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Sevilla es la gran urbe con más viviendas vacías durante la crisis

El debate político sobre las primeras Ordenanzas Fiscales de la era Espadas sirvió para resucitar la cuestión de las viviendas vacías en Sevilla y para que el PSOE apoyara una enmienda de IU y Participa, en la que ambas formaciones de izquierda pedían la imposición de un recargo municipal a los pisos desocupadas. La crisis económica, al contrario que en otras grandes urbes del país, no ha servido para desinflar la burbuja inmobiliaria en nuestra ciudad donde en vez de reducirse se ha incrementado el número de viviendas sin ocupación.

El Instituto Nacional de Estadística (INE)  actualiza cada diez años el censo de población y vivienda de España. En abril de 2013 divulgó los datos recopilados para el periodo 2001-2011, que llega, pues, hasta el primer trienio de la peor crisis económica en la historia reciente.

La estadística revela que en el término municipal de Sevilla existen un total de 337.225 viviendas de todas las tipologías, de las cuales el 79,6% (268.431) son principales al constituir la residencia habitual de alguna persona o familia; el 14,3% (48.223) están vacías y el 6,1% (20.570) son segundas residencias.

Por tanto, las 48.223 viviendas desocupadas en la capital suponen el 38,18% de todas las existentes en la provincia, que ascienden a 126.290.

Más significativo es que mientras el número de viviendas desocupadas ha caído durante el periodo que concluyó a mitad de la crisis en cuatro de las tradicionalmente consideradas como las siete grandes urbes del país (aunque en realidad Bilbao ya ha sido sobrepasada en población por Murcia, Palma de Mallorca y Las Palmas de Gran Canaria), Sevilla ha sido donde más se ha incrementado, ya sea por pérdida de población (cayó por debajo de los 700.000 habitantes y perdió dos concejales en las últimas elecciones municipales), por adquisiciones pensando en su futura revalorización o para residencia durante los estudios de los hijos u otras razones.

En el último decenio estudiado, el número de viviendas desocupadas en Sevilla capital se incrementó en un 10,3%, superando a Zaragoza (+8,8%) y Málaga (+7,75%), mientras que ha caído en Madrid (-14,2%), Barcelona (-12,41%), Valencia (-12,6%), Bilbao (-11,4%) y hasta en las turísticas Palma de Mallorca (-30,3%) y Santa Cruz de Tenerife (-31,1%)..

Además de en Sevilla, el número de viviendas vacías ha crecido en todas las capitales de provincia andaluzas, sobre todo en Almería (nada menos que en un +87%), Granada (+26,4%) y Cádiz (+ 25,60%).

DATOS DE LA PROVINCIA

En cuanto a la provincia de Sevilla, Morón de la Frontera es el decimoquinto municipio de España con mayor proporción de viviendas vacías, con un 22,7% del total, o lo que es lo mismo, 3.266, pero no es allí donde más se han incrementado las viviendas sin ocupación durante el decenio 2001-1011, ya que esta condición corresponde a Mairena del Aljarafe, con un +62,3%, hasta sumar un total de 3.332  (un 17,8% de todas las del término).

El segundo municipio con más viviendas vacías de la provincia de Sevilla es Lebrija, donde tras incrementarse en un 46,3% se eleva al 18,4% del total de las existentes y alcanzan las 2.195.

En números absolutos, los municipios de la provincia con más viviendas sin ocupar son Dos Hermanas (un total de 5.267), Alcalá de Guadaíra (4.101), Mairena del Aljarafe (3.332), Écija (3.286), Morón de la Frontera (3.266), Utrera (3.146), Coria del Río (2.413), Lebrija (2.195), Carmona (1.729) y Los Palacios y Villafranca (1.453).

RECARGO A LAS VIVIENDAS VACÍAS

En el Pleno municipal en que se aprobaron las Ordenanzas Fiscales de Sevilla, las fuerzas de la izquierda acordaron imponer un recargo sobre los bienes inmuebles desocupados de un 50%.

Quedarán exentas las edificaciones destinadas a un uso regulado en la legislación turística, las viviendas cuya propiedad esté a nombre de personas físicas, las viviendas que sean usadas de forma efectiva mediante su arrendamiento como fincas urbanas celebrado por temporadas sea ésta de verano o cualquier otro, y el celebrado para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial,cultural, o docente siempre que cuenten con los requisitos legales para su ejercicio.

La aplicación queda supeditada al levantamiento de la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la Ley 4/2013 de 1 de octubre de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía, por lo que en la práctica este recargo aún no se puede imponer.

Venta forzosa de solares de la Banca en Sevilla Este

El Pleno del Ayuntamiento ha desestimado los recursos interpuestos por el BBVA como acreedor hipotecario y de Building Center (compañía inmobiliaria en que La Caixa suele aparcar los solares, viviendas y edificios que se ha adjudicado durante la crisis económica) y tras declarar el incumplimiento del deber de edificar en 34 solares de Sevilla Este optará por su venta forzosa para que terceros lo hagan.

