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Hacienda sigue condicionando la Zona Franca al Plan de Ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se desplazó el lunes hasta Sevilla para anunciar junto al alcalde y en presencia de unos 200 empresarios de la ciudad la Orden que también el mismo día había publicado el Boletín Oficial del Estado y por la que se autoriza la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos.

Hacienda ha dado una de cal y otra de arena a la ciudad, ya que en el artículo 4º de la Orden condiciona la constitución del Consorcio a que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de los requisitos previstos en la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, un cumplimiento que a su vez deberá ser acreditado por el propio Ministerio de Hacienda.

El texto, pues, no puede ser más paradójico: Hacienda aprueba unos estatutos de un Consorcio que no se puede constituir hasta que no cuente con el informe favorable del propio Ministerio, de lo que se colige que ese informe aún no existe porque ha de superarse previamente un escollo legal al que hace referencia la Orden: la ley de Régimen Local.

Y esa Disposición novena prohíbe que ayuntamientos como el de Sevilla constituyan nuevas empresas, organismos y consorcios, como es el caso del de la Zona Franca, durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste. Ahora, Hacienda y el Ayuntamiento deberán buscar una fórmula jurídica que permita superar esta prohibición.

A expensas de que el Consorcio pueda constituirse con la celebración de su primer Pleno y la Zona Franca entrar en funcionamiento, puntos ambos condicionados tal como subraya de nuevo el artículo 5º de la Orden, al cumplimiento de la exigencia anterior, Hacienda ha avanzado los trámites administrativos con la aprobación de los estatutos del Consorcio, en los que se ratifica otra sorpresa incluida en la disposición: el Ministerio ha dejado fuera de la Zona Franca al puerto de Sevilla y a los empresarios, al no reflejar representación alguna ni para la CES ni para la Cámara de Comercio.

Sólo forman parte del órgano de gobierno del Consorcio el propio Ministerio y el Ayuntamiento, aunque Hacienda deja la puerta abierta a futuras incorporaciones previa modificación de los estatutos y conforme, una vez más, lo que decida ella misma.

El Consorcio tendrá su sede en el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, lo presidirá el alcalde y su vicepresidente y auténtico hombre fuerte como titular del Comité Ejecutivo será el delegado especial que nombre Cristóbal Montoro. Además, formarán parte del Consorcio dos ediles del Ayuntamiento que sean miembros de la Junta de Gobierno local y el titular de Aduanas en Andalucía, más un secretario con voz pero sin voto.

Torres de 30 metros en Altadis

El Consistorio permitirá a la empresa erigir dos edificios separados de 7 y 8 plantas

El Ayuntamiento podrá construir otros dos, pero con menor edificabilidad

La ejecución del proyecto podría iniciarse dentro de dos años tras los trámites

 
El proyecto de convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento y Altadis para la reutilización de la abandonada fábrica de tabaco de Los Remedios prevé la demolición de toda la factoría, salvo la capilla de Las Cigarreras y del edificio central (oficinas y archivo histórico) y la construcción de tres nuevos inmuebles: dos para Altadis y uno para el Consistorio. Este tendrá además la posibilidad de aplicar 8.000 m2 de edificabilidad lucrativa en la zona de oficinas del edificio central, con una altura máxima de 27 metros.

Técnicamente, el documento firmado por el alcalde con Altadis no es un convenio urbanístico, sino un mero proyecto o declaración de intenciones, que si no se materializa no supone obligación alguna para el Ayuntamiento ni tampoco genera derechos a la multinacional, tal como se recoge expresamente en la cláusula octava del texto. Asimismo, se remite al artículo 30 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, el cual establece que los convenios (y éste aún no lo es) “en ningún caso vincularán a las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus potestades”.

No obstante estas salvedades y referencias legales, en sus 15 folios y planos se entra en unos niveles de detalle sobre la futurible ordenación de los suelos que en realidad corresponderían a un Plan de Reforma Interior o Peri, y de alguna manera se preconfiguran expectativas a la propiedad.

 

LOS OBJETIVOS

El pacto urbanístico trata de justificarse por una “innovación” del PGOU de 2006, cuando en realidad se trataría de una modificación estructural del mismo, dado el alcance de la recalificación, reparcelación y altura de las nuevas edificaciones proyectadas (dos torres de 30 y 27 metros de altura para Altadis).

También se dice que su objetivo es “incorporar funciones productivas” a ese espacio, cuando teóricamente ya existen por estar ocupado por todo un complejo fabril, pero se obvia así la espinosa cuestión de por qué no funciona desde hace un decenio, tras la deslocalización de la actividad fuera de Sevilla y el despido de toda la plantilla. Asimismo, se alude a la necesidad de dotar de equipamientos y espacios libres a Los Remedios y de permitir usos lucrativos de restaurantes, hoteles y complejos deportivos y de ocio para la margen derecha del río, ya en buena parte ocupada por las concesiones otorgadas a clubes deportivos privados sobre el dominio público.

Tras la prevista demolición del complejo industrial, salvo del edificio central y la capilla cedida a las Cigarreras, Altadis obtendrá 31.000 m2 de edificabilidad de uso terciario (oficinas, comercios, hoteles…), cuando actualmente tiene un total de 13.254 m2 de uso industrial construidos. Esta superior edificabilidad con otro tipo de uso la podrá repartir en dos inmuebles de nueva construcción, en el suelo más cercano al puente de Los Remedios, con ocho y siete plantas y una altura de 30 y 27 metros, respectivamente, frente al Paseo de las Delicias.

Altadis no da a la ciudad más de lo que le exige la ley por cesiones para lucrativo, zonas verdes y dotaciones, por lo que el Ayuntamiento tendrá que asumir los costes de desarrollarlas (incluida la instalación del museo del que se habla), salvo el de la urbanización del suelo, que asumirá la multinacional en todo el complejo. No se mejora, pues, el marco legal existente pese al historial de Altadis en su relación reciente con Sevilla, uno de los reproches fundamentales que hace la oposición. Esta ya ha planteado que la multinacional revierta parte de los beneficios que obtenga con la venta de los suelos.

