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Cigarras y hormigas

Cuentan al hispánico modo que la OCDE ha desmontado el ‘falso tópico’ de que los españoles trabajamos menos que los alemanes. Se basan en un estudio según el cual nosotros laboramos el pasado año 1.690 horas, frente a 1.413 de los alemanes. La diferencia a nuestro favor (o en contra, según se mire la famosa maldición bíblica por el pecado de nuestros primeros padres) es de 277 horas. Si las distribuimos en jornadas de 8 horas, el resultado es que nos hemos pasado en el tajo, currelo, oficina, etcétera, 34 días más que los germanos.

El estajanovismo de los españoles no sólo arrolla a los teutones, sino también al resto de nuestros socios europeos, siempre según la OCDE.

Así, resulta que echamos más horas que los fineses, suecos, británicos, luxemburgueses, austriacos, belgas, daneses, franceses y holandeses, amén que los extracomunitarios suizos y noruegos. En el ránking europeo del doblarla o no doblarla, los habitantes de los Países Bajos, que viven bucólicamente entre tulipanes y molinos de viento, figuran como los menos hacendosos de todos, y los españoles como los más laboriosos. Sin embargo, en el ránking mundial aún estamos a gran distancia de México, que -conforme a la famosa frase de uno de sus políticos- por estar tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos condena a sus habitantes a no levantar cabeza durante 2.250 horas anuales.

Algo, empero, no cuadra en la estadística de la OCDE. ¿No resulta raro que un país como España, donde supuestamente se trabaja 277 horas más que en Alemania, 311 más que en Holanda y más también que en el resto de la UE salvo Grecia (2.032 horas/año) acabe siendo rescatado por los ‘vagos’ de Europa, que a la postre son mucho más ricos que nosotros? ¿Es que acaso se ha invertido la moraleja de la fábula de la cigarra y las hormigas?

La clave radica en el reportaje rodado con cámara oculta que emitió una Tv extranjera y que mostraba la otra cara de España: empleados leyendo el periódico en la oficina, secretarias de cháchara mientras sonaban los teléfonos, funcionarios de compras y cafelitos a media mañana, diputados en el bar del Parlamento y los escaños vacíos…. La clave es la productividad. Todas las horas de los holandeses, alemanes y compañía son netas de trabajo. Las nuestras…. bueno, las nuestras son en parte laborales, en parte meramente presenciales o incluso, valga el palabro, ‘ausenciales’.

El español es de los pocos idiomas con verbos diferentes para distinguir ser y estar. Todavía nos falta distinguir entre estar y hacer.

La conversión

Hasta ahora, la más famosa conversión de la historia era la de Saulo de Tarso, que persiguiendo cristianos camino de Damasco, tras una luz cegadora se cayó del caballo y emergió como un hombre nuevo, San Pablo. Émulo del gran apóstol, otro que se acaba de caer de la alto de su caballo camino de Carmona y se ha dado de bruces contra la realidad cuando iba persiguiendo indolentes y vagos por la tierra de María Santísima es Cayetano Martínez de Irujo. El conde de Salvatierra no sólo ha acabado abjurando de sus anticuadas y heréticas creencias sobre el PER y el orteguiano ser andaluz, sino que además ha sentado las bases, en plan Bogart en Casablanca, del comienzo de una gran amistad con esos ocupantes de sus propias fincas llamados Cañamero y Sánchez Gordillo, y hasta se ha comprometido a crear un centro de formación para los jornaleros y a comercializar productos campesinos bajo la marca ‘Casa de Alba’. Ha visto la luz. Arrepentidos los quiere Dios, cuyos caminos son inescrutables. 25 de enero, conversión de San Pablo. 20 de diciembre, conversión de Cayetano.

Subterfugio

La barrida de partidas municipales para con los recortes pagar los 4,9 millones de la factura de la luz adeudada por Monteseirín desde hacía año y medio se llevó por delante no sólo la cuota de la FEMP, sino también 60.000 euros para UGT y CCOO. ¿A cuenta de qué? Pues de un subterfugio en forma de ‘Pacto Local por la Salud Laboral’ (Torrijos se pirraba por esto de los pactos locales) arbitrado por el gobierno ‘de progreso’ para eludir la sentencia del TSJA, que había declarado ilegal el acuerdo de someter a controles a las empresas contratistas del Ayuntamiento con la excusa de la siniestralidad. Ahora, gracias a la morosidad innata de Monteseirín (recuérdese la tira de años que estuvo sin pagar el sello del coche) hemos sabido de otra subvención trincada por los sindicatos. ¿Ven como entre ellos siempre hallaban una rendija de donde sacar dinerillo? Y yo me pregunto para qué pagar a los sindicatos por controlar la siniestralidad si para ello ya están los inspectores de Trabajo como, sin ir más lejos, José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía.

