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El Ayuntamiento paga 16.500 euros por el cuadro del rey Felipe VI

El cuadro del nuevo rey Felipe VI que desde el mes de marzo cuelga de los muros del Ayuntamiento y que hasta ahora pasaba por ser una donación del pintor extremeño afincado en Sevilla Juan Valdés ha costado en realidad 16.500 euros a la corporación municipal, según se ha sabido posteriormente por una modificación presupuestaria tramitada por el edil Javier Landa.

El delegado de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, Javier Landa, recibió del alcalde el encargo de hallar una solución al problema surgido tras la entronización de Felipe VI como nuevo rey, ya que aunque la Casa Real envió fotografías del monarca para sustituir la imagen oficial del rey emérito Juan Carlos I, su colocación en el Ayuntamiento  habría desentonado en comparación con el resto de retratos de reyes de España: todos los monarcas de los dos últimos siglos contaban con un lienzo en el Consistorio y Felipe VI no debía ser menos.

Según se dijo en su día, en principio se pensó en convocar un concurso público para que un pintor realizara el cuadro de Felipe VI pero no hizo falta porque Juan Valdés se ofreció a pintar la tela de forma altruista, misión que terminó en tan sólo dos semanas gracias a que trabajó en la obra día y noche.

El pintor recibió elogios, tanto por la pintura del rey como por la supuesta donación de la misma, hasta el punto de que un conocido cronista le dedicó un artículo titulado ‘Juan Valdés sin trincar’.

Sin embargo, el pasado 13 de abril Javier Landa solicitó al Area de Hacienda la tramitación de un crédito extraordinario por importe de 16.500 euros con el fin de “afrontar el gasto derivado del suministro de un cuadro de S.M. el Rey Felipe VI para el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Sevilla”.

Esta solicitud ha revelado que el cuadro de Juan Valdés no fue una donación, motivo invocado para no convocar un concurso público entre los pintores. El dinero para pagar la pintura se ha detraído ahora de la partida ‘Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales’, con cargo al Servicio de Planificación y Coordinación de Programas.

Hacienda sigue condicionando la Zona Franca al Plan de Ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se desplazó el lunes hasta Sevilla para anunciar junto al alcalde y en presencia de unos 200 empresarios de la ciudad la Orden que también el mismo día había publicado el Boletín Oficial del Estado y por la que se autoriza la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos.

Hacienda ha dado una de cal y otra de arena a la ciudad, ya que en el artículo 4º de la Orden condiciona la constitución del Consorcio a que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de los requisitos previstos en la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, un cumplimiento que a su vez deberá ser acreditado por el propio Ministerio de Hacienda.

El texto, pues, no puede ser más paradójico: Hacienda aprueba unos estatutos de un Consorcio que no se puede constituir hasta que no cuente con el informe favorable del propio Ministerio, de lo que se colige que ese informe aún no existe porque ha de superarse previamente un escollo legal al que hace referencia la Orden: la ley de Régimen Local.

Y esa Disposición novena prohíbe que ayuntamientos como el de Sevilla constituyan nuevas empresas, organismos y consorcios, como es el caso del de la Zona Franca, durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste. Ahora, Hacienda y el Ayuntamiento deberán buscar una fórmula jurídica que permita superar esta prohibición.

A expensas de que el Consorcio pueda constituirse con la celebración de su primer Pleno y la Zona Franca entrar en funcionamiento, puntos ambos condicionados tal como subraya de nuevo el artículo 5º de la Orden, al cumplimiento de la exigencia anterior, Hacienda ha avanzado los trámites administrativos con la aprobación de los estatutos del Consorcio, en los que se ratifica otra sorpresa incluida en la disposición: el Ministerio ha dejado fuera de la Zona Franca al puerto de Sevilla y a los empresarios, al no reflejar representación alguna ni para la CES ni para la Cámara de Comercio.

Sólo forman parte del órgano de gobierno del Consorcio el propio Ministerio y el Ayuntamiento, aunque Hacienda deja la puerta abierta a futuras incorporaciones previa modificación de los estatutos y conforme, una vez más, lo que decida ella misma.

