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Altadis: de no llevarse un duro, a dar el pelotazo

Zoido, que dijo que Altadis no se llevaría un duro de Sevilla tras el cierre de la fábrica de tabacos, le otorga 29.000 m2 de uso lucrativo para comercios y hoteles y un parking de 500 plazas
El alcalde también renuncia al proyecto de ‘Fábrica de Arte Elcano’ y sala de conciertos que propugnó para la antigua fábrica durante la campaña electoral

 

El Ayuntamiento ha filtrado por el procedimiento y a los medios habituales el cierre de un acuerdo con la multinacional tabaquera Altadis para repartirse la edificabilidad de la cerrada fábrica de tabacos sita en Los Remedios, un acuerdo que supone la renuncia de Zoido a los proyectos que apoyó en principio o presentó luego él mismo para este complejo industrial en la margen derecha del Guadalquivir.

En síntesis, Zoido ha pasado de abogar por la expropiación de la factoría para que ésta no se llevara un duro de Sevilla a otorgarle a la multinacional 29.000 m2 comerciales más un parking rotatorio de 500 plazas para que dé su particular pelotazo urbanístico, obviando así que la empresa le dio hace años el portazo a Sevilla al cerrar la fábrica de tabacos más antigua del mundo tras deslocalizar su producción e incumplir su promesa de que compensaría a Sevilla con la construcción de un centro logístico en la provincia.

EL URBANISMO ESPECULATIVO

Durante los años del ‘boom’ inmobiliario, los sevillanos vieron cómo se cerraban empresas de larga trayectoria en la ciudad (Landis, Coca Cola, Uralita) para trasladar la producción fuera del municipio e incluso de la comunidad autónoma, previa obtención de jugosas plusvalías urbanísticas por la recalificación de sus terrenos, que pasaban de industriales a residenciales, sin que revirtiera beneficio alguno y se perdieran además los empleos y las inversiones acumuladas a lo largo del tiempo.

El paradigma de esta casuística fue la fábrica de Uralita en Bellavista, cuyos suelos, una vez recalificados, fueron vendidos por 12 millones de euros para el pelotazo urbanístico de Los Jardines de Hércules, en que se obtuvieron plusvalías valoradas en bastantes dígitos más.

Por éso, cuando en el año 2007 Altadis acabó cerrando su fábrica de tabacos, la más antigua del mundo -con toda la carga simbólica que ello representaba y el mito de Carmen y las cigarreras- por sus casi 400 años de historia, después de haber deslocalizado la producción e indemnizado o trasladado a los dos centenares de trabajadores en números redondos que le quedaban, los grupos políticos integrantes del Ayuntamiento se conjuraron para evitar que Altadis repitiera la jugada de Uralita y anteriores y no sólo se negaron a aprobar una recalificación urbanística, sino que decidieron mantener en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) la calificación de la factoría como “de uso industrial singular”.

AVISO A NAVEGANTES

Se enviaba así un mensaje muy nítido a la propia Altadis y a cualquier otra empresa que quisiera especular con sus terrenos a costa de sacrificar el tejido productivo de la ciudad y los empleos al mismo vinculados. A Altadis, de la que entonces se rumoreaba podría estar negociando  la venta de su fábrica, situada junto al río y frente al Paseo de las Delicias y el Palacio de San Telmo, a una gran cadena hotelera internacional por unos 50 millones de euros, se la colocaba en la disyuntiva de hacer negocio con otra actividad industrial o asumir los gastos y las pérdidas de mantener un complejo fabril cerrado y deteriorándose con el paso del tiempo.

¿Qué dijo Zoido al respecto? El hoy alcalde y entonces líder de la oposición municipal se mostró radicalmente contrario a la actitud de la multinacional tabaquera, con estas palabras: “Altadis no se lleva un duro de ahí. No se va a llevar absolutamente nada de ahí porque ha condenado a Sevilla. La vamos a expropiar”.

Esta apuesta por la expropiación la mantuvo también dos años después (2009), cuando el PSOE de Monteseirín trató de buscarle una salida a la situación pactando con Altadis una expropiación y una modificación del PGOU para que el suelo de la fábrica pasara a tener un uso educativo. IU, entonces con Rodrigo Torrijos al frente y temiendo que el pacto implicara la cesión de suelos en otra zona de la ciudad, se negó a alterar el PGOU para mantener así el uso industrial y seguir castigando a la multinacional por su portazo a Sevilla.

