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De la SE-35 a la SE-20

Una confusa nota de prensa informaba de la decisión del Consejo de Ministros del viernes de autorizar el convenio de colaboración firmado el 18 de marzo en Sevilla entre la titular del Ministerio de Fomento, Ana Pastor, y el alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido. Según la información difundida el día en que la ministra estuvo en Sevilla, el objetivo del convenio consistía en ejecutar los accesos a los terrenos de San Nicolás Oeste, suelos rústicos cuyos dueños son grandes propietarios y promotoras inmobiliarias y que Monteseirín recalificó en el PGOU de 2006 para usos lucrativos, de manera que pudieran albergar, entre otros futuribles proyectos, la segunda tienda de la multinacional sueca Ikea.

Al tratarse hasta entonces de suelos meramente rústicos, allí no hay infraestructuras ni accesos viarios, que teóricamente correspondería pagar a los dueños, ya que serán quienes obtengan las grandes plusvalías derivadas de su transformación para acoger fundamentalmente usos terciarios: grandes superficies comerciales como la proyectada por Ikea, complejos de oficinas, hoteles…

Sin embargo, los propietarios y promotores confiaban en beneficiarse de la denominada ronda intermedia SE-35, una carretera también prevista en el PGOU de Monteseirín y que su gobierno justificó por la necesidad de mejorar las conexiones viarias de la zona Noreste de Sevilla, como los barrios de Alcosa y de Sevilla Este.

INTERESES PRIVADOS

Por tanto, el objetivo declarado de esta carretera de índole urbana era vertebrar la parte Norte de la ciudad y, como efecto indirecto al bordear en parte los terrenos de San Nicolás Oeste por uno de sus lados más estrechos, facilitar el acceso a éstos. Toda obra pública debe proyectarse en función del interés general y no pensando en el beneficio que pueda suponer para una empresa privada. Aun así, ya desde los tiempos de Monteseirín se empezó a pervertir el proyecto de la SE-35 al presentarlo como la carretera de acceso a la segunda tienda de Ikea, cual si fuera una condición ‘sine qua non’ impuesta por la multinacional para construir no ya sólo su segunda tienda, sino también un complejo comercial alrededor por su ‘efecto llamada’ y con cuyos alquileres financiar aquélla aun cuando careciera de edificabilidad suficiente para tal propósito. Ello dio lugar en su día a enormes presiones si el desarrollo del Plan General no se adecuaba a tal objetivo.

En resumen, la multinacional sueca quería más edificabilidad de la permitida para, con el exceso de lucrativo, pagar la erección de la segunda tienda, y por ende se construiría con dinero público (coste estimado del primer tramo, 50 millones de euros) una carretera, la SE-35, para llevarle hasta sus puertas a los futuros clientes. Una jugada redonda.

CRUZANDO EL PARQUE

Aparte de ser proyectada como una vía metropolitana que se extendería a municipios limítrofes, cuando no figuraba así en el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, ni en el Plan de Transporte Metropolitano del Area de Sevilla ni en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración de Sevilla (Potaus), y por tanto carecía de marco legal en que sustentarse con tal dimensión, la SE-35 tenía otro grave pecado original del que, sin ser escuchados (como suele ser habitual; recuérdese si no lo acaecido con la ilegal biblioteca universitaria sobre una zona verde en el Prado), alertaron vecinos y ecologistas: la carretera la habían pintado los redactores del PGOU, dirigido por el arquitecto Manuel Angel González Fustegueras, cruzando por el parque del Tamarguillo.

Este parque sobre la cabecera del arroyo de infausto recuerdo por la trágica riada que provocó en la segunda mitad del pasado siglo, era fruto de la regeneración de antiguas escombreras y se había ido conformando a partir del año 2000 gracias a las subvenciones (unos 30 millones de euros) de la Unión Europea.

Los vecinos pidieron desde el principio algo que parece de sentido común: que ninguna carretera cruzara por medio del parque, sino que lo rodeara, aunque ello supusiera construir varios kilómetros más de vía, pero los redactores del PGOU optaron por la peor y más fácil solución del camino más corto, aunque supusiera dividir en dos trozos el Tamarguillo y afectara a restos arqueológicos, arroyos, lagunas, huertos y arboleda.

SIN REVISIÓN

Este dislate urbanístico, como tantos otros de la era Monteseirín, fue el que halló Zoido cuando accedió a la Alcaldía en 2011. El nuevo alcalde podría haber revisado los proyectos (por ejemplo, modificando el PGOU para cambiar el trazado de la SE-35 y que no cruzara por el Tamarguillo) o esperado a ver cómo se resolvían las quejas de ecologistas y vecinos ante Bruselas, pero hizo todo lo contrario.