Estos solares fueron en origen propiedad de Inmobiliaria Osuna, que tenía por objetivo su desarrollo urbanístico. Por diversas circunstancias acabaron en poder de La Caixa y sus filiales inmobiliarias, Building Center y Servihábitat.

El Ayuntamiento suscribió unos convenios urbanísticos con estos nuevos propietarios para la programación de las actuaciones edificatorias en los terrenos. Como pasaban los años y no se cumplían los términos del acuerdo, el Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo de fecha 18 de junio de 2014 acordó la resolución de los acuerdos, incluir los 34 solares que fueron objeto del convenio en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas, declarar el incumplimiento del deber de edificar y optar por la venta forzosa para su ejecución por sustitución.

Contra este acuerdo de la Gerencia interpusieron recursos de alzada el BBVA en su calidad de acreedor hipotecario y Building Center como propietaria sobrevenida. La Gerencia, por su parte, propuso al Pleno municipal la desestimación de los recursos, y éste se ha pronunciado en esa línea, por lo que seguirá adelante el proceso de su inclusión en el Registro y su venta forzosa.

NUEVE AÑOS

La historia ‘maldita’ de estos 34 solares de Sevilla Este viene de lejos, ya que el 16 de febrero de 2006 (mandato de Monteseirín) la Gerencia había acordado un convenio de gestión urbanística con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, todas pertenecientes al mismo grupo granadino de Nicolás Osuna.

En virtud de aquel convenio, Osuna se comprometió a la construcción de 2.161 viviendas en los sectores 3,4,5 y 13 de los planes parciales 2,3 y 4.  Sin embargo cuando, ya en 2014, el gobierno local presidido entonces por Zoido hizo balance del convenio constató que en los ocho años transcurridos desde su firma sólo se habían construido 51 de las 2.161 viviendas comprometidas, un paupérrimo 2,36% del total, mientras que el resto ni siquiera se habían iniciado.

Según el convenio, las entidades firmantes debían programar la solicitud de licencia de edificación en los solares  en un marco temporal de ocho años, a razón de, como mínimo, 180 viviendas anuales, un compromiso que no se cumplió ni siquiera tras conceder el Ayuntamiento dos suspensiones del plazo hasta entonces.

La situación no ha variado sustancialmente en este tiempo, en el que el Ayuntamiento admitió alegaciones de las entidades bancarias que habían sustituido a Osuna y pese a que, según su criterio, las presentaron tres días después del plazo legalmente establecido, en diciembre de 2014.

La desestimación de aquellas alegaciones y del posterior recurso de alzada implicarán no solamente la inclusión de los solares en el Registro Municipal para su venta forzosa, sino también la ejecución del aval de 221.963 euros depositado hace años como garantía económica ante posibles incumplimientos del deber urbanístico de edificar.

FIN DE LA MORATORIA

Hay una circunstancia añadida, ya que atendiendo a la crisis económica y al estallido de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento acordó hace un año la paralización de los plazos de los procedimientos de valoración de los solares no construidos y de su subasta pública, un acuerdo que expirará antes de que acabe este mes de noviembre.

En ese momento, de no mediar una nueva prórroga, todos los expedientes sobre solares no edificados y que están actualmente ‘congelados’ se reactivarían desde el punto en que estaban y podrían acabar incluidos en el Registro Municipal y en venta forzosa como éstos de Sevilla Este, con lo que se crearía un problema de magnitud desconocida hasta ahora en la ciudad.

 

Un tercio de las familias realojadas no podrán volver a Los Pajaritos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha encomendado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa)  la realización de las actuaciones necesarias para el realojo de las primeras familias residentes en la barriada de Los Pajaritos que han sido incluidas en la operación de rehabilitación del barrio, si bien se prevé que más de un tercio de las mismas no retornen allí al cabo de tres años y medio.

El Consistorio es el propietario de 524 viviendas de alquiler repartidas entre 66 bloques en Los Pajaritos. Por sus escasas dimensiones (podría hablarse de infraviviendas) y el elevado nivel de deterioro que sufren, se planteó hace ya años un proceso de remodelación de la barriada, que implica la demolición por fases de los bloques existentes y la construcción en su lugar de otros nuevos, acordes con los tiempos actuales, previo desalojo de las familias que residen en ellos, las cuales serán realojadas en otras zonas de la ciudad mientras duren las obras. Una vez terminadas las nuevas viviendas, estas familias deberían volver a la zona en que hasta la fecha se ha desarrollado su existencia.

Sin embargo, tanto del expediente de la encomienda de la operación a Emvisesa por parte de la Junta de Gobierno municipal como de las cifras manejadas hasta ahora se comprueba que 34 familias (un 35%) de las incluidas en la primera fase de la operación, que podría iniciarse a lo largo del mes de julio con tres años y medio de retraso sobre la previsión inicial, no podrán volver a su actual emplazamiento, “por lo que -puede leerse- el Ayuntamiento, en su caso, adjudicará a estas personas viviendas fuera del ámbito de actuación, en las condiciones y requisitos que en su momento se convengan”.