 

 

 

El funcionario

El presidente de la CEOE, Joan Rosell, se atuvo al tópico de los funcionarios que no la doblan o se van de cafelitos y pidió que los evalúen para que sepan que no son dueños del empleo. Pues un funcionario de Los Palacios -Juan José Picossi es su gracia- le ha roto los esquemas al jefe de la Patronal al ganarle un pleito al Ayuntamiento saliente. Como este probo secretario municipal se negaba a hacer la vista gorda sobre los presuntos chanchullos que desfilaban ante sus ojos, lo dejaron sin función alguna. Así, cuatro años en los que, contra su voluntad, no hacía ni el huevo, pese a lo cual hasta le subían el sueldo para comprar su silencio. Liberado de la maldición bíblica, otro en su lugar se habría dedicado a pasar el tiempo en sus cosas, sin olvidarse de pasar por caja, pero él ha logrado que la Justicia obligue al nuevo Ayuntamiento a darle trabajo. Una victoria judicial que más parece una condena, ¿no?. Cada vez que un político del Norte vuelva a hablar de los andaluces indolentes, no les mienten a sus madres, sino a Juan José Picossi. Razón, Los Palacios.

 

El autoERE

ERE_expediente_regulacion_empleoNo es para darme autobombo como el (sin) alcalde con la campaña  ‘Sevilla se ve (lo mal que está)’, pero debo recordar aquí y ahora que fue este francotirador el que, medio en broma medio en serio, pergeñó la posibilidad de presentar un expediente de regulación de empleo de uno mismo para acogerse a la doctrina de la Junta de que los EREs pecaminosos no son en realidad para las empresas, sino ayudas a las personas, en línea con lo que pregona Monteseirín de Sevilla pero elevado al rango de toda Andalucía. Y…..¡bingo! ¡Resulta que esa figura laboral imaginaria existía en la Junta! El carguete socialista en Camas que dicen que aparece como intruso en el ERE de Intersur ha contado que cuando el PSOE perdió las elecciones en su pueblo y él se quedó a dos velas, el director general del ‘fondo de reptiles’ le dijo que lo iba a prejubilar “a título individual, por supuesto”. Por tanto, el camero perjura que él no cobraba a cuenta de empresa textil alguna en Morón, y que pensaba que la paga era por  sí mismo. ¿Ven cómo es verdad que la realidad supera a la ficción?

Los EREs, una excepción hecha regla

El exconsejero de Empleo y secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera, esgrimió en su reciente rueda de prensa la ley 38/2003 General de Subvenciones para defender el procedimiento empleado por la Junta de Andalucía en el reparto de los 647 millones de euros para subvencionar prejubilaciones en EREs de los últimos diez años. Según Viera, ese dinero eran “subvenciones excepcionales a trabajadores” que podían acogerse a dicha ley, pero en la práctica el Gobierno andaluz incumplió, presuntamente,  sus disposiciones.

José Antonio Viera

José Antonio Viera

La exposición de motivos de esta norma deja ya muy claro que las subvenciones del sector público no pueden otorgarse graciosa y discrecionalmente, sino que han de responder a demandas sociales y económicas de personas y entidades públicas o privadas, osea, previa solicitud de los interesados. Asimismo, el dinero de las ayudas no debe contribuir a engordar el déficit público, al estar sometido a las directrices de la ley de Estabilidad.

Como es sabido, los 647 millones de euros ni pasaron por el Consejo de Gobierno ni por las páginas del Boja, lo que presuntamente supondría un  incumplimiento de la ley invocada por Viera, la cual establece lo siguiente: “Los órganos administrativos concedentes publicarán en el diario oficial correspondiente, y en los términos que se fijen reglamentariamente, las subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa, crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades” (Artículo 18). No será necesaria la publicación en el Boja cuando las ayudas, individualmente consideradas, sean inferiores a 3.000 euros, pero en ese supuesto deberá preverse la utilización de otros procedimientos que, de acuerdo con sus especiales características, cuantía y número, aseguren la publicidad de los beneficiarios de las mismas. Si la Junta hubiera atendido este mandato legal, habría propiciado que afloraran desde el principio los intrusos detectados al cabo de los años y a raíz de estallar el caso Mercasevilla.

