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Aussa: el color del cristal

 

Tres informes jurídicos contradicen los del secretario y el interventor sobre Aussa

La privatización sería una hipotética solución entre cuatro al falso problema del ámbito territorial

 

El gobierno de Espadas ha provocado una polémica sobre la posible privatización de la empresa Aussa al mostrarse proclive (véase la intervención de Carmen Castreño en el último debate del curso político en Ondaluz Tv) a la venta de sus acciones como forma de solucionar las actuaciones de presunta ilegalidad en que habría incurrido  y del riesgo financiero que indirectamente supondrían para el Ayuntamiento en cuanto accionista mayoritario a través de Tussam (51% de las acciones), según informes del secretario y del interventor municipales.

La naturaleza jurídica y el rol de la antigua Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A (que ahora se ha cambiado el nombre por el de Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas) son enormemente controvertidos y han sido objeto de interpretaciones contrarias a las que sostienen los altos funcionarios del Consistorio.

Recordemos, en palabras del secretario municipal, que el Pleno del Ayuntamiento acordó el 23-XII-1997, con Soledad Becerril de alcaldesa, establecer la gestión indirecta como método de gestión y construcción de los aparcamientos de El Arenal, José Laguillo y Pino Montano (todos en la ciudad), así como el estacionamiento regulado en la vía pública.

La fórmula elegida fue la constitución de una sociedad mercantil integrada por la empresa municipal de transporte Tussam (que acabó teniendo la mayoría del capital, con el 51%) y participada por capital privado (actualmente Cointer, una filial de la constructora sevillana Azvi, con el 49%). En resumen, una empresa mercantil de economía mixta  o capital público-privado.

 

SÓLO EN SEVILLA O NO

 

Según el secretario y el interventor, por su objeto social y por su condición de medio propio del Ayuntamiento, Aussa tendría que limitarse a la construcción y explotación de aparcamientos que le sean adjudicados por el Consistorio sevillano y en Sevilla.

Como en Derecho todo es interpretable, un informe elaborado por el despacho de Olivencia y Ballester sostiene lo contrario: Aussa no es un medio propio del Ayuntamiento, ya que su capital no es 100% municipal, y como sociedad mercantil sujeta al Derecho privado está habilitada, conforme a sus estatutos sociales, a abrir sucursales en otras ciudades y competir con otros operadores para adjudicarse por concesión administrativa la explotación de otros aparcamientos.

Llama la atención que en el artículo 3º de los estatutos de la empresa sólo el punto 1º está referido a aquellos aparcamientos en Sevilla que inicialmente motivaron su creación  (Arenal, José Laguillo y Pino Montano) y que se diga que también estará en su objeto social la “explotación y en su caso construcción de aparcamientos en superficie o subterráneos que en el futuro puedan serle adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla”.

Con esto habría sido más que suficiente para dejar constancia de la voluntad del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam de que Aussa no saliera nunca de nuestro término municipal.

Sin embargo, este artículo tiene un total de nueve puntos de redacción genérica y que no pueden interpretarse como centrados exclusivamente en Sevilla. Al añadirse al primero abrirían la puerta a lo que acabó pasando posteriormente: la expansión de la compañía fuera de la ciudad. Así, el punto sexto habla de “el control y explotación de zonas de aparcamiento regulado en superficie, y el segundo párrafo del artículo noveno, de que  “las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo”.

 

CÁCERES Y CHICLANA

 

Según el secretario municipal, Luis Enrique Flores, los problemas surgen a partir del año 2007, cuando Aussa, al perder su condición de medio propio del Ayuntamiento de Sevilla (Olivencia y Ballester sostienen que nunca tuvo esa condición) y con el objetivo de asegurar su viabilidad, ya que no podía depender exclusivamente de los encargos del Consistorio sevillano, comienza a participar en licitaciones y a obtener adjudicaciones de contratos fuera del ámbito territorial de Sevilla y adjudicados por poderes distintos de nuestro Ayuntamiento.

O sea, que quien crea el supuesto problema es Monteseirín, alcalde por aquel entonces. Y resulta sorprendente que el secretario, que era entonces el mismo que ahora, haya tardado nueve años en alertar sobre la presunta actuación irregular/ilegal de Aussa.

Y eso que en el año 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cáceres negó a Aussa capacidad para operar fuera del término municipal hispalense (¿les suena?) y de presentarse a concursos para la gestión de servicios dependientes de otros ayuntamientos. Aussa se había presentado en UTE con Aristos para el concurso de la zona azul de la ciudad extremeña, pero su participación fue impugnada tanto por otras compañías como por la patronal del sector (Asociación Española de Aparcamientos y Garajes, ASESGA), lo que motivó su exclusión.

Aussa recurrió, perdió el pleito en primera instancia y dos años más tarde hubo que retrotraer las actuaciones al principio porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón a la empresa sevillana pese al fallo inicial en su contra y que iba en línea con las tesis del secretario y del interventor del Ayuntamiento sevillano.

Por otra parte, a finales del año 2013 se reunió la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Chiclana para adjudicar la explotación de la zona azul, pero a la vista de que una de las ofertas era de Aussa, que “reviste la forma societaria de sociedad de economía mixta local constituida a iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para la gestión indirecta del servicio público de gestión, explotación y construcción de aparcamientos en superficie y subterráneos reflejado en su objeto social (….) se acordó la emisión de informe jurídico sobre la admisión de dicha sociedad”.

El informe jurídico decía, entre otros aspectos, lo siguiente: “Del tenor de los estatutos sociales no se desprende que el alcance de su capacidad de obrar se limite al área territorial de la ciudad de Sevilla, a excepción de la actividad contemplada en el apartado 1 del artículo 3 de los mismos”. Y concluía que no había causa para excluir a Aussa.

Así pues, frente a la interpretación restrictiva del secretario y del interventor (dos), hemos hallado tres que sostienen lo contrario: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el bufete de Olivencia y Ballester y el Ayuntamiento de Chiclana.

 

CUATRO OPCIONES

¿Qué queda del supuesto problema? Dice el secretario que las operaciones mercantiles de Aussa suponen un riesgo financiero que puede poner en peligro el propio servicio público municipal, y todo ello sin que el Pleno del Ayuntamiento las haya autorizado. Suponen un riesgo pero también pueden suponer un beneficio, ¿no?. De hecho Aussa obtiene resultados positivos año tras año. Hace siete, cuando se aprobó su Plan Estratégico con el beneplácito del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam y en el que se preveía lo que ha estado haciendo (expansión primero por Andalucía y luego al resto de España), sus activos estaban valorados en 12 millones de euros. ¿Cuánto valen hoy después de todas las concesiones que ha conseguido?

