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Castreño se irá de Aussa si el Pleno no modifica su estatus

La presidenta del Consejo de Administración de la empresa de mayoría municipal (51% a través de Tussam) Aussa, Carmen Castreño, ha anunciado ante el CESS que si el Pleno del Ayuntamiento no resuelve la “anómala” situación actual de la compañía según un dictamen del secretario del Consistorio, ella no continuará al frente de la misma.

Carmen Castreño, también delegada de Economía y presidenta del Pleno municipal, ha comparecido junto al director-gerente de Aussa, José Carlos Cabaleiro, ante la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), a petición del máximo órgano consultivo del Ayuntamiento en materia económica, que estaba interesado en conocer de forma directa por la titular de la empresa especializada en la gestión de aparcamientos si el Consistorio piensa privatizarla o no.

Según ha podido saber Viva Sevilla en fuentes del CESS, Carmen Castreño se mantuvo en una posición de indefinición;  se remitió al informe del secretario municipal sobre la situación “anómala” y de presunta ilegalidad en que se hallaría la compañía por haber extendido sus actuaciones fuera de la ciudad y cuya única solución sería la venta de las acciones propiedad del Consistorio; y culpó de la situación creada a gobiernos anteriores al de Espadas, el cual ha heredado este problema y ahora se ve obligado a buscarle una solución.

La presidenta de Aussa calificó el periodo actual de la compañía como “de transición” hacia un nuevo modelo que deberá surgir tras el acuerdo que sobre su futuro adopte el Pleno del Ayuntamiento, aún sin fecha. Castreño, no obstante, dejó claro en varias ocasiones que si el Pleno decide mantener el status actual de la compañía (y, por tanto, no privatizarla), ella renunciará a su cargo, ya que el informe del secretario especifica que el mantenimiento de esa situación podría derivar en la exigencia de responsabilidad a los representantes del Ayuntamiento en el Consejo de Administración.

Por su parte, el director-gerente, José Carlos Cabaleiro, expresó ante el CESS que él está al servicio de toda la empresa y no sólo del 49% del capital privado, que ostenta Cointer,  filial de Azvi; reconoció el buen estado financiero de la sociedad y aseveró que queda fuera de su ámbito referirse a las decisiones que pudieran adoptar los accionistas.

EXIGENCIA

La Comisión Permanente del CESS ha solicitado a la presidenta y al gerente de Aussa mucha más información sobre esta sociedad de mayoría pública, como la remisión de los acuerdos que adopte su Consejo de Administración, con el fin de hacerle un seguimiento y ver su evolución. Asimismo, el CESS ha expresado su deseo de que se mejore la información que ofrece la empresa, tanto a través de su página web como del portal de Transparencia del Ayuntamiento, ya que, por ejemplo, hasta ahora es imposible acceder a sus estatutos.

La citación de los máximos responsables de Aussa puede ser la primera de una ronda que proyecta el CESS con los directivos de todas las empresas y organismos autónomos del Ayuntamiento, tras los que aquél se plantearía la posibilidad de elaborar informes de seguimiento para cada uno de ellos. Ampliaría así su campo de actuación, hasta ahora limitado prácticamente a los informes previos a las Ordenanzas Fiscales y al Presupuesto municipal.

El CESS fuerza la comparecencia de Castreño sobre el futuro de Aussa

La presidenta del Consejo de Administración de Aussa, Carmen Castreño, y el director-gerente José Carlos Cabaleiro, deberán comparecer  ante el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) para dar explicaciones sobre el supuesto plan inicial del gobierno de Espadas de privatizar esta empresa participada de forma mayoritaria por el Ayuntamiento a través de Tussam, amparándose para ello en un dictamen del secretario municipal.

La comparecencia de los máximos responsables de Aussa se produce a petición de diversos miembros del CESS y tendrá lugar ante la Comisión Permanente del organismo asesor del Consistorio en materia económica, compuesta por nueve miembros: la presidenta (Milagro Martín López); dos vicepresidentes (cargos ostentados por representantes de la Confederación de Empresarios y de UGT); y seis vocales (tres por la patronal, dos de Comisiones Obreras, uno de UGT, uno de Facua, uno de Cepes y otro de las asociaciones de vecinos).

Representantes de CCOO y UGT, FACUA, UCA-UCE, Híspalis y la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos han venido trabajando desde el pasado verano para que la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla SA (Aussa) continúe siendo pública.

Estas organizaciones han mantenido contactos con responsables de los grupos municipales de IU, Participa y Ciudadanos en el Ayuntamiento.

El secretario de Relaciones Institucionales de CCOO, Miguel Ángel Santos, que ha representado al sindicato en las reuniones, ha destacado la “amplísima coincidencia de planteamientos y la total sintonía tanto con IU como con Participa Sevilla”. Según el sindicalista, “ambos grupos municipales nos han trasladado su claro posicionamiento a favor de que Aussa siga siendo pública y se han mostrado dispuestos a sumar los esfuerzos necesarios para evitar la privatización”.

Asimismo, Santos ha subrayado que “los tres grupos municipales con los que hemos mantenido contactos nos han trasladado su preocupación por el empleo”.

En cuanto al encuentro con el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, el sindicalista ha explicado que “se han mostrado partidarios de estudiar las vías legales oportunas para garantizar el empleo y buscar una solución al problema que está sobre la mesa y a la privatización”.

El secretario de Relaciones Institucionales explica que desde CCOO y las demás organizaciones que están encabezando la iniciativa para que Aussa siga siendo pública “estimamos que hay que buscar una solución legal a los problemas que se han generado en los últimos años, pero consideramos que esa solución en ningún momento debe pasar por la privatización, sino por su mantenimiento como empresa pública”.

Según Santos, “Aussa es clave dentro de la estrategia de movilidad de la capital, y para eso fue concebida. Además, es una empresa con un buen potencial de empleo en una ciudad muy lastrada por el paro y ha generado beneficios en los últimos ejercicios económicos por lo que no entenderíamos que pasara a capital privado en vez de seguir siendo mayoritariamente de los sevillanos y las sevillanas”.

