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El Casco Antiguo se moviliza ante el anuncio de extender el turismo a la mitad Norte

JORNADAS ENTRA

Seis entidades vecinales organizan un encuentro sobre el fenómeno de la “turistización”
PENÍNSULA IBÉRICA

Colectivos y especialistas de Barcelona, Lisboa, Madrid y otras ciudades se darán cita en Sevilla

EFECTOS

Preocupan la escasez y carestía de viviendas en alquiler que provoca el auge turístico

 

Seis entidades del Casco Antiguo han reaccionado al anuncio del Ayuntamiento de tratar de extender el turismo hacia la mitad Norte del Distrito dentro del futuro II Plan Turístico de la Ciudad, que debe presentarse a la Junta de Andalucía, y han organizado un encuentro en Sevilla sobre el fenómeno de la “turistización” en el que participarán colectivos y especialistas de  urbes de la Península Ibérica que ya están sufriendo las consecuencias de la invasión de visitantes.

La misma semana en que el Ayuntamiento de Sevilla presentaba el nuevo Plan Turístico, distintas organizaciones vecinales ultimaron un encuentro sobre las consecuencias del exceso del turismo en los barrios centrales de importantes ciudades de la Península, entre ellas Sevilla.

El denominado Encuentro sobre Turistización, Resistencias y Alternativas (ENTRA Sevilla) reunirá a diferentes asociaciones vecinales, colectivos, movimientos sociales y especialistas de Barcelona, San Sebastián, Granada, Lisboa, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca en la capital hispalense entre el 17 y el 19 de noviembre.

Según exponen los organizadores, “estamos ya sufriendo los efectos del turismo exacerbado en nuestros barrios, con escasez y carestía de viviendas en alquiler como perjuicio más grave, por lo que nos preocupan, y mucho, las afirmaciones del delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo  del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, sobre la intención municipal y empresarial de extender el fenómeno también hacia la mitad norte del casco antiguo”.

Con las Jornadas  ENTRA Sevilla, movimientos vecinales del Casco Antiguo tratan de  cuestionar la actividad turística en áreas urbanas como fuente de riqueza para el conjunto de la sociedad y reflexionar sobre cuestiones de disponibilidad, acceso a la vivienda y gentrificación; condiciones laborales en el sector turístico; uso y apropiación del espacio público y, en definitiva, el derecho a la ciudad.

Las Jornadas son fruto de la colaboración entre la Asociación Vecinal del Casco Norte “La Revuelta”; Tramallol; el espacio Lanónima; el Huerto del Rey Moro; el Centro Okupado, Autogestionado y Feminista “La Revo” y la Casa Grande del Pumarejo, que acogerá buena parte del programa; y cuentan con la colaboración del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla.

EL PROGRAMA

El Encuentro se inaugurará el próximo viernes, a las 17 horas, en la Sala Diego Angulo de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Hispalense, con una mesa redonda sobre “Investigaciones y prácticas recientes sobre turistización”, en la que participarán Angela Lara, Agustín Cocola, Ibán Díaz y Marc Morell.

Al final de la misma tendrá lugar en la Casa del Pumarejo la presentación oficial de las Jornadas y una introducción al tema por Luis Berraquero, antropólogo e investigador sobre este fenómeno, tras la cual se debatirá sobre “¿Turistización o barbarie?”, y se espera la intervención de una comerciante del barrio de Santa Cruz que ha sido desalojada de su negocio para establecer en su lugar una vivienda turística.

El Palacio de los Marqueses de La Algaba acogerá el sábado el segundo día del Encuentro, centrado en el tema “¿Qué está sucediendo en nuestros barrios y qué respuesta le están dando en otras partes de la Península?”. Se cuenta con la participación de los geógrafos Amalia Vahí y Jaime Jover.

A continuación, distintos colectivos expondrán las resistencias vecinales al fenómeno de la invasión turística y darán su testimonio el Sindicat Llogaters (Barcelona), Assemblea Vallcarca (Barcelona), Lavapiés ¿Dónde vas? (Madrid), Lagunillas (Málaga), Ajuntamiento Albaicín (Granada), Casco Viejo Donosti (San Sebastián), Ciutat per qui l’ habita (Palma de Mallorca) y PAH Sevilla.

El domingo 19 de noviembre se desarrollará una acción simbólica-paseo guiado denominada “Sevilla tiene dos partes, dos partes bien diferenciadas”, con salida desde el Pumarejo. Al final de la misma, hacia las 14 horas, se celebrará la clausura con una comida popular y la actuación de un coro dominguero y de Pablo Hoyos.

 Los organizadores han habilitado un número de teléfono (el  658 33 10 63) para que cualquier persona afectada por el fenómeno de la turistización pueda aportar su testimonio.

La tasa (turística) de la discordia

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, se ha sumado a la campaña que en plan llanero solitario había iniciado su delegado de Turismo, Antonio Muñoz, en pro de la implantación en Sevilla de la tasa turística, que consistiría en cobrarles a los turistas que se alojen en hoteles al menos un euro por noche, con lo que se recaudarían 5 millones de euros que invertir en la promoción de la ciudad.