EL TERCIARIO MUNICIPAL

Los 8.266 m2 de edificabilidad terciaria que obtiene el Consistorio le permitirán construir un nuevo edificio de dos plantas (1.000 m2) junto a los clubes deportivos, y aplicar los 7.266 m2 restantes en la zona de oficinas del actual edificio central, que no se derriba. Ahora bien, para ello tendría que llegar hasta las siete plantas y los 27 metros de altura, con el consiguiente impacto visual sobre un inmueble protegido, que en tal caso quedaría empotrado entre tres torres que modificarían el paisaje de la margen derecha del Guadalquivir.

Por otra parte, dado que los 7.266 m2 de edificabilidad lucrativa para el Ayuntamiento se han asignado sobre los actuales 957 m2 de la zona de oficinas del edificio central y éste tiene 3.367 m2 construidos, de detraérse el uso terciario, sólo quedarían 2.419 m2 para dotaciones destinadas a Los Remedios en este inmueble.

El proyecto de convenio urbanístico prevé la construcción de un aparcamiento subterráneo para dar servicio a los futuros edificios y del que no se dan más detalles, salvo el establecimiento de una servidumbre de paso de vehículos por el subsuelo de la parcela pública (posiblemente se refiera a la EL-3).

Los plazos acordados para la ejecución son tales que aunque algunos trámites urbanísticos se aceleren o simultaneen, en el mejor de los casos se precisarán al menos dos años de ‘papeleo’ para empezar a acometer su ejecución. Su materialización podría situarse en el segundo tramo del próximo mandato municipal.

Altadis. Los plazos

 Actuación                                                                                       Plazo máximo

-Firma del convenio definitivo                              4 meses (31 julio 2014)

-Modificación del PGOU y                                      3 meses tras la entrada en vigor

aprobación inicial                                                  del convenio urbanístico

-Redacción del planeamiento                                6 meses, tras la aprobación

por el Ayuntamiento                                             definitiva modificación del PGOU

 

-Proyecto de urbanización                                     6 meses a partir de la aprobación

por Altadis o terceros                                            definitiva del PERI

 

-Ejecución de las obras                                          18 meses desde la aprobación del

de urbanización                                                     proyecto de urbanización

 

-Proyecto de reparcelación                                    6 meses desde la aprobación PERI

NOTA.- El convenio quedará resuelto y sin efecto alguno si sus términos no se cumplen en el plazo de dos años después de la tramitación y, en su caso, aprobación de los instrumentos de planeamiento, gestión y urbanización.

 

El convenio con Altadis y su traslación al Plano

 Parcela           Uso                 m2 suelo        edificabilidad                       Nº plantas     Altura

 

ST-1        Terciario                5.487             23.000 m2                                1+7                30 m.

para Altadis

 

ST-2        Terciario                   723                1.000 m2                              1+1                  5 m.

para Consistorio

 

ST-3         Terciario                 957                 7.266 m2                                  7                   27 m.

para Consistorio

 

ST-4         Terciario                2.005                 8.000 m2                                7                    27 m.

para Altadis

 

TOTAL  Terciario                                          39.266 m2

 

 

S-1      Interés público           833             Parcela nueva

y social (SIPS)

 

S-2      SIPS                           1.826             Parcela capilla Cigarreras. Se conserva

 

S-3      SIPS                           3.546             Parcela edificio principal. Se conserva

 

TOTAL  SIPS                        6.205 m2

 

 

EL-1      Espacio libre           3.673             Ribera del río Guadalquivir

 

EL-2      Espacio libre           4.440             Plaza de la Tabacalera

 

EL-3      Espacio libre           2.420             Plaza Manuel Ferrand

 

EL-4      Espacio libre           5.052             Ampliación Jardines Los Remedios

 

TOTAL  Espacios libres      15.585 m2

 

Viarios peatonales             4.476 m2

 

NOTAS.-

 

1)   Se construirá un aparcamiento bajo rasante que no computa en edificabilidad pero que no se define aún, salvo una servidumbre desde las zonas de dominio público.

2)   En la parcela ST1 Altadis o terceros podrán construir  un nuevo edificio tras demoler el actual (almacén e instalaciones) , sito al Sur del edificio central.

3)   En la parcela ST2 , el Ayuntamiento podrá construir un edificio junto a los clubes deportivos tras la demolición del destinado a viviendas sito delante de la capilla de las Cigarreras.

4)   En la parcela ST3, el Ayuntamiento obtendrá una edificabilidad lucrativa de 8.000 m2 en la parte del edificio central (no se derriba, por estar protegido) que actualmente ocupan las oficinas y con posibilidad teórica de ocupar 7 plantas con 27 metros de altura máxima.

5)   En la parcela ST4  Altadis o terceros podrán construir un nuevo edificio tras la demolición del actual, el más cercano al puente de Los Remedios y ocupado ahora por un almacén e instalaciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvención a la Fundación de la CEA, que tiene paradas 583 VPO en Sevilla

El Gobierno andaluz ha obviado a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, para conceder hace un mes a través de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una subvención de 1.749.000 euros a una Fundación de la CEA que tiene sin rematar 583 viviendas de protección oficial en Sevilla Este.

No ha sido la Dirección General de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), sino la de Urbanismo, englobada en la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya titular es María Jesús Serrano (PSOE), la que el pasado 15 de octubre aprobó una subvención de 1.749.000 euros en  favor de  la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y con sede en la calle San Vicente Nº 22 de Sevilla, con objeto de que compre suelo para la construcción de viviendas protegidas.

 Independientemente del organismo que concede la subvención, lo llamativo es que, según informó la agencia Europa Press, once días antes el Juzgado de Primera Instancia Nº 12 de Sevilla había admitido a trámite una demanda promovida por el colectivo de adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa. En la demanda, el abogado del colectivo reclama a la citada fundación 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas.

DINERO ANTICIPADO

Cada uno de los adjudicatarios de viviendas había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora Dolmen Consulting Inmobiliario, inicialmente contratada para la edificación de los bloques, motivó que esta labor recayese en la empresa Nazarí.

