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Un caso de espionaje en Minas de Riotinto

El diario ‘online’ El Confidencial publica en su edición del 7 de junio de 2012 una información con el título ‘La agencia que espió a López del Hierro ‘hackeó’ al CEO de Minas de Riotinto’, fechada en Barcelona y redactada por Antonio Fernández, que por su interés para los vecinos de la Cuenca Minera onubense transcribimos a continuación:

 

@Antonio Fernández. Barcelona 07/06/2012   (06:00h)

La trama de investigadores que traficaban con datos confidenciales pinchó el verano pasado el ordenador del consejero delegado de Minas Río Tinto (MRT), Carlos Estévez Ruiz de Castañeda, antes de que la empresa Emed Tartessus presentase una denuncia por estafa y falsedad contra él. Otro de los ordenadores intervenidos ilegalmente pertenecía a Miguel Ángel Ortega, director financiero. La empresa Vertex, la misma que espió a Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, en el restaurante Ten con Ten, fue la encargada de realizar los pinchazos, según los documentos que constan en el sumario de la Operación Pitiusa a los que ha tenido acceso El Confidencial.

El objetivo del espionaje era enterarse de los pasos que daba la cúpula de Minas Río Tinto y, para ello, necesitaban conocer los contenidos de los correos electrónicos recibidos y enviados por los directivos. “No me enteré de nada. Sólo hubo una cosa curiosa, pero fue en el verano de 2010. Alguien entró en la casa y se llevó mi ordenador personal y otros aparatos electrónicos, pero no le dimos importancia. Como consejero delegado de Minas de Río Tinto, no me di cuenta de ningún espionaje”, señala Carlos Estévez a El Confidencial.

El empresario señala que “si pincharon mi ordenador, lo más importante que se habrán llevado es el expediente enterito de los ERE falsos de Río Tinto, que me negué a firmar porque aquello era una chapuza. Ya no es que hubiera intrusos [personal ajeno a la empresa], que los había aunque fuesen pocos. Lo más grave es que pretendían dar coeficientes reductores por trabajos en la minería a personas que jamás habían bajado a un pozo. Estos coeficientes reductores se daban por las condiciones de trabajo insalubres de los mineros, pero pretendían aplicarlos a personal de oficinas o de administración. Por negarme a firmar los expedientes, tuve muchos problemas personales y políticos”.

El empresario reconoce que en el momento en que le fue pinchado el ordenador mantenía un pleito con Emed Tartessus. “No me extrañaría que hubiesen intervenido mi ordenador, porque alguna de la gente que trabaja para Emed no me inspira ninguna confianza y les creo capaces de cualquier cosa. Durante los últimos años, han ido a por mí personalmente, interponiendo muchas denuncias. No es que fuesen contra la empresa Río Tinto, sino que iban contra mí”, añade Estévez.

El propietario de Vertex, Juan Manuel Olivera, por su parte, dejaba entrever en las conversaciones intervenidas con orden judicial que había sido contratado para espiar a Carlos Estévez por una persona de la cúpula de Emed.

El litigio que Emed tenía con MRT venía de lejos. Esta última había vendido en el 2005 los terrenos donde se asientan las minas a la empresa Matesur Andévalo, que también está controlada por hombres de confianza de Carlos Estévez. En el 2007, Matesur cedió los terrenos a Emed Tartessus, pero la transferencia formal no se llegó a realizar, ya que la transmisión debe ejecutarse directamente por la Junta de Andalucía. El año pasado, la comisión liquidadora cerró un acuerdo con Rumbo 5.0 para la adquisición de los derechos mineros. Esta compañía es, a su vez, propietaria de parte de los terrenos. Pero para la operación no tuvieron en cuenta a Emed. Es más: en septiembre, directivos de Emed intentaron acceder a los terrenos en que se encuentran las balsas mineras pero no los dejaron entrar. A principios de 2012, finalmente, Emed interpuso una querella contra Carlos Estévez por estafa y falsedad.

Un hacker muy rico

En medio de esa batalla, se produjo la interceptación de los ordenadores de los directivos de MRT. Para llevar a cabo los pinchazos, Olivera recurrió a un antiguo compañero suyo de trabajo, Matías Bevilacqua, con fama de ser uno de los mejores expertos informáticos del sector de la investigación, lo que en lenguaje común y corriente se denomina hacker. Ambos habían coincidido en la empresa Cybex hasta hace pocos años. Bevilacqua llegó a ser responsable de I+D+i de esa empresa hasta que decidió independizarse y montar su propia compañía en Barcelona.

Durante los dos últimos años, Matías Bevilacqua trabajó varias veces para Olivera: se han encontrado cuatro transferencias de dinero por valor de 14.486 euros desde el año 2010 que salieron de una cuenta del dueño de Vertex hacia las cuentas del hacker.

Tras su detención, los agentes encontraron en poder de Bevilacqua unos 280.000 euros en efectivo. La justificación de Matías fue sorprendente: aseguro que procedía de fondos reservados del Ministerio de Defensa, ya que le habían contratado para desarrollar un sistema de interceptación de correos informáticos. No obstante, la cantidad incautada está ahora bajo control judicial. Este diario intentó, sin éxito, obtener la versión de los hechos de Bevilacqua, pero el hacker evitó ponerse al teléfono.

