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El epicentro

Tanto el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como el delegado de Turismo, Antonio Muñoz, han insistido con motivo de la Semana del Turismo en la necesidad de descentralizar las visitas a la ciudad. Muñoz, en el curso de una entrevista periodística, ha declarado lo siguiente: “La cuestión no es que ya no quepan más turistas. Caben, pero más repartidos en todo el año. Y, por otro lado, hay que lograr que estén más de dos días y gasten algo más. Para eso -añadió- es crucial incorporar a la oferta turística la agenda cultural y expandir la zona más visitable hacia otros puntos más alejados del triángulo monumental”.

Ese triángulo monumental es, obviamente, el compuesto por el legado declarado Patrimonio de la Humanidad: el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias.

La creación de nuevas zona de interés turístico, que recuerda a las “nuevas áreas de centralidad” que se marcó como reto la Barcelona olímpica en el 92 (la ciudad recibe ahora 19,66 millones de visitantes) es una estrategia de pura lógica para la consecución de los objetivos citados por el delegado. Sin embargo, el gobierno municipal ha vuelto a hacer lo contrario de lo que preconiza al potenciar una vez más el centro en detrimento de su periferia con la operación Bellver.

LA “CIUDAD CONSOLIDADA”

Monteseirín, que inició su mandato anulando la construcción de la sede administrativa que para el Ayuntamiento había diseñado Moneo en el Prado por encargo de Soledad Becerril, tenía un discurso de apoyo a los barrios que acabó trocando en favor de lo que él denominaba “la ciudad consolidada”, esto es el centro, para tratar de justificar el despilfarro en las Setas de la Encarnación (unos 120 millones de euros).

Espadas no ha llegado a tales extremos, pero a su manera también ha apostado por esa “ciudad consolidada” que es el centro al decidir la compra por el Ayuntamiento a la Fundación Lara, a cambio de 4,5 millones de euros, de la casa Fabiola para albergar la colección del mecenas Mariano Bellver, en vez de instalarla en el Pabellón Real de la Plaza de América, como se decidió durante el mandato de Zoido.

Durante la visita realizada junto con el propio Bellver a la casa Fabiola el pasado mes de octubre, Espadas declaró que la ciudad, “además de contar con un nuevo museo en el epicentro de la zona turística, ganará una casa-palacio de gran valor”.

Aparte de que el gran valor patrimonial del inmueble es relativo considerada en el conjunto de Sevilla, con esta operación el Ayuntamiento ha hecho justo lo contrario de esa estrategia turística anunciada por Muñoz de enviar a los turistas más allá del triángulo patrimonial. Espadas lo subrayó de forma consciente o inconsciente al hablar del “epicentro” de la zona turística.

Ese “epicentro” no sólo se va a reforzar aún más con la colección Bellver en la casa Fabiola, sita a escasos metros de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad, sino también con la anunciada apertura al público del Palacio Arzobispal, con lo cual el turista tendrá cada vez más motivos para concentrarse en el centro, valga la redundancia, y no salir a explorar puntos más alejados, vacíos o vaciados de atractivos.

DINERO HAY

El segundo efecto de la operación de compra de la casa Fabiola por 4,5 millones de euros en tiempos de crisis económica y de recortes de gasto por mor de reducir el disparado déficit público, es no haber hecho una inversión alternativa en la rehabilitación del patrimonio municipal vacío o necesitado de restauración, como es el caso del mismísimo Pabellón Real en la Plaza de América, con el que se habrían conseguido varios objetivos a la vez: habría cobrado nueva vida con la colección de arte de Mariano Bellver, que sólo merece muestras de gratitud por su generosidad con Sevilla; lo habríamos restaurado y nos habríamos ahorrado los 4,5 millones de euros gastados en la compra de la casa Fabiola pero no, por ejemplo, en la conservación de la Fábrica de Artillería.

Dicho de otro modo: no deja de causar extrañeza que se pudiera de pronto tratar de reorientar 10,5 millones de euros del Presupuesto municipal a la compra de la casa Fabiola y de la sede de la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva pero no para la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico.

El cambio del Pabellón Real por la casa Fabiola para sede del museo Bellver llegó además en un momento particularmente delicado: la solicitud de preconcurso de acreedores de la empresa gestora del acuario y el anuncio del cierre de la vecina noria en el muelle de las Delicias, cuyo desmontaje ya se ha iniciado.

“ISLA”  DE LOS MUSEOS

Javier Jorba, consejero delegado de SQP Leisure, empresa explotadora de la noria, ha reconocido que la previsión de negocio era lograr de 350.000 a 400.000 visitas el primer año pero que se han quedado en 60.000 tan sólo. ¿La causa? Lo ha razonado con estas palabras: “El precio no ha sido el causante. La causa es que la gente no pasea hasta el puerto porque no hay una estrategia clara de acercar el turismo del centro al muelle (de las Delicias)”.

Con la colección Bellver en el Pabellón Real, Sevilla habría podido tener una vez concluida la futura remodelación del Museo Arqueológico, aplazada desde hace lustros, y la restauración y apertura completa del Museo de Artes y Costumbres Populares (se ha perdido la cuenta de los años que lleva cerrada su segunda planta), su particular Isla de los Museos en el Parque de María Luisa, con los atractivos añadidos del acuario y de la noria y conectada al centro mediante la Plaza de España y los Jardines de San Telmo una vez vueltos a poner en valor.

Al abandonar a su suerte el acuario, la noria, el Pabellón Real y los museos se ha perdido la gran ocasión de crear en el Sur del casco urbano un segundo polo de atracción turística, una “nueva área de centralidad” como habrían dicho y hecho en Barcelona, pero,  eso sí, hemos reforzado con la casa Fabiola la “ciudad consolidada”, el centro y hasta, en palabras de Espadas, el epicentro.

