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El centro de golf pagará menos canon fijo que un kiosco-bar de Los Bermejales

Diez mil euros por 42.110 m2 de suelo

frente a los 27.120 del kiosco en calle Suecia

 

Urbanismo cobraría como canon variable

la mitad de la cuota de los futuros socios

Los promotores presentaron el proyecto en

2012 y estiman un beneficio de 1,4 millones

 

 

El centro de golf y de pádel que divide a los vecinos de Los Bermejales entre partidarios del mismo y quienes abogan por otro tipo de instalaciones deportivas,  pagaría al Ayuntamiento un canon fijo anual de 10.000 euros por la ocupación de 42.110 m2 de terreno, menos que un kiosco-bar en la calle Suecia/Paseo de Europa del barrio;  y un canon variable a expensas del éxito que tenga y que sería del 50% de las cuotas de los socios que se inscriban.

Ningún vecino solicitó la creación de un centro de golf en Los Bermejales, proyecto de cuya existencia se ha sabido ahora, al tiempo en que el Ayuntamiento lo ha divulgado. En realidad es fruto de una iniciativa meramente privada por parte de una empresa, tal como refleja el expediente 33/14 existente en la Gerencia de Urbanismo.

Según este documento, con fecha 19 de diciembre de 2012 la entidad Pimp Golf S. L. presentó ante la Gerencia “una iniciativa privada para la construcción y explotación de un campo de golf denominado Escuela Municipal de Golf de Sevilla…”.

Pimp Golf es una empresa que se constituyó tan sólo seis meses antes, el 18 de junio de 2012, con un capital social mínimo de 3.006,5 euros, por dos socios, uno de ellos vinculado a Sotogrande (Cádiz) y al mundo de este deporte. No existe constancia de que haya desarrollado hasta ahora ninguna actividad mercantil ni de que haya ampliado capital para abordar una inversión que, según sus propias estimaciones, ascendería a 1.282.607 euros.

La clave del negocio, pues, radicaría en la obtención de la concesión por parte del Ayuntamiento y por un plazo de 30 años, ya que esa garantía jurídica permitiría a la empresa optar a los recursos financieros necesarios para acometer la inversión. Según el plan de negocio presentado a la Corporación Municipal, la inversión sería recuperada al noveno año de explotación, con lo que al final de los 30 de concesión el centro de golf y también de pádel dejaría un beneficio neto de 1.402.422 euros.

OCUPACIÓN DE SUELO

Los promotores necesitan ocupar 31.110 m2 de suelo de la parcela D-1 del sector Sur de Los Bermejales, toda ella calificada como de uso deportivo. Y aunque pidieron inicialmente un total de 71.394 m2, Urbanismo sólo ha accedido a otorgar 11.000 m2 más, situados en la parcela EL-2, que está calificada como uso dotacional para espacios libres (zona verde) y que sirve de colchón amortiguador del impacto que el tráfico de la ronda SE-30 causa sobre el barrio.

En un documento firmado por el técnico Carlos Flores, Urbanismo llega a la interpretación de que puede ceder el 20% del suelo de un espacio calificado como parque urbano para uso deportivo y explotación privada, de ahí que admita la cesión de esos 11.000 m2 de la zona verde, una interpretación que puede levantar otra polémica tras la que en su día se generó a cuenta del proyecto de la Mezquita sobre otro terreno del barrio.

Urbanismo y Parques y Jardines tardaron 16 meses en emitir un informe favorable al proyecto, con la condición, entre otras, de quitarle el nombre de Escuela Municipal. Finalmente, casi dos años después, la Gerencia aceptó tramitar a partir del 10 de septiembre de 2014 el expediente de la concesión de los terrenos.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Llama la atención la exención del pago de canon por el Centro de golf y pádel durante el primer año y que aquél se divida en dos tramos: uno fijo de 10.000 euros/año durante los 30 de concesión por la ocupación de 42.110 m2 de suelo y otro variable, que sería del 50% de las cuotas que pagaran los futuros socios, sin que conste que se haya introducido ninguna cláusula de salvaguarda para el caso de que no se cumplan las expectativas de ingresos de los promotores por este concepto.

A título comparativo, el Ayuntamiento adjudicó el 17 de octubre de 2012 al grupo Ancora Insieme una concesión para un kiosco-bar en el cercano Paseo de Europa de Los Bermejales (calle Suecia) por un canon fijo de 27.120 euros. Por otra parte, el canon del centro deportivo Fundición asciende a unos 65.000 euros anuales.

En el caso del Centro de golf y pádel, casi todo se fía a que logre captar al menos 4.000 socios al cabo de cinco años, ya que la mitad de la cuota, de 30 euros anuales, sería para las arcas municipales en concepto de canon variable, con lo que el Ayuntamiento podría ingresar 45.000 euros más.

El plan de negocio se basa en ocho tipos diferentes de ingresos, ya que además de por la cuota anual hay que pagar un euro por cada cubo de bolas de prácticas que se utilicen. También se cobrará por todo tipo de clases particulares de perfeccionamiento, tanto en golf como en pádel, y por el alquiler de las pistas para este último. Asimismo, se prevén ingresos por la explotación del bar y de la tienda. Se estima una media de 5,5 empleos/año en el primer trienio y de 9,5 empleos a partir del cuarto año.

 

Sin ofertas para el Paseo del Arte, una casa en la calle Zaragoza y garajes en San Luis

El Ayuntamiento se ha encontrado en tan sólo unos días con que no hay ninguna empresa o particular interesados en explotar el Costurero de la Reina, ejecutar el proyecto del Paseo del Arte en la ribera del Guadalquivir, pujar por un inmueble municipal en la calle Zaragoza ni adquirir un número indeterminado de aparcamientos y trasteros que puso a la venta en la calle San Luis. Todos los concursos convocados a tal efecto tendrán que ser declarados formalmente desiertos por falta de compradores, gestores o constructores.

Los brotes verdes que parecen advertirse en el sector inmobiliario merced a una incipiente recuperación económica no se han detectado aún para el patrimonio del Ayuntamiento, que se ve obligado a declarar desiertos nuevos concursos, por falta de licitadores.

En concreto, en los últimos días ha constatado la falta de ofertas para explotar uno de los edificios más característico de la ciudad, el Costurero de la Reina, pese a que ha ido rebajando la cantidad solicitada por gestionarlo o ampliando las posibilidades en las tres convocatorias realizadas.

De los 46.000 euros del primer concurso se ha pasado a 25.000 (una rebaja del 45% en números redondos) y con la posibilidad de habilitar una cafetería en la planta baja, pero ni aun así ha despertado el interés de ninguna empresa. Como el gobierno municipal, con buen criterio, no quiere pervertir el uso del edificio con tal de colocarlo en el mercado deberá estudiar otras opciones.

También, a falta del mero trámite administrativo, declarará desierta la licitación del contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del Paseo del Arte a orillas del Guadalquivir, técnicamente denominado ‘Complejo urbano al servicio del Paseo Juan carlos I’, con “aparcamiento público, centro de exposiciones y zona de ocio” en la antigua Fuente de la Memoria, por falta de proposiciones válidas.