 

http://www.elconfidencial.com/espana/2012/06/07/la-agencia-que-espio-a-lopez-del-hierro-hackeo-el-pc-del-consejero-delegado-de-minas-rio-tinto-99513/

Oficinistas camuflados como mineros en Almagrera

El exdirector general de MRT dice que se hizo lo mismo en Riotinto, Aznalcóllar y Tharsis

Estévez  revela que la Junta sabía que la mina interior de Riotinto se cerró en 1987 y que  en el ERE figuró como abierta hasta 2001

Administrativos y personal que no trabajaba en el interior de la mina de Almagrera, sita en el término de Calañas (Huelva), fueron camuflados como mineros en el ERE que se pactó a mediados de diciembre de 2002 para poner fin a la actividad de la compañía. El exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, ha declarado que esta práctica fue habitual en el sector y que se hizo en Riotinto, Almagrera y Aznalcóllar.

La dirección de la empresa Minas de Almagrera, ubicada en Calañas (Huelva), alcanzó a mediados de diciembre de 2002 un acuerdo con el comité de empresa para la extinción de los contratos de los 324 empleados de la plantilla. El pacto preveía el paso del expediente de regulación de empleo que existía desde un año antes a otro de extinción. Según declaró entonces un responsable de UGT, esta medida era un requisito indispensable “para poder acogerse a las ayudas estatales y autonómicas que ambas Administraciones (Junta de Andalucía y Gobierno central) han puesto a disposición”.

El sindicato dijo tras el cierre del acuerdo que ya había enviado a la Seguridad Social la lista de los 324 trabajadores de la plantilla “para poder determinar cuántos de éstos podrán acogerse a las prejubilaciones; cuántos a las recolocaciones y cuántos a las indemnizaciones según prevé la legislación vigente”. El responsable de UGT también expresó su deseo de que “ningún trabajador se quede fuera de las ayudas”.

Fuentes conocedoras de aquel proceso han revelado ahora que en el ERE de Almagrera pasó lo mismo que en el de Riotinto: a los administrativos y otro personal les adjudicaron el mismo coeficiente que si hubieran trabajado en la mina subterránea, un 0,3.

PRÁCTICA HABITUAL

Por su parte, el exdirector general de Minas de Riotinto, Carlos Estévez, considera que el aumento de los coeficientes reductores en las prejubilaciones era habitual en la minería andaluza, y ha puesto como ejemplo de ello a Riotinto, Almagrera y Boliden (Aznalcóllar), si bien en su opinión no puede hablarse de ilegalidad..

Carlos EstévezEn unas declaraciones a ‘Viva Huelva’, Carlos Estévez dice que en el caso de Riotinto hubo dos concepciones enfrentadas. Por un lado, la empresa ofrecía una solución puente, que fue abortada por la Seguridad Social, dependiente del Gobierno central, y por el poco interés de las otras partes en esta solución. Y, por otro lado, los sindicatos y la Junta de Andalucía, que querían cerrar para siempre las minas.

Según Estévez, los sindicatos exigían una solución no traumática, sin un solo trabajador dejado sin amparo, por lo que el Gobierno autónomo y las centrales sindicales acordaron la siguiente solución, “con el visto bueno de Madrid”: los trabajadores de más de 65 años de edad compensada se iban directamente a la jubilación; los de más de 52 años de edad compensada iban a prejubilación a través de las correspondientes pólizas pagadas por la Junta de Andalucía; y a los de menos de 52 años de edad compensada se les ofrecía o bien una indemnización y el (subsidio) de paro o bien su entrada en una bolsa de trabajo que la Junta se comprometía a mantener activa hasta que encontraran un trabajo fijo.

FECHAS FALSEADAS

El exdirector general de MRT revela que para que el número de trabajadores con menos de 52 años de edad compensada fuera el menor posible se decidió aumentar al máximo los coeficientes reductores propios de la actividad minera “por los procedimientos que ya son de dominio público”. A su juicio, esta práctica ha sido usual en todos los EREs de empresas mineras en crisis y en nada diferente a lo hecho en la minería del carbón, en las minas de hierro de Granada y en las otras minas de la  Faja Pirítica, como Almagrera, Boliden y Filón Sur (Tharsis).

Estévez se extraña de que nadie haya dicho que las vidas laborales deben ser aprobadas por la Administración central: “Sin su consentimiento, las soluciones arbitradas no son viables”.

La empresa minera de Riotinto se negó a firmar los documentos del ERE porque, dice Estévez, “no podíamos aceptar sin incurrir en graves responsabilidades como gestores que la mina subterránea Pozo Alfredo había estado en funcionamiento hasta el año 2001, cuando en realidad su actividad cesó en 1987, y así constaba en los archivos de la Dirección General de Minas de la Junta”.

El cierre de la crisis de la minería en la Faja Pirítica del Suroeste habría costado a la Junta a principios de este siglo unos 120 millones de euros e implicó prejubilaciones de 1.300 mineros entre Riotinto, Almagrera, Aznalcóllar y  Tharsis (Nueva Tharsis y Filón Sur), financiadas al 50% por el Gobierno autonómico y el central.