Todavía más. La ley especifica en su artículo 20 la obligación de crear una base de datos de ámbito nacional que contendrá información relevante sobre todas las subvenciones concedidas: bases reguladoras, convocatorias, identificación de los beneficiarios, subvención otorgada y efectivamente percibida y otros extremos.

Las subvenciones previstas en la ley no tienen una finalidad asistencial, como ha defendido la Junta. Al contrario: deben ser incentivadoras de actividad económica y no causar distorsiones ni interferencias en el mercado. La norma establece asimismo un sistema de seguimientos, a través del control y la evaluación de objetivos y de las conductas fraudulentas (artículos 32 y 44), algo que a la vista de lo ocurrido con las falsas prejubilaciones descubiertas al cabo de los años ha brillado por su ausencia en la Junta de Andalucía. Por eso, en el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 18 de noviembre de 2003, también se prevé la exigencia del reintegro de las subvenciones cobradas de forma ilegal y la imposición de sanciones a los defraudadores.

PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

Tomando como referencia la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, esta ley especifica en su exposición de motivos los principios que han de informar la gestión de las subvenciones: igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, eficacia y eficiencia (artículo 8.3). Unos principios que contrastan con el oscurantismo practicado por el Gobierno andaluz, que ha defendido la exención de publicitarlas en boletín oficial.

También hay párrafos que parecen pensados para prever la aparición de conseguidores, intermediarios y brokers, como los que han actuado en la tramitación de los EREs o, según Viera y Mar Moreno, ayudas a título meramente individual a los trabajadores: “Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de un convenio de colaboración….Cuando la entidad colaboradora sea de derecho privado, su selección deberá realizarse de acuerdo con los principios de publicidad, concurrencia y objetividad”.

Mar Moreno

Mar Moreno

Los artículos 22 y 23 de la ley regulan el procedimiento de concesión de subvenciones, bajo el principio de ‘concurrencia competitiva’, previa convocatoria y bases reguladoras elaboradas por un órgano colegiado: se comparan las solicitudes presentadas y se establece una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración fijados de antemano. Y he aquí el párrafo al que presumiblemente se acoge la Junta: sólo podrán concederse de forma directa y con carácter excepcional subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública., pero ajustándose a una cuantía económica. La norma habla del carácter excepcional, una excepcionalidad que contrasta con los 25.000 subvencionados, pero no exime de que se conozca públicamente sus beneficiarios, salvo también en circunstancias excepcionales que no parece el caso.

El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre de oficio y mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, que tendrá necesariamente el siguiente contenido: disposición que establezca las bases reguladoras y diario oficial en que está publicada; créditos presupuestarios a los que se imputa la subvención y cuantía total máxima dentro de los créditos disponibles, objeto, régimen de concurrencia competitiva, requisitos y forma de acreditarlos, plazos, documentación que debe acompañar a la solicitud….

Compárense estas exigencias con el procedimiento seguido por la Junta, donde el IFA, pagador de las subvenciones tras el acuerdo con la Consejería de Empleo, llegó a acumular desfases presupuestarios cercanos a los 30 millones de euros y que hubo que compensar en ejercicios posteriores.

El ‘EREgate’

Mar Moreno

Mar Moreno

La Junta de Andalucía, por boca de Mar Moreno, consejera de Presidencia y portavoz, ha tratado de reducir el escándalo de las falsas prejubilaciones según el ‘modus operandi’ de Mercasevilla (39 detectadas hasta ahora), a una mera discrepancia en el procedimiento para el reparto de 647 millones de euros en casi un decenio. Conforme a su tesis, “si alguien se salta los controles no es una falta de control”.

El procedimiento, esa discrepancia aparentemente menor, es justamente la cuestión, como el ser o no ser shakesperiano. Si no fuera así, no existiría una ley de Procedimiento Administrativo que hunde sus raíces en la de 1958, aún en plena Dictadura.

Según una definición de perogrullo  y de manual universitario, el procedimiento es el modo en que deben producirse los actos de la Administración y su importancia no es menor, sino esencial.