El contrato salió a licitación el pasado mes de julio, tanto en el BOE como en el Diario Oficial de la Unión Europea, dada su cuantía de 8.623.247,35 euros como importe neto. El propósito del Ayuntamiento es proceder a un segundo concurso en otras condiciones, presumiblemente con una rebaja económica o ampliando sus posibilidades de uso. El tema está sobre la mesa del gerente de Urbanismo.

INMUEBLES Y GARAJES

Asimismo, el Consistorio declarará desierto, por falta de licitadores, el procedimiento abierto para la constitución de un derecho de superficie sobre una casa de su propiedad sita en el Nº 24 de la calle Zaragoza y la opción de compra del suelo.

Por otra parte, el gobierno municipal ha logrado vender varias plazas de aparcamiento y cuartos trasteros del garaje sito bajo rasante del Nº 29 de la calle San Luis, pero no todas las que puso a la venta con destino a los residentes en el Casco Antiguo, ante la ausencia de solicitantes para las mismas. Queda abierta la posibilidad de futuras operaciones de compraventa de las plazas aún libres dentro del mismo procedimiento.

Finalmente, se mantiene la medida cautelar de suspensión de la escritura pública de constitución del derecho de superficie -y opción de compra del suelo- otorgado a la empresa Las Tinajeras sobre el inmueble municipal situado en los Nº 5 y 6 de la Plaza de la Encarnación.

La paralización se ha debido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se ha declarado la nulidad de determinadas disposiciones del Plan Especial de Protección de la Encarnación.

El Consultivo atiende a medias las demandas urbanísticas municipales

Aprueba cuatro modificaciones del PGOU y rechaza otras cuatro

Niega la recalificación del mercado de San Jerónimo, una zona verde en el Valle y dos parcelas en el Centro

Avala los cambios para los cines y teatros del Centro, el cuartel de la Calzada y parcelas en Su Eminencia y San Pablo

La Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía ha dado una de cal y otra de arena al Ayuntamiento al dictaminar favorablemente cuatro modificaciones del PGOU solicitadas por el alcalde hace un año y negativamente otras cuatro, después de que fueran reducidas a ocho las doce cuestiones inicialmente planteadas y de que el Consistorio no remitiera hasta el mes de junio la documentación suplementaria exigida.

El denominador común de la solicitud de Zoido en nombre del Ayuntamiento era un cambio de calificación de espacios libres, dotaciones o equipamientos, que en algunos casos afectaban a zonas verdes. Inicialmente, el Consistorio presentó su solicitud como una mera corrección, por haberse detectado por los servicios técnicos municipales “un cierto número de imprecisiones, ambigüedades, rigideces o falta de adecuación a la realidad existente”.

El Consejo Consultivo le recordó que, según el artículo 36 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, cualquier innovación de los instrumentos de planeamiento debe ser establecida por la misma clase de instrumento, por lo que no se trataba de meras correcciones al PGOU, y por tanto debía tramitar cada solicitud como una modificación al mismo.

Las ocho modificaciones finalmente solicitadas por el Ayuntamiento han sido las siguientes:

 

1) Mercado de abastos de San Jerónimo: Desde el año 1971, la planta baja se dedica a uso comercial y las cuatro superiores a vivienda. El Ayuntamiento pretendía la recalificación de la parcela a uso residencial abierta, con la planta baja para utilización dotacional compatible. Rechazada por el Consultivo por entender que no se adoptaban medidas compensatorias.

2) Jardines del Valle/Traseras calle Sol: El Ayuntamiento pretendía recalificar una estrecha franja de 125 m2 (calificada como zona verde, adyacente a la muralla islámica de los Jardines del Valle y accesible exclusivamente desde la trasera de una vivienda) en uso residencial centro histórico. Rechazada porque la recalificación para uso lucrativo no se compensa en otro lugar.

3) Parcela dotacional en Su Eminencia: El PGOU de 1987 calificaba como zona verde una parcela de 1.103 m2 que el Ayuntamiento quiere recalificar a dotación pública de equipamiento. De hecho, hace seis años ya se dio licencia para un centro de atención a discapacitados. Como no supone incremento de lucratividad urbanística (sic), el Consultivo lo autoriza.

4) Parcela residencial en C/ Patricio Sáenz Nº 13: Calificada como suelo dotacional genérico, el Consistorio pretendía recalificarla para uso residencial centro histórico, con tres plantas de altura y pensando en construir VPO. El Consultivo lo rechaza por la falta de medidas compensatorias y porque aunque se destinara a VPO no quedarían exentas de cumplir la ley.

5) Parcela dotacional en Polígono de San Pablo (Avda. Pedro Romero): El Consultivo autoriza que se regularice una ampliación en dirección Norte sobre un suelo de equipamiento público.

6) Antiguo Cuartel de la Calzada (Plaza del Sacrificio): Se necesita ampliar las instalaciones de un centro de afectados concertado con la Junta y que gestiona la asociación Auxilia,  recalificando para ello el espacio libre para equipamiento público. Se ocuparía así toda la manzana. Autorizado porque no se incrementa el aprovechamiento lucrativo.

7) C/ Arrayán-Divina Pastora: Hay unos terrenos expropiados en 1983 para un centro educativo que nunca se hizo, por lo que el TSJA sentenció la reversión a sus antiguos propietarios. El Ayuntamiento pretendía devolverle la calificación que tenían hace 30 años como residencial (centro histórico). El Consultivo no lo autoriza, con la tesis de que en su día el justiprecio de la expropiación ya debió considerar su valor como residencial que tenía entonces y porque el PGOU vigente, atendiendo las necesidades de la ciudad, los sigue calificando como docentes. Para el Consultivo, devolver los suelos a sus antiguos propietarios no implica la obligación añadida de tener que recalificarlos.

8) Cines y teatros del Centro: Cambio de calificación de los cines y teatros del Centro histórico de equipamiento público (SIPS) a residencial (Centro Histórico) en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. El Consultivo la avala pero aclara que no se trata de una modificación del PGOU, sino de una previa anulación del mismo por sentencia judicial en estos casos concretos.

La agilidad como coartada

Todos los alcaldes comienzan y acaban igual. La única diferencia consiste en el tiempo que tardan en hacerlo, en completar el tránsito de la transparencia y la participación prometidas al inicio de sus mandatos a la opacidad y la restricción posteriores. Todos prometen corregir la prácticas viciadas de sus predecesores e integrar a los vencidos en las urnas, su más o menos leal oposición, pero acaban marginándola a fin de no someterse a su, para ellos, inoportuno, control, pese a que en Democracia el rol de la oposición es justamente ése y esencial: fiscalizar al gobierno para que no se extralimite y se atenga siempre a la observancia de los preceptos legales.

Si se revisaran los discursos de Monteseirín tras sus investiduras (tres veces) como alcalde, formalmente parecerían impecables, tanto que hasta podrían haber sido suscritos por Zoido. Todo eran bonitas palabras, mano tendida a la oposición, gobernar para todos los sevillanos y no sólo para quienes habían votado a la lista de su partido que él encabezaba, transparencia en los asuntos públicos, democracia participativa, etcétera, etcétera.