 

El secretario, que durante siete años no dijo ni mú y que ahora de repente advierte sobre presuntas irregularidades/ilegalidades, propone para resolver el supuesto problema cuatro opciones:

  1. Que el Pleno ratifique las acciones realizadas, algo que le parece inviable pero que choca con las interpretaciones en sentido contrario. ¿Por qué no las puede ratificar?
  2. Mantener la situación en los términos actuales pero que, a su juicio, podrían derivar en responsabilidad de los representantes del capital municipal. ¿Y no hay riesgo similar por operaciones que se hagan en Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa… y también en otras empresas municipales de “segundo grado” como Copero Solar, Tussoenergía y hasta la Corporación de Empresas Municipales? ¿Por qué el secretario sólo ve riesgo en Aussa y no en las demás sociedades municipales?
  3. Reconducir la actividad de la empresa a los términos estrictos de su objeto social Sigue basándose en su particular interpretación, negada por otras instancias, de que Aussa sólo puede operar en Sevilla.
  4. Vender la participación de Tussam, o sea la privatización, que el gobierno considera como única salida (¿?) pero que el mismo secretario reconoce problemática por la existencia de un posible derecho de veto de los accionistas privados. Bien, ¿y por qué hay que privatizar Aussa, que es rentable, y el secretario no ha planteado la privatización de Copero Solar o Tussoenergía, por ejemplo?

Vemos, pues, que la privatización es sólo una de las cuatro opciones y que todas se basan en una interpretación discutible del secretario y del interventor, opuesta a la de otras instancias que se han tenido que pronunciar jurídicamente en la realidad, como el TSJEx y el Ayuntamiento de Chiclana, y teóricamente como Olivencia y Ballester.

Si Aussa ha actuado como una ínsula Barataria cabe pensar que el Ayuntamiento no controla realmente la empresa a través de Tussam. Por tanto, el problema de fondo ya no es ni Aussa ni Tussam, sino la falta de autoridad del gobierno municipal.

 

Lipasam contratará a 380 personas este verano

La Consejería de Economía ha registrado ya oficialmente el convenio colectivo de la empresa municipal Lipasam, en el que el Ayuntamiento adquiere el compromiso firme de mantener una plantilla mínima de personal fijo indefinido de 1.372 efectivos. El alcalde ha anunciado planes de contratación para este verano, y también se han publicado las listas de los aspirantes que quieren ingresar en la bolsa de trabajo y que han superado los tests psicotécnicos.


En virtud del convenio colectivo, que tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir del pasado 1 de enero y que expirará el 31 de diciembre de 2019 (con lo que Espadas se garantiza la paz social en la compañía durante todo su mandato) con opción a prórroga automática de año en año, Lipasam se compromete formalmente a mantener el nivel de empleo estable con una plantilla mínima de personal fijo indefinido de 1.372 a lo largo de la duración del acuerdo.

Para ello se irá reponiendo el número de las plazas que vayan quedando vacantes por cualquier circunstancia, conforme resulte de la relación de puestos de trabajo y de la organización de los servicios, siempre que no existan prohibiciones o limitaciones en materia de contratación, bien en la legislación vigente o en la dotación presupuestaria anual.

No obstante, de forma excepcional y cuando esté justificado por resultar imposible desarrollar el trabajo con la plantilla fija, Lipasam podrá recurrir a los servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), previa justificación ante el Comité de Empresa.

 

PLAN DE VERANO

Cuando la dirección de la empresa municipal alcanzó la pasada primavera el acuerdo con los trabajadores para la firma del nuevo convenio ahora ratificado por la Junta de Andalucía, la plantilla fija la componían  unas 1.240 personas en números redondos.

Por tanto, el compromiso mínimo para los próximos cuatro años obligaría a la contratación de unos 132 operarios. De momento, el alcalde ha expresado durante una reciente visita al Parque de Limpieza del Distrito Norte, tras conocerse una inversión de 4,9 millones de euros en nuevo equipamiento, que la empresa municipal va a proceder a la incorporación en estos meses de verano de aproximadamente unos 380 trabajadores.

La novedad en esta temporada es que por primera vez estos trabajadores serán elegidos de la nueva bolsa de trabajo una vez que se agote la antigua, ya que en los últimos años se recurría al Servicio Andaluz de Empleo al estar supendida esta última. Se estima que de la nueva bolsa podrían salir unos 80 contratados para este verano.

En esa línea, en la bolsa de empleo de Lipasam se han publicado las listas definitivas de los aspirantes a ingresar en la misma que han sido declarados aptos tras superar la fase de pruebas psicotécnicas y un sorteo ante notario al objeto de ordenar y/o elegir de entre las personas de cada grupo que han obtenido igual valoración.

 

PRESELECCIONADOS

 

Desde el día 13 de julio se están organizando los reconocimientos médicos de aquellos candidatos que han sido declarados aptos en la última prueba selectiva. Inicialmente sólo serán llamados aquellos candidatos que hayan obtenido mayor valoración o hayan sido seleccionados en sorteo, siendo el número de personas a llamar las siguientes:

  • Grupo Reservado: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 42 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 25 más, con objeto de cubrir las posibles bajas que puedan producirse.
  • Grupo menor de 30 años: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 90 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 50 más para cubrir posibles contingencias.
  • Grupo Entre 30 y 50 años: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 360 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 50 más para cubrir cualquier eventualidad.
  • Grupo Reservado: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 108 primeras personas según el orden de la lista. Se pondrán en reserva otras 50.

En esta convocatoria, a la que se presentaron más de 4.000 personas, han quedado garantizados los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

 

Los miembros del CESS llevan cuatro años sin cobrar dietas, por la crisis

 

El Ayuntamiento de Sevilla debatirá en el Pleno del viernes 29, último de julio de 2016  y del actual curso político, sobre un asunto que se ha ido envenenando desde hace varias semanas: si los miembros del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) deben o no cobrar por su labor. Las retribuciones se suspendieron hace cuatro años con motivo de la crisis y del Plan de Ajuste. PP y C’s son partidarios de que la situación no varíe. El resto de grupos deberán retratarse y fijar su posición definitiva.

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), creado en 1998, es el órgano de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento en materia económica y social. Emite con carácter preceptivo, y antes de su aprobación provisional por el Pleno municipal, informes sobre el Presupuesto del Ayuntamiento, las Ordenanzas Fiscales, el Plan General de Ordenación Urbana y Reglamentos Municipales, amén de dictámenes que les sean solicitados por el gobierno y la corporación sobre asuntos de su especialidad, técnicamente complejos.

Lo componen 42 representantes de los agentes económicos y sociales de la ciudad (patronal, sindicatos, colectivos y expertos) y en el Reglamento de la institución se especifica que se pagarán unas asignaciones con cargo al Presupuesto consignado para la misma.

