Recapitulemos. Primer concepto básico: Tablada siempre ha estado calificada como No Urbanizable. Prohibición de construir. Así lo disponía el PGOU de 1987 y así lo ratificó el Plan vigente, aprobado en 2006.

Los poderes fácticos de la ciudad, con sus habituales connivencias políticas, creyeron fácil cambiar con el devenir del tiempo esta calificación urbanística, por todo el enorme negocio que supondría. Por eso, las ya extintas Cajas sevillanas, El Monte y San Fernando, le compraron la dehesa, contra el derecho del pueblo de Sevilla al que debió haber revertido, al Ministerio de Defensa en 1997 por 30 millones de euros.

Tres años después, en pleno ‘boom’ inmobiliario, le dieron el pase al consorcio Tablada-Híspalis, un ‘pool’ de inmobiliarias y constructoras como Osuna, Sando, Noriega, Arenal 2000…. a cambio de 82 millones. A continuación, el consorcio, que no podía decirse engañado por el carácter rústico, inundable y no urbanizable de los terrenos que compraba, las valoró en libros en 210 millones de euros sin haber puesto un solo ladrillo. Así se gestan los pelotazos inmobiliarios.

Para tratar de justificar esta milagrosa multiplicación de los euros, se hicieron algunas transacciones de suelos entre ellas mismas a precios inflados, dando la apariencia de una cotización de mercado que era puro artificio y basada en la expectativa de lograr la recalificación.

Al no poder cambiar el Plan General, lo han intentado por la vía judicial, agarrándose a la puerta que les abrieron Monteseirín y Torrijos con su idea, un mero futurible no plasmado en el PGOU, de convertir Tablada en un parque periurbano mediante su expropiación a precio de suelo rústico, algo en lo que vuelve a insistir Torrijos.

Naturalmente, los señores del ladrillo, que se habían gastado 82 millones de euros en ese suelo rústico con la idea de multiplicar ‘ad infinitum’ cada euro llenando de pisos y más pisos Tablada (¿cuál habría sido en tal caso la magnitud del estallido de la burbuja inmobiliaria en Sevilla si se hubieran satisfecho sus pretensiones?), no han estado ni están dispuestos a entregársela al Ayuntamiento por los 7 millones de valoración realizada por este último.

Toda la batalla judicial que han mantenido en estos años y que han perdido finalmente, al menos en esta etapa (el ladrillo nunca duerme y se queda latente en espera de la próxima revisión del PGOU), tenía por objetivo que el suelo rústico fuera declarado urbanizable para propiciar así el pelotazo, de momento imposible por el estallido de la burbuja, o, como mal menor, que se incluyera dentro del sistema general de espacios libres, con adscripción al suelo urbanizable a efectos de su valoración. O sea, que los dejaran en posición de construir o de ser expropiados al precio que ellos consideren de mercado de un suelo urbanizable con tales expectativas, que ahora sencillamente se han desinflado por el crash inmobiliario. Expectativas, nulas.

Independientemente de todas las matizaciones hechas en las sentencias y de las posibilidades que abriría al justificar la condición de no urbanizable de Tablada por la inundabilidad (¿hasta allí donde alcance el agua?) pero también por la discrecionalidad política, el Tribunal Supremo rechaza las dos pretensiones del consorcio, y subraya: “En realidad es la propia entidad recurrente quien al propugnar la inclusión de los terrenos de Tablada en el sistema de espacios libres está pretendiendo que el Plan General incorpore un título habilitante para su expropiación, pues la clasificación que el instrumento de planeamiento les asigna no supone ni determina la expropiación”.

Y ahora viene Torrijos (más Espadas) y le hace el juego al consorcio Tablada-Híspalis al plantear de nuevo justamente su pretensión subsidiaria, la que en la sentencia le niega el Supremo: volver a hablar de expropiación al volver a hablar del parque periurbano.

¿Es urgente? La última propuesta conocida para la creación de un parque periurbano en la dehesa fue la elaborada hace un par de años por la Plataforma Tablada Verde y Pública, que propugna excavar allí un lago de 40 Has., dotarlo de playa fluvial al precio de 3 euros por acceso, escuela de hípica, carril-bici, parapentes, aeromodelismo, huertos…. al coste inicial estimado de 20 millones de euros y de 1,5 millones de mantenimiento anual.

En el actual escenario de crisis y recortes hasta en servicios básicos como la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte metropolitano, etcétera, es inoportuno plantear el parque periurbano en Tablada, que abriría otra vez la vía de la expropiación.

