramos de nuevo en el día de la semana con menos vuelos (el “a priori”  menos favorable para los taxistas) el sábado con 87, hay movimiento de aviones en cada hora del día entre las 6 de la madrugada y las 12 de la noche, desde un solo avión operando a las 22 horas hasta 10 aviones a las 9 de la mañana, 9 aparatos a las 10 de la mañana , 8 a las 14 horas y 6 aviones a las 19 horas.

La conclusión es obvia: ni en los días con menos vuelos en temporada de invierno o en temporada de verano hay una sola hora sin un aterrizaje o un despegue en el aeropuerto, con lo cual carece de fundamento el argumento de que no se puede implantar el turno rotatorio porque los taxistas no van a estar esperando cuatro horas a que se mueva un avión en San Pablo.

Sevilla: mil veladores más cada año entre 2010 y 2016

MULTIPLICACIÓN

Entre 2010 y 2016 el número de veladores ha pasado de 7.958 a 15.024
FRENO

La tendencia se frena en el segundo año de Espadas, con 271 veladores menos
IMPACTO

Pese al incremento de veladores, ha habido 2.415 parados más en ese periodo

La respuesta de Sevilla a la crisis económica ha consistido en colocar una media de mil veladores más cada año en las calles y plazas de la ciudad, según revela la estadística del periodo 2010-2016, pero esa fuerte apuesta no se ha traducido en un paralelo descenso del paro, ya que en el balance se ha pasado de 75.212 desempleados a 77.627, es decir 2.415 más.

Tras el advenimiento de la crisis económica, a finales de 2008, con el paralelo estallido de la burbuja inmobiliaria, el hundimiento de la Construcción y la pérdida de peso del sector industrial por el cierre o la marcha de compañías tradicionalmente asentadas en la ciudad, Sevilla puso todas sus esperanzas en el turismo como potencial motor económico que podría tirar de los Servicios y en especial de tres subsectores principales del mismo: los hoteles, la hostelería y el comercio.

Uno de los elementos clave de esa estrategia, que empieza a tomar cuerpo en la recta final del último mandato de Monteseirín, es la manga ancha del Ayuntamiento en la autorización de terrazas con veladores. Así, entre 2010 y 2011 (año éste repartido prácticamente a medias entre el último de Monteseirín como alcalde y el primero de Zoido), el número de locales con permiso para la colocación de veladores pasa de 936 a 1.153, con un incremento del 23%. Este aumento es proporcionalmente incluso superior al de veladores propiamente dichos, ya que la evolución de éstos es de 7.958 a 9.405, un 18% más.

Con Zoido al frente del Ayuntamiento, la estrategia municipal de pleno apoyo al sector hostelero llega a su apogeo. Si inicia su mandato con 1.153 establecimientos autorizados a abrir terrazas con veladores, cuatro año después (contando medio año de aterrizaje de Espadas), concluye su etapa al frente de los destinos de Sevilla con 2.002 establecimientos ostentado un permiso municipal, un 73% más que al principio.

Obviamente, a más locales con autorización oficial, más veladores en la vía pública. Se pasa de 9.405 al inicio de su mandato a 15.295 al final (+62,62%). Y si consideramos todo el periodo desde 2010, en tan sólo cinco años, los que van del final de Monteseirín al final de Zoido, el número de veladores prácticamente se duplica, al pasarse de 7.958 a 15.295 (+92%).

 

SATURACIÓN

 

Es en esta época en que se llega, especialmente en el Centro y en el tramo comprendido entre la calle san Fernando y la Campana, a la situación de saturación que el gobierno de Espadas trata de paliar con una reordenación que ha puesto en pie de guerra a los hosteleros. De hecho, ya con Espadas plenamente al mando del Ayuntamiento, en su segundo año de mandato (2016), sólo crece en seis (hasta un total de 2018) el número de establecimientos con permiso para poner veladores, pero por primera vez desde 2010 el número de éstos se reduce, hasta los 15.024 (271 menos, un -1,77%).