En el año 2006, el CESS acordó retribuir con 120,20 euros la dieta por asistencia, una cantidad que fue ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en julio de 2007 y que se mantuvo invariada desde entonces.

Tras el estallido de la crisis económica y con motivo del Plan de Ajuste de Zoido (año 2012), los artículos del Reglamento del CESS sobre el pago de retribuciones a sus miembros quedaron en suspenso, un sacrificio que aquéllos asumieron pese a que otros organismos del Ayuntamiento siguieron cobrando, caso de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

Derogado el Plan de Ajuste por el propio Zoido en 2014, desde el CESS se entendió que era hora de recuperar el cobro de las dietas. También lo entendió así la Delegación de Economía del gobierno de Espadas, que aprobó inicialmente la supresión de la disposición por la que las retribuciones se habían dejado en suspenso.

Cuando aún este acuerdo estaba sometido a información pública, el Pleno municipal aprobó una propuesta del grupo de Ciudadanos de suprimir del Reglamento de funcionamiento del CESS los artículos relativos a las retribuciones a sus miembros. Informado al respecto, el Pleno del CESS ha rechazado, por abrumadora mayoría (38 votos a favor, dos en contra y una abstención) ese acuerdo del Pleno municipal a instancias de C’s.

Ahora, el acuerdo de cambio del Reglamento, con el voto negativo del CESS, debe volver a pasar, para su aprobación inicial, por el Pleno del Ayuntamiento el pròximo viernes. Si prospera la iniciativa, su tramitación continuará hasta su aprobación definitiva.

El CESS entiende que al igual que los grupos políticos gozan de unas asignaciones económicas para realizar su labor, sus miembros también las precisan, como el reto de Consejos Económicos y Sociales existentes en otras ciudades. Subraya además que parece contradictorio que se concedan ayudas a otras organizaciones cuando por su naturaleza es un órgano consultivo con carácter preceptivo.

 

CES + IU

La patronal sevillana e Izquierda Unida coinciden en contra de la ampliación del tranvía anunciada por Espadas
El alcalde apuesta por un tranvía redundante con la infraestructura actual mientras no hay doble vía en tramos del Cercanías

 

Un hecho insólito se ha producido la pasada  semana en Sevilla: la patronal (CES) e Izquierda Unida (IU) ha coincidido en su rechazo, prácticamente con los mismos argumentos, al nuevo anuncio del alcalde de insistir en su idea de ampliar el tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa como proyecto estrella de su mandato y de redactarlo a lo largo del verano para licitarlo en septiembre, un asunto que ya abordamos en estas páginas el pasado 9 de mayo, en el informe “Tranvía al cubo”.

La paralización o ralentización de inversiones en grandes proyectos de infraestructuras desde el estallido de la crisis en 2008 con el fin de reducir el déficit público (líneas de Metro, el AVE Sevilla-Málaga por la campiña, los túneles del Guadalquivir para la SE-40, la conexión Santa Justa-aeropuerto, la ronda intermedia SE-35…) ha colocado al sector de la construcción en una dificilísima situación.

No hay mes en que desde alguna patronal provincial, regional o sectorial, o desde algún colegio profesional como el de los Ingenieros, se presenten informes sobre la drástica caída en la inversión en obra pública o listas de proyectos básicos aún pendientes de ejecución en Sevilla y Andalucía sobre los que alcanzar un mínimo consenso para, mediante su materialización, reactivar la economía y reducir nuestra elevada tasa de paro.

En este complicado contexto, cabría suponer que la patronal sevillana tendría que estar encantada por el anuncio de Espadas de lanzarse a ampliar el tranvía, un proyecto guadianesco desde los tiempos de Monteseirín y a un coste estimado de entre 76 millones de euros (el cálculo de Zoido cuando era alcalde) y 40 millones (el inicial de Espadas).

 

ERRORES POR DUPLICADO

 

Sin embargo, la Confederación de Empresarios, que preside un constructor tradicional como Miguel Rus, se ha pronunciado tajantemente en contra del plan del alcalde y utilizando para ello argumentos de la más pura lógica económica: “Volvemos a caer en el error -dice en un comunicado- de gastar decenas de millones de euros en duplicar unas conexiones que ya existen”. Y añade: “Actualmente, las líneas de trenes de cercanías C-1, C-4 y C-5 ofrecen una más que amplia alternativa desde San Bernardo hasta Santa Justa, con frecuencias semejantes a la del tranvía, mientras que en superficie Tussam tiene destinados a este recorrido varias líneas de autobuses, y además la línea 1 del Metro cubre ya el trayecto San Bernardo-Eduardo Dato”.

Por tanto, a juicio de la CES, carece de sentido gastar un dinero que no se tiene, y que habría que pedir (¿con qué justificación?) a Bruselas,  en una infraestructura redundante en superficie con la ya existente en el subsuelo, mientras que el Ayuntamiento ni siquiera le recuerda a la Junta (¿será para no incomodar a Susana Díaz?) las tres líneas pendientes del Metro, que tendrían preferencia.

El hecho de que en vez de aplaudir al alcalde para tratar de participar de ese goloso pastel de entre 40 y 76 millones de euros que sería el tranvía, la CES subraye su innecesariedad y redundancia y lo rechace supone toda una sorpresa y produce un cambio de percepción de  la imagen que proyectan nuestros empresarios, ya no tan ávidos del negocio por el negocio y pronunciándose en función de la racionalidad de los proyectos y de la mejor utilización del dinero público, venga de Bruselas o de Madrid.

Con esta posición, aparentemente en contra de sus propios intereses y anteponiendo los colectivos, la patronal y su presidente, Miguel Rus, ganan credibilidad ante la opinión pública al demostrar un mayor sentido de la responsabilidad frente a la imagen de los aeropuertos sin aviones y los trenes AVE sin apenas pasajeros que ha quedado de la España del ‘boom’ inmobiliario.

 

COINCIDENCIA

El diagnóstico de la CES ha coincidido con el de IU, probablemente porque ésta no es una cuestión ideológica, sino de sentido común. Por eso mismo sorprende mucho más la insistencia de Espadas, un político sensato y moderado, de convertir la ampliación del tranvía en el proyecto estrella de su mandato, sea o no sea necesaria o prioritaria. Habrá que remitirse a aquellas declaraciones en que le traicionó el inconsciente cuando dijo que algo tendría que hacer para que lo vieran los sevillanos antes de las próximas elecciones municipales.

Si ha habido una corporación en que la oposición más se haya esforzado en ofrecer alternativas en materia de transporte es ésta que preside Espadas: Ciudadanos elaboró un estudio sobre la reordenación de la zona azul y otro sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, e IU presentó el pasado mes de mayo una moción muy bien construida para la puesta en valor de la Red de Cercanías como alternativa a la ampliación del tranvía anunciada por Espadas.