El Ayuntamiento de Sevilla exige a Fomento los accesos para Ikea aun sin Ikea

El Ayuntamiento de Sevilla considera que la renuncia de Ikea a construir una segunda tienda en Sevilla, concretamente en los terrenos de San Nicolás Oeste, no implica que automáticamente el Ministerio de Fomento se haya liberado del convenio firmado en su día para construir los accesos al futurible complejo comercial, esté o no esté la multinacional sueca, por lo que le exige el cumplimiento del acuerdo, que suponía una inversión superior a los 13 millones de euros.

Ikea, que llevaba desde 2008 con el proyecto de construir una segunda tienda en Sevilla pero con la idea de que le saliera gratis mediante las rentas que le generaran los comercios que se establecieran a su sombra (como un Aire Sur pero de su propiedad), no reparó en que para ello necesitaba de mucha más edificabilidad de la que le permitía el PGOU (la razón auténtica que ha frenado sus deseos), por lo que ha acabado tirando la toalla y comunicado su renuncia. También ha influido en que en estos ocho años de crisis económica los consumidores frecuentan más los comercios de proximidad que los situados en el extrarradio de las grandes urbes y que se han anunciado nuevos proyectos en el término municipal con tramitación urbanística ya más avanzada y que presumiblemente abrirán sus puertas a la par o incluso antes de lo que pudiera hacerlo esa segunda tienda en San Nicolás Oeste.

Uno de los obstáculos añadidos a su proyecto ha sido el de los accesos al mismo por carretera tras tumbar la Unión Europea el paso de la proyectada ronda intermedia SE-35, presentada públicamente como al servicio de la multinacional sueca, por medio del parque del Tamarguillo, con la que ni siquiera se había cumplido la previa y preceptiva exigencia de su evaluación de impacto ambiental.

Al fin de crear un acceso alternativo a la SE-35 que permitiera a los futuros clientes de la segunda tienda de Ikea llegar hasta la misma cuando se erigiera sobre los suelos de San Nicolás Oeste, el Ayuntamiento, presidido entonces por Zoido, y el Ministerio de Fomento, por Ana Pastor, firmaron en abril de 2015 un convenio mediante el cual el segundo se comprometió a reformar el enlace de la SE-20 y de la A-4, y el primero a asumir la titularidad -y por tanto los gastos de conservación- de la ronda Súper Norte, construida hace un cuarto de siglo para dar servicio a la Expo-92, y el muro de Defensa y la Avenida de la Raza, que formaban parte de la carretera Nacional 630.

La inversión comprometida por el Ministerio de Fomento era de 13.380.000 euros, de forma no proporcional y en tres anualidades (de 2015 a 2017), un dinero que no ha empleado todavía en lo que va de año, y no hay perspectiva de que lo libere el próximo ejercicio pero al que el Ayuntamiento no está dispuesto a renunciar.

Según fuentes municipales, el hecho de que Ikea esté presente o ausente en San Nicolás Oeste no es condición sine qua non para el cumplimiento del convenio, entre otras razones porque en el futuro puede aparecer otro operador comercial o lanzarse otro proyecto diferente, de ahí que el gobierno de Espadas exija al Ministerio el cumplimiento de su compromiso con Sevilla, para dar así la oportunidad a otro potencial inversor a desarrollar un proyecto alternativo en la ciudad.

Distribución de los 13 millones de euros

El convenio firmado en abril de 2015 establecía que el Ministerio de Fomento se comprometía a financiar una cantidad estimada inicialmente en 13,38 millones de euros (IVA incluido) con la siguiente distribución de anualidades:

  1. Reparación y acondicionamiento de la Avenida de la Raza: 180.000 euros en el año 2015.

  1. Redacción de los proyectos y control y vigilancia de la ejecución: 100.000 euros (2015); 400.000 (2016); 400.000 (2017). Total: 900.000.

     3)  Obras enlace SE-20 y A-4: 400.000 (2015); 4 millones (2016); 5,4 millones (2017). Total: 9,8 millones de euros.

    4) Obra ronda SE-20: 680.000 euros (2016); 5,9 millones (2017). Total: 6,8 millones.

La tasa (turística) de la discordia

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha sumado a la campaña que en plan llanero solitario había iniciado su delegado de Turismo, Antonio Muñoz, en pro de la implantación en Sevilla de la tasa turística, que consistiría en cobrarles a los turistas que se alojen en hoteles al menos un euro por noche, con lo que se recaudarían 5 millones de euros que invertir en la promoción de la ciudad.

Muñoz ha declarado de forma gráfica que se le ponen los ojos como platos imaginando la de cosas que se podrían hacer con ese dinero. Espadas y su delegado han abundado en la idea de la tasa turística en contra de la política mantenida al respecto por la Consejería de Turismo, organismo que tiene las competencias en la materia, y de la Mesa del Turismo de Andalucía (patronales y sindicatos). Lo han hecho en el marco de la “Sevilla Tourism Week”, unas jornadas de reflexión en las que Muñoz ha mostrado su preocupación por la “estandarización” de la ciudad, pero lo primero que ha hecho ha sido pecar de esa “estandarización” al huir del español y denominar las jornadas en inglés.

El motivo declarado de este encuentro era cómo evitar los efectos del turismo masivo, que ya está provocando movimientos ciudadanos de protesta en Venecia y Barcelona, mientras se presiona a la Junta para que apruebe la aplicación de la tasa turística para captar más visitantes, con lo cual se avanzaría en la dirección que supuestamente se pretende evitar: a más turistas, más riesgo de masificación y de acabar como Barcelona y Venecia.

Precedentes

El alcalde dice que nadie va a dejar de venir a Sevilla por pagar un euro más por noche en el hotel, y Muñoz, que ciudades como París, Lisboa, Roma y Barcelona ya aplican la tasa y que nosotros tenemos que elegir si queremos un despegue real turístico o no. Cuando la Generalidad de Cataluña anunció que a partir de abril de 2012 aplicaría una tasa a todos los turistas que pernoctaran en la región (en principio iban a ser 3 euros a los usuarios de hoteles de 5 estrellas y de los cruceros atracados en los puertos; dos euros a los de 4 estrellas y un euro al resto), en el diario El País hicieron un recuento de sitios con este tipo de gravamen vigente por entonces:

-París lo empezó a aplicar en 1994, a razón de entre 0,20 y 1,50 euros por persona/día.