La Consejería de Empleo omitió la primera norma del Derecho Administrativo, salvo que me corrija el profesor Clavero: la Administración debe adecuar su actuación a unas reglas preestablecidas para, por una parte, evitar posibles conductas arbitrarias y, por otra, conseguir una mayor eficacia. De esta forma, el procedimiento supone una doble garantía: para la recta consecución de los intereses generales del modo más eficaz y para los derechos e intereses de los administrados.

BURLA

Si el procedimiento fuera una cuestión al albur del consejero de turno no merecería hasta un artículo de nuestra Constitución, que establece: la ley regulará “el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos”. Y entre los principios generales por los que debe regirse destacan los de transparencia, publicidad y participación.

En esencia, ¿qué hizo la Consejería de Empleo a partir de 2001? Dotarse de una pauta al margen del procedimiento establecido en la Ley General de la Hacienda Pública, sin transparencia (la mayoría del dinero se repartió a espaldas del Consejo de Gobierno), ni publicidad (sus acuerdos, totalmente discrecionales a la hora de favorecer a unas empresas y no a otras, con lo que incluso pudo distorsionar el mercado, no se publicaban en el Boja).

BojaSabemos de casos en que era la propia Consejería la que, para agradable sorpresa del empresario estratégicamente ‘tocado’, ofrecía subvencionar un expediente de regulación de empleo, ERE camuflado como ayuda individual a los trabajadores. Esta calificación fue defendida a capa y espada por Mar Moreno para justificar que no aparecieran en el Boletín Oficial. Y por eso el informe de la Policía Judicial  refleja que gracias a la firma de un acuerdo entre la Dirección General de Trabajo y el IFA (ahora IDEA), este último se convirtió en el pagador de las subvenciones, con lo que se evitaron los controles y fiscalización de este tipo de libramientos.

Mediante esta vulneración del procedimiento se burló, a juicio de la Policía Judicial,  la ley de Hacienda. Prueba de ello es que no consta en los expedientes ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiadas. Si no había solicitud alguna, eso significa que se creó el instrumento para repartir arbitrariamente 647 millones de euros.

LA ‘AGILIDAD’

La coartada  para prescindir del procedimiento administrativo la dio Mar Moreno en su  comparecencia pública sobre los 37 nuevos falsos prejubilados: “aportar agilidad”. El mismo pretexto usado para la creación de la llamada ‘Administración paralela’ de la Junta: como por los controles garantistas que impone el Derecho Administrativo las Consejerías son lentas y burocráticas, se monta una red de empresas ‘agiles’ que permita tener manos libres y, de paso, ‘cementerios de elefantes’ donde colocar a los afines. De esos polvos vienen estos lodos.

Pese al escándalo que estamos viviendo, Mar Moreno ha dicho, impertérrita, que con el método arbitrario ideado por la Consejería de Empleo “se favorecía el adelanto de recursos sin esperar a los Presupuestos, y que (atención) se va a seguir haciendo”.

¿Y qué recursos había que adelantar, si según la Policía Judicial no consta solicitud de ayuda por empresa alguna? ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué saltarse entonces el procedimiento y el Derecho Administrativo?

DECISIÓN ‘POLÍTICA’

Se da la circunstancia de que con el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de consejero de Economía y Hacienda (2004-2008), la Intervención General cuestionó por tres veces (años 2005, 2006 y 2007) el arbitrario método implantado por la Consejería de Empleo pero, como ha reconocido la propia Mar Moreno en su rueda de prensa, aquél se mantuvo “por una decisión técnica y política”.

Más claro, agua. La Intervención General de la Junta, a las órdenes por entonces de Griñán, dio la voz de alarma, pero hubo una decisión “política” (¿quién la avaló?) de mantener un sistema ajeno al procedimiento administrativo y que ha propiciado tal cantidad de falsas prejubilaciones.

Richard Nixon

Richard Nixon

Cuando Nixon dimitió por el caso Watergate, dijo que más que por el asunto puntual del intento de espionaje al partido rival por los falsos fontaneros en el hotel del mismo nombre, lo hacía por haber permitido que se crearan las condiciones para que se produjera aquel escándalo que puso fin a una era de la política norteamericana.

En Andalucía, pese a que con el ‘EREgate’ se han dado también las condiciones propicias para el escándalo de las falsas prejubilaciones por una decisión política (Mar Moreno ‘dixit’) de ‘sostenella y no enmendalla’, ni siquiera se ha creado una comisión de investigación en el Parlamento.

Será que Andalucía es diferente.