Además, desde que Monteseirín y Torrijos lanzaron esta idea se han ampliado considerablemente las zonas verdes mediante el plan de restauración hidrológico-forestal conveniado con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que, con una inversión de 109 millones, ha permitido reforestar 425 Has. Las últimas, las 60 del parque del Guadaíra.

Y 425 Has. son más que las 367 de Tablada.

En el caso de los parkings en la Alameda y el Prado, el Ayuntamiento puede volver a escudarse en el manido argumento de que la Junta boicotea sus proyectos por tratarse de una administración de distinto signo ideológico y gobernada por el líder de la oposición al presidente Griñán, o sea, el propio Zoido, pero lo más preocupante para el Consistorio es el rechazo de Aprocom y, por tanto, el fin de la luna de miel que venía manteniendo a lo largo del mandato con este poder fáctico de Sevilla.

IMPROVISACIÓN E IMPOSICIÓN

La oposición de Aprocom supone la primera fisura en el bloque social y económico que ha brindado su total apoyo hasta ahora al alcalde, el cual ha gobernado desde el principio atento a satisfacer los deseos de los comerciantes, los hosteleros y los hoteleros con medidas como éstas: la derogación del Plan Centro de tráfico, acorde con las tesis de los comerciantes de que las restricciones al vehículo privado  en el Casco Antiguo estaban provocando una disminución de clientes en sus tiendas; la implantación de líneas de autobuses que rindieran viaje en puntos neurálgicos para el comercio como las plazas del Duque y la Magdalena, pasando también por la Encarnación; la organización de la final de la Copa Davis en Sevilla; las proyecciones tridimensionales sobre la fachada de las Casas Consistoriales durante la Navidad y la profusión de luces en el alumbrado navideño del Centro; el proyecto del parking en la Alameda, pensado no para los residentes en el bulevar, sino para prestar servicio de apoyo al comercio aquende las estatuas de Hércules y Julio César, e incluso la eliminación del sentido único en la avenida Luis Montoto.

Las cañas se han tornado lanzas cuando al gobierno de Zoido se le ocurrió impulsar en paralelo al parking en la Alameda otros dos: uno en el Prado y otro en la mismísima Avenida de Luis Montoto, en concreto en el tramo entre Maese Farfán y Pilar. El presidente de los comerciantes de esta última zona, Agustín Rodríguez, desmintió con sus declaraciones el espíritu de diálogo y de consenso previo con los sectores afectados que, en contraste con la imposición del Plan Centro, pregonados por Zoido cuando se hallaba en la oposición, ya que a su juicio el alcalde ha pecado con este proyecto de improvisación y de falta de diálogo.

LEVANTADA POR OBRAS

Los comerciantes reprochan al alcalde que proyecte levantar de nuevo la calle, cuando hasta hace dos años estuvo cortada por obras de remodelación en que se gastaron casi 6 millones de euros y que provocaron, siempre según Aprocom, el cierre de 44 comercios. Sin apenas tiempo de recuperarse de aquel zafarrancho, Aprocom teme que el parking y las obras consiguientes supongan la puntilla para los comerciantes que a duras penas han sobrevivido al levantamiento anterior, el sentido único de Monteseirín y la crisis económica.

Por otra parte, la Junta ha desestimado las pretensiones del Ayuntamiento de construir sendos estacionamientos rotatorios en la Alameda y bajo la glorieta del Cid, en el Prado, mediante modificaciones puntuales del PGOU o addendas al mismo, para dar respuesta rápida a los nuevos proyectos municipales en vez de proceder a la revisión del Plan, un procedimiento mucho más lento pero también más coherente si Zoido quiere plasmar en un documento normativo su modelo de ciudad y su apuesta por el tráfico privado, en sentido contrario a las políticas de movilidad vigentes en las grandes urbes europeas.

En el caso de la Alameda, la Comisión de Patrimonio entiende que la modificación puntual altera el modelo de accesibilidad al Conjunto Histórico de Sevilla, máxime cuando ni siquiera se ha completado la red de aparcamientos en su corona que se preconiza en el PGOU vigente, redactado durante el mandato de Monteseirín.

En cuanto al aparcamiento rotatorio de 250 plazas en régimen de concesión administrativa durante 40 años proyectado en el Prado, la Comisión subraya que no está incluido en el sistema de aparcamientos del PGOU vigente, “por lo que se está alterando sustancialmente la ordenación definida en el mismo para el emplazamiento de los parkings públicos”.

