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«Sólo aciertan cuando rectifican»

El fundador y posterior presidente honorario del PP además de uno de los ‘padres’ de la Constitución, Manuel Fraga Iribarne, acuñó en su época de líder de la oposición a los gobiernos de Felipe González una de esas frases que ha perdurado en la memoria colectiva (como el “puedo prometer y prometo”, de Adolfo Suárez) pese al tiempo transcurrido. “Sólo aciertan cuando rectifican”, dijo para calificar los bandazos que de vez en cuando daba el socialista sevillano, pese a que éste gozaba de una mayoría absolutísima en las Cortes.

FragaSi Fraga levantara la cabeza podría llegar a la conclusión de que aquella máxima suya es aplicable cada vez con más frecuencia a un prócer de su propio partido, el presidente del PP andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el cual no deja de rectificarse a sí mismo tras negar primero la mayor en temas de tanto calado como la rebaja del IBI (su delegada de Hacienda, Asunción Fley, decía que era imposible legalmente cuando quien lo planteaba era la oposición) y de los alquileres de Emvisesa, pero que luego, con la desenvoltura que lo caracteriza (recuérdese que iba a paralizar la torre Pelli cuando se hallaba en la oposición, para luego convertirse en su paladín una vez en la Alcaldía) pregonar como decisiones originales con el fervor del converso que se pone al frente de la manifestación.

RENTA SOCIAL

El pasado 8 de octubre, Zoido compareció en rueda de prensa junto con la delegada de Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco; el de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y el gerente de Emvisesa, Miguel Contreras, para anunciar la aprobación de un acuerdo en la empresa municipal de la vivienda en virtud del cual se aplicará una renta social a los inquilinos de promociones en régimen de alquiler y alquiler con opción a compra que se encuentren en situación de emergencia social, una medida que se desarrollará con carácter “urgente y temporal”, para adaptarse a la situación de quienes tienen menos recursos.

Zoido emvisesaAl día siguiente el alcalde vindicó la paternidad de la medida, ignorando de forma deliberada las reiteradas peticiones de la oposición en tal sentido desde hacía meses y señalando sin inmutarse que había sido un compromiso suyo desde el principio pero sin poder explicar cómo en tal caso llevaba casi dos años y medio sin cumplirlo: “El PP ha sido el único gobierno municipal -afirmó- que ha puesto alquileres gratis para quien acredite que no puedo pagar, pero si el PSOE dice que ha sido idea suya, pues que lo diga, pero no sé a quién van a terminar engañando”.

La hemeroteca, ese depósito de la memoria, pone siempre a cada uno en su sitio. Así, tirando de hemeroteca puede comprobarse que tan sólo una semana antes, en el Pleno municipal de septiembre, los socialistas volvieron a reiterar su solicitud de que se rebajaran los alquileres a los inquilinos en dificultades económicas, tal como luego, el 8 de octubre, acabó anunciando el alcalde.

NEGATIVA

Para rechazar la petición, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, respondió como si el PSOE hubiera planteado una medida de carácter general e independiente de las rentas y circunstancias de cada inquilino para, a partir de ahí, construir su discurso justificatorio de la negativa: “una rebaja general -dijo- del precio del alquiler de viviendas, incluso para aquellos que ahora siguen teniendo los mismos ingresos que cuando firmaron su alquiler, sería injusta y discriminatoria. Esa política, ellos (por los socialistas) no la aplican allí donde gobiernan, porque es pura demagogia, olvidando que Emvisesa la pagan todos los ciudadanos, que quieren que su dinero se administre bien para atender las verdaderas situaciones de necesidad. No podemos saltarnos la ley”.

EspadasEl anuncio de la rebaja por parte de Zoido se produjo no sólo después de haberlo reiterado la oposición, sin éxito entonces, en el Pleno de septiembre, sino también de la carta que Juan Espadas remitió a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en la que le pidió que abriera una investigación sobre el grado de cumplimiento de sus recomendaciones y sobre la gestión de la vivienda protegida y vivienda social por parte del Ayuntamiento de Sevilla.

Espadas, entre otras muchas cuestiones, subrayó ante la Defensora del Pueblo que el gobierno local no concedía rebaja alguna de los alquileres a pesar de las circunstancias concretas de cada caso, y que tampoco estaba procediendo a recalificar viviendas sociales de venta para destinarlas a alquiler, a pesar de los acuerdos en tal sentido en el Pleno, de las recomendaciones de la propia Soledad Becerril y de que Emvisesa había reconocido la existencia de 184 viviendas en venta vacías.

Ha sido, pues, la oposición de PSOE e IU la que ha estado prácticamente desde los albores de este mandato insistiendo a Zoido en que modificara su política de vivienda y aplicara las medidas que ha tardado casi dos años y medio en adoptar, pese a lo cual el alcalde trata de aparecer ahora como el abanderado de las mismas. Prueba de esta improvisación es que el Ayuntamiento tardó tan sólo 24 horas en volver a rectificarse a sí mismo.