Pocos dirían, a la luz de aquellas palabras y sin conocer la trayectoria posterior del alcalde con más escándalos en su etapa de gobierno y mayor agujero en las cuentas públicas y en las empresas municipales, que esas promesas se convertirían en humo a las pocas semanas o meses de recoger el bastón de mando. Así, una de las decisiones de Monteseirín como alcalde fue excluir a la oposición del PP, liderada entonces por Zoido, de los consejos de administración de las empresas del Ayuntamiento, como Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa…

EL DISCURSO HACE AGUAS

Para marcar diferencias con el gobierno de coalición PSOE-IU, Zoido anunció tras su investidura como alcalde que daría representación a los partidos de la oposición en las compañías y entes del Ayuntamiento pese a su mayoría absolutísima (20 concejales). El discurso de la transparencia y la participación anunciadas por el nuevo alcalde se resumió en su famoso lema “luces y taquígrafos”.

Sin embargo, a tan sólo diez meses de las próximas elecciones municipales, el discurso del alcalde ha empezado a hacer aguas de forma significativa según evidencian las actuaciones de su gobierno, pese a que éste, con 20 concejales, no debería aparentemente mostrar signos de debilidad o inseguridad. Pero le empiezan a molestar las voces críticas o no alineadas y obra en consecuencia al procurar evitarlas o que, al menos, no se oigan.

Así, ninguna asociación vecinal que no fuera afín a los planteamientos del Ayuntamiento o hubiera adoptado previamente alguna posición crítica fue invitada por el gobierno local a la inauguración oficial del parque del Guadaíra pese a que, paradójicamente, Zoido dio las gracias en su discurso a los colectivos que con sus aportaciones y sugerencias habían contribuido al diseño final de una obra que es unánimemente considerada esencial para la vertebración de la zona Sur de la ciudad y la integración del Polígono Sur, al discurrir entre este barrio marginado y Heliópolis.

VÍA RÁPIDA

Como se recordará, con la excusa de la crisis, el proyecto inicial del parque, con el que se pretendía reinstaurar un curso de agua por el antiguo cauce hasta la dársena del Guadalquivir con lagunas, molinos y pasos elevados sobre la avenida de Holanda, mutó hasta convertirse en el intento de construir una vía rápida de circulación para enlazar la carretera de Su Eminencia con la prolongación de la avenida de La Raza, una mera vía rápida flanqueada por árboles a uno y otro lados.

La fuerte oposición vecinal en Heliópolis, Pedro Salvador, Pineda y otras barriadas obligó a aparcar un proyecto que todavía pende como una espada de Damocles sobre el parque, cuya espina dorsal no deja de ser una plataforma de menor anchura pero reconvertible en cualquier momento en carretera. A la hora de la verdad, los colectivos que impidieron que el parque del Guadaíra fuera una vía rápida con árboles en sus cunetas no salieron en la foto de la inauguración porque fueron excluidos del acto oficial.

URBANISMO

La semana pasada, el gobierno municipal avanzó en su estrategia de aislar a los discrepantes, en este caso su oposición PSOE-IU, en la Gerencia de Urbanismo, el departamento que históricamente ha sido el más poderoso y brazo ejecutor de las políticas del Ayuntamiento de Sevilla pero que a Zoido no deja de producirle dolores de cabeza por la descoordinación existente en su cúpula.

Las dos últimas pruebas las hemos tenido en los dos intentos frustrados de la Gerencia de acelerar la aprobación del convenio urbanístico/modificación subsiguiente del PGOU con Altadis y Puerto Triana para la recalificación de los suelos de la multinacional tabaquera y la construcción de un puente al servicio de la torre Pelli, que han sido tumbados por sendos informes del secretario municipal debido a su improcedencia legal y amplificados por la oposición gracias a su presencia en el Consejo de la Gerencia, que le permite el acceso a los expedientes y controlar más o menos en tiempo real la labor de Urbanismo.

Para evitar esa fiscalización ‘en simultáneo’ y quedar en evidencia ante la opinión pública por la difusión de los dictámenes negativos de los Servicios Municipales, el gobierno de Zoido ha decidido un vaciamiento de las competencias del Consejo de Gobierno de la Gerencia y el traspaso de la mayor parte de las mismas a la Comisión Ejecutiva, donde ya no están representados los partidos de la oposición, sino sólo los ediles de la mayoría gobernante.

VACIAMIENTO

A partir de ahora, el Consejo de Gerencia sólo conocerá los asuntos relacionados con los presupuestos, las ordenanzas fiscales y las modificaciones del PGOU. Pasan a la Comisión Ejecutiva los temas relativos a vivienda, licencias de ocupación del dominio público, adjudicaciones de obras, expropiaciones, inscripciones de solares, recursos judiciales, quioscos, gastos de hasta 200.000 euros y ayudas y subvenciones.

Formalmente, Zoido no ha expulsado a la oposición del Consejo de un organismo autónomo del Ayuntamiento cual es la Gerencia, pero al reducir sus competencias al mínimo el resultado es prácticamente como si lo hubiera hecho y redunda en detrimento de las ‘luces y taquígrafos’ prometidas por el alcalde.

La oposición ha calculado que si en el mes de junio hubiera estado ya vigente esta modificación, el orden del día del Consejo de la Gerencia hubiera pasado de 90 asuntos a 10, porque 80 habrían sido tratados sólo por el Comité Ejecutivo. El dato significa una reducción ¡del 89%! de los asuntos a tratar.

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha tratado de justificar la medida con la manida tesis de la agilización de los procedimientos y para una mayor eficacia en la gestión, el mismo argumento que en la Junta de Andalucía ha acabado por configurar toda una Administración paralela para sustraerla al control de los órganos de supervisión, con resultados que están en la mente de todos.

Asimismo, Vílchez afirma que la oposición tendrá acceso a cualquier documentación que quiera ver, independientemente del órgano en que se apruebe, pero no es lo mismo, obviamente, acceder a los documentos casi en pie de igualdad y poder reaccionar sobre la marcha que ‘a posteriori’ e incluso permitiéndole tomar sólo notas a mano durante un tiempo limitado.

CRUZ ROJA

Y, en esta línea, la delegada del distrito Macarena, Evelia Rincón, ha declarado que asociaciones como A Contramano y Ecologistas en Acción, cuyo objeto social es la defensa de la bicicleta como medio de transporte y el medio ambiente, respectivamente, no han sido invitadas por el Ayuntamiento a la mesa de trabajo para la remodelación de la avenida de la Cruz Roja “porque -dijo- no van a opinar sobre las canalizaciones de Emasesa ni sobre la limpieza de Lipasam”.

Pero la reordenación de la avenida es mucho más ambiciosa que cambiar unas canalizaciones o unos contenedores de basura de sitio, ya que el Ayuntamiento ha anunciado también la creación de plazas de aparcamientos para coches pese al carril-bici existente y la reposición del arbolado, lo cual significa que previamente se eliminarán los árboles que hay ahora. Son dos cuestiones altamente sensibles y que se sustraen a la opinión de estos dos colectivos ciudadanos pese a tanta promesa de fomentar la participación.

Como en el caso de la Gerencia de Urbanismo, el gobierno municipal no quiere tener presentes incómodos testigos que puedan cuestionar su actuación.