PROYECCIÓN A 2020

La pregunta que cabe hacerse es si está justificada la construcción de más aparcamientos rotatorios en la actual coyuntura económica. El anteproyecto del Plan Municipal de Movilidad Urbana redactado por el Ayuntamiento parte de la estimación de que el tráfico privado no dejará de crecer en Sevilla y su área metropolitana en detrimento del transporte público; la consecuencia de ese análisis sería la necesidad de dar satisfacción a ese incremento mediante la creación de infraestructuras de acogida, o sea, más aparcamientos.

Para el Consistorio, debido a la crisis económica actual, se está retrasando ‘sine die’  la ejecución del Plan de Transporte Metropolitano, como prueban el aplazamiento del Metro, el tranvía de Alcalá de Guadaira, las plataformas reservadas y los intercambiadores, a lo que habría que añadir la reciente limitación de la oferta de autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes.

El escenario en el horizonte del año 2020 que prevé el Ayuntamiento de Sevilla es que los viajes en vehículo privado en la capital y su alfoz pasen de 1,25 millones diarios a 2 millones. Asimismo, constata que de los casi 40.000 viajes ‘motorizados’ diarios que actualmente se producen entre la corona metropolitana y Sevilla, sólo el 14% se realizan en transporte público; y dentro de la capital, el 31% del total.

EFECTOS DE LA CRISIS

Sin embargo, la crisis no sólo ha causado el retraso en la ampliación del Metro y en el resto de infraestructuras de transporte previstas, sino que también ha provocado menor circulación en las rondas, avenidas y calles de Sevilla desde 2009 a la fecha, con un descenso de varios millares de vehículos diarios. Así, al menos por ahora, la realidad va en sentido contrario al de las previsiones municipales: se usa cada vez menos el coche privado, tanto por la continua alza de los precios de los carburantes en plena crisis económica como por los 264.000 parados en el conjunto de la provincia y que, desgraciadamente, no tienen un trabajo al que desplazarse cada mañana.

También abunda en esta dirección la empresa municipal de aparcamientos urbanos Aussa (51% en manos de Tussam), que una semana antes de la Feria firmó un acuerdo  con los comerciantes de Aprocom  y de Alcentro por lo que éstos subvencionarán el aparcamiento en zona azul a los clientes del Centro, Arenal, Viapol y Los Remedios.

Aussa ha revelado que, según sus propios datos, de las 4.200 plazas de aparcamiento rotatorio existentes en Sevilla, un 15% están libres a diario. La conclusión es obvia: hay un exceso de oferta de 630 plazas para la demanda existente, pero el Ayuntamiento sigue empecinado en construir más parkings rotatorios en la Alameda, el Prado y Luis Montoto, algo que, al menos en este último caso, ni Aprocom comprende.

La ministra de Fomento, la habitualmente eficaz Ana Pastor, fue la invitada-estrella de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la comparecencia ante los medios de comunicación del pasado viernes tras el Consejo de Ministros. El motivo no era otro que la presentación al Gabinete por parte de la ministra del proyecto de ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de la Vivienda 2013-2016, iniciativas dotadas con un total de 2.241 millones de euros y que tienen por objeto reanimar el hundido sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Ana Pastor dio varios datos esclarecedores en su conferencia de prensa:

-De los 26 millones de viviendas que hay en nuestro país, 15 millones tienen más de 30 años, y casi 6 millones más de medio siglo.

-Cerca del 60% del parque de viviendas se construyó sin ninguna normativa de eficiencia energética, ya que la primera data del año 1979, por lo que España está en una posición difícil de cara al cumplimiento de la Estrategia Europea 2020, acordada en el seno de la UE.

-Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, 4 millones todavía carecen de ascensor y un porcentaje muy elevado de casas se encuentra en deficiente estado de conservación.

PLAN DE AYUDAS

Ante este panorama, el Ministerio de Fomento proyecta destinar al menos 627 de los 2.241 millones de euros de las futuras actuaciones en materia de vivienda a rehabilitación, regeneración y eficiencia energética de los inmuebles que tengan una antigüedad anterior al año 1981, el 70% de su superficie sea para uso residencial y constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. Podrán solicitar las ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades y propietarios únicos de edificios.

La cuantía será de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; 2.000 euros para la mejora de eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio) y 4.000 euros para mejora de accesibilidad.