En julio de 2011, apenas tres semanas después de su toma de posesión, anunció que ese mismo mes iba a resolver los problemas urbanísticos para el nuevo Ikea, en línea con su promesa de remover todos los obstáculos en un plazo máximo de dos meses, y achacó la situación de bloqueo a supuestas discusiones entre PSOE e IU en el gobierno de Monteseirín, cuando en su opinión la solución consistía “en una firma que faltó en el anterior mandato”.

Una vez más, el discurso oficial no vinculaba la SE-35 a la mejora de la conexión de los barrios de Alcosa y Sevilla Este, sino a favorecer la implantación de la segunda tienda de Ikea, como si fuera una cuestión de Estado para la ciudad, cuando la plantilla que mantenía hasta 2011 en su centro de Castilleja de la Cuesta era de 372 empleados. Más o menos el mismo número que podía esperarse de otro equivalente en San Nicolás Oeste.

DINERO DE LOS BARRIOS

En mayo de 2012, el gobierno local retiró 29,1 millones de euros del Plan de Barrios de la ciudad ante -aseveró- la necesidad de atender “con carácter ineludible” la financiación de un tramo de la SE-35 entre la avenida Emilio Lemos y la carretera A-8008.

Cuatro meses más tarde, el 23 de septiembre de 2012, Zoido firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio para la construcción del tramo citado de la SE-35, con un coste estimado de 50 millones de euros y en virtud  del cual el Ayuntamiento aportaría 37,5 millones y el Ministerio, 12,5. El alcalde declaró al respecto: “Este tramo dará servicio al suelo en el que se pretende desarrollar el macroproyecto liderado por Ikea, que daría lugar a miles de puestos de trabajo no sólo a la hora de la construcción, sino también en el ejercicio de determinada actividad comercial en el entorno”.

A cambio de su aportación y de construir un nuevo enlace entre la SE-35 y la A-4, el Ministerio le transferiría al Ayuntamiento la titularidad -y por tanto los costes de conservación- de la SE-20 (ronda Súper Norte) y de dos tramos de la N-630.

El siguiente paso se produjo en julio de 2013, con la aprobación provisional del Plan Parcial de San Nicolás Oeste.

FRENAZO DE BRUSELAS

En febrero de 2014 se supo que la Unión Europea, atendiendo las quejas de vecinos y ecologistas, había incoado un expediente sancionador a España por el proyecto de la SE-35 a través del parque del Tamarguillo y por supuesta vulneración del procedimiento de calificación ambiental, una decisión que suponía dejar en suspenso ‘sine die’ la ronda intermedia.

Y fue entonces, y sólo entonces, cuando el Ayuntamiento, al cabo de dos años y medio de la toma de posesión de Zoido como alcalde, empezó a pensar en un plan ‘B’, en una solución alternativa tras todo ese tiempo perdido.

La solución alternativa es el objeto del convenio firmado el 18 de marzo en Sevilla por Zoido y Ana Pastor y ratificada por el Consejo de Ministros del pasado viernes. Consiste en construir una compleja rotonda en la SE-20 (ronda Súper Norte) y un enlace a la A-4 para facilitar el acceso a la futura tienda de Ikea y los suelos de San Nicolás Oeste (sitos entre Valdezorras, el aeropuerto de San Pablo y el parque del Tamarguillo), que serán financiados por Fomento con un coste de 13,2 millones de euros. Según la referencia del Consejo de Ministros sobre el convenio, el Ayuntamiento asume la titularidad de la ronda Súper Norte, muro de defensa y prolongación de la avenida de la Raza y empezará aportando 180.000 euros para reparar y acondicionar esta última.

Este convenio pone de manifiesto que había soluciones técnicas alternativas a la SE-35 para no cruzar por el parque del Tamarguillo y que por no ejecutar alguna de ellas desde el principio se van a perder al menos seis años (se necesitarán dos más para el proyecto y ejecución); que el dinero que iba a destinar Fomento a la SE-35 como carretera para mejorar las conexiones del sector Norte y Este de Sevilla se asigna ahora sólo a resolver el problema de los accesos a Ikea, una empresa privada; y que el Ayuntamiento cargará de por vida con la factura del mantenimiento, que hasta ahora correspondía a Fomento, de la SE-20, muro de defensa y avenida de La Raza, lo que puede suponer un coste millonario (se hizo una estimación de 2,5 millones de euros cada lustro sólo en reposición del firme de la Súper Norte).