-Roma, desde enero de 2011: entre 2 y 3 euros.

-Florencia: un euro por estrella de hotel y día desde julio de 2011.

-Venecia, desde agosto de 2011, entre 1,80 y 5 euros por habitación y día.

-Alemania, desde enero de 2011 cobra una tasa encubierta como impuesto verde de entre 8 y 45 euros a cada billete de avión.

-EEUU, desde septiembre de 2010, otra tasa encubierta en forma de 14 dólares por el formulario ESTA.

En ese mismo medio se plantearon ya una serie de cuestiones que siguen sin despejarse a la luz de ciertas experiencias y que se han obviado en el intento de debate en Sevilla:

-¿cómo se asegura que el dinero de la tasa se dedica de verdad a la promoción turística y no a otros capítulos?

-¿cómo se garantiza que cada municipio recibe lo mismo que ha recaudado?

-¿qué pasa con la gente que viaja por asuntos familiares, de negocio o incluso de salud?

-¿cómo se les cobra a quienes se alojan en casas particulares, de familiares o amigos o en establecimientos no declarados?

-¿se crea un impuesto directo e injusto que castiga a quienes se alojan en el circuito oficial pero no a los que viajan por libre y alquilan casas particulares?

Baleares

El primer precedente de tasa turística en España lo tuvimos en las islas Baleares a partir del 1 de mayo de 2001 y se calificó de “ecotasa”, ya que el dinero (2 euros/día en los hoteles de 5 estrellas; 1 euro en los de 3 y 4 estrellas y 0,25 euros en el resto) iría a engrosar un denominado Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos. La polémica fue tremenda, con todo el sector turístico en contra de la decisión del Gobierno “de progreso” (PSOE apoyado por otras fuerzas de izquierda). Los hoteleros acabaron con tres opciones:

1) asumir ellos mismos el pago del impuesto para no repercutirlo a sus clientes, o sea contra su propia cuenta de resultados;

2) tratar de cobrarlo a los turistas, ya que la ley no establecía mecanismos coercitivos, sino que eran ellos los que estaban obligados a hacer frente al pago de todas todas, aunque el turista se negara a pasar por caja;

3) “comprarle” a sus clientes la tasa: se las cargaban pero a cambio los compensaban con un bono por importe equivalente, que podían canjear por servicios en el mismo establecimiento, desde consumiciones en el bar hasta alquiler de películas.

Como las Baleares eran el destino favorito del turista alemán y británico, la prensa de Alemania y Reino Unido, especialmente la sensacionalista, vio un filón en alimentar la controversia. El diario “Bild” lanzó una campaña para que sus lectores (casi 3,5 millones) remitieran cartas al Rey Juan Carlos pidiéndole la supresión de la tasa,

y hasta el secretario general del Partido Democristiano germano declaró que el gravamen iba “a hacer casi imposible las vacaciones para las familias alemanas con niños en Mallorca”.

Periodistas extranjeros desembarcaron en las islas para hacer reportajes entre sus compatriotas afectados por la tasa. Entre la polémica negativa y otros factores, el turismo alemán cayó en un 30% y parte de la demanda se desplazó desde los hoteles reglados hasta apartamentos privados que eran alquilados a los turistas y que quedaban al margen de la tasa.

El polémico gravamen se suprimió en octubre de 2003. Los hoteleros calcularon que el sector turístico balear necesitaría tres años para recuperarse de los efectos negativos de aquella iniciativa. Paradójicamente, trece años después y con otro Gobierno “de progreso”, en Baleares ha vuelto a implantarse desde el pasado 1 de julio, a razón de entre 0,50 y 2 euros por noche y en función de la categoría del hotel.

Cataluña

En Cataluña se empezó a aplicar en noviembre de 2012 con el declarado fin de mejorar la calidad de la experiencia turística en los municipios de la región y de paliar los efectos nocivos del turismo de masas, especialmente en Barcelona (19,66 millones de visitantes en 2015 y 8,3 millones de pernoctaciones hoteleras). En función del periodo del año, en la ciudad de Barcelona se recauda entre el 49% y el 67% de todo el dinero de la tasa turística de Cataluña, pero la Generalidad sólo le devuelve el 33% de esos fondos, que por ende no se invierten en los barrios populares más afectados por la invasión de turistas, como la Barceloneta.

Según un balance, de los 12.408.708 euros enviados por el Gobierno catalán en 2014 al Ayuntamiento barcelonés, prácticamente no se invirtió nada en compensar los efectos negativos del turismo, sino en todo lo contrario, como demuestran las siguientes partidas: 243.000 euros para promocionar los deportes de invierno en una pista de hielo en la Plaza de Cataluña; 850.000 euros para ampliar el funcionamiento de las fuentes de Montjuïc y 60.000 euros para dinamizar turísticamente la plaza de Les Glories y convertirla en un nuevo centro urbano “vibrante”.

Al final, la tasa turística se ha convertido en un instrumento recaudatorio más para la Generalidad de Cataluña y las protestas de los vecinos de Barcelona contra la invasión turística, en vez de reducirse desde su aplicación se han incrementado.

Así pues, hemos visto algunos de los riesgos de la tasa turística publicidad negativa aparte, desde provocar un incremento de la oferta no reglada de alojamientos en viviendas particulares en detrimento de la planta hotelera hasta convertirse en un impuesto más que no acabe repercutiendo en el sector turístico y sólo parcialmente en la ciudad recaudadora porque es otra Administración la que reparte el dinero. Si nuestro objetivo, como declaran Espadas y Muñoz, es no caer en la masificación turística, ¿qué sentido tendría imponer un gravamen a los turistas para promocionar la ciudad con el fin de que vinieran cada vez más turistas?