Así se colige, además, de los planes de esta primera fase de actuación, que se prevé que a partir de julio y hasta el año 2017 afecte a 96 viviendas de Los Pajaritos, distribuidas entre las calles Gavilán, Tordo y Estornino. En su lugar se construirán dos bloques con 31 viviendas cada uno. En total, pues, 62 viviendas, cuando las familias que se realojen fuera del barrio por Emvisesa serán 96. No habrá pisos para 34, que tendrán que cambiar de lugar de residencia.

Para la operación de realojo de los vecinos mientras se derriban sus bloques y se construyen los nuevos, Emvisesa ofrece, tras la encomienda municipal, 66 viviendas en la Avenida de Andalucía, 16 en Nuevo Amate, 9 en Torreblanca y 2 en Aeropuerto Viejo.

Emvisesa, que no firmará ningún tipo de contrato con estos inquilinos,  no asumirá tampoco compromiso u obligación alguna con las personas realojadas una vez finalizado el realojo temporal y concluida la encomienda. En el caso de que por parte de los ocupantes de las viviendas se produjera un incumplimiento de las obligaciones impuestas por la empresa municipal, se podría producir su desalojo en cualquier momento y los desalojados perderían el derecho a ser realojados en pisos de nueva construcción.

El presupuesto de la operación de realojo es de 930.000 euros en números redondos y se estima que las nuevas viviendas no estarán disponibles hasta dentro de tres años o de tres años y medio. Si se sobrepasara ese plazo, el Ayuntamiento asumiría los gastos hasta que retornaran  o se les adjudicaran nuevas viviendas definitivas. Los inquilinos tendrán que aportar 2.750 euros.

IU se quedó con las llaves

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, ha declarado tras devolver en horas 24 la presidenta de la Junta las competencias en materia de adjudicación de viviendas a la Consejería de Fomento -a raíz de la crisis provocada por la corrala Utopía- que la actuación de este Departamento había sido completamente legal al ajustarse al Reglamento de Viviendas Protegidas y a la ley Antidesahucios de Andalucía. Sin embargo, la aplicación de esta última ley está suspendida por el Tribunal Constitucional después de que fuera recurrida por el Gobierno de Rajoy, por lo que IU invoca una norma que a todos los efectos es como si no existiera.

La primera dificultad, por tanto, para tratar de comprender las razones de PSOE e IU en el conflicto político desatado tras el desalojo y posterior reparto de llaves de viviendas protegidas a okupas de la corrala Utopía es ver el marco jurídico en que se produce y cómo lo interpreta cada socio del Gobierno andaluz para justificar su posición y presentarse como  vencedor en la disputa, aunque oficialmente mantengan que no ha habido ni vencedores ni vencidos: cada uno toma la parte del todo que le interesa, amparados en la selva de disposiciones sobre vivienda, suelo y urbanismo aprobadas en la historia reciente de Andalucía.

CORPUS LEGISLATIVO

Podríamos remontarnos a la ley de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo, que data del año 2005. Esta ley modificó tres anteriores, aprobadas entre 1995 y 2002 (incluida la ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), pero a su vez fue modificada luego por cuatro leyes y dos decretos-leyes, que versaban, entre otros, sobre urbanismo, comercio interior, viviendas protegidas y suelo y función social de la vivienda.

Con cada nueva norma se introducen artículos nuevos, se deroga parte de los anteriores, se introducen modificaciones, se hace referencia sólo a una parte del corpus legislativo anterior y se sobreentiende que el resto sigue vigente….En esta maraña legal y administrativa, que sólo pueden desentrañar los iniciados en la materia, es fácil que el PSOE y sobre todo IU encuentren un resquicio para avalar sus tesis sobre la ilegalidad o la legalidad de las actuaciones en el caso de la corrala Utopía.

La cuestión clave a dilucidar es cómo funciona o debe funcionar el sistema de adjudicación de viviendas protegidas en Andalucía. En este sentido, creemos que hay que remitirse al decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de Andalucía, y el decreto 1/2012, de 10 de enero, regulador de los Registros Municipales de Vivienda Protegida, que modifica y amplía el primero.

EL REGISTRO, CLAVE

En síntesis, estas normas establecen que todo andaluz que por sus circunstancias quiera acceder a una vivienda protegida deberá inscribirse en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. Estos registros se consideran instrumentos básicos porque permiten conocer el número total de demandantes en cada municipio de Andalucía (y por extensión en toda la región) y el perfil de los solicitantes, para que así, coordinados por la Consejería responsable de la Junta, los ayuntamientos elaboren sus propios planes municipales de vivienda y suelo. Éstos comprobarán los datos de los solicitantes antes de inscribirlos en el Registro, así como la modificación y actualización de los mismos.

