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Libertad y proteccionismo

A principios de diciembre, la patronal del comercio sevillano, Aprocom, con el apoyo del Ayuntamiento y de la CES, consiguió una de sus recientes reivindicaciones: que el Consejo Andaluz de Comercio ampliara a todo el casco histórico la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), a efectos de horarios comerciales en diversos periodos temporales desde 2015 a 2018, año en el que se evaluarán los efectos de la medida.

La delimitación de estas ZGAT responde, según el Gobierno andaluz, a la imposición que establecen varias normativas del Gobierno central en la materia, sobre las que la Junta de Andalucía ha presentado dos recursos ante el Tribunal Constitucional, por entender que invaden competencias exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía sobre regulación y ordenación del sector comercial, entre otros motivos.

En el caso de la capital hispalense, los períodos de ZGAT serán Semana Santa (desde Domingo de Ramos al Sábado Santo, ambos incluidos), así como el domingo anterior a esta celebración y los dos domingos siguientes a la misma.

El área incluida en esta declaración es el casco antiguo, delimitado por  Glorieta Los Marineros, Avenida María Luisa, Glorieta de San Diego, Avenida El Cid, Plaza Don Juan de Austria, Avenida Menéndez Pelayo, Calle Recaredo, Calle María Auxiliadora, Ronda de Capuchinos, Calle Muñoz León, Calle Parlamento de Andalucía, Calle Resolana, Calle Torneo, Calle Arjona, Paseo Cristóbal Colón y Paseo de las Delicias.

GIRO COPERNICANO

La declaración de la ZGAT sólo afecta a los establecimientos que actualmente no tengan autorización de apertura, ya que, una vez reconocida como tal, estos comercios podrán abrir sin limitación alguna durante los periodos establecidos. En este sentido, la Ley autonómica fija plena libertad para los locales de menos de 300 metros cuadrados, tiendas de conveniencia y establecimientos de estaciones y aeropuertos, entre otros.

La presión en el seno de la patronal por parte del sector agrupado en la entidad Alcentro ha provocado un giro copernicano de la posición oficial de Aprocom, ahora favorable a la flexibilización de horarios para todos y en todo el casco antiguo en nombre de la libertad de mercado, cuando hasta hace dos años defendía justamente lo contrario.

Así, el entonces presidente, José Cañete, recordaba que la normativa vigente permite ya al pequeño comerciante libertad “absoluta” para abrir “cuando quiera”. Y su sucesor en el cargo, Tomás González, apostillaba: “La ley permite al pequeño comercio con superficie inferior a 300 metros abrir ya los 365 días del año y las 24 horas del día, y si no usan esta posibilidad eso significa que no es necesario”. Y añadía: “No es el momento de abordar la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística para el centro a efectos de horarios comerciales. Hay muchos argumentos que demuestran que es inviable. El consumo es el que es y no aumentará por abrir más horas. Para reactivar el consumo, la única solución es recuperar los microcréditos, para que los clientes compren a plazos, pero eso depende de los bancos”.

EFECTO LLAMADA

Los comerciantes del Centro han inclinado la balanza a su favor con el argumento añadido de que la autorización a abrir durante los festivos previos a la Semana Santa y la Feria a todos los comercios supone que abran también los establecimientos de más de 300 m2, como los grandes almacenes, y que éstos harán de locomotoras para atraer al casco histórico una gran afluencia de público, con lo que así también los pequeños y medianos comercios tradicionales podrán beneficiarse de su efecto de arrastre.

Así pues, el mensaje ha consistido en argumentar que aunque los establecimientos de menos de 300 m2 (la inmensa mayoría) pueden abrir las 24 horas del día durante los 365 días del año, no lo hacen porque en esos días festivos carecen de público comprador y necesitan del estímulo de las grandes firmas y superficies mercantiles con su poder de convocatoria.

CERRADOS POR EL PUENTE

La gran paradoja es que en el puente de la Constitución el centro de la ciudad, según reflejaron todas las crónicas periodísticas y los datos oficiales de ocupación hotelera (94%), estuvo a rebosar de nativos y de turistas pero que el pequeño y mediano comercios no abrió ni el día 6 ni el día 7 de diciembre y sólo lo hizo, en su seguidismo habitual, el 8, cuando las grandes firmas tenían permiso para abrir dentro de su limitado cupo anual y ya los visitantes preparaban las maletas para irse o se estaban yendo.

Quienes se beneficiaron de la avalancha turística fueron los hosteleros (bares y restaurantes), cuyas ventas, según el alcalde, se incrementaron en un 10% en esos días.

