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Tussam a las duras y otros a las maduras

El gobierno socialista de Espadas se compromete en el Plan 8 a facilitar una línea privada de autobús en el aeródromo de San Pablo

La empresa municipal Tussam tiene la responsabilidad en materia de transporte colectivo en la ciudad, según sus estatutos

El punto en el Plan 8 sobre la puesta en marcha de un servicio privado de autobús al aeropuerto

El gobierno de Espadas ha incluido dentro del Plan 8 de reactivación del turismo, línea 3 (Conectividad Destino), una décima actuación, del siguiente tenor: “Aeropuerto de Sevilla y Ayuntamiento, a través del área de movilidad y Turismo de Sevilla, facilitarán la puesta en marcha de un servicio privado de autobús para el transporte regular de pasajeros que mejore la conectividad del aeropuerto a (sic) la ciudad de Sevilla cuando se produzca la recuperación de la demanda”.

Según informaciones periodísticas, se trata de un punto incluido a demanda de los empresarios sevillanos para dar respuesta a la alta demanda de los pasajeros, que -dicen- sufren largas esperas ante la falta de taxi y de plazas en el servicio público de Tussam.

Este punto es una doble, triple o cuádruple enmienda a la totalidad de la gestión del gobierno de Espadas, un triple o cuádruple autogol en propia puerta (valga la redundancia), porque ¿de quién sino del propio Ayuntamiento, a través de la empresa 100% municipal Tussam y del Instituto del Taxi, respectivamente,  depende que se incremente el número de plazas en la línea especial a San Pablo y de que haya allí más taxis prestando servicio? Cuando el Consistorio admite la supuesta necesidad de implantar un servicio privado de autobús que mejore la conectividad con el aeropuerto está certificando por escrito su incapacidad para hacerlo y su negativa gestión de la movilidad en la ciudad;  su incapacidad para reorganizar el servicio de taxis en San Pablo por miedo a la denominada “mafia del aeropuerto” y de incrementar la frecuencia de autobuses de la empresa municipal.

ESTATUTOS

Y atención al detalle: un gobierno que se adjetiva socialista admite la privatización de la línea del aeropuerto o crearle una competencia privada a Tussam “cuando se produzca la recuperación de la demanda”. ¡Qué listos son los empresarios, en las antípodas del gobierno local! No se dice nada de poner un servicio privado ahora, ni se dijo  en los pasados meses del estado de alarma, cuando no había vuelos en el aeropuerto ni nadie por la calle debido al confinamiento, pese a lo cual había autobuses de Tussam circulando vacíos, sin ningún pasajero y asumiendo en calidad de servicio público las pérdidas de esa situación de excepcionalidad. ¿Habría hecho lo mismo, garantizar el servicio, esa anunciada empresa privada en caso de haber estado creada por entonces? De nuevo volvería a cumplirse la famosa regla capitalista de “privatizar los beneficios y socializar las pérdidas”. Y Espadas, un alcalde del Partido Socialista, lo admite y lo firma en el Plan 8.

Tussam mantuvo en la medida de lo posible el servicio público de transporte durante el estado de alarma

En la página web de Tussam hay un apartado denominado ‘Historia de Tussam’, en el que puede leerse lo siguiente: “Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal (Tussam), constituida en 1975, empresa pública perteneciente al Ayuntamiento de Sevilla, tiene por objeto social la gestión, la explotación y administración de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos de la ciudad de Sevilla, incorporando los valores de una empresa moderna y que gestiona sus recursos con eficacia y eficiencia”.

Así pues, el Ayuntamiento tiene encomendada a Tussam la gestión de los servicios públicos de transportes colectivos urbanos de la ciudad. No cabe duda de que el transporte al aeropuerto es un servicio público, luego cuando se incluye un punto como éste sobre una eventual privatización de la línea o de creación de una línea paralela privada, el gobierno municipal está incumpliendo el mandato que le ha dado a Tussam  e incumpliendo los estatutos de ésta, que le otorgan la responsabilidad del transporte colectivo en nuestra ciudad.

Espadas es el presidente de Tussam. Si en el sector privado el presidente de una empresa apoyara la creación de otra que le hiciera la competencia a la suya, los accionistas lo habrían despedido “ipso facto”. Lo de Espadas no tiene ni pies ni cabeza.

 Y ¿quién es el presidente de la Junta General de Accionistas de Tussam? Pues el alcalde, Juan Espadas. ¿Conoce el alcalde los estatutos de Tussam? ¿Cumple su misión, como presidente de Tussam, de defender sus intereses cuando da su visto bueno en el Plan 8 turístico a que se cree un servicio privado de autobús que supla o compita con la línea especial EA a San Pablo? Y si se abre la veda con el aeropuerto, ¿por qué no privatizar también o crearle competencia a Tussam en las líneas más rentables de la ciudad o cualesquiera otras que se pida la iniciativa privada? Seguro que las deficitarias no las solicita. 

EL CONTRATO SOCIAL

En la página oficial de Tussam también se pueden leer otros puntos muy significativos bajo epígrafes como ‘Nuestra Misión’ y ‘Nuestra Visión’. La proclamada misión de la empresa pública de transportes es triple:

1.-Contribuir a una movilidad sostenible en la ciudad.

2.-Prestar un servicio a plena satisfacción de las partes interesadas.

3.-Asegurar la viabilidad económico-financiera de la organización.

¿Está Tussam, según reza también en su visión, cumpliendo ese contrato con la sociedad en el que se obliga a ofrecer un servicio de calidad que satisfaga la necesidad de los sevillanos y de los usuarios del aeropuerto? Si, según los empresarios -que dudo hagan uso del transporte público para haber comprobado tal extremo- hay largas esperas en San Pablo para tomar un autobús sería señal de que no se ha reforzado el servicio y de que  la línea especial EA no ha acompañado en su ‘boom’ al aeródromo hispalense. 

Sin embargo, cuando se compara la estadística del número de pasajeros del aeropuerto año a año desde 2015 (fecha en la que Tussam recuperó el servicio hasta San Pablo) hasta 2019, se ve que en este periodo el número de usuarios del aeropuerto ha crecido un total del 75% y el de los usuarios de la línea especial EA de Tussam un 89,52%. Así pues, ha crecido en 14,5 puntos más el número de viajeros de Tussam en San Pablo que el de pasajeros del aeropuerto, especialmente en 2018, si bien el año pasado esta tendencia se ha invertido en casi dos puntos en favor del aeródromo. 

No obstante, pese al crecimiento experimentado en este último lustro, la cuota de pasajeros aeroportuarios captada por Tussam no crece demasiado: la media ha sido del 17,13%, con un mínimo del 16,50% en 2015 y un máximo del 18,08% en 2018. Esto significa que de cada cien pasajeros del aeropuerto de San Pablo, 17 van o vienen en un autobús de Tussam.

BILBAO, OTRA EXCEPCIÓN

Esta proporción, ¿está en línea con la de otros aeropuertos con, digamos, mejor fama entre los empresarios sevillanos? Para tratar de averiguarlo  nos encontramos con la tradicional dificultad de la falta de datos en España y con el hecho de que buena parte de los aeródromos tiene conexiones a través de diversos medios de transporte (Metro, tranvía) y no única y exclusivamente por una línea de autobús y por taxis, como el aeródromo sevillano.

Una excepción comparable con San Pablo es el aeropuerto de Bilbao, el cual carece de Metro y tranvía y está conectado con la capital vizcaína por una única línea de autobús, la A3247 (Bizkaibus), a lo largo de 13 kilómetros, con paradas en Gran Vía, Plaza Moyua y Alameda Recalde. He podido obtener datos desde 2011 a 2019 para comparar la cuota de pasajeros del aeropuerto captada por el Bizkaibus. Prácticamente se mantiene estable, con un 14,5% de media, en el lustro comprendido entre 2012 y 2016.

A partir de 2016 se registra un importante despegue -merced al turismo- del aeropuerto vasco, cuyo número de viajeros se incrementa en 1.317.465 hasta casi 6 millones el año pasado (en paralelo, el de Sevilla registra un incremento de 2.919.159, hasta superar los 7,5 millones). La línea de autobús, dependiente de la Diputación Foral, se beneficia de ese crecimiento y pasa de captar el 14,83% de los pasajeros del aeropuerto en 2016 al 16,73% en 2018. 

El autobús que da servicio al aeropuerto de Bilbao

A la vista del incremento de pasajeros del aeropuerto, los directivos de la compañía vizcaína adoptan en la primavera del año 2018 diversas medidas:

-Hasta entonces el autobús tenía una frecuencia de paso de 30 minutos en invierno y de 20 minutos en verano. Se decide fijarla en 15 minutos durante todos los días del año, con un horario de 05:15 a 22 horas desde la ciudad y de 6:15 a 24 horas desde el aeropuerto. Estas decisiones suponen incrementar la oferta en 16.100 viajes anuales.

-Se acuerda una tarifa especial de 3 euros para el billete ocasional y se permite que se pueda pagar con tarjeta bancaria, tanto en la cabina del aeropuerto como en las oficinas dependientes de Bizkaibus en el núcleo urbano (Portugalete, Sodupe y la Universidad).

Cabina de venta de billetes de Bizkaibus en el aeropuerto de Bilbao

-Se mejora la señalización del aeropuerto con el fin de orientar a los viajeros desde las cintas de recogida del equipaje hasta la parada del autobús, con mensajes por el camino de que antes de llegar a la misma pueden pasar por la cabina de Bizkaibus para comprar el billete.

MEJORAS EFICACES

Resultado inmediato de esta política de facilitarle la vida a los pasajeros: por primera vez, el Bizkaibus supera -en 2019- el millón de viajeros y su cuota se eleva al 18,10% de los usuarios del aeródromo. Ese gran éxito equivale en la práctica (tan sólo dos centésimas más) a la misma cuota que había alcanzado en Sevilla Tussam un año antes, una cuota que aquí ha bajado en 23 centésimas en 2019 para caer por debajo de ese 18%. 

