El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, abogó el mismo día en que las inundaciones en Écija afectaban a 3.000 hogares por que se fueran adoptando las medidas necesarias que eviten en un futuro su repetición en la paradójicamente conocida como ‘ciudad del sol’ y ‘la sartén de Andalucía’.
Cabe preguntarse ante quién abogará Valderas, ya que el Estado transfirió a la Junta el 26 de marzo de 1984 las competencias sobre programación, aprobación y tramitación de inversiones e infraestructuras de interés en materia de encauzamiento y defensa de márgenes de áreas urbanas.
Así pues, la Junta ha tenido 29 años para resolver al menos una de las dos causas de las inundaciones en la ciudad astigitana, el desvío y nuevo encauzamiento del soterrado arroyo Argamasilla. Y, sin embargo, tanto el Gobierno autónomo como el central y sus organismos han pasado la mayor parte del tiempo haciendo estudios y más estudios sobre la obviedad de que Écija y numerosos municipios andaluces se inundan históricamente cuando llueve incluso no en exceso.
En 1975 ya se había elaborado un inventario de los puntos negros de los cauces en todo el país.
En 1983, la Comisión Técnica de Emergencia por Inundaciones realizó un informe general sobre el problema.
Por la misma época en que el Estado transfirió las competencias a la Junta, el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo realizó nuevos estudios, tras los cuales concluyó que la densidad territorial de inundaciones históricas registradas en Andalucía en los últimos 500 años había sido un 62% mayor que la nacional, y un 111% mayores las pérdidas per cápita por dicha causa.
Año 1985. La Comisión Nacional de Protección Civil redactó un estudio de inundaciones históricas, mapas de riesgos potenciales y acciones para prevenir los daños causados.
Posteriormente se encuestó a todos los ayuntamientos de Andalucía para obtener una nueva estimación oficial de la incidencia de las inundaciones en los núcleos urbanos.
Toda esta serie de estudios, informes y sondeos no sirvieron para evitar que en diciembre de 1997 una crecida del río Genil inundara un tercio del casco urbano de Écija y uno de sus mayores polígonos industriales, obligara al desalojo de unas mil personas de sus hogares y causara daños valorados en 12.000 millones de pesetas (72 millones de euros).
La respuesta de la Junta de Andalucía a la catástrofe fue….. encargar otro estudio de carácter general sobre el problema de las inundaciones urbanas en la comunidad autónoma, que fue concluido al año siguiente.
La Administración central tampoco se quedó atrás. El Ministerio de Medio Ambiente dedicó un amplio capítulo a las inundaciones en el Libro Blanco del Agua en España, por las mismas fechas. Un año más tarde, el Instituto Geológico y Minero empezó a publicar de forma anual informes sobre catástrofes naturales, inundaciones incluidas. A esa tendencia se sumó también el Senado y, por pura lógica, las Confederaciones Hidrográficas presentes en Andalucía, por entonces únicamente las del Guadalquivir y del Sur.
Con tal bagaje de información, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó en marzo de 1998 la formulación de lo que se denominó Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones, con la finalidad declarada de “constituir el marco de coordinación e intervención en la materia y de prevenir y minimizar los riesgos y daños por inundaciones en los núcleos urbanos andaluces”.
Tres años más tarde, con motivo de la aprobación del Plan Hidrológico Nacional hubo que reestructurar el Plan andaluz de Prevención, sin que la situación hubiera variado en Écija y en otros municipios andaluces.
Todavía hubo que esperar un año más para que el 2 de julio de 2002 la Junta de Andalucía diera por aprobado definitivamente el Plan de Prevención, dieciocho años después de asumidas las competencias transferidas por el Estado. En el documento se identificaron los puntos negros por inundación en toda la región, figurando Écija por partida doble, debido a las amenazas del Genil y del Argamasilla.
Se incorporó una previsión de inversiones para acabar con el problema en toda la comunidad, inversiones que se debían repartir las diferentes Administraciones en dos grandes períodos, 2002-2006 y 2007-2015, con un total de 347 millones de euros en el primero y de casi 888 en el segundo. En total, 1.235 millones, de los que el Estado aportaría casi 675; la Junta, 431,5; los ayuntamientos, 128,6 millones. ¿Se ha cumplido esta programación?
El Plan no sirvió de mucho para Écija, ya que ocho años después de su aprobación, en diciembre de 2010, el Genil y el Argamasilla inundaron de nuevo un tercio del casco urbano y el polígono industrial ‘El Limero’. El agua del Genil, con un caudal que superaba los 1.100 m3/seg. llegó a los 7,4 metros de altura, hubo que evacuar a mil astigitanos y a los enfermos del hospital y recurrir, como en estos días, a la Unidad Militar de Emergencias. En los primeros días se habló de al menos 18 millones de euros en pérdidas.
La inundación se repitió tres veces, y hasta la tercera no apareció Griñán, que la achacó a lluvias sin precedentes, cuando el récord histórico de pluviosidad (unos 160 litros/m2) databa realmente de tres años antes.
Las obras de desvío del Argamasilla, presupuestadas por la Junta y que debieron acabarse en abril de 2012, llevan paradas casi un año y Écija ha vuelto a inundarse. En 29 años con las competencias transferidas, la Junta ha sido incapaz de acabar con las riadas en la ciudad del sol. ¿Cuántas inundaciones más necesitará?