El Consorcio tendrá su sede en el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, lo presidirá el alcalde y su vicepresidente y auténtico hombre fuerte como titular del Comité Ejecutivo será el delegado especial que nombre Cristóbal Montoro. Además, formarán parte del Consorcio dos ediles del Ayuntamiento que sean miembros de la Junta de Gobierno local y el titular de Aduanas en Andalucía, más un secretario con voz pero sin voto.

Torres de 30 metros en Altadis

El Consistorio permitirá a la empresa erigir dos edificios separados de 7 y 8 plantas

El Ayuntamiento podrá construir otros dos, pero con menor edificabilidad

La ejecución del proyecto podría iniciarse dentro de dos años tras los trámites

 
El proyecto de convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y Altadis para la reutilización de la abandonada fábrica de tabaco de Los Remedios prevé la demolición de toda la factoría, salvo la capilla de Las Cigarreras y del edificio central (oficinas y archivo histórico) y la construcción de tres nuevos inmuebles: dos para Altadis y uno para el Consistorio. Este tendrá además la posibilidad de aplicar 8.000 m2 de edificabilidad lucrativa en la zona de oficinas del edificio central, con una altura máxima de 27 metros.

Técnicamente, el documento firmado por el alcalde con Altadis no es un convenio urbanístico, sino un mero proyecto o declaración de intenciones, que si no se materializa no supone obligación alguna para el Ayuntamiento ni tampoco genera derechos a la multinacional, tal como se recoge expresamente en la cláusula octava del texto. Asimismo, se remite al artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que los convenios (y éste aún no lo es) “en ningún caso vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades”.

No obstante estas salvedades y referencias legales, en sus 15 folios y planos se entra en unos niveles de detalle sobre la futurible ordenación de los suelos que en realidad corresponderían a un Plan de Reforma Interior o Peri, y de alguna manera se preconfiguran expectativas a la propiedad.

 

LOS OBJETIVOS

El pacto urbanístico trata de justificarse por una “innovación” del PGOU de 2006, cuando en realidad se trataría de una modificación estructural del mismo, dado el alcance de la recalificación, reparcelación y altura de las nuevas edificaciones proyectadas (dos torres de 30 y 27 metros de altura para Altadis).

También se dice que su objetivo es “incorporar funciones productivas” a ese espacio, cuando teóricamente ya existen por estar ocupado por todo un complejo fabril, pero se obvia así la espinosa cuestión de por qué no funciona desde hace un decenio, tras la deslocalización de la actividad fuera de Sevilla y el despido de toda la plantilla. Asimismo, se alude a la necesidad de dotar de equipamientos y espacios libres a Los Remedios y de permitir usos lucrativos de restaurantes, hoteles y complejos deportivos y de ocio para la margen derecha del río, ya en buena parte ocupada por las concesiones otorgadas a clubes deportivos privados sobre el dominio público.

Tras la prevista demolición del complejo industrial, salvo del edificio central y la capilla cedida a las Cigarreras, Altadis obtendrá 31.000 m2 de edificabilidad de uso terciario (oficinas, comercios, hoteles…), cuando actualmente tiene un total de 13.254 m2 de uso industrial construidos. Esta superior edificabilidad con otro tipo de uso la podrá repartir en dos inmuebles de nueva construcción, en el suelo más cercano al puente de Los Remedios, con ocho y siete plantas y una altura de 30 y 27 metros, respectivamente, frente al Paseo de las Delicias.

Altadis no da a la ciudad más de lo que le exige la ley por cesiones para lucrativo, zonas verdes y dotaciones, por lo que el Ayuntamiento tendrá que asumir los costes de desarrollarlas (incluida la instalación del museo del que se habla), salvo el de la urbanización del suelo, que asumirá la multinacional en todo el complejo. No se mejora, pues, el marco legal existente pese al historial de Altadis en su relación reciente con Sevilla, uno de los reproches fundamentales que hace la oposición. Esta ya ha planteado que la multinacional revierta parte de los beneficios que obtenga con la venta de los suelos.