Zoido ofreció entonces los votos del PP a Monteseirín “por el bien de Sevilla” y por entender que la expropiación abría la puerta a dotar a Los Remedios de un colegio público, una biblioteca, instalaciones deportivas y un centro de mayores, pero su predecesor en el cargo prefirió no arriesgar el pacto de gobierno con IU y mantener el ‘statu quo’. La factoría de Altadis siguió cerrada y sin uso.

CAMPAÑA ELECTORAL

Durante la campaña para las elecciones municipales de 2011, Zoido perfiló aún más su alternativa para el complejo de cinco edificios de Altadis, con el proyecto denominado ‘Fábrica de Arte Elcano’. Según dijo entonces el PP, había interés de firmas emblemáticas en la gestión de nuevas tecnologías aplicadas a la cultura y el ocio para establecerse en Sevilla mediante un modelo menos tradicional que permitiera generar sinergias entre su actividad comercial y lo creativo, al modo de Apple en Nueva York.

Conforme a ese modelo, el PP planteaba reconvertir el edificio central de la factoría de Altadis en un centro de arte multimedia; otro, en una sala de conciertos; los más cercanos a los clubes deportivos y la Plaza de Cuba, en una especie de centro cívico o de día para mayores y pequeños, y la capilla de las Cigarreras se mantendría igual. No se derribaría ningún inmueble , salvo zonas concretas para abrir calles perpendiculares al río, recuperar la ribera y unirla con una pasarela peatonal al muelle de Nueva York, en la otra orilla. La operación se financiaría otorgando al edificio de Altadis más cercano al puente de Los Remedios una edificabilidad comercial de 7.000 m2, más un parking rotatorio bajo rasante en la parcela contigua de mil plazas.

CONTENIDO DEL PACTO

Ahora, en el acuerdo cerrado con la multinacional y según los detalles filtrados por el gobierno local, Zoido le rebaja las plazas de parking a 500 (el coste de construcción es también más barato), pero a cambio de más que cuadruplicarle el negocio lucrativo con 29.000 m2 de edificabilidad para construir hoteles y/o zonas comerciales y autorizar derribos de todos los inmuebles menos la capilla y el edificio central (18.000 m2), que se quedaría el Ayuntamiento para un museo y un centro de mayores.

El acuerdo supone el certificado de defunción de la Fábrica de Arte Elcano, las sinergias creativas y las nuevas tecnologías para repetir el modelo tradicional, ya intentado sin éxito en la Gavidia: más comercios y/o más hoteles y más aparcamientos rotatorios.

Si el PP abogaba por que el Ayuntamiento se quedara con cuatro edificios del complejo, ahora se reserva sólo dos (uno de ellos, la capilla), y Altadis, la gran beneficiaria del acuerdo, obtiene el equivalente a un centro comercial en el suelo que deje libre la demolición de los tres restantes.

El acuerdo obliga a modificar el PGOU para recalificar los suelos, de industriales a comerciales y de equipamiento. Zoido, que durante tres años ha negociado con la multinacional en secreto y llegado a un acuerdo que mostrar antes de las elecciones, presenta el pacto como esencial para el futuro de la ciudad y pide a la oposición y a la Junta, que deberá ratificarlo, que se sumen al mismo pero sin previamente haberles dado participación alguna en las negociaciones ni información al respecto. Política de hechos consumados y urbanismo de mesa camilla para colocar al resto de los grupos y al Gobierno andaluz en la disyuntiva de dar su pleno apoyo o ser señalados como los enemigos y boicoteadores de los grandes proyectos de Sevilla. ¿De Sevilla o de Altadis?

El Ayuntamiento obliga a pagar un mínimo de 25 euros por la ITE, que antes era gratis

Ha impuesto una tasa que se eleva a 47,50 euros para los edificios más grandes

A este coste hay que sumar el que cobren los profesionales por la inspección

 

El gobierno presidido por Juan Ignacio Zoido no sólo no aplica la Ordenanza de la ITE a los edificios municipales con el argumento, en palabras del alcalde, de que gozan de “otra condición” mientras multa a los propietarios y comunidades vecinales que incumplen la norma, sino que ha sido el primero en convertir la ITE en un instrumento recaudatorio más para las arcas del Ayuntamiento.