POR CONSENSO

Antes de las vacaciones de verano, el alcalde negó que la privatización de la compañía estuviera sobre la mesa y afirmó que la decisión sobre su futuro se adoptará con el máximo consenso y conforme a los informes de los altos funcionarios municipales. Según Espadas, los informes del secretario y del interventor versaron sobre unas cuestiones que se tenían que haber realizado durante el mandato de Zoido pero que no se hicieron, como era la ratificación por el Pleno de la aprobación de los concursos fuera de la ciudad en que participa Aussa para la gestión de aparcamientos subterráneos, que habrían contado únicamente con la ratificación de su Consejo de Administración pero no por el máximo órgano de la Corporación municipal.

El alcalde ha dicho que hay que ser conscientes de que existe un problema por no hacer las cosas bien, ya que a juicio del secretario y del interventor las decisiones adoptadas por Aussa no han gozado de la pertinente cobertura legal, pero que su gobierno no tomará una decisión definitiva hasta sopesar todos los pros y contras.

Aussa: el color del cristal

 

Tres informes jurídicos contradicen los del secretario y el interventor sobre Aussa

La privatización sería una hipotética solución entre cuatro al falso problema del ámbito territorial

 

El gobierno de Espadas ha provocado una polémica sobre la posible privatización de la empresa Aussa al mostrarse proclive (véase la intervención de Carmen Castreño en el último debate del curso político en Ondaluz Tv) a la venta de sus acciones como forma de solucionar las actuaciones de presunta ilegalidad en que habría incurrido  y del riesgo financiero que indirectamente supondrían para el Ayuntamiento en cuanto accionista mayoritario a través de Tussam (51% de las acciones), según informes del secretario y del interventor municipales.

La naturaleza jurídica y el rol de la antigua Aparcamientos Urbanos de Sevilla S.A (que ahora se ha cambiado el nombre por el de Aparcamientos Urbanos Servicios y Sistemas) son enormemente controvertidos y han sido objeto de interpretaciones contrarias a las que sostienen los altos funcionarios del Consistorio.

Recordemos, en palabras del secretario municipal, que el Pleno del Ayuntamiento acordó el 23-XII-1997, con Soledad Becerril de alcaldesa, establecer la gestión indirecta como método de gestión y construcción de los aparcamientos de El Arenal, José Laguillo y Pino Montano (todos en la ciudad), así como el estacionamiento regulado en la vía pública.

La fórmula elegida fue la constitución de una sociedad mercantil integrada por la empresa municipal de transporte Tussam (que acabó teniendo la mayoría del capital, con el 51%) y participada por capital privado (actualmente Cointer, una filial de la constructora sevillana Azvi, con el 49%). En resumen, una empresa mercantil de economía mixta  o capital público-privado.

 

SÓLO EN SEVILLA O NO

 

Según el secretario y el interventor, por su objeto social y por su condición de medio propio del Ayuntamiento, Aussa tendría que limitarse a la construcción y explotación de aparcamientos que le sean adjudicados por el Consistorio sevillano y en Sevilla.

Como en Derecho todo es interpretable, un informe elaborado por el despacho de Olivencia y Ballester sostiene lo contrario: Aussa no es un medio propio del Ayuntamiento, ya que su capital no es 100% municipal, y como sociedad mercantil sujeta al Derecho privado está habilitada, conforme a sus estatutos sociales, a abrir sucursales en otras ciudades y competir con otros operadores para adjudicarse por concesión administrativa la explotación de otros aparcamientos.

Llama la atención que en el artículo 3º de los estatutos de la empresa sólo el punto 1º está referido a aquellos aparcamientos en Sevilla que inicialmente motivaron su creación  (Arenal, José Laguillo y Pino Montano) y que se diga que también estará en su objeto social la “explotación y en su caso construcción de aparcamientos en superficie o subterráneos que en el futuro puedan serle adjudicados por el Ayuntamiento de Sevilla”.

Con esto habría sido más que suficiente para dejar constancia de la voluntad del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam de que Aussa no saliera nunca de nuestro término municipal.

Sin embargo, este artículo tiene un total de nueve puntos de redacción genérica y que no pueden interpretarse como centrados exclusivamente en Sevilla. Al añadirse al primero abrirían la puerta a lo que acabó pasando posteriormente: la expansión de la compañía fuera de la ciudad. Así, el punto sexto habla de “el control y explotación de zonas de aparcamiento regulado en superficie, y el segundo párrafo del artículo noveno, de que  “las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la sociedad, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otras sociedades con objeto análogo”.

 

CÁCERES Y CHICLANA

 

Según el secretario municipal, Luis Enrique Flores, los problemas surgen a partir del año 2007, cuando Aussa, al perder su condición de medio propio del Ayuntamiento de Sevilla (Olivencia y Ballester sostienen que nunca tuvo esa condición) y con el objetivo de asegurar su viabilidad, ya que no podía depender exclusivamente de los encargos del Consistorio sevillano, comienza a participar en licitaciones y a obtener adjudicaciones de contratos fuera del ámbito territorial de Sevilla y adjudicados por poderes distintos de nuestro Ayuntamiento.

O sea, que quien crea el supuesto problema es Monteseirín, alcalde por aquel entonces. Y resulta sorprendente que el secretario, que era entonces el mismo que ahora, haya tardado nueve años en alertar sobre la presunta actuación irregular/ilegal de Aussa.

Y eso que en el año 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Cáceres negó a Aussa capacidad para operar fuera del término municipal hispalense (¿les suena?) y de presentarse a concursos para la gestión de servicios dependientes de otros ayuntamientos. Aussa se había presentado en UTE con Aristos para el concurso de la zona azul de la ciudad extremeña, pero su participación fue impugnada tanto por otras compañías como por la patronal del sector (Asociación Española de Aparcamientos y Garajes, ASESGA), lo que motivó su exclusión.

Aussa recurrió, perdió el pleito en primera instancia y dos años más tarde hubo que retrotraer las actuaciones al principio porque el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le dio la razón a la empresa sevillana pese al fallo inicial en su contra y que iba en línea con las tesis del secretario y del interventor del Ayuntamiento sevillano.

