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El referéndum sobre la Feria de Abril se celebrará del 19 al 23 de septiembre de 2016

Podrán participar los ciudadanos empadronados en Sevilla mayores de 16 años

Habrá que votar de forma telemática introduciendo el DNI o un código PIN

Se habilitarán espacios de participación en las sedes de los distritos y centros cívicos

 

El gobierno de Espadas ha informado a los grupos municipales sobre las bases para la celebración del prometido referéndum relativo a la Feria de Abril, que en principio se celebrará a lo largo de la semana comprendida entre el lunes 19 y el viernes 23 de septiembre, tras las vacaciones de verano. Podrán participar los empadronados en Sevilla mayores de 16 años de forma telemática mediante la introducción del DNI y en el caso de los extranjeros, mediante la obtención previa de un código PIN. Todos tendrán además a su disposición espacios de participación en las sedes de los distritos y en centros cívicos.

El Ayuntamiento, por medio del Instituto Tecnológico,  ya tiene a su disposición la aplicación informática que posibilita el voto de la ciudadanía sobre determinadas cuestiones a través de terminales informáticos situados en cualquier lugar. Dicha aplicación permite la realización de encuestas con respuestas tasadas, de forma independiente o asociadas a una propuesta de gobierno. Asimismo, la aplicación es una herramienta de participación directa que facilita la máxima participación, con todas las garantías y transparencia, por lo que el prometido referéndum sobre la Feria de Abril no supondrá ningún coste añadido a las arcas municipales.

El proceso de participación ciudadana sobre la Feria se celebrará entre los días 19 y 23 de septiembre de 2016, sobre las siguientes cuestiones:

  1. ¿Está de acuerdo en que la Feria de Abril de 2017 se celebre entre el domingo 30 de abril y el sábado 6 de mayo, ambos inclusive?
  2. ¿Está de acuerdo con que la Feria de Abril cuente siempre con un día festivo?

Podrán participar los vecinos que estando empadronados en la ciudad de Sevilla sean mayores de 16 años y quienes cumplan dicha edad antes de la finalización del periodo de votación.

A TRAVÉS DE LA WEB MUNICIPAL

La participación será exclusivamente de forma telemática a través de cualquier dispositivo móvil u ordenador personal mediante la página web www.sevilla.org.

Para poder participar será necesario la introducción del número del documento  nacional de identidad o, en su caso, el número de identidad de extranjero y un código pin.

Para la obtención del código pin se establecen dos modalidades:

     Online: mediante la validación con los siguientes datos personales: DNI o NIE, primer apellido, fecha de nacimiento, código postal y número de teléfono móvil al que se enviará mediante sms el código pin.

     Presencial: En cualquier oficina de Distrito Municipal mediante la identificación a través del DNI o NIE.

Durante todo el proceso existirán a disposición de los vecinos espacios de participación presencial, en los que se facilitará el uso de medios telemáticos para la votación. Son en concreto una serie de Centros Cívicos con horario de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas, si bien el periodo de votación propiamente dicho en esta primera ocasión será desde el lunes 19 de septiembre hasta el viernes 23.

La relación de Centros Cívicos es la siguiente: El Esqueleto, Torre del Agua, Bellavista, San Pablo, La Buhaira, Alcosa, Blas Infante, Cerro del Águila, Su Eminencia, Torreblanca, La Ranilla, Las Columnas,  Los Carteros, Entreparques y San Julián.

Asimismo, habrá espacios de participación en las sedes de los Distritos Municipales, con horario de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas y de 17:15 a 19:00 horas, y viernes de 9:00 a 15:00 horas. En este mismo horario se atenderá en el Centro cívico El Cubo y en la oficina de atención al ciudadano del Edificio Laredo, junto al Ayuntamiento.

‘JUNTA ELECTORAL’ DE FUNCIONARIOS

Se establece una Comisión Técnica de Seguimiento para supervisar el proceso de participación y la resolución de incidencias y la validación de los resultados una vez terminado el mismo.

La Comisión Técnica estará compuesta por los siguientes funcionarios de carrera: presidente, el coordinador de Modernización y Transparencia; Vocales, el jefe de Servicio de Estadística, el jefe de Servicio de Fiestas Mayores, la jefa de Sección de Desarrollo del ITAS y el jefe de Sección de Promoción de la Participación Ciudadana. Como secretaria actuará la jefa del Servicio de Participación Ciudadana.

Una vez finalizado el periodo de participación, la Comisión Técnica de Seguimiento validará los resultados obtenidos y los comunicará al teniente de alcalde delegado del Área de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores para su posterior toma de conocimiento de la Junta de Gobierno Local y del  Pleno Municipal.

 

Barómetro Socioeconómico Junio 2016: Sevilla sigue igual con Espadas

Dos de cada tres sevillanos piensan que la ciudad no ha cambiado en su primer año

 

Empate entre quienes creen que ha mejorado en este período y los que creen lo contrario

 

El 42% califica de regular la gestión del gobierno y un 30% la ve positiva

 

Dos tercios de los sevillanos (el 65,1%) creen que la situación global de la ciudad no ha variado en el último año, periodo que coincide con el primero del mandato de Espadas como alcalde, según revela el Barómetro Socioeconómico de la Fundación Cámara y el Centro Andaluz de Prospectiva. Hay prácticamente un empate entre quienes piensan que la ciudad ha mejorado en este periodo (un 17,8%) y quienes estiman que ha empeorado (un 17,1%).

Los más optimistas sobre el estado actual de Sevilla son los residentes en los distritos Sur, San Pablo-Santa Justa y Triana, mientras que tienen la visión más crítica los vecinos de Cerro-Amate, a pesar de ser un distrito considerado como un granero tradicional de votos del PSOE, y los de dos distritos con fuerte implantación del PP: Casco Antiguo y Los Remedios.

La gestión del gobierno de Espadas es calificada de regular por el 42,6% de los sevillanos, y bien por un 30%. En líneas generales, los sevillanos son más benevolentes con el Ayuntamiento que con el estado general de la ciudad, ya que si previamente un 17,8% pensaba que la situación general de Sevilla había evolucionado a mejor, la proporción sube a casi el doble (30%) a la hora de calificar como buena la gestión del equipo de gobierno.

Por el contrario, la suma de quienes califican como mala (el 12,5%) o muy mala (el 46%) la gestión del gobierno de Espadas casi equivale a la proporción (el citado 17,1%) de quienes creen que Sevilla ha empeorado globalmente en este su primer año de mandato.

En nueve de los once distritos municipales es mayor la proporción de ciudadanos que califican como regular la gestión del equipo de gobierno, aunque en todos los distritos considerados por separado el porcentaje de los que califican positivamente su gestión supera al de quienes la califican negativamente.