La primera Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios fue aprobada por el Ayuntamiento el 25 de mayo del año 2000 en el primer mandato de Monteseirín como alcalde, y desde entonces su presentación ante la Gerencia de Urbanismo era gratuita, al margen de lo que pagaran los propietarios de los inmuebles a los profesionales acreditados tras proceder a la revisión.

Con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento ha convertido el mero trámite de la presentación de la ITE en otro coste más para los sevillanos y en otra fuente de recaudación más para la Hacienda local, ya que creó una tasa específica bajo el epígrafe ‘Control y revisión por la Gerencia de Urbanismo del deber de presentar la Inspección Técnica de los Edificios realizada por facultativo competente, a fin de determinar el estado de conservación’.

Así pues, por cada ITE que se presente a revisión mediante el empleo de la aplicación informática habilitada al efecto por la Gerencia de Urbanismo y por vía telemática, en función de los metros cuadrados del inmueble, el Ayuntamiento cobra las siguientes tasas:

-Por edificios de hasta 300 m2 de superficie construida, por ITE presentada: 25 euros.

-Por edificios de hasta 450 m2: 32,50 euros.

-Por edificios de hasta 600 m2: 40,00 euros.

-Por edificios de más de 600 m2: 47,50 euros.

La intención inicial, conforme al Plan de Ajuste, era aún más gravosa para los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento quería imponer una tarifa mínima de 100 euros, y tasas de 200 euros para edificios de hasta 500 m2; 350 euros para edificios de hasta 1.000 m2; 1.000 euros para los inmuebles de hasta 5.000 m2, y 3.000 para los que tuvieran una superficie superior a los 5.000 m2. Con estas cuantías estimó que podría ingresar 200.000 euros anualmente.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El Ayuntamiento no pasa la ITE pero multa con 4.500 euros a los demás

De ocho edificios municipales elegidos al azar sólo consta con la ITE el mercado del Arenal

Figuran con la ficha en blanco la sede de Plaza Nueva y el edificio de Los Pajaritos

La situación es similar a la de las Atarazanas, a la que Urbanismo envió sus inspectores

 

El Ayuntamiento de Sevilla envió el 5 de febrero inspectores de Urbanismo a las Atarazanas, propiedad de la Junta de Andalucía, tras comprobar en su Registro que no había pasado la ITE en el plazo límite de noviembre de 2009, por lo cual puede imponerle una sanción de 6.000 euros si califica la infracción como muy grave. Además de a la Junta, está incoando expedientes sancionadores a propietarios de otros edificios sin ITE, a los que estaría proponiendo multas de unos 4.500 euros. Paradójicamente, hay edificios municipales cuya ficha en Urbanismo figura en blanco como muestra de que no han sido sometidos o no han superado la inspección técnica.

La Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE) fue aprobada por el Pleno municipal el 25 de mayo de 2000. En su artículo 6º obliga a la constitución de un Registro Informatizado de la misma en la Gerencia de Urbanismo con carácter público y en el que deben constar, como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Hemos buscado los datos de inspección de ocho edificios municipales de distinta naturaleza y ubicación a modo de sondeo sobre el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de su propia Ordenanza: la sede del Consistorio en la Plaza Nueva, el edificio municipal de la calle Pajaritos, la sede del Distrito de Triana, el antiguo mercado de la Puerta de la Carne, el teatro Lope de Vega, el mercado del Arenal, la sede del Servicio de Estadística (calle El Jobo) y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

La fecha límite de la presentación de la ITE en seis de estos inmuebles, conforme al dato que aparece en sus fichas, era el 6 de noviembre de 2009, acorde con los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Única de la Ordenanza: edificios protegidos o cuyo año de construcción sea anterior o hasta 1929. Pue bien, el apartado del estado de tramitación de la ITE en la ficha de estos seis inmuebles está en blanco salvo en el caso del mercado del Arenal, para el que se acredita la realización de la inspección el 26 de abril de 2013, con casi cuatro años de retraso sobre el plazo establecido. Se le da como fecha de renovación para la siguiente ITE el 31 de diciembre de 20120.

La ficha del mercado del Arenal demuestra que todos los edificios de Sevilla sin excepción, aunque sean de titularidad pública, deben pasar y superar la ITE, pero no aclara la sanción que Urbanismo habría debido imponer al gobierno municipal por estos cuatro años de demora, en línea que la que podría aplicar a la Junta de Andalucía por su dejación en las Atarazanas y a todos los sevillanos a los que se ha expedientado por no cumplimentar este trámite.