EL TERCIARIO MUNICIPAL

Los 8.266 m2 de edificabilidad terciaria que obtiene el Consistorio le permitirán construir un nuevo edificio de dos plantas (1.000 m2) junto a los clubes deportivos, y aplicar los 7.266 m2 restantes en la zona de oficinas del actual edificio central, que no se derriba. Ahora bien, para ello tendría que llegar hasta las siete plantas y los 27 metros de altura, con el consiguiente impacto visual sobre un inmueble protegido, que en tal caso quedaría empotrado entre tres torres que modificarían el paisaje de la margen derecha del Guadalquivir.

Por otra parte, dado que los 7.266 m2 de edificabilidad lucrativa para el Ayuntamiento se han asignado sobre los actuales 957 m2 de la zona de oficinas del edificio central y éste tiene 3.367 m2 construidos, de detraérse el uso terciario, sólo quedarían 2.419 m2 para dotaciones destinadas a Los Remedios en este inmueble.

El proyecto de convenio urbanístico prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo para dar servicio a los futuros edificios y del que no se dan más detalles, salvo el establecimiento de una servidumbre de paso de vehículos por el subsuelo de la parcela pública (posiblemente se refiera a la EL-3).

Los plazos acordados para la ejecución son tales que aunque algunos trámites urbanísticos se aceleren o simultaneen, en el mejor de los casos se precisarán al menos dos años de ‘papeleo’ para empezar a acometer su ejecución. Su materialización podría situarse en el segundo tramo del próximo mandato municipal.

Altadis. Los plazos

 Actuación                                                                                       Plazo máximo

-Firma del convenio definitivo                              4 meses (31 julio 2014)

-Modificación del PGOU y                                      3 meses tras la entrada en vigor

aprobación inicial                                                  del convenio urbanístico

-Redacción del planeamiento                                6 meses, tras la aprobación

por el Ayuntamiento                                             definitiva modificación del PGOU

 

-Proyecto de urbanización                                     6 meses a partir de la aprobación

por Altadis o terceros                                            definitiva del PERI

 

-Ejecución de las obras                                          18 meses desde la aprobación del

de urbanización                                                     proyecto de urbanización

 

-Proyecto de reparcelación                                    6 meses desde la aprobación PERI

NOTA.- El convenio quedará resuelto y sin efecto alguno si sus términos no se cumplen en el plazo de dos años después de la tramitación y, en su caso, aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización.

 

El convenio con Altadis y su traslación al Plano

 Parcela           Uso                 m2 suelo        edificabilidad                       Nº plantas     Altura

 

ST-1        Terciario                5.487             23.000 m2                                1+7                30 m.

para Altadis

 

ST-2        Terciario                   723                1.000 m2                              1+1                  5 m.

para Consistorio

 

ST-3         Terciario                 957                 7.266 m2                                  7                   27 m.

para Consistorio

 

ST-4         Terciario                2.005                 8.000 m2                                7                    27 m.

para Altadis

 

TOTAL  Terciario                                          39.266 m2

 

 

S-1      Interés público           833             Parcela nueva

y social (SIPS)

 

S-2      SIPS                           1.826             Parcela capilla Cigarreras. Se conserva

 

S-3      SIPS                           3.546             Parcela edificio principal. Se conserva

 

TOTAL  SIPS                        6.205 m2

 

 

EL-1      Espacio libre           3.673             Ribera del río Guadalquivir

 

EL-2      Espacio libre           4.440             Plaza de la Tabacalera

 

EL-3      Espacio libre           2.420             Plaza Manuel Ferrand

 

EL-4      Espacio libre           5.052             Ampliación Jardines Los Remedios

 

TOTAL  Espacios libres      15.585 m2

 

Viarios peatonales             4.476 m2

 

NOTAS.-

 

1)   Se construirá un aparcamiento bajo rasante que no computa en edificabilidad pero que no se define aún, salvo una servidumbre desde las zonas de dominio público.

2)   En la parcela ST1 Altadis o terceros podrán construir  un nuevo edificio tras demoler el actual (almacén e instalaciones) , sito al Sur del edificio central.

3)   En la parcela ST2 , el Ayuntamiento podrá construir un edificio junto a los clubes deportivos tras la demolición del destinado a viviendas sito delante de la capilla de las Cigarreras.