Muñoz ha declarado de forma gráfica que se le ponen los ojos como platos imaginando la de cosas que se podrían hacer con ese dinero. Espadas y su delegado han abundado en la idea de la tasa turística en contra de la política mantenida al respecto por la Consejería de Turismo, organismo que tiene las competencias en la materia, y de la Mesa del Turismo de Andalucía (patronales y sindicatos). Lo han hecho en el marco de la “Sevilla Tourism Week”, unas jornadas de reflexión en las que Muñoz ha mostrado su preocupación por la “estandarización” de la ciudad, pero lo primero que ha hecho ha sido pecar de esa “estandarización” al huir del español y denominar las jornadas en inglés.

El motivo declarado de este encuentro era cómo evitar los efectos del turismo masivo, que ya está provocando movimientos ciudadanos de protesta en Venecia y Barcelona, mientras se presiona a la Junta para que apruebe la aplicación de la tasa turística para captar más visitantes, con lo cual se avanzaría en la dirección que supuestamente se pretende evitar: a más turistas, más riesgo de masificación y de acabar como Barcelona y Venecia.

Precedentes

El alcalde dice que nadie va a dejar de venir a Sevilla por pagar un euro más por noche en el hotel, y Muñoz, que ciudades como París, Lisboa, Roma y Barcelona ya aplican la tasa y que nosotros tenemos que elegir si queremos un despegue real turístico o no. Cuando la Generalidad de Cataluña anunció que a partir de abril de 2012 aplicaría una tasa a todos los turistas que pernoctaran en la región (en principio iban a ser 3 euros a los usuarios de hoteles de 5 estrellas y de los cruceros atracados en los puertos; dos euros a los de 4 estrellas y un euro al resto), en el diario El País hicieron un recuento de sitios con este tipo de gravamen vigente por entonces:

-París lo empezó a aplicar en 1994, a razón de entre 0,20 y 1,50 euros por persona/día.

-Roma, desde enero de 2011: entre 2 y 3 euros.

-Florencia: un euro por estrella de hotel y día desde julio de 2011.

-Venecia, desde agosto de 2011, entre 1,80 y 5 euros por habitación y día.

-Alemania, desde enero de 2011 cobra una tasa encubierta como impuesto verde de entre 8 y 45 euros a cada billete de avión.

-EEUU, desde septiembre de 2010, otra tasa encubierta en forma de 14 dólares por el formulario ESTA.

En ese mismo medio se plantearon ya una serie de cuestiones que siguen sin despejarse a la luz de ciertas experiencias y que se han obviado en el intento de debate en Sevilla:

-¿cómo se asegura que el dinero de la tasa se dedica de verdad a la promoción turística y no a otros capítulos?

-¿cómo se garantiza que cada municipio recibe lo mismo que ha recaudado?

-¿qué pasa con la gente que viaja por asuntos familiares, de negocio o incluso de salud?

-¿cómo se les cobra a quienes se alojan en casas particulares, de familiares o amigos o en establecimientos no declarados?

-¿se crea un impuesto directo e injusto que castiga a quienes se alojan en el circuito oficial pero no a los que viajan por libre y alquilan casas particulares?

Baleares

El primer precedente de tasa turística en España lo tuvimos en las islas Baleares a partir del 1 de mayo de 2001 y se calificó de “ecotasa”, ya que el dinero (2 euros/día en los hoteles de 5 estrellas; 1 euro en los de 3 y 4 estrellas y 0,25 euros en el resto) iría a engrosar un denominado Fondo de Rehabilitación de Espacios Turísticos. La polémica fue tremenda, con todo el sector turístico en contra de la decisión del Gobierno “de progreso” (PSOE apoyado por otras fuerzas de izquierda). Los hoteleros acabaron con tres opciones:

1) asumir ellos mismos el pago del impuesto para no repercutirlo a sus clientes, o sea contra su propia cuenta de resultados;

2) tratar de cobrarlo a los turistas, ya que la ley no establecía mecanismos coercitivos, sino que eran ellos los que estaban obligados a hacer frente al pago de todas todas, aunque el turista se negara a pasar por caja;

3) “comprarle” a sus clientes la tasa: se las cargaban pero a cambio los compensaban con un bono por importe equivalente, que podían canjear por servicios en el mismo establecimiento, desde consumiciones en el bar hasta alquiler de películas.

Como las Baleares eran el destino favorito del turista alemán y británico, la prensa de Alemania y Reino Unido, especialmente la sensacionalista, vio un filón en alimentar la controversia. El diario “Bild” lanzó una campaña para que sus lectores (casi 3,5 millones) remitieran cartas al Rey Juan Carlos pidiéndole la supresión de la tasa,

y hasta el secretario general del Partido Democristiano germano declaró que el gravamen iba “a hacer casi imposible las vacaciones para las familias alemanas con niños en Mallorca”.

Periodistas extranjeros desembarcaron en las islas para hacer reportajes entre sus compatriotas afectados por la tasa. Entre la polémica negativa y otros factores, el turismo alemán cayó en un 30% y parte de la demanda se desplazó desde los hoteles reglados hasta apartamentos privados que eran alquilados a los turistas y que quedaban al margen de la tasa.

El polémico gravamen se suprimió en octubre de 2003. Los hoteleros calcularon que el sector turístico balear necesitaría tres años para recuperarse de los efectos negativos de aquella iniciativa. Paradójicamente, trece años después y con otro Gobierno “de progreso”, en Baleares ha vuelto a implantarse desde el pasado 1 de julio, a razón de entre 0,50 y 2 euros por noche y en función de la categoría del hotel.