Zoido se convierte en dueño de la Gavidia

Juan Ignacio Zoido vuelve a tener en sus manos el destino de la antigua comisaría de la Gavidia tras su nombramiento como ministro del Interior, porque pese a los ríos de tinta vertidos sobre el futuro uso que debería darle el Ayuntamiento, si centro comercial o equipamiento público (o incluso demolerla), la realidad jurídica es que el Consistorio no es técnicamente aún dueño de pleno dominio del edificio, cuya propiedad sigue ostentando el Ministerio que desde hace unas semanas dirige el ex alcalde de Sevilla.

Diez años después de la firma del convenio entre el Ayuntamiento de Sevilla, dirigido entonces por Monteseirín, y el Ministerio del Interior para la adquisición para la ciudad de la antigua comisaría de la Gavidia a cambio de 9,9 millones de euros, el Consistorio sevillano ha sido incapaz de cumplir al 100% los términos del acuerdo, como tampoco el Departamento ahora encomendado a Zoido, por lo que Interior sigue ostentando sus derechos sobre el inmueble.

El convenio establecía que el Ayuntamiento se quedaba con la Gavidia y cedía diversas parcelas en barrios de la ciudad para que con los 9,9 millones de euros ingresados en la transacción el Ministerio edificara sobre aquéllas nuevas comisarías de Policía, entre ellas una en Nervión. Solar de Cruzcampo Sin embargo, al cabo de un decenio el Ayuntamiento todavía no ha podido cumplir el acuerdo de cesión del terreno en el solar de la antigua Cruzcampo para esa comisaría y se ha visto obligado a pedir año tras año a Interior una prórroga que le exima de tal compromiso hasta que se den las circunstancias urbanísticas para ello.

Mientras que la corporación municipal hispalense no entregue el solar en la Cruzcampo seguirá sin poder levantar la anotación existente en el Registro de la Propiedad sobre el edificio de la Gavidia, en que se hace constar que no se ha pagado en especie (suelo) una parte del precio acordado por ambas Administraciones.

Así pues, si un potencial inversor acudiera al Registro a verificar la situación real del inmueble en la Gavidia para adquirirlo y transformarlo en un hipotético centro comercial o en un hotel, comprobaría que la propiedad no es todavía plenamente del Ayuntamiento o, dicho de otro modo, que sigue hipotecada por el incumplimiento de la condición de la entrega del suelo en la antigua Cruzcampo y que por lo tanto Interior sigue ostentando unos derechos sobre el edificio y tendría que dar su visto bueno a cualquier posible operación sobre el futuro del mismo.

El Consistorio se comprometió a entregar al Ministerio una parcela de unos 2.000 m2 en la antigua fábrica cervecera de la avenida de Andalucía, parcela valorada en unos 613.000 euros, pero tras el estallido de la crisis económica, la quiebra de la compañía vasca que compró los terrenos y un recurso de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía contra la aprobación definitiva, en septiembre de 2012, del Plan de Reforma Interior (PERI) de la Cruz del Campo, la había sido imposible cumplir ese compromiso.

Ha habido que esperar todo un decenio para que se aprobara el proyecto de reparcelación de la Cruzcampo que permita realizar una nueva división de las fincas existentes en la Unidad de ejecución conforme al Plan de Reforma Interior y de manera que el Ayuntamiento pueda adjudicarse alguna de las parcelas resultantes y ofrecerla al Ministerio del Interior para la construcción de la futura comisaría de Nervión.

Sin embargo, tras esa aprobación inicial, acordada hace año y medio, ni en los archivos de la Gerencia ni en ningún otro departamento municipal, según las fuentes consultadas, aparece un acuerdo definitivo ni el cumplimiento del trámite de cesión del suelo a Interior, por lo que la situación, siempre conforme a la versión recibida, se mantiene en el mismo impasse de los últimos años.

Orden de prioridades

El PSOE antepuso en 1999 los barrios a un edificio de Moneo en el Prado de San  Sebastián  y el PP le devuelve ahora la moneda

El edificio de Moneo habría resultado un 59% más barato que comprar el de la Junta en la Plaza Nueva

Espadas ha cometido un error de cálculo con la operación de compra parcial de la vaciada sede de la Consejería de Gobernación de la Junta en la Plaza Nueva, que le han tumbado todos los grupos sin excepción (PP, Participa, C’s e IU) de la oposición. Ha quedado en evidencia la minoría con que gobierna y la falta de una maduración previa del asunto por su parte y/o por su equipo. Hasta ha parecido una ingenuidad política que expresara en el Pleno extraordinario que si lo hubiera llegado a saber (el rechazo a su propuesta), no lo hubiera convocado.

La opinión pública se preguntará cómo Espadas dio este paso en falso y no llegó a enterarse de que la oposición no le iba a apoyar en un tema que pareció como si fuera un empeño personal suyo, cuando debiera haberse asegurado previamente los mínimos votos favorables de la oposición. Ésta, al infligirle esta dolorosa derrota, le recuerda en vísperas de los Presupuestos municipales que está en minoría y que necesita llegar a pactos para sacar adelante sus proyectos y las Cuentas, al igual que Rajoy en el Gobierno de la nación.

HISTORIA REPETIDA

En la nota de prensa previa, el gobierno local explicaba que proponía al Pleno la adquisición de la casa Fabiola como futura sede de la colección Bellver y de una parte del edificio de la Plaza Nueva propiedad de la Empresa Pública de Gestión de Activos (Junta de Andalucía) como sede unificada de servicios municipales ahora dispersos para la racionalización y reorganización de espacios públicos (Hacienda, Agencia Tributaria, Gobierno Interior, Recursos Humanos, Patrimonio).

Salvando la distancias, con la compra fallida del edificio de la Junta se ha repetido la historia del intento fallido en tiempos de Soledad Becerril de, con los mismos argumentos entonces que ahora, disponer de una sede administrativa en la que concentrar los servicios municipales dispersos.