Curiosamente, el alcalde ha vuelto a la carga con el tema cuando Tussam había empezado ya a trabajar en el cumplimiento de algunos de los puntos de la moción de IU que aprobó el Pleno municipal hace dos meses, pero limitándose sólo a la mejora de la señalización y de la información en sus paradas de autobuses, para que los usuarios se enteren por fin de que en la ciudad existe una red de Cercanías ferroviaria con la que pueden conectar para desplazarse a un amplio arco de barrios extramuros gracias a sus cinco líneas y diez estaciones en el término.

 

PRIORIDADES

 

Al igual que la CES, IU decía en su moción: “Con la actual red de Cercanías, la conexión entre San Bernardo y Santa Justa se realiza en cuatro minutos, con una frecuencia de paso de 10 minutos de media. Cabe preguntarse, por tanto, si es operativo y prioritario en este momento una nueva infraestructura por la superficie, como el tranvía, teniendo ya una subterránea como el Cercanías aun sin haber realizado un adecuado estudio técnico que defina la necesidad real de esta intervención, así como su ampliación planificada y orientada a una futurible red de tipología tranviaria, del mismo modo que en su día se hizo con el Metro. ¿No sería más prioritario y operativo, antes de acometer nuevas grandes obras, focalizar todos los esfuerzos en la ansiada integración tarifaria y en el billete único?”.

En vez de duplicar el trayecto San Bernardo-Santa Justa con un tranvía en superficie, si se construyera una doble vía para el único sentido de la línea circular C-4, que ahora permite ir desde Santa Justa hasta Sevilla Este en unos 6 minutos, los sevillanos no tardarían 20 minutos en dar toda la vuelta a la ciudad si quieren viajar en sentido contrario. Esa doble vía y una mejor organización de los horarios permitiría además, según la moción de IU, reducir en 40 minutos el viaje entre Sevilla Este y la Cartuja.

La doble vía del C-4, la creación de un billete único que permitiera integrar el Cercanías en la red de transporte de la ciudad, la construcción de aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones ferroviarias o su entorno, la señalización combinada de todos los medios de transporte en las respectivas paradas, etcétera, etcétera, se antojan más urgentes y baratas que gastarse entre 40 y 76 millones de euros en conectar en superficie con un tranvía dos estaciones que ya lo están subterráneamente en tan sólo cuatro minutos con los servicios actuales de transporte.

Espadas aún no ha sabido explicar la relación coste/beneficio de un proyecto que por no convencer no convence ni a los que estarían más interesados en ejecutarlo: los empresarios.

Revolución en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

Espadas cambiará a los jefes de al menos la mitad de los Servicios
Trata de darle un mayor  impulso para la segunda mitad de su mandato

 

Creará un nuevo Servicio dedicado a temas de carácter internacional

 

Espadas y su equipo de confianza proyectan una amplia remodelación en la Gerencia de Urbanismo antes de las vacaciones de agosto, con el fin de dar un nuevo impulso a este departamento, considerado tradicionalmente como el más importante del Ayuntamiento por gestionar el PGOU y el dinero de las licencias y convenios urbanísticos. El alcalde desea una mayor agilización y materialización de proyectos en la segunda parte de su mandato, de cara a la reelección en las próximas elecciones municipales.


La revolución en ciernes en la Gerencia podría acabar afectando a la docena de Servicios de que actualmente se compone, aunque de momento el gobierno municipal ya ha perfilado relevos de jefes o cambios de destino en la mitad de los mismos y, además, ha decidido crear un Servicio nuevo que se dedicaría, entre otras cuestiones, a temas de carácter internacional y a desarrollar una mayor presencia de Urbanismo en distintos foros en la ciudad y fuera de ella. La persona que ahora mismo tiene más posibilidades de dirigir el nuevo Servicio “Internacional” (su nombre no está aún definido) es el arquitecto Javier Huesa Laza.

Espadas mantendría como gerente de Urbanismo al geógrafo Ignacio Pozuelo Meño, al que fichó de la Junta de Andalucía. De la Gerencia cuelgan en el organigrama dos grandes Direcciones, de las que a su vez dependen seis Servicios por cada una.

 

El primer gran relevo previsto por el alcalde se produciría en la Dirección de Administración y Economía, cuyo titular actual, Manuel José Valdivieso Fontán, considerado internamente como un hombre muy próximo al exalcalde Zoido, sería sustituido por el arquitecto José Julián Espinosa López-Viota. A Valdivieso podrían ofrecerle el traslado al Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en sustitución del actual adjunto, David Fernández.

El segundo gran movimiento en el área administrativo-económica sería protagonizado por el actual jefe del Servicio de Organización de Procesos, Formación y Atención al Ciudadano, Andrés Salazar Leo, que pasaría a dirigir, por el área técnica, el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en lugar de María Luisa Arcos. Salazar, que gana así poder en la Gerencia, es también profesor asociado en la Escuela de Arquitectura y fue un fichaje-estrella del andalucista José Núñez en su época como delegado de Urbanismo.

Sustituiría a la abogada María Luisa Arcos, una de las grandes perdedoras de la remodelación pese a su contrastada valía profesional, hasta el punto de que a lo largo de su carrera recibió importantes ofertas de grandes consultoras privadas. Persona muy capacitada, con criterio y que lleva toda su vida en la Gerencia, su estricto cumplimiento de la legalidad, sobre todo a la hora de incluir terrenos sin edificar desde años y años en el Registro Municipal de Solares, en contra los intereses de grandes promotores y constructoras, le ha granjeado más de una animadversión en el sector del ladrillo.

Por otra parte, del Servicio de Contratación saldría de momento la segunda de abordo, María del Carmen Cabeza Gallardo, otra persona de acreditada experiencia.
ÁREA TÉCNICA

En cuanto a la segunda gran área, la Dirección Técnica, podría quedarse al frente el mismo equipo que hasta ahora, el compuesto por Jorge Antonio Almazán y su segunda, Silvia Bravo. Almazán, ingeniero y abogado experto en gestión de obras, fue nombrado por Zoido hace cuatro años. Si continúa, tendría como misión esencial mejorar la coordinación y activar a todos los niveles a los nuevos jefes de Servicio para que la Gerencia se convierta en el eficaz brazo ejecutor de las políticas del gobierno municipal, que, por ejemplo, quiere tener listo para después del verano el proyecto de ampliación del tranvía.