4)   En la parcela ST3, el Ayuntamiento obtendrá una edificabilidad lucrativa de 8.000 m2 en la parte del edificio central (no se derriba, por estar protegido) que actualmente ocupan las oficinas y con posibilidad teórica de ocupar 7 plantas con 27 metros de altura máxima.

5)   En la parcela ST4  Altadis o terceros podrán construir un nuevo edificio tras la demolición del actual, el más cercano al puente de Los Remedios y ocupado ahora por un almacén e instalaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvención a la Fundación de la CEA, que tiene paradas 583 VPO en Sevilla

El Gobierno andaluz ha obviado a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, para conceder hace un mes a través de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una subvención de 1.749.000 euros a una Fundación de la CEA que tiene sin rematar 583 viviendas de protección oficial en Sevilla Este.

No ha sido la Dirección General de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), sino la de Urbanismo, englobada en la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya titular es María Jesús Serrano (PSOE), la que el pasado 15 de octubre aprobó una subvención de 1.749.000 euros en  favor de  la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y con sede en la calle San Vicente Nº 22 de Sevilla, con objeto de que compre suelo para la construcción de viviendas protegidas.

 Independientemente del organismo que concede la subvención, lo llamativo es que, según informó la agencia Europa Press, once días antes el Juzgado de Primera Instancia Nº 12 de Sevilla había admitido a trámite una demanda promovida por el colectivo de adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa. En la demanda, el abogado del colectivo reclama a la citada fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas.

DINERO ANTICIPADO

Cada uno de los adjudicatarios de viviendas había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora Dolmen Consulting Inmobiliario, inicialmente contratada para la edificación de los bloques, motivó que esta labor recayese en la empresa Nazarí.

 En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización por el Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como ‘el banco malo’, se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, quedaron “inmovilizadas como activo tóxico” por la Sareb y siguen sin ser acabadas, pese a que la previsión inicial es que se entregaran en 2010.

EMBARGOS

 Previamente, el pasado verano, el juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla había decretado el embargo de varios bienes y el bloqueo de cuentas de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA) por el impago a contratistas en esta promoción de viviendas protegidas en Sevilla Este.

Empresas subcontratadas que habían realizado trabajos para la construcción de los pisos no cobraron por sus servicios y dos de ellas obtuvieron una sentencia favorable contra la CEA, la cual fue condenada a pagarles 11.500 euros entre ambas. Al ordenar la ejecución de la sentencia, el titular del Juzgado decretó embargos sobre dos fincas de la promoción de Sevilla este, así como de depósitos bancarios de la fundación de la patronal y de las devoluciones de Hacienda a que pudiera tener derecho.

ACAMPADAS

Los compradores de las 583 viviendas paralizadas, que han protagonizado acampadas ante la sede de la Junta en el palacio de San Telmo,  enviaron hace cuatro meses un escrito a la Delegación de la Consejería de Fomento, en el que reclamaban que sea retirada la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a los edificios promovidos por la Fundación de la CEA. Sin embargo, la Junta ha hecho oídos sordos y le ha otorgado esta subvención para nuevas promociones de vivienda protegida.

 En el escrito, el colectivo de afectados solicitó también a la Junta de Andalucía que se inicie “el trámite de expropiación de los suelos protegidos” y que proceda a investigar las causas por las que no se devolvió el dinero a aquellos compradores que rescindieron su contrato. Por otra parte, el colectivo mantiene una querella por la vía penal contra la dirección de la propia Fundación.

 

El rancho del coronel

Un reciente informe del interventor municipal refleja que el Ayuntamiento de Sevilla tarda una media de 74 días en pagar a sus proveedores, cuando hace dos años la demora era de 57 días y pese a que el objetivo del Plan de Ajuste, al que se acogió el Consistorio sevillano, era que las facturas se abonaran en un máximo de 27 jornadas. O sea, que después de haber puesto a cero el contador de la deuda con los proveedores merced a la adhesión al Plan de Ajuste por valor de casi 60 millones de euros, la burocracia y/o la Hacienda municipales a la hora de cumplir con quienes contratan con la Corporación no sólo no han agilizado los nuevos pagos, sino que los han ralentizado aún más hasta llegar a esos 74 días de demora.