No deja de ser paradójico que en el distrito donde hay más sevillanos que piensan que la ciudad ha empeorado, Cerro-Amate (un 23,6% del total), es el segundo donde luego mejor se valora la gestión de Espadas y de su gobierno (37,5%), sólo superado en tal sentido por el de San Pablo-Santa Justa (un 46,5% de opiniones favorables a la gestión del alcalde y su gobierno).

 

VALORACIÓN DE SERVICIOS

 

El transporte público (5,95 puntos sobre un total de 10) es el área mejor valorada por los ciudadanos en la gestión municipal, aunque ha empeorado en los últimos seis meses (en diciembre le daban una nota de 6,05 puntos).

Aprueban con más de un 5 de nota la gestión de las instalaciones deportivas, la seguridad ciudadana, los centros de enseñanza, parques y jardines, sanidad, Policía Local y servicios sociales. Sólo ha empeorado en el último medio año, aun superando el aprobado, el área de Parques y jardines.

Por el contrario, los sevillanos suspenden la gestión del gobierno en viviendas de protección, limpieza, mejoras en los barrios y aparcamientos.

En una ciudad con 80.000 parados es lógico que el paro se señalado (por el 49,3% de los encuestados) como el principal problema de Sevilla, aunque ahora en menor proporción que hace seis meses (un 3,7% menos, cuando el desempleo ha bajado en este periodo en un 1,40%, al pasarse de los 81.848 parados de diciembre a los actuales 80.694).

Empeora la percepción de la limpieza, que es citada ahora, al igual que antes, como el segundo problema de Sevilla por el 15,3% de los encuestados (13,2% en diciembre, lo que supone una subida a peor superior a los dos puntos en medio año).

 

EL METRO SIGUE GANANDO ADEPTOS

 

Más de la mitad de los sevillanos enjuician favorablemente la situación actual del tráfico en la ciudad (el 54,2%), mientras que un 40,7% lo suspende, si bien la nota final en una escala de 1 a 10 es de suspenso, con 4,62 puntos.

Quienes mejor percepción tienen del tráfico son los vecinos de Triana y de Bellavista-La Palmera, y los más críticos, los que viven en el distrito Macarena.

Un 64,8% de los sevillanos utiliza el transporte público para desplazarse por la ciudad, mientras que un tercio opta por el vehículo privado.

Los mayores de 55 años son los principales usuarios del transporte público (un 83,1%), y los de edades comprendidas entre los 35 y los 54 años, quienes más recurren al coche particular (un 45%).

El Metro es el medio de transporte más valorado. Los ciudadanos le otorgan 8,03 puntos de nota sobre 10 (hace medio año lo puntuaban con un 7,38). Le siguen el tranvía (7,52 puntos), el Cercanías de Renfe (7,38), las bicicletas de Sevici (6,24) y los autobuses de Tussam (6,21 puntos).

Hay que reseñar que la puntuación de estos dos últimos ha bajado levemente en comparación con el Barómetro del mes de diciembre de 2015.

CASI LA MITAD DE LOS SEVILLANOS SE OPONE A LA MEZQUITA

 

El 48,4% de los sevillanos encuestados se opone a la construcción de una mezquita en Sevilla Este que se financiara de forma externa, mientras que uno de cada tres (el 32,7%) son partidarios de la misma.

Los sevillanos de entre 35 y 54 años son los que más rechazo muestran al proyecto (un 55,6%), al igual que los vecinos de Los Remedios (un 57,2%) y de Triana (un 54,8%).

Donde menos rechazo hay es en Casco Antiguo (38%), San Pablo-Santa Justa (42,6%) y Palmera-Bellavista (43,5%), distrito este último donde más polémica se suscitó anteriormente, ya que el barrio de Los Bemejales fue inicialmente el elegido para construir el templo musulmán.

 

CONTRARIOS AL REFERÉNDUM SOBRE LA FERIA

Casi la mitad de los ciudadanos (un 49,6%) se declaran contrarios a la idea del alcalde de convocar un referéndum para decidir sobre el día de inicio de la Feria de Abril.

Los encuestados de Los Remedios (72,4%) son los que en mayor proporción están en desacuerdo con el proyecto de Espadas.

A medida que disminuye la edad de los encuestados aumenta el porcentaje de quienes se oponen al referéndum.

 

APOYO AL ADELANTO DE LA FIESTA

El 45,8% de los ciudadanos encuestados está a favor de que la Feria de Abril comience en la noche del sábado y concluya el sábado siguiente.

Por el contrario, la cuarta parte (un 25,1%) se opone.

Los encuestados de Este-Alcosa-Torreblanca (62,7%) son los que en mayor proporción son partidarios del posible cambio, mientras que los residentes en Los Remedios son quienes más se oponen (un 45%).

A menos edad de los encuestados, más partidarios de la ampliación de los días festivos.

 

APOYO A LA PROLONGACIÓN DEL TRANVÍA
Cuatro de cada cinco sevillanos (el 80,8%) valora positivamente la idea del alcalde de prolongar el tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa.

Curiosamente, el mayor número de partidarios no está en los distritos por donde discurriría la prolongación de la línea o en su entorno, sino en algunos situados en extremos de la ciudad, como Bellavista-La Palmera (el 89,2%), Sur (el 88,3%) y Macarena (el 86,1%).

Los dos distritos ‘a priori’ más beneficiados por el proyecto ocupan en la lista el cuarto lugar (Nervión, con el 85,4%) y el octavo (San Pablo-Santa Justa, con el 77,3%).

A medida que aumenta la edad del encuestado lo hace también la proporción de partidarios del proyecto.

Detectado un “cambiazo” a los estatutos de la Red de Ciudades Magallánicas

El delegado de Hábitat Urbano del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, elevará al Pleno del viernes 29 de julio de 2016  una propuesta en la que se condiciona la pertenencia de Sevilla a la Red Mundial de Ciudades Magallánicas a que se adecue a los estatutos originalmente aprobados tras su fundación en la ciudad portuguesa de Sabrosa y que fueron ratificados por el Pleno municipal el 29 de diciembre de 2014.

El Ayuntamiento de Sevilla ignoraba que posteriormente, el 12 de abril de 2015 y en la ciudad chilena de Punta Arenas, se celebró otro acto “constitutivo” de la Red, en el que se aprobaron otros estatutos con modificaciones importantes y que no fueron ratificados por el Consistorio sevillano.

Con el cambio de los estatutos al margen de Sevilla se modificó la naturaleza de la Red, que dejó de ser de ciudades exclusivamente para incorporar a la misma a personas físicas. Esos cambios, según un informe del secretario municipal, no pueden justificarse en exigencias de la ley de Asociaciones, pudiendo resultar incluso contrarios a la misma.