Dos edificios municipales de los consultados en la página web, el antiguo mercado de la Puerta de la Carne y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, tienen fijada como fecha límite para la ITE el 6 de julio de 2012, dado que conforme a lo establecido en la Ordenanza su fecha de construcción está comprendida entre 1930 y 1954.

Las fichas de ambos también figuran en blanco. Más significativo aún en el caso del antiguo mercado es que el Ayuntamiento convocó un concurso público para su adjudicación a una empresa privada pese a que no ha pasado la Inspección Técnica. Igualmente, el Consistorio ha alegado el mal estado de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián en su conflicto con la Junta por cambiarla de uso, pero tampoco consta que pasara la ITE, cuya consecuencia debería ser la reparación inmediata de los desperfectos detectados. En ninguno de los siete casos en que la ficha aparece en blanco como no realizada la inspección pese a los años transcurridos desde la fecha límite consta la incoación de expedientes sancionadores.

 

Entre la realidad y el deseo

El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este

La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.

Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.

En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.

ANULACIÓN

Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.

En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?

La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.

Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.

COMPENSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.

Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.

EN BLANCO

Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.

A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San Sebastián y la plaza de San Martín de Porres;  la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.

En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.

REHABILITACIÓN

En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.

En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con  financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.

 

El concurso por Villa Encarnita, también desierto

Nadie se interesa por el chalé de Nervión, con un precio de salida de medio millón de euros

El fracaso se suma a los de los parkings, el Costurero de la Reina y la plataforma web

Urbanismo permitía desde rehabilitar el chalé a demolerlo y alzar pisos de renta libre

 

El Ayuntamiento ha decidido cancelar la reunión de la mesa de contratación, prevista para el próximo 20 de enero, para la venta en concurso público del conocido chalé ‘Villa Encarnita’, sito en el barrio de Nervión, por la falta de licitadores. El concurso, pues, queda desierto al igual que otros anteriores como los de los parkings subterráneos en el Prado y San Martín de Porres, el alquiler del Costurero de la Reina, la plataforma web para emprendedores y otros relacionados con la construcción de viviendas.

A finales de 2013, la Gerencia de Urbanismo adoptó, con el voto en contra de la oposición, el polémico acuerdo de enajenar el conocido chalé de propiedad municipal ‘Villa Encarnita’, que fue adquirido por la Corporación en el mismo año del estallido de la guerra civil, 1936, e incorporado al patrimonio municipal de suelo en 1989.

Se trata de una finca de 391,75 m2 de superficie, dentro de la cual se alza el chalé. Está calificada como edificación suburbana de uso residencial y cuenta con una edificabilidad en el PGOU vigente de 861,85 m2. El gerente de Urbanismo, Alberto de Leopoldo, justificó la decisión de vender la finca para vivienda libre por las siguientes razones:

1) La VPO en manos municipales está garantizada, no sólo por las obligaciones de cesión del 10% o de los porcentajes establecidos en los convenios urbanísticos, sino también por el aprovechamiento resultante de los acuerdos de concertación urbanística en el marco del Plan Impulsa. Este argumento provocó la indignación del PSOE, que recordó el incumplimiento de la promesa de alcalde de erigir 1.000 VPO por año durante su mandato, pese a lo cual ponía má suelo en el mercado para vivienda libre con Villa Encarnita.

2) Hay que poner en el mercado cuanto antes el chalé -continuaba el gerente- a fin de que se acometa su rehabilitación o su demolición y nueva planta, a la vista de su estado de conservación y a fin de evitarle costes de mantenimiento al Ayuntamiento y su eventual ocupación ilegal por terceros.

3) Dado el momento en que se encuentra actualmente el mercado inmobiliario, es preciso crear un marco suficientemente atractivo para la iniciativa privada, teniendo en cuenta la circunstancia de su enclave (el de Villa Encarnita) en la ciudad consolidada, en un barrio tradicional (Nervión), así como su tamaño reducido y el limitado número de viviendas que le asigna el planeamiento, que permite construir al promotor sin necesidad de acudir a una gran inversión por su parte.

Por eso el Ayuntamiento daba todas las facilidades posibles, desde la rehabilitación del chalé como vivienda unifamiliar a su demolición para la edificación en su lugar de viviendas de nueva planta, y además sin establecer límite alguno a su precio de venta o de alquiler.