 En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización por el Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como ‘el banco malo’, se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, quedaron “inmovilizadas como activo tóxico” por la Sareb y siguen sin ser acabadas, pese a que la previsión inicial es que se entregaran en 2010.

EMBARGOS

 Previamente, el pasado verano, el juzgado de Primera Instancia número 3 de Sevilla había decretado el embargo de varios bienes y el bloqueo de cuentas de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CEA) por el impago a contratistas en esta promoción de viviendas protegidas en Sevilla Este.

Empresas subcontratadas que habían realizado trabajos para la construcción de los pisos no cobraron por sus servicios y dos de ellas obtuvieron una sentencia favorable contra la CEA, la cual fue condenada a pagarles 11.500 euros entre ambas. Al ordenar la ejecución de la sentencia, el titular del Juzgado decretó embargos sobre dos fincas de la promoción de Sevilla este, así como de depósitos bancarios de la fundación de la patronal y de las devoluciones de Hacienda a que pudiera tener derecho.

ACAMPADAS

Los compradores de las 583 viviendas paralizadas, que han protagonizado acampadas ante la sede de la Junta en el palacio de San Telmo,  enviaron hace cuatro meses un escrito a la Delegación de la Consejería de Fomento, en el que reclamaban que sea retirada la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) a los edificios promovidos por la Fundación de la CEA. Sin embargo, la Junta ha hecho oídos sordos y le ha otorgado esta subvención para nuevas promociones de vivienda protegida.

 En el escrito, el colectivo de afectados solicitó también a la Junta de Andalucía que se inicie “el trámite de expropiación de los suelos protegidos” y que proceda a investigar las causas por las que no se devolvió el dinero a aquellos compradores que rescindieron su contrato. Por otra parte, el colectivo mantiene una querella por la vía penal contra la dirección de la propia Fundación.

 

El rancho del coronel

Un reciente informe del interventor municipal refleja que el Ayuntamiento de Sevilla tarda una media de 74 días en pagar a sus proveedores, cuando hace dos años la demora era de 57 días y pese a que el objetivo del Plan de Ajuste, al que se acogió el Consistorio sevillano, era que las facturas se abonaran en un máximo de 27 jornadas. O sea, que después de haber puesto a cero el contador de la deuda con los proveedores merced a la adhesión al Plan de Ajuste por valor de casi 60 millones de euros, la burocracia y/o la Hacienda municipales a la hora de cumplir con quienes contratan con la Corporación no sólo no han agilizado los nuevos pagos, sino que los han ralentizado aún más hasta llegar a esos 74 días de demora.

Mientras Zoido se permite dos meses y medio de retraso en librar el dinero para las empresas, las cuales han de financiar con su propia tesorería o mediante el mirlo blanco de algún crédito bancario el desfase temporal, se muestra inflexible cuando quien se retrasa en el desembolso del dinero es una Administración Pública llamada Junta de Andalucía, como demostró el día 12 de noviembre al despedir a los 45 trabajadores del programa de intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social porque no le había llegado el dinero comprometido por el Gobierno autónomo.

RETRASOS DE LA JUNTA

La Corporación municipal hispalense se queja de que la Junta de Andalucía, con problemas de liquidez que a nadie se ocultan debido a los recortes económicos para reducir el déficit público, ha venido demorando desde 2011 a la fecha la convocatoria de ayudas para cofinanciar conjuntamente con los ayuntamientos los programas de intervención en zonas con necesidades de transformación social, que en el caso de Sevilla son los Polígonos Sur y Norte, Tres Barrios-Amate, Torreblanca y el asentamiento chabolista del Vacie.

Efectivamente, si en años anteriores el Boja publicaba la convocatoria en el primer trimestre del año, últimamente lo viene haciendo en pleno verano, con lo que entre el estío, la tramitación y el estudio de las solicitudes procedentes de toda Andalucía, la aprobación de las resoluciones y el libramiento efectivo del dinero se está incurriendo en el riesgo de que llegue la hora de renovar el programa y no hayan llegado los fondos, pese a que estén aprobados.

En el caso de Sevilla, el programa expiraba el 14 de noviembre de 2013, por lo que el Consistorio solicitó a principios de julio una nueva subvención con el argumento de que era necesaria la continuidad de la intervención social en los barrios citados porque no sólo no habían registrado cambios significativos respecto al año 2012, sino que por los efectos de la crisis económica incluso se había agudizado la precariedad de la situación social y económica de sus habitantes.

LA SOLICITUD

La Corporación municipal solicitó a la Junta una subvención directa de carácter excepcional de 1.806.570, 88 euros. El Gobierno autónomo evaluó el programa subvencionable en 1.258.947,90 euros y le concedió al Ayuntamiento una ayuda equivalente al 74,07% del mismo: 932.554 euros. El resto, 326.393,90 euros (el 25,93%) debía cofinanciarlo el gobierno local.

El dinero de la Junta, sin embargo, no llegaba a las arcas municipales, por lo que en vísperas de que el 14 de noviembre expirara la vigencia del programa existente, el Ayuntamiento de Sevilla amenazó con despedir a los 45 profesionales encargados de velar por los programas de alfabetización, el seguimiento a las familias desestructuradas, la escolarización de los niños y otras actuaciones similares en los barrios con más exclusión social de Sevilla.

Al Consistorio le dio igual que la Junta de Andalucía le hubiera comunicado el 10 de octubre la concesión de la ayuda de forma provisional y que el 12 de noviembre le notificara por correo electrónico la resolución definitiva, ya que al día siguiente puso en la calle a los 45 trabajadores del programa Zonas.

“INSEGURIDAD JURÍDICA”

El alcalde, Juan Ignacio Zoido, declaró que las comunicaciones previas del Gobierno autónomo no eran suficientes y que por lo tanto el Ayuntamiento se había visto obligado a suspender el plan y pensar en reprogramar para otras actuaciones los 326.000 euros que ya tenía consignados para el mismo porque se encontraba en situación de “inseguridad jurídica”.

El portavoz del gobierno municipal, Francisco Pérez, dijo por su parte, no sin cierta sorna, que el Ayuntamiento trabaja “con papeles sellados y no a través de comentarios o rumores; a ver si ahora va a servir -añadió- con un mensaje por WhatsApp”, por lo que esperaría a que concluyera el correspondiente trámite de fiscalización y a que se consumara la transferencia del dinero.