Cataluña

En Cataluña se empezó a aplicar en noviembre de 2012 con el declarado fin de mejorar la calidad de la experiencia turística en los municipios de la región y de paliar los efectos nocivos del turismo de masas, especialmente en Barcelona (19,66 millones de visitantes en 2015 y 8,3 millones de pernoctaciones hoteleras). En función del periodo del año, en la ciudad de Barcelona se recauda entre el 49% y el 67% de todo el dinero de la tasa turística de Cataluña, pero la Generalidad sólo le devuelve el 33% de esos fondos, que por ende no se invierten en los barrios populares más afectados por la invasión de turistas, como la Barceloneta.

Según un balance, de los 12.408.708 euros enviados por el Gobierno catalán en 2014 al Ayuntamiento barcelonés, prácticamente no se invirtió nada en compensar los efectos negativos del turismo, sino en todo lo contrario, como demuestran las siguientes partidas: 243.000 euros para promocionar los deportes de invierno en una pista de hielo en la Plaza de Cataluña; 850.000 euros para ampliar el funcionamiento de las fuentes de Montjuïc y 60.000 euros para dinamizar turísticamente la plaza de Les Glories y convertirla en un nuevo centro urbano “vibrante”.

Al final, la tasa turística se ha convertido en un instrumento recaudatorio más para la Generalidad de Cataluña y las protestas de los vecinos de Barcelona contra la invasión turística, en vez de reducirse desde su aplicación se han incrementado.

Así pues, hemos visto algunos de los riesgos de la tasa turística publicidad negativa aparte, desde provocar un incremento de la oferta no reglada de alojamientos en viviendas particulares en detrimento de la planta hotelera hasta convertirse en un impuesto más que no acabe repercutiendo en el sector turístico y sólo parcialmente en la ciudad recaudadora porque es otra Administración la que reparte el dinero. Si nuestro objetivo, como declaran Espadas y Muñoz, es no caer en la masificación turística, ¿qué sentido tendría imponer un gravamen a los turistas para promocionar la ciudad con el fin de que vinieran cada vez más turistas?

Sin alfombra roja

Al igual que en el fútbol la Supercopa es oficialmente la competición -a doble partido- con que se inicia la nueva temporada pero realmente es el torneo de clausura de la anterior porque en el mismo se enfrentan el campeón de Liga y el campeón de Copa de la última campaña, el primer pleno del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) del mandato de Juan Espadas como alcalde ha sido realmente el último de la era Zoido, al presentarse el Informe de Coyuntura Socioeconómica de la ciudad de Sevilla correspondiente al año 2014, periodo final del mandato del anterior regidor.

Salvo prácticamente en el capítulo turístico, en el que el CESS, a la luz de las estadísticas de visitas, viajeros y pernoctaciones hoteleras, ha reconocido las buenas cifras registradas por el sector con Zoido de alcalde, el resto del informe es una enmienda casi a la totalidad de su gestión, con la percepción de un año casi perdido para la ciudad. El CESS, que es un órgano consultivo del Ayuntamiento y el transmisor de la opinión de los agentes económicos y sociales al gobierno municipal, refleja en su informe y dictámenes, por más que no tengan carácter vinculante, la misma impresión de anomia municipal y de falta de respuesta a las muchísimas expectativas creadas que semestralmente venían recogiendo los Barómetros socioeconómicos de la Fundación Camára de Comercio.

La sensación de frustración y de oportunidad perdida con la excusa de anteponer el saneamiento de las cuentas municipales explica la pérdida de casi 60.000 votos por el PP en las elecciones municipales del 24 de mayo, la de ocho concejales, la de la mayoría absoluta y, a la postre, la del gobierno municipal.

TRABAS BUROCRÁTICAS

Uno de los mantras de Zoido era la reiteración de la expresión “alfombra roja” para referirse a los empresarios. Así, en una de las varias veces en que a lo largo de su mandato anunció junto con el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, la inminencia de la Zona Franca, que como el Godot de la obra del dramaturgo Samuel Beckett nunca acababa de llegar, el ya exalcalde declaró: “Sevilla será más atractiva para las inversiones; el tejido industrial será ampliado en nuestra ciudad, así que, desde el máximo respeto a la legalidad, vayamos dejando atrás los complejos y pongamos, de modo simbólico, alfombra roja a todos aquellos que quieran crear empleo”.

Los inversores, emprendedores y empresarios no han encontrado en el Ayuntamiento durante el mandato anterior extendida esa metafórica alfombra roja, a la luz del informe del CESS, que describe un cuadro totalmente opuesto a tales pretensiones: “Muchos proyectos no han podido llevarse a cabo como consecuencia -afirma- de la dificultad del empresariado de enfrentarse a las trabas burocráticas, que eternizan proyectos que no se llevan a término por cuestiones administrativas y que sólo consiguen perjudicar a Sevilla, y que todavía no han puesto en valor los reajustes realizados durante los años de crisis para crear empleo”.

EL TAPÓN DE URBANISMO

Hay casos paradigmáticos de estas trabas administrativas y de la falta de agilidad, especialmente en la Gerencia de Urbanismo, que han dificultado, cuando no han impedido la materialización de proyectos de inversión en Sevilla. Algunos no han trascendido a la opinión pública, como el de una gran cadena valenciana de supermercados, que lleva meses esperando a que se le desbloqueen algunos comercios en barrios de la ciudad. Otros, como el de Decathlon en la isla de la Cartuja, son un ejemplo de las contradicciones en que incurrió el gobierno de Zoido  en materia de urbanismo y economía.