Tras los cambios introducidos por el decreto 1/2012, de 10 de enero, el artículo 13 especifica las excepciones a la obligación de adjudicar las viviendas mediante el Registro Municipal de Demandantes, pero siempre respetando los principios de igualdad, transparencia, publicidad (los Registros deberían tener carácter público) y concurrencia. Este artículo es clave porque es al que se agarra IU para justificar su proceder con la corrala Utopía. Estas son las excepciones que refleja:

1) Las actuaciones que tengan como objeto el realojo permanente o transitorio motivado por actuaciones urbanísticas, de rehabilitación o renovación urbana. Sería el caso, por ejemplo, de los implicados en las operaciones de regeneración urbanística de Regiones Devastadas (Nuevo Amate) y Los Pajaritos, en Sevilla. Los desalojados de sus casas por las demoliciones previstas para rehabilitar esos barrios pueden saltarse el Registro Municipal o el orden en el que figuren en el mismo.

2) Familias en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

3) Adjudicación de viviendas calificadas en programas de alquiler a entidades sin ánimo de lucro para destinarlas al alojamiento de personas sin recursos o en riesgo de exclusión social.

Según el Decreto, estas excepciones deberán ser autorizadas, en cada caso, por la persona titular del correspondiente Registro y comunicadas a la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda.

NÚMERO DE INSCRITOS

Aunque han circulado cifras diversas, los datos más recientes y verosímiles sobre la situación del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida en Sevilla al estallar la polémica por la corrala Utopía serían los siguientes: 12.352 personas/familias inscritas, de las que 800 necesitarían viviendas sociales de bajo precio y 388 estarían en un riesgo de exclusión social al menos similar al invocado como razón por los okupas de la corrala Utopía para dar la patada en la puerta del inmueble de Ibercaja en la Avenida Juventudes Musicales y ocuparlo ilegalmente durante casi dos años, hasta su desalojo policial por orden judicial y tras fracasar sus recursos ante la Justicia española y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A raíz del desalojo policial y la acampada ante el Ayuntamiento, se inicia el baile de cifras. La Consejería de Fomento dice que son 22 las familias desalojadas (luego se hablará de 17), anuncia que cuenta con 6 viviendas disponibles para ofrecérselas y exige que el Ayuntamiento aporte 16 de las suyas para solucionar el problema. Ante la negativa del Consistorio a saltarse la lista de demandantes inscritos en el Registro, Fomento publicita la entrega de las llaves de diez viviendas a otros tantos okupas y el alquiler don fondos públicos de 12 viviendas en el mercado libre para los restantes.

LA ORDEN JUDICIAL

Para justificar su actuación, Fomento se ampara en la misma orden judicial de desalojo, en la que la juez obligaría a “proveer lo necesario para atender a los menores y otras personas en riesgo de exclusión social”. Pero el texto del mandato judicial no obliga necesariamente a entregar una vivienda protegida a, ni mucho menos, todos los okupas y en detrimento de las 388 familias también en riesgo de exclusión e inscritas en el Registro, sino, por extensión, a proporcionarles un techo o, como se dice ahora, una solución habitacional. En este sentido, el Ayuntamiento había ofrecido durante las negociaciones con Fomento e Ibercaja desde hostales hasta el albergue municipal, soluciones que fueron rechazadas, quizás porque el objetivo de los okupas fue siempre conseguir la victoria que significaba la obtención de una vivienda, no de un alojamiento.

Y ese triunfo real, e incluso con mayor valor simbólico por el mensaje que transmitía a la opinión pública, es el que les otorgó la Consejería de Fomento con la entrega de llaves de las viviendas tras interpretar de esa forma el mandato judicial pero omitiendo que en el Registro de los 12.351 inscritos había 388 en igual situación que los okupas y con años de espera sin dar la patada a puerta alguna.

RETIRADA DE COMPETENCIAS

Susana Díaz, presuponiendo ilegalidad en la actuación, además de ordenar una investigación interna (de cuyos resultados nada se ha dicho, si es que se emprendió siquiera) reaccionó con un decreto por el que retiró las competencias en adjudicación de viviendas protegidas a la Consejería de Fomento. Hasta tal punto confunde la maraña legal de la Junta en materia de vivienda y urbanismo, que la presidenta invocó una norma y un artículo anticuados (decreto 149/2006, de 25 de julio y su artículo 12), superados por otro más reciente y que parecía ignorar (decreto 1/2012, de 10 de enero, artículo 13). Para justificar su decisión, Susana Díaz declaró: “Quien ocupa ilegalmente una vivienda no puede tener más derechos que quien pacientemente cumple con la ley, aunque a veces lo pase realmente mal”.

Veinticuatro horas después, sin embargo, y tras dos días de frenéticas negociaciones a todos los niveles entre PSOE e IU para evitar que el Gobierno de coalición saltase por los aires, la presidenta firmó otro decreto restituyendo las competencias a Fomento (IU).