Técnicamente y en estricta puridad financiera, el Ayuntamiento tenía razón porque los fondos de la Junta no le habían llegado, pero su argumentación rayaba en el leguleyismo (aplicación del Derecho o de la ley de forma desaforada) cuando tenía ya en su poder dos comunicaciones de la Junta ratificándole, primero de forma provisional y luego definitiva, la concesión de la subvención. Su intransigencia a la hora de la exigencia del cobro contrasta llamativamente con la benevolencia que se otorga a sí mismo en el trato con los proveedores y esos 74 días que tarda en abonarles las facturas pendientes.

REPRESALIA POLÍTICA

A nadie se le escapa, y los primeros a los trabajadores afectados, que se ha tratado de una represalia política  tras el eco provocado por su decisión de devolverle a la Junta 428.320 euros del programa de ayuda a domicilio al negarse el Gobierno andaluz a prorrogarle más allá del 31 de diciembre el plazo dado para emplear ese dinero y cuando todavía le queda un mes y medio para aplicar esos fondos.

La pataleta de Zoido recuerda aquella historia del recluta al que no le gustó la comida que le sirvieron en el comedor del cuartel donde hacía el servicio militar y pronunció la frase: “Que se joda el coronel, que yo no como rancho”.

El alcalde ha pretendido fastidiar a la ‘generala’ Susana Díaz devolviendo primero una subvención por incapacidad de gestión para gastarla a tiempo y no aceptando otra porque se había pasado por uno o varios días la fecha de caducidad, pero en los dos casos quien se fastidia no es Susana Díaz ni la Junta, que se encuentra además con una devolución de dinero en tiempo de recortes, sino Sevilla, la ciudad a la que Zoido aspira a seguir gobernando.

Porque, ¿qué ha demostrado más el alcalde ante la opinión pública, la morosidad de la Junta o que él es capaz de dejar sin atención social a 99.000 sevillanos de los barrios desfavorecidos por no esperar tan sólo unos días más y por su confrontación con San Telmo, a pesar de que en su solicitud de la subvención ante la Junta decía que “los efectos de la crisis económica incluso han agudizado la precariedad de la situación social y económica de esta población”?

NI LA SOLUCIÓN TRANSITORIA

La situación la resumió en declaraciones a la prensa uno de los trabajadores de las Unidades de Trabajo Social (UTS) despedidos por el Ayuntamiento: “Les damos igual los ciudadanos y los trabajadores; todo esto es sólo para tirarse los trastos unos a otros”.

Y eso pese a que el personal de las UTS había propuesto como solución transitoria para no tener que desembocar en el trauma de los despidos que el Ayuntamiento destinara los 200.000 euros que se había ahorrado anteriormente en el mismo programa con la reducción de jornadas, las vacantes sin cubrir y los permisos no disfrutados a prorrogar la situación en tanto llegara el dinero de la Junta de Andalucía.

Ahora, el Consistorio anuncia que, tras el paréntesis del fin de semana, incluso desde hoy mismo podrían reincorporarse a su puesto los 45 trabajadores despedidos, una vez confirmada la subvención de la Junta, lo cual deja aún más en evidencia la intransigencia del alcalde y demuestra lo absurdo de los despidos y de una guerra política de tan sólo cinco días, en la que no ha dudado en usar como munición a los 99.000 sevillanos excluidos socialmente.

Todo parece indicar que el tiro le ha salido por la culata.

Hacienda vende por 24,5 millones solares en la antigua cárcel de La Ranilla

El Ministerio de Hacienda ha recurrido a un portal inmobiliario radicado en Barcelona, Addmeet, para anunciar la venta de los suelos que albergaron antiguas cárceles en toda España. La joya de la operación son dos solares casi contiguos que pertenecieron a la prisión de Sevilla-1, La Ranilla, y que salen al mercado con un precio conjunto de referencia de 24.581.698 euros.

Los potenciales interesados pueden comprar bien por separado o bien conjuntamente los dos solares, distantes entre sí apenas unos metros y situados en la calle Mariano Benlliure, dentro del antiguo conjunto de la cárcel, en el barrio de Nervión.

Ambos están situados de forma estratégica en el entorno del centro comercial Los Arcos y las antiguas instalaciones de la fábrica de cerveza de Cruzcampo, con fachada a la ronda del Tamarguillo (calle Clemente Hidalgo) en uno de los casos y en segunda línea de la Avenida de Andalucía en el otro.

Los solares gemelos tienen cada uno de ellos una superficie de 2.750 metros cuadrados (5.500 en total) y su precio individual orientativo de venta es de 12.290.849 euros (24.581.698 euros en total).  No obstante, hay datos contradictorios entre la ficha técnica y el texto del anuncio (números 1.725 y 1.726 en el portal inmobiliario), ya que se dice sobre  cada uno de los mismos que se trata de solares urbanos consolidados con 1.948 m2 de suelo y una edificabilidad de 7.621 m2, para uso residencial libre que permite un máximo de 73 viviendas con comercial en planta baja (en total, pues, podrían construirse 146 viviendas entre los dos).

Según fuentes del portal inmobiliario Addmeet, los solares son propiedad de una sociedad dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y entre los interesados se deberá generar un proceso transparente y competitivo de subasta pública al alza, según la normativa estatal para desinversión de inmuebles.

Sólo en caso de que la subasta, que se organizaría si hubiera más interesados en la compra, quedara desierta, saldrían a la venta los suelos en el mercado libre.

El Ministerio está tanteando el interés del mercado con este procedimiento a través de un portal especializado en el sector inmobiliario y al que ya han recurrido otros departamentos del Gobierno, como Defensa. Los potenciales compradores deberán cumplimentar un formulario en la página web de Addmeet, que actúa como mera divulgadora del proceso de venta, y enviarlo al Ministerio de Hacienda a través del portal inmobiliario, tras lo cual el Ministerio o una de sus empresas se pondrán en contacto con ellos.