Como decía  Cassinello sobre los pabellones de la Expo que los países querían entregar a España al final de la Muestra para ahorrarse así los costes del derribo, la transferencia de las carreteras de Fomento al Ayuntamiento suponen un “regalo envenenado” para Sevilla.

 

Zoido, sin fuerza ante Madrid

Hace unos días, los responsables territoriales del PP en la provincia de Sevilla, con su secretario general Eloy Carmona al frente, lanzaban un órdago a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por su condición de sevillana le pedían que diera un trato especial a la provincia en los próximos Presupuestos del Gobierno autonómico, los primeros con la trianera como máxima responsable de Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Sevilla y presidente del PP (A), Juan Ignacio Zoido, enviaba en el último Pleno municipal un mensaje a San Telmo al alardear de que el Ministerio de Hacienda ya había consignado una partida para la ronda intermedia SE-35 en los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación por entonces era inminente. Como es sabido, el Ayuntamiento lleva desde el inicio de este mandato exigiendo que el Gobierno andaluz cofinancie, junto con el de la nación, esta vía de comunicación prometida a Ikea para allegarle clientes a su futura segunda tienda cercana al aeropuerto, una supuesta obligación muy discutible, ya que teóricamente la Junta sólo sería responsable de las vías de comunicación interurbanas y de carácter autonómico, y no de las que discurran por el interior de los núcleos urbanos, que serían exclusivamente de competencia municipal.

En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.

SIN REFRENDO FINANCIERO

Se trataba, pues, de dos apuestas políticas del alcalde para desbloquear sendos proyectos importantes para la ciudad, la capital de Andalucía, y que debía refrendar económicamente el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, con quien se supone que Zoido tiene hilo directo para poder asumir riesgos ante la opinión pública hispalense contando con una red de seguridad que no le deje en mal lugar. Si los responsables territoriales del PP proclamaron públicamente que esperaban que Susana Díaz tenga algunos detalles presupuestarios con Sevilla por su condición de sevillana, cabría aplicar el mismo razonamiento desde la óptica del PP con un ministro de Hacienda que a su condición de andaluz une la de parlamentario por la circunscripción de Sevilla.

Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.

En el caso de la SE-35 hay que recordar que el 23 de septiembre de 2012 el alcalde firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio en virtud del cual el Ministerio aportaría 12,5 millones de euros a la obra de la citada vía de comunicación, cuyo presupuesto estimado es de 50 millones de euros y para la que el Ayuntamiento decía haber reservado 29 millones a costa de modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.

Zoido declaró tras la firma del convenio lo siguiente: “La obra de la futura SE-35 es una obra estratégica que conectará todo el tráfico periurbano de Sevilla con la red de carreteras del Estado y descongestionará en gran medida la actual SE-30, además de crear miles de puestos de trabajo en la ciudad”.

ENVITES A LA JUNTA

El alcalde no dejó de lanzar mensajes comprometedores a la Junta para que “arrimara el hombro”: “Es intención tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Fomento -dijo- incorporar a las actuaciones de este Protocolo a la Junta de Andalucía para su participación y colaboración. Pensamos que la Junta de Andalucía debe aportar otro tanto, lo que con la reserva de crédito del Ayuntamiento de 29 millones nos permitirá abordar la construcción de esta iniciativa”.

Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.

Y, una vez más, obligado por la realidad y los incumplimientos de los Gobiernos del PP, Zoido ha cambiado su discurso reivindicativo maximalista ante la Junta de Andalucía. Durante todo este tiempo, confiado en obtener de Madrid los 12,5 millones firmados con la ministra Ana Pastor, el alcalde no ha dejado de reclamarle similar cantidad a San Telmo. Ahora, tras el jarro de agua fría de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, pide “lealtad institucional” a la Junta para que aporte “aunque sea un millón” a la SE-35. Añade que el Ayuntamiento “ya tiene reservados 15 millones de euros en los dos próximos años”. O sea, que ya no son tampoco 19 millones y ahora se conforma con sólo un milloncejo con tal de no enfrentarse al Gobierno de la nación y de no dejarlo en evidencia por haber incumplido su compromiso con Sevilla, de lo que se infiere su escasa fuerza ante Madrid.