Por otra parte, en la propuesta se instará al Gobierno de España a impulsar la ley que concede al evento “V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo” la categoría de Acontecimiento de Excepcional Interés Público al amparo de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

 

El IAPH bendice la demolición y reconstrucción del mercado de la Puerta de la Carne

 

La Comisión Provincial de Patrimonio de Sevilla ha aprobado finalmente la conversión del antiguo mercado de la Puerta de la Carne en un centro de cultura, ocio y gastronomía (mercado gourmet) basándose especialmente en un informe favorable del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) a los dos grandes asuntos pendientes de resolución: la demolición de su estructura, en un estado irrecuperable, y la construcción de un gran sótano que podría superar la superficie catastral de la parcela para albergar los equipos técnicos (ascensores, máquinas de aire acondicionado…) que precisará el renovado edificio.

Tres meses en esta última etapa  han sido necesarios para desbloquear el proyecto de mercado gourmet en la antigua plaza de abastos de la Puerta de la Carne, dotada de un valor arquitectónico indiscutible en cuanto obra pionera del Racionalismo español, motivo por el cual está inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con nivel B (protección global).

El pasado 27 de abril, la Comisión Provincial de Patrimonio, a la vista de que el planteamiento de los promotores había evolucionado hacia la demolición de la estructura central del inmueble y posterior restitución mimética de la misma basándose en un levantamiento fotogramétrico, consideró necesario que se hiciera un estudio más minucioso de las patologías que sufría el edificio, con objeto de que se descubrieran los daños en cada uno de los elementos de la estructura y, en su caso, las causas que imposibilitaran su conservación, así como los posibles procedimientos de restauración que se pudieran aplicar.

 

REPRISTINADO

 

Al tratarse de un Bien de Interés Cultural con protección integral, los miembros de la Comisión, ateniéndose escrupulosamente a la ley, querían agotar todas las posibilidades para tratar de rehabilitarlo y evitar una demolición y posterior reconstrucción, algo para lo cual exigían que se demostrara de forma fehaciente que en inmueble estaba en una situación de práctica ruina.

En estos tres meses han emitido informes al respecto la Oficina de Control y el Servicio de Conservación de la Gerencia de Urbanismo y, fundamentalmente, el IAPH el pasado 18 de julio, un dictamen que a la postre ha sido clave para autorizar la demolición de la estructura y su posterior reconstrucción, a imitación de la original.

El IAPH ha determinado que la estructura central del antiguo mercado “presenta tales daños que resulta irrecuperable, por lo que no sería improcedente su demolición y repristinación” (según el DRAE, “reconstruir algo devolviéndolo a su estado original”).

Se asume que con estas demoliciones se perderá parte del valor material de la estructura del edificio primando su valor expresivo. Según el dictamen del IAPH, “la restitución deberá ser discernible, sin crear un falso histórico, conservando aquellos elementos que sea posible como documento y testimonio de su momento histórico y permitiendo la lectura de las nuevas aportaciones”. Además, se deberá documentar el proceso de demolición y repristino de las estructuras, dando así respuesta a la metodología de intervención en el patrimonio histórico.

 

SÓTANO CON CAUTELAS

El segundo punto polémico sobre el que el IAPH se ha pronunciado ante la Comisión Provincial de Patrimonio a requerimiento, el pasado 20 de junio, de la Delegación Territorial de Cultura, ha sido en relación con la construcción de un sótano.

Afirma el Instituto que la posibilidad de incorporación de un sótano en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne “si bien modifica la realidad original del edificio, debe vincularse a la necesidad de solventar las demandas técnicas y derivadas del cumplimiento de la normativa inherentes al uso, sin alterar la percepción de su volumetría exterior”.

El IAPH dictamina que no deben alterarse con el sótano las cualidades espaciales del mercado y que hay que preservar la diafanidad de su espacio central. Esta intervención, en caso de llevarse a cabo, deberá adoptar criterios de discernibilidad y de documentación, además de las preceptivas actividades (excavaciones) arqueológicas.

A la vista del informe del Instituto, la Comisión Provincial de Patrimonio ha dado luz verde al proyecto del mercado gourmet y exigido además de lo citado que la intervención se complemente con acciones de musealización y puesta en valor “a implementar en el proyecto”  y que al término de las actuaciones se presente un informe global sobre lo realizado.
Conclusiones del informe técnico

El IAPH encargó a Enrique Vázquez Vicente, arquitecto especialista en análisis y cálculo de estructura, un informe sobre el estado del antiguo mercado de la Puerta de la Carne, en el que tras realizar 70 catas de inspección en la estructura, 95 ensayos de resistencia y 81 ensayos químicos, llega a las siguientes conclusiones, de forma resumida:

-El daño en los elementos estructurales está en una fase muy avanzada. El frente de carbonatación del hormigón ha superado con mucho la zona de revestimiento de armadura, llevando ésta muchos años desprotegida. La armadura presenta una corrosión generalizada, con pérdidas muy importantes en algunos casos. En otros, la armadura está en estado de laminación o ha desaparecido completamente.

-Los ensayos de caracterización del hormigón sugieren un material muy poroso, con problemas de carbonatación y con problemas puntuales de presencia de sales. Tras el estudio estadístico de los ensayos de resistencia a compresión se obtiene una resistencia inferior a 6 MPa.

-El cálculo de los elementos principales de la nave central indica niveles de seguridad inferiores al admisible.

-Debido al manifiesto estado de deterioro de los forjados no es aconsejable ningún tipo de actuación de refuerzo. Es necesaria una sustitución total de los forjados.

-Para los elementos de la nave central no hay ninguna técnica de refuerzo que pueda aplicarse en este caso compatible con el mantenimiento de las características geométricas de la estructura y con la percepción del conjunto.

Obligación de diferenciar los elementos originales de su copia

 

El informe del IAPH subraya la necesidad de reconocer dos estadios en el proceso de intervención en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne, pionero del movimiento moderno en España, diferenciando claramente la restitución de los elementos demolidos de este BIC de la aportación contemporánea.

Esta aportación debe hacerse a través de una nueva arquitectura que, tal y como se recoge en el artículo 20 de la ley 14/2007, de 16 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, deberá ser reconocible.

El respeto a los valores del Bien durante la intervención debe garantizar la correcta lectura e interpretación histórica y cultural del inmueble, que podría complementarse con acciones de musealización y puesta en valor, a implementar en el proyecto.

La restitución mimética de los elementos demolidos no garantiza por sí sola la conservación de los valores patrimoniales del edificio. La adecuación funcional a un nuevo uso implica una serie de decisiones de proyecto que deberán asumir y salvaguardar los valores del edificio.