FICHA TÉCNICA DE LOS SOLARES
Características

Superficie del suelo: 2.750 m2

Ocupación: 1.650 m2

Edificabilidad: 12.432 m2

Usos compatibles: Plurifamiliar

Estado: Urbanización

Clave urbanística: Ordenanza edificación abierta

ARM: 24,00 m.

Fondo: 55,00 m.

P.E. 17,00

Servidumbres: No

Fachada: 242 m.

Datos económicos

Precio de venta: 12.290.849 m2

Precio de venta m2techo: 989 euros/m2

Precio de venta m2suelo: 4.469 euros m2

 

Hacer caja por 60 millones de euros en toda España

La superficie total de antiguos suelos carcelarios puesta a la  venta en toda España supera los 60.000 metros cuadrados y roza los 100.000 metros cuadrados de edificabilidad, en su mayoría para uso residencial libre. La previsión de ingresos del Ministerio de Hacienda por esta operación, conforme a los precios orientativos de venta publicados en el portal inmobiliario, es de unos 60 millones de euros. En El Puerto de Santa María, en Cádiz, están en venta los más de 23.000 metros cuadrados que albergaron la antigua cárcel gaditana. Se trata de un solar situado estratégicamente, frente a la estación del AVE. Por ello, el Estado pide 1,6 millones de euros. Sobre él podrán construirse viviendas libres y protegidas, pero también contempla uso terciario, bien de oficinas, comercial o un hotel. Por su ubicación, estos terrenos son, según los expertos, junto con los de Sevilla, los más interesantes de cara a los futuros inversores.

También destacan tres solares en Zaragoza que suman 2.000 metros cuadrados de superficie y por los que Hacienda pide más de nueve millones de euros. Se pueden comprar por separado o de manera conjunta. Por el más caro de ellos, pide casi 7,5 millones de euros. Al igual que en los terrenos de Cádiz, se contemplan diferentes usos.

En la oferta hay también un suelo en Santander de 11.000 metros cuadrados para vivienda libre que Hacienda vende por cuatro millones de euros. En Córdoba se pone a la venta otro solar por 9 millones de euros, así como otros en Cartagena, Segovia y Úbeda.

Otro solar que sobresale es el de Huesca, situado en el barrio del Perpetuo Socorro, donde se ubicaba la antigua prisión provincial, con una superficie de 7.800 metros cuadrados y una edificabilidad para uso residencial libre y garajes de más de 14.000 metros cuadrados. Hacienda pide por estos terrenos algo más de 8 millones de euros.

 

El Alcázar y el Acuario

El teórico número dos de Zoido, delegado del Real Alcázar y de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, el catedrático Javier Landa, proclamó hace unos días que el Consistorio hispalense “nunca ha renunciado ni renuncia” a conseguir la cesión de las casas vinculadas al que es considerado el palacio real en uso (residencia oficial de los Reyes de España cuando vienen a Sevilla) más antiguo de Europa: el Alcázar.

Landa ha calificado esta pretensión de “reivindicación histórica”, ya que todas las viviendas ubicadas en el Patio de Banderas están incluidas en el Plan Especial de Protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de la ciudad, el cual, dicho sea de paso, aún sigue pendiente de aprobación a estas alturas del siglo XXI.

El delegado del Alcázar ha sido taxativo al insistir en que en ningún momento el gobierno de Juan Ignacio Zoido ha pensado en renunciar a las viviendas, sino todo lo contrario: “Siempre hemos trabajado -ha aseverado- con el ánimo de conseguir que estas casas sean devueltas a Sevilla”.

ANTECEDENTES

Este pronunciamiento público de Javier Landa se ha producido después de una serie de acontecimientos previos. El pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó, entre otras muchas en Sevilla capital y provincia, la enajenación de seis viviendas de la Judería sevillana mediante subasta pública y en el marco del Plan de Racionalización de Bienes, publicado entonces por Viva Sevilla.

Estas viviendas estaban claramente vinculadas a las murallas del palacio real sevillano y el anuncio de subasta por parte del Gobierno central motivó que el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Espadas, recordara el viejo litigio que mantiene la ciudad de Sevilla con el Ejecutivo de la nación, haya sido del color político que haya sido, desde que durante la II República el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, le cedió mediante un Decreto el Alcázar y sus jardines.

Tal como han recordado cuatro exalcaldes sevillanos durante la Democracia (Luis Uruñuela, del PA; Manuel Del Valle, PSOE; Alejandro Rojas Marcos, PA; Alfredo Sánchez Monteseirín, PSOE), el Ayuntamiento hispalense de 1931 aceptó la cesión por parte del Ministerio de Hacienda, pero la consideró incompleta porque no incluía las viviendas y huertas que históricamente habían estado ligadas al Alcázar, de ahí que dejara pasar un tiempo sin inmatricular el palacio, en espera de que el Gobierno central corrigiera y ampliara aquella cesión.

OCHENTA AÑOS

Hasta el 30 de diciembre de 1935 no la elevó el Consistorio a escritura pública, con lo cual en la inscripción registral sólo se pudieron inmatricular el Real Alcázar y sus jardines, pero no las casas del Patio de Banderas y otras de la Judería, ni las huertas tradicionales. A a lo largo de los 80 años transcurridos desde entonces, las corporaciones municipales y alcaldes que se fueron sucediendo antes de la llegada de Zoido a la Plaza Nueva mantuvieron ante el Gobierno de la nación la exigencia de la ciudad de lograr no sólo el Alcázar y sus jardines, sino también el caserío adosado o vinculado al mismo y que se consideraba parte del conjunto arquitectónico. Y es que, a diferencia de otros palacios reales que suelen hallarse desconectados físicamente de su entorno y se erigen solitarios en medio de un gran espacio libre a su alrededor para que realce aún más su preponderancia como símbolo del poder, el Alcázar sevillano se integra en la trama urbana por tres de sus cuatro lados y no emerge con una imponente silueta para que destaque su carácter real.

Como un hecho insólito y excepcional, los cuatro alcaldes democráticos citados han remitido una carta a Juan Ignacio Zoido en la que le instan a que solicite al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que ceda de forma gratuita a la ciudad de Sevilla las casas que históricamente estuvieron vinculadas al Alcázar y que incluyó en el mes de julio entre los bienes que se pretende sacar a subasta antes de que acabe el año.