Antes de remontarnos al mandato de Soledad Becerrril (1995-1999), veamos más a fondo en qué consistía la operación diseñada por el gobierno de Espadas para hacerse no con todo el edificio de la Consejería de Gobernación (8.383 m2), sino sólo con el 35% del mismo (2.934 m2) por 6.080.000 euros, lo que suponía valorar el m2 a razón de 2.072,25 euros, y todo el inmueble en 17.331.428,57 euros.

Atención a esta frase de la nota oficial: “El Ayuntamiento sólo abonaría así en concepto de alquiler la parte proporcional a la propiedad que mantendría la Agencia Pública de Gestión de Activos, cuantía que se reduciría progresivamente si se amplía el porcentaje de participación de la Administración Local en la propiedad del edificio. Sólo con la compra de este 35% inicial se produce un ahorro de 5,7 millones de euros en nueve años con respecto al precio que supondría el alquiler”.

PROBLEMAS ENCADENADOS

Se colige, pues, que el Ayuntamiento pensaba comprar un tercio del edificio y alquilar los dos tercios restantes también a la Junta y que para presentar de forma digerible la operación hizo una proyección a nueve años de lo que habría supuesto adquirir ese 35% en vez de alquilarlo: 5,7 millones de euros. Este dato nos permite deducir que el alquiler del 65% restante le habría costado en ese mismo periodo de tiempo 10.585.714 euros, a un promedio anual de 1.176.190 euros. Asimismo, que el alquiler, en vez de la compra, de ese tercio le habría supuesto un desembolso de 633.333 euros anuales.

No olvidemos un detalle importante: esta ahora fallida operación habría sido consecuencia de un problema causado por la decisión del gobierno municipal de comprarle a la Fundación Lara, por 4,5 millones de euros, la casa Fabiola para albergar la colección Bellver en vez de alojar las obras de arte, como estaba acordado en el mandato de Zoido, en el Pabellón Real de la Plaza de América, de propiedad municipal.

Al decidir este cambio, el gobierno ha creado un nuevo problema: debe desalojar, y por tanto hallarles una nueva sede, a los funcionarios de Hacienda que estaban de alquiler en la casa Fabiola. Y estaban allí y en esa situación porque Monteseirín entregó a Sacyr, a cuenta de las Setas, la histórica sede de toda la vida de la Delegación de Hacienda en la plaza de la Encarnación. Así se van encadenando los problemas uno tras otro.

ARGUMENTO SIMILAR

Y, las vueltas que da la vida: Espadas usa 17 años después el mismo argumento de la concentración de los servicios dispersos que utilizó  Soledad Becerril en 1999 para proyectar en el Prado de San Sebastián un edificio administrativo diseñado por el multipremiado arquitecto Rafael Moneo y que iba a tener un coste estimado de 5.000 millones de pesetas, equivalentes a 30 millones de euros.

El inmueble, de cinco plantas y en el que iba a destacar un pórtico de grandes dimensiones con acceso a la estación de autobuses del Prado, habría medido 23.000 m2 (casi tres veces más grande que la Consejería de Gobernación en la Plaza Nueva) y habría contado con un aparcamiento subterráneo de 590 plazas. Por tanto, el m2 habría costado 1.304 euros, frente a los 2.072,25 euros (un 59% más caro) que estaba dispuesto a pagar el gobierno de Espadas por cada m2 del inmueble de la Junta en Plaza Nueva, y ello sin comparar la abismal diferencia entre el número de plazas de garaje de uno y otro.

Para financiar la construcción del edificio de Moneo, el gobierno de Soledad Becerril había negociado un crédito a 25 años y a bajo interés (Mibor + 0,3%) y pensado en vender los edificios municipales (seis) que iban a ser desocupados por los funcionarios una vez trasladados al Prado. La actuación es parecida a la proyectada por Espadas, ya que en su nota el Consistorio dice lo siguiente: “Se han diseñado además planes para la recuperación de la inversión a través de la venta de entradas del Alcázar o de la enajenación de otros inmuebles de propiedad municipal”.

BARRIOS PRIMERO

Apenas iniciadas las obras del edificio de Moneo por la empresa Dragados en el Prado llegó al gobierno municipal el socialista Monteseirín. Lo primero que decidió, aparte de subirse el sueldo en lo que supuso un escándalo nacional que anticipaba la pauta de sus tres mandatos, fue paralizar las obras de la futura sede administrativa municipal (Dragados le reclamó una indemnización de 5 millones, de la que con los años desistió para poder seguir optando a adjudicarse obras municipales). Monteseirín argumentó que Sevilla tenía otras prioridades más importantes en los barrios que gastarse el dinero en construir un edificio para los funcionarios.

Diecisiete años después, esa misma argumentación es la que han esgrimido en el Pleno extraordinario los grupos de la oposición para tumbarle a Espadas su operación inmobiliaria con la Junta, que el alcalde presentaba como una gran oportunidad con el fin de concentrar en una sola sede los servicios municipales.

Así pues, Espadas ha acabado asumiendo los planteamientos que tenían Soledad Becerril y el PP en 1999 y el PP y el resto de grupos han asumido los que tenían Monteseirín y el PSOE por las mismas fechas: ladrillo versus barrios, barrios versus ladrillo. ¿Es o no paradójico que alcaldes y partidos de signo tan opuesto acaben intercambiándose los roles y las tesis con el curso del tiempo?

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Al acabar la Expo-92 sobrevino una crisis casi tan aguda como la actual. Duró cinco años y se llevó por delante, como ahora, mucha burbuja inmobiliaria. Entre los caídos entonces estaban los promotores del World Trade Center en el edificio Expo. Algunos razonaron que con los avances tecnológicos no haría falta ni que las empresas tuvieran sede física porque sus directivos podrían comunicarse por videoconferencia desde cualquier centro de negocios. Entonces las videoconferencias parecían cosa de ciencia-ficción; hoy, cualquiera de nosotros puede comunicarse mediante este sistema a través de Skype y gratis desde un ordenador doméstico.

Ciudadanos ha sido el único grupo político municipal que en el Pleno extraordinario incidió en la necesidad de que el Ayuntamiento invierta no en ladrillo para más funcionarios, sino en tecnología, para digitalizar, modernizar y agilizar los servicios que prestan.