EL CAMBIO DEL IPREM

En la rueda de prensa con Dolores de Pablo, Maximiliano Vílchez y Miguel Contreras, tal como recogieron los medios de comunicación, el alcalde anunció que las unidades familiares sin ingresos sólo tendrían que afrontar el pago de la comunidad y de suministros como el agua y la luz, mientras aquellas cuyos ingresos no superen en una vez el valor del Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) deberán pagar como máximo el 30% de los mismos, con un mínimo de 50 euros.

Dado que una vez el Iprem equivale a 532,51 euros, tanto PSOE como IU calificaron de insuficiente la medida, porque supondría que muchas familias en dificultades económicas no podrían acogerse a la bonificación y porque el límite establecido era aún más restrictivo, a la baja, que para los pisos sociales, donde se toma como indicador de 1,5 veces (796,53 euros) a dos veces el Iprem.

Y de nuevo el gobierno municipal hubo de rectificarse a sí mismo. El delegado de Urbanismo, Vílchez, saltó a la arena pública para sostener, conforme al manido argumento de que los medios habían malinterpretado al alcalde, que Zoido no iba a la zaga de Espadas y Torrijos porque el indicador que en realidad se tomaría como referencia sería 1,5 veces el Iprem (796,53 euros) y no una vez (532,51), con el fin de que el número de beneficiarios fuera mayor.

EL ERROR COMO EXCUSA

Mientras Vílchez enmendaba la plana al mismísimo alcalde culpando a la prensa, la página web emvisesa weboficial de Emvisesa le dejaba a su vez en evidencia a él mismo al establecer como condición para las bonificaciones a los alquileres el requisito que había anunciado Zoido: los ingresos familiares no superarían los 532,51 euros. Pillado otra vez en sus contradicciones, a Urbanismo ya sólo le quedaba alegar que se trataba de otro de sus ya clásicos “errores inmateriales”, el tercero de gravedad en el que ha tenido que ampararse desde el inicio del nuevo curso político.

Y con esa desenvoltura que le caracteriza para sostener primero una cosa y luego la contraria, Zoido también ha dicho con motivo de esta polémica sobre vivienda que su gobierno fue el primero de España que tomó la medida de que no iba a haber ningún desahucio en las viviendas de Emvisesa.

En este caso se le olvidó también decir que forzado por las demandas de la oposición y las protestas vecinales tras haber enviado la empresa municipal cartas de desahucio a cien familias en San jerónimo y el suicidio de varias personas desahuciadas en distintos puntos de España.

Y, una vez más, Zoido acertó cuando rectificó.

Como decía Fraga.

 

Modificación del PGOU para más viviendas de renta libre

La Gerencia de Urbanismo llevó al Pleno del Ayuntamiento una propuesta más de modificación del PGOU, en concreto en el ámbito de la Fábrica de Contadores, para satisfacer en este caso una solicitud de la empresa Inmobiliaria del Sur.

Urbanismo ha dado luz verde a la propuesta de incremento en un 10,84% del número total de viviendas permitidas en esa zona por el Plan General, con lo que se pasaría de 158 a 176. Lo significativo es que todas las nuevas viviendas autorizadas, 18, serían de renta libre, las que reportan mayor beneficio a los promotores privados, mientras que no se incrementa en número de las de protección oficial, que sigue fijado en 80 tras la aplicación de las últimas disposiciones normativas y pese a que Zoido prometió en su campaña electoral que construiría más de mil VPO cada año para los 16.600 sevillanos que están en lista de espera de una vivienda pública.

El Estado pone en venta 82 viviendas en Sevilla capital y 54 en San Juan

El lote más atractivo son seis inmuebles de 1.733 m2 cada uno en la calle Miguel Mañara

Adif oferta 67 viviendas ferroviarias, más de la mitad sitas en calle Navarra

El Invied saca al mercado 54 viviendas en San Juan de Aznalfarache, la mitad vacías

El Estado, a través de diversos ministerios y organismos públicos, ha puesto en venta más de 150 viviendas, entre otros inmuebles, en la provincia de Sevilla hasta el año 2015, dentro del programa de enajenación de bienes aprobado en virtud del informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, para hacer caja, recortar los gastos de mantenimiento y reducir así el déficit público. En total, el Gobierno pone en el mercado en toda España 15.100 propiedades en números redondos, distribuidas así: 6.906 viviendas del Ministerio de Defensa, 4.832 fincas rústicas, 1.869 viviendas no militares, 805 locales comerciales, 382 solares, 126 oficinas, 98 edificios singulares, 61 bloques de pisos, 19 edificios industriales, 18 participaciones en solares, 16 garajes/trasteros y 3 inmuebles asistenciales.

Por lo que se refiere a Sevilla y su provincia, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) es el organismo que más bienes liquida, un total de 85 viviendas, de las que la gran mayoría, 67, se encuentran en la ciudad de Sevilla. Su superficie oscila entre 77 y 85 m2. Treinta y ocho están construidas en la calle Navarra; siete, en la calle Salvador Allende, y cinco, en la calle Cerbatana. El resto se distribuye entre vías públicas de nombres con resonancias ferroviarias como TER, Talgo, TAF y Ferrobús.