Las rendijas de Monteseirín

Parados ante una oficina de empleo

Parados ante una oficina de empleo

A finales del año 2007, cuando oficiosamente la Administración española comenzó a admitir la existencia de la gravísima crisis económica actual, había en la provincia de Sevilla 118.000 parados. En enero de 2009 ya eran 173.000; en enero de 2010, 203.027; en enero de 2011, último dato revelado por el Ministerio de Trabajo hace unos días, 216.033. En tan sólo tres años el número de desempleados inscritos en el INEM –las estadísticas no recogen a aquellos que, por el efecto desánimo, se caen de la lista o ni siquiera se apuntan- casi se ha duplicado: un 83% más. De esta cifra desoladora, un tercio de los parados (entre 71.000 y 75.000, según qué fuente) corresponde a la capital hispalense.

Los datos reflejan que las personas de entre 25 y 45 años, y en mayor proporción  los hombres que las mujeres, son las más afectadas por esta situación de emergencia social. Es la prueba evidente de que la reforma laboral del Gobierno no ha servido aún para nada. En el último año incluso se han firmado 200.000 contratos temporales menos que al inicio de la crisis. Los contratos fijos para menores de 30 años son una quimera. La ya conocida como ‘la generación perdida’, cuando halla trabajo es como camareros, dependientes y en otras actividades del sector servicios.

RECORTE DE LA INVERSIÓN

Para que haya trabajo y actividad económica debe haber primero empresas y emprendedores. Y si hemos visto anteriormente las desalentadoras estadísticas del INEM sobre el mercado laboral, las del ‘Informe sobre la Economía de Sevilla’, elaborado por el catedrático Francisco Ferraro para la Cámara de Comercio y la Confederación Empresarial Sevillana y presentado unos días antes, van por la misma senda.

En lo que llevamos de crisis han desaparecido en Sevilla y su provincia 6.368 empresas, a una media, atención, de seis cada día. Otras 292 han entrado en proceso concursal, antigua suspensión de pagos.

En esta gravísima situación, todas las miradas se vuelven hacia las Administraciones Públicas en demanda de una solución keynesiana: más inversión pública. Lo imploran los empresarios, los sindicatos y hasta el Consejo Económico y Social (CESS).

Mota imitando a Rubalcaba

Mota imitando a Rubalcaba

La respuesta la han dado en los Presupuestos para 2011, que van justamente en la dirección contraria: un tijeretazo general a la inversión y, por consiguiente, a proyectos que puedan generar empleo. La Junta de Andalucía ha recortado en un 25% el dinero que destina a Sevilla. La Diputación, en un 50%. Y el Ayuntamiento gobernado por Monteseirín, ¡en un 78%!

El CESS, en su dictamen sobre los últimos Presupuestos del actual alcalde sevillano, criticó el “desplome” de las inversiones municipales en la capital, “en una época donde serían esenciales para reactivar la economía y crear empleo”. Las cuentas del Ayuntamiento destinan más dinero a la televisión de Monteseirín que a inversiones, y con eso está dicho todo.

El argumento defensivo del gobierno local es que ya se han hecho todas las obras que había que hacer y que, por tanto, toca apretarse el cinturón en época de crisis.

NO HAY FONDOS

Por eso, por ejemplo, como no hay dinero la biblioteca de la Casa de las Columnas (Triana) se cierra por las tardes desde hace casi tres meses y no se ha acabado de construir ninguna de las 18 bibliotecas públicas proyectadas para antes de 2012. Marcelino Oreja, que cuando era presidente del Consejo de Europa visitó Sevilla, decía que para medir el grado de desarrollo de ciudades y países en sus viajes internacionales no se fijaba en datos económicos de renta per cápita  y similares: observaba el número y estado de las bibliotecas y colegios –donde se forman nuestros hijos- y la limpieza. Sevilla, con más de 700.000 habitantes, sólo tiene doce bibliotecas municipales, a razón de una para cada 58.333 sevillanos.

Por esa falta de dinero que alega el Ayuntamiento, funcionarios municipales trasladados al edificio Metrocentro llevan desde diciembre ateridos de frío porque, por no tener, carecen hasta de electricidad y, huelga decirlo, de ordenadores y material de oficina.

Por eso, porque hay que apretarse el cinturón por la crisis, al Defensor del Ciudadano ni le han pagado los 67 euros que tuvo que poner de su bolsillo para una cerradura rota de la puerta de su despacho.