Este programa de mejora de la eficiencia energética es aún más significativo si se tiene en cuenta que, por exigencia de Bruselas, España deberá implantar a partir del 1 de junio la certificación energética de los edificios. Todo ciudadano o empresa que quiera alquilar o vender una vivienda deberá presentar al arrendador o comprador un certificado -se estima que su expedición por un profesional acreditado costará en torno a 200 euros- sobre el consumo de energía del inmueble, de forma que este indicador pueda ser comparado con el resto de las viviendas colocadas en el mercado inmobiliario. De esta manera, en caso de viviendas equiparables, el potencial comprador o arrendador se decidirá por la más eficiente energéticamente, ya que logrará un ahorro en el gasto de energía.

PRECEDENTE EN SEVILLA

Este conjunto de medidas que para el conjunto de España ha aprobado el Gobierno de la nación en este mes de abril de 2013 se inspira claramente o tiene un claro antecedente en la medida-estrella del programa electoral del PSOE de Sevilla para las municipales de 2011 y que defendió entonces -y sigue propugnando desde aquella campaña- el senador y portavoz del grupo Socialista en el Ayuntamiento sevillano, Juan Espadas.

Si recurrimos a la hemeroteca, podemos rememorar cómo el 14 de abril de 2011 se presentó en el Polígono de San Pablo, seleccionado como proyecto-piloto para la aplicación del Plan en caso de ganar las elecciones, el programa socialista de rehabilitación energética de viviendas que, se dijo durante aquel acto, “recupera el sector de la construcción, crea empleo, soluciona los problemas del arreglo de las viviendas antiguas y mejora la calidad de vida de los ancianos, sobre todo los de la clase trabajadora, con recursos económicos limitados”.

El proyecto del PSOE insistía en rehabilitar de manera integral las 3.500 viviendas del Polígono de San Pablo, cuyos bloques fueron construidos a finales de los años 60: se mejorarían las fachadas con un envolvente térmico y acústico, además de las terrazas y balcones, las canalizaciones y cubiertas y las zonas comunes con instalación de ascensores, nueva iluminación y cambio de instalaciones eléctricas. Las reformas no implicaban que los vecinos tuvieran que irse de sus casas, ya que todas se producían en las fachadas y en las zonas comunes, y tenían como consecuencia la creación de empleo en el sector de la construcción, un ahorro de al menos un 30% en la factura de la luz y la revalorización de las viviendas así mejoradas.

FINANCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El coste de rehabilitar todo el Polígono de San Pablo se estimó en 70 millones de euros (a un promedio de 20.000 euros por piso), con cargo a un sistema de financiación público-privada: el Estado, la Junta y el Ayuntamiento aportarían en conjunto el 55% del capital, y el resto la empresa constructora que resultara ganadora de un concurso público convocado a tal efecto y los vecinos (éstos pagarían una cuota media de 24 euros mensuales durante 20 años). Las obras durarían entre 8 y 10 meses.

La constructora adjudicataria debía comprometerse a contratar a desempleados del barrio y de la ciudad y amortizaría en 20 años el coste de la rehabilitación con cargo al ahorro en la factura de la luz que lograrían los vecinos, así como con contraprestaciones como la gestión de aparcamientos y de locales comerciales por acuerdo con el Ayuntamiento.

La rehabilitación energética del Polígono de San Pablo era sólo el proyecto-piloto socialista para Sevilla, en que se había venido trabajando durante dos años y para el que ya se contaba con empresas interesadas en su ejecución. El PSOE estimó que si este modelo se aplicaba en toda la ciudad y se reformaban 100.000 viviendas se generaría una actividad económica superior a los 3.600 millones de euros (equivalente o superior a la construcción de todas las líneas de Metro pendientes), se podrían crear 58.000 empleos y evitar la emisión a la atmósfera de 1,8 millones de toneladas de CO2. Este programa también fue presentado ante la patronal sevillana de la construcción, en el Foro Gaesco, y propuesto, con alguna variante, por el grupo municipal Socialista en las conversaciones que se vienen manteniendo a lo largo del mandato de Zoido para tratar de alcanzar un Pacto por el Empleo en la Sevilla de los 91.000 parados.