 

Luis Gómez Martínez dejaría la jefatura del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programa de Vivienda, desde donde hace el seguimiento del PGOU, y sería recolocado en el Servicio de Planeamiento. Si fuera como titular del mismo, obligaría a desplazar a Carlos Flores o a Dolores Campos, o incluso a los dos.

También se planea un cambio de jefe en el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, cuyo actual titular, José Miguel Lobo, sería sustituido por Amparo Guerrero, procedente de Gestión Financiera y Tesorería. La dirección del Servicio de Disciplina Urbanística quedaría desmantelada por completo, ya que también se piensa en el relevo del abogado Angel Boyer, y de Ramón Fernández Chillerón, un aparejador al que le ha tocado enfrentarse con todo tipo de tareas, desde desalojos hasta la coordinación con el Cecop. El lugar de este último podría ser ocupado por Lázara Martín Hernández.

 

Por último, entre los relevos previstos estaría también el de Daniel Valdivieso Comesaña al frente del Servicio de Conservación.

 

De momento, el gobierno municipal ha perfilado cambios en la mitad del organigrama, pero no se descarta que la remodelación sea todavía mucho más amplia y acabe afectando a los doce Servicios de la Gerencia, ya sea por las alturas o por los escalones intermedios.
EL NÚMERO TRECE

El gobierno municipal proyecta la creación de un nuevo Servicio en la Gerencia, que haría el número trece, o en su defecto dotar de nuevas competencias a uno de los existentes. Se  encargaría de redactar grandes proyectos que presentar a la Unión Europea para captar financiación comunitaria, como sería el caso del tranvía desde San Bernardo a Santa Justa o la conexión ferroviaria con el aeropuerto, una de las grandes demandas de Ciudadanos para dar su apoyo a Espadas en los Presupuestos.

Asimismo, el nuevo Servicio se encargaría de dar apoyo o participar en foros internos y externos en plan técnico, como los surgidos del eje Sevilla-Málaga, luego extendido a Córdoba y Granada.

Para dirigirlo se ha pensado en Javier Huesa Laza, un arquitecto “de la casa”, ya que lleva veinticinco años en la Gerencia.

 

Ayuntamiento de Sevilla: La Raza hizo reservas hasta 2017 aun sabiendo que le caducaba la concesión

 

El Consistorio  acusa al grupo hostelero de “falta de previsión y carencia de cautela”

Afirma que debió acompasar sus inversiones y reformas a la ley de Arrendamientos
Le recuerda, frente a los 50 años que pide, que lleva 62 ininterrumpidos en el Parque

 

El Ayuntamiento de Sevilla  ha respondido de forma contundente al grupo hostelero La Raza en el dictamen jurídico redactado para desestimar el recurso de reposición presentado por su director general y expresidente de la patronal del ramo, Pedro Sánchez Cuerda. El Consistorio le recuerda asimismo la cantidad de años que lleva el restaurante sobre suelo público y le reprocha a la empresa su falta de previsión y de cautela a la hora de adquirir compromisos comerciales.

La ocupación de suelo del Parque de María Luisa por el grupo La Raza data, según los antecedentes que obran en el expediente municipal, desde el 7 de junio de 1954 de forma ininterrumpida, por lo que el mes pasado se cumplieron 62 años, sea cual sea la forma jurídica (arrendamiento o concesión) a la que se quiera remitir el grupo hostelero.

Como se recordará, los directivos de La Raza vienen sosteniendo que como en los tiempos antiguos las concesiones (en caso de que se admitiera la tesis del Ayuntamiento)  sobre bienes de dominio público se solían otorgar por un plazo de 50 años, no procedería desalojar el restaurante hasta el año 2022.

Si se cuenta hacia atrás a partir de esa fecha, el grupo se retrotraería hasta el año 1972 como fecha de origen del contrato que estiman aún vigente con el Ayuntamiento. Sin embargo, para la Corporación Municipal, ha sobrepasado con creces ese medio siglo que invoca, ya que lleva 62 años “sin solución de continuidad” en el Parque de María Luisa.

 

EMPLEOS Y RESERVAS

Por otra parte, para mantenerse en suelos de dominio público y pagando un exiguo alquiler de 197 euros mensuales (IVA incluido), el grupo La Raza se ha escudado en que su desalojo podría en peligro los 400 empleos de la compañía y crearía un problema social por tener reservas para actos de distinto tipo hasta dentro de dos años.

El Ayuntamiento le responde que si como sostiene el grupo hostelero su contrato es de alquiler y está regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos, era consciente de que en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de dicha norma ese contrato estaba abocado a la extinción y por tanto los empresarios debieron acompasar sus inversiones y reformas al plazo que la ley le fijaba.

“En modo alguno le cabe responsabilidad alguna a la entidad concedente (el Ayuntamiento), que daba por hecho el conocimiento que la limitación de este plazo -se afirma en la contestación a este recurso- le imponía al usuario como determinante de los gastos a realizar y que, en consecuencia, debió limitar en sus últimos años a las estrictas obras de mantenimiento”.

Según el Ayuntamiento, los Sánchez Cuerda pudieron, previamente a la extinción del contrato por el que ocupan suelos del Parque de María Luisa, adecuar el ritmo de evolución de la empresa y, consecuentemente, sus compromisos comerciales, al tiempo que, tal como se desprendía de los documentos que tenían en su poder, le restaba para el vencimiento de la concesión.

Aún más, el Consistorio les recuerda que los compromisos comerciales a que aludían en anteriores escritos dirigidos al Ayuntamiento no se han limitado ya al año 2016 (fecha de extinción del contrato o de la concesión) sino que los han extendido a diciembre de 2017, pese a que tenían conocimiento de la iniciación del expediente de caducidad de la concesión.

“Esta actitud -se lee en el dictamen jurídico- deja de manifiesto una falta de previsión y una carencia de cautela contrariamente a la que hubiese procedido en una situación como la presente”.

 

Pan negro

El proyecto hasta ahora frustrado de instalación de toldos en la Plaza del Pan ha puesto en evidencia la descoordinación e ineficacias existentes en la Gerencia de Urbanismo, donde ahora se trabaja a contrarreloj para tratar de legalizar las paralizadas obras en la reunión clave de la Comisión Local de Patrimonio prevista para el 19 de julio.

Si Urbanismo no consigue llegar a tiempo con un proyecto bendecido previamente por la Consejería de Cultura, cuyos técnicos lo recibieron el pasado día 6, para que la Comisión le levante el veto  o ésta no le da su visto bueno final, prácticamente tendrá que decir adiós a la instalación de los toldos este verano, ya que la del martes 19 es la última reunión de dicho organismo antes de las vacaciones de verano, salvo que excepcionalmente se convoque otra con el único objeto de salvarle políticamente la cara al Ayuntamiento. No habría otra ventana de oportunidad hasta el mes de septiembre, fecha de la siguiente reunión conforme el calendario.