No sólo no ha conseguido aún el dinero, sino que en su afán de desbloquear la SE-35 a cualquier precio asumió en el convenio con la ministra de Fomento los gastos de conservación y mantenimiento de por vida de tramos estatales de carreteras que pasan por el término de Sevilla, como la ronda Súper Norte, con lo que según los cálculos de la oposición y en razón de su coste anual, dentro de 15 años el Ayuntamiento ya empezará a sufrir pérdidas en el balance de este peculiar ‘cambio de cromos’. Un negocio ruinoso para la ciudad.

EL CONVENIO DE MONTESEIRÍN

Como también está siendo ruinoso el firmado en 2005 por Monteseirín con el Ministerio del Interior y en virtud del cual el Consistorio sevillano pagó 9,9 millones de euros por el abandonado edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.

Ocho años después, sólo se han edificado las dos primeras y con bastantes problemas, mientras que para las restantes no ha habido ni un solo euro en los Presupuestos, ni siquiera tras el tiroteo de este verano en las Tres Mil Viviendas, sin que Zoido haya alzado tampoco la voz en este caso.

Ha destacado sobre todo los 19, 8 millones de euros destinados a la ronda SE-40 y los 39,6 millones para el puerto, cuando de esa autovía sólo hay 16 kilómetros en servicio de los 77,6 kilómetros de que debe constar y su coste total se eleva a 1.200 millones de euros, por lo que los menos de 20 en los Presupuestos Generales son una gota de agua en el océano. Por otra parte, los 33 millones de euros para el dragado en profundidad del río están condicionados, como no se ha cansado de repetir el ministro Arias Cañete, a que se garantice el cultivo del arroz (precisa de una obra de 180 millones de euros, que no se sabe de dónde obtener, para no depender de los aportes de agua dulce del Guadalquivir en el tramo inferior) y la preservación de Doñana, por lo que ese dinero sobre el papel puede quedar congelado ‘ad calendas graecas’.

Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.

Así pues, espíritu reivindicativo cero ante Madrid. Veremos cómo reacciona cuando presente sus Presupuestos la Junta de Andalucía.

Dos Tabladas y media

El Instituto Nacional de Estadística ha colgado en su página web el Censo de Población y Vivienda referido al año 2011 -tercero de la crisis económica-  provincia por provincia y municipio por municipio. Aunque el uso de términos similares como edificios, inmuebles y viviendas induce a confusión y no siempre cuadran las cifras cuando se segmentan por categorías distintas, ‘grosso modo’ hay datos muy llamativos.

Por ejemplo, que en Sevilla capital hay 48.178 viviendas vacías, entre las que se colige que habría que incluir las 18.394 de nueva construcción y que se han quedado sin vender tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, según el INE.

Dado que los promotores querrían haber construido 20.000 nuevas viviendas en Tablada, puede decirse con propiedad que nuestro actual parque de pisos desocupados equivale a casi dos veces y media el nonato plan de llenar de ladrillos la antigua dehesa. La pregunta del millón es la de qué les habría ocurrido a esos promotores si la crisis les hubiera pillado con los 20.000 pisos en construcción o recién construidos y hasta dónde se habría disparado el número de viviendas vacías e invendidas en la ciudad.

Al final, por mucho que se hayan quejado, hasta va a ser una suerte que la calificación del suelo se haya mantenido como rústica y no urbanizable, porque en caso contrario y de haberse lanzado a construir habría habido muchas probabilidades de que buena parte  de ellos (algunos ya han caído) hubiera acabado en la quiebra.

RUINOSAS Y DEFICIENTES

Segunda lectura del Censo: entre ruinosas (1.296), en mal estado (4.835) y deficientes (20.134), tenemos en Sevilla un total de 26.265 inmuebles necesitados de rehabilitación. Esta cifra equivale a casi los pisos de otra Tablada y media. Y ya van cuatro Tabladas en esta metáfora ladrillera.

Estos datos vienen a avalar la tesis de la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, cuya condición de “comunista” se complacen en subrayar los empresarios. En su reciente conferencia en el Foro Antares, ante una nutrida representación de constructores y promotores, la titular de las competencias en el sector en Andalucía sostuvo que, en materia de viviendas, hay que pasar de la especulación a la rehabilitación, en línea con la política que se practica en buena parte de Europa. Esta alternativa -afirmó-  crea más puestos de trabajo que la propia construcción;  en pro de la misma demandó al Gobierno de la nación que la potencie con mayor desgravación fiscal.

COINCIDENCIA

Además, ha acabado resultando que la consejera “comunista” y la ministra del PP, Ana Pastor, coinciden en propugnar la misma politica, ya que la responsable de la cartera de Fomento en el Ejecutivo de Rajoy ha destacado esta semana en su comparecencia parlamentaria la apuesta del Gobierno por el alquiler y la rehabilitación en el nuevo Plan de la Vivienda.