Pese a preconizar durante todo su mandato la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con la tesis de que el vigente constreñía la iniciativa empresarial, el anterior Consistorio dejó escapar a la multinacional francesa Decathlon junto al estadio ‘Olímpico’ justamente por su inflexibilidad para proceder a una modificación del PGOU.

La Sociedad Estadio Olímpico convocó en 2008 un concurso para la implantación de empresas en una parcela colindante a la instalación deportiva. No hubo ningún interesado, pero después  llegó Decathlon con un proyecto de una tienda complementada por una piscina climatizada, un gimnasio y pistas para el pádel y otros deportes, para lo que necesitaría 15.000 m2 de edificabilidad (la décima parte que Ikea). La inversión estimada era de 18 millones de euros y crearía 160 empleos.

LICENCIA CONDICIONADA

En el verano de 2008, desde Urbanismo se le dijo que podía ser viable siempre que se ajustase a los requisitos del PGOU y a los de la Junta para las grandes superficies comerciales. En marzo de 2009, la Sociedad Estadio Olímpico adjudicó a Decathlon la explotación del terreno (un derecho de superficie por un plazo de 40 años), condicionada a la obtención de licencia de obras y al ‘nihil obstat’ del Gobierno autónomo.

La compañía reservó el suelo en enero de 2010 mediante el pago de una fianza de 200 euros diarios. El convenio la obligaba al abono de 440.000 euros/año a la Sociedad Estadio Olímpico, a cuyo Consejo de Administración pertenece el Ayuntamiento, que por tanto ha estado informado desde el principio del tema. Ese mismo año, la Junta dictaminó que por incluir una gran superficie comercial el proyecto de Decathlon debía adaptarse al PGOU vigente.

Por tanto, al igual que con Ikea, o la empresa se adaptaba al Plan General o éste se modificaba para ajustarse a sus pretensiones mediante un procedimiento cuya tramitación debía incoar Urbanismo.

Hay constancia de al menos dos ‘cumbres’ en la Gerencia, ya con Zoido en la Alcaldía: diciembre de 2011 y febrero de 2012. Mientras nada trascendía a la opinión pública del proyecto de Decathlon, el de Ikea aparecía continuamente en los medios. El gobierno local insistía en la necesidad de no ponerle cortapisas urbanísticas a la multinacional sueca porque a los proyectos empresariales había que extenderles una alfombra roja.

Mientras, a Decathlon se le decía todo lo contrario: su proyecto era urbanísticamente irrealizable y no se le daba tampoco la opción de cambiarle el PGOU, como se ha hecho para Ikea y la Gavidia. En junio de 2012 Decathlon tiró la toalla, la Sociedad  Estadio Olímpico tuvo que devolverle los más de 100.000 euros que le había entregado como  reserva y perdió una expectativa de negocio de 18 millones de euros por el canon (sin IPC), y Sevilla a su vez una inversión de cuantía similar y 160 empleos. Sólo después de dejar escapar a Decathlon el Ayuntamiento movió ficha para modificar el PGOU.

UN LARGO CAMINO

Por casos como éste el CESS ha acabado calificando a Sevilla en el informe que presentó la semana pasada como la ciudad de las oportunidades perdidas: “Sevilla sigue sin apreciar sus grandes oportunidades para ser más competitiva en un mundo globalizado; la paralización de las infraestructuras, el raquitismo, cuando no la inexistencia de las inversiones, entre otros, están haciendo que la ciudad deje pasar oportunidades sin aprovecharlas”.

El nuevo delegado de Hábitat Urbano (engloba Urbanismo, Turismo y Cultura), Antonio Muñoz, ha declarado de forma gráfica que conseguir una licencia en Sevilla es como la canción de los Beatles ‘Un largo y tortuoso camino’, por lo que se plantea como reto político algo tan simple y sencillo, pero que aquí parece hercúleo, como es conseguir que en nuestra ciudad sea más fácil hacer negocio,  simplificando para ello los trámites administrativos.

Y es que el exceso de burocracia parece incompatible con la alfombra roja.

Las paradojas de Fibes

El expediente de liquidación de la sociedad Feria Iberoamericana de Sevilla (Fibes), que gestiona el Palacio de Congresos de la ciudad, ha permitido conocer las cuentas de 2013 y 2014, tras decidir la Diputación abandonar las instituciones radicadas en la capital para concentrarse en su labor en la provincia.

Los balances reflejan que Fibes se encuentra en números rojos, ya que perdió 2,2 millones de euros en el año 2013 y 1,5 millones de euros en el pasado ejercicio: casi 4 millones acumulados en los dos últimos años, en pleno mandato de Zoido.

Las cuentas muestran varias paradojas sobre las que reflexionar. La primera, que el elevadísimo sueldo del director gerente -percibe 150.000 euros anuales, más del doble que el alcalde- se justificó en su día desde el gobierno local con el argumento de que era un gestor estrella con una gran experiencia y trayectoria y que venía a rentabilizar la faraónica obra de ampliación del Palacio de Congresos y Ciudadanos, cuyo coste se disparó hasta los 120 millones de euros.