El Ayuntamiento adelantó el encendido del alumbrado de Navidad, en que ha gastado 447.750  euros, al jueves 4 de diciembre con el declarado fin de darle más ambiente y animación al Centro de la ciudad, pero ni siquiera ese sobreesfuerzo presupuestario municipal para llevar público al casco antiguo fue aprovechado por el comercio tradicional, que dio una vez más muestra de su miopía y de su espíritu de contradicción.

En nombre de la libertad de mercado se pide flexibilidad de horarios para todos, grandes y pequeños, con el fin de conseguir público al que vender,  pero cuando el público acude de forma masiva como ocurrió el 6 y 7 de diciembre, el comercio cerró sus puertas.

FIN DE LA MORATORIA

El discurso de la libertad se troca en un canto al proteccionismo por los mismos protagonistas cuando ven que se acerca el 31 de diciembre y vence la moratoria de 20 años dada en 1994 por el Gobierno socialista de entonces, con Borrel como ministro de Fomento, para que el comercio se adaptara a la ley de Arrendamientos Urbanos, una moratoria gracias a la cual buena parte de los comerciantes han pagado hasta ahora los llamados alquileres antiguos. Han tenido unas condiciones ventajosísimas, de las que no se han podido beneficiar el resto de los sectores económicos ni los ciudadanos que vivían y viven de alquiler y a los que les han subido año tras año la renta en función de las condiciones del mercado. Quienes vivían en el centro y no ha podido pagar las rentas exigidas han tenido que irse a los barrios o a otra parte, sin que a nadie le importara.

Aprocom invoca la libertad de mercado para que no se impongan restricciones horarias ni limitaciones de apertura en festivos, pero quiere ahora el proteccionismo del Gobierno y de la Junta de Andalucía para no pagar alquileres conforme a esa misma libertad de mercado. Y la Consejería de Turismo y Comercio la secunda al exigir a Rajoy una prórroga de diez años más para que los comerciantes tengan tiempo suficiente para adaptarse a los precios actuales.

VACAS GORDAS

¿Es que veinte años no ha sido un periodo suficiente? ¿Qué sector de la economía ha gozado del privilegio de una moratoria de 20 años con los precios de las naves industriales, de las oficinas o del suelo congelados para darles tiempo a prepararse para competir en un escenario sin proteccionismo? ¿Se les ha dado acaso una moratoria a los productores e inversores en las energías renovables con  el recorte de primas? ¿A las constructoras, inmobiliarias o  a cualquier sector afectado por el cambio de ciclo económico?

El comercio sabía desde 1994 que en 2014 acababa la moratoria. Ha gozado de la época dorada de la economía española hasta el año 2008, cuando estalló la crisis (seis años de vacas flacas frente a catorce de vacas gordas), años dorados en que los propietarios de locales bien situados no podían alquilarlos a grandes cadenas a precios sin parangón por tenerlos ocupados por sus inquilinos de renta antigua.

DESPREOCUPACIÓN

En todo ese tiempo, los comerciantes tradicionales pudieron haberse preocupado y negociado con los propietarios una actualización progresiva de los alquileres; invertido en la compra de locales alternativos cuando había abundancia de liquidez y créditos bancarios con bajos tipos de interés; modernizado sus prácticas mercantiles (desde centros comerciales abiertos hasta el envío gratuito del género a domicilio para competir con el comercio electrónico y paliar la falta de aparcamientos en el Centro), y adoptado otras medidas preventivas y paliativas, pero ha estado a verlas venir, esperando a que, una vez más, se acuda en su rescate desde las Administraciones con otra moratoria de diez años (serían 30 acumulados) y presentándose como víctimas de la especulación inmobiliaria.

El comercio tradicional, en vez de aprender a competir en pie de igualdad y de saber explotar sus factores diferenciales frente a la impersonalidad de las grandes cadenas, pretende pagar alquileres a los precios de 1994 pero repercute al público en sus mercancías precios de 2014.

Campana

Entre dos poderes fácticos de la ciudad, los comerciantes del Centro y el Consejo General de Hermandades y Cofradías, Zoido se decantó esta vez por los capillitas cuando, según confesó ingenuamente Amidea Navarro, decidió cambiar este verano los tradicionales adoquines de la Campana sólo porque aquéllos se quejaron de que algún desnivel dificultaba el racheo de los costaleros. Atendiendo el dicho de “tus deseos son órdenes para mí”, el alcalde se ha gastado 80.000 euros en cabrear a Aprocom y complacer al Consejo cambiando los adoquines de toda la vida, bastante pasables (¿y no habría bastado y resultado más barato con arreglar el desnivel?), por otros foráneos que como chupan el gasóleo que sueltan los autobuses y la grasa del tráfico pues ya parece que llevan allí desde siempre, de sucios que están. Y, sin embargo, a pocos metros, el asfalto de Alfonso XII está carcomido y lleno de baches, sin que la calle se arregle. Será que la Hermandad del Silencio, haciendo honor a su nombre, los soporta con resignación cristiana y no ha formulado aún queja alguna.