En Tussam el horario (desde 4:30 a 00:11 horas) y la frecuencia (12 minutos) superan a los de  Bizkaibus, por lo que habría que estudiar otras medidas o, incluso, mejorar aún más la frecuencia y por lo tanto ofrecer mayor número de viajes. Ahora bien, su 17,85% de cuota es equiparable al 18,10% de la línea vasca, cuyos usuarios le dieron en 2019 una nota de 7,7 puntos sobre 10 en una encuesta de satisfacción (probablemente realizada por Ikerfel).

En la capital vizcaína están encantados con su autobús al aeropuerto, mientras que en Sevilla, con una cuota equiparable, el Ayuntamiento, en vez de estudiar cómo mejorar el suyo se compromete a impulsar una línea privada que le haga la competencia, pero no ahora, cuando aún se arrastran los efectos de la pandemia, sino “cuando se produzca la recuperación de la demanda”. Mientras Tussam ha estado prestando servicio hasta en los peores momentos, hay otros que sólo saben y quieren estar a las maduras. ¿No dice Antonio Muñoz, el delegado de Turismo cuando habla de cultura, que hay que premiar a quienes han estado dando servicio a los ciudadanos durante el confinamiento por el coronavirus?

Los firmantes, con Espadas al frente, del Plan 8, en que se apoya una línea privada de autobús a San Pablo

Las facilidades puestas por escrito en el Plan 8 turístico para crear una línea privada que “mejore la conectividad del aeropuerto” es otra enmienda a la totalidad al gobierno de Espadas al dejar en evidencia  su empecinado error en gastarse 49 millones de euros en la redundante, y por tanto innecesaria, ampliación del tranvía en vez de, por ejemplo, invertir en la línea EA a San Pablo, la principal puerta de entrada de ese turismo que supone el 12% de la riqueza de Sevilla.

(PS.- El factor diferencial del aeropuerto es que como las líneas aéreas deben entregar con bastante antelación la programación de sus vuelos, la dirección de Tussam estaría en condiciones de conocer, incluso con meses de anticipación, tanto las horas de despegue como de aterrizaje de los aviones, por lo cual podría planificar su servicio de autobús casi al minuto. En junio del año 2019 todavía se hablaba de un proyecto de instalación de máquinas expendedoras de billetes para la línea del aeropuerto, billetes que hasta entonces vendía el conductor en el mismo autobús o/y algún otro operario de Tussam que iba por las colas de pasajeros. Con estas condiciones, ¿cómo no se van a registrar demoras? Por otra parte, si hubiera más autobuses en servicio la frecuencia se podría mejorar y transportar mayor número de usuarios. El gobierno de Espadas está dispuesto a gastar 7 millones de euros, imputables a las cuentas de la empresa municipal de transportes, para comprar dos trenes con destino a la ampliación del tranvía. En mayo de 2018, Tussam anunció la compra de 30 autobuses de gas natural comprimido, de 18 metros de longitud, por 12 millones de euros. Por tanto, los 7 millones destinados a los trenes del tranvía darían para adquirir 17 autobuses GNC con los que reforzar la línea del aeropuerto y varias más).

Sevilla, el inseguro “sello de destino turístico seguro” del WTTC

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha hecho unas declaraciones en una emisora de radio felicitándose de forma cándida por que ese lobby denominado Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) y que tan bien se lo tiene montado va a otorgar a la capital de Andalucía su “sello de seguridad global”, al que califican como un certificado de que se puede viajar hasta aquí sin temor a contraer el coronavirus.

Este “sello de seguridad global” no tiene ningún fundamento científico. Tan poco tiene, y tan poco tino, que la “noticia” se filtra a y se comenta luego en los medios el mismo día en que el parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ofrece en el mapa del Instituto de Cartografía y Estadística el dato de que en Sevilla capital se han registrado en los últimos catorce días 41 nuevos contagios por Covid 19.

Los datos de contagios de Sevilla capital en el mapa del Ieca difundidos por la Consejería de Salud el viernes 5 de junio

Es más, el mismo periódico que publica a cinco columnas el titular “Sevilla, primera ciudad con el sello de destino turístico seguro de la WTTC”, difunde cuatro páginas después una información del siguiente tenor: “Dos nuevas personas con coronavirus han sido hospitalizados (sic) por coronavirus (sic) en Sevilla y otra ha fallecido por esta enfermedad en las últimas veinticuatro horas, según la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía”.

El propio medio, pues,  se desmiente a sí mismo, al Ayuntamiento y al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), un “lobby” encantado de que ciudades como la nuestra, con el apoyo de la Diputación y la Junta de Andalucía, entre otros, se gastara del orden de 3,5 millones de euros para que sus asociados celebraran aquí a cuerpo de rey su congreso, pomposamente autotitulado “cumbre mundial del turismo” en plan bienvenido Mr. Marshall, y para que en su marco Espadas y Muñoz se pudieran hacer una foto con Obama en el Alcázar. 

Muñoz y Espadas, con Obama en el Alcázar

Estos señores del WTTC, que tanto me recuerdan a otros otorgadores de marchamos internacionales como el BIE en el caso de las Exposiciones Universales y el COI en el de los Juegos Olímpicos, ¿no van a darle a Sevilla su particular sello del coche turístico después de los agasajos que recibieron aquí? ¿O es que hemos pagado por tal distinción, como pagamos por la organización de su congreso? Muñoz y Espadas deberían aclararlo urgentemente. Por cierto que Antonio Muñoz se dedicó a difundir el viernes 5 de junio por la tarde, por WhatsApp y a todos sus contactos, la portada y el reportaje del medio en cuestión sobre la concesión del sello del WTTC a Sevilla pero, casualmente, omitió la información sobre los nuevos contagiados de coronavirus en la ciudad que el mismo rotativo publicaba a continuación. ¿Cómo llamar a esto? ¿Lectura selectiva?

Este “sello de destino seguro” carece de fundamento científico y, por lo tanto, de seguridad. Es lo contrario de lo que anuncia. Obsérvese que no lo ha otorgado ni la Organización Mundial del Turismo, la entidad oficialmente competente en el ramo, ni, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud. Y es que ¿alguien puede garantizar que Sevilla o cualquier otra ciudad está libre de coronavirus, gripe, anginas, alergias o cualquier otra dolencia? Nadie, absolutamente nadie, y menos cuando la capital de Andalucía es la metrópolis de una provincia que tiene 45.000 infectados, según el primer estudio serológico, pero el 93% de los mismos no han sido aún identificados ni tratados médicamente y pueden estar expandiendo la enfermedad.

Mutatis mutandis, el sello del WTTC es como esos “COVID free” (libres de Covid) que están colocando diversos establecimientos a instancias de terceros pero sólo mediante la declaración responsable del propietario del local. O sea, que el propio interesado es el que se avala a sí mismo, sin que nadie asuma la responsabilidad de la certificación por él, sencillamente porque en caso de contagio allí dentro se arriesga a que le pongan una querella.

Por eso, frente a actitudes ingenuas, por calificarlas con benevolencia, como la de Antonio Muñoz en su rendición de pleitesía al WTTC, hay que alabar a la Confederación Española del Comercio (CEC), la cual ha emitido un comunicado en el que desaconseja a los comerciantes el uso de este tipo de sellos con el objetivo de dar confianza a los clientes. Según la CEC, cuyo criterio aplaudo y comparto, ningún sello, etiqueta, distintivo o lo que sea puede garantizar que una tienda está libre de coronavirus y, a la larga, puede ser contraproducente. Sí, porque se crea una falsa sensación de seguridad que puede contribuir al relajamiento y al incremento del riesgo de un rebrote.

En la misma línea se ha pronunciado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), contraria a sellos sobre el coronavirus no sólo en comercios, sino también en hoteles, bares, restaurantes, cafeterías y en cualquier tipo de local.

La OCU recuerda, con el sentido común cada vez menos común entre nuestros políticos, que “dado que las personas contagiadas pueden transmitir el virus incluso cuando están todavía libres de síntomas, desde el mismo momento en que entran en un local pueden estar propagándolo, por muchos tratamientos de desinfección que se hayan realizado antes”.

Y si es imposible garantizar que un comercio, un bar, un hotel… están libres de coronavirus, ¿cómo va a garantizar el WTTC que lo esté toda una ciudad de casi 700.000 habitantes como Sevilla y por eso otorgarle su sellito de destino turístico seguro?

Lo peor no es que el WTTC expida su sello inseguro e inconsistente sin base científica alguna, sino que el Ayuntamiento, con el delegado de Cultura (subrayo lo de Cultura) y Turismo a la cabeza se lo crea y pretenda encima que se lo crean también los sevillanos y los turistas.

Cuatro mil millones más para Cataluña, ochocientos millones menos para Sevilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ofrece a la Generalitat 4.000 millones más para infraestructuras mientras trata de ahorrarse los 800 de los túneles de la SE-40

Espadas se equivocó de enfoque: no dijo que con esos 4.000 millones se podrían hacer los túneles y las líneas de Metro pendientes en Sevilla

La actualidad nos ha deparado en los últimos días por un lado la reunión entre el presidente del Gobierno de España (coalición PSOE-Unidas Podemos) y el inhabilitado de la Generalitat catalana, en la que Pedro Sánchez ofreció a Joaquim Torra 4.000 millones de euros más para Cataluña; y, por otro, un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Sevilla en el que los socios equivalentes a los del Gobierno central, PSOE y Adelante Sevilla, mostraron su intención de ahorrarle al Ejecutivo de la nación 800 millones de euros en la capital de Andalucía al negarse a reivindicar los túneles de la SE-40 como solución para el paso del Guadalquivir, pese a que fue la elegida y avalada por los técnicos cuando se redactó el proyecto de esta ronda de circunvalación.