Los resultados económicos de estos años demuestran que no ha conseguido ese objetivo, aunque ahora el gobierno local también ha cambiado de discurso. Ya no habla de rentabiizar el enorme complejo ampliado porque, según su nueva tesis, la mayoría de palacios de congresos son deficitarios pero hay que tenerlos como una dotación básica de la ciudad y  de lo que se trata es que pierda lo menos posible. Entonces, quizás no necesite un gestor estrella, sino un administrador que resulte mucho más barato a las arcas municipales.

EVENTOS MUSICALES

La segunda paradoja es que el motivo principal de los números rojos es la caída de ingresos por los eventos musicales que se han venido organizando como nueva línea de actividad en las instalaciones sitas en Sevilla Este. Hace dos años, los musicales dejaron 4,2 millones de euros, que se redujeron a 2,4 millones el año pasado, lo que ha significado una caída del 43%.

El portavoz adjunto del PSOE y experto en temas turísticos, Antonio Muñoz, ha criticado esta especialización en los siguientes términos: “Especializar un palacio de congresos como Fibes en musicales es como dedicar un hotel a las bodas, bautizos y comuniones. Basarlo todo en musicales pone en riesgo el futuro”.

La paradoja radica en que se califique de apuesta de riesgo para el futuro la línea de organización de eventos musicales cuando resulta que las pérdidas se han incrementado precisamente por la celebración de menos musicales, que venían siendo los eventos más rentables. Y también resulta paradójico, por no emplear otro calificativo, el hecho de organizar en Fibes eventos musicales para tratar de sostenerlo económicamente cuando ‘a priori’ ése no era ni debía ser el objetivo social de la entidad, ya que en Sevilla teníamos y tenemos el teatro Lope de Vega, el de la Maestranza, el Auditorio de la isla de la Cartuja, el auditorio sin inaugurar de la Sociedad General de Autores (SGAE) y hasta el estadio mal llamado ‘Olímpico’ para haber albergado espectáculos culturales y musicales.

LA AMPLIACIÓN

Dicho de otro modo, las cuentas de Fibes nos conducen a la cuestión esencial: ¿para qué se hizo la ampliación del Palacio de Congresos y Exposiciones? ¿Para captar grandes congresos con miles de participantes, que se decía no podían organizarse en Sevilla por la falta de instalaciones adecuadas, o para traer musicales que primero han triunfado en Madrid y que aun con menos pretensiones o aforo podrían haberse organizado en otros escenarios ya existentes?

Sevilla parece ser la única ciudad donde las administraciones públicas tropiezan más de una vez con la misma piedra. Recuérdese que ya existía, como legado del 92, un pequeño estadio de atletismo en la isla de la Cartuja, al que habría bastado recrecer con gradas metálicas para albergar un evento de sólo diez días como era el Campeonato del Mundo de Atletismo de 1999, pero se optó por construir un estadio de nueva planta, el ‘Olímpico’, que costó 120 millones de euros y que lleva dieciséis años infrautilizado, reconvertido en escenario de grandes conciertos de música pop de vez en cuando y sin hacer honor a su finalidad deportiva.

A principios de este siglo comenzó a hablarse de la necesidad de ampliar las instalaciones de Fibes en Sevilla Este, un sitio extramuros y alejado de todos los grandes atractivos culturales y turísticos de la ciudad, que se concentran en el casco histórico. Funciona como Feria de Muestras pero es dudoso de que lo haga como Palacio de Congresos.

Aun así, en vez de corregir el error político de la ubicación, se insistió en el mismo al pensarse que la solución consistía en captar congresos con cada vez mayor número de participantes, para los cuales Fibes se había quedado pequeño.

EL COSTE RAZONABLE

Algunas voces propugnaron una ampliación digamos razonable, con un presupuesto máximo de unos 30 millones de euros y que permitiera reconvertir los tres pabellones existentes: uno, para ofrecer comidas a entre 2.500 y 3.000 personas; otro, para albergar una gran zona expositiva, y el tercero, como auditorio dotado con todas las comodidades y avances tecnológicos de forma estructural en vez de con sillas de quita y pon, como hasta entonces.

Y se repitió la historia. En vez de recrecer, adaptar o mejorar lo existente, se decidió envolver o prolongar el palacio primigenio con uno completamente nuevo y para el que se tiró la casa por la ventana. De los 30 millones de euros inicialmente estimados se pasó a un presupuesto de 66 millones, más del doble.

Finalmente, el nuevo Fibes, encomendado de forma ilegal -según el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas- a la empresa municipal de la vivienda, lo que ha supuesto su ruina, ha costado 120 millones de euros (desviación del 81%), una cantidad equivalente a la del estadio ‘Olímpico’, y se concluyó con varios años de retraso sobre los sucesivos plazos que se fueron anunciando.

Las cifras hablan de la magnitud de la obra: un auditorio con capacidad para 3.557 personas; un área expositiva para 2.500; una zona de restauración para 2.000 y un aparcamiento de 25.000 m2 con capacidad para 900 vehículos.

¿Cuántos grandes congresos con capacidad para traer 3.500 personas a Sevilla debería captar Fibes para amortizar una inversión de 120 millones de euros? El problema añadido es  que desde que se empezó a hablar de la ampliación hasta ahora las circunstancias han variado.

MERCADO CAMBIANTE

Para empezar, el mercado de los macro congresos se ha reducido. Antes, los especialistas en una materia sólo se podían ver en un acontecimiento de este tipo una vez al año. Ahora, disponen de Skype y de otros sistemas de videoconferencia gratuita por Internet para hablarse en cualquier momento. Ya no necesitan verse físicamente tras recorrer miles de kilómetros en avión a otra ciudad del mundo.