Entre estos valores destacan la “rotunda y sencilla volumetría exterior y su doble naturaleza tipológica” como “mercado-plaza” (otorgando condición de la fachada interior al límite de la crujía perimetral) y “mercado-edificio” (dotando de gran protagonismo al espacio central), características espaciales ambas definidas en el proyecto original.

 

Aussa: el color del cristal

 

Tres informes jurídicos contradicen los del secretario y el interventor sobre Aussa

La privatización sería una hipotética solución entre cuatro al falso problema del ámbito territorial

 

El gobierno de Espadas ha provocado una polémica sobre la posible privatización de la empresa Aussa al mostrarse proclive (véase la intervención de Carmen Castreño en el último debate del curso político en Ondaluz Tv) a la venta de sus acciones como forma de solucionar las actuaciones de presunta ilegalidad en que habría incurrido  y del riesgo financiero que indirectamente supondrían para el Ayuntamiento en cuanto accionista mayoritario a través de Tussam (51% de las acciones), según informes del secretario y del interventor municipales.

La naturaleza jurídica y el rol de la antigua Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A (que ahora se ha cambiado el nombre por el de Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas) son enormemente controvertidos y han sido objeto de interpretaciones contrarias a las que sostienen los altos funcionarios del Consistorio.

Recordemos, en palabras del secretario municipal, que el Pleno del Ayuntamiento acordó el 23-XII-1997, con Soledad Becerril de alcaldesa, establecer la gestión indirecta como método de gestión y construcción de los aparcamientos de El Arenal, José Laguillo y Pino Montano (todos en la ciudad), así como el estacionamiento regulado en la vía pública.

La fórmula elegida fue la constitución de una sociedad mercantil integrada por la empresa municipal de transporte Tussam (que acabó teniendo la mayoría del capital, con el 51%) y participada por capital privado (actualmente Cointer, una filial de la constructora sevillana Azvi, con el 49%). En resumen, una empresa mercantil de economía mixta  o capital público-privado.

 

SÓLO EN SEVILLA O NO

 

Según el secretario y el interventor, por su objeto social y por su condición de medio propio del Ayuntamiento, Aussa tendría que limitarse a la construcción y explotación de aparcamientos que le sean adjudicados por el Consistorio sevillano y en Sevilla.

Como en Derecho todo es interpretable, un informe elaborado por el despacho de Olivencia y Ballester sostiene lo contrario: Aussa no es un medio propio del Ayuntamiento, ya que su capital no es 100% municipal, y como sociedad mercantil sujeta al Derecho privado está habilitada, conforme a sus estatutos sociales, a abrir sucursales en otras ciudades y competir con otros operadores para adjudicarse por concesión administrativa la explotación de otros aparcamientos.

Llama la atención que en el artículo 3º de los estatutos de la empresa sólo el punto 1º está referido a aquellos aparcamientos en Sevilla que inicialmente motivaron su creación  (Arenal, José Laguillo y Pino Montano) y que se diga que también estará en su objeto social la “explotación y en su caso construcción de aparcamientos en superficie o subterráneos que en el futuro puedan serle adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla”.

Con esto habría sido más que suficiente para dejar constancia de la voluntad del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam de que Aussa no saliera nunca de nuestro término municipal.

Sin embargo, este artículo tiene un total de nueve puntos de redacción genérica y que no pueden interpretarse como centrados exclusivamente en Sevilla. Al añadirse al primero abrirían la puerta a lo que acabó pasando posteriormente: la expansión de la compañía fuera de la ciudad. Así, el punto sexto habla de “el control y explotación de zonas de aparcamiento regulado en superficie, y el segundo párrafo del artículo noveno, de que  “las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo”.

 

CÁCERES Y CHICLANA

 

Según el secretario municipal, Luis Enrique Flores, los problemas surgen a partir del año 2007, cuando Aussa, al perder su condición de medio propio del Ayuntamiento de Sevilla (Olivencia y Ballester sostienen que nunca tuvo esa condición) y con el objetivo de asegurar su viabilidad, ya que no podía depender exclusivamente de los encargos del Consistorio sevillano, comienza a participar en licitaciones y a obtener adjudicaciones de contratos fuera del ámbito territorial de Sevilla y adjudicados por poderes distintos de nuestro Ayuntamiento.

O sea, que quien crea el supuesto problema es Monteseirín, alcalde por aquel entonces. Y resulta sorprendente que el secretario, que era entonces el mismo que ahora, haya tardado nueve años en alertar sobre la presunta actuación irregular/ilegal de Aussa.

Y eso que en el año 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cáceres negó a Aussa capacidad para operar fuera del término municipal hispalense (¿les suena?) y de presentarse a concursos para la gestión de servicios dependientes de otros ayuntamientos. Aussa se había presentado en UTE con Aristos para el concurso de la zona azul de la ciudad extremeña, pero su participación fue impugnada tanto por otras compañías como por la patronal del sector (Asociación Española de Aparcamientos y Garajes, ASESGA), lo que motivó su exclusión.

Aussa recurrió, perdió el pleito en primera instancia y dos años más tarde hubo que retrotraer las actuaciones al principio porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón a la empresa sevillana pese al fallo inicial en su contra y que iba en línea con las tesis del secretario y del interventor del Ayuntamiento sevillano.

Por otra parte, a finales del año 2013 se reunió la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Chiclana para adjudicar la explotación de la zona azul, pero a la vista de que una de las ofertas era de Aussa, que “reviste la forma societaria de sociedad de economía mixta local constituida a iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para la gestión indirecta del servicio público de gestión, explotación y construcción de aparcamientos en superficie y subterráneos reflejado en su objeto social (….) se acordó la emisión de informe jurídico sobre la admisión de dicha sociedad”.

El informe jurídico decía, entre otros aspectos, lo siguiente: “Del tenor de los estatutos sociales no se desprende que el alcance de su capacidad de obrar se limite al área territorial de la ciudad de Sevilla, a excepción de la actividad contemplada en el apartado 1 del artículo 3 de los mismos”. Y concluía que no había causa para excluir a Aussa.

Así pues, frente a la interpretación restrictiva del secretario y del interventor (dos), hemos hallado tres que sostienen lo contrario: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el bufete de Olivencia y Ballester y el Ayuntamiento de Chiclana.

 

CUATRO OPCIONES

¿Qué queda del supuesto problema? Dice el secretario que las operaciones mercantiles de Aussa suponen un riesgo financiero que puede poner en peligro el propio servicio público municipal, y todo ello sin que el Pleno del Ayuntamiento las haya autorizado. Suponen un riesgo pero también pueden suponer un beneficio, ¿no?. De hecho Aussa obtiene resultados positivos año tras año. Hace siete, cuando se aprobó su Plan Estratégico con el beneplácito del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam y en el que se preveía lo que ha estado haciendo (expansión primero por Andalucía y luego al resto de España), sus activos estaban valorados en 12 millones de euros. ¿Cuánto valen hoy después de todas las concesiones que ha conseguido?