El secretario de Organización del PSOE (A), Juan Cornejo, defiende la medida tras el pacto alcanzado entre los dos partidos, ya que en su opinión supone el cumplimiento de “la legalidad y la igualdad de oportunidades con la anulación de nueve realojos no justificados”.

SITUACIÓN REVERTIDA

Así pues, según la última versión oficial, de los 22 desalojados, 5 han renunciado a un alojamiento (¿dónde radicaban entonces las razones de urgencia y su riesgo de exclusión?), el de 9 ha sido suspendido (aunque IU sostiene por las redes sociales que sigue buscándoles una solución a cargo de la Junta) y 8 se quedan con las llaves de las casas hasta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento ratifiquen su situación y acrediten de forma fehaciente su riesgo de exclusión social.

El Consistorio ha comunicado que no ha recibido ninguna petición oficial de emitir nuevos informes y que de los desalojados de la corrala Utopía sólo dos estaban baremados para una vivienda social, pero en los puestos 100 y 122. De los otros seis no da noticia siquiera.

Por tanto, ocho okupas han conseguido de Fomento una vivienda gracias a su patada en la puerta, sin los previos (que no posteriores) informes sociales que exige la ley y saltándose a 100 excluidos que tenían por delante en el Registro, pese a lo cual Susana Díaz ha devuelto las competencias a la Consejería con la tesis socialista de que se ha restablecido la legalidad.

El Ayuntamiento obliga a pagar un mínimo de 25 euros por la ITE, que antes era gratis

Ha impuesto una tasa que se eleva a 47,50 euros para los edificios más grandes

A este coste hay que sumar el que cobren los profesionales por la inspección

 

El gobierno presidido por Juan Ignacio Zoido no sólo no aplica la Ordenanza de la ITE a los edificios municipales con el argumento, en palabras del alcalde, de que gozan de “otra condición” mientras multa a los propietarios y comunidades vecinales que incumplen la norma, sino que ha sido el primero en convertir la ITE en un instrumento recaudatorio más para las arcas del Ayuntamiento.

La primera Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios fue aprobada por el Ayuntamiento el 25 de mayo del año 2000 en el primer mandato de Monteseirín como alcalde, y desde entonces su presentación ante la Gerencia de Urbanismo era gratuita, al margen de lo que pagaran los propietarios de los inmuebles a los profesionales acreditados tras proceder a la revisión.

Con la llegada del nuevo gobierno municipal en 2011, el Ayuntamiento ha convertido el mero trámite de la presentación de la ITE en otro coste más para los sevillanos y en otra fuente de recaudación más para la Hacienda local, ya que creó una tasa específica bajo el epígrafe ‘Control y revisión por la Gerencia de Urbanismo del deber de presentar la Inspección Técnica de los Edificios realizada por facultativo competente, a fin de determinar el estado de conservación’.

Así pues, por cada ITE que se presente a revisión mediante el empleo de la aplicación informática habilitada al efecto por la Gerencia de Urbanismo y por vía telemática, en función de los metros cuadrados del inmueble, el Ayuntamiento cobra las siguientes tasas:

-Por edificios de hasta 300 m2 de superficie construida, por ITE presentada: 25 euros.

-Por edificios de hasta 450 m2: 32,50 euros.

-Por edificios de hasta 600 m2: 40,00 euros.

-Por edificios de más de 600 m2: 47,50 euros.

La intención inicial, conforme al Plan de Ajuste, era aún más gravosa para los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento quería imponer una tarifa mínima de 100 euros, y tasas de 200 euros para edificios de hasta 500 m2; 350 euros para edificios de hasta 1.000 m2; 1.000 euros para los inmuebles de hasta 5.000 m2, y 3.000 para los que tuvieran una superficie superior a los 5.000 m2. Con estas cuantías estimó que podría ingresar 200.000 euros anualmente.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

El Ayuntamiento exonera de la ITE a sus 400 edificios pese al texto de su propia Ordenanza

Alega que no va a fiscalizarse a sí mismo mientras

multa a los sevillanos con hasta 6.000 euros

 

Y que hace revisiones periódicas, que desmienten

el estado de Villa Encarnita y la estación del Prado

 

El artículo 1º de la Ordenanza obliga a “toda clase

de construcciones con independencia de su uso”

 

El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido a El Correo de Andalucía que, tal como publicó Viva Sevilla tras realizar un sondeo aleatorio en el Registro de la Gerencia de Urbanismo, sus 400 edificios no han pasado la Inspección Técnica (ITE), la misma que, sin embargo, el Consistorio exige al resto de Administraciones Públicas y a los sevillanos bajo amenaza de sanciones con hasta 6.000 euros.

El Ayuntamiento alega tres razones para eximirse de la obligación de someter a inspección técnica los inmuebles del patrimonio municipal:

1) El Gobierno local no se puede fiscalizar a sí mismo.

2) Sus edificios ya pasan revisiones periódicamente, “informes y pruebas incluso superiores a las que exigen las ITE” (Obsérvese que este punto ya contradice al anterior en caso de que fuera cierto).