Y hablando de aviones, Sevilla, ubicada en el extremo occidental de Europa, carece de conexiones directas con buena parte de las grandes capitales de los negocios y los congresistas no están dispuestos a afrontar las incomodidades de varios enlaces aéreos y de varias facturaciones de equipajes.

La situación de Fibes en Sevilla Este es otro gran inconveniente, sin enlace por Metro con el aeropuerto ni con el centro de la ciudad. A la falta de suficientes macro congresos, para eventos de tipo medio, del orden de mil o mil y pico de participantes, los hoteles se convierten en una alternativa más barata y mejor situada por su cercanía a los grandes atractivos turísticos.

Ante esa carencia de macro congresos, los que teóricamente justificaron la ampliación, Fibes se tuvo que lanzar por la senda de los musicales. Su historia es paralela a la del estadio ‘Olímpico’, que a su vez no tiene cartera de eventos deportivos, con lo que, parafraseando a Antonio Muñoz,  hemos acabado devaluando dos infraestructuras de 120 millones de euros cada una al dedicarlas a ‘bodas, bautizos y comuniones’.

Conflicto político en el gobierno de Zoido por las ITE

La delegada de Hacienda desautoriza al de Urbanismo al boicotear la inspección del patrimonio municipal

Vílchez deja en evidencia a Zoido, alineado con Fley, al sostener que la Ordenanza obliga a los edificios oficiales

A Urbanismo no le constan las revisiones periódicas a los edificios del Consistorio que invoca Hacienda

El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha quedado en una situación política insostenible dentro del gobierno municipal al ser desautorizado por la delegada de Hacienda, Asunción Fley, en su intento de aplicar la Ordenanza de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) a los inmuebles del Ayuntamiento y ver cómo el alcalde ha tomado partido por esta última y en contra de sus tesis.

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, Antonio Muñoz, aprovechó ayer la reunión de este organismo y la presencia del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, y del gerente, Alberto de Leopoldo, para abordar la polémica desatada tras revelar Viva Sevilla que el Ayuntamiento no aplica la Ordenanza de la ITE a sus inmuebles (unos 400) mientras está imponiendo multas de hasta 6.000 euros a los sevillanos que la incumplen.

A preguntas del concejal socialista, Alberto de Leopoldo confirmó que no existe ningún informe jurídico en la Gerencia que justifique que los edificios municipales no deban pasar la ITE. En este sentido, el artículo 1.2 de la norma dice textualmente: “Toda clase de edificaciones y construcciones, con independencia de su uso o destino, estarán afectadas por la obligación regulada en esta Ordenanza”.

La Gerencia no tiene ningún informe que contradiga lo dispuesto en la norma y Alberto de Leopoldo tampoco conoce que el área de Edificios Municipales, dependiente de la Delegación de Hacienda, haya elaborado ningún documento en ese sentido, pese a la cual la delegada, Asunción Fley, sostiene que la Ordenanza no es aplicable a los inmuebles del Ayuntamiento.

Llegados a este punto, Antonio Muñoz planteó a los responsables de Urbanismo si van a mantener alguna reunión con la Delegación de Hacienda para afrontar el problema creado en el seno del gobierno municipal. El gerente respondió que habrá un encuentro “próximamente”.

 

SE PLIEGA ANTE HACIENDA

 

El portavoz socialista planteó entonces si los edificios municipales van a pasar finalmente la ITE, ante lo cual el gerente contestó que Urbanismo, la Delegación competente para aplicar la Ordenanza e imponer sanciones por su incumplimiento, se ha plegado a solicitarlo ante el Departamento que vela por los inmuebles propiedad del Ayuntamiento, y reconoció implícitamente el boicot de Hacienda al decir que esa solicitud estaba en vía muerta porque la Gerencia no puede sancionar al Ayuntamiento del que depende.

A la pregunta directa del concejal socialista sobre si Urbanismo entiende que los edificios municipales deben pasar la ITE como el resto de inmuebles de Sevilla, el gerente, avalado por Maximiliano Vílchez con su silencio, ratificó que debe ser así, ya que en caso contrario no hubiera cursado la petición ante Hacienda.

Estas afirmaciones contradicen al propio alcalde, Juan Ignacio Zoido, que se ha alineado claramente con Asunción Fley en el conflicto que enfrenta a dos de sus delegados, ya que el pasado martes declaró que los edificios municipales no deben pasar la ITE “porque gozan de otra condición”. Según el alcalde, en 2010 (mandato de Monteseirín) “no se había pasado ninguna revisión y las que necesitan los edificios municipales se han pasado con este gobierno”.


Sin embargo, Urbanismo también dejó ayer en evidencia a Zoido, ya que en la reunión del Consejo de Gerencia sus máximos responsables reconocieron que no les consta que se haya hecho revisión alguna a los 400 edificios municipales por la Delegación de Hacienda ni se le ha remitido tampoco por esta última informes que acrediten el estado de conservación de estos inmuebles, manifiestamente deficiente en casos a la vista de todos como los de Villa Encarnita y la estación de autobuses del Prado de San Sebastián.

