El diario ABC, que ya difundió una información sobre los ‘enchufados’ socialistas en la ITV de Zalamea la Real, informa ahora (5 de diciembre de 2011, Página 34) de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desoyó denuncias urbanísticas sobre estas instalaciones industriales y que otorgó una licencia temporal a la empresa gestora, casualmente propiedad al 100% del propio Gobierno andaluz, para que se ubicara en una zona sin desarrollo urbanístico, lo cual suponía una vulneración de la ley, otra más protagonizada por la Junta y el entonces Ayuntamiento socialista zalameño. Ambas instituciones hicieron caso omiso a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Por su interés y por apuntar cómo se desprecia la legalidad urbanística en nuestra tierra, reproducimos la información divulgada por el rotativo sevillano:
«La ITV de Zalamea la Real, dependiente de la empresa pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), ha estado envuelta en la polémica desde sus orígenes. A la denuncia, hecha pública días atrás por ABC, de que hasta cinco familiares directos de cargos socialistas trabajaban en las ITV de la provincia de Huelva, entre ellas la de Zalamea, hay que sumar que la instalación de esa estación en esa localidad pudo presuntamente vulnerar la legislación urbanística, tal como alertó el Defensor del Pueblo Andaluz a la Junta, que, sin embargo, no apreció irregularidad.
Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.
Estas conclusiones se extraen de los escritos que planteó en 1995 un vecino de Zalamea a la Consejería de Obras Públicas y al Defensor del Pueblo Andaluz, en los que acusaba al Ayuntamiento de beneficiar a empresas amigas, en referencia a Veiasa y Anisados Arenas, mientras frenaba al resto de firmas interesadas en instalarse en el polígono industrial donde se ubicó la ITV.
Para facilitar que se instalara la estación el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras temporal con carácter definitivo a la ITV, que se asentaría en un futuro polígono industrial, cuya legalidad estaba pendiente y condicionada a la aprobación por parte de la Junta del plan parcial de Zalamea la Real. Desde el Ayuntamiento se negó que las obras realizadas en el futuro polígono industrial fueran para facilitar la ITV.»
* Enlace: Informe Defensor del Pueblo
Informe Defensor del Pueblo ITV Zalamea la Real