Pese a todas estas facilidades y al precio de venta fijado, en sólo 508.715,58 euros más IVA, ningún promotor inmobiliario ni comprador particular se ha interesado por participar en el concurso público convocado por el Ayuntamiento, otro más que queda desierto durante el mandato de Juan Ignacio Zoido.

 

Un millón

La sombra de Monteseirín es más alargada que la de la torre Pelli. Casi dos años y medio después de haber sido quitado del medio por el PSOE, con las consecuencias electorales que pagó el inocente Espadas, aún nos da motivos para recordarlo, por su particular modo de gestionar (es un decir) con su valido Marchena los asuntos públicos. El galeno que nunca utilizó fonendoscopio porque se metió a inspector para no pisar los ambulatorios promovió un Plan de Aparcamientos tal que cuando  se descubrió la tostada resultó que buena parte de los mismos no se podían construir, porque había ofrecido suelo ¡de titularidad privada en vez de municipal! Como el chiste del que llevaba muchos años de alcalde y no sabía dónde estaba el Ayuntamiento. Ahora, Zoido, con el dinero de todos los sevillanos, tendrá que devolver un millón de euros a nuestros vecinos que, confiando en el (sin) alcalde anterior, anticiparon mil euros que volaron sobre el nido del cuco. Y, mientras tanto, Monteseirín en su dorado exilio de Madrid y haciéndose el loco con su coartada de “yo (sólo) soy médico”.

“Sólo aciertan cuando rectifican”

El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.

FragaSi Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.

RENTA SOCIAL

El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.

Zoido emvisesaAl día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.

La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.

NEGATIVA

Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.

EspadasEl anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.

Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.

EL CAMBIO DEL IPREM

En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.

Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.

Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.

EL ERROR COMO EXCUSA

Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web emvisesa weboficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.

Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.

En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.

Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.

Como decía Fraga.

 

Perspectiva

Ahora que Zoido ha puesto de moda la Plaza de España con su petición de que sea Patrimonio de la Humanidad es cuestión de ver cómo en Sevilla se desprecia desde el paisaje (a la torre Pelli me remito) hasta los más pequeños detalles, al contrario que en otras urbes. El espectador que en París se coloque ante la pirámide del Louvre podrá observar perfectamente alineados, sin que rompa la maravillosa visión obstáculo alguno, los arcos del Carrusel, el Triunfo y la Defensa ¡a lo largo de 10 kilómetros!. En la Plaza de España, a Monteseirín (quién si no) se le ocurrió colocarle una estatua a Aníbal de forma tal que destroza la completa panorámica que del monumento se tenía a lo largo del eje que a través del Parque lo conecta con la Avenida de La Palmera. Y ya en ésta, un bloque blanco al fondo rompe el horizonte y la sensación de infinitud, como también rompe la visión que de la Puerta de Jerez se tenía desde el puente de San Telmo la marmórea fuente de los poetas, promovida asimismo por el anterior alcalde. La asignatura pendiente de Sevilla se llama perspectiva.

 

Un puente para la torre Pelli

Monteseirín dio el 16 de septiembre de 2008 licencia para la torre Pelli, que él y su valido, Manuel Marchena, habían posibilitado metiéndola en el PGOU de la forma sibilina denunciada por, entre otros, el arquitecto Fernando Mendoza y la plataforma Túmbala.

Independientemente de su impacto en la ciudad (mírese bajando el Aljarafe) y de la ‘jibarización’ de su icono por excelencia, la Giralda, el rascacielos se colocó en un punto estratégico tal (la entrada/salida a/desde Huelva/Aljarafe) que no podía sino agravar la congestión de tráfico que desde mucho antes ya sufría la urbe, como recuerda Ecologistas en Acción.

El Plan de Transporte Metropolitano, redactado en paralelo al PGOU que permitió meter por la gatera el rascacielos, ya reflejaba que el tráfico con destino al Centro de Sevilla superaba en un 5% la capacidad de absorción de la demanda de entrada en hora punta. Las previsiones para 2020 estimaban un incremento del flujo de vehículos del 31%, con lo que se superará en un 25% la capacidad de acogida de más coches, si bien el posterior estallido de la crisis ha aliviado esta perspectiva, porque el tráfico ha caído en un 19% en los últimos seis años.

IRRESPONSABILIDAD

Este estudio demostraba la irresponsabilidad de Monteseirín a la hora de meter con calzador un ‘monstruo’ de 48.000 m2 (la torre de 40 plantas más los inmensos edificios Podio de su base para instalaciones comerciales a escasos kilómetros de Ikea, que provocó el ‘atasco perfecto’ poco tiempo después) en el acceso más colapsado de Sevilla.