Aun contando con que va a salvarse por la campana en la reunión del día 19, Urbanismo ya asume que entre unos trámites y otros no podrá iniciar el montaje de los toldos hasta entrado el mes de agosto, por lo que si tuviera que esperar a la reunión de septiembre de la Comisión de Patrimonio, entonces el montaje no podría acometerse hasta mediados o finales de ese mes, con el otoño en puertas y toda la operación, con un coste de 56.511 euros, dejaría de tener sentido.

 

VIGILANCIA VECINAL

 

Fueron vecinos de la Plaza del Pan o de su entorno quienes, cumpliendo su deber cívico de vigilancia sobre posibles afecciones al patrimonio histórico, alertaron a la Consejería de Cultura de las cimentaciones que estaba ejecutando Urbanismo. Y entonces sucedió lo inimaginable. Cultura comprobó con estupor que la Gerencia se había saltado el Plan Especial del sector, que obliga a que antes de que se hagan obras en espacios públicos del mismo hay que realizar las preceptivas catas arqueológicas, en previsión de que pudiera haber restos de valor en el subsuelo.

Se demostraba así que el organismo autónomo más poderoso del Ayuntamiento, con entre 350 y 500 profesionales de elevada cualificación y que tienen fama de ganar más dinero que nadie en el Consistorio (el 43% ocupa algún tipo de jefatura y hay sueldos hasta un 60% más altos que en el resto de la corporación municipal), ignoraba o no acataba la norma que él mismo se encarga de exigir al resto de agentes en la ciudad.

Para mayor despropósito, la arqueóloga del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística que representa a la Gerencia en la Comisión Local de Patrimonio se habría enterado del desaguisado allí mismo, cuando entró de urgencia el proyecto en la reunión del pasado 21 de junio. Así pues, la teórica responsable de la parcela arqueológica no sabía aparentemente nada de lo que se estaba preparando en las caracolas de la Cartuja en un tema que le afectaba de forma directa.

 

OMISIÓN

La Gerencia pagaba así el precio de su sistemático desprecio a la Comisión de Patrimonio en materia de proyectos relacionados con el paisaje y el mobiliario urbanos, ya que se los sustrae por principio y únicamente somete a su consideración las, digamos, obras tradicionales, en edificios públicos y, especialmente, los privados.

Como Urbanismo ha “pasado” tradicionalmente de la Comisión de Patrimonio en cuestiones de “ordenación” del territorio urbano, con el resultado del caos paisajístico de sombrillas y veladores en la Avenida que ha reconocido el propio Antonio Muñoz, nadie en el seno de esta última (por aquello de que “cuatro ojos ven más que dos”) pudo chequear el proyecto de los toldos en la Plaza del Pan y percatarse de que se iban a incumplir los preceptos del Plan Especial antes de que la Gerencia se viera en la sonrojante situación de ver una obra suya paralizada por Cultura, por ilegal.

Y llegamos a la fase de fabricación de coartadas para tratar de justificar el patinazo cometido. El primer pretexto esgrimido fue decir que como hacía un decenio que se había excavado en las plazas del Centro con motivo del proyecto ‘La piel sensible’ (trabajos que permitieron descubrir la cisterna romana en la Plaza de la Pescadería, la cual se abre al público en alguna Noche en blanco que otra, con lo cual sigue sin ser puesta en valor), se había sobreentendido que no hacía falta volver a excavar.

Ello equivaldría a que los sevillanos le dijeran al Ayuntamiento que como su casa pasó la ITE hace un decenio ya no es necesario someterla a ninguna inspección más para ver en qué estado se halla. Se da la circunstancia de que el Plan Especial del sector al que pertenece la Plaza del Pan se aprobó con posterioridad a la ejecución del proyecto de ‘La piel sensible’ y aun así en el mismo se mantuvo la obligación de aplicar cautelas arqueológicas, por variadas razones. Por ejemplo, por el hecho de que pueda hacerse una obra a mayor profundidad que el nivel excavado hace un decenio, o por si entonces pasó inadvertido algún resto que pudiera ser detectado después.

 

DESBORDADOS

La segunda coartada, por si no era suficiente la primera, es todavía menos creíble que aquélla: decir que como en Urbanismo están desbordados tramitando licencias no habían tenido tiempo o la tranquilidad necesaria para evaluar el proyecto de montaje de los toldos y percatarse de la omisión en el mismo de la obligación de realizar catas arqueológicas. ¿Desbordados por la acumulación de licencias cuando el sector de la construcción todavía no se ha recuperado de la crisis provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria? Si ese desbordamiento fuera tal, en las patronales Gaesco y CES estarían dando saltos de alegría como señal del fin del periodo de vacas flacas, pero no parece que sea el caso a la luz de las grúas que se divisan en el paisaje sevillano.

Este pretexto llevaba implícito otro mensaje: se deduciría entonces que la Gerencia está desbordada y que le haría falta todavía más personal para atender esta carga de trabajo y no incurrir en errores de libro como el cometido en la Plaza del Pan.

Así parece ratificarlo la medida adoptada con carácter de urgencia para tratar de encauzar el problema: contratar a un arqueólogo por el procedimiento de la adjudicación directa para que haga las catas arqueológicas exigidas por la ley, la Consejería de Cultura y la Comisión Local de Patrimonio.

O sea que el Ayuntamiento ha pagado la contratación de un arqueólogo externo (¿a qué precio?) cuando en el organigrama de Urbanismo hay dos arqueólogos en plantilla: uno, en este caso una mujer, adscrito al Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística,  y otro adscrito a Planeamiento. ¿Por qué no ha podido hacer las catas uno de los dos o los dos a la vez y así habrían reducido el tiempo de espera a la mitad y le habrían ahorrado costes al Consistorio?

Y mientras los contribuyentes sevillanos pagan con su dinero la subsanación de los errores de Urbanismo, el departamento que más caro le cuesta a la Corporación municipal, los comerciantes de la Plaza del Pan denuncian que por causa de las obras paralizadas hace semanas, con el suelo horadado y rodeado de vallas opacas, están perdiendo este verano ya entre un 20% y un 40% de sus ventas. Ya se ven pintadas de protesta.

El caso de la Plaza del Pan, unido al de las deficientes mediciones de la superficie de las Atarazanas denunciado hace unos días por un grupo de profesionales sevillanos, demuestra que la Gerencia de Urbanismo, donde la descoordinación campa por sus fueros, necesita de una reestructuración, la que Zoido no hizo en sus cuatro años de mandato por colocar a su frente a dos personas con nulo conocimiento técnico en la materia, y la que Espadas, transcurrido más de un año de su mandato, aún no se ha atrevido a hacer.