Un triple Nervión Plaza

Sevilla Park tendrá el mayor complejo comercial de Andalucía, con 65.000 m2, y el vigésimo de España

Los promotores plantean la construcción de torres de hasta 40 metros de altura a orillas de la dársena

 

El jueves 3 de julio, Zoido, acompañado de su delegado de Urbanismo -Maximiliano Vílchez-, trató de acaparar protagonismo en relación con el proyecto de macrocentro comercial ‘Sevilla Park’, al que con su entusiasmo habitual llegó a calificar de “proyecto de Estado”. A tal efecto había convocado una rueda de prensa en el Ayuntamiento, cuyo inicio demoró durante media hora porque, según se dijo, estaba realizando las últimas llamadas a las Administraciones implicadas.

El alcalde anunció que la Junta de Gobierno prevista para el día siguiente iba a tramitar por vía de urgencia la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan Especial del puerto para permitir su implantación, que se complementaría con un auditorio para eventos musicales y deportivos y una terminal para el atraque de cruceros turísticos.

Zoido agradeció a la Junta de Andalucía, el Gobierno y, especialmente, a la Autoridad Portuaria su colaboración para sacar adelante el proyecto y, sobre todo, a la iniciativa privada su apuesta por elegir Sevilla. Según dijo el alcalde, supondrá una inversión de unos 200 millones de euros y creará más de 2.500 empleos. En su momento, los promotores hablaron de 180 millones de euros de inversión y 2.000 empleos, de los que 1.000 serían únicamente durante la fase de construcción.

INICIATIVA DEL PUERTO

¿Gracias a la colaboración de la Autoridad Portuaria por su colaboración o más bien al revés? Porque éste no es un proyecto digamos propio del Ayuntamiento, al margen de que lo sean todos los que se ejecuten en la ciudad, sino de aquélla y del Estado, del que depende el puerto, como prueba el hecho de que fue el antiguo presidente de dicho organismo, Manuel Fernández, quien el pasado 15 de enero remitió a Vílchez un extenso documento de 230 páginas sobre la modificación puntual del Plan Especial del puerto e implantación del nuevo artículo XXXIV. Area AP-18. Deportivo-Ocio-Cultural y Gran Superficie Minorista.

Pero según algunas interpretaciones en materia urbanística, dado el régimen especial del puerto de Sevilla y la redacción del PGOU de la ciudad (2006), la Autoridad Portuaria tendría autonomía urbanística para redactar una innovación del Plan Especial, de competencia estatal, y al Ayuntamiento únicamente le correspondería validarla, sin necesidad del proceso iniciado por Manuel Fernández, mucho más lento y que ha equivalido a no ejercer su especial status portuario.

Dicho de otro modo, es como si no hubiera diferencia alguna entre Altadis y el puerto a la hora de tramitar sus respectivas modificaciones urbanísticas, cuando en el caso de este último la vía más corta era la mera modificación del articulado del Plan Especial. Al margen de todo ello, si algo está claro es que quien inicia los trámites para la instalación de Sevilla Park en la ciudad no es Zoido, como incluso ha lllegado a titularse, sino Manuel Fernández, en su momento presidente de la Autoridad Portuaria.

TREINTA AÑOS PRORROGABLES

Y es que ésta, necesitada de ingresos alternativos al margen de su actividad ordinaria, es quien recibirá en sus arcas los jugosos canon de ocupación y de explotación del suelo del que es propietaria en la margen derecha del río por su cesión a Sevilla Park por un plazo de 30 años prorrogables a 35, mientras que el Ayuntamiento cobrará por las licencias de obra que expida y, luego, por los tributos de carácter local.

Pese a las prisas para que el proyecto empiece a construirse después del verano y antes de las elecciones y sea una realidad en 2015 (¿alguien puede creerse que 80.000 m2 de edificabilidad pueden rematarse en sólo 12 ó 15 meses?), no ha habido tanta alfombra roja como podría pensarse extendida a los pies de los inversores, cuatro empresas ligadas al sector del ocio y de los espectáculos: Octagon, Live Nation, RIM y Last Tour.

Estas han tenido que redactar siete informes específicos en respuesta a los requerimientos técnicos de la Gerencia de Urbanismo desde que en enero la Autoridad Portuaria solicitó la modificación del Plan Especial, requerimientos que han ido dilatando la tramitación hasta que el 4 de julio se aprobó oficialmente el inicio de los trámites para aprobar la modificación del Plan Especial.

DE PUNTILLAS

Llama poderosamente la atención que en su rueda de prensa el alcalde omitiera, más allá de palabras genéricas -al igual que en las filtraciones periodísticas previas- detalles sobre la esencia del proyecto, un macrocomplejo comercial al borde de la dársena, ya que se ha tratado de poner siempre el foco exclusivamente  sobre el Auditorio. El macrocomplejo se despachaba con la expresión “zona de compras” o “zona comercial”. ¿Por qué se oculta esta circunstancia si el proyecto se atiene a la legalidad urbanística y tanto se pondera la magnitud de la inversión y los miles de empleos a crear?

Sevilla Park no será un Auditorio con zona de compras anexa, sino tal como describe la Autoridad Portuaria en el documento presentado en enero a Urbanismo, el mayor complejo comercial de Andalucía (65.000 m2 de superficie) con un Auditorio anexo, que no es lo mismo: “Esta nueva Superficie Comercial, por sus dimensiones y oferta de plazas de aparcamiento es -puede leerse- una de las mayores de España y la mayor de Andalucía, triplicando la S.B.A. (Superficie bruta arrendable) del Centro Comercial Nervión-Plaza, situado también en Sevilla, y superando asimismo el centro Plaza Mayor de Málaga, que hasta la fecha era el mayor de los analizados en Andalucía”.

Efectivamente, será el más grande de la región al superar los 53.107 m2 del centro malagueño y los 22.000 del Nervión Plaza sevillano, y el vigésimo de España, tras el Thader de Murcia (67.000 m2) y por delante del Max Center (59.773 m2) de Baracaldo (Vizcaya).

COMERCIAL MÁS QUE CULTURAL

Dado que la gran superficie comercial minorista ocupa el 81,25% de la edificabilidad solicitada para el proyecto, frente a tan sólo el 18,75% del Auditorio, Sevilla Park es sobre todo un complejo comercial y no cultural como se ha tratado de presentar, por acción u omisión, desde el Ayuntamiento, que en paralelo tramita también la recalificación para usos terciarios (comercios, hoteles, oficinas) de la cercana fábrica de tabacos de Altadis en la misma margen derecha del río.

Cabría, pues, pensar, con Ikea-2 en el horizonte igualmente, que Sevilla puede sufrir aún mayor saturación de centros comerciales y preguntarse si habrá suficiente tarta para todos en la ciudad y su área de influencia, un riesgo que en todo caso deberán correr sus promotores en una economía de libre mercado. Sin embargo, la tesis de que la explotación del macrocomplejo tres veces más grande que el Nervión Plaza es fundamental para asegurar la viabilidad económica del Auditorio demuestra entonces la infundada idea de que Sevilla, con su área de influencia y su turismo, es un mercado de suficiente tamaño como para organizar la actuación de grandes estrellas de la música pop durante todo el año bajo techo.