El sector de la hostelería, que ha ofrecido en su comparecencia del 9 de marzo datos desfasados (sostuvo que había 13.960 veladores en 2015 cuando el año se cerró con 15.295, y que había un velador por cada 54 sevillanos, cuando hay uno por cada 46), esgrime el riesgo de destrucción de empleos y de cierre de establecimientos si el gobierno local reduce el número de veladores (189) en el eje San Fernando-Avenida-la Campana. De hecho, afirma que cada tres veladores generan un empleo, es de la persona que los atiende en la calle, pese a que numerosos establecimientos funcionan en régimen de autoservicio por parte de los propios clientes.

 

EMPLEO

 

La estadística comparada demuestra, sin embargo, que no hay una relación inversamente proporcional entre veladores y empleos. A más veladores no ha habido menos paro, y viceversa. Así, en 2011 y 2012 creció el número de veladores en un 18% y un 19% y no por ello bajó el paro, que siguió subiendo, entre un 8% y un 10%.

Entre 2013 y 2015 el paro bajó, pero en bastante menor proporción al crecimiento de los veladores, y en 2016 descendió el número de veladores pero no subió el de parados, sino al revés: hubo 4.221 desempleados menos.

La caída del paro tiene más que ver con la mejoría de la situación económica general que con factores más locales y específicos. De hecho, en el periodo analizado todavía el balance del paro es negativo para la ciudad: los 77.627 desempleados de 2016 son 2.415 más que los existentes en 2010.

 

Veladores y empleo

 

 

Año     Locales                       %        Veladores      %        Parados         %

con veladores

2010           936                  –               7.958        –               75.212      –

 

2011       1.153               +23            9.405        +18           81.135     +7,87

 

2012       1.362                +18          11.204        +19          89.332     +10,10

 

2013       1.676              +23        13.098        +16          88.377       – 1,06

 

2014       1.809                + 8             14.225     + 8          86.417       – 2,21

 

2015       2.002                +10          15.295         + 7        81.848     – 5,28

 

2016         2.018                   +   0,79      15.024         – 1,77     77.627       – 5,15

 

 

Un remedo de la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Madrid se ha montado con un fin comercial y tan sólo una semana antes que la de Sevilla

Si el Ayuntamiento no protege la marca Feria de Abril se corre el riesgo de que haya una mala copia en cada ciudad

 

Ni el Ayuntamiento ni ninguna organización representativa de la ciudad se han pronunciado sobre la denominada Feria de Abril de Madrid que, como un remedo puramente comercial, se celebrará en el Palacio de los Deportes de la capital de España una semana antes de la genuina Feria de Sevilla, en contraste con las críticas vertidas desde sectores tradicionalistas y no tan tradicionalistas de nuestra ciudad contra el obispo de Salamanca y el presidente de su agrupación de cofradías tras haber pedido que sus capataces no utilicen el “acento andaluz” para mandar a los costaleros, por no encajar con su tradición.

Cambiemos por un momento la perspectiva: ¿cuál habría sido la reacción en Sevilla si aquí en vez de con acento andaluz y con expresiones propias de nuestra tradición los capataces hubieran hablado imitando un castellano perfecto y con una terminología importada de Salamanca?  Pues quizás, dada la apatía reinante, no se habría producido reacción negativa alguna, a la vista del entusiasmo con que en los últimos años se han asumido tradiciones totalmente ajenas a las nuestras, con su propio lenguaje y hasta indumentaria asociada, como es la fiesta de Halloween en torno al Día de los Difuntos o el Black Friday tras el Día de Acción de Gracias, también  en los Estados Unidos.

Así pues, nos hallamos ante un doble fenómeno. Por una parte, el de la aculturación, que supone la copia y asunción de tradiciones anglosajonas, y, por otra, una exportación de nuestras fiestas populares de modo similar al de los americanos.

 

LOS EMIGRANTES

 

Isidoro Moreno, catedrático emérito de Antropología de la Universidad Hispalense, escribía al respecto en las páginas de Viva Sevilla lo siguiente: “Es evidente que en pocas décadas, como si de una mancha de aceite se tratara, rasgos de las semanas santas andaluzas en general, y de la de Sevilla en particular, se han extendido por muchos otros lugares. No sólo están los casos de Cataluña o Madrid, en los que la presencia de miles de inmigrantes andaluces recrearon procesiones del tipo de las de aquí, sino también en sitios a los que no llegó ningún andaluz de la diáspora se han creado hermandades y procesiones “a la andaluza”. Y lo mismo ha ocurrido con el fenómeno rociero”.