PROYECCIÓN NACIONAL

El plan socialista, de posible aplicación a toda España, fue elevado por Espadas al Senado el pasado 19 de marzo mediante una moción en la que se abogaba por rehabilitar 400.000 viviendas en todo el país a partir del nonato modelo del sevillano Polígono de San Pablo. Según sus estimaciones, reduciendo la aportación de dinero público y aumentando la de las empresas de suministro de luz y de agua y de los bancos, se podrían generar entre 9.000 y 14.000 millones de euros de actividad económica y crear entre 140.000 y 290.000 empleos.

Durante dos años, el PP ha hecho oídos sordos al PSOE de Sevilla, promotor de esta iniciativa a todos los niveles, hasta que la ministra de Fomento no ha presentado un plan que se inspira claramente en esta propuesta innovadora con ‘copyright’ socialista.

Se presupone que tanto el gobierno local de Juan Ignacio Zoido como el PP sevillano apoyarán, ahora sí, la medida aprobada por el Ejecutivo nacional a propuesta de Ana Pastor, una medida que podría haberse aplicado ya en el marco del Pacto por Sevilla o por el Empleo (en el Polígono de San Pablo o en cualquier otro barrio) si el alcalde hubiera tenido la altura de miras de haber hecho también suya esta buena idea emanada de la oposición y que habría colocado a nuestra ciudad, con dos años de adelanto, a la vanguardia de España contribuyendo a paliar de paso el drama de los 91.000 parados.

El nuevo Consistorio gobernado por el PP pregonaba que el alcalde se había limitado a cumplir su promesa electoral de derogar el Plan Centro para, una vez retrotraídos a la situación anterior, partir de cero y tratar de lograr un consenso participativo en el diseño de las políticas de movilidad en la ciudad, de forma que nadie se sintiera excluido, como había ocurrido en la etapa de Monteseirín como alcalde.

PROMESA INCUMPLIDA

Pues bien, casi dos años después de formulada aquella promesa, tanto la oposición como colectivos ciudadanos, cansados de esperar, han empezado a demandarle a Zoido su cumplimiento,  y están dispuestos a abrir un frente de batalla contra el gobierno del PP, máxime tras la adopción de dos decisiones vinculadas entre sí: la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la recalificación de la antigua comisaría de la Gavidia como zona comercial (actualmente, el suelo que ocupa está calificado como superficie de interés público y social o SIPS, y el edificio, protegido como un Bien de Interés Cultural) y la derogación de la prohibición de construir aparcamientos rotatorios en el Centro, con lo cual se daría cobertura legal al futurible parking subterráneo en la Alameda de Hércules. Y es que el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, incurrió en un lapsus freudiano durante el Pleno municipal y confesó que el estacionamiento en el bulevar estaba relacionado con la recalificación de la antigua comisaría de Policía.

El Grupo Municipal Socialista ha logrado que en la Junta Municipal del distrito Casco Antiguo se apruebe la comparecencia del delegado de Seguridad y Movilidad, Demetrio Cabello, para que explique de una vez por todas sus planes de tráfico para el Centro, ya que cuando se acerca el ecuador del mandato de Zoido el único plan existente es, justamente, la ausencia de plan alguno y la mera adopción de medidas puntuales cuando llegan las fechas señaladas de Semana Santa y Navidad. O sea, lo mismo que se ha hecho durante toda la vida. En puridad, las novedades aplicadas son los dos coches ponemultas en servicio, cuando antes había uno solo, y la mayor actuación de la Policía Local y de la grúa multando y retirando vehículos para cumplir el objetivo recaudatorio de los 25 millones de euros en sanciones a final de año.

La solicitud del PSOE en la Junta de Distrito no parece que preocupe en absoluto a la mayoría gobernante, por cuanto hace casi un año se aprobó prácticamente la misma exigencia y el delegado Demetrio Cabello aún no se ha dignado comparecer para rendir cuentas sobre su política de movilidad, pese a la promesa inicial de Zoido y a sus continuas apelaciones a las “luces y taquígrafos”.

PLATAFORMA CIUDADANA

Mayores dolores de cabeza puede producirle al alcalde y su equipo la movilización acordada por las 26 asociaciones y colectivos ciudadanos que se integran en la Plataforma No Parking Alameda, cuyo pistoletazo de salida será fijado por la asamblea que ha sido convocada para el próximo miércoles, a las 7 de la tarde, en el Centro Vecinal Pumarejo.

La movilización ciudadana es la respuesta de la Plataforma a la aprobación provisional por parte del Pleno municipal, en su reunión del pasado 22 de febrero, de la modificación del Plan General que permitirá la construcción de aparcamientos rotatorios en el Centro y, por lo tanto, también en la Alameda de Hércules, el objetivo indisimulado declarado por el gobierno de Zoido para que preste servicio fundamentalmente al nuevo centro comercial que pretende implantar en la Gavidia, edificio que carece de estacionamiento propio.