Por otra parte, a finales del año 2013 se reunió la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Chiclana para adjudicar la explotación de la zona azul, pero a la vista de que una de las ofertas era de Aussa, que “reviste la forma societaria de sociedad de economía mixta local constituida a iniciativa del Ayuntamiento de Sevilla para la gestión indirecta del servicio público de gestión, explotación y construcción de aparcamientos en superficie y subterráneos reflejado en su objeto social (….) se acordó la emisión de informe jurídico sobre la admisión de dicha sociedad”.

El informe jurídico decía, entre otros aspectos, lo siguiente: “Del tenor de los estatutos sociales no se desprende que el alcance de su capacidad de obrar se limite al área territorial de la ciudad de Sevilla, a excepción de la actividad contemplada en el apartado 1 del artículo 3 de los mismos”. Y concluía que no había causa para excluir a Aussa.

Así pues, frente a la interpretación restrictiva del secretario y del interventor (dos), hemos hallado tres que sostienen lo contrario: el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, el bufete de Olivencia y Ballester y el Ayuntamiento de Chiclana.

 

CUATRO OPCIONES

¿Qué queda del supuesto problema? Dice el secretario que las operaciones mercantiles de Aussa suponen un riesgo financiero que puede poner en peligro el propio servicio público municipal, y todo ello sin que el Pleno del Ayuntamiento las haya autorizado. Suponen un riesgo pero también pueden suponer un beneficio, ¿no?. De hecho Aussa obtiene resultados positivos año tras año. Hace siete, cuando se aprobó su Plan Estratégico con el beneplácito del Ayuntamiento como accionista mayoritario a través de Tussam y en el que se preveía lo que ha estado haciendo (expansión primero por Andalucía y luego al resto de España), sus activos estaban valorados en 12 millones de euros. ¿Cuánto valen hoy después de todas las concesiones que ha conseguido?

 

El secretario, que durante siete años no dijo ni mú y que ahora de repente advierte sobre presuntas irregularidades/ilegalidades, propone para resolver el supuesto problema cuatro opciones:

  1. Que el Pleno ratifique las acciones realizadas, algo que le parece inviable pero que choca con las interpretaciones en sentido contrario. ¿Por qué no las puede ratificar?
  2. Mantener la situación en los términos actuales pero que, a su juicio, podrían derivar en responsabilidad de los representantes del capital municipal. ¿Y no hay riesgo similar por operaciones que se hagan en Tussam, Emasesa, Lipasam, Emvisesa… y también en otras empresas municipales de “segundo grado” como Copero Solar, Tussoenergía y hasta la Corporación de Empresas Municipales? ¿Por qué el secretario sólo ve riesgo en Aussa y no en las demás sociedades municipales?
  3. Reconducir la actividad de la empresa a los términos estrictos de su objeto social Sigue basándose en su particular interpretación, negada por otras instancias, de que Aussa sólo puede operar en Sevilla.
  4. Vender la participación de Tussam, o sea la privatización, que el gobierno considera como única salida (¿?) pero que el mismo secretario reconoce problemática por la existencia de un posible derecho de veto de los accionistas privados. Bien, ¿y por qué hay que privatizar Aussa, que es rentable, y el secretario no ha planteado la privatización de Copero Solar o Tussoenergía, por ejemplo?

Vemos, pues, que la privatización es sólo una de las cuatro opciones y que todas se basan en una interpretación discutible del secretario y del interventor, opuesta a la de otras instancias que se han tenido que pronunciar jurídicamente en la realidad, como el TSJEx y el Ayuntamiento de Chiclana, y teóricamente como Olivencia y Ballester.

Si Aussa ha actuado como una ínsula Barataria cabe pensar que el Ayuntamiento no controla realmente la empresa a través de Tussam. Por tanto, el problema de fondo ya no es ni Aussa ni Tussam, sino la falta de autoridad del gobierno municipal.

 

Espadas deberá pagar otro pleito heredado y suma ya 18 millones de euros

El Ayuntamiento es condenado a abonar 521.501 euros a Aussa por el parking del Arenal

 

La filial de Tussam exigía cuatro indemnizaciones por un valor superior a los 2,6 millones de euros

El gobierno está afrontando cada mes un coste judicial promedio de 1,6 millones por pleitos antiguos

 

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 ha estimado parcialmente un recurso interpuesto por la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa) y ha condenado al Ayuntamiento a pagarle una indemnización de 521.501,89 euros por un conflicto que data del año 2009, con Monteseirín de alcalde. Con esta nueva sentencia judicial contraria, Espadas debe afrontar ya el pago de más de 18 millones de euros por pleitos perdidos y que datan de gobiernos anteriores.

Aussa, sociedad participada de forma mayoritaria por Tussam (el otro socio es el grupo Azvi), podría decirse que es una empresa municipal de segundo grado, pero esa afinidad con el Ayuntamiento no ha sido óbice, ni mucho menos, para que no lo llevara a los tribunales, disconforme con la decisión de la Junta de Gobierno de fecha 12 de marzo de 2009 (último mandato de Monteseirín) de declarar caducada la concesión que le otorgó el 10 de septiembre de 1998 (último mandato de Soledad Becerril) para explotar el aparcamiento del Arenal.

La empresa de estacionamientos exigía cuatro indemnizaciones:

 

  1. Recibió el aparcamiento de manos del Consistorio y a través de Tussam el 26 de febrero de 1999, pero estaba en tan mal estado que tuvo que realizar obras de acondicionamiento y mejora durante un total de once meses, con un coste de 529.501,89 euros, cantidad que reclamó ante los tribunales un decenio después.

 

     2)  La fecha de explotación expiraba el 11 de febrero de 2009, pero a juicio de Aussa debió ampliarse por la necesidad de realizar durante esos once meses los trabajos de acondicionamiento. Por ese acortamiento del período de explotación exigía una indemnización de al menos 221.760,84 euros.

3) La sociedad constituida por Tussam y Cointer (grupo Azvi) se vio sorprendida desagradablemente por la decisión del Ayuntamiento de autorizar la construcción, a 50 metros de su estacionamiento del Arenal, de otro aparcamiento subterráneo, concretamente en el Paseo de Colón, cuya explotación fue concedida al grupo Sando. La consecuencia inmediata fue que el nivel de ocupación de sus plazas de garaje descendió a la mitad, lo que a su vez supuso una merma del 50% en los ingresos. Por esa ruptura del equilibrio económico financiero, Aussa exigió al Consistorio una indemnización de 1.695.469,65 euros.