3) Hay un equipo técnico específico en el área de Edificios Municipales y Patrimonio que se encarga de realizar estos análisis, y las entidades locales tienen una normativa específica relativa a la conservación de sus bienes.

Se da la circunstancia de que la nueva Ordenanza reguladora de la ITE fue aprobada por el gobierno de Zoido tras derogar la que estaba vigente desde los tiempos de Monteseirín. El nuevo texto se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 16 de noviembre de 2011 y estipula en su artículo 1.2 lo siguiente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

Por tanto, queda claro que en la Ordenanza no se establece ninguna exención para los 400 edificios del patrimonio municipal, que estarían tan obligados como los inmuebles de los sevillanos y de cualquier Administración Pública, como bien se ha encargado el Consistorio de recordarle a la Junta en el caso de las Atarazanas. Si no fuera así, no tendrían abierta una ficha en el Registro Público de las Inspecciones Técnicas y no aparecería el mercado del Arenal con la ITE pasada como excepción que confirma la regla.

La afirmación de que los edificios propiedad del Consistorio no necesitan someterse a la ITE porque son revisados aparte de forma periódica tampoco se ajusta a la realidad. Sin ir más lejos, en la página siguiente a la de la información citada, El Correo de Andalucía informa de que el Registro General de la calle Pajaritos se mudará de forma inminente a una zona de la estación del Prado de San Sebastián que ha necesitado dos meses de obras, por valor de 58.695 euros, ya que “el inmueble se encontraba, según los informes previos, en mal estado por su falta de mantenimiento….”.

Otra prueba más que desmiente la excusa municipal sobre que sus edificios no necesitan pasar la ITE porque están perfectamente gracias a las revisiones periódicas a que son sometidos es Villa Encarnita. El Servicio de Coordinación del Desarrollo Urbanístico y Programas de Vivienda remitió al Consejo de la Gerencia el expediente 37/2013 PAT, de fecha 9 de octubre de 2013, para justificar la salida a subasta del inmueble del barrio de Nervión y afirmaba que había que “poner (lo) en el mercado cuanto antes a fin de acometer su rehabilitación o su demolición y nueva planta, a la vista del estado de conservación en el que se encuentra la construcción y a fin de evitar el coste económico que supone la adopción de medidas periódicas para su mantenimiento y seguridad….”.

O sea, que la subasta tenía justamente el fin contrario de lo que predica el Ayuntamiento: no gastar en revisiones periódicas, las cuales tampoco se han acometido dado el estado de conservación del inmueble. Las fichas técnicas de los 400 edificios municipales figuran en blanco en el Registro de la ITE (la excepción de momento es el mercado del Arenal) y Urbanismo tampoco ha acreditado cuándo han sido sometidos a esas supuestas revisiones periódicas que han brillado por su ausencia en la estación de autobuses del Prado y en Villa Encarnita.

El Ayuntamiento no pasa la ITE pero multa con 4.500 euros a los demás

De ocho edificios municipales elegidos al azar sólo consta con la ITE el mercado del Arenal

Figuran con la ficha en blanco la sede de Plaza Nueva y el edificio de Los Pajaritos

La situación es similar a la de las Atarazanas, a la que Urbanismo envió sus inspectores

 

El Ayuntamiento de Sevilla envió el 5 de febrero inspectores de Urbanismo a las Atarazanas, propiedad de la Junta de Andalucía, tras comprobar en su Registro que no había pasado la ITE en el plazo límite de noviembre de 2009, por lo cual puede imponerle una sanción de 6.000 euros si califica la infracción como muy grave. Además de a la Junta, está incoando expedientes sancionadores a propietarios de otros edificios sin ITE, a los que estaría proponiendo multas de unos 4.500 euros. Paradójicamente, hay edificios municipales cuya ficha en Urbanismo figura en blanco como muestra de que no han sido sometidos o no han superado la inspección técnica.

La Ordenanza sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE) fue aprobada por el Pleno municipal el 25 de mayo de 2000. En su artículo 6º obliga a la constitución de un Registro Informatizado de la misma en la Gerencia de Urbanismo con carácter público y en el que deben constar, como mínimo, la identificación de cada inmueble mediante su referencia catastral, dirección y número de gobierno; año de construcción; protección asignada en el planeamiento; número de expediente asignado e informe de la ITE presentado con una serie de parámetros.