En la provincia, Adif vende 12 viviendas en Tocina, con superficies de entre 77 y 136 m2 y sitas en la calle Pastor y Landero y en la barriada de Renfe. Además, tres en Morón, dos de ellas en la antigua estación del tren, de 89 y 88 m2, y una tercera de 85 m2. Asimismo, vende dos en Utrera, de 53 y 57 m2, y una en Carmona, más amplia, de casi 94 m2. Del total, 15 viviendas están vacías y 70 ocupadas, si bien la Administración dará preferencia a los actuales inquilinos.

El segundo gran paquete de viviendas en venta, en este caso propiedad del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), está compuesto por 54 inmuebles sitos en San Juan de Aznalfarache, de los construidos históricamente para albergar personal de la Maestranza y del Sector Aéreos de Sevilla por su cercanía a la base de Tablada. La mayoría tienen 71 m2 de superficie, si bien también los hay de más de 80 m2 e incluso de 119 m2. Veintitrés están vacías actualmente y el resto, ocupadas. Aunque en la relación aparece la denominada Muralla Mozárabe de la Barriada Obrera, queda excluida su venta porque probablemente será cedida al Ayuntamiento ribereño.

CASCO ANTIGUO

El tercer lote de viviendas es que más goloso de todos y el que pone en el mercado la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. En Sevilla capital diferencia entre inmuebles desocupados y los que tienen inquilinos dentro. Entre los vacíos salen al mercado tres en la calle Miguel Mañara (con 1.733 m2 cada uno), uno en la calle Mariana Pineda (825 m2) y dos en la calle Judería (79 y 148 m2). Ocupadas se venden otras seis viviendas de 1.733 m2 cada una en Miguel Mañara; una de 433 m2 en la Plaza de la Contratación; otra en la calle Vida (272 m2) y una en la calle Judería (79 m2).

Entre los edificios militares puestos en el mercado por el Invied figura, como ya es harto conocido desde su recalificación en el PGOU de 2006, el antiguo cuartel de Alfonso XIII, en la Avenida de Jerez (150.145 m2), y el Centro de Receptores de la Zona de El Judío (806 m2). Este organismo también dispone en su cartera inmobiliaria de 26 locales comerciales. Doce radican en Sevilla capital, de ellos ocho ya alquilados y cuatro vacíos. Destacan por su ubicación tres en la calle Genaro Parladé; dos, en la Avenida García Morato y uno de 202 m2 en Jesús del Gran Poder, probablemente la antigua Farmacia Militar. Asimismo, vende doce en Utrera, de entre 30 y 92 m2, destacando aparte un local de 652 m2 actualmente alquilado por un supermercado. Completan el lote dos en Morón, uno de 351 m2, vacío, y otro, de 241 m2, alquilado para oficinas.

SOLARES JUNTO A LA FERIA

En el capítulo de solares, el Invied vende también en la ciudad de Sevilla tres desafectados de uso militar, el del cuartel de Intendencia, en la carretera de Su Eminencia, que ya sacó a subasta sin éxito el día 4 de julio por más de 8 millones de euros y que mide 46.124 m2 de superficie; restos de tres fincas de la base áerea de Tablada (3.263 m2) y el antiguo Camino de las Huertas, también en Tablada (7.640 m2).

Por su parte, la Dirección General del Patrimonio pone en el mercado un solar para uso residencial de 1.579 m2 en la calle Pagés del Corro; tres en la Avenida de Juan Pablo II, entre la Feria y Tablada, de 366, 1.650 y 2.148 m2, respectivamente, y dos en La Alcornocada, de Los Palacios y Villafranca, con 1.442 y 489 m2.

El Ministerio de Defensa propiamente dicho sólo vende en Sevilla terrenos rústicos ligados al antiguo Ejército del Aire: el campo de vuelo de la base de Tablada (288.860 m2), tres parcelas sitas en el aeropuerto de San Pablo (462.739 m2) y terrenos del sector SUS-DE-02 Santa Bárbara-2 en este mismo aeródromo (83.130 m2). Y, en la provincia, terrenos del Centro de Emisiones del Ejército del Aire, en Alcalá de Guadaira (11.784 m2), y de la Radiobaliza Exterior de ayuda a la navegación aérea, en Carmona (2.625 m2).

Por su parte, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad (Ministerio del Interior) pone en venta dos propiedades en Sevilla capital procedentes de la Dirección General de la Policía: una con 82 m2 de superficie y una edificabilidad de 210 m2 en la calle Ébano (Torreblanca), y otra de 150 m2, con una edificabilidad de 282 m2, en el nº 4 de la calle López de Azme. La primera está valorada en 77.220 euros y la segunda, en 331.321.

Procedente de la Guardia Civil sale a la venta en Carrión de los Céspedes una propiedad de 2.449 m2 de superficie que tiene 880 m2 construidos.