El periódico ‘El Economista’ informaba de la reunión entre Sánchez y Torra en los siguientes términos: ” La lealtad y la solidaridad entre territorios no parece que sea el espíritu con el que Pedro Sánchez desembarcó este jueves en Barcelona ofreciendo un chorro de dinero público a Quim Torra. Concretamente, 4.200 millones de euros para Cataluña repartido en inversiones, mejores sueldos para los mossos, mejora y nuevas infraestructuras estratégicas, además de un aluvión de dinero para el Aeropuerto del Prat. (…) Luego, la adición de las inversiones que vienen sujetas al PIB catalán (2.312 millones), al incremento salarial de los mossos, más los 200 millones del déficit inversor, a los 375 millones de la mejora de El Prat, los 681 millones de Rodalies, los 319 millones del Corredor del Mediterráneo, y los 124 millones por arreglo de carreteras ascienden a 4.200 millones de euros.”.

Conforme a la crónica de El Confidencial, Pedro Sánchez se negó a la pretensión de Quim Torra de tratar del derecho a la autodeterminación de Cataluña, pero al final no llegó a Cataluña con las manos vacías. El presidente del Gobierno hizo una oferta económica difícil de calcular, pero de más de 4.000 millones de euros, ya que incluye más inversión pública en Cataluña, un nuevo sistema de financiación autonómica y más recursos para Mossos y TV3. Todo para que Cataluña vuelva a la senda autonomista y renuncie al ‘procés’.Quim Torra ya replicó que estos puntos no se discutirían en la mesa de diálogo…..

(….) Según fuentes económicas consultadas, eso implica que la inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años, tal y como señala el Estatut. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas. Como Cataluña supone el 19% del PIB español eso supondría unos 4.000 millones más de inversión.

A lo que hay que añadir, según lo publicado luego por El País, que la empresa estatal AENA está dispuesta a invertir 1.500 millones de euros (casi el doble que el coste de los túneles de la SE-40 en Sevilla) en el aeropuerto barcelonés de El Prat para ampliar los vuelos:

https://elpais.com/economia/2020/02/07/actualidad/1581102883_303563.html

Poco tiempo después de encuentro Sánchez-Torra en Barcelona, se celebró en Sevilla el Pleno extraordinario del Ayuntamiento sobre los túneles de la SE-40, en el que por los argumentos vertidos en el debate tanto el PSOE como Adelante Sevilla (suma de Podemos e IU) dejaron en evidencia que para ellos la cuestión no es técnica, ni ecológica, sino puramente económica. La cuestión para las dos fuerzas de la izquierda, que replican en la Corporación hispalense la alianza en el Gabinete de Madrid con la única diferencia de no compartir aún el gobierno local, no es si los túneles son necesarios o no y si formaron parte desde el principio del proyecto de la ronda de circunvalación tras los estudios técnicos, sino su coste y el ahorro que la renuncia a los mismos por un puente (mucho más barato, y sin entrar en consideraciones como su impacto paisajístico y su afección al puerto y a la base del Copero, entre otros) supondría para el Gobierno, ese mismo Gobierno tan pródigo con la Cataluña secesionista. 

Así, el alcalde Espadas afirmó lo siguiente: “¿Se da cuenta de que en la diferencia de coste entre el puente y el túnel puede estar financiar la línea 2 del Metro? El problema no es puente o túnel, sino cerrar el anillo de la SE-40. Le diré a Sevilla Este que podríamos tener una línea 2 de Metro además de la 3 que se plantea entre Pino Montano y Bellavista, pero que la pague el Estado para que no se pierdan los fondos”.

Creo que Espadas se equivocó con su pregunta, porque podría haber planteado la cuestión de esta manera: “¿Se da cuenta de que con los 4.000 millones de euros más que el secretario general de mi partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Cataluña  se podrían construir no sólo los túneles de la SE-40 bajo el Guadalquivir? Le diré a Sevilla Este y a todos los barrios de la ciudad que también se podrían construir TODAS las líneas de Metro pendientes en Sevilla, es decir la 2, la 3 y la 4”.

Por su parte, la portavoz de Adelante Sevilla, Susana Serrano, también redujo el paso del río a una mera cuestión económica -ni técnica ni ecológica- cuando planteó que con el coste de los túneles “se va a hipotecar a las generaciones futuras” (¿?). Según la portavoz de la coalición de izquierdas, con el proyecto actualmente aprobado el coste de los túneles sería de 850 millones de euros, cantidad que a su juicio se elevaría por encima de los mil millones si se incluyen las instalaciones interiores que necesita el paso subterráneo, más unos 12 millones de euros anuales en concepto de mantenimiento, mientras que un puente se quedaría en una inversión “al menos cuatro veces inferior” (se colige de sus palabras que 212 millones). Para Susana Serrano, “eso también es sostenibilidad: calcular si se puede asumir una hipoteca de esa envergadura”.

Así pues, el Gobierno de España sí puede asumir una hipoteca, otra más, superior a los 4.000 millones de euros para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas en Cataluña pero según los representantes de los partidos de izquierda en el Ayuntamiento sevillano no puede asumir una de 800 millones en Sevilla. O Madrid puede tener ya ¡seis! rondas de circunvalación a un coste total al lado del cual los 800 millones de los túneles de Sevilla suponen una minucia, pero la segunda ronda de la capital de Andalucía lleva un retraso superior a un decenio y de la misma sólo se ha construido menos de la mitad (38 kilómetros de los 77,6 del proyecto). 

Espadas dijo en el Pleno que es necesario esperar a los informes que aún elaboran los técnicos sobre el paso del río para la SE-40. ¿Esperar? ¡Pero si los técnicos ya hablaron en su día y dijeron que la mejor solución para salvar el Guadalquivir eran los túneles? Sin embargo, por razones políticas y con el fin de ahorrarse en la sumisa Sevilla 800 millones de euros, que multiplicados por cinco el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos está dispuesto a regalarle a la secesionista Generalitat de Cataluña, el Ministerio de Fomento está revaluando el proyecto para encontrar cualquier coartada con que darle el cambiazo a los túneles por el puente.

Si en la provincia de Barcelona se hubiera redactado un proyecto de ronda de circunvalación para el que los técnicos hubieran dictaminado la necesidad de invertir 800 millones de euros en unos túneles para salvar el obstáculo del río Llobregat o del río Besós, ¿se atrevería siquiera José Luis Ábalos, titular del Ministerio de Fomento o como ahora se llame, a mantener paralizado el proyecto desde hace diez años y a revaluarlo, a ver si en su lugar puede construir un puente de 200 millones sólo porque es más barato? En tal hipótesis, ¿qué habrían votado en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Barcelona los podemitas de Ada Colau y los socialistas de Miquel Iceta? ¿Habrían dicho que los túneles bajo el Llobregat o el Besós debían ser revaluados porque suponían una hipoteca para las futuras generaciones de catalanes o, por el contrario, le habrían endosado esa supuesta hipoteca también al Gobierno de España en virtud del agravio comparativo que sienten los catalanes y por aquello de que España “les roba”?.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Antonio Muñoz, abogó por esperar a pronunciarse sobre la cuestión del paso del Guadalquivir porque “hay que tener en cuenta el impacto que podría tener con los cánones actuales y las nuevas normativas que han entrado en vigor”. Y entonces, ¿por qué Espadas no esperó a la revisión técnica del proyecto de la línea 3 del Metro conforme a esos nuevos cánones y normativas -que es lo que está haciendo el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía- y negoció con el ministro de Fomento del PP que se construyera el tramo entre Pino Montano y el Prado de San Sebastián? 

Hay una diferencia sustancial empero: el proyecto de la línea 3 del Metro nunca ha pasado más allá del papel, mientras que el de la ronda SE-40 lleva unos tres lustros en ejecución conforme a la normativa vigente en su momento. Si hubiera que aplicar una nueva sería a toda la SE-40 pendiente y no sólo a los túneles, y sin embargo sigue habiendo tramos en obras, en la mejor demostración de que lo de los nuevos cánones no es más que una coartada para ahorrarse los túneles en la sumisa Sevilla (hasta la Plataforma Sevilla Ya ha tirado la toalla) mientras que para Cataluña Sánchez encuentra 4.000 millones suplementarios.

La Declaración


La Declaración turística obvia la realidad del mínimo y precario empleo creado en el sector

La concentración de la oferta contribuye a la percepción de una ciudad masificada

Aprovechando el Día Mundial del Turismo, el Ayuntamiento, representado por Antonio Muñoz como delegado del ramo, y el sector empresarial, representado por Miguel Rus (CES) y Francisco Herrero (Cámara de Comercio), firmaron una Declaración conjunta que pretende ser la base de un futuro pacto en el que se incluya al conjunto de los agentes sociales, permita el reconocimiento de la importancia del turismo para Sevilla y propicie la convivencia pacífica entre los vecinos y nuestros visitantes.

En el documento se afirma que la mejor forma de consolidar e impulsar la economía y el empleo que genera el turismo es afrontar sus retos desde el diálogo, la reflexión, la concertación y el consenso en torno a estos diez ejes: 1) la participación de la sociedad civil; 2) la colaboración entre Administraciones en promoción e infraestructuras; 3) la sostenibilidad del crecimiento; 4) la diversificación de la oferta; 5) la calidad del turista y del destino; 6) la competitividad, la formación y el empleo; 7) un frente común contra la clandestinidad y la competencia desleal; 8) el transporte y la movilidad urbana; 9) la colaboración público-privada; y 10) el posicionamiento internacional de Sevilla y el turismo como canal de captación de inversiones.

Antonio Muñoz

Dado que el turismo es el principal motor de la economía sevillana, según Muñoz no se debe caer en el rechazo al mismo que ya se da en otras ciudades, y los sevillanos deben ser conscientes de las oportunidades económicas, laborales y sociales que representa esta actividad sin que se vea disminuida su calidad de vida.

PRECARIEDAD

Aun compartiendo la obviedad de que el turismo se ha convertido en la principal fuente de riqueza de la ciudad y de que aún existe margen para su crecimiento en comparación con las cifras de visitantes de Madrid y de Barcelona (cuatro veces más que Sevilla), y no digamos con otras urbes extranjeras, es muy difícil que los ciudadanos sean conscientes de las oportunidades económicas y laborales que genera a la luz de los datos objetivos que esgrimen los sindicatos, razón por la cual éstos han rechazado salir en la foto de la firma, a su juicio vacía de contenido. 