Si ello ya no fuera posible, los ex-alcaldes recomiendan a Zoido  que, como alternativa, se conceda al Ayuntamiento el derecho de tanteo y/o retracto sobre estos inmuebles (permitirle adquirirlos antes que otros pagando por ellos el mismo precio o bien ‘a posteriori’ y en esas mismas condiciones una vez transmitidos a terceros) y que se convoque una reunión extraordinaria del Patronato del Real Alcázar “para que se adopten las resoluciones que en Derecho procedan”.

RESPALDO

La carta de los exalcaldes ha supuesto un espaldarazo para Juan Espadas, que a mediados de octubre alertó sobre la subasta y ya alertó a Zoido que optara por “una posición frontal y beligerante contra la decisión de Montoro y de Rajoy de hacer caja a costa de lo que desde 1931 se ha entendido como bienes que pertenecen a Sevilla”, y anunció la presentación de una propuesta para que todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyaran de forma unánime la petición de paralización de la venta y de culminación de cesión gratuita de los inmuebles a la ciudad.

Espadas, además, no se dejó llevar por sus posiciones ideológicas, ya que entre sus exigencias de recuperación patrimonial para Sevilla incluyó también una vivienda del Patio de Banderas que ha acabado en manos de la Junta de Andalucía, para que el Gobierno autonómico haga lo mismo que el central y lo transfiera al Consistorio.

MORALEJAS POLÍTICAS

La reivindicación de las casas del entorno del Alcázar, aun siendo de carácter histórico y patrimonial, no deja de tener bastantes lecturas políticas, todas negativas para Zoido, a saber:

1) No fue capaz en su momento de frenar la inclusión de los inmuebles en las subastas del Ministerio de Hacienda, pese a que el ministro, Cristóbal Montoro, es diputado del PP por Sevilla y el alcalde alardea de tener hilo directo con él.

2) Una vez incluidas las casas en la subasta pública, no ha tenido reflejos políticos para exigir su paralización y ha dejado que una causa histórica de la ciudad la abandere el líder de la oposición, Juan Espadas, en vez de él mismo como alcalde.

3) No ha tenido reflejos, ni él ni Landa, para que al menos fuera el Patronato del Real Alcázar, el organismo de notables y capitulares municiapales que vigila la gestión del monumento, Patrimonio de la Humanidad, el que en su defecto se significara ante el Ministerio.

4) Han sido los exalcaldes y no los Servicios Jurídicos municipales ni el Patronato del Real Alcázar los que le han señalado la posible solución jurídica (el derecho de tanteo y retracto) al problema creado por el anuncio de subasta.

5) Queda en la opinión pública la impresión de que Zoido, con su pasividad e inhibición, ha antepuesto su condición de disciplinado militante del PP y obediente con el Gobierno de Rajoy a la de alcalde de Sevilla y, como tal, obligado a ser el primer defensor de los intereses de la ciudad.

6) Vuelve a proyectar la imagen de que carece de influencia en Madrid, por más que sea también el presidente del PP en Andalucía. El indudable sacrificio a que se ha sometido él mismo como persona y a la ciudad por el tiempo extra dedicado al partido en la región, en detrimento de Sevilla y de su vida personal y familiar, no le ha servido para conseguir compensaciones para la urbe por parte del Gobierno de la nación.

ANTÍTESIS

Por ende, en coincidencia con la reactivación de la reivindicación de las casas ligadas al Alcázar, Zoido acudió a conocer la marcha de las obras del Acuario en el muelle de las Delicias y a presentar con sus responsables el proyecto (cuarto ya), que había estado paralizado desde hacía 13 años por los problemas financieros y de otra índole de todos los promotores anteriores.

Y hubo de reconocerse públicamente ante los sevillanos que si el Acuario se abre por fin el año que viene va a ser porque la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, ha financiado la mitad de la obra, que cuesta al menos 6 millones de euros, ante el cierre del grifo del crédito por parte de los bancos.

Corolario: mientras Zoido no deja de alabar al Gobierno ‘amigo’ del PP en Madrid y de pregonar sin descanso que la Junta maltrata a Sevilla y boicotea sus proyectos, Rajoy y Montoro le subastan las casas del Alcázar y, por contra, Susana Díaz da el dinero para que Sevilla tenga su Acuario.

 

Amnesia

A José Luis Rodríguez Zapatero le empieza a pasar con el ‘Estatut’ de Autonomía de Cataluña lo mismo que a Alejandro Rojas Marcos con el estadio pseudo Olímpico de la Cartuja: todos los partidos votaron en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación Provincial a favor del faraónico proyecto, pero a la hora de presentar ante la opinión pública la escandalosa factura, equivalente a la de las Setas, le cargaron el mochuelo exclusivamente a él. Susana Díaz, en plan lanzada al moro muerto, ha despotricado en su puesta de largo en Madrid (en presencia de una amplia claque juntera, expresamente desplazada en AVE y con hotel incluido a la capital del Reino para arropar a la presidenta) contra el ‘error Zapatero’ con el Estatut catalán. Ha recibido loas generales de una clase política que olvida que cuando ella era diputada nacional del PSOE votó dos veces en las Cortes Generales a favor del texto avalado por el ya expresidente, de quien se proclamaba heredera política pero del que ha renegado antes de que el gallo cantara tres veces al alba. Desmemoria histórica.

La utopía olímpica

Cuatro días después del tercer batacazo olímpico consecutivo de Madrid y cuando en la capital aún no se ha adoptado una decisión sobre su más que probable retirada, Zoido descartaba que Sevilla pueda tomar el relevo. Ha argumentado, con buen criterio, que la prioridad ahora es equilibrar las cuentas del Ayuntamiento.

Como se recordará, tras también tres intentos fallidos (para 2004, 2008 y 2012) y ser derrotada en el seno del COE por Madrid, el Consistorio sevillano mantiene vigente el acuerdo de no volver a optar a unos Juegos hasta que Madrid disfrutara al menos de las mismas oportunidades (tres) o arrojara la toalla.