Efectivamente, los miles y miles de emigrantes andaluces allende Despeñaperros y la añoranza de su tierra han propiciado que organizaran réplicas de la Feria de Abril de Sevilla, como viene siendo el caso de la Feria de Abril de Cataluña, iniciada en Castelldefels con tan sólo cuatro casetas en el año 1971 y que en los 45 años transcurridos desde entonces se ha convertido en más masiva aún que la sevillana.

La Feria, que organiza la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), no ha tenido un emplazamiento permanente, ya que a lo largo de este tiempo se ha organizado en media docena de localidades catalanas, aunque desde hace unos doce años se celebra de forma ininterrumpida en el parque Fórum de Barcelona capital. Ello ha contribuido a su conversión en el evento de Cataluña con mayor número de asistentes. Se afirma que cada año atrae a entre 1,5 y 3 millones de personas, más pues que la tópica cifra del millón que suele atribuirse a la Feria de Abril de Sevilla y ello pese a que en la ciudad Condal se montan menos de un centenar de casetas frente a las más de un millar en el Real de Los Remedios.

 

INVENTO ARTIFICIAL

 

Mientras que la Feria de Abril de Cataluña es fruto de la nostalgia de los andaluces y nació organizada por andaluces y para los andaluces hasta abrirse a todos los catalanes, la Feria de Abril de Madrid es un invento artificial, una iniciativa puramente mercantilista y con sentido oportunista que organizan en el Palacio de los Deportes de la capital de España, rebautizado ahora por razones también mercantiles como WiZink Center, los promotores del macrocomplejo comercial Sevilla Park en el puerto sevillano.

El proyecto Sevilla Park llevaba años languideciendo por sus problemas urbanísticos y con sus promotores amenazando con seguir el ejemplo de Ikea y tirar la toalla, hasta que el pasado mes de febrero el gobierno de Espadas le insufló nueva vida al acordar con la Autoridad Portuaria, que le cobrará el alquiler de los terrenos en la dársena del Batán, la tramitación de la modificación del planeamiento que lo permita, así como la posibilidad de resolver el traslado de los colindantes depósitos de hidrocarburos de CLH.

En “agradecimiento” a Espadas, los promotores de Sevilla Park no han tenido mejor ocurrencia que montarle en Madrid al alcalde, una semana antes, una competencia a su primera Feria post-referéndum popular, que nuestro Ayuntamiento ha programado entre el domingo 30 de Abril y el sábado 6 de mayo, con el propósito una vez más de captar el máximo número posible de turistas madrileños, que tendrán la oportunidad de aprovechar varios festivos consecutivos: el domingo, el lunes primero de mayo y el martes dos de mayo, fiesta autonómica en Madrid.

 

MACROCASETA

 

Pero hete aquí que los promotores de Sevilla Park se inventan una Feria de Abril capitalina siete días antes, el 22 de abril, convirtiendo en una enorme caseta  4.500 m2 (superficie superior a la mitad del terreno de juego de los estadios de Sevilla F. C. y del Real Betis Balompié) del Palacio de los Deportes y cobrando 5 euros por la entrada, que incluirá una cerveza, no precisamente de Cruzcampo, y una tapa.

El evento se publicita de la siguiente forma: “La primavera arranca  con la Feria de Abril (en realidad arrancará un mes antes, en marzo) que, a partir de este año, podrás disfrutar en el corazón de Madrid. El sábado 22, toda la alegría de Andalucía se concentrará en el WiZink Center, que se convertirá en una inmensa caseta de feria, llena de colorido, con farolillos, banderas, trajes de faralaes, barras para disfrutar de la gastronomía andaluza y, naturalmente, baile por sevillanas….

Los promotores dicen que “tras 3 años celebrando la fiesta de la cerveza Madrid Oktoberfest, llega el momento de ponerse los tacones y balilar (sic) por sevillanas en nuestra Madrid Feria de Abril”. Son los mismos que nos prometen traer a Beyoncé y otras primerísimas figuras de la música pop si se les aprueba el macrocomplejo comercial Sevilla Park en el puerto, del que no hablan pero que es el auténtico objeto de un proyecto que tratan de adobar con un auditorio para macroconciertos. Esperemos que tengan más nivel que el remedo de Feria de Abril que han montado en la capital, con consumiciones a 5 euros.