Comisiones Obreras ha destacado que en el decenio 2008-2018 el número de turistas en Sevilla ha crecido en 1.249.872 pero en ese mismo periodo de tiempo sólo se han creado en el sector 965 nuevos empleos. Por tanto, cada nuevo empleado, que según la central sindical  ganan una media de 675 euros al mes, debe atender a 1.295 visitantes, y ello pese a que en los últimos años la rentabilidad de los hoteles sevillanos es la que más se ha incrementado (en un 11,6%) de toda España y cada habitación genera unos beneficios de 71,9 euros. 

De forma retórica, los signatarios de la Declaración en el Día Mundial del Turismo empiezan hablando de la participación de la sociedad civil, pero han  obviado a los colectivos con una visión más crítica de la actividad turística, como los que han organizado congresos para analizar el fenómeno de la gentrificación y el de la turistificación del Casco Histórico, y las centrales sindicales, que antes de firmar Declaración o pacto alguno han puesto sobre la mesa la necesidad de un más justo reparto de la tarta turística y de acabar con la precariedad en el empleo, máxime en esta época de vacas gordas en el sector, que no se sabe cuánto tiempo más durará. O se aprovecha esta bonanza o difícilmente se presentará una oportunidad mejor.

SIN EL ESTUDIO

Antonio Muñoz ha pedido también que no se caiga en el rechazo al turismo detectado en otras ciudades. Es comprensible en sitios como Venecia, que pese a sus singulares características geográficas es invadida cada año por millones de personas que obstaculizan la vida de los venecianos hasta extremos insospechados de casi no poder moverse en su propia ciudad. Muñoz, a la vista de ese hastío en sitios como Venecia y Barcelona y con el fin de prevenirlo anunció en el anterior mandato de Espadas la realización de un estudio para ver “grosso modo” la capacidad de carga turística de Sevilla y no acabar cayendo en la turismofobia, pero han pasado los años y del prometido estudio jamás se supo.

Se habla en la Declaración de la necesidad de diversificar la oferta, cuya concentración en el Centro, valga la redundancia, es la principal razón de la creciente percepción de que Sevilla se está colmatando por causa de un aparentemente excesivo número de visitantes. Sin embargo, la mayor parte de las decisiones que se adoptan van en la línea de incrementar aún más la oferta en la almendra del Casco Antiguo en vez de tratar de quitarle presión con nuevos polos de atracción hacia los que se puedan redirigir los turistas. 

Así, el proyecto del museo Bellver se trasladó desde el Pabellón Real del Parque de María Luisa a la Casa Fabiola, a la sombra de la Giralda. También, con el fin de ahorrarse el dinero de su restauración integral, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura están analizando el traslado de los fondos del Museo Arqueológico desde la Plaza de América hasta unos pabellones militares cercanos a la Fábrica de Artillería, en San Bernardo.

En vez de crear nuestra particular Isla de los Museos en el Parque de María Luisa y descongestionar el Centro se actúa en sentido contrario, por más que en declaraciones públicas y documentos se preconice esa política de descentralización, nunca llevada a efecto.

EL CARAMBOLO

Más ejemplos en esa línea. Espadas y Muñoz han insistido en exponer el Tesoro del Carambolo en el Antiquarium de las Setas de la Encarnación, fuera de todo contexto histórico para esas joyas de origen tartésico o fenicio y pese a que oficialmente su único destino admitido desde su descubrimiento es el Museo Arqueológico, al que de paso se privaría de otro gran atractivo patrimonial y cultural que podría servir  para esa diversificación de la oferta turística que se proclama pero que no se cumple. 

Asimismo, pese a la ya elevada carga turística que sufre, el Ayuntamiento no ceja en su empeño de reconvertir la puerta y el patio del León del Real Alcázar con fines meramente turísticos y de incluir las murallas en el circuito de visitas para así seguir incrementando su número, y la recaudación.

Item más, para el controvertido proyecto de museo de la Semana Santa se elige un suelo público sito junto a la Casa de la Moneda y la Torre de la Plata en vez de otro sitio alejado del Centro y que permita dispersar a los turistas por otras zonas de una ciudad que se precia de tener el casco antiguo más extenso de Europa pero que no es capaz de llevar a sus visitantes mucho más allá de la zona declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad y su entorno. 

Cuando algún día, esperemos más pronto que tarde, se reabran las Atarazanas se acentuará aún más esa concentración turística, que influye de manera esencial en la percepción de una Sevilla saturada y con un Centro convertido en parque temático turístico en perjuicio de sus vecinos tradicionales. 

TURISMO “DE CALIDAD”

Por otra parte, frente al concepto y visión de Sevilla como ciudad amigable y acogedora de todo tipo de visitantes que de forma acertada ha defendido siempre Antonio Muñoz frente a quienes ya incluso hablan despectivamente de “turistas zarrapastrosos”, en la Declaración con motivo del Día Mundial del Turismo se habla sólo de “la calidad del turista”. 

Esta es una expresión eufemística y clasista con la que se hace referencia encubierta al turista de alto poder adquisitivo, con desprecio implícito a la inmensa mayoría de quienes nos visitan, no clasificables en tal categoría. Habrá que recordar de nuevo la nefasta experiencia y el fracaso de Crasa-Coral, la central de reservas hoteleras de la Expo-92, que puso los precios por las nubes pensando sólo y exclusivamente en ese “turista de calidad” y se estrelló contra la realidad tras comprobarse, como había vaticinado Antonio Távora, que no había tantos miles de turistas dispuestos a llenar los establecimientos sevillanos a tarifas propias de un cinco estrellas gran lujo.

Escritores y artistas que luego han hecho una publicidad impagable de Sevilla ambientando en la misma sus obras o hablando de sus experiencias cuando la visitaron en su época juvenil y en plan mochilero serían despreciables o no entrarían en nuestro “target” a la luz del objetivo de la Declaración sobre “la calidad del turista”. Hablar en estos términos equivale a decir que hay turistas carentes de la misma, simplemente en función de los billetes que lleven en la cartera. 

Y no olvidemos que la gran mayoría de los turistas que nos visitan vienen en vuelos de bajo coste, que han disparado el tráfico del aeropuerto de San Pablo y generado el ‘boom’ turístico que vive la ciudad.

Las ciudades españolas con más turistas

Madrid            9.716.708

Barcelona        8.045.642

Sevilla            2.671.491

Palma            2.410.672

Benidorm        2.100.404

Granada        1.867.881

Valencia        1.838.460

S. Bartolomé       

Tirajana        1.628.368

Calviá            1.488.473

Adeje            1.390.167

Málaga        1.376.794

Salou            1.151.006

Nota.- Datos de 2018

Cine Alameda

Zoido cumplió una sentencia del Tribunal Supremo favorable a los dueños del cine

Su expropiación en plena crisis y teniendo la Gavidia, Artillería y Santa Clara carecía de sentido

 

Tras conocerse la noticia de que un grupo de inversores ha llegado a un acuerdo con la familia Hernández, su propietaria, para la compra del cine Alameda y su conversión en otro hotel, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, ha reaccionado diciendo que es una pena que el Centro pueda perder un cine clásico tan vinculado a la historia de la ciudad y ha acabado señalando a Zoido.

El delegado ha recordado que “esto ha ocurrido después de que una sentencia en 2011 y el cambio de calificación del suelo realizado en 2014, con el gobierno de Juan Ignacio Zoido (PP), permitan la conversión de este espacio”.

Hagamos memoria para situar las cosas en su justo término. El Alameda, al igual que otros cines de la familia Hernández como el aún más histórico Cervantes y el Avenida multicines, es de los últimos supervivientes de la treintena larga de salas de proyección cinematográfica que existían en el Casco Antiguo y que se fueron cerrando gradualmente por la pérdida de espectadores, debida al cambio de las costumbres sociales, la aparición de multicines en centros comerciales de la periferia más fácilmente accesibles en automóvil y otras razones.

El Ayuntamiento permitió que esos cines que se iban cerrando por razones económicas y no por capricho de sus propietarios, generalmente amantes del séptimo arte, se convirtieran en otro tipo de negocios, como salas de juego, supermercados, librerías…..

El Alameda, inaugurado en 1977, resistió a esta tendencia, pese a la caída de espectadores, sostenido en su deficitaria situación gracias a las inyecciones económicas procedentes de otros negocios de la familia propietaria, cinéfila desde sus orígenes. El gobierno de Monteseirín, en vez reconocer este esfuerzo con algún tipo de auxilio (y se puede auxiliar de muchas maneras), decidió convertirlos en esclavos a perpetuidad de su negocio ruinoso calificando en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 el suelo ocupado por el cine como Servicio de Interés Público y Social de Carácter Privado y por tanto como intocable.

RECURSO JUDICIAL

El Ayuntamiento sostuvo de manera demagógica que debía velar por que los vecinos del Centro siguieran disfrutando de la oferta cultural que suponían las proyecciones cinematográficas en el Alameda, máxime tras haber desaparecido la inmensa mayoría de las salas y pese a que los propietarios demostraron la inviabilidad económica en que se hallaba.

La empresa, cuya razón social es Segismundo Hernández SA, recurrió en casación ante el Tribunal Supremo tras haber sido desestimadas sus alegaciones y/o recursos previos ante el Ayuntamiento, la Junta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Su recurso se basó, esencialmente, en cuatro argumentos:

 

1.- Se habría vulnerado el principio de equidistribución con la calificación urbanística de la parcela y la consiguiente limitación de usos, que abocaba a la propiedad al mantenimiento del cine de forma claramente antieconómica por su localización en el Casco Antiguo. Ello equivalía al sacrificio injustificado de los dueños de la sala en beneficio del conjunto de los sevillanos y con una asignación claramente restrictiva en comparación con la existente en el Plan General de 1987, norma que ante la evidencia del carácter antieconómico de la actividad cinematográfica para los establecimientos clásicos existentes en el Centro posibilitó su reconversión a otros usos, generalmente de tipo comercial.