4) Dos años antes de que expirara el contrato, el Ayuntamiento le impuso las tarifas por minuto, con lo cual además de la reducción de ingresos que le provocó esta decisión a su juicio unilateral también tuvo que comprar nuevas máquinas expendedoras de ticket, que le costaron 57.209,69 euros. Entre una cosa y otra, estimó un perjuicio de 109.143,10 euros.

En cada capítulo Aussa pedía ese mínimo o incluso más, amén del abono de los intereses de demora por el tiempo transcurrido.

INDEMNIZACIÓN GLOBAL

En total, pues, Aussa pedía una indemnización por valor superior a los 2,6 millones de euros (la cuantía del recurso quedó fijada en 2.613.085,17 euros, aunque no era el resultado exacto de la suma de las peticiones parciales).

Sin embargo, al cabo de siete años el Juzgado sólo ha estimado la primera de las reclamaciones, por considerar que el objeto social de Aussa es la explotación de aparcamientos y no su construcción o adecuación, a lo que se vio obligada durante casi un año por el pésimo estado de las instalaciones del Arenal.

Desestima el resto de exigencias porque ya el Ayuntamiento amplió en un año la concesión de la explotación del recinto y porque Aussa debe competir en un mercado que está sujeto a todo tipo de cambios, desde la entrada de nuevos competidores hasta modificaciones en la normativa, y no puede pretender que se le garantice la ganancia de unas cantidades fijas. Está sujeta al mismo riesgo que el resto de empresas mercantiles.

Pese a que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar sólo el 20% de la indemnización global exigida por Aussa, ha decidido interponer un recurso de apelación.

Con esta nueva sentencia negativa por causa de pleitos heredados de anteriores corporaciones, el gobierno de Espadas, sin tener arte ni parte en ninguno de ellos, ha visto cómo, de promedio, cada mes de estos once que lleva rigiendo los destinos de la ciudad le ha caído un fallo judicial negativo encima, a un coste promedio también de 1.654.135 euros y por un total de 18.195.487,86 euros. A este paso, Espadas va a necesitar un Presupuesto aparte, sólo para abonar las sentencias que se van dictando en contra del Ayuntamiento.

De los once fallos negativos, a uno por mes, siete provienen de pleitos contra los gobiernos de Monteseirín, tres por el mandato de Zoido y uno se remonta a la época de Rojas Marcos, por la expropiación del edificio Laredo en vísperas de la Exposición Universal de 1992.

 

Complicarse la vida (con la zona azul)

El gobierno municipal presidido por Juan Ignacio Zoido se ha empeñado en complicarse la vida a tan sólo diez meses de las elecciones municipales tocándole el bolsillo a cada vez mayor número de sevillanos y por ello, siguiendo la tradición por estas fechas de las Administraciones Públicas, ha aprovechado el verano para aprobar, sin comunicarlo a la opinión pública hasta que no lo destapó la oposición, la ampliación de la ampliación de la zona azul a once calles más de tres sectores distintos (Luis Montoto, Viapol y Pirotecnia). Son un total de 144 plazas que se unen a las más de 7.000 que ya provocaron rebeliones vecinales en Bami y Nervión, fundamentalmente.

La nueva ampliación fue acordada mediante una resolución firmada el pasado 30 de junio por el delegado de Movilidad, Juan Bueno, y comunicada a la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que se celebró el 4 de julio. En ninguna de las dos fechas se difundió ninguna información al respecto a la opinión pública, pese a tratarse de un asunto de indudable interés ciudadano, dado que se trata de once calles que en algunos casos son muy transitadas y en las que se registra una intensa circulación de vehículos: Eduardo Dato, San Alonso Orozco, José de la Cámara, Trovador, Padre Luque, Ciudad de Ronda, Diego de Riaño, Avenida Carlos V, Doctor Gabriel Sánchez de la Cuesta, Plaza Aviador Ruiz de Alda y Doctor José María Bedoya.

Curiosamente, el gobierno local sí se esforzó en la víspera de la celebración de aquella Junta de Gobierno, incluso con una rueda de prensa del alcalde y del delegado de Urbanismo, de anunciar la aprobación al día siguiente del inicio de los trámites para recalificar la zona portuaria donde pretende instalarse el proyecto Sevilla Park, aunque sin ofrecer tampoco el dato sustancial de que se trata de un macrocomplejo comercial de 65.000 m2 y procurando que toda la atención se concentrara en un Auditorio para eventos musicales y deportivos que no es más que la guinda del pastel.

EXPLICACIONES ‘A POSTERIORI’

Sólo después de que el martes, cuatro días después de celebrada la Junta de Gobierno, el portavoz socialista, Juan Espadas, informara en rueda de prensa de que habían sido incluidas once calles más en la lista de las declaradas con estacionamiento regulado en superficie sin que hubiera mediado difusión pública por parte del gobierno municipal, el delegado de Movilidad se vio obligado a dar estas explicaciones:

1) No ha habido oscurantismo: “El oscurantismo -afirmó- no existe hoy en día. Pertenece a épocas pasadas en las que el PSOE gobernaba con IU en el Ayuntamiento. Entonces sí que había muchas cosas oscuras”.

2) Se ha aprobado esta medida porque lo han pedido los vecinos. En este sentido puso de ejemplo las 90 plazas creadas entre San Alonso Orozco y Plaza Aviador Ruiz de Alda por petición expresa de los presidentes de comunidades de propietarios, que, según dijo, se dirigieron al Distrito para beneficiarse del abono de residentes.

3) La medida, además, la permite el pliego de condiciones, que en estimación del delegado de Movilidad faculta a corregir al alza o a la baja un 10% del total de las plazas existentes.

PUBLICIDAD PREVIA

Veamos, pues, qué dice realmente el pliego de condiciones del concurso para la zona azul. Así, el artículo 14 especifica: “El adjudicatario (o sea, la empresa municipal en segunda instancia Aussa) deberá efectuar una campaña de publicidad con un mes de antelación como mínimo a la instauración de los nuevos sectores, a la puesta en marcha de los nuevos expendedores, así como a cualquier modificación de las zonas reguladas mediante edición de folletos informativos y anuncios en medios y soportes de forma que quede garantizada su amplia difusión”.