PERJUICIO

El evento madrileño, colocado en el almanaque una semana antes de la Feria de Abril de Sevilla y con previsión de al menos 10.000 visitantes, supone un perjuicio potencial para la genuina Feria sevillana, al poder restarle visitantes de la capital, pese a lo cual Espadas no ha dicho ni mú, en contraste con la polémica que se generó cuando se intentó emular la estética de la Feria abrileña un un evento en la Plaza de España promovido por los organizadores de la Feria de las Naciones.

Y esto nos lleva a la cuestión de la protección de la marca Feria de Abril de Sevilla, que aunque parece que el Ayuntamiento registró en su día, sólo lo habría hecho para que no pudiera utilizarse como denominación de una serie de objetos (tazas y similares de cerámica, por ejemplo) y prendas textiles, pero nunca se le ocurrió que sería usada para hacerle la competencia a la original de Sevilla, sin que el Consistorio salga en su defensa.

Y si se celebra una Feria de Abril puramente comercial en Madrid, que no responde al espíritu nostálgico y puro de los emigrantes andaluces que fundaron la de Cataluña, y el Ayuntamiento de Sevilla permanece indiferente ante esta situación, se corre el riesgo de que acabe habiendo un remedo de la Feria de Abril en cada urbe.

La Junta sancionará al hotel más lujoso de Sevilla, el Mercer, por destruir patrimonio

EXPEDIENTADO

La multa podría superar los 100.000 euros, más la obligación de reponer los elementos destruidos

RESTAURADORES

Las obras han sido dirigidas por Cruz y Ortiz, premiados por su rehabilitación del Rijksmuseum

AMENAZA

Urbanismo amenaza con otra sanción si constata que funciona sin tener la licencia de apertura

La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha incoado un expediente sancionador a la empresa propietaria del hotel Mercer, de cinco estrellas gran lujo y sito en la calle Castelar, por la destrucción de elementos patrimoniales originales durante el proceso de adaptación de una antigua casa palacio a establecimiento hotelero. La actuación se califica en principio de grave por lo que la multa podría ascender a entre 100.001 euros y 250.000.

En la página web oficial del hotel puede leerse lo siguiente: “En Mercer Hoteles apostamos por la conservación y la puesta en relieve del patrimonio y la cultura de los edificios de todos nuestros hoteles de lujo. La integración de lo antiguo y de lo nuevo es una de nuestras señas de identidad. Por ello, la reforma arquitectónica de la Casa Palacio Castelar se ha encargado a la prestigiosa firma Cruz y Ortiz Arquitectos. Y el equipo de interioristas de Mercer ha sido el responsable de seleccionar todos y cada uno de los detalles del hotel: mobiliario, iluminación, arte, telas y colores…”.

Nada más lejos de la realidad esa supuesta conservación del patrimonio, sino todo lo contrario. Fuentes de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla han confirmado la incoación por parte de la primera de un expediente sancionador a la empresa propietaria del hotel, por destrucción de elementos patrimoniales durante la conversión de la casa-palacio sita en el número 26 de la calle Castelar en un hotel de cinco estrellas de gran lujo, con doce únicas y exclusivas habitaciones. Dormir una noche en alguna de ellas, las que tengan terraza incorporada,  en temporada baja puede llegar a costar al menos 477 euros.

La actuación ha sido calificada en principio de grave, por lo que podría imponerse a la empresa propietaria una sanción comprendida entre 100.001 y 250.000 euros, más la obligación de reponer los elementos originales destruidos durante las obras, algo que se antoja ya  prácticamente imposible.

INSPECCIÓN

Según los antecedentes que obran en la Gerencia de Urbanismo, este departamento concedió el 15 de febrero del año 2012 licencia de rehabilitación para la reforma parcial de la casa-palacio en la calle Castelar y su conversión en hotel de cinco estrellas gran lujo. Tres años más tarde, la propiedad presentó un reformado del proyecto para la ejecución de un sótano destinado a instalaciones, más una galería, un montacargas y una escalera.

El 11 de abril de 2016, técnicos de la Gerencia realizaron una inspección en el hotel para comprobar la concordancia entre el proyecto de reforma y las obras que se venían ejecutando. Detectaron modificaciones no contempladas, de lo cual se advirtió a la promotora de las obras.