Esta reconversión es la que ahora se impedía con el nuevo PGOU, “lo que resulta especialmente injusto -decían  los recurrentes- para los tres cines (de la familia Hernández, esto es Alameda, Cervantes y Avenida) que no se acogieron a la reconversión permitida por el PGOU anterior y que se mantuvieron pese a las dificultades económicas. El nuevo PGOU pretendía imponer el mantenimiento de las proyecciones mediante su calificación como equipamiento colectivo.

 

2.-Se identificaba la actividad cinematográfica comercial con un Servicio de Interés Público y Social en contra de numerosa jurisprudencia que negaba tal asimilación, especialmente en un caso similar en Castilla y León.

 

3.-No existía, a juicio de los recurrentes, ninguna necesidad colectiva que demandara tal calificación y asignación de usos. Aducían que en la alegación al PGOU impugnado y en el escrito de demanda aportaron estudios sobre el carácter antieconómico de los cines situados en los centros históricos de las ciudades, con carácter general en todas ellas, y en Sevilla en particular. También la tendencia a su sustitución por establecimientos del tipo multicines, de entre diez y quince salas, situados fuera del Centro de la ciudad y en grandes áreas comerciales. Esta tendencia obedecía al comportamiento social y “no puede revertirse, por más que el PGOU pretenda mantener tal uso”, aseguraban.

 

Los propietarios del Alameda aportaron como prueba las estadísticas del Ministerio de Cultura y el balance de pérdidas del cine ubicado sobre la parcela en litigio urbanístico. A ello añadieron  la inexistencia de demanda suficiente para justificar tal calificación, ya que era decreciente e “imparable”, a lo que había que unir el proceso de terciarización y despoblación de residentes en el Casco Antiguo de Sevilla.

 

4.-El sistema de usos previsto en el Plan General impugnado acabaría provocando la ruina definitiva de la actividad y el cierre del Alameda.

 

FALLO FAVORABLE

 

El Tribunal Supremo falló a favor de los recurrentes, la familia propietaria del cine Alameda, y en contra del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, fundamentalmente por haber vulnerado éstos el principio de equidistribución (de los beneficios y cargas del planeamiento urbanístico entre los propietarios afectados con un justo reparto de los mismos), al haber impuesto una regulación de usos restrictiva y sacrificado el derecho de los propietarios en beneficio del interés público.

En resumen, el Ayuntamiento (y la Junta, que dio luz verde al texto del PGOU) habían impuesto en exclusiva a los dueños del cine Alameda una carga exorbitante en beneficio del resto de los sevillanos, pero sin haber articulado mecanismo de compensación alguna, por lo que el Supremo dejó sin efecto la calificación del PGOU de 2006 y mantuvo vigente para el cine el régimen que tenía en el previo del año 1987, aprobado durante el mandato de otro socialista mucho más comprensivo, Manuel Del Valle Arévalo.

 

Ahora, un correligionario de Monteseirín y Del Valle, Antonio Muñoz, achaca a Zoido el cambio de calificación del suelo del cine Alameda, cuando el entonces alcalde del PP se limitó a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y contraria al Ayuntamiento. ¿O es que acaso pretendía Muñoz que Zoido hubiera incurrido en un delito de prevaricación y/o desobediencia y se hubiera hecho el sueco tras el fallo judicial?

Muñoz ha dejado entrever que Zoido podría haber optado por la expropiación del cine Alameda en vez de por devolverle la antigua calificación urbanística (PGOU de 1987) que ahora propicia su venta para su conversión en hotel.

 

EL CONTEXTO

 

Recordemos que Zoido tomó posesión como alcalde en el mes de junio de 2011 y que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el cine Alameda se dictó en octubre de ese mismo año. Aun así Muñoz reconoce que el cambio de calificación del suelo en cumplimiento del fallo judicial no se materializó hasta tres años después, justo en plena crisis económica, cuando Sevilla llegó a tener más de 91.000 parados.

¿Con qué argumento habría justificado Zoido gastar dinero del Ayuntamiento en expropiar el cine Alameda en una situación de emergencia social? Se supone que, conforme a los criterios del PGOU aprobado durante el mandato de Monteseirín, en tal caso habría sido para seguir manteniendo las proyecciones y convirtiéndose así el Consistorio en empresario cinematográfico sustitutivo de los Hernández, o cediendo su explotación a bajo precio (coste subvencionado) a un tercero, algo carente de sentido en una sociedad de libre mercado.

Y en caso contrario, la expropiación para no hacer nada -el edificio no tiene valor  arquitectónicamente hablando- y sólo para engrosar el patrimonio municipal tampoco tenía sentido en un Ayuntamiento que ya poseía, entre otros, la Comisaría de la Gavidia cerrada desde hacía un decenio, la inmensa Fábrica de Artillería pendiente de ocupación  y el antiguo convento de Santa Clara, en el que sobra espacio.

Por tanto Zoido hizo lo menos gravoso para la ciudad, que fue cumplir la sentencia del Supremo, ya que no se podía condenar a los dueños del Alameda a arruinarse a cambio de nada ni el Ayuntamiento quedarse, previo pago del justiprecio, con el cine sin saber para qué.

Si todos los vecinos de Sevilla que se lamentan de la futura conversión del Alameda en un hotel -entre los que me incluyo- hubieran ido mucho más a menudo a ver sus proyecciones, quizás el cine seguiría abierto y no tendríamos que decir como Antonio Muñoz que su cierre es una pena para todos. Pues bien, aún quedan el Cervantes y el Avenida. Ya sabemos qué hay que hacer para que no sigan el mismo camino y no engrosen la lista de los 40 desaparecidos.

Feria 2019: ¿Abril o mayo?

Los delegados Muñoz y Cabrera han expresado en público sus discrepancias sobre la fecha de la próxima Feria

El de Turismo es partidario de adelantarla una semana y el de Fiestas Mayores, de iniciarla dos semanas después de Semana Santa

 

No se habían acabado de desmontar todavía las casetas de la Feria reciente y ya teníamos una nueva polémica a cuenta de la fecha de celebración de la del año próximo, y protagonizada por dos miembros del propio gobierno local.

Por una parte, el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo y portavoz del equipo de Espadas, Antonio Muñoz, declaró que se está barajando un posible adelanto de la fecha de inicio de la Feria de 2019 en una semana, de modo que se incluya en la misma el festivo nacional del 1º de mayo y sirva de colofón a la celebración en nuestra ciudad de la denominada cumbre mundial del turismo, el World Travel & Tourism Council.

Mientras Muñoz se expresaba de esta forma en una rueda de prensa para hacer balance de la caseta del turista, su compañero de gobierno y delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, declaraba que su recomendación al alcalde ya ha sido “que haya dos semanas entre ambas fiestas para dar un mejor servicio a la ciudad, tener tiempo de que todo esté listo y garantizar el éxito de planificación”. Y añadió: “será el alcalde quien decida tras escuchar a las partes”.

La situación es insólita: dos miembros del gobierno de Espadas expresando públicamente sus discrepancias sobre un asunto capital para los intereses de la ciudad y la oposición, todavía entonces en la resaca de la Feria, sin enterarse o sin hurgar en esa división interna. Así de fácil puede gobernar el alcalde con tan sólo once concejales.

En el mejor de los casos, la exhibición de opiniones contrarias en el equipo de gobierno denota cuanto menos descoordinación y proyecta la imagen de una jaula de grillos. En el peor (¿no suele decirse que en política nada ocurre por casualidad?), nos hallaríamos ante un pulso de poder entre los dos delegados, pensando en el puesto en la lista para las elecciones municipales del año que viene y después de que tras la reciente remodelación y reasignación de funciones decidida por el alcalde Antonio Muñoz saliera debilitado y Cabrera, reforzado.

¿Quién tiene razón de los dos?

 

LA ORDENANZA

Veamos primero qué estipula la Ordenanza Municipal de la Feria de Abril, la cual fue modificada por la Corporación el 28 de octubre de 2016 tras el referéndum sobre la misma promovido por Espadas y que concluyó el 23 de septiembre de aquel año:

Artículo I. Fecha de celebración de la Feria:

 

1.- La Feria de Abril de Sevilla se celebra cada año desde el segundo domingo posterior a la Semana Santa hasta el sábado siguiente, ambos inclusive.

 

2.- En aquellos casos en que el incumplimiento de esta norma obligara a celebrar la Feria de Abril íntegramente en el mes de mayo, se adelantará su celebración una semana comenzando, por tanto, el primer domingo posterior a la Semana Santa.

 

3.-En los supuestos en que fuera imposible el cumplimiento de lo dispuesto en los preceptos anteriores, se faculta a la Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla para que acuerde la fecha de celebración de la Feria de Sevilla en el caso concreto.

 

EL CALENDARIO

 

Vayamos ahora al calendario de 2019. El Domingo de Resurrección será el 21 de abril, luego si se respetan las dos semanas estipuladas en la Ordenanza, la Feria debería celebrarse desde el domingo 5 de mayo hasta el sábado 11 de dicho mes (las fechas defendidas por Cabrera) y por tanto íntegramente en el denominado mes de las flores, pero  para que hiciera honor a su nombre de Feria de Abril y conforme al punto segundo de la Ordenanza, debería adelantarse su inicio una semana y la fecha de comienzo tendría que ser el domingo 28 de abril (la fecha defendida por Muñoz).

Obsérvese que el punto 1-3º de las Ordenanzas sólo especifica que en los supuestos en que fuera imposible el cumplimiento de lo dispuesto en los preceptos anteriores, se faculta a la Junta de Gobierno para que acuerde otra fecha de celebración.

¿Se conoce algún supuesto que permita calificar de imposible el cumplimiento del punto 1-2º, según el cual habría que adelantar la Feria una semana para que sea de Abril en vez de Feria de Mayo? En principio, no. Las razones que esgrime Cabrera son muy genéricas, esas de “dar un mejor servicio a la ciudad, tener tiempo de que todo esté listo y garantizar el éxito de planificación”, pero al mismo tiempo transmiten un mensaje a la opinión pública local y foránea de que el gobierno de Espadas es incapaz de organizar la Feria con tan sólo un margen de una semana tras la Semana Santa.