A través de la Ley de Rehabilitación y Regeneración Urbanas, el Gabinete del PP intentará mejorar la “deficiente” situación de muchas viviendas españolas, ya que hay más de 5 millones que tienen más de 50 años de antigüedad y están en malas condiciones. Según Ana Pastor, cada mil euros en ayuda directa a la rehabilitación generan una inversión productiva superior a los tres mil euros.

Así pues, cuando Madrid y Andalucía, en las antípodas ideológicas, coinciden en recetar rehabilitación, el sector sevillano debe tomar buena nota y dejar de soñar de una vez con los ‘pelotazos’ inmobiliarios de antaño, que difícilmente volverán.

LA FACTURA CRECE

La versión oficial del Ayuntamiento es que las ‘Santas de Zurbarán. Devoción y Persuasión’ han costado 425.000 euros, de los que el Consistorio ha aportado 275.000 y el BBVA, 150.000. Sólo este coste de la exposición y sus complementos ya equivaldría al presupuesto del que dispone el Museo de Bellas Artes de Sevilla para organizar exposiciones temporales durante cuatro años, pero es que la factura se va incrementando a medida que se conocen más detalles o hablan los protagonistas.

El director territorial del BBVA, la entidad patrocinadora, ha declarado en una reciente entrevista que el banco ha desembolsado en realidad 215.380 euros, con lo cual el gasto total se elevaría realmente a 490.380 euros.

Y todavía quedan por sumar la celebración de un simposio sobre Zurbarán, el espectáculo de Eva Yerbabuena, el coste de cancelación de otros actos programados previamente en el convento de Santa Clara y el de las propias obras realizadas allí para acoger la exposición.

EL PRETEXTO TURÍSTICO

Dado que, según el gobierno local, este tipo de eventos, como fue el caso de la organización de la final de la Copa Davis en el estadio de la Cartuja, se organizan para allegar clientes al sector 

turístico de la ciudad y que los presidentes de las patronales de hoteleros y hosteleros proclamaron su disposición a sufragar el coste no de una, sino de tres Copas Davis, cabe preguntarse cuándo Zoido les va a exigir que se retraten y que no sean siempre el Ayuntamiento con el dinero de todos los contribuyentes y una gran entidad foránea (Movistar patrocinó el ‘mapping’ que se proyectó en Navidad sobre la fachada de las Casas Consistoriales y ahora ha sido el BBVA el que sufraga parte de las ‘Santas’) los que acaban aflojando la bolsa.

Las ‘Santas de Zurbarán’ habría sido una magnífica oportunidad para que el alcalde hubiera demandado al sector turístico el cumplimiento de aquella promesa o para que quedara en evidencia que iban de farol.

Será que a Zoido, tan devoto de comerciantes, hoteleros y hosteleros, le falta persuasión.

¿Quién se ha llevado mi queso?

“Las circunstancias han cambiado”. Con esta frase resumieron algunos diputados del PP el tijeretazo dado al Plan de Infraestructuras y Viviendas 2012-2024 (PITVI) presentado el pasado miércoles en el Congreso de los diputados por la ministra de Fomento, Ana Pastor. El cambio de las circunstancias aludía a que cuando se presentó el proyecto por primera vez hace siete meses, la previsión de inversión en obra pública y vivienda era de 225.000 millones de euros, que ahora, de mantenerse la versión reducida y si no hay necesidad de nuevos recortes para cuadrar las cuentas por mayores exigencias de Bruselas, se va a quedar en tan sólo 130.000 millones de euros.

Pero incluso esta cifra tiene truco, ya que únicamente  el 60% procederá de fondos públicos. El 40% restante se confía obtenerlo de una Unión Europea cada vez más restrictiva en la libranza de dinero y de una aportación privada -los famosos proyectos de colaboración público/privada- que no depende de recursos propios, sino de la financiación bancaria, en un escenario con el grifo del crédito aún cerrado.

CADA VEZ MENOS INVERSIÓN

La proyección para el periodo 2012-2024 es que las inversiones en infraestructuras supongan cada vez menor porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB), y que pasen del 1,3% en 2013 al 0,90% en años sucesivos. El problema de fondo es que como la economía española no deja de contraerse y la creación de riqueza es menor, también se estima que disminuirá consecuentemente el presupuesto destinado a carreteras, puentes, pantanos, aeropuertos, vías férreas, puertos…. hasta unos 9.000 millones de euros.
En este contexto, la prioridad absoluta de la ministra de Fomento es completar los grandes  corredores del AVE pendientes. Ana Pastor fue tajante al respecto en las Cortes: “Se acabaron los aeropuertos vacíos, los trenes sin pasajeros y las autovías sin tráfico”.