Urbanismo dice haber emitido un informe técnico que se centra fundamentalmente en el estado actual de los trabajos y en su ajuste al modificado presentado y a la evaluación de la edificabilidad y que será remitido a la Comisión Provincial de Patrimonio. La Gerencia afirma que también ha mantenido conversaciones con la promotora de las obras, a la cual ha instado a que recupere la cubierta original y a eliminar las terrazas de la planta superior, con el fin de desbloquear la licencia del proyecto de reforma.

INHIBICIÓN

Estas conversaciones con la promotora y la anunciada remisión del informe a la Comisión Provincial de Patrimonio para que sea ésta quien inste a actuar contra el hotel, como ya ha confirmado la Consejería de Cultura que hará tras la incoación del expediente sancionador, mientras Urbanismo se lava las manos ha causado sorpresa en Cultura, al igual que la inhibición del Servicio de Disciplina Urbanística municipal. Este no ha intervenido hasta ahora pese a que se habría vulnerado la normativa urbanística y sobrepasado los términos de la licencia otorgada para el proyecto de reforma.

A ello se une la cuestión de la licencia de apertura, ya que pese a las irregularidades detectadas por Cultura y por Urbanismo el hotel está funcionando desde finales del año pasado. A Urbanismo le consta que la propiedad del establecimiento tiene en tramitación un expediente para la concesión de la licencia de apertura, pero no que dicho expediente haya sido concluido todavía.

Por tanto, desde la Gerencia se afirma que si constata que el Mercer lleva abierto meses (algo fácil de comprobar acudiendo a verlo a la calle  Castelar) sin que se haya acabado de tramitar el expediente para la concesión de la licencia de apertura, la propiedad se expone a que se le apliquen medidas disciplinarias.

Cruz y Ortiz, de condecorados a “expedientados”

La incoación del expediente sancionador por la Consejería de Cultura al hotel Mercer por la destrucción de elementos patrimoniales durante la reforma efectuada en la casa-palacio del número 26 de la calle Castelar supone un borrón en el brillante historial de los arquitectos sevillanos Antonio Cruz y Antonio Ortiz, identificados en la página web oficial del hotel como los responsables de la adaptación del edificio a sus nuevos usos.

Paradójicamente, los dos arquitectos fueron condecorados hace ahora tres años por el rey Guillermo de los Países Bajos, el cual los nombró Caballeros de la Real Orden del León Neerlandés en reconocimiento a su elogiada internacionalmente reforma del Rikjsmuseum de Amsterdam, equivalente al Prado holandés.

Cruz y Ortiz, que tienen estudio en Sevilla y en la ciudad holandesa, gozan de prestigio mundial por obras como la estación de Santa Justa, el estadio “Olímpico” de la isla de la Cartuja y la biblioteca Infanta Elena, en nuestra ciudad; el estadio de la Peineta, en Madrid, y la estación ferroviaria de Basilea, en Suiza. Entre otras distinciones, cuentan con el Premio Nacional de Arquitectura, el Premio Andalucía y el Premio Arquitectura Española Internacional.

La negociación de Adepa con la Junta sobre las Atarazanas, en el aire

CRITICOS

Tres cuartas partes de la Directiva de la entidad conservacionista se oponen a ceder ante Cultura

REUNION

Forzarán una reunión extraordinaria esta semana para paralizar las conversaciones que mantiene Egea

REPROCHES

Destacan que Adepa ha pasado de pedir la excavación integral a conformarse con que se excaven dos naves

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) forzarán esta misma semana una reunión extraordinaria del organismo de gobierno de la entidad para analizar en profundidad las negociaciones que se mantienen con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y, casi con toda probabilidad, suspenderlas.

El abogado ecologista y conservacionista Jesús Vozmediano, que durante una veintena de años ha formado parte del Patronato del Parque Nacional de Doñana, ha logrado apoyos suficientes dentro de la Junta Directiva de Adepa para convocar una reunión extraordinaria esta semana en que se aborde la negociación emprendida por el presidente, Joaquín Egea, con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía sobre las Atarazanas y se paralicen los acuerdos a que se hubiera llegado hasta ahora. En esas negociaciones, Egea habría contado con el asesoramiento técnico de los arquitectos José García Tapial y Fernando Mendoza.