Y así sucesivamente.

Este es el mensaje y la práctica de presunta austeridad del gobierno ‘de progreso’ PSOE/IU en Sevilla.

EL QUE BUSCA, HALLA

Hace unas semanas, comentamos aquí, medio en serio medio en broma, que Monteseirín era como el humorista José Mota en su imitación por Nochevieja de Rubalcaba, cuando a la pregunta sobre dónde estaba el dinero decía que “en la rendija que queda en medio de los cojines del sofá, ahí hay todo un mundo de posibilidades”.

Monteseirín se abona al centenario de Elcano aunque se vaya de alcalde

Monteseirín se abona al centenario de Elcano aunque se vaya de alcalde

Pues bien, la realidad de Monteseirín supera una vez más a las parodias fruto de la imaginación de Mota. En la misma semana en que hasta se ha cancelado en Sevilla la Feria del Toro por falta de 300.000 euros, entre las lamentaciones del sector turístico, la compañera María Rionegro ha descubierto que el alcalde ha ‘detraído’ 150.000 euros del Presupuesto municipal para una fundación ‘fantasma’ (‘Sevilla World’) que conmemore en el año 2019 la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano.

Probablemente, el regidor habrá seguido el consejo del humorista Mota pero aplicado a las rendijas de las cuentas públicas en vez de a las del sofá del salón: “Hay que meter la palma de la mano por todos lados, porque siempre cae algo”.

Monteseirín, el alcalde que como estamos en crisis ha hecho sólo siete viajes al extranjero en el último año desde la Sevilla de los 70.000 parados, siempre acaba, como el humorista Mota, dando la campanada.

Almas muertas, almas vivas

Nikolai Gogol

Nikolai Gogol

Ivanovich Chichikov (Pavel)  es el protagonista de ‘Almas muertas’, obra de Nikolai Gogol, considerado el precursor de la gran novela rusa moderna. En este libro,  en el que los críticos  encuentran reminiscencias del Quijote, Chichikov piensa que carecer de suficientes siervos a su servicio, por falta de dinero y de tierras para mantenerlos,  le resta categoría en el mundo burgués en el que se desenvuelve.

Y se le ocurre una solución: ya que muchos terratenientes poseedores de ‘esclavos’ no los dan de baja del censo cuando mueren, porque la notificación del deceso les obliga al pago de impuestos, él compraría los títulos de propiedad de estas almas muertas para así poder lucirlos como signo de estatus social.

A tal efecto va recorriendo Rusia en su destartalado coche de caballos. Los grandes propietarios, aunque extrañados al principio por la índole del negocio que les propone, acaban aceptando, encantados de ahorrarse un dinero ante el Fisco. El viaje de Chichikov  por las heladas estepas es convertido por Gogol en una excusa para hacer una radiografía social de ese inmenso país a caballo entre Europa y Asia.

FALSOS PENSIONISTAS

Una pluma como la del gran autor ruso hallaría hoy motivo de inspiración para otra novela que fuera el retrato de una época y la radiografía de Andalucía a partir del caso Mercasevilla, donde, al contrario que en ‘Almas muertas’, se engordan las prejubilaciones de los expedientes de regulación de empleo con almas aún vivas  y pese a que jamás han tenido relación laboral alguna con la empresa municipal hispalense.

En el ERE del año 2003 fue incluida Carmen González, que nunca tuvo vinculación con Mercasevilla. Y ahora se descubre que la misma señora aparece como por arte de magia en el expediente promovido en 2005 por el restaurante Río Grande, pese a que tampoco trabajó allí nunca. Por tanto, alguien ha percibido en su nombre durante 8 y 6 años, respectivamente, una falsa prejubilación a cuenta del erario público.

Son 14 años, justamente los mismos que un vecino de Sanlúcar la Mayor, detenido hace cuatro días por la Policía, llevaba cobrando la pensión de un ‘alma muerta’: la de la tía de su esposa., aparentemente viva para la cuenta del banco donde ingresaba los pagos la Seguridad Social porque nunca notificó su muerte, como los terratenientes de la novela de Gogol pero por motivos opuestos: no para no pagar al Fisco, sino para que el Fisco le pagara a él. La picaresca andaluza incluso supera a la fabulación del gran escritor ruso.