La plasmación de esta política en los Presupuestos Generales del Estado para Sevilla se ha traducido en que el 85%  de los 275 millones de euros asignados a nuestra provincia se destinan a proyectos en marcha y sólo el 7% para nuevas obras; y en que la partida principal, de unos 44 millones de euros, se reserva para el tramo Utrera-Jerez de la línea ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Cádiz. En contraste, el dinero para la ronda de circunvalación exterior SE-40 se reduce a unos 15 millones de euros, un 67% menos que en el Presupuesto anterior.

PARÁLISIS

El hundimiento de la obra pública en Andalucía es brutal. El Colegio de Ingenieros de Caminos y representantes de las principales empresas constructoras que operan en nuestra comunidad han denunciado este fin de semana que prácticamente el 90% de las infraestructuras licitadas en Andalucía están paralizadas debido a la “sequía inversora” existente, hasta el punto de que si no se reactivan pronto se perderán los 1.500 millones de euros comprometidos por Bruselas a través de los Fondos Feder.
Si la ministra Ana Pastor hablaba de aeropuertos vacíos, trenes sin pasajeros y autovías sin tráfico como consecuencia de la desaforada política constructora de los años del ‘boom’ del ladrillo, tanto en infraestructuras como en viviendas (al menos hay 600.000 vacías todavía), los ingenieros de Caminos andaluces lamentan que la paralización del 90% de las obras por falta de inversión puede dejar “agujeros abiertos en las ciudades, vías que llevan a ninguna parte y edificaciones públicas abandonadas”. Estamos purgando, pues, los excesos de la etapa anterior, y todo indica que esta “sequía inversora” se va a prolongar en el tiempo.

En este marco se inscribe la estruendosa rueda de prensa de la pasada semana en que el presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, cogestor de una empresa constructora familiar vinculada históricamente a la obra pública y que llegó a la cúpula de la patronal procedente de Gaesco, la sectorial de la construcción, criticó agriamente tanto al Ayuntamiento y a Zoido como a la Junta de Andalucía, aunque el mayor eco de su enmienda a la totalidad la ha tenido el alcalde, el cual se quedó literalmente atónito por lo inesperado del golpe, como el boxeador cazado en frío por un crochet a la mandíbula.

VISIÓN UNIDIMENSIONAL

Al igual que Zoido no ha interiorizado aún que además de alcalde de Sevilla es presidente del PP (A) y por tanto su visión política ha de abarcar el conjunto de Andalucía y no circunscribirse sólo a la capital hIspalense, Miguel Rus todavía carece de una visión global de la economía sevillana y sigue expresándose conforme a los intereses y preocupaciones de Gaesco más que como presidente de la CES. Este carácter  unidimensional de su presidencia ya lo puso claramente de manifiesto cuando despreció públicamente al sector arrocero, al que también representa teóricamente como presidente de todos los empresarios sevillanos, en su defensa unilateral del dragado del Guadalquivir, que beneficiaría a las grandes constructoras, su sector por naturaleza.

Rus alternó ataques contra la Junta y el Ayuntamiento. Acusó al alcalde de falta de interlocución, del abortado ‘tasazo’ de las Ordenanzas Fiscales y de las contradicciones y falta de agilidad de la Gerencia de Urbanismo con Decathlon y Caixafórum, temas en los que podía estar cargado de razones pero que estaban ligados únicamente al sector de la construcción. Su irritación por la falta de grandes obras públicas, debido a los obligados recortes presupuestarios, llegó al extremo de abogar por el cierre de la línea 1 del Metro, en la que se han invertido 658 millones de euros, si no se licitan las restantes pendientes, porque él no le ve sentido a que permanezca en solitario. La tesis no puede ser más disparatada, por cuanto la línea 1 ya arroja beneficios (por más que la empresa constructora de Rus, que participaba en la misma, vendiera en tiempos su participación pensando en que sería deficitaria y por los sobresaltos en su construcción) y es usada por 15 millones de viajeros al año, por lo que algún efecto vertebrador tendrá, diga lo que diga el presidente de la CES.