El fiasco madrileño ha tenido tal repercusión nacional, por exceso de optimismo y pensando que a la tercera ya tocaba (Barcelona lo intentó cinco veces: 1924, 1936, 1940, 1972 y 1992), que no parece probable que la opinión pública respalde otra aventura olímpica, sea de quien sea, imposible además sin el apoyo del Gobierno aunque formalmente sean las ciudades y no las naciones las candidatas. Y porque las condiciones socioeconómicas, con nuestro gigantesco déficit público y un paro frisando el 30%, son factores tan negativos como disuasorios.

LA ‘VENTANA’ DE OPORTUNIDAD

Independientemente de ello, sería absurdo que Sevilla se postulara para 2024 cuando, en virtud de la regla no escrita de la rotación continental, teóricamente volvería a tocarle el turno a Europa. Los rivales en el horizonte y que ya han expresado su intención de aspirar a esos  Juegos son demasiado potentes como para soñar siquiera con hacerles sombra: París, ciudad natal del barón de Coubertin y que quiere conmemorar el centenario de su edición de 1924; Berlín, como exponente del renacimiento y poderío económico de la nueva Alemania que impone su ley en la UE, y Roma, que aún tiene clavada la espina de su última renuncia.

Con el creciente peso de ciudades y países emergentes de Asia e Iberoamérica y estando aún pendiente la asignatura de África, la posterior ‘ventana’ de oportunidad, por decirlo en términos espaciales, no se abriría para Europa hasta 2036 ó 2040. Dado que la ciudad sede se elige siete años antes, una hipotética cuarta candidatura de Sevilla, suponiendo que Madrid no se volviera a cruzar en el camino, no debería presentarse hasta 2029 ó 2031, dentro, en el caso más temprano, de dieciséis años y para un evento que se celebraría casi medio siglo después (entre 44 y 48 años) que la Expo-92. Un tiempo muy prudencial.

LA CARRERA OLÍMPICA

Hay quienes sostienen que el solo hecho de figurar o permanecer en la carrera olímpica ya reporta beneficios a los aspirantes y permite acumular puntos ante el COI llegado el momento decisivo. Sería el caso de Estambul, que ya compitió con Sevilla en Lausana en 1997 por los Juegos de 2004 y que de ser tumbada a las primeras de cambio en las convocatorias posteriores ha acabado de finalista con Tokio tras superar a Madrid.

Esta era la tesis de Rojas Marcos y del PA antes de desaparecer de la arena política. También Enrique Moreno de la Cova, director de la primera Oficina Olímpica hispalense, abundó recientemente en la radio en la idea de que gracias a aquella candidatura inicial se concedieron a Sevilla y Andalucía campeonatos internacionales de primer nivel que, sin ese estímulo y meta a largo plazo, no han vuelto por nuestros lares.

El problema radica en que mantenerse en la pugna olímpica no es gratis precisamente. Además, en caso de derrota, hay que renovar ideas y proyectos, contar con un equipo profesionalizado de primera línea, multiplicar los viajes para hacer ‘lobby’ y captar votos (todos en el extranjero), invitar aquí a jerarcas deportivos, etcétera.

PATROCINIOS PRIVADOS

Barcelona, que obtuvo los Juegos de 1992 el 17 de octubre de 1986, contaba ya por entonces con aportaciones privadas del empresariado catalán por valor de 1.000 millones de pesetas para financiar su Oficina Olímpica, equivalentes hoy a 18 millones de euros. Las cifras de Madrid son similares: ha contado con el patrocinio de 39 empresas, las cuales han aportado 16,56 millones de euros en efectivo y 1,70 en especie. En total, 18,26 millones. Madrid 2016 logró 20 millones de euros.

En contraste, y aunque por razones obvias nunca se revelaron los datos, Sevilla 2004 no habría logrado captar ni 2 millones de euros. El ejemplo más reciente de la predisposición del empresariado sevillano al mecenazgo deportivo lo tenemos en la Copa Davis: aun metiendo en el mismo saco a Tussam, Zoido sólo consiguió recaudar 1.145.000 euros en patrocinios. Como para aspirar a montar una Oficina Olímpica equiparable a las de Barcelona y Madrid.

OPERACIÓN ‘RENOVE’

Aunque hay opiniones a favor y en contra, la mayoría de los estudios coinciden en señalar que los Juegos Olímpicos sólo son rentables cuando se celebran en países en vías de desarrollo que necesiten un pretexto para acometer grandes inversiones públicas. Andalucía y Sevilla dan aún ese perfil. Una candidatura para 2036 ó 2040 podría ser otra magnífica excusa para, como ocurrió para la Expo, dotar a Sevilla de las infraestructuras adecuadas para la segunda mitad de la centuria.¡Si sólo tenemos unos pocos kilómetros de Metro!

Actualizando el IPC, con motivo de la Muestra Universal se invirtieron en Andalucía el equivalente a 8.383 millones de euros; en Sevilla y su corona, 2.652 millones, y en la Cartuja (sólo la Sociedad Estatal, sin los países y empresas), 1.250 millones. El presupuesto de Madrid para los Juegos era de 4.012 millones de euros, casi lo mismo que lo invertido sólo en Sevilla en el 92. Los Juegos Olímpicos, pues, podrían equivaler a otra Expo medio siglo después.

 

Paris Plages, Séville rien

De Sevilla y de París se suele decir que para ser perfectas sólo les falta la playa. Tradicionalmente, los sevillanos trataron de suplir esta carencia aprovechando las riberas del Guadalquivir con más arena depositada por el río y/o sus afluentes, cual fue la playa fluvial más famosa, la conocida como de María Trifulca, sita donde hoy están los pilares del puente del Centenario. Esta playa desapareció en la era desarrollista del siglo XX por las obras hidráulicas realizadas para contener las riadas, la presión urbanística y la contaminación.