PRECEDENTES

Porque otros gobiernos anteriores sí fueron capaces. Mi compañero Moisés Ruz me apunta, sin necesidad de remontarnos a épocas más pretéritas en que incluso llegaron a coincidir en algunas fechas ambas fiestas primaverales, que en 2011, el último año del mandato de Monteseirín y con Rosamar Prieto de delegada de Fiestas Mayores, el Domingo de Resurrección se celebró el 24 de abril (la Semana Santa más tardía de los últimos tiempos) y el lunes del ‘Alumbrao’ (en el antiguo formato festivo) iluminó el Real el 3 de mayo.

Item más. En el año 2000,  también con Monteseirín en la Alcaldía y con el andalucista Juan Ortega como delegado de Fiestas Mayores, la Semana Santa terminó el 23 de abril y para que la Feria “pisara” al menos una hora del mes que hace honor a su nombre, la prueba del ‘Alumbrao’ se fijó para las 23 horas del día 30 de abril, con lo que técnicamente hubo un día (de una hora) más de fiesta de lo habitual, antes de que se le ocurriera a Espadas.

Así pues, en el aire queda planteada la cuestión: si con Monteseirín se pudo organizar dos veces la Feria tan sólo una semana después de la Semana Santa, ¿por qué, según Cabrera, Espadas necesita al menos dos semanas? ¿Va a ser Espadas menos que Monteseirín?

PROS Y CONTRAS

Si, tal como propugna Cabrera, la Feria se celebra dos semanas después de Semana Santa y por tanto del domingo 5 al sábado 11 de mayo de 2019, coincidiría con el inicio de la campaña electoral (6 de mayo) para los comicios locales, previstos para el 26 de dicho mes y obligaría, conforme al referéndum de Espadas, a sacrificar de nuevo el Día de San Fernando para decretar festivo local el miércoles 8 de mayo, tan sólo siete días después del festivo nacional del 1º de mayo (también un miércoles).

Asimismo, coincidiría con la Feria del Caballo de Jerez (del 4 al 12 de mayo), declarada de interés turístico internacional y que podría restar un mismo tipo de público a la de Sevilla.

Item más, como en paralelo a la Feria se desarrolla la temporada taurina en la Maestranza, si aquélla se celebrara del 5 al 11 de mayo, como propone Cabrera, las corridas de toros sevillanas tendrían que competir con las de Madrid, donde la temporada suele iniciarse una semana antes del día de San Isidro (15 de mayo). Por ejemplo, este año el ciclo taurino madrileño se compone de 34 festejos, que se inician el 8 de mayo y concluyen el 10 de junio.

 

Si, tal como desea Muñoz y en línea con la Ordenanza Municipal, la fiesta se adelanta una semana y se celebra del domingo 28 de abril al sábado 4 de mayo, pasaría lo siguiente:

 

1.- Al ser el miércoles 1 de mayo festivo nacional habría un día de fiesta a mitad de la Feria y se podría declarar festivo el Día de San Fernando, el jueves 30 de mayo.

 

2.- Al ser el jueves 2 de mayo fiesta en Madrid se propiciaría la ocasión de un desembarco de madrileños en Sevilla, para alegría de nuestro sector turístico, oportunidad que se perdería con la otra opción.

3.- La Feria se libraría de la campaña para las elecciones municipales (inicio, 6 de mayo), siendo indiferente a mi juicio la cumbre mundial del turismo, porque se celebraría con mucha antelación (del 2 al 4 de abril).

 

Pero como según el filósofo Giambattista Vico rige la ley del eterno retorno, este tipo de debates ya lo hemos vivido antes. Sin ir más lejos en 2013 para el año 2014, y entonces ¿qué hizo el gobierno de Zoido? Pues pedir la venia a las patronales turísticas, que prescribieron dejar dos semanas de margen “para hacer -dijo el delegado de Fiestas Mayores- un uso más estratégico de las dos “excusas” que Sevilla ofrece al exterior en primavera para atraer visitas”.

 

Así pues, aquí no se va a hacer lo que preconicen Muñoz o Cabrera, sino lo que recomienden Cornax (presidente de los hoteleros) y Arenas (presidente de los hosteleros). Ellos aconsejarán y Espadas ejecutará. De paso, uno de sus dos delegados quedará desautorizado, salvo que luego salga algo mal y pueda esgrimir: “si ya lo decía yo”.

Blindados

Espadas pone de ejemplo al Maestranza pero allí no se cierra el ambigú para que no venda bebidas en el entreacto

La diferencia radica en que el público del Teatro sabe cómo comportarse y el de las cofradías hace tiempo que no

 

El pasado lunes se produjeron comparecencias del delegado de Cultura, Antonio Muñoz, y del alcalde, Juan Espadas, que tuvieron como trasfondo un denominador común: el vandalismo/incivismo que está condicionando nuestra vida cotidiana  y frente al cual desde el Ayuntamiento se trata de paliar sus consecuencias pero se ve en la incapacidad de abordar su causa más profunda, la falta de educación y de lo que antiguamente se llamaba urbanidad (etimológicamente, saber comportarse en la urbe y, por extensión, en cualquier ámbito).

Muñoz presentó ante los medios de comunicación convocados en el parque de María Luisa la tercera fase de la restauración del magnífico monumento en honor a Bécquer, esculpido por Coullaut-Valera. Desde el año 2016 el Ayuntamiento ha destinado 101.534 euros a, en palabras del delegado, “la recuperación de la imagen original y el esplendor de principios del siglo pasado”, que tenía el conjunto escultórico, afectado por: el crecimiento del tronco del taxodio al que abraza, las inclemencias meteorológicas y los vándalos, que incluso rompieron un dedo a una de las esculturas tras la primera restauración, sin contar a lo largo del tiempo episodios como pintadas y robo de piezas.

Esta no es la primera vez que, por las causas citadas, ha habido que restaurar el monumento. Sin ir más lejos, en 1988, con la Expo-92 en lontananza, el entonces gerente de Urbanismo y posterior presidente de El Monte, Isidoro Beneroso, firmó en nombre del Ayuntamiento un convenio con el Banco Vitalicio por el que éste patrocinó el proyecto de restauración que redactó el arquitecto Víctor Díaz López por valor de 9.485.000 pesetas, que hoy serían el equivalente a unos 120.000 euros.

Tras presentar los trabajos en curso de los restauradores, el delegado anunció que para evitar en lo posible la acción de los vándalos se reforzará la vigilancia del conjunto escultórico, especialmente de noche, y se impondrá un horario propio de visitas (en principio podría ser de 10 a 20 horas) al margen del general del parque de María Luisa y aprovechando la verja perimetral que hubo que construir en derredor del monumento.

Así pues, los vándalos han conseguido que se imponga una restricción más, en un intento de proteger nuestro patrimonio histórico, como ya consiguieron que se enrejaran los jardines de Murillo en el mandato de Soledad Becerril y los de las Delicias en el de Monteseirín. La ciudad va alzando rejas y blindándose ante la imposibilidad de frenar a los incívicos porque en una ciudad narcisista como la nuestra, cuyos habitantes la califican como la más hermosa del mundo, una parte de los mismos se dedican a destrozarla o afearla con reiteración, luego algo está fallando colectivamente.

El incivismo no se erradicará con vallas ni rejas, sino con una labor educativa redoblada, con programas específicos de educación ambiental y patrimonial.

 

METÁFORA MUSICAL

 

La otra comparecencia fue la del alcalde, que se felicitó por el éxito del plan de seguridad de la Semana Santa, que evitó que se repitieran las masivas avalanchas de la Madrugada del año pasado y que empezaron en la del año 2000.

Como se recordará, entre las medidas de blindaje de la Semana Santa se impuso a los bares de medio centenar de calles del Casco Antiguo la obligación de cerrar un par de horas antes de lo habitual para evitar que el posible consumo de alcohol en la calle derivara en altercados que desembocaran en estampidas, conforme a la versión de que una pelea a las puertas de un bar de la calle Arfe degeneró en el pánico de la Madrugada de 2017.

En este sentido, el alcalde expresó que la mal llamada “ley seca” es una medida “que ha llegado para quedarse” en el futuro. E hizo la siguiente comparación: “Lo mismo que en el Teatro de la Maestranza no se pueden comer palomitas ni beber refrescos mientras se asiste a la representación  de una ópera, las hermandades por la calle tienen derecho a que respetemos y generemos confianza y la convivencia y el respeto suficiente por el que va a transcurrir. Y ello es incompatible con personas bebiendo alcohol en la calle durante horas previas, con el vidrio o el cristal en lugares por los que pasan nazarenos”.

Espadas omitió un detalle esencial en su comparación con el Teatro de la Maestranza: allí, al contrario que con el decreto municipal sobre los bares en la Madrugada, no se cierra el ambigú, por lo que los espectadores pueden comprar y consumir libremente en los entreactos cualquier tipo de bebida y de productos alimenticios, pero no se les ocurre consumirlos en el interior  de la sala por respeto a los artistas y a los demás. A la dirección del teatro no se le ha pasado por la cabeza clausurar el ambigú porque todo el mundo sabe cómo comportarse.

 

El problema, por tanto, no radica en la existencia de un local que expida bebidas, refrescos, tapas, pasteles y palomitas, sino en el civismo/incivismo del público. El Maestranza no necesita blindarse cerrando el ambigú porque los espectadores constituyen un público culto y educado que ha asumido de forma natural cómo ha de estar en el teatro. Ese es el factor diferencial y el que desde hace tiempo falla en el público que acude a contemplar las cofradías.

APRENDIZAJE INNATO

 

Hasta no hace mucho se decía que los sevillanos eran los únicos que de forma natural sabían comportarse y moverse en medio de la bulla de la Semana Santa, porque habían mamado desde niños ese saber estar, que se transmitía de generación en generación.