 

El secretario, que durante siete años no dijo ni mú y que ahora de repente advierte sobre presuntas irregularidades/ilegalidades, propone para resolver el supuesto problema cuatro opciones:

  1. Que el Pleno ratifique las acciones realizadas, algo que le parece inviable pero que choca con las interpretaciones en sentido contrario. ¿Por qué no las puede ratificar?
  2. Mantener la situación en los términos actuales pero que, a su juicio, podrían derivar en responsabilidad de los representantes del capital municipal. ¿Y no hay riesgo similar por operaciones que se hagan en Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa… y también en otras empresas municipales de “segundo grado” como Copero Solar, Tussoenergía y hasta la Corporación de Empresas Municipales? ¿Por qué el secretario sólo ve riesgo en Aussa y no en las demás sociedades municipales?
  3. Reconducir la actividad de la empresa a los términos estrictos de su objeto social Sigue basándose en su particular interpretación, negada por otras instancias, de que Aussa sólo puede operar en Sevilla.
  4. Vender la participación de Tussam, o sea la privatización, que el gobierno considera como única salida (¿?) pero que el mismo secretario reconoce problemática por la existencia de un posible derecho de veto de los accionistas privados. Bien, ¿y por qué hay que privatizar Aussa, que es rentable, y el secretario no ha planteado la privatización de Copero Solar o Tussoenergía, por ejemplo?

Vemos, pues, que la privatización es sólo una de las cuatro opciones y que todas se basan en una interpretación discutible del secretario y del interventor, opuesta a la de otras instancias que se han tenido que pronunciar jurídicamente en la realidad, como el TSJEx y el Ayuntamiento de Chiclana, y teóricamente como Olivencia y Ballester.

Si Aussa ha actuado como una ínsula Barataria cabe pensar que el Ayuntamiento no controla realmente la empresa a través de Tussam. Por tanto, el problema de fondo ya no es ni Aussa ni Tussam, sino la falta de autoridad del gobierno municipal.

 

Lipasam contratará a 380 personas este verano

La Consejería de Economía ha registrado ya oficialmente el convenio colectivo de la empresa municipal Lipasam, en el que el Ayuntamiento adquiere el compromiso firme de mantener una plantilla mínima de personal fijo indefinido de 1.372 efectivos. El alcalde ha anunciado planes de contratación para este verano, y también se han publicado las listas de los aspirantes que quieren ingresar en la bolsa de trabajo y que han superado los tests psicotécnicos.


En virtud del convenio colectivo, que tendrá una vigencia de cuatro años contados a partir del pasado 1 de enero y que expirará el 31 de diciembre de 2019 (con lo que Espadas se garantiza la paz social en la compañía durante todo su mandato) con opción a prórroga automática de año en año, Lipasam se compromete formalmente a mantener el nivel de empleo estable con una plantilla mínima de personal fijo indefinido de 1.372 a lo largo de la duración del acuerdo.

Para ello se irá reponiendo el número de las plazas que vayan quedando vacantes por cualquier circunstancia, conforme resulte de la relación de puestos de trabajo y de la organización de los servicios, siempre que no existan prohibiciones o limitaciones en materia de contratación, bien en la legislación vigente o en la dotación presupuestaria anual.

No obstante, de forma excepcional y cuando esté justificado por resultar imposible desarrollar el trabajo con la plantilla fija, Lipasam podrá recurrir a los servicios de empresas de trabajo temporal (ETT), previa justificación ante el Comité de Empresa.

 

PLAN DE VERANO

Cuando la dirección de la empresa municipal alcanzó la pasada primavera el acuerdo con los trabajadores para la firma del nuevo convenio ahora ratificado por la Junta de Andalucía, la plantilla fija la componían  unas 1.240 personas en números redondos.

Por tanto, el compromiso mínimo para los próximos cuatro años obligaría a la contratación de unos 132 operarios. De momento, el alcalde ha expresado durante una reciente visita al Parque de Limpieza del Distrito Norte, tras conocerse una inversión de 4,9 millones de euros en nuevo equipamiento, que la empresa municipal va a proceder a la incorporación en estos meses de verano de aproximadamente unos 380 trabajadores.

La novedad en esta temporada es que por primera vez estos trabajadores serán elegidos de la nueva bolsa de trabajo una vez que se agote la antigua, ya que en los últimos años se recurría al Servicio Andaluz de Empleo al estar supendida esta última. Se estima que de la nueva bolsa podrían salir unos 80 contratados para este verano.

En esa línea, en la bolsa de empleo de Lipasam se han publicado las listas definitivas de los aspirantes a ingresar en la misma que han sido declarados aptos tras superar la fase de pruebas psicotécnicas y un sorteo ante notario al objeto de ordenar y/o elegir de entre las personas de cada grupo que han obtenido igual valoración.

 

PRESELECCIONADOS

 

Desde el día 13 de julio se están organizando los reconocimientos médicos de aquellos candidatos que han sido declarados aptos en la última prueba selectiva. Inicialmente sólo serán llamados aquellos candidatos que hayan obtenido mayor valoración o hayan sido seleccionados en sorteo, siendo el número de personas a llamar las siguientes:

  • Grupo Reservado: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 42 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 25 más, con objeto de cubrir las posibles bajas que puedan producirse.
  • Grupo menor de 30 años: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 90 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 50 más para cubrir posibles contingencias.
  • Grupo Entre 30 y 50 años: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 360 primeras personas según el orden de la lista. Existe una reserva de 50 más para cubrir cualquier eventualidad.
  • Grupo Reservado: Serán llamadas inicialmente para reconocimiento las 108 primeras personas según el orden de la lista. Se pondrán en reserva otras 50.

En esta convocatoria, a la que se presentaron más de 4.000 personas, han quedado garantizados los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.  

 

Los miembros del CESS llevan cuatro años sin cobrar dietas, por la crisis

 

El Ayuntamiento de Sevilla debatirá en el Pleno del viernes 29, último de julio de 2016  y del actual curso político, sobre un asunto que se ha ido envenenando desde hace varias semanas: si los miembros del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) deben o no cobrar por su labor. Las retribuciones se suspendieron hace cuatro años con motivo de la crisis y del Plan de Ajuste. PP y C’s son partidarios de que la situación no varíe. El resto de grupos deberán retratarse y fijar su posición definitiva.