El Ayuntamiento resucita un proyecto que, como ha recordado en estas páginas el arquitecto José García-Tapial, ya fue incluido en el PGOU del año 1962 (2.500 plazas distribuidas en cinco plantas) y rechazado por los ciudadanos, la mayoría de los partidos políticos y el Colegio de Arquitectos en los albores de la Transición.

MEDIO SIGLO ANTES

García-Tapial, rememorando la frontal oposición de aquel entonces, ha aseverado lo siguiente: “Hoy tenemos muchos más datos que entonces para desaconsejar este tipo de propuesta. Como la segura aparición de restos arqueológicos. O el riesgo que para el caserío próximo supondría alterar el curso fluvial subterráneo que aún subsiste. O las numerosas plazas vacantes aún en el vecino aparcamiento municipal de Mendigorría. ¿Se han estudiado todos estos aspectos? ¿Cómo se compatibilizaría, por ejemplo, el acceso de vecinos, carga y descarga, transporte público y usuarios del aparcamiento rotatorio por la angosta calle Calatrava, ya hoy congestionada?”.

Igualmente, la Plataforma ciudadana considera que la construcción de un aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda plantearía problemas geotécnicos y de destrucción del arbolado y que su posterior explotación provocaría la saturación de los accesos y limitaría el amplio uso que ahora tiene este espacio.

A su juicio, existen alternativas más coherentes, simples y austeras para favorecer la accesibilidad al Centro, como el fomento del transporte público -primando los autobuses de Tussam en vez de los coches privados-, la potenciación de los itinerarios con prioridad peatonal -manteniendo los carriles-bici- y la construcción de los inconclusos aparcamientos en el borde del Casco Histórico, a pesar de que los de carácter rotatorio existentes en el Centro registran un bajo grado de ocupación.

La Plataforma estima que, desde que derogó el Plan Centro, el gobierno local actúa de forma errática, por la falta de un modelo global, y que los cambios en la política de movilidad son contrarios a las determinaciones del PGOU vigente, a las directrices estatales y europeas y a la tendencia en las ciudades de nuestro entorno.

PLAN DE ACCIÓN

Por ello, los 26 colectivos ciudadanos plantean de entrada las siguientes actuaciones:

-Solicitud a la Junta de Andalucía de que no apruebe con carácter definitivo las modificaciones del Plan General y, por el contrario, que declare la Alameda Sitio Histórico.

-Presentación de un recurso en vía judicial contra el acuerdo del Pleno del 22 de febrero de 2013.

-Campaña informativa entre los vecinos de la ciudad sobre las alternativas al aparcamiento subterráneo y rotatorio en la Alameda.

-Reclamación de la elaboración participativa del Plan de Movilidad prometido por el alcalde.

-Acción de ocupación del espacio público y defensa de su uso peatonal.

DOCUMENTO MUNICIPAL

Paradójicamente, el gobierno de Zoido ha remitido a la Junta de Andalucía un estudio de movilidad para justificar la recalificación comercial de la antigua comisaría de la Gavidia que supone el mejor alegato contra el parking en la Alameda.

Según el Ayuntamiento, la apertura de un centro comercial en la Gavidia sólo generaría 1.605 desplazamientos más a la semana, debido al gran número de establecimientos ya existentes en la zona, desde grandes almacenes (El Corte Inglés) hasta pequeños y medianos comercios.

El Consistorio subraya la existencia de varios aparcamientos públicos en el intercambiador de transportes de la estación Plaza de Armas, los carriles-bici, los itinerarios peatonales, las paradas de autobuses en la citada plaza amén de las del Duque y Magdalena, más la del tranvía en la Plaza Nueva, para llegar a la conclusión de que la mitad de los 1.605 desplazamientos se realizarían en transporte público;  el 40%,  de forma no motorizada (a pie o en bicicleta) y sólo un 10% en automóvil privado.

Ese 10% supone, por tanto, tan sólo 160 desplazamientos en coche privado semanalmente o, lo que es lo mismo, 27 por cada día de la semana de apertura del centro comercial. Y, ¿está justificado levantar la Alameda para que albergue en sus entrañas 27 coches diarios?