Al ser de acceso público, cualquier ciudadano puede verificar la ITE de cualquier edificio de Sevilla desde el siguiente enlace a la página web de la Gerencia de Urbanismo:

http://www.sevilla.org/urbanismo/test2012/Menu08.asp

Hemos buscado los datos de inspección de ocho edificios municipales de distinta naturaleza y ubicación a modo de sondeo sobre el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de su propia Ordenanza: la sede del Consistorio en la Plaza Nueva, el edificio municipal de la calle Pajaritos, la sede del Distrito de Triana, el antiguo mercado de la Puerta de la Carne, el teatro Lope de Vega, el mercado del Arenal, la sede del Servicio de Estadística (calle El Jobo) y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

La fecha límite de la presentación de la ITE en seis de estos inmuebles, conforme al dato que aparece en sus fichas, era el 6 de noviembre de 2009, acorde con los plazos establecidos en la Disposición Transitoria Única de la Ordenanza: edificios protegidos o cuyo año de construcción sea anterior o hasta 1929. Pue bien, el apartado del estado de tramitación de la ITE en la ficha de estos seis inmuebles está en blanco salvo en el caso del mercado del Arenal, para el que se acredita la realización de la inspección el 26 de abril de 2013, con casi cuatro años de retraso sobre el plazo establecido. Se le da como fecha de renovación para la siguiente ITE el 31 de diciembre de 20120.

La ficha del mercado del Arenal demuestra que todos los edificios de Sevilla sin excepción, aunque sean de titularidad pública, deben pasar y superar la ITE, pero no aclara la sanción que Urbanismo habría debido imponer al gobierno municipal por estos cuatro años de demora, en línea que la que podría aplicar a la Junta de Andalucía por su dejación en las Atarazanas y a todos los sevillanos a los que se ha expedientado por no cumplimentar este trámite.

Dos edificios municipales de los consultados en la página web, el antiguo mercado de la Puerta de la Carne y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián, tienen fijada como fecha límite para la ITE el 6 de julio de 2012, dado que conforme a lo establecido en la Ordenanza su fecha de construcción está comprendida entre 1930 y 1954.

Las fichas de ambos también figuran en blanco. Más significativo aún en el caso del antiguo mercado es que el Ayuntamiento convocó un concurso público para su adjudicación a una empresa privada pese a que no ha pasado la Inspección Técnica. Igualmente, el Consistorio ha alegado el mal estado de la estación de autobuses del Prado de San Sebastián en su conflicto con la Junta por cambiarla de uso, pero tampoco consta que pasara la ITE, cuya consecuencia debería ser la reparación inmediata de los desperfectos detectados. En ninguno de los siete casos en que la ficha aparece en blanco como no realizada la inspección pese a los años transcurridos desde la fecha límite consta la incoación de expedientes sancionadores.

 

Entre la realidad y el deseo

El anuncio de Susana Díaz de reactivar el sector de la construcción llegó al tiempo que la Gerencia de Urbanismo anulaba el convenio con Noga, que ha dejado sin hacer 2.110 viviendas en Sevilla Este

La juez Alaya cree que la prórroga en 2006 del acuerdo con Noga fue para compensarlo por no haberle adjudicado los suelos de Mercasevilla pese a que ofertó 158 millones de euros por los 106 millones de Sanma
El anuncio parlamentario de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de que va a constituir una Mesa de Trabajo para activar la construcción sostenible en la comunidad autónoma (en realidad, existe una Mesa de la Construcción desde hace un par de años al menos, sin que se le conozca actividad o utilidad) por el hecho de que la mitad de los parados proviene del estallido de la burbuja inmobiliaria coincidió con la decisión de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de anular el convenio con el grupo Noga para la erección de 2.100 viviendas en Sevilla Este.

Volvemos a movernos en la cernudiana dicotomía entre la realidad y el deseo, en un contexto socioeconómico en el que se dejan sentir las presiones de quienes abogan por potenciar la economía del ladrillo como método expeditivo de rebajar las altas tasas de paro en Andalucía y, por extensión, de Sevilla en cuanto provincia con mayor número de desempleados en la región.

En este marco venimos escuchando desde el advenimiento de Zoido a la Alcaldía las voces de quienes propugnan una reforma del Plan General de Ordenación Urbana con el argumento de que falta suelo para atender la demanda de nuevas viviendas, cuando resulta que en el PGOU vigente hay aún terreno calificado para poder alzar aún decenas de miles de pisos, pero a la hora de la verdad no aparecen los promotores y constructores que -dicen- estarían llamando a las puertas del Ayuntamiento para levantar nuevas promociones inmobiliarias.

ANULACIÓN

Un nuevo ejemplo palmario lo hemos tenido con la anulación del convenio urbanístico suscrito el 16 de febrero de 2006 con varias empresas del grupo Noga (Inmobiliaria Osuna) para la construcción de 2.161 viviendas en Sevilla Este, el mismo barrio en el que la Fundación de la CEA ha sido incapaz de terminar y entregar 583 VPO a sus compradores, pese a que éstos habían adelantado el dinero. Un escándalo que ha acabado con la imputación de Santiago Herrero y varios directivos más de la patronal y, a la postre, provocando la dimisión de aquél como presidente.

En el caso del grupo Noga, llueve sobre mojado, porque mucho antes de 2006 ya arrastraba el incumplimiento de los compromisos adquiridos para la erección de viviendas, un incumplimiento cuya consecuencia obligada era la retirada de los permisos por parte del Ayuntamiento y la imposibilidad de construir. ¿Por qué, entonces, se le prorrogó esa potestad en 2006?