Mientras Zoido se permite dos meses y medio de retraso en librar el dinero para las empresas, las cuales han de financiar con su propia tesorería o mediante el mirlo blanco de algún crédito bancario el desfase temporal, se muestra inflexible cuando quien se retrasa en el desembolso del dinero es una Administración Pública llamada Junta de Andalucía, como demostró el día 12 de noviembre al despedir a los 45 trabajadores del programa de intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social porque no le había llegado el dinero comprometido por el Gobierno autónomo.

RETRASOS DE LA JUNTA

La Corporación municipal hispalense se queja de que la Junta de Andalucía, con problemas de liquidez que a nadie se ocultan debido a los recortes económicos para reducir el déficit público, ha venido demorando desde 2011 a la fecha la convocatoria de ayudas para cofinanciar conjuntamente con los ayuntamientos los programas de intervención en zonas con necesidades de transformación social, que en el caso de Sevilla son los Polígonos Sur y Norte, Tres Barrios-Amate, Torreblanca y el asentamiento chabolista del Vacie.

Efectivamente, si en años anteriores el Boja publicaba la convocatoria en el primer trimestre del año, últimamente lo viene haciendo en pleno verano, con lo que entre el estío, la tramitación y el estudio de las solicitudes procedentes de toda Andalucía, la aprobación de las resoluciones y el libramiento efectivo del dinero se está incurriendo en el riesgo de que llegue la hora de renovar el programa y no hayan llegado los fondos, pese a que estén aprobados.

En el caso de Sevilla, el programa expiraba el 14 de noviembre de 2013, por lo que el Consistorio solicitó a principios de julio una nueva subvención con el argumento de que era necesaria la continuidad de la intervención social en los barrios citados porque no sólo no habían registrado cambios significativos respecto al año 2012, sino que por los efectos de la crisis económica incluso se había agudizado la precariedad de la situación social y económica de sus habitantes.

LA SOLICITUD

La Corporación municipal solicitó a la Junta una subvención directa de carácter excepcional de 1.806.570, 88 euros. El Gobierno autónomo evaluó el programa subvencionable en 1.258.947,90 euros y le concedió al Ayuntamiento una ayuda equivalente al 74,07% del mismo: 932.554 euros. El resto, 326.393,90 euros (el 25,93%) debía cofinanciarlo el gobierno local.

El dinero de la Junta, sin embargo, no llegaba a las arcas municipales, por lo que en vísperas de que el 14 de noviembre expirara la vigencia del programa existente, el Ayuntamiento de Sevilla amenazó con despedir a los 45 profesionales encargados de velar por los programas de alfabetización, el seguimiento a las familias desestructuradas, la escolarización de los niños y otras actuaciones similares en los barrios con más exclusión social de Sevilla.

Al Consistorio le dio igual que la Junta de Andalucía le hubiera comunicado el 10 de octubre la concesión de la ayuda de forma provisional y que el 12 de noviembre le notificara por correo electrónico la resolución definitiva, ya que al día siguiente puso en la calle a los 45 trabajadores del programa Zonas.

“INSEGURIDAD JURÍDICA”

El alcalde, Juan Ignacio Zoido, declaró que las comunicaciones previas del Gobierno autónomo no eran suficientes y que por lo tanto el Ayuntamiento se había visto obligado a suspender el plan y pensar en reprogramar para otras actuaciones los 326.000 euros que ya tenía consignados para el mismo porque se encontraba en situación de “inseguridad jurídica”.

El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, dijo por su parte, no sin cierta sorna, que el Ayuntamiento trabaja “con papeles sellados y no a través de comentarios o rumores; a ver si ahora va a servir -añadió- con un mensaje por WhatsApp”, por lo que esperaría a que concluyera el correspondiente trámite de fiscalización y a que se consumara la transferencia del dinero.

Técnicamente y en estricta puridad financiera, el Ayuntamiento tenía razón porque los fondos de la Junta no le habían llegado, pero su argumentación rayaba en el leguleyismo (aplicación del Derecho o de la ley de forma desaforada) cuando tenía ya en su poder dos comunicaciones de la Junta ratificándole, primero de forma provisional y luego definitiva, la concesión de la subvención. Su intransigencia a la hora de la exigencia del cobro contrasta llamativamente con la benevolencia que se otorga a sí mismo en el trato con los proveedores y esos 74 días que tarda en abonarles las facturas pendientes.