Así pues, cualquier modificación obliga a realizar una campaña publicitaria previa con un mes de antelación, pero en este caso no se ha realizado campaña alguna, pese a lo cual el delegado niega que se haya producido oscurantismo.

En cuanto a la corrección del 10% al alza o a la baja en el número de plazas de aparcamiento en la zona azul, curiosamente tanto el delegado como la oposición hacen una interpretación similar de ese margen de maniobra, que está tratado en el pliego en tres artículos distintos, con este tenor:

-El adjudicatario ( o sea, Aussa) no tendrá derecho a ninguna reclamación por desequilibrio económico por errores en el número de plazas computadas, tanto al alza como a la baja, hasta el 10% del número total consignado.

-(…) el concesionario no tendrá derecho a contraprestación y no se considerará que produce desequilibrio económico hasta un 10% de reducción de plazas respecto al número de plazas de la licitación.

-El concesionario deberá admitir una modificación del número total de horas de los 10 años del contrato del 10%, sin que ello sea causa de desequilibrio económico.

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO

Se observa que estos tres puntos se refieren esencialmente a que la empresa concesionaria del servicio no podrá alegar desequilibrio económico para ser indemnizada en caso de que las plazas se reduzcan, por cualquier causa en un 10% Y parece difícil que reclame por que  le aumenten el número de plazas en ese porcentaje si con ello se van a incrementar sus posibilidades de facturación en forma equivalente.

El delegado toma el rábano por las hojas cuando se habla de errores al alza o a la baja, pero, atención, de errores (se presupone que involuntarios) en el cómputo de plazas, no como consecuencia de una decisión política de ampliación, como ha sido este caso. Estos puntos, además, van en el sentido de una reducción en las plazas de la zona azul, no en el contrario de una ampliación.

Juan Bueno sí podría haber invocado no esos puntos, sino el artículo 3.3, que faculta al Ayuntamiento a ampliar o reducir el servicio, pero por causas justificadas o de interés público, lo que le habría obligado a razonarlas, algo que tampoco ha hecho.

Su resolución incluye otra medida sorprendente en unos tiempos de crisis y de recortes en que las arcas públicas necesitan captar ingresos y en que la Hacienda municipal por cobrar, cobra hasta la tasa de basuras a los locales vacíos: los residentes pueden obtener el distintivo con derecho a bono de zona azul aunque no estén al corriente de pago del sello del coche. Se trata de un privilegio que la Delegación de Movilidad tampoco ha fundamentado y que va en detrimento de la ejemplaridad fiscal y caza de los morosos que preconiza y practica la Delegación de Hacienda con el resto de los sevillanos.

FIRMAS EN CONTRA

Tras conocerse esta resolución, una plataforma vecinal de Nervión ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento mil firmas en contra de la ampliación de la zona azul a sus calles, una actuación que debería poner en un brete al delegado de Movilidad, ya que si dice que el Ayuntamiento ha ampliado la zona azul a petición de presidentes de comunidades de propietarios, ¿qué debe hacer cuando hay mil vecinos que le piden lo contrario, que no la amplíe? ¿Valen má las peticiones de los que están a favor con tal de obtener un bono de aparcamiento de residente y aunque no paguen el sello del coche que quienes están en contra y sí pagan sus impuestos al Ayuntamiento?

La resolución del delegado de ampliar la zona azul se ha producido sin esperar al Defensor del Pueblo andaluz, cuya mediación y/o intervención habían pedido hace varias semanas los vecinos y trabajadores de Bami y Nervión afectados por la regulación del aparcamiento en superficie, y pese a que el alcalde se había mostrado conciliador y dispuesto a que se entablara un diálogo con los opositores a la ampliación de la zona azul.

Esta actitud dialogante no se compadece con una política previa y posterior de hechos consumados, en que no sólo no se congela la nueva zona azul, sino que se amplía a los pocos días aprovechando el éxodo ciudadano a las playas por el verano.  

 

Hacienda coloca al Consistorio en la tesitura de desprenderse de Aussa

Fija el 31 de marzo como límite para la venta de filiales participadas por terceros

Aussa, que gestiona la zona azul, es filial de Tussam pero participada por Azvi

El Ayuntamiento tratará de no vender con la tesis del control “exclusivo” de Tussam

 

La nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda sobre los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local coloca al Ayuntamiento de Sevilla ante la tesitura de verse obligado a vender la empresa de Aparcamientos Urbanos de Sevilla S. A. (Aussa), la filial de Tussam a través de la que controla y gestiona los  aparcamientos regulados en superficie (zona azul) de la ciudad.

El Ministerio de Hacienda dedica un apartado de su nota explicativa de 28 páginas de extensión sobre la Reforma Local, adelantada  por Viva Sevilla, a las entidades directamente dependientes de las entidades locales, o sea, las empresas municipales.

En este sentido, distingue las de primer nivel o propiedad al 100% de los ayuntamientos, como en el caso de Sevilla serían Tussam, Lipasam, Emasesa y Emvisesa, y las de segundo nivel, que dependen o están participadas por empresas englobadas en el primer grupo, como es el caso de Aussa, filial de Tussam.

Hacienda prohíbe, como norma general, que ninguna empresa municipal ya existente pueda constituir otra compañía, con independencia de la situación financiera en que se encuentre. En cuanto a las empresas ya existentes y participadas por sociedades municipales, distingue dos grandes grupos:

1) Las que estén controladas exclusivamente por entidades dependientes directamente de los ayuntamientos, o sea, aquellas en que una empresa municipal posea el 100% de las acciones.

2) Las empresas ya existentes pero que no estén controladas exclusivamente por empresas municipales, o sea, aquellas en las que hay otros accionistas que controlen una parte del capital social.

Según la nota aclaratoria de Hacienda, se deberá proceder a la transmisión de la participación en el capital social por parte de la empresa municipal en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley, un plazo que expira el 31 de marzo de 2014.