Ese mito se derrumbó en la Madrugada del año 2000 con las “carreritas” y con la aparición de nuevos hábitos, impensables otrora, como el de la acotación del espacio de todos mediante las sillitas, que impiden la circulación y son un factor de riesgo ante cualquier acontecimiento imprevisto.

Hay que preguntarse si el Ayuntamiento no está confundiendo las causas con las consecuencias con el cierre anticipado de los bares, a los que otorgó licencia de apertura y de actividad, y si esa imposición no sólo coarta la libertad empresarial sino que también supone de alguna manera un traslado de responsabilidad a terceros de lo que pueda acontecer en la vía pública con la ingesta de alcohol, cuando justamente es competencia del Ayuntamiento impedirla, en virtud de la ley Antibotellón.

 

Hay que preguntarse si no es contradictorio que el Ayuntamiento autorice a esos establecimientos a vender bebidas para luego obligarles a cerrar en vez de actuar contra quienes infrigen la ley sacándolas a la calle y si en el fondo no resulta más cómodo y barato imponer la clausura anticipada en vez de desplegar  una dotación policial a las puertas de cada uno de ellos para controlar y sancionar a quienes salgan fuera copa en mano.

 

Obviamente, los propietarios de los bares con cierre anticipado en esas 49 calles del Casco Antiguo han perdido facturación, aunque sea exagerado por su parte hablar de un 20,3% por tan sólo un par de horas de inactividad. Para más irritación de aquéllos, han visto cómo los vendedores ambulantes, legales o no, han aprovechado la ocasión para vender todo lo que pudieron en la vía pública.

 

FUNCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento tampoco ha tenido en cuenta lo que podríamos denominar “función social” que realizaban los bares obligados al cierre anticipado sirviendo refrigerios al público y poniendo los aseos a su disposición para paliar la manifiesta insuficiencia de los habilitados por el Consistorio.

Curiosamente, el gobierno local no impuso restricciones a los locales existentes junto a los palcos de la Carrera Oficial, donde al contrario que en el Teatro de la Maestranza, se comen palomitas, pipas y demás cuando pasan las cofradías, como demuestran los restos que quedan tras su paso, pero parece que del millón de kilos de residuos sólidos que recoge Lipasam durante la Semana Santa no tenemos que avergonzarnos y sí sólo de la ingesta de líquidos.

 

Hemos de reflexionar como sociedad si los blindajes de nuestro patrimonio material e inmaterial son la respuesta adecuada al incivismo o más bien la expresión de un fracaso colectivo y si no sería mejor dedicar muchos más medios y esfuerzos en la educación cívica desde la escuela.

El Casco Antiguo se moviliza ante el anuncio de extender el turismo a la mitad Norte

JORNADAS ENTRA

Seis entidades vecinales organizan un encuentro sobre el fenómeno de la “turistización”
PENÍNSULA IBÉRICA

Colectivos y especialistas de Barcelona, Lisboa, Madrid y otras ciudades se darán cita en Sevilla

EFECTOS

Preocupan la escasez y carestía de viviendas en alquiler que provoca el auge turístico

 

Seis entidades del Casco Antiguo han reaccionado al anuncio del Ayuntamiento de tratar de extender el turismo hacia la mitad Norte del Distrito dentro del futuro II Plan Turístico de la Ciudad, que debe presentarse a la Junta de Andalucía, y han organizado un encuentro en Sevilla sobre el fenómeno de la “turistización” en el que participarán colectivos y especialistas de  urbes de la Península Ibérica que ya están sufriendo las consecuencias de la invasión de visitantes.

La misma semana en que el Ayuntamiento de Sevilla presentaba el nuevo Plan Turístico, distintas organizaciones vecinales ultimaron un encuentro sobre las consecuencias del exceso del turismo en los barrios centrales de importantes ciudades de la Península, entre ellas Sevilla.

El denominado Encuentro sobre Turistización, Resistencias y Alternativas (ENTRA Sevilla) reunirá a diferentes asociaciones vecinales, colectivos, movimientos sociales y especialistas de Barcelona, San Sebastián, Granada, Lisboa, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca en la capital hispalense entre el 17 y el 19 de noviembre.

Según exponen los organizadores, “estamos ya sufriendo los efectos del turismo exacerbado en nuestros barrios, con escasez y carestía de viviendas en alquiler como perjuicio más grave, por lo que nos preocupan, y mucho, las afirmaciones del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo  del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, sobre la intención municipal y empresarial de extender el fenómeno también hacia la mitad norte del casco antiguo”.

Con las Jornadas  ENTRA Sevilla, movimientos vecinales del Casco Antiguo tratan de  cuestionar la actividad turística en áreas urbanas como fuente de riqueza para el conjunto de la sociedad y reflexionar sobre cuestiones de disponibilidad, acceso a la vivienda y gentrificación; condiciones laborales en el sector turístico; uso y apropiación del espacio público y, en definitiva, el derecho a la ciudad.

Las Jornadas son fruto de la colaboración entre la Asociación Vecinal del Casco Norte “La Revuelta”; Tramallol; el espacio Lanónima; el Huerto del Rey Moro; el Centro Okupado, Autogestionado y Feminista “La Revo” y la Casa Grande del Pumarejo, que acogerá buena parte del programa; y cuentan con la colaboración del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.

EL PROGRAMA

El Encuentro se inaugurará el próximo viernes, a las 17 horas, en la Sala Diego Angulo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Hispalense, con una mesa redonda sobre “Investigaciones y prácticas recientes sobre turistización”, en la que participarán Angela Lara, Agustín Cocola, Ibán Díaz y Marc Morell.

Al final de la misma tendrá lugar en la Casa del Pumarejo la presentación oficial de las Jornadas y una introducción al tema por Luis Berraquero, antropólogo e investigador sobre este fenómeno, tras la cual se debatirá sobre “¿Turistización o barbarie?”, y se espera la intervención de una comerciante del barrio de Santa Cruz que ha sido desalojada de su negocio para establecer en su lugar una vivienda turística.

El Palacio de los Marqueses de La Algaba acogerá el sábado el segundo día del Encuentro, centrado en el tema “¿Qué está sucediendo en nuestros barrios y qué respuesta le están dando en otras partes de la Península?”. Se cuenta con la participación de los geógrafos Amalia Vahí y Jaime Jover.

A continuación, distintos colectivos expondrán las resistencias vecinales al fenómeno de la invasión turística y darán su testimonio el Sindicat Llogaters (Barcelona), Assemblea Vallcarca (Barcelona), Lavapiés ¿Dónde vas? (Madrid), Lagunillas (Málaga), Ajuntamiento Albaicín (Granada), Casco Viejo Donosti (San Sebastián), Ciutat per qui l’ habita (Palma de Mallorca) y PAH Sevilla.

El domingo 19 de noviembre se desarrollará una acción simbólica-paseo guiado denominada “Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferenciadas”, con salida desde el Pumarejo. Al final de la misma, hacia las 14 horas, se celebrará la clausura con una comida popular y la actuación de un coro dominguero y de Pablo Hoyos.

 Los organizadores han habilitado un número de teléfono (el  658 33 10 63) para que cualquier persona afectada por el fenómeno de la turistización pueda aportar su testimonio.

La tasa (turística) de la discordia

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha sumado a la campaña que en plan llanero solitario había iniciado su delegado de Turismo, Antonio Muñoz, en pro de la implantación en Sevilla de la tasa turística, que consistiría en cobrarles a los turistas que se alojen en hoteles al menos un euro por noche, con lo que se recaudarían 5 millones de euros que invertir en la promoción de la ciudad.

Muñoz ha declarado de forma gráfica que se le ponen los ojos como platos imaginando la de cosas que se podrían hacer con ese dinero. Espadas y su delegado han abundado en la idea de la tasa turística en contra de la política mantenida al respecto por la Consejería de Turismo, organismo que tiene las competencias en la materia, y de la Mesa del Turismo de Andalucía (patronales y sindicatos). Lo han hecho en el marco de la “Sevilla Tourism Week”, unas jornadas de reflexión en las que Muñoz ha mostrado su preocupación por la “estandarización” de la ciudad, pero lo primero que ha hecho ha sido pecar de esa “estandarización” al huir del español y denominar las jornadas en inglés.

El motivo declarado de este encuentro era cómo evitar los efectos del turismo masivo, que ya está provocando movimientos ciudadanos de protesta en Venecia y Barcelona, mientras se presiona a la Junta para que apruebe la aplicación de la tasa turística para captar más visitantes, con lo cual se avanzaría en la dirección que supuestamente se pretende evitar: a más turistas, más riesgo de masificación y de acabar como Barcelona y Venecia.

Precedentes

El alcalde dice que nadie va a dejar de venir a Sevilla por pagar un euro más por noche en el hotel, y Muñoz, que ciudades como París, Lisboa, Roma y Barcelona ya aplican la tasa y que nosotros tenemos que elegir si queremos un despegue real turístico o no. Cuando la Generalidad de Cataluña anunció que a partir de abril de 2012 aplicaría una tasa a todos los turistas que pernoctaran en la región (en principio iban a ser 3 euros a los usuarios de hoteles de 5 estrellas y de los cruceros atracados en los puertos; dos euros a los de 4 estrellas y un euro al resto), en el diario El País hicieron un recuento de sitios con este tipo de gravamen vigente por entonces:

-París lo empezó a aplicar en 1994, a razón de entre 0,20 y 1,50 euros por persona/día.

-Roma, desde enero de 2011: entre 2 y 3 euros.

-Florencia: un euro por estrella de hotel y día desde julio de 2011.

-Venecia, desde agosto de 2011, entre 1,80 y 5 euros por habitación y día.

-Alemania, desde enero de 2011 cobra una tasa encubierta como impuesto verde de entre 8 y 45 euros a cada billete de avión.

-EEUU, desde septiembre de 2010, otra tasa encubierta en forma de 14 dólares por el formulario ESTA.