REPRESALIA POLÍTICA

A nadie se le escapa, y los primeros a los trabajadores afectados, que se ha tratado de una represalia política  tras el eco provocado por su decisión de devolverle a la Junta 428.320 euros del programa de ayuda a domicilio al negarse el Gobierno andaluz a prorrogarle más allá del 31 de diciembre el plazo dado para emplear ese dinero y cuando todavía le queda un mes y medio para aplicar esos fondos.

La pataleta de Zoido recuerda aquella historia del recluta al que no le gustó la comida que le sirvieron en el comedor del cuartel donde hacía el servicio militar y pronunció la frase: “Que se joda el coronel, que yo no como rancho”.

El alcalde ha pretendido fastidiar a la ‘generala’ Susana Díaz devolviendo primero una subvención por incapacidad de gestión para gastarla a tiempo y no aceptando otra porque se había pasado por uno o varios días la fecha de caducidad, pero en los dos casos quien se fastidia no es Susana Díaz ni la Junta, que se encuentra además con una devolución de dinero en tiempo de recortes, sino Sevilla, la ciudad a la que Zoido aspira a seguir gobernando.

Porque, ¿qué ha demostrado más el alcalde ante la opinión pública, la morosidad de la Junta o que él es capaz de dejar sin atención social a 99.000 sevillanos de los barrios desfavorecidos por no esperar tan sólo unos días más y por su confrontación con San Telmo, a pesar de que en su solicitud de la subvención ante la Junta decía que “los efectos de la crisis económica incluso han agudizado la precariedad de la situación social y económica de esta población”?

NI LA SOLUCIÓN TRANSITORIA

La situación la resumió en declaraciones a la prensa uno de los trabajadores de las Unidades de Trabajo Social (UTS) despedidos por el Ayuntamiento: “Les damos igual los ciudadanos y los trabajadores; todo esto es sólo para tirarse los trastos unos a otros”.

Y eso pese a que el personal de las UTS había propuesto como solución transitoria para no tener que desembocar en el trauma de los despidos que el Ayuntamiento destinara los 200.000 euros que se había ahorrado anteriormente en el mismo programa con la reducción de jornadas, las vacantes sin cubrir y los permisos no disfrutados a prorrogar la situación en tanto llegara el dinero de la Junta de Andalucía.

Ahora, el Consistorio anuncia que, tras el paréntesis del fin de semana, incluso desde hoy mismo podrían reincorporarse a su puesto los 45 trabajadores despedidos, una vez confirmada la subvención de la Junta, lo cual deja aún más en evidencia la intransigencia del alcalde y demuestra lo absurdo de los despidos y de una guerra política de tan sólo cinco días, en la que no ha dudado en usar como munición a los 99.000 sevillanos excluidos socialmente.

Todo parece indicar que el tiro le ha salido por la culata.

Hacienda vende por 24,5 millones solares en la antigua cárcel de La Ranilla

El Ministerio de Hacienda ha recurrido a un portal inmobiliario radicado en Barcelona, Addmeet, para anunciar la venta de los suelos que albergaron antiguas cárceles en toda España. La joya de la operación son dos solares casi contiguos que pertenecieron a la prisión de Sevilla-1, La Ranilla, y que salen al mercado con un precio conjunto de referencia de 24.581.698 euros.

Los potenciales interesados pueden comprar bien por separado o bien conjuntamente los dos solares, distantes entre sí apenas unos metros y situados en la calle Mariano Benlliure, dentro del antiguo conjunto de la cárcel, en el barrio de Nervión.

Ambos están situados de forma estratégica en el entorno del centro comercial Los Arcos y las antiguas instalaciones de la fábrica de cerveza de Cruzcampo, con fachada a la ronda del Tamarguillo (calle Clemente Hidalgo) en uno de los casos y en segunda línea de la Avenida de Andalucía en el otro.