El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), creado en 1998, es el órgano de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento en materia económica y social. Emite con carácter preceptivo, y antes de su aprobación provisional por el Pleno municipal, informes sobre el Presupuesto del Ayuntamiento, las Ordenanzas Fiscales, el Plan General de Ordenación Urbana y Reglamentos Municipales, amén de dictámenes que les sean solicitados por el gobierno y la corporación sobre asuntos de su especialidad, técnicamente complejos.

Lo componen 42 representantes de los agentes económicos y sociales de la ciudad (patronal, sindicatos, colectivos y expertos) y en el Reglamento de la institución se especifica que se pagarán unas asignaciones con cargo al Presupuesto consignado para la misma.

En el año 2006, el CESS acordó retribuir con 120,20 euros la dieta por asistencia, una cantidad que fue ratificada por el Pleno del Ayuntamiento en julio de 2007 y que se mantuvo invariada desde entonces.

Tras el estallido de la crisis económica y con motivo del Plan de Ajuste de Zoido (año 2012), los artículos del Reglamento del CESS sobre el pago de retribuciones a sus miembros quedaron en suspenso, un sacrificio que aquéllos asumieron pese a que otros organismos del Ayuntamiento siguieron cobrando, caso de la Oficina del Defensor del Ciudadano.

Derogado el Plan de Ajuste por el propio Zoido en 2014, desde el CESS se entendió que era hora de recuperar el cobro de las dietas. También lo entendió así la Delegación de Economía del gobierno de Espadas, que aprobó inicialmente la supresión de la disposición por la que las retribuciones se habían dejado en suspenso.

Cuando aún este acuerdo estaba sometido a información pública, el Pleno municipal aprobó una propuesta del grupo de Ciudadanos de suprimir del Reglamento de funcionamiento del CESS los artículos relativos a las retribuciones a sus miembros. Informado al respecto, el Pleno del CESS ha rechazado, por abrumadora mayoría (38 votos a favor, dos en contra y una abstención) ese acuerdo del Pleno municipal a instancias de C’s.

Ahora, el acuerdo de cambio del Reglamento, con el voto negativo del CESS, debe volver a pasar, para su aprobación inicial, por el Pleno del Ayuntamiento el pròximo viernes. Si prospera la iniciativa, su tramitación continuará hasta su aprobación definitiva.

El CESS entiende que al igual que los grupos políticos gozan de unas asignaciones económicas para realizar su labor, sus miembros también las precisan, como el reto de Consejos Económicos y Sociales existentes en otras ciudades. Subraya además que parece contradictorio que se concedan ayudas a otras organizaciones cuando por su naturaleza es un órgano consultivo con carácter preceptivo.

 

CES + IU

La patronal sevillana e Izquierda Unida coinciden en contra de la ampliación del tranvía anunciada por Espadas
El alcalde apuesta por un tranvía redundante con la infraestructura actual mientras no hay doble vía en tramos del Cercanías

 

Un hecho insólito se ha producido la pasada  semana en Sevilla: la patronal (CES) e Izquierda Unida (IU) ha coincidido en su rechazo, prácticamente con los mismos argumentos, al nuevo anuncio del alcalde de insistir en su idea de ampliar el tranvía desde San Bernardo hasta Santa Justa como proyecto estrella de su mandato y de redactarlo a lo largo del verano para licitarlo en septiembre, un asunto que ya abordamos en estas páginas el pasado 9 de mayo, en el informe “Tranvía al cubo”.

La paralización o ralentización de inversiones en grandes proyectos de infraestructuras desde el estallido de la crisis en 2008 con el fin de reducir el déficit público (líneas de Metro, el AVE Sevilla-Málaga por la campiña, los túneles del Guadalquivir para la SE-40, la conexión Santa Justa-aeropuerto, la ronda intermedia SE-35…) ha colocado al sector de la construcción en una dificilísima situación.

No hay mes en que desde alguna patronal provincial, regional o sectorial, o desde algún colegio profesional como el de los Ingenieros, se presenten informes sobre la drástica caída en la inversión en obra pública o listas de proyectos básicos aún pendientes de ejecución en Sevilla y Andalucía sobre los que alcanzar un mínimo consenso para, mediante su materialización, reactivar la economía y reducir nuestra elevada tasa de paro.

En este complicado contexto, cabría suponer que la patronal sevillana tendría que estar encantada por el anuncio de Espadas de lanzarse a ampliar el tranvía, un proyecto guadianesco desde los tiempos de Monteseirín y a un coste estimado de entre 76 millones de euros (el cálculo de Zoido cuando era alcalde) y 40 millones (el inicial de Espadas).

 

ERRORES POR DUPLICADO

 

Sin embargo, la Confederación de Empresarios, que preside un constructor tradicional como Miguel Rus, se ha pronunciado tajantemente en contra del plan del alcalde y utilizando para ello argumentos de la más pura lógica económica: “Volvemos a caer en el error -dice en un comunicado- de gastar decenas de millones de euros en duplicar unas conexiones que ya existen”. Y añade: “Actualmente, las líneas de trenes de cercanías C-1, C-4 y C-5 ofrecen una más que amplia alternativa desde San Bernardo hasta Santa Justa, con frecuencias semejantes a la del tranvía, mientras que en superficie Tussam tiene destinados a este recorrido varias líneas de autobuses, y además la línea 1 del Metro cubre ya el trayecto San Bernardo-Eduardo Dato”.

Por tanto, a juicio de la CES, carece de sentido gastar un dinero que no se tiene, y que habría que pedir (¿con qué justificación?) a Bruselas,  en una infraestructura redundante en superficie con la ya existente en el subsuelo, mientras que el Ayuntamiento ni siquiera le recuerda a la Junta (¿será para no incomodar a Susana Díaz?) las tres líneas pendientes del Metro, que tendrían preferencia.

El hecho de que en vez de aplaudir al alcalde para tratar de participar de ese goloso pastel de entre 40 y 76 millones de euros que sería el tranvía, la CES subraye su innecesariedad y redundancia y lo rechace supone toda una sorpresa y produce un cambio de percepción de  la imagen que proyectan nuestros empresarios, ya no tan ávidos del negocio por el negocio y pronunciándose en función de la racionalidad de los proyectos y de la mejor utilización del dinero público, venga de Bruselas o de Madrid.

Con esta posición, aparentemente en contra de sus propios intereses y anteponiendo los colectivos, la patronal y su presidente, Miguel Rus, ganan credibilidad ante la opinión pública al demostrar un mayor sentido de la responsabilidad frente a la imagen de los aeropuertos sin aviones y los trenes AVE sin apenas pasajeros que ha quedado de la España del ‘boom’ inmobiliario.