La VPO

Emvisesa adjudicó en 2005 una VPO al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, el cual ha reconocido que la usa de forma tan esporádica (para indignación de Espadas y Torrijos y de los miles de sevillanos en lista de espera de una vivienda pública) que hay vecinos que nunca lo han visto por allí en todos estos años. Tampoco lo localizaron la Jefatura de Tráfico, el Ayuntamiento de La Algaba y, oh paradoja, el Ayuntamiento de Sevilla y su Agencia Tributaria ni aun cuando era ya concejal, por lo que recurrieron once veces al Boletín Oficial de la Provincia para enviarle notificaciones sobre multas, embargos y demás. Pese a tal cúmulo de evidencias, al gobierno de las luces y los taquígrafos y que alardeaba de que no toleraría corruptelas como en la era Monteseirín no se le ocurre otra explicación que ésta: “Es habitual no poder localizarlo en su casa por su elevado ritmo de trabajo”. Si este concejal es, según la versión oficial, tan estajanovista o un ‘workaholic’, entonces lo que necesita no es una VPO, sino que le pongan una litera en el Ayuntamiento.

 

Zoido incumple el Código Ético de Emvisesa en el caso del concejal de la VPO

El Código Ético y la actuación del presidente de la empresa, Juan Ignacio Zoido, están siendo sometidos a prueba en el caso del delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, que solicitó una VPO en Pino Montano en 2005 cuando ya era -y sigue siendo- copropietario en pleno dominio de otra vivienda desde 1994, y que ha reconocido públicamente que utiliza la VPO de forma esporádica, amén de haber compartido al menos su uso -niega, como le acusan algunos vecinos, que la haya alquilado- con una señora mayor a la que ha calificado comoi una antigua cuidadora, cuando la normativa de las VPO impone que sea la vivienda habitual y no esporádica y que su uso no sea cedido en ninguna circunstancia.

El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, es también presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) y como tal está obligado a cumplir el Código Ético de la compañía, que fue aprobado el pasado 23 de mayo a propuesta del director-gerente, Miguel Contreras. La norma impone a directivos y empleados la obligación de integridad y transparencia y de denunciar cualquier tipo de irregularidad como la que, presuntamente, habría cometido el delegado del Distrito Norte. Juan García Camacho ha confesado que utiliza “de forma esporádica” la VPO que le fue concedida por Emvisesa en 2005. Sin embargo, pese a las solicitudes de PSOE e IU al alcalde y presidente de la compañía para que abra una investigación sobre este caso, Zoido sigue guardando un absoluto mutismo pasadas  semanas desde el estallido de la controversia.

El 23 de mayo, el director-gerente de Emvisesa, Miguel Contreras Manrique, presentó ante la Comisión Ejecutiva de la sociedad, que lo aprobó al final de su reunión, un Código Ético interno “dirigido a todos los directivos y empleados de la empresa, con independencia de la modalidad contractual que determine su relación laboral o posición jerárquica que ocupe en el organigrama de la compañía” (artículo III), por lo que también debe someterse al mismo el propio presidente de la empresa, que no es otro que Juan Ignacio Zoido.

El artículo citado especifica que “cuando surjan discrepancias entre las normas, leyes y regulaciones locales y el presente Código, los empleados aplicarán preferentemente aquella norma que sea más estricta”.

En su intervención ante la Comisión Ejecutiva, el gerente de Emvisesa justificó la necesidad del Código Ético porque “debido a la situación económica actual -expresó- nos vemos obligados a convivir en un ambiente de negocio difícil e impredecible, en el que la ética y las prácticas de negocio justas y honradas deben estar más que nunca presentes en cualquier actividad empresarial”.

Contreras abogó por que Emvisesa proyecte una imagen de una empresa “transparente y de referencia en su sector”, y añadió:”Según la forma en que nos tratamos, interactuamos con nuestros clientes y demostramos nuestro respeto por las leyes y las reglamentaciones, forjamos el prestigio de Emvisesa como una empresa que se preocupa por cuidar con los más altos estándares de integridad”.

El Código Ético impone al personal de Emvisesa el deber de preservar la imagen y reputación de la compañía en todas sus actividades profesionales, incluyendo intervenciones públicas. Asimismo, exige que eviten toda forma de conducta engañosa, fraudulenta o maliciosa que lleve a la obtención de ventajas inapropiadas sobre clientes y proveedores.

 

 

El edil de la VPO no consignó la nuda propiedad de su primer piso

El delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, ha tenido la oportunidad de plasmar en su Declaración de Bienes ante el Ayuntamiento la concordancia de su situación personal y la patrimonial como mero nudo propietario de su primera vivienda, pero ha ratificado justoi lo contrario, con lo cual tiene una situación jurídica poco defendible en relación con la VPO de Pino Montano.

La polémica existente sobre la VPO adjudicada en 2005 por Emvisesa al hoy delegado del distrito Norte, Juan García Camacho, se basa en dos aspectos distintos, habiendo adquirido más relevancia hasta ahora el segundo. En este sentido, ha quedado acreditado por el propio testimonio del edil que él ha utilizado “de forma esporádica” la vivienda pública y que incluso ha acogido en ella, aunque negando que haya sido en forma de alquiler, a una señora mayor a la que identifica como su cuidadora de muchos años. La normativa obliga al uso no esporádico, sino de forma habitual, de una VPO, y a no cederla de ninguna manera.