En ese mismo medio se plantearon ya una serie de cuestiones que siguen sin despejarse a la luz de ciertas experiencias y que se han obviado en el intento de debate en Sevilla:

-¿cómo se asegura que el dinero de la tasa se dedica de verdad a la promoción turística y no a otros capítulos?

-¿cómo se garantiza que cada municipio recibe lo mismo que ha recaudado?

-¿qué pasa con la gente que viaja por asuntos familiares, de negocio o incluso de salud?

-¿cómo se les cobra a quienes se alojan en casas particulares, de familiares o amigos o en establecimientos no declarados?

-¿se crea un impuesto directo e injusto que castiga a quienes se alojan en el circuito oficial pero no a los que viajan por libre y alquilan casas particulares?

Baleares

El primer precedente de tasa turística en España lo tuvimos en las islas Baleares a partir del 1 de mayo de 2001 y se calificó de “ecotasa”, ya que el dinero (2 euros/día en los hoteles de 5 estrellas; 1 euro en los de 3 y 4 estrellas y 0,25 euros en el resto) iría a engrosar un denominado Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos. La polémica fue tremenda, con todo el sector turístico en contra de la decisión del Gobierno “de progreso” (PSOE apoyado por otras fuerzas de izquierda). Los hoteleros acabaron con tres opciones:

1) asumir ellos mismos el pago del impuesto para no repercutirlo a sus clientes, o sea contra su propia cuenta de resultados;

2) tratar de cobrarlo a los turistas, ya que la ley no establecía mecanismos coercitivos, sino que eran ellos los que estaban obligados a hacer frente al pago de todas todas, aunque el turista se negara a pasar por caja;

3) “comprarle” a sus clientes la tasa: se las cargaban pero a cambio los compensaban con un bono por importe equivalente, que podían canjear por servicios en el mismo establecimiento, desde consumiciones en el bar hasta alquiler de películas.

Como las Baleares eran el destino favorito del turista alemán y británico, la prensa de Alemania y Reino Unido, especialmente la sensacionalista, vio un filón en alimentar la controversia. El diario “Bild” lanzó una campaña para que sus lectores (casi 3,5 millones) remitieran cartas al Rey Juan Carlos pidiéndole la supresión de la tasa,

y hasta el secretario general del Partido Democristiano germano declaró que el gravamen iba “a hacer casi imposible las vacaciones para las familias alemanas con niños en Mallorca”.

Periodistas extranjeros desembarcaron en las islas para hacer reportajes entre sus compatriotas afectados por la tasa. Entre la polémica negativa y otros factores, el turismo alemán cayó en un 30% y parte de la demanda se desplazó desde los hoteles reglados hasta apartamentos privados que eran alquilados a los turistas y que quedaban al margen de la tasa.

El polémico gravamen se suprimió en octubre de 2003. Los hoteleros calcularon que el sector turístico balear necesitaría tres años para recuperarse de los efectos negativos de aquella iniciativa. Paradójicamente, trece años después y con otro Gobierno “de progreso”, en Baleares ha vuelto a implantarse desde el pasado 1 de julio, a razón de entre 0,50 y 2 euros por noche y en función de la categoría del hotel.

Cataluña

En Cataluña se empezó a aplicar en noviembre de 2012 con el declarado fin de mejorar la calidad de la experiencia turística en los municipios de la región y de paliar los efectos nocivos del turismo de masas, especialmente en Barcelona (19,66 millones de visitantes en 2015 y 8,3 millones de pernoctaciones hoteleras). En función del periodo del año, en la ciudad de Barcelona se recauda entre el 49% y el 67% de todo el dinero de la tasa turística de Cataluña, pero la Generalidad sólo le devuelve el 33% de esos fondos, que por ende no se invierten en los barrios populares más afectados por la invasión de turistas, como la Barceloneta.

Según un balance, de los 12.408.708 euros enviados por el Gobierno catalán en 2014 al Ayuntamiento barcelonés, prácticamente no se invirtió nada en compensar los efectos negativos del turismo, sino en todo lo contrario, como demuestran las siguientes partidas: 243.000 euros para promocionar los deportes de invierno en una pista de hielo en la Plaza de Cataluña; 850.000 euros para ampliar el funcionamiento de las fuentes de Montjuïc y 60.000 euros para dinamizar turísticamente la plaza de Les Glories y convertirla en un nuevo centro urbano “vibrante”.

Al final, la tasa turística se ha convertido en un instrumento recaudatorio más para la Generalidad de Cataluña y las protestas de los vecinos de Barcelona contra la invasión turística, en vez de reducirse desde su aplicación se han incrementado.

Así pues, hemos visto algunos de los riesgos de la tasa turística publicidad negativa aparte, desde provocar un incremento de la oferta no reglada de alojamientos en viviendas particulares en detrimento de la planta hotelera hasta convertirse en un impuesto más que no acabe repercutiendo en el sector turístico y sólo parcialmente en la ciudad recaudadora porque es otra Administración la que reparte el dinero. Si nuestro objetivo, como declaran Espadas y Muñoz, es no caer en la masificación turística, ¿qué sentido tendría imponer un gravamen a los turistas para promocionar la ciudad con el fin de que vinieran cada vez más turistas?

Sin alfombra roja

Al igual que en el fútbol la Supercopa es oficialmente la competición -a doble partido- con que se inicia la nueva temporada pero realmente es el torneo de clausura de la anterior porque en el mismo se enfrentan el campeón de Liga y el campeón de Copa de la última campaña, el primer pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) del mandato de Juan Espadas como alcalde ha sido realmente el último de la era Zoido, al presentarse el Informe de Coyuntura Socioeconómica de la ciudad de Sevilla correspondiente al año 2014, periodo final del mandato del anterior regidor.

Salvo prácticamente en el capítulo turístico, en el que el CESS, a la luz de las estadísticas de visitas, viajeros y pernoctaciones hoteleras, ha reconocido las buenas cifras registradas por el sector con Zoido de alcalde, el resto del informe es una enmienda casi a la totalidad de su gestión, con la percepción de un año casi perdido para la ciudad. El CESS, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento y el transmisor de la opinión de los agentes económicos y sociales al gobierno municipal, refleja en su informe y dictámenes, por más que no tengan carácter vinculante, la misma impresión de anomia municipal y de falta de respuesta a las muchísimas expectativas creadas que semestralmente venían recogiendo los Barómetros socioeconómicos de la Fundación Camára de Comercio.

La sensación de frustración y de oportunidad perdida con la excusa de anteponer el saneamiento de las cuentas municipales explica la pérdida de casi 60.000 votos por el PP en las elecciones municipales del 24 de mayo, la de ocho concejales, la de la mayoría absoluta y, a la postre, la del gobierno municipal.

TRABAS BUROCRÁTICAS

Uno de los mantras de Zoido era la reiteración de la expresión “alfombra roja” para referirse a los empresarios. Así, en una de las varias veces en que a lo largo de su mandato anunció junto con el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, la inminencia de la Zona Franca, que como el Godot de la obra del dramaturgo Samuel Beckett nunca acababa de llegar, el ya exalcalde declaró: “Sevilla será más atractiva para las inversiones; el tejido industrial será ampliado en nuestra ciudad, así que, desde el máximo respeto a la legalidad, vayamos dejando atrás los complejos y pongamos, de modo simbólico, alfombra roja a todos aquellos que quieran crear empleo”.

Los inversores, emprendedores y empresarios no han encontrado en el Ayuntamiento durante el mandato anterior extendida esa metafórica alfombra roja, a la luz del informe del CESS, que describe un cuadro totalmente opuesto a tales pretensiones: “Muchos proyectos no han podido llevarse a cabo como consecuencia -afirma- de la dificultad del empresariado de enfrentarse a las trabas burocráticas, que eternizan proyectos que no se llevan a término por cuestiones administrativas y que sólo consiguen perjudicar a Sevilla, y que todavía no han puesto en valor los reajustes realizados durante los años de crisis para crear empleo”.

EL TAPÓN DE URBANISMO

Hay casos paradigmáticos de estas trabas administrativas y de la falta de agilidad, especialmente en la Gerencia de Urbanismo, que han dificultado, cuando no han impedido la materialización de proyectos de inversión en Sevilla. Algunos no han trascendido a la opinión pública, como el de una gran cadena valenciana de supermercados, que lleva meses esperando a que se le desbloqueen algunos comercios en barrios de la ciudad. Otros, como el de Decathlon en la isla de la Cartuja, son un ejemplo de las contradicciones en que incurrió el gobierno de Zoido  en materia de urbanismo y economía.

Pese a preconizar durante todo su mandato la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la tesis de que el vigente constreñía la iniciativa empresarial, el anterior Consistorio dejó escapar a la multinacional francesa Decathlon junto al estadio ‘Olímpico’ justamente por su inflexibilidad para proceder a una modificación del PGOU.

La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

LICENCIA CONDICIONADA

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo.

La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea y la Gavidia. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos. Sólo después de dejar escapar a Decathlon el Ayuntamiento movió ficha para modificar el PGOU.

UN LARGO CAMINO

Por casos como éste el CESS ha acabado calificando a Sevilla en el informe que presentó la semana pasada como la ciudad de las oportunidades perdidas: “Sevilla sigue sin apreciar sus grandes oportunidades para ser más competitiva en un mundo globalizado; la paralización de las infraestructuras, el raquitismo, cuando no la inexistencia de las inversiones, entre otros, están haciendo que la ciudad deje pasar oportunidades sin aprovecharlas”.

El nuevo delegado de Hábitat Urbano (engloba Urbanismo, Turismo y Cultura), Antonio Muñoz, ha declarado de forma gráfica que conseguir una licencia en Sevilla es como la canción de los Beatles ‘Un largo y tortuoso camino’, por lo que se plantea como reto político algo tan simple y sencillo, pero que aquí parece hercúleo, como es conseguir que en nuestra ciudad sea más fácil hacer negocio,  simplificando para ello los trámites administrativos.

Y es que el exceso de burocracia parece incompatible con la alfombra roja.