TORRES DE 40 METROS

Los promotores no sólo piden 65.000 m2 de edificabilidad terciaria más a orillas de la dársena hasta un total de 80.000, sino también que les autoricen a construir torres de 30 metros de altura, y de 40 metros en casos singulares, con lo que habría una prolongación de las torres de 30 metros previstas en Altadis y de los grandes bloques ya existentes en la avenida Presidente Adolfo Suárez. Se creará un nuevo ‘skyline’ en la margen derecha del Guadalquivir.

Dado que la construcción de la línea 4 del Metro, que pasaría por el entorno, no se adivina factible a medio plazo, la accesibilidad a esta franja de suelo junto a la dársena a través del único punto existente, el puente de las Delicias, se antoja como el gran talón de Aquiles de Sevilla Park.

Los promotores prevén que atraiga a 24 millones de visitantes/año, el 74% de los cuales lo hará en coche privado y generará un tráfico de 6,1 millones de vehículos. Esto significa un promedio de 16.712 vehículos/día que añadir a los 40.384 que ya circulan (cifra más baja debido a la crisis) por la Avenida de Juan Pablo II y a los 15.587 que lo hacen por la carretera de la esclusa.

Va a haber, pues, 6,1 millones de coches más por el embudo del puente de las Delicias, en una situación similar, si no peor, de la temida por Zoido por el efecto de la torre Pelli. El alcalde no deja de reivindicar que la Junta le autorice a construir un puente entre Torneo y la Cartuja para aliviar el tráfico atraído por el rascacielos, mientras que Fomento apuesta por el transporte público y los carriles-bici.

Curiosamente, en el caso de Sevilla Park el alcalde elude hablar de los previsibles problemas de tráfico y subraya que los promotores proyectan extender un carril bici a las inmediaciones. En un caso la bicicleta se critica por insuficiente y en otro se presenta como la solución a los problemas de movilidad.

Puente o pasarela

El gobierno municipal acordó en el Pleno ordinario de junio la aprobación provisional de la modificación puntual del PGOU para la construcción de un puente que, en lugar de la pasarela peatonal prevista en el Plan General, canalice el tráfico rodado que genere la futura puesta en servicio (año 2015) de la torre Pelli. El punto contó con el voto a favor del PP, el negativo de IU y la abstención del PSOE.

En el transcurso del debate, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, insistió en que el puente en vez de la pasarela peatonal es la única solución para el problema del tráfico que generará el rascacielos, mientras que el portavoz de IU, José Manuel García, defendió que se acometan las soluciones previstas en el PGOU, las cuales pasan por el transporte público (prolongación del tren de cercanías hasta Torretriana y, luego, Blas Infante; dos nuevas líneas de Metro y extensión del tranvía hasta Plaza de Armas), dos puentes para el tráfico rodado pero no al Sur de la Cartuja, sino al Norte, y aparcamientos públicos en la calle Guadalquivir y el Canal de la Expo.

Maximiliano Vílchez espetó a García, para finalizar el debate, que si no se construye el puente, “a ver cómo se lo dicen a los sevillanos cuando estén en el atasco”. Pues en el caso de que se produjera tal hipótesis, que está por demostrar después de que por causa de la crisis y en paralelo a la construcción de la torre Pelli el tráfico haya descendido casi un 20% en Sevilla, el gobierno local de turno debería decirles a los sevillanos que ésa es la consecuencia de la política urbanística de ‘grandeur’ preconizada por Monteseirín durante su mandato, simbolizada por el rascacielos de la Cartuja, las ‘Setas’ de la Encarnación, la derruida -por ilegal- biblioteca universitaria sobre la zona verde de los jardines del Prado (más de 9 millones de euros tirados a la basura) y la conversión de la Alameda de Hércules en el equivalente al paseo marítimo de Islantilla.

ADVERTENCIA DESOÍDA

Si la hipótesis del atasco con más intensidad aún que el existente antes del inicio de la crisis se convirtiera en realidad, no haría más que dar la razón, fundamentalmente a los ecologistas y conservacionistas, que ya cuando se lanzó el proyecto del rascacielos alertaron de la irresponsabilidad que supondría construirlo justo en el punto más saturado de tráfico de la ciudad, la entrada a Sevilla desde la autovía que la conecta con el Aljarafe, Huelva y Portugal.

Cuando en febrero de 2008 se empezó a vallar el solar cercano a Torretriana en el que se iba a construir la torre Pelli y centenares de funcionarios de la Junta que allí aparcaban sus vehículos expresaron su protesta por que debían buscarse un estacionamiento alternativo y empezaban a tomar consciencia del problema que se les avecinaba, el entonces alcalde y promotor político del rascacielos en la Cartuja como supuesto símbolo de modernidad, Monteseirín, prometió redactar un plan de tráfico concreto para su entorno.

Atención al dato: se promovió la torre Pelli y se iniciaron las obras hace seis años (licencia, 16 septiembre de 2008) ¡sin un plan previo de movilidad sobre sus efectos y con sólo una promesa ‘a posteriori’ de redactarlo pero del que nunca más se supo! Monteseirín no hacía más que ratificar lo que en su día ya habían dicho los entonces responsables de Cajasol durante la presentación del rascacielos: desconocían los planes de tráfico existentes para la zona y remitían al Ayuntamiento, en la confianza de que éste tendría previsto su impacto en la Cartuja.

MÁS QUE LA TORRE

Ese impacto, según dijo Monteseirín en marzo de 2008, sería “positivo”. En su opinión, la solución (hablar de solución ya equivalía a reconocer un problema y por tanto un impacto negativo) no consistía en hacer más viales porque al final todos desembocarían en el mismo puente, el del Cristo de la Expiración, sino en “apostar por el transporte público, la política de aparcamientos, las rondas de circunvalación y ofrecer más alternativas al vehículo particular”.

Pero ese impacto no medido, pese a lo cual se autorizó el rascacielos en una política de hechos consumados, no sólo iba a derivar de la torre Pelli, sino también de otros proyectos existentes entonces y que fueron tumbados por la crisis. Recuérdese que en el entorno de la torre se había planeado la construcción de una nueva sede para la Gerencia de Urbanismo que sustituyera a las caracolas, con un coste de 70 millones de euros y para dar cobijo a más de 600 funcionarios, y una nueva macroconsejería de la Junta, Torretriana II, en la parcela de las banderas de la Expo, con una edificabilidad de 68.000 m2, equivalente a la posteriormente autorizada para la torre Pelli.

Y todo elllo cuando el Plan de Transporte Metropolitano de la Junta ya reflejaba que el tráfico con destino al centro de Sevilla superaba en un 5% la capacidad de absorción de la demanda por las infraestructuras existentes en hora punta. La previsión para 2020 era de que se superaría en un 25% la capacidad de absorción de ese embudo citado por Monteseirín del puente del Cristo de la Expiración.

PROBLEMA HEREDADO

Este problema en ciernes, muy aliviado por la caída de tráfico causada por la crisis económica, es el que ha heredado Zoido. El alcalde lo pretende solucionar antes de que hipotéticamente se plantee construyendo un puente para el tráfico rodado, en vez de una pasarela peatonal, desde Torneo a la Cartuja, embutido entre los bienes patrimoniales como el pabellón de la Navegación de la Expo y el monasterio de Santa María de las Cuevas, y a un coste mínimo de 11,3 millones de euros. De este dinero, sólo dispondría de los 4,8 millones comprometidos en su día por la promotora del rascacielos para la pasarela peatonal.