Ese uso esporádico del piso por parte del edil es incluso puesto en duda entre algunos de sus vecinos, que nunca lo han visto por allí. Además de estos dos factores, existen las once notificaciones dirigidas a Juan García Camacho en el BOP de Sevilla desde 2008 a la fecha por parte de cuatro organismos oficiales distintos, los cuales nunca lo encontraron en su VPO de Pino Montano.

El primer aspecto de la polémica ha quedado en un segundo plano, pero no es menos importante: García Camacho solicitó la VPO pese a que ya era propietario, junto con su esposa, de otra vivienda, en Parque Flores. El edil atribuye esta circunstancia a que para entonces se había roto la convivencia familiar y tras dejar el disfrute del piso a su ex-mujer e hijos no tenía ningún sitio donde vivir.

Jurídicamente, pues, García Camacho se habría convertido en lo que se denomina ‘nudo propietario’, esto es, dueño de una vivienda de la que no podía disfrutar al no tener ya su posesión por haberla cedido a su exmujer. Sería el mismo caso que el del propietario que alquila un piso: tiene la nuda propiedad, pero el derecho a disfrutarlo lo tiene el inquilino.

Sin embargo, el delegado del distrito Norte no refleja tal circunstancia, de atenernos a sus propias declaraciones, en la Declaración de Bienes realizada ante el Ayuntamiento, a pesar de que el Consistorio le ofrece esa opción a la hora de rellenar el formulario correspondiente. García Camacho cumplimenta la Declaración y especifica en la clase del bien que su primer piso es un inmueble urbano y no rústico. Y en cuanto al tipo de derecho que tiene sobre el mismo, se le brindan cinco posibilidades: pleno dominio, nuda propiedad, multipropiedad, derecho de uso y disfrute y concesión administrativa.

El concejal, pudiendo especificar la nuda propiedad para mantener la concordancia con el relato que ha venido ofreciendo, no lo hace, sino que especifica que mantiene el pleno dominio (al 50%, como ocurre en todos los matrimonios en régimen de gananciales) de un piso desde el 24 de febrero de 1994 hasta hoy. Y aún más: el valor catastral de esa primera vivienda (40.849,78 euros) supera al de la VPO (36.001,41 euros) que le fue adjudicada por Emvisesa en, también un mes de febrero, Pino Montano en 2005.

Jurídicamente, pues, García Camacho era y sigue siendo propietario de una vivienda cuando solicitó la VPO y como tal propietario se beneficiaría económicamente en caso de su hipotética venta.

 

En evidencia

Hay entrevistas que las carga el diablo. El mismo día en que El Mundo publicó el documentado informe marca de la casa de Carlos Mármol sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla,  le preguntaron en la competencia al alcalde sobre su política en materia de vivienda. Zoido, para tratar de justificar su pobre balance también en este capítulo ya en su ecuador, respondió que el PSOE e IU agotaron todo el suelo disponible, pero que aun así están terminando algunas, comenzando otras y preparando terrenos para más. La ‘minería de datos’ de El Mundo dejó en evidencia al alcalde, porque demuestra que sólo ha construido 46 VPO  pese a que dispone de suelo apto para erigir 8.033 VPO y casi 20.000 de renta libre y que con el suelo en desarrollo a punto de concluirse habrá capacidad añadida para 7.448 viviendas de protección y 11.427 de renta libre más. Todo el argumentario del alcalde y de la patronal sobre que como falta suelo para edificar hay que cambiar el Plan General se derrumba. Otra falso mito más. No falta PGOU, falta capacidad para gestionarlo.

 

Zoido llega tarde

El suicidio, el día 9, de la exedil socialista Amaia Egaña cuando iba a ser desahuciada de su piso en Baracaldo multiplicó la indignación ciudadana y obligó a Rajoy a anunciar una propuesta de paralización temporal de los desalojos que negociarían a partir del lunes, día 12, PP y PSOE. Zoido, oportunista, vio la ocasión de aparecer como el adelantado de la nueva política que se estaba fraguando e hizo un doble anuncio el domingo 11.

Tras hacerse la foto en plan gabinete de crisis con sus delegados de Urbanismo y Asuntos Sociales y el gerente de Emvisesa, comunicó la paralización de los desahucios en curso por la Empresa Municipal de la Vivienda. Previamente había propuesto a Griñán un pacto antidesahucios, en estos términos: “que se olvide de la demagogia y se siente de verdad con el PP, como ha ofrecido Mariano Rajoy a nivel nacional, para buscar la salida al problema. No se trata de ser demagogo -añadió-, se trata de tener rigor”. Y más tarde instó a la Junta a que, a través de la Empresa Pública del Suelo, mostrara su disponibilidad a paralizarlos.

 

FRENAZO YA EN JUNIO

 

 

El rigor y la falta de demagogia invocados por Zoido en un asunto tan delicado han brillado por su ausencia en su caso, pues como líder de la Oposición y parlamentario autonómico no debía ignorar que a finales de junio la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció en el Parlamento andaluz que había dado la orden de frenar todos los lanzamientos previstos en el parque de viviendas de la Junta, a pesar de que sólo se han producido 16 de carácter administrativo en el último cuatrienio en las 46.000 VPO que gestiona en régimen de alquiler. “No se va a utilizar esta práctica -aseguró- contra quienes se encuentren en una situación desesperada y no puedan hacer frente, por causas justificadas, a la renta de alquiler establecida”.