Vozmediano se ha mostrado muy crítico con el secretismo de Egea y con la deriva de Adepa, de la que ha destacado que pasó de emitir comunicados contrarios totalmente al proyecto de reforma de las Atarazanas redactado por Guillermo Vázquez Consuegra y de exigir la excavación de las cinco naves de los antiguos astilleros medievales hasta la cota cero a admitir la ejecución de buena parte del proyecto del arquitecto sevillano y a que se excave tan sólo una o dos naves, a título de muestra.

El abogado ecologista y conservacionista tampoco sabe, habida cuenta del oscurantismo que achaca a Egea, qué más concesiones estaría realizando Adepa a la Junta en la nueva ronda de negociaciones abiertas y reconocidas por la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, tras haberlas revelado Viva Sevilla.

Vozmediano, que se opone ya abiertamente a la negociación con la Junta de Andalucía, critica que Egea no comunique al resto de los miembros de la asociación el alcance de los pactos a que está llegando de una forma que aquél califica de unilateral y a espaldas de los asociados.

El abogado habría logrado el apoyo a su posición de cuatro de los miembros de la Junta Directiva, aparte de él mismo, para forzar una reunión extraordinaria: el profesor Javier Pérez Embid, la investigadora Teresa Lafita, el periodista experto en temas patrimoniales Pablo Ferrand y el ecologista y conservacionista David Gómez. Los otros dos miembros de la Junta Directiva son Joaquín Egea y el farmacéutico Enrique Carmona.

PREACUERDOS

Tal como publicó Viva Sevilla, la Junta de Andalucía, propietaria de las Reales Atarazanas, se ha mostrado dispuesta a realizar una serie de modificaciones sustanciales en el proyecto de restauración del monumento ideado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra a cambio de que Adepa retire el recurso interpuesto ante los juzgados contra la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento precisamente para acometer dicha rehabilitación y adaptación de los antiguos astilleros medievales como nuevo centro cultural.

La primera de esas tres “concesiones” que Cultura puso encima de la mesa a Adepa, y la más importante, fue la de cambiar el sistema de cimentación de los micropilotes contemplado en el actual proyecto para evitar así las perforaciones denunciadas por Adepa. La entidad, en su recurso ante los juzgados, señaló la “irreversibilidad” de las obras ya en su primera fase de cimentación al contemplarse la introducción de micropilotes de hormigón “que no salvaguardan el patrimonio arqueológico del monumento”. En este sentido, el juez, en una pieza separada del proceso judicial, ordenó la suspensión cautelar de las obras, auto que ya ha sido recurrido tanto por el Ayuntamiento como por la propia Junta.

El segundo de los puntos planteado por la Junta a Adepa fue el de eliminar del proyecto la cafetería de la planta superior para no sobrecargar de peso la zona y así no tener que utilizar los mencionados micropilotes. De llegar a un acuerdo, la Junta accedería a prescindir de la zona de restauración, pero no de la terraza mirador con suelo de madera que hay proyectada.

Por último, también se eliminaría del proyecto de Vázquez Consuegra el acceso principal al nuevo centro cultural de Atarazanas por la calle Dos de Mayo tal y como pide Adepa y situar la entrada por la parte oeste del monumento. En su lugar, en la zona de Dos de Mayo se habilitarían grandes ventanales hasta el suelo y se trasladaría la entrada del complejo cultural a la calle Temprado.

 

Asica quiere colocar un banco-escultura en los jardines de Cristina

La Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) ha solicitado permiso para la colocación de un banco-escultura en los jardines de Cristina, en memoria de quien fue dos veces su presidente, el ingeniero de Caminos Miguel Vidal Sanz, fallecido en noviembre de 2015 y propietario de la empresa Ingeniería y Urbanismo.

Al tratarse de unos jardines históricos, con casi 200 años, la solicitud deberá pasar por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Ciudad de Sevilla. Hasta ahora, en los jardines de Cristina se han colocado un monumento por suscripción popular dedicado al orador y presidente republicano Emilio Castelar; un busto del poeta sevillano de la Generación del 27 Adriano del Valle; un azulejo al también poeta local y premio Nobel de literatura Vicente Aleixandre y, en tiempos de Monteseirín como alcalde, una escultura en bronce de la duquesa de Alba.