Motor gripado

Cuando Zoido accedió a la Alcaldía de Sevilla hace ahora casi 25 meses pensaba en un escenario socioeconómico condicionado por los recortes al déficit público que había impuesto la Unión Europea al conjunto de las Administraciones españolas y por la herencia de deudas a los proveedores y el ‘agujero’ en las empresas municipales dejados por Monteseirín. Por tanto, la idea del alcalde consistía en tender ‘alfombras rojas’ a los inversores privados que aparecieran por Sevilla o fueran captados desde el Ayuntamiento y crear las condiciones para favorecer la actividad económica del tejido de pequeñas y medianas empresas de la ciudad con medidas como la puesta a cero del contador de deudas con los proveedores, la rebaja en las tasas y tributos municipales y la eliminación de trabas burocráticas a la creación de empresas y apertura de nuevos negocios.

En esta línea, el gobierno municipal se acogió al plan de pago a proveedores aun a costa de suscribir nuevos préstamos con la banca, que acabarán lastrando de nuevo las cuentas municipales, sobre todo en futuros mandatos y agilizó la concesión de licencias basándose en las declaraciones responsables de los promotores, pero en vez de reducir la presión fiscal acabó creando nuevas tasas y tributos. Además, la dilación en los pagos por parte del Consistorio está empezando a llenar de nuevo los cajones con nuevas facturas pendientes con proveedores.

ORDENANZAS FISCALES

Como se recordará, el proyecto de Urbanismo de Ordenanzas Fiscales para 2013 preveía subidas de hasta el 100% en algunos casos, pero tras el escándalo suscitado y la indignación de los empresarios, el Consistorio tuvo que retroceder, no sin antes aprobar siete nuevas tasas, con figuras sacadas de la chistera como cobrar por la solicitud de estudios previos a la Gerencia, la prórroga de las licencias urbanísticas, protección arqueológica, declaración de la calificación de vivienda protegida, emisión de informes de declaración de situación de fuera de ordenación….

Para ponerse al día con los proveedores, a los que Monteseirín había dejado a deber más de 59 millones de euros, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 y suscribió dos operaciones de crédito por esa cantidad, con la que saldar casi 3.000 facturas pendientes, pero a costa de incrementar la deuda viva  hasta los 480 millones de euros, 28 millones más que un año antes, y de afrontar el pago de intereses por más de 20 millones de euros. Sin embargo, al cierre del ejercicio de 2012 el gobierno de Zoido había vuelto a las andadas y sólo la corporación municipal, sin sus empresas, tenía operaciones pedientes de pago por valor de 39 millones y con un periodo medio de pago de 83 días.

Además, Zoido no ha tenido apenas oportunidades de desplegar su ‘alfombra roja’ ante grandes inversores privados. Al contrario, ha asistido impotente a la deslocalización de empresas como Panrico, Cargill y Danone; ha propiciado con su actitud complaciente o de falta de reflejos la pérdida de proyectos como el Caixafórum en las Atarazanas y el Decathlon en la Cartuja, y se ha obcecado en sus confrontaciones urbanísticas con la Junta de Andalucía para tener argumentos con que justificar la revisión del PGOU. Los proyectos empresariales en ciernes datan casi todos del mandato anterior (segunda tienda de Ikea, mercado gourmet en el antiguo mercado del Barranco, Ciudad de la Imagen en el Higuerón…) y en la mayoría de los casos no se concretarán hasta el final de su mandato o incluso después.

LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO

En este marco de recesión económica, caída del consumo, paro desbocado (más de 89.000 desempleados en la ciudad) y apenas inversión del sector privado, adquiere muchísima más importancia de lo que ‘a priori’ Zoido imaginó al llegar a la Alcaldía la inyección de dinero que el Ayuntamiento puede hacer en la economía local a través de la ejecución del Presupuesto del Consistorio y de sus organismos y empresas. Dicho de otro modo, en ausencia de grandes inversiones privadas, el Ayuntamiento queda como el principal motor de la economía sevillana. Sin embargo, ese motor está al ralentí o incluso gripado, a la luz del grado de ejecución del Presupuesto municipal revelado recientemente por el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz.

Según el balance del edil para el primer semestre del año en curso, de los 83 millones de euros existentes para inversiones o transferencias de capital entre el Consistorio y la Gerencia de Urbanismo, se han autorizado gastos o iniciado expedientes  por importe de 18 millones (el 21%), pero de este dinero tan sólo se han invertido realmente en la práctica 4,3 millones (el 5%).

La delegada municipal de Hacienda, Asunción Fley, descalifica al edil socialista con el argumento de que el Consistorio, al contrario que los anteriores, sólo contabiliza como inversión el proyecto que esté plenamente ejecutado , por lo que en la documentación oficial no aparecen aún como materializadas muchas inversiones que están en la recta final.

DOCUMENTOS CONTABLES

La ejecución presupuestaria consta de varias fases, y cada vez que administrativamente se activa o se culmina una de ellas los Servicios municipales van emitiendo documentos contables que dan continuidad a los procedimientos, hasta que se concluye el proceso con el pago final. Siguiendo el hilo de las tramitaciones se puede llegar hasta el ovillo del Presupuesto, y ésto es lo que ha hecho el edil Antonio Muñoz, utilizado para ello los propios documentos del Consistorio.

El balance que ha realizado el portavoz adjunto socialista es aún más preocupante si se tiene en cuenta que merced a su mayoría absoluta y al trabajo de Asunción Fley en su elaboración, los Presupuestos para este año fueron aprobados con antelación suficiente para que entraran en vigor en enero y, además, no incluían previsiones irreales, como en la etapa de Monteseirín, de vincular inversiones a la venta de inmuebles municipales, como antaño ocurría con el mercado del Arenal.