Y una concentración de funcionarios en una misma sede no garantiza una mayor eficacia. La prueba la tenemos en los 500 empleados de Urbanismo en las caracolas de la Cartuja, donde pese a tal unificación hay 3.000 expedientes paralizados, con demoras de hasta año y medio. ¿No habría sido más importante, barato y rentable para la ciudad desatascar esos 3.000 proyectos de otros tantos inversores hartos de esperar que comprarle una sede vacía a la Junta?

Sevilla: primera convocatoria municipal de provisión de puestos de trabajo en 10 años

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la primera convocatoria interna de provisión de puestos de trabajo desde hace más de un decenio, en cumplimiento de un acuerdo con los sindicatos municipales. El proceso, que se acelerará de forma gradual, se inicia esta semana con 47 plazas vacantes.

A finales del pasado mes de junio, el delegado de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, suscribió un acuerdo-marco de negociación con todas las secciones sindicales representadas en el Ayuntamiento y con una vigencia de dos años. Quedaron marcadas las líneas básicas de trabajo y los compromisos del gobierno municipal en materia de empleo público, relaciones laborales, conciliación y procesos internos de provisión de puestos de trabajo a través de 44 acuerdos concretos.

Para mejorar el empleo público y las relaciones laborales, el acuerdo preveía la realización de procesos de promoción interna y de provisión de puestos de trabajo este mismo año, que se inicia con las 47 plazas vacantes (o desempeñadas de manera provisional) en el grupo C-1 de la Administración General. La última convocatoria de este grupo se realizó durante el mandato 1999-2003.

Posteriormente, la Delegación de Hacienda y Administración Pública ha anunciado ya en la mesa general de negociación con los representantes sindicales la convocatoria de procesos de provisión de puestos de trabajo para los grupos C2 y A1 de la Administración General y, finalmente, de la Administración Especial.

Al principio del año se anunció que se iban a realizar planes de empleo propios con los ahorros del capítulo 1 de Personal. Se ha conseguido poner en marcha en mantenimiento de colegios, zoosanitario y los programas de servicios sociales mientras llegaban recursos de la Junta.

Este es el balance de lo que se denominó entonces como Plan Emplea señalando la evaluación de los recursos de ahorros del capítulo de personal utilizados en los últimos años. En total 4,8 millones de euros este año en contrataciones a través de los ahorros que se generan por las vacantes que no se consiguen ocupar y que permite la ley (hay vacantes en que por ley no se pueden usar los recursos que dejan).

En total, este año se han podido realizar más de 600 contrataciones de distinto tipo (no todas a través de esta fórmula).

Los ahorros por vacantes usados para realizar nuevas contrataciones han sido los siguientes:

-Año 2014: Había aprobado un crédito total de 120.000 euros, pero sólo se autorizó un gasto de 105.549, por lo que quedaron disponibles 14.459.

-Año 2015: El crédito total era de 880.000 euros, pero sólo se autorizó el gasto de 626.043, por lo que quedó disponible un crédito de 253.957.

-Año 2016: El crédito total era de 6.534.671 euros. Hasta ahora el gasto autorizado ha sido de 4.813.127 euros, por lo que quedan disponibles 1.721.653 euros.

Castreño se irá de Aussa si el Pleno no modifica su estatus

La presidenta del Consejo de Administración de la empresa de mayoría municipal (51% a través de Tussam) Aussa, Carmen Castreño, ha anunciado ante el CESS que si el Pleno del Ayuntamiento no resuelve la “anómala” situación actual de la compañía según un dictamen del secretario del Consistorio, ella no continuará al frente de la misma.

Carmen Castreño, también delegada de Economía y presidenta del Pleno municipal, ha comparecido junto al director-gerente de Aussa, José Carlos Cabaleiro, ante la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), a petición del máximo órgano consultivo del Ayuntamiento en materia económica, que estaba interesado en conocer de forma directa por la titular de la empresa especializada en la gestión de aparcamientos si el Consistorio piensa privatizarla o no.

Según ha podido saber Viva Sevilla en fuentes del CESS, Carmen Castreño se mantuvo en una posición de indefinición;  se remitió al informe del secretario municipal sobre la situación “anómala” y de presunta ilegalidad en que se hallaría la compañía por haber extendido sus actuaciones fuera de la ciudad y cuya única solución sería la venta de las acciones propiedad del Consistorio; y culpó de la situación creada a gobiernos anteriores al de Espadas, el cual ha heredado este problema y ahora se ve obligado a buscarle una solución.

La presidenta de Aussa calificó el periodo actual de la compañía como “de transición” hacia un nuevo modelo que deberá surgir tras el acuerdo que sobre su futuro adopte el Pleno del Ayuntamiento, aún sin fecha. Castreño, no obstante, dejó claro en varias ocasiones que si el Pleno decide mantener el status actual de la compañía (y, por tanto, no privatizarla), ella renunciará a su cargo, ya que el informe del secretario especifica que el mantenimiento de esa situación podría derivar en la exigencia de responsabilidad a los representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Administración.

Por su parte, el director-gerente, José Carlos Cabaleiro, expresó ante el CESS que él está al servicio de toda la empresa y no sólo del 49% del capital privado, que ostenta Cointer,  filial de Azvi; reconoció el buen estado financiero de la sociedad y aseveró que queda fuera de su ámbito referirse a las decisiones que pudieran adoptar los accionistas.

EXIGENCIA

La Comisión Permanente del CESS ha solicitado a la presidenta y al gerente de Aussa mucha más información sobre esta sociedad de mayoría pública, como la remisión de los acuerdos que adopte su Consejo de Administración, con el fin de hacerle un seguimiento y ver su evolución. Asimismo, el CESS ha expresado su deseo de que se mejore la información que ofrece la empresa, tanto a través de su página web como del portal de Transparencia del Ayuntamiento, ya que, por ejemplo, hasta ahora es imposible acceder a sus estatutos.