Zoido se ha empecinado en esta batalla urbanística contra los dictámenes hasta ahora negativos de la Junta, que visó el PGOU de Monteseirín, con lo cual estaría liberando al Gobierno andaluz y al central del elemento de presión que supuestamente tendría -la amenaza del terrible atasco permanente- para exigir a esas Administraciones que construyan las infraestructuras previstas en el PGOU para evitarlo o paliarlo: cierre del anillo ferroviario, nuevas líneas de Metro, puentes al Norte de la isla, aparcamientos públicos, etcétera.

Al contrario: en vez de presionar a la Junta para que ejecute las alternativas que avaló con el PGOU de Monteseirín, Zoido se echa sobre sus hombros y sobre las arcas del Ayuntamiento la solución al hipotético problema en beneficio de una iniciativa privada y que le obligaría a desembolsar 6 millones de euros (la diferencia entre el coste de la pasarela que sufragaría la promotora del rascacielos y el del puente), más otro millón de euros en la convocatoria de un concurso arquitectónico para el puente, cuya construcción y entrada en servicio se demoraría hasta 2018, tres años después de la prevista inauguración de la torre Pelli.

COMPÁS DE ESPERA

Por tanto, con estos plazos el puente no va a solucionar de entrada el hipotético problema de los atascos que provocaría el rascacielos y que parecen demasiado magnificados por los técnicos municipales para justificar su construcción: ¡un 46% de incremento del tráfico, casi el doble de todo lo previsto en el Plan Metropolitano para el año 2020!. Si de todos modos habría un lapso de tiempo de tres años, ¿no sería mejor esperar a ver cómo evoluciona el tráfico sin puente para obrar en consecuencia?

Si al tráfico rodado se le crean nuevas infraestructuras a su servicio, nunca se darán las condiciones para que el problema se aminore, sino al contrario, ya que se entraría en una espiral sin fin: un efecto llamada para más coches, que a su vez demandarían nuevos puentes, con lo que se incrementaría de nuevo el tráfico, y así sucesivamente. La solución, pues, consistiría en crear alternativas al tráfico privado -que no se han hecho todavía- en vez de potenciarlo con un nuevo puente. A su impacto paisajístico sobre los bienes patrimoniales de la Cartuja (no es el mismo que el de una liviana pasarela peatonal) habría que añadir el hecho de que contravendría lo dispuesto no ya sólo en el PGOU vigente, sino también en la LOUA, el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS y la Estrategia Andaluza de Movilidad, los cuales abogan por potenciar el transporte público en vez de potenciar el privado.

IMPACTO EN TORNEO

Hay otro elemento apenas considerado en este debate: el puente canalizaría  el tráfico rodado hacia y desde la Cartuja a través de la calle Torneo, de relativa circulación rápida y que discurre en paralelo al río sin obstáculo más allá de algunos semáforos en el itinerario.

La construcción del puente en perpendicular a Torneo rompería la continuidad del tráfico, por la necesidad de abrir paso al proveniente o con destino a la isla  a través del puente, con rotondas de acceso, con lo que se ralentizaría aún más el tráfico, con efectos hasta la zona de Arjona y del Paseo de Colón.

Y, por ende, el Ayuntamiento acaba de aprobar un parking de 180 plazas para dar servicio al Paseo del Arte, también con obligado acceso/salida desde Torneo.

Así, mientras trata de adelantarse a un problema en la Cartuja va sentando las bases para crear otros equivalentes en esta orilla del río.

Altadis: Esperado a Godot

El Pleno municipal de abril ha aprobado, con los votos en contra de la Oposición, el convenio con Altadis que permitirá la construcción de tres torres de entre 27 y 30 metros de altura en los suelos de la antigua fábrica de tabacos. Su impacto visual ya fue motivo de preocupación de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la entrevista que mantuvo en San Telmo con Zoido para que éste le explicara la operación urbanística.

El alcalde declaró a la salida del encuentro que “en principio, los edificios que están por detrás del que se construirá (sic) tienen mayor altura que el que se va a levantar, por lo que el impacto visual no será de importancia”. En esa misma línea se expresó en el Pleno el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, al subrayar que los edificios de la glorieta de las Cigarreras tienen 11 plantas (12 si se cuenta la baja), por lo que a su juicio los 30 metros de la torre de Altadis no tendrán un gran impacto en la zona.

PANTALLA VEGETAL

Si un observador se sitúa en el Paseo de las Delicias frente al edificio principal de Altadis, no percibe ningún impacto visual de los que están detrás del complejo industrial pese a tener éste cuatro plantas y algunos situados en esa zona de la calle Juan Sebastián Elcano ocho y nueve alturas, como dijo Zoido a la salida de San Telmo.

Y ello es así porque las cuatro alturas de Altadis equivalen a la de los inmuebles posteriores con el doble de plantas, como ratifica el informe del Servicio de Planeamiento: “El complejo de la fábrica es un recinto cerrado donde en su interior se disponen una serie de edificaciones, siendo la principal el edificio de tres y cuatro plantas de altura (equivalente en metros a seis o siete plantas) construido en el año 1954…”.

El edificio de 11 plantas (12 con la baja) de la glorieta de las Cigarreras (más los siguientes en dirección Suroeste) al que se refiere Vílchez no está detrás del complejo tabaquero, sino a la izquierda del puente de Los Remedios mirando desde el Paseo de las Delicias y su impacto paisajístico es muy perceptible desde la margen izquierda del Guadalquivir cuando el observador se sitúa en la glorieta de los Marineros Voluntarios y su entorno. Ahora bien, cuando el espectador se coloca enfrente de los actuales talleres de Altadis, esa mole queda muy difuminada por la hilera de enormes eucaliptos, aparentemente incluso de mayor altura que aquélla, que separa la fábrica de la multinacional de los jardines de Manuel Arellano.

La existencia de los grandes eucaliptos, unida al hecho de que a partir de la glorieta de las Cigarreras los inmuebles de la avenida presidente Adolfo Suárez se van separando del río progresivamente en forma de curva y ensanchando el campo visual para dejar sitio al recinto de la Feria, minimizan en gran manera su impacto paisajístico desde el primer tramo del Paseo de las Delicias, amén de que están construidos a entre 50 y 100 metros del cauce del Guadalquivir.

REPARCELACIÓN

Sin embargo, la construcción de las tres torres de 27 a 30 metros en el recinto de Altadis obligará, tal como figura en los planos del proyecto del convenio urbanístico y se encargó de subrayar en su día Juan Espadas, portavoz del PSOE, a ocupar la zona verde colindante con el puente de Los Remedios (Jardines de Manuel Arellano y de Manuel Ferrand), ahora calificada como ST-4 y sobre la que en el futuro se alzará un edificio de 27 metros que se “comerá” el actual espacio ajardinado y, presumiblemente, los enormes eucaliptos que actúan de pantalla vegetal.