En esta situación se halla Aussa, cuya página web oficial reconoce que se trata de una sociedad mercantil integrada por Tussam (Ayuntamiento de Sevilla) y por Concesiones Intercontinentales (COINTER y grupo Azvi), con 15 años de experiencia en la gestión de aparcamientos públicos, en estacionamiento regulado y en servicio de retirada de vehículos de la vía pública, “destacando -especifica- la gestión de aparcamientos en grandes eventos (hasta 20.000 plazas)”.

No obstante, según fuentes municipales consultadas, el Ayuntamiento, para no desprenderse de Aussa, sostiene la interpretación de que forma parte de las empresas del primer grupo, las controladas en su gestión exclusivamente por entidades dependientes de la corporación municipal, a través de Tussam.

PLAN DE EXPANSIÓN

Aussa informa en su web de que en 2008 inició un plan de crecimiento y expansión geográfica desde Sevilla a otras ciudades de España, gracias a su capacidad de adaptación y a la aplicación de las últimas tecnologías, y que actualmente tiene presencia en las provincias de Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Salamanca y Madrid.

Recientemente, la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Sevilla decidió adjudicarle el contrato de la nueva zona azul de la ciudad a cambio del pago de un canon fijo anual de 1.521.094 euros, con un 12% variable y por un plazo de diez años prorrogables por dos más.

En el pliego de condiciones aparecía como cifra orientativa un número de 7.285 plazas, de las que 3.173 son de nueva creación, si bien su distribución está aún pendiente de acuerdo con los vecinos a través de los Distritos.

La clave está en el Diccionario
¿Qué significa la palabra ‘exclusivamente’? Del significado que se le atribuya al término puede depender el futuro de Aussa. Hacienda estipula que los ayuntamientos deben vender las empresas que no estén controladas exclusivamente por otras empresas municipales, pero no obliga a vender las que están controladas exclusivamente por una sociedad matriz de índole municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla, para no vender Aussa, interpreta que está controlada exclusivamente por Tussam. Según el Diccionario de la Academia, ‘exclusivamente’ significa en su segunda acepción “sola, únicamente”. Y la palabra ‘exclusivo’, en su segunda acepción, significa “único, solo, excluyendo a cualquier otro”. Pues bien, Tussam no está sola y únicamente en Aussa, sino con Azvi como socia y accionista.

Es más, es la propia Aussa la que emitió el 19 de noviembre de 2013 una nota de prensa con el siguiente título: ‘Grupo Azvi se adjudica,  a través de Aussa, la gestión de la Zona Azul de Sevilla’.

 

Zoido confirma la Disposición Adicional

para salvar la Zona Franca

 

El alcalde confirmó  la noticia de Viva Sevilla sobre la redacción de una Disposición Adicional para salvar de los efectos de la Reforma Local la Zona Franca, aunque para ello Zoido incurrió en una contradicción al sostener que con la legislación actual no hay ningún inconveniente para que el Ayuntamiento no pueda formar parte del consorcio de la misma. Si no hubiera ningún inconveniente, como pone de manifiesto la nota aclaratoria de Hacienda, no habría hecho falta la citada Disposición sobre la marcha.

El Grupo Popular en el Senado ha tenido que añadir una Disposición específica sobre zonas francas durante la tramitación del proyecto de leuy sobre Cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española. Con esta Disposición incorpora además otra (la número 23) a la ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas sobre el régimen patrimonial de los consorcios de zonas francas.

Zonal azul (2)

Como las coincidencias las carga el diablo, el Ayuntamiento ha tenido que atender a través del Servicio de Urgencias municipal que dirige la dama de hierro Asunción Fley un S.O.S. de Tussam y detraer casi 4,4 millones de euros del Presupuesto de la ciudad para pagarles las nóminas a los conductores de los autobuses a la misma vez, como habría dicho quien decirlo solía, que Aussa se comprometía a abonarle al Consistorio un canon anual de 1,5 millones por la explotación de la zona azul. Dado que Tussam tiene el 51% de las acciones de Aussa, en la teórica derrama societaria le correspondería desembolsar 765.000 euros. ¿Y cómo una empresa que no llega ni a fin de mes y necesita conectarse a la bombona de oxígeno de Plaza Nueva va a sacar para ese nuevo canon municipal? Para rizar el rizo de los despropósitos, ahora lo que faltaría sería que el gobierno de Zoido hiciera otra modificación del Presupuesto para aportarle a Tussam su parte alícuota en la adjudicación del concurso y pagarse a sí mismo a través de la empresa municipal de transportes el canon de la zona azul.

Zona azul

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por un juez llamado Juan Ignacio Zoido, es a su vez juez y parte en la empresa de aparcamientos urbanos Aussa, al poseer el 51% del capital social. Ahora, la Corporación municipal le ha adjudicado a Aussa, que es tanto como adjudicárselo a sí misma (para que luego hablen de la Fundación dedicada por Felipe González a la figura de Felipe González), el concurso de la nueva zona azul por un canon de 1,5 millones de euros, cuando había otra compañía, Dornier, que ofrecía 2,5 millones. Yo no es por señalar, pero caigo en la cuenta de que la juez Alaya investiga “el perjuicio del interés general” en el caso Mercasevilla porque la Gerencia de Urbanismo, que no era accionista ni nada de la empresa ganadora, tuvo la ocurrencia de adjudicarle los suelos de la lonja a Sanma, filial del Grupo Sando, por 106 millones de euros cuando había una oferta de Noga por valor de 158 millones. La diferencia entre la oferta de Sanma y de Noga era de un -49%; la existente entre la de Aussa y Dornier es de un -73,33%. A ver ahora cómo lo explica Zoido.

Fisura Zoido-Aprocom

El gobierno de Juan Ignacio Zoido ha sufrido en los últimos días dos reveses y una contrariedad en su política de tráfico: el rechazo de la Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a la modificación del PGOU para la construcción de sendos aparcamientos rotatorios en la Alameda de Hércules y el Prado de San Sebastián y la oposición de la Federación de Asociaciones de Pequeños Comerciantes de Sevilla y su Provincia (Aprocom) a otro estacionamiento en Luis Montoto.