 

Estratégico

El gobierno de Zoido llevó a Pleno del Ayuntamiento una ristra de nuevas modificaciones presupuestarias, ésas que cuando el PP estaba en la oposición tanto criticaba a Monteseirín, habitual de dicha práctica, al que como mínimo acusaba de gobernar a golpe de improvisaciones. Llaman la atención los 150.000 euros de subvención concedida a Aprocom con el pretexto de una supuesta promesa de Sevilla Global, liquidada por Zoido con el argumento de que era un chiringuito de Torrijos para colocar enchufados de IU. O sea, que si Sevilla Global le daba, un poner, subvenciones a Cuba, pues era un chiringuito de la izquierda, pero si las comprometió con los comerciantes, los intocables de Elliot Ness de Zoido, entonces es como palabra sagrada que no hay más remedio que cumplir. Para sacar la pasta del Presupuesto han tenido que detraer 52.500 euros destinados originalmente a subvencionar y premiar empresas y sectores estratégicos, de lo que se infiere que lo único absolutamente estratégico para el PP es complacer a Aprocom, su socio de gobierno en la sombra.

 

Hernando Colón

No sólo en el PSOE hay una corriente oficialista y otra crítica que le lleva la contraria, aunque con el tiempo se van turnando y trocándose en lo opuesto a lo que eran para así no aburrirse, sino que también en Aprocom pasa lo mismo. En todos lados cuecen habas.  La doctrina oficial de la Asociación Provincial de Comerciantes es que los coches deben entrar hasta la cocina, pero hete aquí que ha surgido una rama disidente: los comerciantes de Hernando Colón que, hartos de CO2, exigen con vehemencia al Ayuntamiento que su calle sea peatonalizada. En la bulla se ha colado, con todo el oportunismo del mundo, Monteseirín, el cual les ha mostrado su apoyo en Twitter después de que, como le han replicado los afectados, en su época de (sin) alcalde tanto él como Fran Fernández rechazaran sus pretensiones, él, que pasaba por ser el campeón de las peatonalizaciones. No sólo no peatonalizó Hernando Colón, sino que acabó convirtiéndola en una calle Baños bis, la calle de salida de buena parte de los coches que circulan por el Centro. Si no queríais Baños, dos tazas.

El edil Nº 21

Los relucientes pivotes de diseño bajo las ‘setas’ de la Encarnación han sido desplazados para que el espacio así recortado a los peatones lo ganen los vehículos y, en especial, los autobuses. Lo más llamativo es que la medida se ha adoptado no porque la pidiera la Delegación de Movilidad o Tussam, sino Aprocom. Voy a tener que darle la razón a Espadas cuando se hace la clásica pregunta de la Roma antigua: “qui prodest? (¿a quién beneficia?”. Sí, porque buena parte de las decisiones del gobierno local del PP  benefician en último extremo a los comerciantes del Centro, desde la eliminación del Plan ídem de tráfico hasta la reinstauración de los autobuses a la Encarnación, el Duque y la Magdalena, pasando por el gasto de 300.000 euros en flores de Pascua para exornar las plazas y calles del Casco Antiguo. Alien era el octavo pasajero; Aprocom parece el concejal número 21 de Zoido, con más poder que los otros 20 porque gobierna desde la sombra. Si en el Betis de antaño era “lo que diga don Manué”, en la Sevilla de hogaño se hace “lo que diga don José. (Cañete)”.

No por mi calle

Un dicho popular inglés dice ‘pero no en mi patio trasero’, en alusión a que los apoyos que se brindan a cualquier tema genérico se tornan de inmediato en oposición cuando obligan a la implicación personal o afectan a los intereses particulares de las supuestas personas solidarias. Los comerciantes del Centro achacan todos sus males a las peatonalizaciones, la limitación de acceso al tráfico impuesta (de mentirijillas) por Monteseirín y la falta de autobuses y de Metro. Ha llegado Zoido, ha empezado a hablarse de implantar líneas de microbuses eléctricos como alternativa al derogado Plan Centro e ‘ipso facto’ los comerciantes de O’Donnell han dicho que los buses de Tussam crucen por cualquier sitio, pero no por su calle. Osea, que han dejado a Aprocom sin argumentario por esta rebelión en plan ‘Boston Tea Party’ de la movilidad. Como ven, pese a ser O’Donnell un patriota irlandés, allí se rigen por el mismo principio de los ingleses y, además, no quieren que, con el paso de  microbuses, les consideren el patio trasero de las calles Rioja, Tetuán y Velázquez.