Elena Cortés insistió en que no se privaría de una vivienda social a las familias afectadas por sobreendeudamiento o que contaran entre sus miembros a personas dependientes, una medida con la que cinco meses más tarde ha coincidido la patronal bancaria al anunciar una moratoria de dos años en los lanzamientos de viviendas “en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”.

Además, la consejera subrayó que sería muy exigente a la hora de velar por que las viviendas públicas no se queden vacías, con lo cual se adelantaba a la demanda ahora planteada, al cabo de cinco meses, por Zoido. Y el 1 de octubre inauguró en Sevilla la primera de las ocho oficinas de intermediación contra los desahucios y en la que un equipo de administrativos, trabajadores sociales y letrados asesoran gratuitamente a las potenciales víctimas de desalojos.

 

LIQUIDACIÓN DE OTAINSA

 

 

En el frente sevillano, la falta de visión de Zoido en este asunto, convertido luego en clamor nacional, quedó de manifiesto cuando sólo llevaba tres meses en la Alcaldía y su delegado de Urbanismo, Vílchez, decidió el desmantelamiento de la Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (Otainsa) y la asunción de sus funciones por la Gerencia de Urbanismo. A la vista de lo sucedido en estos catorce meses (1.613 desahucios en la capital y provincia sólo en el primer semestre de 2012) no parece que la Gerencia haya suplido con eficacia a Otainsa.

El radar del alcalde siguió sin detectar la gravedad del drama, del que venía alertando la oposición. En el Pleno del 30 de marzo, Espadas propuso “frenar los 3.500 desahucios” por impago de hipotecas e instó a Zoido a que adoptara una batería de medidas urgentes que ayudaran a “minimizar el tremendo impacto que están provocando los desahucios y contrarresten los efectos del paro en Sevilla”. El PP votó en contra argumentando que el PSOE “llega a los sitios tarde y mal porque no ha hecho nada y ahora viene a decir que lo que se hace no es suficiente”.

El 9 de abril, el PSOE volvía a la carga a cuenta de los desahucios por Emvisesa en la barriada La Estrella, Pino Montano, y pedía una moratoria de hipotecas de tres años para personas del perfil de los desahuciados por la empresa municipal: en paro, con menos jornada laboral o menos ingresos y/o con dependientes a su cargo.

 

CIEN AVISOS EN SAN JERÓNIMO

 

 

En el Pleno de septiembre, el gobierno local se negó a activar un servicio municipal de atención a los potenciales desalojados de forma que se pudiera estudiar cada caso en concreto, así como un plan de alquiler a precios asequibles gestionado por Emvisesa.

En octubre, Torrijos (IU) destapó que Emvisesa había enviado un centenar de cartas intimidatorias a adjudicatarios de sus viviendas en San Jerónimo, en las que les avisaba de que si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonaban las deudas pendientes o los recibos atrasados de la comunidad, se darían por resueltos los contratos y se les abriría de inmediato un proceso judicial de desahucio.

Zoido tuvo ahí su gran oportunidad de haber paralizado los desahucios en Sevilla y logrado proyección nacional antes de que la iniciativa partiese de la Moncloa en Madrid tras el suicidio de Baracaldo, pero se limitó a decir que se trataba de “trámites administrativos” y a hablar de “sensibilidad” para con los afectados. El resto de la historia es conocido: la ola de indignación ciudadana obliga a Emvisesa a frenar el primer desahucio previsto en San Jerónimo y a ofrecer una salida digna al inquilino horas antes de la intervención judicial, y sólo cuando el alcalde conoce la reacción de Rajoy trata de aparecer como el gran precursor frenando a Emvisesa y reconociendo que había 600 inquilinos en riesgo de ser expulsados.

Tanto en Andalucía como en Sevilla, Zoido llegó demasiado tarde.

 

Un mundo feliz

La quiebra de Lehman Brothers a mitad de septiembre de 2008 se considera el inicio de la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929 y sus efectos no han dejado de sentirse en España y buena parte del mundo. Cuarto barco de inversión norteamericano, con unas deudas declaradas de 613.000 millones de dólares provocó el derrumbe de los mercados y puso el foco sobre la desastrosa situación de las entidades financieras, que en el caso español han pasado de ‘superar’ los test de estrés a precisar un rescate de al menos 62.000 millones de euros, de momento.

Naturalmente, en la Arcadia en que Monteseirín había convertido las empresas municipales para, con el dinero de los contribuyentes, comprar la paz social y evitar cualquier protesta en su contra, se ha vivido ajenos a la realidad, por lo que en este mundo feliz a lo Aldous Huxley se firmó a finales de aquel mismo año el convenio colectivo de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa). El acuerdo se dejó atado y bien atado para un periodo de cuatro años (de 2008 a 2011, ambos inclusive), prácticamente casi todo el último mandato del entonces alcalde socialista.