INSPECCIONES INEFICACES

Volviendo a Mercasevilla, a la falsa prejubilada Carmen Fontela hay que unir el nombre de un dirigente del PSOE de Baeza, Antonio Garrido, también incluido en un ERE cuando jamás trabajó en la empresa municipal sevillana, y el de cinco operarios más que ni siquiera tenían la edad reglamentaria.

Tal como ha planteado en su brillante investigación el compañero Sebastián Torres, resulta cuando menos sorprendente que ni la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo ni la Inspección de Trabajo detectaran estas irregularidades, pese a que las vidas laborales de los prejubilados deben incorporarse a los informes de los ERE.

Viera y, a su derecha, Fernández

Viera y, a su derecha, Fernández

Es evidente, pues, la existencia de, como mínimo, un descontrol administrativo, laxitud favorecida por la firma en 2001 de un convenio entre la Consejería de Empleo, cuyo titular era por entonces José Antonio Viera –hoy secretario provincial del PSOE-, y el IFA, dirigido por Antonio Fernández, posterior titular del Departamento –acogido a otro ERE en una bodega de Jerez cuando aún era consejero-.

Un convenio que permitió soslayar la normativa imperante en materia de subvenciones, con lo que los más de 600 millones de euros destinados por la Junta en el último decenio a EREs de empresas en crisis no habrían pasado por el Consejo de Gobierno ni sido publicados en el BOJA. De facto se otorgó un poder discrecional para manejar esa ingente cantidad de dinero, de ahí que la juez Alaya haya exigido ahora al Gobierno autónomo información sobre los criterios que ha seguido en la concesión de ayudas sociolaborales desde 2002.

CONSEJERÍA BAJO SOSPECHA

Parafraseando a Monteseirín en su famosa campaña electoral sobre el Urbanismo, toda la política laboral de la Junta está bajo sospecha, por lo que el PP no ha dudado en poner en su punto de mira al líder de los socialistas sevillanos, José Antonio Viera, al que ha calificado como el inventor del sistema con el que se habrían burlado los procedimientos reglados, esenciales en una Democracia, tal como sostenía Olivencia frente a Pellón cuando era el comisario general de la Exposición Universal de 1992 y el ingeniero cántabro quería regirse sólo por el principio de eficacia al margen de cualquier fiscalización.

El caso Mercasevilla demuestra que ni siquiera hace falta gobernar a golpe de Boletín Oficial, porque hasta el Boja ha sido omitido en el manejo de cantidades multimillonarias. La Junta de Andalucía no sólo ha creado una Administración paralela mediante una trama de sociedades y empresas ajenas a las luces y los taquígrafos del Parlamento, sino también unas pautas paralelas y ajenas a la norma digamos, aunque sea redundante, legal.

Una pauta en la que el descontrol es la norma, porque sólo así es posible asignar en EREs como el de Mercasevilla y el de Río Grande cientos de miles de euros a ‘almas’ que, al contrario de las de la novela de Nikolai Gogol, no estaban precisamente muertas, sino demasiado vivas.

Sevilla real versus Sevilla oficial

Veinticuatro horas después de la accidentada presentación en Fibes de Espadas como candidato del PSOE a la Alcaldía, otro socialista, el exconsejero de la Junta Antonio Pascual, divulgaba el Barómetro Socioeconómico de Sevilla que ha elaborado el Centro Andaluz de Prospectiva para Antares.

En una ciudad con más de 70.000 parados es lógico que en el sondeo aparezca el desempleo como el principal problema. En nueve de los once distritos (el duodécimo, la isla de la Cartuja, es puramente administrativo y no tiene vida propia), la falta de ocupación es señalada como la primera preocupación de sus habitantes, y la impresión general es que la situación apenas va a variar durante el año recién estrenado.

Tres de cada cinco sevillanos aseguran que en su entorno familiar hay algún parado. La proporción sube en distritos que son tradicionales graneros de votos del PSOE, como Sur (77,5% de los encuestados), Este-Alcosa-Torreblanca (70%) y Macarena (70%).

OTRA SEVILLA

De espaldas a esta realidad social, el alcalde saliente lleva desde el Año Nuevo con una macrocampaña publicitaria denominada ‘Sevilla se ve’ pero que, tomando a la ciudad como pretexto y coartada, no es más que propaganda de autobombo personal cuya factura están pagando todos los sevillanos en esta hora tan difícil.