A plena luz

Calles del Centro como Tetuán cuentan con alumbrado especial aunque Torrijos las había excluido del plan municipal con tal de  fastidiar a Aprocom. Se publica que la AIE que dirige Marchena  apoquinará 30.000 euros, pese a la quiebra de Tussam y Lipasam,  para que no ocurra como el año pasado, cuando el Centro se salvó ‘in extremis’ de quedarse sin luces de Navidad. Sin novedad en el frente. Pocos saben que el Ayuntamiento ya pagó, imputándolo a otras partidas o mediante el consorcio municipal, el alumbrado en 2009, camuflado como parte de un aniversario en la Fleet Street local de quienes no podían permitirse tal alarde por sus deudas multimillonarias y sus EREs encubiertos. La estratagema preveía que el camuflaje de este año lo asumiera el otro medio marchenero con la coartada de su traslado de sede, luego abortado por la crisis. Como a Monteseirín lo defenestraron mediante el teletipo de Europa Press, que no el de las amapolas, ya da igual todo y el Consistorio no necesita de sus lacayos externos. Lo que ayer hizo bajo cuerda hoy puede hacerlo a plena luz.

Saliente

En Economía se dice “descontado por el mercado” cuando éste no reacciona ante una noticia porque, previéndola, ya se había anticipado a ella. A escala local, el mercado ya había descontado mucho antes de que lo anunciara Griñán por el teletipo de Europa Press que Monteseirín no iba a seguir de alcalde, porque  cuando las empresas se interesaban por sus nuevos  proyectos emblemáticos iban luego a hablar con Zoido para sondearle sobre si llegado a la Alcaldía tumbaría las obras anunciadas por Alfredo, como éste  tumbó el edificio de Moneo en el Prado promovido por doña Sole. Ahora, con motivo de la polémica sobre la cantidad y ubicación de la (s)  estación (es) de Metro en el Centro, el comercio sevillano le ha dicho públicamente a Monteseirín que “no enrede más con este asunto porque es un alcalde saliente”. Para Aprocom, el  (sin) es un cero a la izquierda –bueno, Alfredo lo que quiere son ceros a la derecha como precio por su salida- y lo que cuenta es la opinión de Espadas. El mercado, además de saliente, quiere ver en Monteseirín un alcalde silente.

¿Hubo 11.000 vírgenes?

A raíz de las muchas novelas con el sexo como tema, Jardiel Poncela publicó una disparatada obra: “Pero….¿hubo alguna vez 11.000 vírgenes?”. La recuerdo cada vez que se dan grandes cifras: las  tragamos sin cuestionarlas y con el tiempo se convierten en tópicos, como el millón de feriantes en el Real, equivalentes a meter toda Sevilla y casi media más en el campo de Los Remedios. Últimos ejemplos. Se publica que se han perdido por las obras municipales 14.000 empleos en el comercio, pese a que Aprocom “sólo” cuantifica 190 tiendas cerradas. De ser cierto, cada comercio emplearía una media de 73 personas. Salvo en los grandes almacenes –ninguno ha cerrado-, ¿han visto  73 dependientes en una  tienda?. Otra más: se dice que con la nueva esclusa el Puerto pasará de 18.000 a 26.000 empleos. ¿Cómo contabilizamos, por ejemplo, a los operarios de los depósitos del combustible? ¿En el sector energético o en el portuario? Y los 13.754 empleados en Cartuja, ¿lo son de sus empresas o de Cartuja-93? Aquí aún seguimos dándoles vueltas a los mismos moros de Queipo.

El que no se mueve, sale en la foto….de la Policía

El Ayuntamiento, tal como vimos anteriormente, se ha escudado en la crisis para reasignar partidas presupuestarias de elevado contenido social y Monteseirín ha llegado a amenazar con suprimir la prestación de servicios municipales por la falta de dinero. Faltan recursos para otras cosas pero no para seguir alimentando la televisión marchenera del alcalde o para comprar PDA ‘Blackberry’ de última generación a fin de que  la Policía Municipal pueda multiplicar el número de multas de tráfico y agilizar su tramitación de forma que se cobren cuanto antes. Contrasta esta preocupación del gobierno local por dotar con la última tecnología en materia de comunicaciones a los agentes con las frecuentes quejas de éstos por la falta de equipamiento básico. Por no tener, los uniformes de los policías de Tráfico no tenían ni bolsillos.