Los solares gemelos tienen cada uno de ellos una superficie de 2.750 metros cuadrados (5.500 en total) y su precio individual orientativo de venta es de 12.290.849 euros (24.581.698 euros en total).  No obstante, hay datos contradictorios entre la ficha técnica y el texto del anuncio (números 1.725 y 1.726 en el portal inmobiliario), ya que se dice sobre  cada uno de los mismos que se trata de solares urbanos consolidados con 1.948 m2 de suelo y una edificabilidad de 7.621 m2, para uso residencial libre que permite un máximo de 73 viviendas con comercial en planta baja (en total, pues, podrían construirse 146 viviendas entre los dos).

Según fuentes del portal inmobiliario Addmeet, los solares son propiedad de una sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y entre los interesados se deberá generar un proceso transparente y competitivo de subasta pública al alza, según la normativa estatal para desinversión de inmuebles.

Sólo en caso de que la subasta, que se organizaría si hubiera más interesados en la compra, quedara desierta, saldrían a la venta los suelos en el mercado libre.

El Ministerio está tanteando el interés del mercado con este procedimiento a través de un portal especializado en el sector inmobiliario y al que ya han recurrido otros departamentos del Gobierno, como Defensa. Los potenciales compradores deberán cumplimentar un formulario en la página web de Addmeet, que actúa como mera divulgadora del proceso de venta, y enviarlo al Ministerio de Hacienda a través del portal inmobiliario, tras lo cual el Ministerio o una de sus empresas se pondrán en contacto con ellos.

FICHA TÉCNICA DE LOS SOLARES
Características

Superficie del suelo: 2.750 m2

Ocupación: 1.650 m2

Edificabilidad: 12.432 m2

Usos compatibles: Plurifamiliar

Estado: Urbanización

Clave urbanística: Ordenanza edificación abierta

ARM: 24,00 m.

Fondo: 55,00 m.

P.E. 17,00

Servidumbres: No

Fachada: 242 m.

Datos económicos

Precio de venta: 12.290.849 m2

Precio de venta m2techo: 989 euros/m2

Precio de venta m2suelo: 4.469 euros m2

 

Hacer caja por 60 millones de euros en toda España

La superficie total de antiguos suelos carcelarios puesta a la  venta en toda España supera los 60.000 metros cuadrados y roza los 100.000 metros cuadrados de edificabilidad, en su mayoría para uso residencial libre. La previsión de ingresos del Ministerio de Hacienda por esta operación, conforme a los precios orientativos de venta publicados en el portal inmobiliario, es de unos 60 millones de euros. En El Puerto de Santa María, en Cádiz, están en venta los más de 23.000 metros cuadrados que albergaron la antigua cárcel gaditana. Se trata de un solar situado estratégicamente, frente a la estación del AVE. Por ello, el Estado pide 1,6 millones de euros. Sobre él podrán construirse viviendas libres y protegidas, pero también contempla uso terciario, bien de oficinas, comercial o un hotel. Por su ubicación, estos terrenos son, según los expertos, junto con los de Sevilla, los más interesantes de cara a los futuros inversores.

También destacan tres solares en Zaragoza que suman 2.000 metros cuadrados de superficie y por los que Hacienda pide más de nueve millones de euros. Se pueden comprar por separado o de manera conjunta. Por el más caro de ellos, pide casi 7,5 millones de euros. Al igual que en los terrenos de Cádiz, se contemplan diferentes usos.

En la oferta hay también un suelo en Santander de 11.000 metros cuadrados para vivienda libre que Hacienda vende por cuatro millones de euros. En Córdoba se pone a la venta otro solar por 9 millones de euros, así como otros en Cartagena, Segovia y Úbeda.

Otro solar que sobresale es el de Huesca, situado en el barrio del Perpetuo Socorro, donde se ubicaba la antigua prisión provincial, con una superficie de 7.800 metros cuadrados y una edificabilidad para uso residencial libre y garajes de más de 14.000 metros cuadrados. Hacienda pide por estos terrenos algo más de 8 millones de euros.