GRAVAMEN MUNICIPAL

Este tipo de convenios largos y con concesiones extraordinariamente beneficiosas para el personal pero muy gravosas para las arcas municipales  tenían además la particularidad de que quedaban fuera de cualquier medida de austeridad que decretara el Gobierno o el Ayuntamiento para los funcionarios. Sólo la crítica situación general y el Plan de Ajuste impuesto en las Administraciones ha permitido que Emvisesa, como antes Emasesa, se haya plegado a los recortes ordenados por Zoido de forma solidaria en toda la Corporación.
El nuevo gobierno local se ha topado en Emvisesa con un régimen muy especial. Aparentemente, la jornada laboral, que ahora se trata de elevar en todo el Consistorio a 37,5 horas semanales, era de 35 horas, pero bajo el principio de la ‘jornada flexible’ la aplicación de ventajas y excepciones ha venido suponiendo una reducción considerable del calendario laboral. Así, el derecho a media hora diaria de descanso ha convertido en la práctica la semana de 35 horas en otra de 32,5 horas.

CALENDARIO LABORAL

Los empleados de Emvisesa disfrutan de tres días festivos más que el resto de los trabajadores de cualquier empresa privada de Sevilla, hasta totalizar diecisiete, y su ubicación estratégica en el almanaque les permite gozar siempre de dos os tres días de libranza consecutivos: los días 24 y 31 de diciembre y el viernes de Feria.
Cuando lo habitual es tener 30 días naturales de vacaciones, en Emvisesa se han autorizado 31 o, en su defecto, 22 días hábiles anuales al margen de los sábados, disfrutables en períodos mínimos de cinco días consecutivos. El convenio especifica que los empleados tienen derecho a un día más de vacaciones por el cumplimiento de 15, 20, 25 y 30 años de servicio, y que quienes las disfruten en verano tendrán dos días más de descanso anual.
Además, toda la plantilla tiene derecho a seis días de permiso por asuntos propios, jornadas que incluso pueden acumularse a los 31 días naturales de vacaciones previa autorización de Recursos Humanos cuando no afecten a las necesidades del servicio. A los empleados que cumplen el sexto trienio se les reconoce el derecho a dos días más de permiso para asuntos particulares. Total, ocho.

RETRIBUCIONES

La estructura salarial aprobada por Monteseirín está plagada de todo tipo de complementos: el de categoría, el de jefatura, el de mayor dedicación y uno de horario flexible que implica una retribución lineal de 2.340 euros brutos anuales distribuidos en 14 pagas. Y como si la obligación de trabajar no fuera suficiente, no falta una remuneración especial para reducir el absentismo, la cual se suma a un complemento de productividad pagadero “por los principios de eficacia y buen resultado de las tareas encomendadas”. Además, se establecen incentivos que podrán pactarse entre la Dirección y el comité de empresa para remunerar trabajos de carácter especial. Y quienes atienden la caja o transporten dinero perciben un complemento “por razones de quebranto de moneda” de 840 euros anuales.

Incluyendo las pagas extra de marzo, octubre y fin de año, los salarios anuales en Emvisesa oscilan entre los 22.567 euros de un ordenanza y los 67.880 del secretario general, pasando por los 25.343 de un auxiliar; los 30.000 de un administrativo; los 34.000 de un especialista; los 43.000 de un técnico superior y los 65.000 de un director de área. Estos sueldos se incrementan con entre 2.657 y 4.222 euros por los complementos de jefatura; de 3.321 a 5.278 euros por la jefatura de Departamento, y de 2.695 a 8.107 anuales más según categorías por el complemento de mayor dedicación.

AYUDAS HASTA PARA MORIR

Aparte, Monteseirín aprobó una amplia variedad de ayudas para los estudios de los hijos: 60 euros/mes para el pago de guarderías privadas; 85 anuales para el segundo ciclo de educación infantil; 165 para el primer ciclo de la ESO; 185 para el segundo ciclo; 205 para el Bachillerato; 210 para la FP; el 80% de la primera matrícula en la Universidad y 740 euros por cada curso universitario fuera de Sevilla, entre otros.
Además, 225 euros para tratamientos bucodentales, 60 euros para gafas y lentillas y, en caso de fallecimiento, 1.515 euros para cubrir los gastos del sepelio. Así pues, el convenio de Monteseirín para Emvisesa es la mejor demostración de cómo en el Ayuntamiento de los 633 millones de euros de deudas con los bancos y los casi 60 millones con los proveedores, se hacía realidad el lema de velar por el personal “desde la cuna hasta la tumba”.

Minipisos de Los Pajaritos

El día en que a la entonces ministra María Antonia Trujillo se le ocurrió anunciar que había firmado un convenio con la FIRA de Barcelona para explorar “nuevas condiciones espaciales” en las viviendas sociales, bajo las premisas básicas de mínimo espacio habitable y un presupuesto limitado, se armó la marimorena nacional: sobre el papel habían nacido los ‘minipisos’ de 30 m2, que la ministra pensaba incluir en la tipología de las VPO para abaratar el descabellado precio de la vivienda.