Rojas Marcos, probablemente el alcalde más imaginativo, fue tomado a risa cuando durante la campaña para las municipales de 1999 presentó su proyecto, avalado por el ingeniero José Luis Manzanares, de convertir en playa el meandro de San Jerónimo e  instalando en sus profundidades generadores de olas artificiales. La orilla, en un tramo de 200 x  50 metros, habría contado con las típicas infraestructuras playeras: sombrillas, duchas, chiringuitos…. El coste se cifró en el equivalente a unos 4 millones de euros.

La derrota  de Rojas Marcos sepultó el proyecto en el olvido y, dada la permanente ocupación de la margen derecha del río por clubes privados -que el socialista Monteseirín prorrogó por más años, pese a que en el proyecto del PGOU de 2006 se había previsto su liberación para uso y disfrute de todos los sevillanos- y la ausencia de una programación cultural y recreativa que emule a la de otras urbes europeas, Sevilla se repliega sobre sí misma durante los estíos.

PARIS EN VERANO

París, que dista 100 Kms. más del mar que la capital de Andalucía, no se resigna ni a carecer de playa ni a que el calor (agosto se presentó este año allí con 35º C, pese al servicio meteorológico francés que auguró un verano más fresco en toda Europa)  ralentice la vida cultural y artística y las actividades al aire libre de sus ciudadanos.

Este verano que aún no ha acabado, la revista con la programación de todo tipo de actos organizados en los distritos de la capital francesa ocupa 52 páginas: exposiciones, festivales, cine, danza, ópera, jazz, rock, tecno, clásica, rutas, jardinería, ocio nocturno….

El Ayuntamiento parisino, consciente de que por la crisis muchos ciudadanos no tomarían vacaciones, ha incrementado aún más la oferta veraniega, al margen de lo que de forma permanente se puede disfrutar en una ciudad con 134 museos, 143 teatros, 376 pantallas de cine, 69 bibliotecas, 242 monumentos (palacios, iglesias, edificios), 400 parques y jardines y 1.847 ha de bosques (Vincennes y Boulogne).

DESPUÉS QUE ROJAS MARCOS

En el programa de ‘Mi verano en París’  ha habido dos iniciativas que de haberse adoptado en Sevilla habrían generado ríos de tinta y que, sin embargo, se despachan sólo con 13 y 16 líneas de texto, respectivamente: ‘Paris Plages’ (Playas de París) y ‘Berges de Seine’ (Riberas del Sena).

En 2002, tres años después de la idea concebida por Rojas Marcos para el meandro de San Jerónimo, el alcalde parisino Bertrand Delanoe lanzó ‘Paris Plages’, consistente en la transformación de parte de la ribera del río Sena en una playa fluvial mediante el aporte artificial de arena (se habla de 5.000 toneladas) en la margen sita frente a la isla de la Cité, donde se halla Notre Dame. La iniciativa se completaba con un programa cultural y lúdico al aire libre y fue desde el principio un éxito apoteósico, hasta el punto de que cada año se ha ampliado a más tramos de la orilla equivalente a lo que en Sevilla sería la zona entre el muelle de las Delicias y San Jerónimo y a un canal, el ‘estanque de La Villette’, hasta totalizar cerca de 5 kilómetros.

ACTIVIDADES PARA TODOS

En líneas generales, los espacios y actividades, que pueden ser disfrutados tanto por nativos como por turistas, pueden clasificarse en tres grandes áreas: deportivas, culturales e infantiles. La oferta es enorme. Fnac animó los primeros cuatro días con sendos conciertos en la Plaza del Ayuntamiento, donde se instalaron grandes pantallas, en los que actuaron una treintena de artistas y a los que asistieron 26.000 espectadores.

El estanque de La Villette ha sido el paraíso de los niños. Algo tan sencillo como una tirolina de 160 metros de larga para cruzarlo de una punta a otra a 8 metros de altura ha tenido un éxito espectacular. La Federación Francesa de Automovilismo instaló un circuito de Karts eléctricos para enseñar a conducir a los adolescentes. También se habilitó un campo de mini-golf y hasta una mini Villa Olímpica y se han ofertado diversos tipos de embarcaciones: canoas, kayaks, barcos a vela….

PATROCINIOS PRIVADOS

Los mayores han disfrutado de variadas animaciones, una biblioteca efímera, jardines de brumas, exposiciones como la interesantísima ‘Regardez, monsieur Monet…. comme la Seine a changé’ (‘Mire, señor Monet, cómo ha cambiado el río Sena), comparando fotográficamente la evolución de las riberas del río con cuadros del pintor impresionista; danzas de salón (el mayor éxito popular ha sido la zumba, mezcla de ejercicios aeróbicos y bailes latinos), concursos fotográficos y hasta cuatro pistas de voley-playa ante la fachada del Ayuntamiento.

Más de 230.000 personas han participado este año (un +26,4%) en ‘Paris Plages’, un evento de un mes cuyo coste, 1.136.000 euros, han patrocinado empresas como Lafargue, Culturebox y otras y por tanto le ha salido gratis al Ayuntamiento parisino. En contraste, el Ayuntamiento de Sevilla se gastó 3,7 millones de euros para sólo unos días de la final de la Copa Davis, en la que perdió casi un millón de euros y de la que aún no ha reutilizado ni la cubierta.

Campana

Entre dos poderes fácticos de la ciudad, los comerciantes del Centro y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, Zoido se decantó esta vez por los capillitas cuando, según confesó ingenuamente Amidea Navarro, decidió cambiar este verano los tradicionales adoquines de la Campana sólo porque aquéllos se quejaron de que algún desnivel dificultaba el racheo de los costaleros. Atendiendo el dicho de “tus deseos son órdenes para mí”, el alcalde se ha gastado 80.000 euros en cabrear a Aprocom y complacer al Consejo cambiando los adoquines de toda la vida, bastante pasables (¿y no habría bastado y resultado más barato con arreglar el desnivel?), por otros foráneos que como chupan el gasóleo que sueltan los autobuses y la grasa del tráfico pues ya parece que llevan allí desde siempre, de sucios que están. Y, sin embargo, a pocos metros, el asfalto de Alfonso XII está carcomido y lleno de baches, sin que la calle se arregle. Será que la Hermandad del Silencio, haciendo honor a su nombre, los soporta con resignación cristiana y no ha formulado aún queja alguna.