 

Urbanismo admite errores de cálculo en las Atarazanas

 

Un grupo de profesionales estima que hay un exceso de 1.278 m2 en el proyecto de Vázquez Consuegra

Piden en un recurso la suspensión de la licencia de obras para evitar efectos irreversibles

Una ampliación encubierta obligaría a la redacción de un Plan Especial previo

 

Un informe técnico del Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística fechado el 16 de mayo reconoce por primera vez la existencia de errores de medición en el proyecto de construcción de un centro cultural en las Atarazanas, según recogen en un recurso presentado ante el Ayuntamiento un grupo de profesionales sevillanos, los cuales estiman que la licencia de obras se ha concedido sobre supuestos inexactos, por lo que debería ser declarada nula y procederse a la redacción de un Plan Especial.

Un grupo de profesionales sevillanos compuesto por personas tan acreditadas en su profesión como José María Cabeza, Fernando Mendoza, Jacobo Cortines, Fernando Fernández, José García-Tapial, Isidoro Moreno, Pablo Ferrand y Jesús Vozmediano, ha presentado un recurso contra el error del Ayuntamiento de haber contestado anteriormente a otro distinto al que le elevaron el pasado 10 de mayo, en el que pedían una nueva medición de la superficie de las Atarazanas.

En ese intervalo de tiempo han conocido un informe interno de la Gerencia de Urbanismo en el que ya se reconocen algunos errores cometidos a la hora de calcular la superficie que fue tomada como referencia para informar sobre la concesión de la licencia de obras, inexactitudes que según los profesionales son todavía mayores que las ahora admitidas.

La superficie del monumento se convierte en un asunto clave porque si los nuevos usos y dependencias diseñados por Vázquez Consuegra sobrepasan la ahora existente ello obligaría a redactar un Plan Especial y, por tanto, a anular la licencia de obras otorgada. El arquitecto sostiene que su proyecto no modifica la superficie de las Atarazanas, que seguiría siendo la misma que tras su intervención, tesis aceptada hasta ahora por Urbanismo, mientras que el grupo de profesionales ha llegado a la conclusión, tras un detallado análisis, de que el proyecto de Vázquez Consuegra equivale a ampliar la superficie construida actual en 1.278,86 m2.

OMISIONES Y OLVIDOS

Los técnicos municipales, según el recurso presentado por los profesionales sevillanos, se han percatado de que a la hora de la concesión de la licencia se contabilizó como superficie construida la de un patio de 388 m2. Asimismo, se contabilizaron los espacios situados bajo cubiertas o buhardillas, aunque aquéllos olvidaron restarlos en la superficie actual del proyecto de Vázquez Consuegra.

El grupo de profesionales sevillanos alerta del desconocimiento de los técnicos municipales sobre las Atarazanas y sobre los métodos de medición. A título de ejemplo exponen que no computaron los 362 m2 de las terrazas sobre la nave número 1 al sostener que se trata de cubiertas del edificio, “una cubierta pisable pero sin techo de ningún tipo, no considerándose superficie edificada”.

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Los profesionales califican esa afirmación como “totalmente equivocada”, ya que precisamente porque la cubierta no es pisable en absoluto, Vázquez Consuegra  ha planteado la construcción de una estructura metálica que vuela sobre ella y que, por tanto, ha de estimarse como de nueva construcción y computarse al 50%.

Ante la existencia de una presunta ampliación, los profesionales piden al Ayuntamiento que acuerde con carácter urgente la suspensión de la licencia de obras concedida, dados los irreparables perjuicios que pudieran derivarse, y la declaración de nulidad de la misma.

 

La Junta destituye al delegado que no aparecía por la Comisión de Patrimonio

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado el relevo del delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Sevilla, Manuel González Lora, y su sustitución por José Manuel Girela, que había perdido su acta de diputado en las últimas elecciones generales. González Lora, que llevaba un año en el cargo, se dio trazas para eludir su obligación de presidir la polémica Comisión Provincial de Patrimonio amparándose en un informe jurídico a su medida.

La destitución de González Lora llega casi dos meses y medio después de que decidiera dar la “espantá” como presidente de la Comisión Provincial de Patrimonio, un cargo asociado a su condición de delegado territorial de Cultura y que han ejercido todos sus predecesores. El anterior delegado, si no podía asistir por sus múltiples compromisos, sinplemente no convocaba la sesión de la Comisión, pero cuando la convocaba, actuaba presencialmente como su presidente, para realzar la importancia de la misma y de los temas que se abordaban en su seno.

El pasado día 27 de abril, el hasta ahora delegado sorprendió a los miembros de la Comisión al presentar un informe jurídico dedicado a cómo resolver la suplencia de la Presidencia de dicho organismo.

Según el texto, el Decreto 379/2009, de 1 de diciembre, por el que se modificó el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, había provocado un vacío legal, ya que no había previsto la suplencia de la presidencia de las Comisiones Provinciales de Patrimonio Histórico.

Por ello, el informe esgrimido por González Lora se remitía al artículo 93.2 de la ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, que indica que en los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, la persona titular de la presidencia será sustituida por el miembro de la Junta o de la Administración que tenga mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden.

Con ese informe en la mano, el delegado nombró de facto como presidenta suplente a la jefa del Servicio de Bienes Culturales, María Antonia Teva, por el criterio de mayor jerarquía, y no volvió a aparecer por la Comisión Provincial de Patrimonio, que ha estado desde entonces huérfana de su presencia, en una actuación política sin precedentes.

Elecciones generales 26-J 2016: empatar no es ganar

 
El PP se atribuye el fin de la hegemonía socialista en Sevilla pese a quedar a 48.348 votos
El PSOE presenta sus resultados en clave municipal y desvía el foco hacia Pedro Sánchez

 

Para ponernos en situación, recordemos los resultados de las elecciones generales del pasado 26 de junio en la provincia de Sevilla:

 

-El PSOE recibió 348.001 votos (el 33,70% del total), que le supusieron 4 diputados.

-El PP, 299.653 votos (el 29,02%), que le otorgaron 4 diputados.

-Unidos Podemos, 214.244 sufragios (el 20,75%) gracia a los cuales logró 3 diputados.

-Ciudadanos, 137.718 votos (el 13,34%), que le han permitido un diputado.

 

Los datos reflejan que, por las características del sistema electoral, se ha producido un empate en número de escaños entre el PSOE y el PP y aunque por primera vez en la historia de la Democracia los socialistas no han superado en actas de diputado a los populares en su feudo sevillano, la cuna de Felipe González y Alfonso Guerra, aún mantienen a su favor una diferencia de 48.348 votos.