En su afán por minimizar el impacto sobre el tráfico de un centro comercial en la Gavidia, el Ayuntamiento se ha quedado sin argumentos para justificar el parking rotatorio en la Alameda de Hércules.

El Ayuntamiento de Madrid ha cedido por 75 años un espacio de 3.600 m2, y la Fundación del gran arquitecto argentino Emilio Ambasz (paisano de César Pelli, autor del rascacielos de la isla de la Cartuja pero en las antípodas en su concepción de la arquitectura) se hará cargo íntegramente del diseño y construcción del futuro museo (cinco plantas, con la fachada y el techo totalmente recubiertos de jardines por este pionero de la denominada ‘arquitectura verde’, que ha declarado que el edificio debe ser fácilmente recordado por un niño) y de su funcionamiento durante los próximos tres cuartos de siglo.

A MADRID LE SALE GRATIS

Se estima que Ambasz invertirá de su propio bolsillo, y por lo tanto sin costarle un euro a los madrileños, al menos 10 millones de euros. El nuevo museo albergará una colección permanente de arte, arquitectura y urbanismo revolucionario y sostenible. Contará, además, con una biblioteca virtual, salas de exposiciones temporales, espacios para conferencias y simposios y un programa de becas de excelencia.

Emilio Ambasz, adalid de la arquitectura ecológica, había barajado la idea de instalar su museo en la capital de su país natal, Buenos Aires, o, en su defecto, Nueva York o Bolonia, pero finalmente se ha decidido por España por las razones que expuso en su discurso ante Ana Botella, la alcaldesa de Madrid: “La idea de crear un museo aquí viene de mis lazos con este país, donde he realizado obras reconocidas internacionalmente, como el Centro de Retiro Espiritual, en Sevilla. Me siento muy orgulloso de poder ampliar la oferta cultural de esta bella ciudad y de poder dejar un legado de mi obra para aquellos apasionados de las obras de arte”.

UN HITO EN SIERRA MORENA

La Casa de Retiro Espiritual fue construida en 1974 por Ambasz bajo una gran pradera verde en la sevillana finca de ‘La Roda’, sita entre los términos municipales de Guillena, El Ronquillo y Burguillos, y con unas espectaculares vistas sobre el pantano de La Minilla y Sierra Morena. Por esta pequeña maravilla, con la que el arquitecto dijo que quería recuperar el sentido primitivo de la arquitectura, Ambasz obtuvo el ‘Progressive Architecture Award’ en el año 1980. Su proyecto formó parte de una exposición organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA) y ha sido incluido en numerosos libros sobre la arquitectura contemporánea.

El arquitecto argentino no sólo está vinculado a Sevilla por esta joya arquitectónica radicada en la provincia, sino también por el hecho de haber sido ganador en 1986,  ‘ex aequo’ con el equipo del ingeniero  José Antonio Fernández Ordóñez (autor del puente del Centenario sobre el río Guadalquivir), del concurso internacional de ideas para la ordenación del recinto de la Exposición Universal de Sevilla 1992. Frente a la ordenación en damero, cuadriculada y convencional de Fernández Ordóñez (era hermano de quien fue ministro de Asuntos Exteriores con Felipe González, Francisco Fernández Ordóñez), el diseño de Ambasz era una maravilla auténticamente revolucionaria para su época.

VENECIA EN LA CARTUJA

Propuso excavar la isla de la Cartuja para crear tres grandes lagunas que se habrían nutrido de agua desde la corta mediante una estación de bombeo y que habrían estado conectadas con el cauce vivo del Guadalquivir, con lo que se habría asegurado de forma permanente la circulación del líquido elemento y evitado el efecto del estancamiento. Las lagunas habrían permitido la formación de un microclima especial, con temperaturas inferiores entre cuatro y seis grados a las imperantes en la ciudad, y los pabellones de la Expo habrían ‘flotado’ sobre la lámina de agua.

Ambasz pensó además en máquinas productoras de niebla que, de paso, habrían generado  sombra para defenderse del tórrido calor sevillano en el estío, reducido la temperatura en otros seis-ocho grados, ofrecido sensación de frescor sin llegar a la humedad y creado un arco iris permanente sobre la futura Expo-92, que habría quedado así envuelta en una especie de halo mágico. El sistema de transporte entre la ciudad y las lagunas de la isla de la Cartuja y sus pabellones habría sido cubierto por ferries, para evitar el uso del automóvil. Conforme a su lema de “para poder diseñar 1992, primero debemos concebir 1993”, Emilio Ambasz ideó su proyecto tras comprobar que Sevilla tenía algunos jardines históricos pero que le faltaba un gran parque suburbano (en ese lema está el germen de lo que hoy es el parque del Alamillo, del que este año se conmemorará el XX aniversario), por lo que pensó en que una vez clausurada la Muestra Universal quedara como herencia un gran parque acuático suburbano rodeado de jardines casi selváticos.