Difícilmente se conservarán los grandes árboles que tapan la visión de los edificios traseros si, como se prevé, se construye debajo de las torres un parking subterráneo para dar servicio al complejo terciario, con mayor edificabilidad que el AireSur de Castilleja de la Cuesta.

Zoido ya reconoció tras su encuentro con la presidenta de la Junta que habrá un “replanteo” de los jardines, “los cuales no se pierden, sino que se trasladan al interior”. Efectivamente, tal como muestra el plano, se prevé que tras la reparcelación los actuales jardines, desde los que se puede disfrutar de la visión del río, parte de los jardines de San Telmo, el Paseo de las Delicias, el Parque de María Luisa y pabellones del 29 se trasladen y queden encajonados entre las torres de Altadis y los bloques de la calle Juan Sebastián Elcano, por lo que las plantaciones habrá que empezarlas de cero.

NO HAY VETO

Si tenemos en cuenta que las torres irán mucho más cerca del río, el resultado de la operación será que saltarán a la vista también los actuales edificios de 11-12 plantas de la glorieta de las Cigarreras y se formará así un muro-pantalla de torres de unos 30 metros en la margen derecha del Guadalquivir.

Vílchez ha dicho en o tras el Pleno que en el convenio con Altadis el Ayuntamiento se ha reservado expresamente el derecho de veto sobre el diseño final de los edificios que se ubicarán en la parcela con el fin, precisamente, de evitar que se construyan inmuebles que generen un alto impacto visual. El señor delegado se confunde y nos confunde, porque su aserto no responde a la realidad, tal como se comprueba leyendo el texto del convenio elevado al Pleno. No existe tal derecho de veto. Y aunque existiera, versaría en todo caso sobre el diseño de las torres (una mera cuestión estética), no sobre su altura (27 y 30 metros), ratificada en el convenio y que es lo que provoca el impacto visual.

PÉRDIDA INDUSTRIAL

Si se suma la recalificación de estas 3 ha de suelo en números redondos de Altadis a las de 10 ha del puerto que viene en camino para otro complejo terciario en torno a un Auditorio, Sevilla va a perder 13 ha de suelo industrial para destinarlo a usos hoteleros, comerciales y lúdicos que tanto abundan en la ciudad mientras se deslocaliza la industria (Altadis, Danone, Cargill, Panrico, Flex….) y el paro ha crecido en 15.000 personas en el trienio de Zoido hasta afectar a 92.000 sevillanos.

Por éso, en el Pleno el debate sobre la recalificación de Altadis trascendió al plano del modelo de ciudad que tenemos, queremos o necesitamos y hasta dónde nos llevará el más de lo mismo comercio-hoteles-oficinas y el abandono/deslocalización de la industria. Se constató por las declaraciones de Vílchez que el Ayuntamiento carece de iniciativa para paliar la situación y se muestra como un sujeto pasivo que se limita a dar vía libre a proyectos de terceros sin plantearse qué suponen para la ciudad y al presumible objetivo de lograr una economía diversificada y no dependiente del monocultivo comercial y turístico.

POTESTAD PLANIFICADORA

Así, Vílchez destacó que el gobierno municipal ha logrado que en la antigua fábrica de tabacos no se hagan viviendas, como si la decisión sobre el destino de los suelos y la potestad planificadora no dependieran de él y fuera Altadis la que hubiera hecho esa concesión graciable a la ciudad.

El delegado de Urbanismo también declaró: “No ha venido nadie para un proyecto de servicios terciarios avanzados. ¿Qué quieren que hagamos?”. ¿No ha venido nadie o el Ayuntamiento no ha salido a buscarlo ni tampoco se le ha ocurrido que en esos suelos estratégicamente situados y calificados como de uso industrial singular podrían instalarse servicios avanzados en vez de lo de siempre? ¿Para qué sirve entonces pagar un buen dinero a consultoras como Deloitte con el fin de que, supuestamente, capten proyectos de inversión para Sevilla y vender continua y tópicamente nuestra estratégica posición entre el Norte y el Sur y el Este y el Oeste y nuestra calidad de vida?.

El mínimo debate sobre la recalificación de Altadis y el reconocimiento de que no ha venido nadie con una alternativa a los comercios, veladores y mercados gourmet, no de que nosotros no hemos ido a la caza de proyectos de ese tipo,  es la demostración de que Sevilla, poco activa y demasiado pasiva, siempre está, como en la obra de Beckett,  esperando a Godot.

Altadis: de no llevarse un duro, a dar el pelotazo

Zoido, que dijo que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla tras el cierre de la fábrica de tabacos, le otorga 29.000 m2 de uso lucrativo para comercios y hoteles y un parking de 500 plazas
El alcalde también renuncia al proyecto de ‘Fábrica de Arte Elcano’ y sala de conciertos que propugnó para la antigua fábrica durante la campaña electoral

 

El Ayuntamiento ha filtrado por el procedimiento y a los medios habituales el cierre de un acuerdo con la multinacional tabaquera Altadis para repartirse la edificabilidad de la cerrada fábrica de tabacos sita en Los Remedios, un acuerdo que supone la renuncia de Zoido a los proyectos que apoyó en principio o presentó luego él mismo para este complejo industrial en la margen derecha del Guadalquivir.

En síntesis, Zoido ha pasado de abogar por la expropiación de la factoría para que ésta no se llevara un duro de Sevilla a otorgarle a la multinacional 29.000 m2 comerciales más un parking rotatorio de 500 plazas para que dé su particular pelotazo urbanístico, obviando así que la empresa le dio hace años el portazo a Sevilla al cerrar la fábrica de tabacos más antigua del mundo tras deslocalizar su producción e incumplir su promesa de que compensaría a Sevilla con la construcción de un centro logístico en la provincia.

EL URBANISMO ESPECULATIVO

Durante los años del ‘boom’ inmobiliario, los sevillanos vieron cómo se cerraban empresas de larga trayectoria en la ciudad (Landis, Coca Cola, Uralita) para trasladar la producción fuera del municipio e incluso de la comunidad autónoma, previa obtención de jugosas plusvalías urbanísticas por la recalificación de sus terrenos, que pasaban de industriales a residenciales, sin que revirtiera beneficio alguno y se perdieran además los empleos y las inversiones acumuladas a lo largo del tiempo.

El paradigma de esta casuística fue la fábrica de Uralita en Bellavista, cuyos suelos, una vez recalificados, fueron vendidos por 12 millones de euros para el pelotazo urbanístico de Los Jardines de Hércules, en que se obtuvieron plusvalías valoradas en bastantes dígitos más.

Por éso, cuando en el año 2007 Altadis acabó cerrando su fábrica de tabacos, la más antigua del mundo -con toda la carga simbólica que ello representaba y el mito de Carmen y las cigarreras- por sus casi 400 años de historia, después de haber deslocalizado la producción e indemnizado o trasladado a los dos centenares de trabajadores en números redondos que le quedaban, los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento se conjuraron para evitar que Altadis repitiera la jugada de Uralita y anteriores y no sólo se negaron a aprobar una recalificación urbanística, sino que decidieron mantener en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de la factoría como “de uso industrial singular”.