Sin obviar la responsabilidad de Zoido (derivada de su autocomplacencia y su escudamiento en la confrontación con la Junta para tratar de orillar así los problemas) en la situación de ‘impasse’ de la ciudad, en su desahogo contra la Junta y especialmente contra el alcalde, Rus sangraba por la herida, tal como dejaban en evidencia expresiones en estos términos: “No es de recibo que el recorte sea siempre en obra pública en vez de en presupuestos prescindibles como empresas públicas, observatorios y fundaciones”.

UNA NUEVA REALIDAD

Aun aceptando todas esas lamentaciones, el problema de fondo que expusimos al principio y que parece no quieren ver ni la CES ni Gaesco es que los dorados años de la obra pública y de la construcción del millón de viviendas en números redondos ya no volverán. Por tanto, el sector de la construcción no va a tener ese increíble peso del 17% del PIB, como llegó a ocurrir en Andalucía, y debe adaptarse a la nueva realidad, reinventarse y buscar nuevos nichos de mercados dentro y en el exterior, llámense rehabilitación o eficiencia energética, por más que Rus brame contra las Administraciones que se le pongan a tiro. Su situación recuerda a la descrita en forma de parábola por Spencer Johnson en la famosa obra ‘¿Quién se ha llevado mi queso?’

El libro cuenta cómo la vida de dos ratones y dos liliputienses giraba alrededor de un abundante depósito de queso. Se sentían tan a gusto que no se percataron de que su alimento disminuía día tras día, hasta que se acabó. Al advertirlo, los ratones se lanzaron de inmediato a la aventura por el laberinto en busca de nuevos depósitos de queso. Los liliputienses, por su parte, creían tener derecho al queso que había desaparecido, regresaban cada día al depósito ya vacío, se lamentaban y se limitaban a esperar sentados a que lloviera nuevo queso del cielo, sin arriesgarse a penetrar en el laberinto en busca de una alternativa.

Al margen de que Zoido mereciera en mayor o menor grado el zamarreón del presidente de la CES a ver si sale de su ensimismamiento, en el mensaje contra tirios y troyanos (también la Junta se llevó su buena ración de críticas) de Miguel Rus latía en el fondo la misma airada queja de algunos de los protagonistas de la fábula de Spencer Johnson:

¿Quién se ha llevado mi obra pública?

Un AVE para los nietos de Griñán

La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció el 3 de julio durante el homenaje tributado por Radio Sevilla a la Red de Ciudades con AVE –cuyo presidente es también Zoido- el firme compromiso del Gobierno de seguir extendiendo la red por España. Por su boca, el Ejecutivo de Rajoy se comprometió a conectar por AVE Sevilla con Galicia, el País Vasco y Alicante, “como ha ocurrido recientemente con Valencia”.

Griñán tomó nota en los siguientes términos: “Ministra, será una gran alegría, y un gran éxito, que mis nietos, que llevan el apellido Piñeiro, puedan viajar en el futuro desde Sevilla a Lugo en AVE. Esperamos que sea pronto”.

Por una relación causa-efecto tras el discurso de la ministra o por casualidad, lo cierto es que dos días después, en Bruselas, eurodiputados alemanes, holandeses y fineses entre otros del Norte de Europa, exigieron que España ofrezca datos reales de ocupación de sus trenes AVE antes de entrar a negociar la financiación por la UE del Corredor ferroviario del Mediterráneo, uno de los diez proyectos incluidos en la Red Europea de Transportes y que unirá Francia con Algeciras a través del litoral, incluyendo un ramal hasta Sevilla.

Aunque la Comisión Europea dio luz verde el año pasado a ese eje vital para Andalucía y Sevilla, cuyo coste se evalúa entre 40.000 y 50.000 millones de euros, su financiación depende del Parlamento Europeo y los eurodiputados nórdicos se han cansado de librar dinero para infraestructuras de dudosa rentabilidad. Ya han enfilado al AVE español.

El anuncio de un AVE Sevilla-Galicia en plena crisis y en un país rescatado ‘de facto’ por la UE, contribuye a la pésima imagen actual de la ‘marca’ España, pues significa que aún mantenemos la mentalidad de ‘nuevos ricos’ pese a la magnitud de nuestra deuda y que los criterios políticos siguen predominando sobre los de la eficiencia a la hora de asignar los cada vez más escasos recursos existentes o concedidos por Bruselas. Del despilfarro de los aeropuertos sin aviones, como el de Castellón, podemos acabar pasando al de los AVE sin pasajeros, como el futurible Sevilla-Galicia, prometido por una ministra que ejerció de gallega y que puede acabar poniendo en peligro la conexión ferroviaria que en verdad interesa a Sevilla: la europea del Corredor Mediterráneo.