En el caso de los parkings en la Alameda y el Prado, el Ayuntamiento puede volver a escudarse en el manido argumento de que la Junta boicotea sus proyectos por tratarse de una administración de distinto signo ideológico y gobernada por el líder de la oposición al presidente Griñán, o sea, el propio Zoido, pero lo más preocupante para el Consistorio es el rechazo de Aprocom y, por tanto, el fin de la luna de miel que venía manteniendo a lo largo del mandato con este poder fáctico de Sevilla.

IMPROVISACIÓN E IMPOSICIÓN

La oposición de Aprocom supone la primera fisura en el bloque social y económico que ha brindado su total apoyo hasta ahora al alcalde, el cual ha gobernado desde el principio atento a satisfacer los deseos de los comerciantes, los hosteleros y los hoteleros con medidas como éstas: la derogación del Plan Centro de tráfico, acorde con las tesis de los comerciantes de que las restricciones al vehículo privado  en el Casco Antiguo estaban provocando una disminución de clientes en sus tiendas; la implantación de líneas de autobuses que rindieran viaje en puntos neurálgicos para el comercio como las plazas del Duque y la Magdalena, pasando también por la Encarnación; la organización de la final de la Copa Davis en Sevilla; las proyecciones tridimensionales sobre la fachada de las Casas Consistoriales durante la Navidad y la profusión de luces en el alumbrado navideño del Centro; el proyecto del parking en la Alameda, pensado no para los residentes en el bulevar, sino para prestar servicio de apoyo al comercio aquende las estatuas de Hércules y Julio César, e incluso la eliminación del sentido único en la avenida Luis Montoto.

Las cañas se han tornado lanzas cuando al gobierno de Zoido se le ocurrió impulsar en paralelo al parking en la Alameda otros dos: uno en el Prado y otro en la mismísima Avenida de Luis Montoto, en concreto en el tramo entre Maese Farfán y Pilar. El presidente de los comerciantes de esta última zona, Agustín Rodríguez, desmintió con sus declaraciones el espíritu de diálogo y de consenso previo con los sectores afectados que, en contraste con la imposición del Plan Centro, pregonados por Zoido cuando se hallaba en la oposición, ya que a su juicio el alcalde ha pecado con este proyecto de improvisación y de falta de diálogo.

LEVANTADA POR OBRAS

Los comerciantes reprochan al alcalde que proyecte levantar de nuevo la calle, cuando hasta hace dos años estuvo cortada por obras de remodelación en que se gastaron casi 6 millones de euros y que provocaron, siempre según Aprocom, el cierre de 44 comercios. Sin apenas tiempo de recuperarse de aquel zafarrancho, Aprocom teme que el parking y las obras consiguientes supongan la puntilla para los comerciantes que a duras penas han sobrevivido al levantamiento anterior, el sentido único de Monteseirín y la crisis económica.

Por otra parte, la Junta ha desestimado las pretensiones del Ayuntamiento de construir sendos estacionamientos rotatorios en la Alameda y bajo la glorieta del Cid, en el Prado, mediante modificaciones puntuales del PGOU o addendas al mismo, para dar respuesta rápida a los nuevos proyectos municipales en vez de proceder a la revisión del Plan, un procedimiento mucho más lento pero también más coherente si Zoido quiere plasmar en un documento normativo su modelo de ciudad y su apuesta por el tráfico privado, en sentido contrario a las políticas de movilidad vigentes en las grandes urbes europeas.

En el caso de la Alameda, la Comisión de Patrimonio entiende que la modificación puntual altera el modelo de accesibilidad al Conjunto Histórico de Sevilla, máxime cuando ni siquiera se ha completado la red de aparcamientos en su corona que se preconiza en el PGOU vigente, redactado durante el mandato de Monteseirín.

En cuanto al aparcamiento rotatorio de 250 plazas en régimen de concesión administrativa durante 40 años proyectado en el Prado, la Comisión subraya que no está incluido en el sistema de aparcamientos del PGOU vigente, “por lo que se está alterando sustancialmente la ordenación definida en el mismo para el emplazamiento de los parkings públicos”.

PROYECCIÓN A 2020

La pregunta que cabe hacerse es si está justificada la construcción de más aparcamientos rotatorios en la actual coyuntura económica. El anteproyecto del Plan Municipal de Movilidad Urbana redactado por el Ayuntamiento parte de la estimación de que el tráfico privado no dejará de crecer en Sevilla y su área metropolitana en detrimento del transporte público; la consecuencia de ese análisis sería la necesidad de dar satisfacción a ese incremento mediante la creación de infraestructuras de acogida, o sea, más aparcamientos.

Para el Consistorio, debido a la crisis económica actual, se está retrasando ‘sine die’  la ejecución del Plan de Transporte Metropolitano, como prueban el aplazamiento del Metro, el tranvía de Alcalá de Guadaira, las plataformas reservadas y los intercambiadores, a lo que habría que añadir la reciente limitación de la oferta de autobuses del Consorcio Metropolitano de Transportes.

El escenario en el horizonte del año 2020 que prevé el Ayuntamiento de Sevilla es que los viajes en vehículo privado en la capital y su alfoz pasen de 1,25 millones diarios a 2 millones. Asimismo, constata que de los casi 40.000 viajes ‘motorizados’ diarios que actualmente se producen entre la corona metropolitana y Sevilla, sólo el 14% se realizan en transporte público; y dentro de la capital, el 31% del total.

EFECTOS DE LA CRISIS

Sin embargo, la crisis no sólo ha causado el retraso en la ampliación del Metro y en el resto de infraestructuras de transporte previstas, sino que también ha provocado menor circulación en las rondas, avenidas y calles de Sevilla desde 2009 a la fecha, con un descenso de varios millares de vehículos diarios. Así, al menos por ahora, la realidad va en sentido contrario al de las previsiones municipales: se usa cada vez menos el coche privado, tanto por la continua alza de los precios de los carburantes en plena crisis económica como por los 264.000 parados en el conjunto de la provincia y que, desgraciadamente, no tienen un trabajo al que desplazarse cada mañana.

También abunda en esta dirección la empresa municipal de aparcamientos urbanos Aussa (51% en manos de Tussam), que una semana antes de la Feria firmó un acuerdo  con los comerciantes de Aprocom  y de Alcentro por lo que éstos subvencionarán el aparcamiento en zona azul a los clientes del Centro, Arenal, Viapol y Los Remedios.