FUSIÓN CONVENCIONAL

Pese a que su proyecto (su ejecución se cifró en 10.000 millones de pesetas de la época, nada extraordinario comparado con las magnitudes posteriores) era un 10% más barato que la ejecución de uno normal que se construyera sobre tierra, los políticos y técnicos españoles ordenaron que se fusionaran el revolucionario y ecológico diseño de Ambasz (proporción de 80% de vegetación y sólo un 20% de construcción) con el convencional (mera cuadrícula de calles) de Fernández Ordóñez. El resultado de la fusión distó mucho de lo imaginado por el arquitecto argentino, como puede apreciarse con tan sólo una visita aún hoy a la isla de la Cartuja. Prácticamente, la única concesión que se le hizo fue la de excavar un solo lago interior, el de España (en torno al cual se construyeron los pabellones nacional y autonómicos y que luego, reducido más todavía, ha seguido articulando el parque temático Isla Mágica), y el agua micronizada (el famoso microclima de la Expo), mediante la instalación de microaspersores para rebajar la temperatura en el verano sevillano y que hoy utilizan numerosos bares y restaurantes de la ciudad en sus veladores y terrazas.

Pues bien, el arquitecto argentino, que a la hora de hablar sobre sus lazos con España para justificar la construcción de su museo en Madrid sólo es capaz de recordar proyectos en Sevilla, al final levantará el MAADU y lo financiará de su propio bolsillo en la capital española en vez de en la capital de Andalucía, lo que denota de nuevo la falta de reflejos por parte de nuestro Ayuntamiento y/o la desconexión de la ciudad de los grandes circuitos culturales internacionales.

‘MILLA DE ORO’ CULTURAL

La baronesa Thyssen prefirió en su día llevarse su colección de pintura andaluza a Málaga antes que exponerla en Sevilla y Emilio Ambasz levantará su museo de las Artes, la Arquitectura, el Diseño y el Urbanismo en Madrid, cuando podría haber tenido cabida perfectamente en un edificio similar,  como habría sido la abandonada comisaría de la Gavidia si el Consistorio hispalense hubiera andado más listo y no se hubiera dejado ganar la partida por la correligionaria de Zoido, Ana Botella. Un MAADU en la Gavidia le habría resultado gratis a la ciudad (el arquitecto lo pagaba todo) y permitido crear un nuevo polo de atracción cultural en paralelo al Museo de Bellas Artes.

Por ironías del destino, el MAADU en la ‘milla de oro’ de la cultura madrileña se situará enfrente del Caixafórum que La Caixa instaló en la capital del Reino rehabilitando para ello la antigua central eléctrica de Mediodía y encargando el trabajo a los prestigiosos arquitectos suizos Herzog & De Meuron, autores, entre otros, del conocido estadio ‘El nido del pájaro’ en los Juegos Olímpicos de Pekín y distinguidos con el premio Pritzker, considerado el equivalente al Nobel de la arquitectura.

Mientras que La Caixa eligió para su Caixafórum madrileño la mejor ubicación posible, el ‘Paseo del Arte’, en Sevilla ha abandonado, con el aplauso de toda la clase política,  las emblemáticas Atarazanas al lado del conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (Catedral, Alcázar y Archivo de Indias) para, a cambio de una módica compensación de 25 millones de euros en 75 años, reubicar el futurible Caixafórum sevillano extramuros, allende el río, en la torre Pelli.

Los arquitectos Antonio Cruz, Juan Ruesga y Francisco Torres han coincidido en las páginas de El País en considerar que este traslado supone “rebajar de categoría” el futurible espacio cultural, porque la nueva ubicación no cumple, a juicio de cada uno de ellos, con los requisitos que imperan en los centros que La Caixa tiene en España y que sí reunían las Atarazanas: ser un edificio noble y estar bien situado.

Pero es que Sevilla es experta en lo mismo que se le achacaba a Arafat cada vez que se veía cerca la paz en el conflicto árabe-israelí y él daba un paso atrás: nunca pierde la oportunidad de perder la oportunidad.