Ahora, sin embargo, Monteseirín no ha escatimado en gastos para que los sevillanos comprueben en sus propias faltriqueras la eficacia del sistema telemático de sanciones por aparcar en doble fila. Al coche ‘ponemultas’ se ha unido un comando especial de la Policía Local equipado con móviles que han costado unos mil euros cada uno y que están complementados con miniimpresoras con las que los agentes pueden imprimir ‘in situ’ la multa que colocan sobre el parabrisas del automóvil. Todo está pensado para imponer el mayor número de sanciones en el menor tiempo posible: la firma del policía ya está digitalizada en el teléfono; al teclear el número de la matrícula, el sistema identifica ‘ipso facto’ al titular del coche; mediante una cámara de fotos incorporada, se capta una instantánea del vehículo como prueba añadida….El agente, si quiere, no tiene ni que pararse a cumplimentar formularios de denuncia. Le basta con fotografiar todo coche infractor que se le ponga a tiro, cuantos más mejor, y luego volcar la información tranquilamente en un despacho. Incluso se omite el procedimiento de la notificación al conductor y se publica de inmediato la sanción en el Boletín Oficial de la Provincia: infinidad de sevillanos ignoran que han sido sancionados y que sus nombres han pasado a engrosar las páginas del BOP.

Con sólo cinco multas que imponga un policía por aparcamiento en doble fila, el Ayuntamiento ya ha amortizado el coste de una ‘Blackberry’ de última generación. Y a fe que está amortizando los aparatos. A pasos agigantados. La previsión de ingresos por multas era de 4 millones de euros para todo el año. En agosto, el Consistorio ya había recaudado 11 millones. El ejercicio puede cerrarse con más de 16 millones de euros en las arcas de la Hacienda municipal.

Atrapados en la ratonera

Los automovilistas sevillanos se han convertido en fácil carne de cañón para un Ayuntamiento que, sin dar alternativas previamente,  ha declarado la guerra al coche privado mediante la continua ampliación de calles peatonales, por una parte, y la supresión de numerosas plazas de aparcamiento en superficie debido a la implantación del carril-bici. Aparcar en Sevilla se ha convertido en una odisea por el efecto añadido de las 300 obras simultáneas decretadas por Monteseirín, con lo que otras tantas calles están cortadas con vallas y alambradas.¿Dónde se meten los coches, cuyos dueños pagan el sello de tráfico a la corporación municipal?

En diciembre de 2004, el Consistorio aprobó en Pleno un plan para construir 67 parkings subterráneos desperdigados por toda la ciudad y con una inversión superior a los 350 millones de euros. Cinco años después, el grado de cumplimiento de esta promesa municipal es mínimo, pero Monteseirín ya ha proclamado que no hacen falta más aparcamientos porque los sevillanos “no tienen cultura de pagar por aparcar”. El alcalde ha utilizado una estadística de los empresarios de parkings rotatorios según la cual éstos están desocupados el 55% de las horas del día. Los comerciantes de Aprocom replican que si los parkings existentes no se llenan es porque no facilitan a los ciudadanos que lleguen a donde tienen que llegar. Con la crisis económica como trasfondo en una ciudad con un 18% de parados y una renta per cápita inferior a la media nacional, el automovilista sevillano ya es que se las ve y se las desea hasta para aparcar en doble fila: las obras no le dejan espacio; carece de parkings alternativos, no se puede permitir continuos desembolsos en los rotatorios y es acosado por el ‘ponemultas’ y el ‘comando Blackberry’ de la Policía Local.

Vista gorda

El furor sancionador de la Policía Local ha llegado a tales extremos que hasta el comité de empresa de Tussam la acusa de multar “de forma indiscriminada” a los conductores de los autobuses municipales y le pide que tenga en cuenta atenuantes  como “las circunstancias del tráfico, la ocupación de las vías y las dimensiones de los vehículos, sobre todo los articulados”.

¿Acaso no podría invocar los mismos atenuantes cualquier automovilista sevillano? Por más que el comité diga que en ningún caso pretende quedar exento de cumplir las normas de la circulación, la mera emisión del comunicado ya es un intento de obtener un trato de favor.

Y mientras tanto, la sección del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme)  ha denunciado que un número indeterminado de patrulleros de la Policía sevillana circula con la ITV caducada porque el Ayuntamiento no tramitó las citas a tiempo.

¿Se multará la Policía Local a sí misma por infringir la ley o se hará la vista gorda?

Ustedes, ¿qué creen?