Campaña de autobombo de Monteseirín

Campaña de autobombo de Monteseirín

El botafumeiro monteseirinesco durará nada menos que tres meses, por lo que no se acabará hasta el 30 de marzo, a sólo 52 días de las elecciones y casi en el límite temporal para no infringir la prohibición legal de realizar propaganda camuflada en periodo preelectoral. El alcalde, no obstante, ya tiene antecedentes: fue condenado por vulnerar la ley al buzonear por toda Sevilla esas pseudorrevistas de barrio plagadas de fotos suyas.

Para esta campaña a la mayor gloria de Monteseirín, el Ayuntamiento utilizará 300 vallas publicitarias, 300 kioscos, 30 pantallas gigantescas de televisión, una serie en  DVD distribuida a través de un periódico adicto a la causa, los autobuses de Tussam, el Metro, el Ave, el aeropuerto, los eventos que organice el Consistorio, una página web específica como la que en su día le encargó el alcalde a su primo, una exposición especial en el antiguo mercado del Barranco y hasta un concierto en el Manhatan Center de Nueva York con artistas ‘de la ceja’.

LA FACTURA

¿Cuánto va a costar este alarde en plena crisis económica, cuando ni siquiera Monteseirín va a poder presentarse a la reelección? Obviamente, la cifra es ‘top secret’, pero ha trascendido que el alcalde se va a gastar al menos el 70% del presupuesto del Ayuntamiento y de las empresas municipales destinado en principio a información de interés público (convocatorias y demás). Monteseirín repite su táctica de ‘economía quemada’ que ya practicó en su último año como presidente de la Diputación, cuando dejó las arcas vacías a su sucesor.

El alcalde está tapando con su avalancha propagandística las acciones publicitarias que tuviera planeadas el candidato de su partido, Juan Espadas, y dando balas a la oposición para asociar el despilfarro a las siglas del PSOE. Zoido no ha dejado escapar la oportunidad de criticar a diario el botafumeiro alfredista y ha declarado: “los socialistas se juegan el dinero de los sevillanos al rojo o al negro, y en estos momentos Sevilla no está ni para rojo ni para negro, sino para austeridad”.

Mientras el  Consejo Económico y Social se lamenta de la falta de inversiones en el último presupuesto municipal de la era Monteseirín, con lo que no habrá medios para combatir la crisis y el paro; mientras los sevillanos deben ir a incinerar a sus seres queridos al área metropolitana porque no hay dinero para reparar los crematorios del cementerio San Fernando; mientras se acumulan los retrasos a los funcionarios del Ayuntamiento y se demoran los pagos a los proveedores, el alcalde demuestra con su campaña de propaganda que para sus fines políticos y/o personales siempre hay rendijas, como en el sofá de Rubalcaba parodiado por Mota el fin de año, por donde se cuela el dinero.

REFINANCIACIÓN

El alcalde ya por poco tiempo hace caja para él y la deja vacía o hipotecada para su sucesor al refinanciar una y otra vez la deuda municipal con el fin de gozar de liquidez en sus últimos meses en la Casa Grande y cargarle el pago de los cada vez mayores intereses a la(s) próxima(s) corporación(es) municipal(es).

Portada del famoso disco de Supertramp '¿Crisis? ¿Qué crisis?'

Portada del famoso disco de Supertramp '¿Crisis? ¿Qué crisis?'

Tal como ha desvelado el colega Carlos Navarro, primero su también defenestrado ‘delfín’, Celis, y ahora su delegada de Economía, Nieves Hernández, han procedido a alargar la vigencia de los préstamos que el Ayuntamiento tiene suscritos con la banca, mediante la fórmula de retrasar el abono de los intereses, pero a tipos cada vez más altos.

Así, en este año de elecciones, el Consistorio no paga el principal de la deuda; sí los intereses, pero sólo al 1,92%. Por el contrario, el sucesor de Monteseirín tendrá que hacer frente a partir del año próximo al pago del capital y a unos intereses del 5,62%, ¡el triple que el que había antes de esta jugada ‘maestra’ de Alfredo!

Por eso, Monteseirín, al que tanto le gusta adornarse con títulos, letras y melodías  de canciones, bien puede repetir la famosa frase del premier laborista británico James Callaghan y que inspiró el disco del mismo título de Super Tramp cuando, en la gran recesión económica de los años 70, un periodista le preguntó al bajarse del avión tras un viaje a EEUU por la crisis que estaba sufriendo el Reino Unido:

-¿Crisis? ¿Qué crisis?