Al contrario que Monteseirín, que no dudó en paralizar la obra para un nuevo Ayuntamiento impulsado por Soledad Becerril en el Prado sin que las amenazas de Dragados surtieran efecto en su decisión, Zoido no tuvo agallas, pese a su oposición inicial, de frenar el rascacielos cuando llegó a la Alcaldía y se encontraba aún en sus inicios. Por más que le amenazaran oficiosamente con un pleito de 200 millones, ni por asomo se había producido tal perjuicio (en la nota de la licencia de obras se anunció que la inversión sería de 130 millones) y, por otra parte, ninguna entidad se arriesga a malquistarse con una Administración, máxime si ésta sabe jugar bien sus muchas cartas (recuérdese el precedente de Rojas Marcos paralizando la torre de Plaza de Armas).

SATURAR TORNEO

Ahora, como caído de un guindo, Zoido se percata de la “inminente” inauguración de la torre Pelli y le entra el miedo escénico por el efecto añadido que puede tener en la “insuficiente capacidad -y problemas de congestión en horas punta- de la estructura viaria de conexión entre las márgenes de la dársena, la isla de la Cartuja y Torneo”. En su pecado de haber tragado con la herencia envenenada de Monteseirín (al contrario que éste con la de Soledad Becerril) va a cargar ahora con la penitencia de todas sus negativas consecuencias.

Para paliar el caos de (in)movilidad que teme, al alcalde no se le ha ocurrido más que plantearle a la Junta  una modificación del PGOU para sustituir la prevista pasarela peatonal entre la Puerta Real y la isla de la Cartuja por un puente de 280 metros y cuatro carriles para el tráfico rodado al servicio de la torre Pelli, entre la isla y la calle Torneo y embutido entre dos bienes protegidos como el monasterio de Santa María de las Cuevas y el Pabellón de la Navegación, con lo que se acrecentaría el impacto paisajístico asociado al rascacielos y se saturaría el tráfico aún relativamente fluido por la calle Torneo, que habría que cortar con rotondas de acceso al puente y semáforos.

USOS PEATONALES Y CICLISTAS

El Ayuntamiento y parte de la opinión pública se han escandalizado por el hecho de que la Junta haya rechazado el puente con el argumento cierto de que provocaría un mayor uso del vehículo privado (así lo reconoce Zoido, cuando dijo el jueves que el puente “resolverá los problemas de los peatones y los vehículos”) y contraviene el propio PGOU, la LOUA, el Plan de Transporte Metropolitano, el POTAUS y la Estrategia Andaluza de Movilidad, documentos todos que abogan por restringir el tráfico (por su congestión)  y potenciar el transporte público y los medios no motorizados como la bicicleta.

Es curioso que el Gobierno local y sus afines se rasguen las vestiduras por la apuesta de la Junta por la bicicleta y el transporte colectivo como medios alternativos para llegar a la Cartuja  cuando en su propuesta de modificación del PGOU el Consistorio ofrece la posibilidad de reservar la actual Pasarela de la Cartuja para usos peatonales y ciclistas exclusivamente. O sea, si lo dice la Junta es un escándalo, pero no si esa opción, más el puente para coches, la plantea Zoido, a pesar de que a la Cartuja se puede ir perfectamente andando desde el Centro, como preconiza el arquitecto Juan Ruesga, y de que en Sevilla se mueve ya más gente en bicicleta (72.000 desplazamientos diarios de media) que en el Metro (38.446).

PROBLEMAS NUEVOS

Zoido tiene la rara ‘habilidad’ de crear nuevos problemas donde no los había. Prometió más de 30 aparcamientos y en vez de atenerse a su programa se inventó los de la Alameda y el Prado, no previstos. Ahora, en vez de desarrollar el PGOU y su estrategia de movilidad, que dispone para aliviar el tráfico en la Cartuja dos puentes para el tráfico rodado (al Norte de la Barqueta y del Alamillo), dos pasarelas peatonales, dos parkings (en el canal de la Expo y la calle Guadalquivir), la extensión del tranvía a Plaza de Armas y del Cercanías a Blas Infante, más dos líneas de Metro, se inventa otro puente al margen del Plan.

¿Será para que la Junta le diga siempre que no  y así hacerse la víctima política?