La citación de los máximos responsables de Aussa puede ser la primera de una ronda que proyecta el CESS con los directivos de todas las empresas y organismos autónomos del Ayuntamiento, tras los que aquél se plantearía la posibilidad de elaborar informes de seguimiento para cada uno de ellos. Ampliaría así su campo de actuación, hasta ahora limitado prácticamente a los informes previos a las Ordenanzas Fiscales y al Presupuesto municipal.

El CESS fuerza la comparecencia de Castreño sobre el futuro de Aussa

La presidenta del Consejo de Administración de Aussa, Carmen Castreño, y el director-gerente José Carlos Cabaleiro, deberán comparecer  ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para dar explicaciones sobre el supuesto plan inicial del gobierno de Espadas de privatizar esta empresa participada de forma mayoritaria por el Ayuntamiento a través de Tussam, amparándose para ello en un dictamen del secretario municipal.

La comparecencia de los máximos responsables de Aussa se produce a petición de diversos miembros del CESS y tendrá lugar ante la Comisión Permanente del organismo asesor del Consistorio en materia económica, compuesta por nueve miembros: la presidenta (Milagro Martín López); dos vicepresidentes (cargos ostentados por representantes de la Confederación de Empresarios y de UGT); y seis vocales (tres por la patronal, dos de Comisiones Obreras, uno de UGT, uno de Facua, uno de Cepes y otro de las asociaciones de vecinos).

Representantes de CCOO y UGT, FACUA, UCA-UCE, Híspalis y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos han venido trabajando desde el pasado verano para que la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA (Aussa) continúe siendo pública.

Estas organizaciones han mantenido contactos con responsables de los grupos municipales de IU, Participa y Ciudadanos en el Ayuntamiento.

El secretario de Relaciones Institucionales de CCOO, Miguel Ángel Santos, que ha representado al sindicato en las reuniones, ha destacado la “amplísima coincidencia de planteamientos y la total sintonía tanto con IU como con Participa Sevilla”. Según el sindicalista, “ambos grupos municipales nos han trasladado su claro posicionamiento a favor de que Aussa siga siendo pública y se han mostrado dispuestos a sumar los esfuerzos necesarios para evitar la privatización”.

Asimismo, Santos ha subrayado que “los tres grupos municipales con los que hemos mantenido contactos nos han trasladado su preocupación por el empleo”.

En cuanto al encuentro con el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, el sindicalista ha explicado que “se han mostrado partidarios de estudiar las vías legales oportunas para garantizar el empleo y buscar una solución al problema que está sobre la mesa y a la privatización”.

El secretario de Relaciones Institucionales explica que desde CCOO y las demás organizaciones que están encabezando la iniciativa para que Aussa siga siendo pública “estimamos que hay que buscar una solución legal a los problemas que se han generado en los últimos años, pero consideramos que esa solución en ningún momento debe pasar por la privatización, sino por su mantenimiento como empresa pública”.

Según Santos, “Aussa es clave dentro de la estrategia de movilidad de la capital, y para eso fue concebida. Además, es una empresa con un buen potencial de empleo en una ciudad muy lastrada por el paro y ha generado beneficios en los últimos ejercicios económicos por lo que no entenderíamos que pasara a capital privado en vez de seguir siendo mayoritariamente de los sevillanos y las sevillanas”.

POR CONSENSO

Antes de las vacaciones de verano, el alcalde negó que la privatización de la compañía estuviera sobre la mesa y afirmó que la decisión sobre su futuro se adoptará con el máximo consenso y conforme a los informes de los altos funcionarios municipales. Según Espadas, los informes del secretario y del interventor versaron sobre unas cuestiones que se tenían que haber realizado durante el mandato de Zoido pero que no se hicieron, como era la ratificación por el Pleno de la aprobación de los concursos fuera de la ciudad en que participa Aussa para la gestión de aparcamientos subterráneos, que habrían contado únicamente con la ratificación de su Consejo de Administración pero no por el máximo órgano de la Corporación municipal.

El alcalde ha dicho que hay que ser conscientes de que existe un problema por no hacer las cosas bien, ya que a juicio del secretario y del interventor las decisiones adoptadas por Aussa no han gozado de la pertinente cobertura legal, pero que su gobierno no tomará una decisión definitiva hasta sopesar todos los pros y contras.

Sevilla acaba perdiendo los 6,3 millones dados por la Junta para un plan de empleo

El gobierno de Zoido incumplió las condiciones impuestas por la Consejería

Ahora el Ayuntamiento ha tenido que devolver el último millón de euros

Y para colmo le cuesta el dinero al tener que abonar 28.066 euros en intereses

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla se ha visto obligada a devolver en su reunión de la semana pasada casi un millón de euros a la Consejería de Empleo, la única cantidad utilizada hace dos años con cargo al plan Emple@+30, que tenía una asignación superior a los 6 millones y que se ha acabado perdiendo en su totalidad por la deficiente gestión y ejecución realizada durante el mandato de Zoido como alcalde.

El Gobierno de Susana Díaz concedió al Ayuntamiento de Sevilla, cuando Zoido era todavía alcalde, una subvención de 6.348.000 euros para la ejecución del denominado Plan Emple@30+. Este programa fue dotado con 106 millones de euros para el conjunto de Andalucía y Sevilla capital se llevó prácticamente el 6% del mismo en atención a que era la ciudad con más parados de la región, ya que acumula cinco años superando la barrera de los 80.000 desempleados.

El objetivo de la Consejería de Empleo era que los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas pudieran pagar contratos temporales de hasta un máximo de 6 meses para desempleados mayores de 30 años que llevaran un mínimo de 11 meses ininterrumpidos en el paro y con la condición de que no suplieran la labor del personal municipal.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento, entonces presidido por Zoido, acordó en enero de 2015 acogerse al plan Emple@30+ con las condiciones impuestas por la Junta de Andalucia y para un período que concluía en junio, justo el mes en que tomó posesión la nueva corporación municipal surgida tras las elecciones de mayo y con el socialista Espadas al frente.