Aussa ha revelado que, según sus propios datos, de las 4.200 plazas de aparcamiento rotatorio existentes en Sevilla, un 15% están libres a diario. La conclusión es obvia: hay un exceso de oferta de 630 plazas para la demanda existente, pero el Ayuntamiento sigue empecinado en construir más parkings rotatorios en la Alameda, el Prado y Luis Montoto, algo que, al menos en este último caso, ni Aprocom comprende.

Todos multados en dos años

Aprovechando las vacaciones, el Ayuntamiento ha cambiado la disposición de las plazas de aparcamiento de la zona azul en Marqués de Paradas, por lo que los vehículos que antes aparcaban en cordón ahora deben hacerlo en batería. Pueden estacionar unos 60 coches más, con el consiguiente incremento de recaudación para la empresa municipal (Aussa) que gestiona la zona azul, pero a costa de ocupar uno de los carriles de esta arteria que canalizar el tráfico hacia Torneo, la Cartuja, el Aljarafe y Huelva y que ahora se queda con tres carriles en vez de cuatro.

Las consecuencias para el tráfico se apreciarán mejor en septiembre, con la ‘rentrée’, pero para la calculadora municipal no hay vuelta de hoja: 60 plazas más en esta zona azul significan 21.900 más al año, que en función de la rotación de los vehículos por tramos horarios se pueden multiplicar por cifras de hasta dos dígitos.

 

Aunque con la crisis el tráfico ha caído en Sevilla alrededor de un 30%, y el calor y las vacaciones dejan semidesiertas muchas calles, no es ésta la percepción de la Policía Local, que argumentando “la saturación de vehículos estacionados irregularmente”, según reveló Chema Rodríguez, está aprovechando el estío para aplicar un nuevo método de control y sanciones: batidas por cada distrito de dos grúas y un patrullero para actuar conjuntamente e ‘ipso facto’ en la imposición de la multa y la retirada del vehículo mal estacionado hasta el depósito municipal.

A estas medidas hay que añadir las adoptadas previamente a lo largo del año:

1) La compra de 140 ‘Blackberry’ de última generación, provistas de impresoras portátiles, conectadas con la base de datos del Ayuntamiento y de la DGT y dotadas de cámaras fotográficas de alta resolución. Con estos aparatos se multiplica la productivicad sancionadora de los policías locales, que ya no tienen que perder tiempo llamando a la emisora municipal para recabar datos de los coches. Los agentes teclean el número de la matrícula, les aparecen todos los datos del propietario, toman la foto del coche mal aparcado y hasta imprimen sobre la marcha la multa y dejan una copia en el parabrisas, o una pegatina en el suelo si interviene la grúa para retirarlo.

2) La adquisición, por 60.000 euros, de un segundo coche ‘ponemultas’ con el programa informático más avanzado del momento, con lo cual la Policía podrá tener dos vehículos de este tipo batiendo las calles de la ciudad y multando instantáneamente, ya que su sistema está conectado con las bases de datos. Pese a que por sus numerosas averías el primer coche ‘ponemultas’ estuvo fuera de servicio durante meses el año pasado, el vehículo puso él solo 28.816 sanciones, frente a las 110.593 de toda la plantilla de la Policía Municipal. Con dos coches a pleno rendimiento se puede sustituir a medio cuerpo policial o incrementar en al menos un 50% la imposición de sanciones.

3) Recuperación  de ocho cámaras de videovigilancia, distintas de las del Plan Centro, para instaurar el sistema de foto-control de semáforos en rojo y retratar a los vehículos que se los salten. Se instalarán en las vías de mayor circulación y, por lo tanto, con mayores posibilidades de multar a los infractores: Avenida de Carlos III, en la isla de la Cartuja (dos cámaras), Ronda del Tamarguillo (otras dos), Avenida Alcalde Luis Uruñuela (dos más), Kansas City y Avenida Alberto Jiménez Becerril.

4) Rescate de las cámaras del Plan centro para, con el refuerzo del coche ‘ponemultas’ y una grúa en exclusiva, vigilar la ampliación de la red del carril-bus, que se ha empezado por la Avenida Ramón y Cajal, y sancionar a los automovilistas que no respeten el vial reservado al transporte publico.

La consecuencia previsible de esta ofensiva ‘por tierra, mar y aire’ contra los infractores será el incremento de las multas de tráfico en Sevilla capital, que en los últimos años han registrado la siguiente evolución:

Año 2007: 111.009 multas.

Año 2008: 117.922

Año 2009: 173.213

Año 2010: 117.361

Año 2011: 160.785

 

Tan previsible es que hasta el Ayuntamiento de Zoido ha calculado un 42% más de ingresos por sanciones a los conductores, al pasar de los 17,7 millones de euros/año que contemplaba Monteseirín a 25,2 millones para 2012. A este dinero se le suma otra estimación de 1,2 millones por infracciones al resto de Ordenanzas Municipales, lo cual arroja una cifra total de 26,4 millones de euros. Para llegar a este objetivo, el Ayuntamiento necesita recaudar cada día una media de 72.328 euros en multas, a razón de 50 euros por minuto.

Las previsiones se van a superar con creces  si se tiene en cuenta que, a pesar de la huelga de ‘bolís caídos’ que mantuvo en primavera la Policía Municipal, entre enero y mayo se habían tramitado por todo tipo de infracciones 149.938 multas, a una media de 1.000 diarias. A este ritmo, Zoido multará a todos los sevillanos por cualquier motivo en sólo dos años, cuando llegue al ecuador de su mandato, y todavía tendrá ocasión de volver a multarlos en una segunda vuelta durante sus dos últimos años como alcalde.

Naturalmente, el Ayuntamiento niega cualquier afán recaudatorio por este zafarrancho de cámaras, ‘Blackberry’, coche ‘ponemultas’, grúas y patrullas policiales. Demetrio Cabello, el delegado de Movilidad, ha declarado que sólo cumple con su deber y que frente a la “ciudad sin ley del PSOE nosotros queremos una ciudad ordenada”.

Lo curioso en toda esta estadística es que en el primer cuatrimestre del año las multas a los ‘gorrillas’ habían caído en un 93,6%. ¿Acaso porque son insolventes?