 

COINCIDENCIA

El diagnóstico de la CES ha coincidido con el de IU, probablemente porque ésta no es una cuestión ideológica, sino de sentido común. Por eso mismo sorprende mucho más la insistencia de Espadas, un político sensato y moderado, de convertir la ampliación del tranvía en el proyecto estrella de su mandato, sea o no sea necesaria o prioritaria. Habrá que remitirse a aquellas declaraciones en que le traicionó el inconsciente cuando dijo que algo tendría que hacer para que lo vieran los sevillanos antes de las próximas elecciones municipales.

Si ha habido una corporación en que la oposición más se haya esforzado en ofrecer alternativas en materia de transporte es ésta que preside Espadas: Ciudadanos elaboró un estudio sobre la reordenación de la zona azul y otro sobre la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto, e IU presentó el pasado mes de mayo una moción muy bien construida para la puesta en valor de la Red de Cercanías como alternativa a la ampliación del tranvía anunciada por Espadas.

Curiosamente, el alcalde ha vuelto a la carga con el tema cuando Tussam había empezado ya a trabajar en el cumplimiento de algunos de los puntos de la moción de IU que aprobó el Pleno municipal hace dos meses, pero limitándose sólo a la mejora de la señalización y de la información en sus paradas de autobuses, para que los usuarios se enteren por fin de que en la ciudad existe una red de Cercanías ferroviaria con la que pueden conectar para desplazarse a un amplio arco de barrios extramuros gracias a sus cinco líneas y diez estaciones en el término.

 

PRIORIDADES

 

Al igual que la CES, IU decía en su moción: “Con la actual red de Cercanías, la conexión entre San Bernardo y Santa Justa se realiza en cuatro minutos, con una frecuencia de paso de 10 minutos de media. Cabe preguntarse, por tanto, si es operativo y prioritario en este momento una nueva infraestructura por la superficie, como el tranvía, teniendo ya una subterránea como el Cercanías aun sin haber realizado un adecuado estudio técnico que defina la necesidad real de esta intervención, así como su ampliación planificada y orientada a una futurible red de tipología tranviaria, del mismo modo que en su día se hizo con el Metro. ¿No sería más prioritario y operativo, antes de acometer nuevas grandes obras, focalizar todos los esfuerzos en la ansiada integración tarifaria y en el billete único?”.

En vez de duplicar el trayecto San Bernardo-Santa Justa con un tranvía en superficie, si se construyera una doble vía para el único sentido de la línea circular C-4, que ahora permite ir desde Santa Justa hasta Sevilla Este en unos 6 minutos, los sevillanos no tardarían 20 minutos en dar toda la vuelta a la ciudad si quieren viajar en sentido contrario. Esa doble vía y una mejor organización de los horarios permitiría además, según la moción de IU, reducir en 40 minutos el viaje entre Sevilla Este y la Cartuja.

La doble vía del C-4, la creación de un billete único que permitiera integrar el Cercanías en la red de transporte de la ciudad, la construcción de aparcamientos seguros para bicicletas en las estaciones ferroviarias o su entorno, la señalización combinada de todos los medios de transporte en las respectivas paradas, etcétera, etcétera, se antojan más urgentes y baratas que gastarse entre 40 y 76 millones de euros en conectar en superficie con un tranvía dos estaciones que ya lo están subterráneamente en tan sólo cuatro minutos con los servicios actuales de transporte.

Espadas aún no ha sabido explicar la relación coste/beneficio de un proyecto que por no convencer no convence ni a los que estarían más interesados en ejecutarlo: los empresarios.

Revolución en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla

Espadas cambiará a los jefes de al menos la mitad de los Servicios
Trata de darle un mayor  impulso para la segunda mitad de su mandato

 

Creará un nuevo Servicio dedicado a temas de carácter internacional

 

Espadas y su equipo de confianza proyectan una amplia remodelación en la Gerencia de Urbanismo antes de las vacaciones de agosto, con el fin de dar un nuevo impulso a este departamento, considerado tradicionalmente como el más importante del Ayuntamiento por gestionar el PGOU y el dinero de las licencias y convenios urbanísticos. El alcalde desea una mayor agilización y materialización de proyectos en la segunda parte de su mandato, de cara a la reelección en las próximas elecciones municipales.


La revolución en ciernes en la Gerencia podría acabar afectando a la docena de Servicios de que actualmente se compone, aunque de momento el gobierno municipal ya ha perfilado relevos de jefes o cambios de destino en la mitad de los mismos y, además, ha decidido crear un Servicio nuevo que se dedicaría, entre otras cuestiones, a temas de carácter internacional y a desarrollar una mayor presencia de Urbanismo en distintos foros en la ciudad y fuera de ella. La persona que ahora mismo tiene más posibilidades de dirigir el nuevo Servicio “Internacional” (su nombre no está aún definido) es el arquitecto Javier Huesa Laza.

Espadas mantendría como gerente de Urbanismo al geógrafo Ignacio Pozuelo Meño, al que fichó de la Junta de Andalucía. De la Gerencia cuelgan en el organigrama dos grandes Direcciones, de las que a su vez dependen seis Servicios por cada una.

 

El primer gran relevo previsto por el alcalde se produciría en la Dirección de Administración y Economía, cuyo titular actual, Manuel José Valdivieso Fontán, considerado internamente como un hombre muy próximo al exalcalde Zoido, sería sustituido por el arquitecto José Julián Espinosa López-Viota. A Valdivieso podrían ofrecerle el traslado al Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en sustitución del actual adjunto, David Fernández.

El segundo gran movimiento en el área administrativo-económica sería protagonizado por el actual jefe del Servicio de Organización de Procesos, Formación y Atención al Ciudadano, Andrés Salazar Leo, que pasaría a dirigir, por el área técnica, el Servicio de Gestión y Convenios Urbanísticos en lugar de María Luisa Arcos. Salazar, que gana así poder en la Gerencia, es también profesor asociado en la Escuela de Arquitectura y fue un fichaje-estrella del andalucista José Núñez en su época como delegado de Urbanismo.

Sustituiría a la abogada María Luisa Arcos, una de las grandes perdedoras de la remodelación pese a su contrastada valía profesional, hasta el punto de que a lo largo de su carrera recibió importantes ofertas de grandes consultoras privadas. Persona muy capacitada, con criterio y que lleva toda su vida en la Gerencia, su estricto cumplimiento de la legalidad, sobre todo a la hora de incluir terrenos sin edificar desde años y años en el Registro Municipal de Solares, en contra los intereses de grandes promotores y constructoras, le ha granjeado más de una animadversión en el sector del ladrillo.