El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid desmontó la presunta rebaja de costes que la titular del ramo creía se podría lograr con su propuesta. Los peritos hicieron un estudio comparativo a partir de precios de mercado y llegaron a la sorprendente conclusión de que un minipiso de 30 m2 era un 36,6% más caro de construir que uno de 90 m2. La aparente paradoja se explicaba por los costes de alicatados, chapados, carpintería, cristalería e instalaciones de gas, los cuales duplicaban e incluso triplicaban los del piso más grande, a los que había que añadir los gastos por movimiento de tierras (un 74% superiores), fontanería (+ 89%), cimentación y particiones interiores (+ 36%).

RECHAZO GENERAL

Salvo el Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de España y la Asociación Española de Gestores Inmobiliarios, que le hicieron un quite a la ministra con el argumento de que su ‘solución habitacional’ (eufemismo acuñado posteriormente tras quedar maldita la expresión ‘minipiso’) podía ser adecuada para estudiantes y familias unipersonales, la idea de María Antonia Trujillo, que en la calle llegó a ser denostada con el calificativo de ‘pisos-zulo’, desató una generalizada reacción negativa.

El portavoz parlamentario de IU, Joan Herrera, expresó su temor de que los ‘minipisos’ generaran guetos “en los que se amontonaran numerosas personas en apenas 30 metros”. Por su parte, Pablo Matos (PP), dijo al tiempo de pedir la comparecencia en las Cortes de la ministra que “una cosa son las viviendas para estudiantes y otra cosa es hacer VPO como se hacían en la posguerra”.

HACINAMIENTO

A sus señorías les hubiera bastado con girar una visita al sevillano barrio de Los Pajaritos, como hizo el martes la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato, de la mano de Zoido para haberse hecho una idea de cómo se sobrevive en un minipiso de 30 m2 y de cómo aquí se cumplió el miedo expresado por Joan Herrera de hacinamiento de varias generaciones de una misma familia, al no poder independizarse por permanecer atrapadas en un ambiente de paro y pobreza. Y es que los ‘minipisos’ no fueron un invento frustrado de María Antonia Trujillo, sino la triste realidad de miles de familias sevillanas, nativas o de adopción, a lo largo de más de medio siglo.

Los 524 pisos de alquiler de Los Pajaritos aún propiedad del Ayuntamiento de Sevilla empezaron y acabaron convertidos en un gueto dentro de la superficie equivalente a 35 campos de fútbol de Los Tres Barrios, uno más de los conjuntos urbanísticos construidos durante el franquismo (las primeras obras se iniciaron en 1959, veinte años después del final de la guerra) para dar cobijo a las 70.000 personas que, huyendo del campo y de la miseria, levantaron miles de chabolas extramuros de la ciudad y que recibirían un nuevo golpe del Destino con la posterior riada del Tamarguillo.

CONDICIONES INFRAHUMANAS

El nombre de la barriada deviene del de sus calles, o viceversa, pues en el nomenclátor se dan cita todo tipo de aves, como en otras zonas de la ciudad se recurrió a advocaciones de vírgenes (Los Remedios) o a países y ciudades europeos (Los Bermejales). Aquí, bajo la ropa tendida al aire libre en cordeles de una punta a otra de los bloques, se puede caminar por calles de nombres tan eufónicos como Gaviota, Tórtola, Estornino, Mirlo, Alondra, Codorniz….. preciosos rótulos que, sin embargo, no pueden ocultar la realidad socioeconómica del barrio y de sus moradores.

Al alcalde no le dolieron prendas en reconocerlo públicamente esta semana en su visita, con estas palabras: “Es una de las zonas más degradadas de Sevilla. Estos vecinos viven en unas condiciones infrahumanas en unos pisos que ya no son susceptibles de rehabilitarse, sino que hay que tirarlos. Estoy muy satisfecho de empezar el proyecto, pero también avergonzado del estado de vuestras casas, por las condiciones en que han tenido que vivir estas personas durante este tiempo”.

POLÍTICA SOCIAL

El proyecto anunciado por Zoido es el del inicio, en un año, del derribo de los bloques de Los Pajaritos y su reconstrucción, previo alojamiento de los vecinos en un edificio-puente de la Avenida de Andalucía. La operación urbanística tardará en completarse siete años, pero permitirá transformar los ‘minipisos’ actuales en viviendas dignas de 65 m2 y dotar al barrio de 3.200 m2 de zonas verdes, frente a los deteriorados 1.050 existentes.

Se dirá que esta promesa electoral de Zoido es una copia del Plan Integral de Tres Barrios que aprobó el Ayuntamiento de coalición PSOE-IU en 2009, pero mientras Monteseirín guardó el documento en el cajón del olvido y se dedicó a gastarse los dineros del PGOU en “la ciudad consolidada” del Centro, Zoido no ha tardado ni nueve meses en dar los primeros pasos para acabar con el gueto de Los Pajaritos. Un alcalde del PP será el que haga realidad el ‘urbanismo de rostro humano’ prometido por Monteseirín, el alcalde del PSOE que acabó olvidándose de los barrios humildes y de su base electoral para impulsar el urbanismo faraónico de la torre Pelli y de las ‘setas’ de la Encarnación.