Sin embargo, en la noche electoral el presidente provincial del PP, Juan Bueno, presentó el empate en diputados, que no en votos, como una victoria de su partido, al expresarse ante su líder regional, Juanma Moreno, en los siguientes términos: “El PSOE ha perdido su hegemonía en esta provincia gracias al duro trabajo de los últimos meses del comité de campaña, de los alcaldes, concejales y miles de militantes, por lo que voy a seguir liderando el partido en Sevilla con un único objetivo: ponerlo a tu disposición para que seas presidente de la Junta”.

EXPECTATIVAS

Hegemonía, según el Diccionario de la Academia, significa “supremacía de cualquier tipo”. Dado que el PSOE supera en 48.348 votos al PP en la provincia de Sevilla, mantiene aún su hegemonía en la circunscripción, por más que Juan Bueno sostenga lo contrario.

Se engañaría el PP si pensara que ha protagonizado su particular “sorpasso” provincial, como desde hace seis elecciones de distinto tipo lo ha dado con Zoido como cabeza de lista en la capital, pero como en la vida, y la política no podía ser menos, nos movemos también en función de nuestras expectativas, el resultado le sabe al PP a victoria porque nunca tuvo la expectativa de igualar al PSOE en su bastión sevillano aunque fuera sólo en diputados; y al PSOE le sabe a cuasi derrota, porque jamás imaginó que el PP le empataría este partido tras haberlo hasta goleado en muchas de las elecciones anteriores.

Hay muchas maneras de analizar los resultados. Los números indican que el PSOE y el PP han empatado en número de diputados, por delante de Unidos Podemos (3) y de Ciudadanos (1), pero si se mide el coste en votos de cada escaño vemos que al PSOE le ha costado cada uno de los suyos una media de 87.000 sufragios; al PP, 74.913; a Unidos Podemos, 71.414, y a Ciudadanos, 137.718. Así pues, merced a la ley D’Hont, Unidos Podemos, la coalición a la que populares y socialistas señalan como la gran derrotada, es quien proporcionalmente ha obtenido mejor resultado en Sevilla por rentabilizar mejor sus votos, mientras que C’s, que ha precisado 137.718 sufragios para un solo diputado, es el que peor renta ha sacado de sus votos.

NO ERAN MUNICIPALES

En el lado contrario al PP, el presidente provincial del PSOE, Fernando Rodríguez Villalobos, ha subrayado que de las tres provincias en que ha ganado su partido en toda España -Huelva, Jaén y Sevilla-, en las dos primeras la diferencia respecto del PP ha sido del 2,5% y del 2%, respectivamente, mientras que en Sevilla ha sido del 4,68%.

“Estos resultados -afirma Villalobos- vuelven a decirnos además que en 83 de los 105 municipios de la provincia de Sevilla gana de nuevo el PSOE: si eso es perder hegemonía, que me lo expliquen”. Villalobos tiene razón, pero olvida que en unas elecciones generales el voto que se mide es el del conjunto de la provincia y no el de los municipios, por lo que es mucho más importante ganar en la capital, donde el PP se viene imponiendo desde hace nueve años (129.919 votos ahora frente a los 107.409 del PSOE) que, con todos los respetos, en decenas de pueblos cuya población no supera a la de un barrio o un distrito de la metrópolis.

Los socialistas corren el riesgo de creer que el voto rural les dará siempre la victoria en Sevilla, cuando ya está viendo que por primera vez el PP les empata en diputados y está ya a menos de la barrera psicológica de los 50.000 sufragios de diferencia. Cuanto más siga aumentando el voto urbano del PP, más riesgo de derrota sufre el PSOE.

HACIA SÁNCHEZ

Como no en vano Villalobos ha sido uno de los mentores de Susana Díaz, la estrategia de ambos tras la victoria del PP en Andalucía y del empate en Sevilla ha sido similar: presentar los resultados en clave municipal y no en provincial (el ámbito en que se eligen los diputados) y desviar el foco de los malos resultados hacia el líder nacional, Pedro Sánchez, como si nadie en Sevilla y Andalucía tuviera ninguna responsabilidad o nada que ver con estas elecciones.

Terminales mediáticas afines a la causa del puño y la rosa trasladaron de inmediato esta interpretación a la opinión pública. Así, un periódico sevillano publicó el siguiente titular: “El PSOE ha perdido con Sánchez el 20% de sus votantes en la provincia”, como si fuera Pedro Sánchez el presidente provincial del partido en vez de Fernando Rodríguez Villalobos.

Por su parte, Susana Díaz compareció al día siguiente de las elecciones ante los medios mostrando a su espalda un mapa de Andalucía con el voto coloreado en rojo y en azul no por las ocho provincias (el ámbito donde se dilucidaron los diputados y en el que cinco habrían sido azules, del PP, y tres rojas, del PSOE), sino por lo casi 800 municipios de la región para, siguiendo la tesis de Villalobos, que se viera el predominio del rojo socialista en los pueblos y como si se hubiese tratado de unas elecciones municipales en vez de generales.

Además, la presidenta mantuvo la tesis de que ella no había sido candidata, de lo que se infería que no podía achacársele la derrota en Andalucía porque el candidato en estos comicios había sido Pedro Sánchez, el mismo al que el periódico afín le imputaba la pérdida del 20% de los votos en la provincia de Sevilla.

 

EL NUEVO TIEMPO

Curiosamente, Susana Díaz nunca desmintió antes a los medios, que de forma generalizada le fueron atribuyendo a su persona las victorias del PSOE en Andalucía desde su ascenso al poder en su partido y en la Junta y pese a que ella no era la candidata, como ocurrió en las elecciones europeas del año 2014, las municipales de 2015 y las generales del pasado 20 de diciembre (obviamente, en las autonómicas andaluzas sí era la candidata de su partido a la Presidencia de la Junta), triunfos que se arrogó ella misma, como cuando tras las elecciones europeas dijo que “esta victoria del PSOE (en Andalucía) es el primer fruto del nuevo tiempo (su lema en política)”, según recogió el diario ABC. No le atribuyó los resultados andaluces a Elena Valenciano, que era la cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo (en este tipo de elecciones continentales la circunscripción es nacional).

Como tampoco desmintió a los medios que titularon tras las elecciones municipales de mayo “Susana Díaz encadena la tercera victoria en Andalucía” (Diario Sur, de Málaga), y “El PSOE gana en Andalucía y mitiga el mal resultado nacional” (Diario El País) tras el 20-D, a pesar de que la presidenta tampoco era candidata en ninguna de las dos.

Una vez más, entre nuestros políticos se cumple el dicho de que “las derrotas son huérfanas”, pero con una variante específica en el caso del PSOE andaluz: en nuestra tierra son de Pedro Sánchez.