La juez Mercedes Alaya, en virtud de un informe redactado por la Guardia Civil en 2013, estima que esa prórroga acordada durante el mandato de Monteseirín como alcalde tenía como objetivo encubierto compensar al grupo Noga por la adjudicación a su rival Sanma (filial del grupo Sando) de los suelos de Mercasevilla, pese a que ésta había ofrecido por los mismos 106 millones de euros y aquél, 158 millones. El Consistorio dio los terrenos a Sanma aun perdiendo 52 millones de euros (casi 9.000 millones de las antiguas pesetas) en la operación.

Y siendo tan ostensible la diferencia económica entre una oferta y otra, la pregunta que se hizo la juez Alaya era cómo entonces el grupo Noga no había planteado ningún recurso contra la decisión adoptada en Mercasevilla.

COMPENSACIÓN

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a la conclusión en un informe elevado a la juez de que la posterior firma del convenio con Inversiones Noga, Inonsa e Inmobiliaria Osuna, mediante el cual se ampliaba el plazo para edificar en Sevilla Este durante ocho años más y se dejaba sin efecto la inclusión de las 36 parcelas en el Registro de Solares y Edificaciones Ruinosas suponía un gran beneficio, que cabía entender como una compensación por no recurrir el concurso sobre los suelos de Mercasevilla.

Sin embargo, el grupo Noga tampoco ha aprovechado esta segunda oportunidad, ya que se comprometió en 2006 a edificar en Sevilla Este 2.161 pisos y en los ocho años transcurridos desde entonces sólo ha terminado 51 (el 2,36% del total planificado), pese a que en este periodo todavía se ha beneficiado de dos prórrogas más. Ha dejado sin iniciar 2.110 viviendas y tampoco ha hecho efectivo el aval de 221.963 euros como garantía económica ante el posible incumplimiento del deber urbanístico de edificar, como finalmente ocurrió.

EN BLANCO

Los casos de Noga y de la Fundación de la CEA no son las excepciones. Recuérdese que, anteriormente, la Gerencia de Urbanismo tuvo que declarar desierto el concurso público que convocó para construir 220 viviendas protegidas en una parcela de la Hacienda del Rosario porque no se presentó empresa alguna. Las condiciones no eran aparentemente demasiado gravosas: adelanto del 5% de un importe total de 3,8 millones de euros.

A ello hay que sumar otros concursos desiertos relacionados con la construcción, como el del chalé de Villa Encarnita en Nervión, pese a la libertad total de usos dada por Urbanismo a quien se quedara con el inmueble; los relativos a la construcción de sendos parkings en el Prado de San Sebastián y la plaza de San Martín de Porres;  la imposibilidad de sacar adelante por falta de interesados y/o de financiación 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, y el encefalograma plano de la Empresa Municipal de la Vivienda, incapaz de lanzar una sola promoción en lo que va de mandato de Zoido.

En el balance hay que incluir la decisión política adoptada en su día por la Gerencia de Urbanismo de suspender en toda la ciudad el plazo para cumplir el deber de edificar en fincas declaradas en ruinas y en solares destinados a otros usos diferentes al residencial, con carácter retroactivo hasta el 10 de mayo de 2010 porque -se argumentaba- “lo que inicialmente se consideró una circunstancia aislada para las fincas de uso residencial se ha convertido en una tónica general”.

REHABILITACIÓN

En este panorama, por lo que a Sevilla y en materia de viviendas se refiere, la idea de Susana Díaz de reanimar el sector de la construcción cuidando de despojarla de sus connotaciones especulativas y transformando su actividad en sostenible devuelve al primer plano de la actualidad aquel plan en el que coincidieron en el Senado dos políticos de signo ideológico opuesto, como son la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), y el portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, lo cual demuestra que si se recuperara el espíritu de la Transición sería posible lograr consensos en políticas básicas en vez de perder el tiempo en estériles confrontaciones que dejan al margen las necesidades y demandas de los ciudadanos.

Ana Pastor y Juan Espadas coincidieron en apostar por la rehabilitación y la dotación de eficiencia energética -máxime tras el continuo incremento de la factura de la luz- del envejecido parque de viviendas actual.

En la propuesta de Espadas, orillada luego por el partido en el Gobierno, se tomarían como proyecto piloto los 3.500 pisos del Polígono de San Pablo para, mediante su readaptación con  financiación público-privada, relanzar la construcción en Sevilla capital, crear empleo, ahorrar una energía cada vez más cara y mejorar las condiciones de vida de miles de sevillanos.

 

La infravivienda según Vílchez

Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.

A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.

FRENAZO A EMVISESA

A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.

Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.

El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.

Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.

SIN BALÓN DE OXÍGENO

Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.

En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.

Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.

RETRASOS EN LOS PAJARITOS

En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.

Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.

Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.

CORRAL DE TRIANA

Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.

Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.

Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a  inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.

Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.

Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.