 

El Correo de Andalucía

Me llega un tuit del alcalde en el que da todo su apoyo y ánimo a los trabajadores de El Correo de Andalucía, “que -dice- defienden su empleo y la continuidad de un diario centenario”. Me indigna tanta hipocresía. La situación del decano de la prensa se vuelve contra la política de comunicación de Zoido y su arbitrario reparto de la publicidad institucional, que debería regirse por criterios objetivos (EGM, OJD…). Mientras que a su boletín oficial, que ha ocultado que cobraba sobresueldos, lo ha recompensado con casi 650.000 euros, patrocinios por otras vías aparte, al Correo y a otros los ha dejado a dos velas, cuando no los ha excluido por su línea crítica. ¿Cuántos anuncios de las Santas de Zurbarán ha puesto Zoido en El Correo? ¿O cuántos sobre la renovación de las casetas de la Feria de Abril y la información pública de las Ordenanzas Fiscales? Con que sólo se hubiera atenido a su cuota de lectores y de mercado  en el reparto del pastel, quizás Zoido habría contribuido a prolongar la vida del periódico en vez de lamentarse farisaicamente por su agonía.

Protocolo

Mauricio Domínguez fue el jefe de Protocolo del Ayuntamiento con todos los alcaldes de la Democracia excepto con Zoido, que llegó cuando él ya se había jubilado. Ahora, ha publicado un libro de recuerdos de sus 40 años de actividad profesional. Al rememorar las aportaciones de los alcaldes en el campo de su especialidad, cuenta que Uruñuela arregló el tema de los palcos de Semana Santa; Del Valle, la presencia municipal ante el Cristo de San Agustín desde la guerra civil; Rojas Marcos, las ceremonias de la corporación bajo mazas; Soledad Becerril, la organización del terrible funeral, por el estado de shock en que se hallaba toda la ciudad, tras el asesinato por los terroristas de ETA de Alberto y Ascen; y Monteseirín…. Bueno, el (sin) tuvo la ocurrencia de proponer que se conmemorara no el aniversario de la muerte de Blas Infante (11 de agosto) sino el de su nacimiento (5 de julio). Para el muy cuco era más importante irse a la playa o no volver de allí antes que honrar al padre de la patria andaluza. Así quedó retratado una vez más por su (sin) sentido de Estado.

Zonal azul (2)

Como las coincidencias las carga el diablo, el Ayuntamiento ha tenido que atender a través del Servicio de Urgencias municipal que dirige la dama de hierro Asunción Fley un S.O.S. de Tussam y detraer casi 4,4 millones de euros del Presupuesto de la ciudad para pagarles las nóminas a los conductores de los autobuses a la misma vez, como habría dicho quien decirlo solía, que Aussa se comprometía a abonarle al Consistorio un canon anual de 1,5 millones por la explotación de la zona azul. Dado que Tussam tiene el 51% de las acciones de Aussa, en la teórica derrama societaria le correspondería desembolsar 765.000 euros. ¿Y cómo una empresa que no llega ni a fin de mes y necesita conectarse a la bombona de oxígeno de Plaza Nueva va a sacar para ese nuevo canon municipal? Para rizar el rizo de los despropósitos, ahora lo que faltaría sería que el gobierno de Zoido hiciera otra modificación del Presupuesto para aportarle a Tussam su parte alícuota en la adjudicación del concurso y pagarse a sí mismo a través de la empresa municipal de transportes el canon de la zona azul.

Zona azul

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por un juez llamado Juan Ignacio Zoido, es a su vez juez y parte en la empresa de aparcamientos urbanos Aussa, al poseer el 51% del capital social. Ahora, la Corporación municipal le ha adjudicado a Aussa, que es tanto como adjudicárselo a sí misma (para que luego hablen de la Fundación dedicada por Felipe González a la figura de Felipe González), el concurso de la nueva zona azul por un canon de 1,5 millones de euros, cuando había otra compañía, Dornier, que ofrecía 2,5 millones. Yo no es por señalar, pero caigo en la cuenta de que la juez Alaya investiga “el perjuicio del interés general” en el caso Mercasevilla porque la Gerencia de Urbanismo, que no era accionista ni nada de la empresa ganadora, tuvo la ocurrencia de adjudicarle los suelos de la lonja a Sanma, filial del Grupo Sando, por 106 millones de euros cuando había una oferta de Noga por valor de 158 millones. La diferencia entre la oferta de Sanma y de Noga era de un -49%; la existente entre la de Aussa y Dornier es de un -73,33%. A ver ahora cómo lo explica Zoido.