Entre Sevilla, capital de Andalucía, y Santiago de Compostela, capital de Galicia, media una distancia en ruta (no en línea recta), de unos 900/950 kilómetros, para los que habría que salvar ríos, valles y cordilleras, una orografía muy distinta a la plana del valle del Guadalquivir por donde discurre la línea Madrid-Sevilla y, por tanto, a un coste enorme. En euros constantes de 2010, el kilómetro de línea AVE Madrid-Sevilla ha costado 10 millones de euros; el de Madrid-Barcelona, 15 millones; el de Córdoba-Málaga, 18 millones y el de Madrid-Valladolid, 26 millones de euros. ¿Tiene sentido tender casi mil kilómetros de vía AVE a un coste aún mucho mayor cuando esa distancia se puede cubrir de forma mucho más barata y más rápidamente por avión, dado que el AVE sólo es competitivo para distancias del orden de 500 kilómetros?

Un reciente estudio del Real Automóvil Club de Cataluña con datos de Renfe, Adif, Fomento y la Unión Internacional de Ferrocarriles, fija el umbral de rentabilidad de una línea AVE entre 6,5 y 8 millones de viajeros/año, una ratio que no cumple ni de lejos ninguna de las existentes en España y que ‘a priori’ tampoco cumpliría un AVE por la Ruta de la Plata y en paralelo a la ‘Raya Portuguesa’, una de las zonas más deprimidas y menos pobladas del país.

Y, como muestra de la ocupación de los trenes que exigen conocer los eurodiputados alemanes, el 20 de marzo la prensa difundió el balance del primer trimestre del AVE interior gallego, tras una inversión de 2.500 millones de euros entre  Compostela y Orense y de 1.000 millones entre aquélla y La Coruña: tres de cada cuatro asientos iban vacíos.

En diciembre de 2010 se inauguró el AVE interior de Castilla-La Mancha entre Toledo-Cuenca-Albacete, pasando por Madrid. Fue cerrado medio año después tras registrar una media de ¡nueve viajeros diarios! en vez de los potenciales 2.190, y con unas pérdidas de 18.000 euros cada jornada. Renfe admitió que se trataba de un “desastre”.

España presume de ser, tras China, el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad, unos 2.900, casi 1.000 más que Japón y Francia y el triple que Alemania, países ricos y que sin embargo no se permiten este, para ellos, lujo. El estudio del RAAC muestra que mientras la línea AVE Madrid-Sevilla mueve 14.000 pasajeros por Kilómetro/año de media y 9.000 la Madrid-Barcelona, la de Colonia-Fráncfort capta 51.000; la París-Lyon, 59.000, y la Osaka-Tokyo, 235.000.

En estos 20 años,  el AVE Madrid-Sevilla ha transportado 53,6 millones de viajeros, a una media de 2,68 millones/año: de dos a cuatro veces menos que el umbral de rentabilidad. Pese a reconocer la satisfacción general de los usuarios, el estudio del RAAC señala que los ingresos obtenidos no dan para cubrir los costes de su construcción, ni tampoco los de explotación, incluida la amortización de los trenes. Por éso, en Europa, cansados de los alardes de España (recuérdese a Zapatero hablando de la Champions y de lo pronto que íbamos a adelantar a Alemania), se echan las manos a la cabeza cuando oyen a Ana Pastor prometer un AVE Sevilla-Galicia para los futuros viajes de los nietos de Griñán.

 

 

‘Violencia de género’

La izquierda se solivianta por que la ministra Ana Pastor y Javier Landa no hablan de  ‘violencia de género’ en los asesinatos de mujeres, sino de ‘violencia en el entorno familiar’. Torrijos le montó un numerito a Landa; Susana Díaz dice indignada que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre”, y la consejera de Salud, Mª Jesús Montero, proclama que “el lenguaje importa”. De acuerdo al 100% con la consejera. Y como cuando enfermamos vamos al médico, que es el que sabe, en materia de lengua yo la remito a la máxima autoridad, la Real Academia, que ya hizo un esclarecedor dictamen -accesible en Internet- sobre la cuestión. Resumo sus argumentos y la conclusión: la expresión ‘violencia de género’ es una traducción (una más, como ‘piso piloto’ y tantas otras sin ton ni son) del inglés, sin sentido en nuestra maravillosa lengua que todos deberíamos defender y donde las palabras tienen género (y no sexo), mientras que los seres vivos tienen sexo (y no género). Por tanto, lo correcto es decir ‘violencia doméstica’ o ‘por razón de sexo’. Roma locuta, causa finita.