AVISO A NAVEGANTES

Se enviaba así un mensaje muy nítido a la propia Altadis y a cualquier otra empresa que quisiera especular con sus terrenos a costa de sacrificar el tejido productivo de la ciudad y los empleos al mismo vinculados. A Altadis, de la que entonces se rumoreaba podría estar negociando  la venta de su fábrica, situada junto al río y frente al Paseo de las Delicias y el Palacio de San Telmo, a una gran cadena hotelera internacional por unos 50 millones de euros, se la colocaba en la disyuntiva de hacer negocio con otra actividad industrial o asumir los gastos y las pérdidas de mantener un complejo fabril cerrado y deteriorándose con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Zoido al respecto? El hoy alcalde y entonces líder de la oposición municipal se mostró radicalmente contrario a la actitud de la multinacional tabaquera, con estas palabras: “Altadis no se lleva un duro de ahí. No se va a llevar absolutamente nada de ahí porque ha condenado a Sevilla. La vamos a expropiar”.

Esta apuesta por la expropiación la mantuvo también dos años después (2009), cuando el PSOE de Monteseirín trató de buscarle una salida a la situación pactando con Altadis una expropiación y una modificación del PGOU para que el suelo de la fábrica pasara a tener un uso educativo. IU, entonces con Rodrigo Torrijos al frente y temiendo que el pacto implicara la cesión de suelos en otra zona de la ciudad, se negó a alterar el PGOU para mantener así el uso industrial y seguir castigando a la multinacional por su portazo a Sevilla.

Zoido ofreció entonces los votos del PP a Monteseirín “por el bien de Sevilla” y por entender que la expropiación abría la puerta a dotar a Los Remedios de un colegio público, una biblioteca, instalaciones deportivas y un centro de mayores, pero su predecesor en el cargo prefirió no arriesgar el pacto de gobierno con IU y mantener el ‘statu quo’. La factoría de Altadis siguió cerrada y sin uso.

CAMPAÑA ELECTORAL

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, Zoido perfiló aún más su alternativa para el complejo de cinco edificios de Altadis, con el proyecto denominado ‘Fábrica de Arte Elcano’. Según dijo entonces el PP, había interés de firmas emblemáticas en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y el ocio para establecerse en Sevilla mediante un modelo menos tradicional que permitiera generar sinergias entre su actividad comercial y lo creativo, al modo de Apple en Nueva York.

Conforme a ese modelo, el PP planteaba reconvertir el edificio central de la factoría de Altadis en un centro de arte multimedia; otro, en una sala de conciertos; los más cercanos a los clubes deportivos y la Plaza de Cuba, en una especie de centro cívico o de día para mayores y pequeños, y la capilla de las Cigarreras se mantendría igual. No se derribaría ningún inmueble , salvo zonas concretas para abrir calles perpendiculares al río, recuperar la ribera y unirla con una pasarela peatonal al muelle de Nueva York, en la otra orilla. La operación se financiaría otorgando al edificio de Altadis más cercano al puente de Los Remedios una edificabilidad comercial de 7.000 m2, más un parking rotatorio bajo rasante en la parcela contigua de mil plazas.

CONTENIDO DEL PACTO

Ahora, en el acuerdo cerrado con la multinacional y según los detalles filtrados por el gobierno local, Zoido le rebaja las plazas de parking a 500 (el coste de construcción es también más barato), pero a cambio de más que cuadruplicarle el negocio lucrativo con 29.000 m2 de edificabilidad para construir hoteles y/o zonas comerciales y autorizar derribos de todos los inmuebles menos la capilla y el edificio central (18.000 m2), que se quedaría el Ayuntamiento para un museo y un centro de mayores.

El acuerdo supone el certificado de defunción de la Fábrica de Arte Elcano, las sinergias creativas y las nuevas tecnologías para repetir el modelo tradicional, ya intentado sin éxito en la Gavidia: más comercios y/o más hoteles y más aparcamientos rotatorios.

Si el PP abogaba por que el Ayuntamiento se quedara con cuatro edificios del complejo, ahora se reserva sólo dos (uno de ellos, la capilla), y Altadis, la gran beneficiaria del acuerdo, obtiene el equivalente a un centro comercial en el suelo que deje libre la demolición de los tres restantes.

El acuerdo obliga a modificar el PGOU para recalificar los suelos, de industriales a comerciales y de equipamiento. Zoido, que durante tres años ha negociado con la multinacional en secreto y llegado a un acuerdo que mostrar antes de las elecciones, presenta el pacto como esencial para el futuro de la ciudad y pide a la oposición y a la Junta, que deberá ratificarlo, que se sumen al mismo pero sin previamente haberles dado participación alguna en las negociaciones ni información al respecto. Política de hechos consumados y urbanismo de mesa camilla para colocar al resto de los grupos y al Gobierno andaluz en la disyuntiva de dar su pleno apoyo o ser señalados como los enemigos y boicoteadores de los grandes proyectos de Sevilla. ¿De Sevilla o de Altadis?

El Ayuntamiento obliga a pagar un mínimo de 25 euros por la ITE, que antes era gratis

Ha impuesto una tasa que se eleva a 47,50 euros para los edificios más grandes

A este coste hay que sumar el que cobren los profesionales por la inspección

 

El gobierno presidido por Juan Ignacio Zoido no sólo no aplica la Ordenanza de la ITE a los edificios municipales con el argumento, en palabras del alcalde, de que gozan de “otra condición” mientras multa a los propietarios y comunidades vecinales que incumplen la norma, sino que ha sido el primero en convertir la ITE en un instrumento recaudatorio más para las arcas del Ayuntamiento.

La primera Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios fue aprobada por el Ayuntamiento el 25 de mayo del año 2000 en el primer mandato de Monteseirín como alcalde, y desde entonces su presentación ante la Gerencia de Urbanismo era gratuita, al margen de lo que pagaran los propietarios de los inmuebles a los profesionales acreditados tras proceder a la revisión.

Con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento ha convertido el mero trámite de la presentación de la ITE en otro coste más para los sevillanos y en otra fuente de recaudación más para la Hacienda local, ya que creó una tasa específica bajo el epígrafe ‘Control y revisión por la Gerencia de Urbanismo del deber de presentar la Inspección Técnica de los Edificios realizada por facultativo competente, a fin de determinar el estado de conservación’.

Así pues, por cada ITE que se presente a revisión mediante el empleo de la aplicación informática habilitada al efecto por la Gerencia de Urbanismo y por vía telemática, en función de los metros cuadrados del inmueble, el Ayuntamiento cobra las siguientes tasas:

-Por edificios de hasta 300 m2 de superficie construida, por ITE presentada: 25 euros.

-Por edificios de hasta 450 m2: 32,50 euros.

-Por edificios de hasta 600 m2: 40,00 euros.

-Por edificios de más de 600 m2: 47,50 euros.

La intención inicial, conforme al Plan de Ajuste, era aún más gravosa para los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento quería imponer una tarifa mínima de 100 euros, y tasas de 200 euros para edificios de hasta 500 m2; 350 euros para edificios de hasta 1.000 m2; 1.000 euros para los inmuebles de hasta 5.000 m2, y 3.000 para los que tuvieran una superficie superior a los 5.000 m2. Con estas cuantías estimó que podría ingresar 200.000 euros anualmente.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.