Por otra parte, del Servicio de Contratación saldría de momento la segunda de abordo, María del Carmen Cabeza Gallardo, otra persona de acreditada experiencia.
ÁREA TÉCNICA

En cuanto a la segunda gran área, la Dirección Técnica, podría quedarse al frente el mismo equipo que hasta ahora, el compuesto por Jorge Antonio Almazán y su segunda, Silvia Bravo. Almazán, ingeniero y abogado experto en gestión de obras, fue nombrado por Zoido hace cuatro años. Si continúa, tendría como misión esencial mejorar la coordinación y activar a todos los niveles a los nuevos jefes de Servicio para que la Gerencia se convierta en el eficaz brazo ejecutor de las políticas del gobierno municipal, que, por ejemplo, quiere tener listo para después del verano el proyecto de ampliación del tranvía.

 

Luis Gómez Martínez dejaría la jefatura del Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programa de Vivienda, desde donde hace el seguimiento del PGOU, y sería recolocado en el Servicio de Planeamiento. Si fuera como titular del mismo, obligaría a desplazar a Carlos Flores o a Dolores Campos, o incluso a los dos.

También se planea un cambio de jefe en el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística, cuyo actual titular, José Miguel Lobo, sería sustituido por Amparo Guerrero, procedente de Gestión Financiera y Tesorería. La dirección del Servicio de Disciplina Urbanística quedaría desmantelada por completo, ya que también se piensa en el relevo del abogado Angel Boyer, y de Ramón Fernández Chillerón, un aparejador al que le ha tocado enfrentarse con todo tipo de tareas, desde desalojos hasta la coordinación con el Cecop. El lugar de este último podría ser ocupado por Lázara Martín Hernández.

 

Por último, entre los relevos previstos estaría también el de Daniel Valdivieso Comesaña al frente del Servicio de Conservación.

 

De momento, el gobierno municipal ha perfilado cambios en la mitad del organigrama, pero no se descarta que la remodelación sea todavía mucho más amplia y acabe afectando a los doce Servicios de la Gerencia, ya sea por las alturas o por los escalones intermedios.
EL NÚMERO TRECE

El gobierno municipal proyecta la creación de un nuevo Servicio en la Gerencia, que haría el número trece, o en su defecto dotar de nuevas competencias a uno de los existentes. Se  encargaría de redactar grandes proyectos que presentar a la Unión Europea para captar financiación comunitaria, como sería el caso del tranvía desde San Bernardo a Santa Justa o la conexión ferroviaria con el aeropuerto, una de las grandes demandas de Ciudadanos para dar su apoyo a Espadas en los Presupuestos.

Asimismo, el nuevo Servicio se encargaría de dar apoyo o participar en foros internos y externos en plan técnico, como los surgidos del eje Sevilla-Málaga, luego extendido a Córdoba y Granada.

Para dirigirlo se ha pensado en Javier Huesa Laza, un arquitecto “de la casa”, ya que lleva veinticinco años en la Gerencia.

 

Ayuntamiento de Sevilla: La Raza hizo reservas hasta 2017 aun sabiendo que le caducaba la concesión

 

El Consistorio  acusa al grupo hostelero de “falta de previsión y carencia de cautela”

Afirma que debió acompasar sus inversiones y reformas a la ley de Arrendamientos
Le recuerda, frente a los 50 años que pide, que lleva 62 ininterrumpidos en el Parque

 

El Ayuntamiento de Sevilla  ha respondido de forma contundente al grupo hostelero La Raza en el dictamen jurídico redactado para desestimar el recurso de reposición presentado por su director general y expresidente de la patronal del ramo, Pedro Sánchez Cuerda. El Consistorio le recuerda asimismo la cantidad de años que lleva el restaurante sobre suelo público y le reprocha a la empresa su falta de previsión y de cautela a la hora de adquirir compromisos comerciales.

La ocupación de suelo del Parque de María Luisa por el grupo La Raza data, según los antecedentes que obran en el expediente municipal, desde el 7 de junio de 1954 de forma ininterrumpida, por lo que el mes pasado se cumplieron 62 años, sea cual sea la forma jurídica (arrendamiento o concesión) a la que se quiera remitir el grupo hostelero.

Como se recordará, los directivos de La Raza vienen sosteniendo que como en los tiempos antiguos las concesiones (en caso de que se admitiera la tesis del Ayuntamiento)  sobre bienes de dominio público se solían otorgar por un plazo de 50 años, no procedería desalojar el restaurante hasta el año 2022.

Si se cuenta hacia atrás a partir de esa fecha, el grupo se retrotraería hasta el año 1972 como fecha de origen del contrato que estiman aún vigente con el Ayuntamiento. Sin embargo, para la Corporación Municipal, ha sobrepasado con creces ese medio siglo que invoca, ya que lleva 62 años “sin solución de continuidad” en el Parque de María Luisa.

 

EMPLEOS Y RESERVAS

Por otra parte, para mantenerse en suelos de dominio público y pagando un exiguo alquiler de 197 euros mensuales (IVA incluido), el grupo La Raza se ha escudado en que su desalojo podría en peligro los 400 empleos de la compañía y crearía un problema social por tener reservas para actos de distinto tipo hasta dentro de dos años.

El Ayuntamiento le responde que si como sostiene el grupo hostelero su contrato es de alquiler y está regido por la Ley de Arrendamientos Urbanos, era consciente de que en virtud de la Disposición Transitoria Tercera de dicha norma ese contrato estaba abocado a la extinción y por tanto los empresarios debieron acompasar sus inversiones y reformas al plazo que la ley le fijaba.

“En modo alguno le cabe responsabilidad alguna a la entidad concedente (el Ayuntamiento), que daba por hecho el conocimiento que la limitación de este plazo -se afirma en la contestación a este recurso- le imponía al usuario como determinante de los gastos a realizar y que, en consecuencia, debió limitar en sus últimos años a las estrictas obras de mantenimiento”.

Según el Ayuntamiento, los Sánchez Cuerda pudieron, previamente a la extinción del contrato por el que ocupan suelos del Parque de María Luisa, adecuar el ritmo de evolución de la empresa y, consecuentemente, sus compromisos comerciales, al tiempo que, tal como se desprendía de los documentos que tenían en su poder, le restaba para el vencimiento de la concesión.

Aún más, el Consistorio les recuerda que los compromisos comerciales a que aludían en anteriores escritos dirigidos al Ayuntamiento no se han limitado ya al año 2016 (fecha de extinción del contrato o de la concesión) sino que los han extendido a diciembre de 2017, pese a que tenían conocimiento de la iniciación del expediente de caducidad de la concesión.

“Esta actitud -se lee en el dictamen jurídico- deja de manifiesto una falta de previsión y una carencia de cautela contrariamente a la que hubiese procedido en una situación como la presente”.