El Presupuesto del Ayuntamiento y de sus organismos y empresas se convertía así en el principal instrumento para tratar de dinamizar la economía de Sevilla en plena crisis, pero si a mitad de año su grado de ejecución es aún mínimo y no hay inyección de dinero municipal en la ciudad, toda Sevilla se resiente y sufre las consecuencias de la falta de gestión del Consistorio.

EL CENTRO DEL PROBLEMA

El embudo es especialmente preocupante en el caso de Urbanismo, la piedra donde reiteradamente está tropezando Zoido, el cual, para cortar este nudo gordiano, se piensa que la solución radica en cambiar el PGOU en vez de cambiar al equipo gestor, con dos neófitos en la materia al frente: Maximiliano Vílchez y Alberto de Leopoldo. La Gerencia sólo habría acometido inversiones por valor de 4,7 millones de euros. Por ende, hasta los distritos de la supuesta desconcentración municipal dependen de lo que se haga o deje de hacer en su sede de las caracolas de la Cartuja, ya que por la falta de capacidad técnica de aquéllos le acaban derivando el presupuesto que tienen asignado.

Y si a mitad de año no se han activado los procedimientos administrativos para ejecutar las inversiones pendientes, habrá que realizar un intenso sprint para llegar al final del ejercicio, cuando lo que habría interesado habría sido una lluvia fina inversora a lo largo de todo el año que repercutiera en el tejido productivo sevillano y contribuyera a mantener la actividad de nuestras empresas.

Por otra parte, si, como esgrime Asunción Fley, también ocurre que el grado de ejecución presupuestaria se está acompasando a la disponibilidad de los ingresos, ello denotaría que que la previsión en este capítulo no se ha ajustado a la realidad de Sevilla y se demostraría que no por mucho inventarse nuevas tasas y tributos se llena antes y más las arcas municipales.

La coartada

El Ayuntamiento sigue empeñado en homenajear a la Expo de Pellón con la coartada del borrador. Ya saben: cada vez que a la Sociedad Estatal le pillaban un documento comprometedor decía que se trataba de un mero borrador. Nunca era el definitivo, salvo que no suscitara polémicas o conviniera a sus intereses. Max Vílchez ha tirado de ese manual de la Burson Marsteller diciendo otro tanto sobre el plan que le ha pillado Antonio Muñoz,  listo para su aprobación, y que entre otros sablazos preveía subir las licencias de obras en casi un 100%: 130 folios firmados uno a uno por el delegado de Urbanismo y su gerente y con informes justificativos de la jefa del servicio de Gestión Financiera y Tesorería y del director de Administración y Economía. ¿Tanto trabajo, tantos implicados, tantos sellos y tantas firmas para sólo un borrador? Cuidado, que los borradores los carga el diablo. Por de pronto, a los de Gaesco, la patronal del ladrillo, ya se les han puesto los pelos de punta. Y menos mal que Zoido llegó a la Alcaldía prometiendo que no iba a subir los impuestos.

Cuarto a Espadas

Ha tardado casi el tiempo que dura un embarazo, pero al fin parece que Espadas, con la inestimable ayuda de Antonio Muñoz y del resto del equipo ya sin el abogado de Marchena a bordo, le ha cogido el tranquillo al Ayuntamiento y al palomar y ha empezado a meterle goles al también alcalde de Sevilla, el pluriempleado y confiado Zoido de los 20 concejales. Camarón que se duerme…. Espadas y sus galácticos independientes se han apuntado ante la opinión pública un doble tanto a domicilio al revelar el enchufismo en los talleres de Distrito y los 150.000 euros de sueldo que, para que el hombre llegue a final de mes en esta ciudad con más de 83.000 parados, le ha puesto Zoido al gerente de Fibes, amén de una directora de Operaciones (término éste de cuya existencia nos enteramos en la Expo, con Francisco Rueda mandando en la sombra) para que le cubra las espaldas cuando se vaya de tournée. Azorín dijo de Ignacio Agustí tras ‘Mariona Rebull’ aquello de “tenemos novelista”. Ahora, tras los dos éxitos de Espadas, bien podemos decir “habemus Oposición”.

Imprecisiones

Los Antonios (Pulido, presidente de Cajasol; Muñoz, portavoz adjunto del PSOE) descalifican el informe del Icomos sobre la torre Pelli basándose en sus “imprecisiones” por decir que dista 600 metros de la Giralda en vez de 1.600. Se ve que se trata de una errata u omisión atribuible a los famosos duendes de la imprenta. Ya puestos, veamos “imprecisiones” de los paladines del rascacielos. ¿Cómo cuando se pide la licencia de obras al Ayuntamiento se valora el proyecto a la baja en 130 millones de euros pero públicamente Deloitte hincha la cifra hasta los 353 millones? ¿Cómo se dice que genera 2.000 empleos directos y luego en la radio el más listo de los ingenieros los rebaja a tan sólo 600? ¿Y cómo fuentes cercanas a Cajasol dicen que por cada día que la obra estuviera parada se perderían 8 millones de euros? En tal caso, no poner un ladrillo en mes y medio valdría más que lo que según Deloitte costaría construir las 43 plantas del rascacielos.  ¿Quién, pues,  es más “impreciso”, Icomos o Cajasol? Algunos se agarran a las erratas como a un clavo ardiendo.