Al hacer revisión de la situación del Ayuntamiento y de los asuntos pendientes, el nuevo gobierno se encontró con que el anterior del PP sólo había utilizado 948.701 euros del programa de la Junta para contratar parados mayores de 30 años.

Como había expirado el periodo de vigencia del Plan, el Consistorio tuvo que acordar en el verano del año pasado devolver 2.225.311 euros por contrataciones aún no materializadas y a renunciar a los 3.174.000 euros que quedaban por ingresar de la Consejería de Empleo.

INSPECCIÓN

Cuando el asunto parecía cerrado, la Junta de Andalucía comunicó que tras analizar los contratos realizados en la fase final del mandato de Zoido había detectado que se habáin incumplido los requisitos exigidos, tanto por el número como por la duración de los contratos, condiciones básicas para otorgar las subvenciones.

Como para poder acogerse a nuevas ayudas de la Junta a las contrataciones, previstas para finales de este año, el Ayuntamiento debe haber cumplido escrupulosamente las exigencias de los programas anteriores, al gobierno de Espadas no le ha quedado más opción que devolver a la Consejería el pasado fin de semana 976.767 euros: los 948.701 mal utilizados por el equipo de Zoido y 28.066 en concepto de intereses por el tiempo transcurrido.

Por tanto, entre unas cosas y otras, todo el dinero del Plan Emple@30+ concedido por el Gobierno andaluz a Sevilla durante el último año del mandato de Zoido ha tenido que ser devuelto a la Consejería porque sólo se utilizó menos de la sexta parte (el 14,94%) y en condiciones inferiores a las previstas.

El balance ha sido, pues, pésimo para la ciudad con más parados de Andalucía: ha dejado perder 6,3 millones de euros y encima ha tenido que pagar 28.066 euros en concepto de intereses.

Octubre deja 80.555 parados en Sevilla capital

Sevilla capital ha vuelto a instalarse en la dramática rutina de los 80.000 parados tras haber bajado de esa cifra el pasado mes de julio, dato que se ha confirmado como una mera excepción a la regla general, ya que de los últimos 62 meses, en 61 se ha superado esa barrera. Octubre se ha cerrado con 80.555 desempleados, 313 más que el septiembre, según la estadística del Servicio Andaluz de Empleo difundida por el Ministerio del ramo que en funciones dirige la onubense Fátima Báñez. Por el contrario, en el conjunto de la provincia el paro vuelve a bajar por segundo mes consecutivo y afecta ahora a 220.853 personas (0,16% menos).

Con la subida del paro en octubre son ya tres los meses en que de forma consecutiva crece el desempleo en la capital de Andalucía, ya que también fueron malas las cifras de agosto y de septiembre.

Los 313 nuevos parados suponen un incremento del 0,39%. Mejor es el dato interanual: de octubre de 2015 a octubre de 2016 el número de desempleados ha bajado en 3.912 (se ha pasado de 84.467 a 80.555), lo que significa un 4,63% menos. En similar porcentaje ha descendido el número de parados en lo que va de mandato de Espadas como alcalde. Tras su toma de posesión se ha pasado de 84.470 a los citados 80.555.

Octubre ha cumplido con la tradición de ser un mal mes para el empleo en Sevilla capital, con la única excepción del año pasado, cuando 16 personas abandonaron las listas del paro. En los años anteriores, las cifras del desempleo se dispararon en el décimo mes del calendario: 1.767 parados más en octubre de 2011; 1.865 más en 2012; 1.937 más en 2013 y 983 más en octubre de 2014.

El incremento del desempleo ha afectado más a los hombres que a las mujeres, aunque en el cómputo global el número de paradas supera con creces al de parados, conforme a la siguiente distribución: 35.190 hombres en paro (+298) y 45.365 mujeres (+15).

Por sectores económicos, sube en todos excepto en la construcción, que curiosamente se queda con el mismo número registrado en septiembre. La cifra de desempleados se reparte así: Agricultura, 1.389 (+5); Industria, 4.584 (+ 48); Construcción, 6.582 (igual); Servicios, 56.278 (+ 120) y colectivo Sin empleo anterior, 11.722 (+140).

Por grupos de edad, esta vez se produce la singularidad de que el paro baja entre las personas de edad madura (de 35 a 49 años), que habitualmente suelen ser las más afectadas por el incremento del desempleo, y sube tanto entre los jóvenes (menores de 35 años) como entre quienes superan el medio siglo (de 50 años en adelante). Aun así, el grupo con mayor número de desempleados es el de entre 45 y 49 años, donde en conjunto hay 11.417 desempleados, seguido por los 11.140 del grupo de entre 50 y 54 años.

La distribución por grupos de edad es la siguiente: parados con menos de 20 años de edad, 1.371 (+36); de 20 a 24 años, 5.636 (+92); de 25 a 29 años, 7.718 (+87); de 30 a 34 años, 8.168 (+7); de 35 a 39 años, 9.414 (-33); de 40 a 44 años, 10.058 (-15); de 45 a 49 años, 11.417 (-51); de 50 a 54 años, 11.140 (+122); de 55 a 59 años, 9.471 (+53) y mayores de 59 años, 6.162 parados (+15).

DATOS DE LA PROVINCIA

Por segundo mes consecutivo el paro baja en el conjunto de la provincia mientras sube en la capital. Se ha pasado de los 221.227 desempleados de septiembre a 220.853 en octubre, un descenso que ha beneficiado a 374 personas, lo que significa un 0,16% menos de parados.

El número de hombres en busca de empleo es ahora de 95.813 (-164), y el de mujeres, 125.040 (-210).

Por sectores económicos, el desempleo sube en Agricultura, Industria y colectivo Sin empleo anterior y baja en Construcción y Servicios.

Esta es la distribución: Agricultura, 12.048 parados (+42); Industria, 14.991 (+50); Construcción, 22.663 (-368); Servicios, 144.117 (-189), y colectivo Sin empleo anterior, 27.034 (+91).