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Adepa obliga a Urbanismo a partir de cero en parte del Conjunto Histórico

La ciudad de Sevilla conmemorará en 2017, o al menos se supone, el XXV aniversario de la Exposición Universal de 1992, pero es probable que no culmine para entonces el proceso iniciado aquel mismo año de redactar Planes Especiales de Protección para los 27 sectores o zonas en que se dividió su Conjunto Histórico, el más extenso de Europa. La ejecución de una sentencia del Tribunal Supremo favorable a la asociación conservacionista Adepa ha obligado a Urbanismo a desistir de seguir tramitando el Plan Especial del sector 7, que abarca la Catedral y su entorno, y la modificación del Catálogo del sector 1 ‘San Gil-Alameda’.

La Junta de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo, en sesiones celebradas el 11 de diciembre de 2015 y el 22 de enero de 2016, acordó, según se ha conocido ahora de forma oficial, desistir de seguir tramitando la modificación del Catálogo del Plan Especial de Protección del sector 1 San Gil-Alameda y de la tramitación del Plan Especial del sector 7 Catedral. Este último ya había sido incluso aprobado provisionalmente por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (documentación complementaria) el 21 de marzo de 2014 y se da la circunstancia de que es el último de los 27 Planes Especiales de Protección del Conjunto Histórico que queda pendiente desde la división de aquél por zonas hace veinticuatro años.

Estos desistimientos son la consecuencia de la victoria jurídica de la asociación conservacionista Adepa – primero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en 2009 y, después, ante el Tribunal Supremo (2013)-, que consiguió la anulación de una docena de artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que afectaban a tres sectores del Conjunto Histórico: Santa Catalina-Santiago, Encarnación y El Duque-El Salvador.

Según la sentencia del Tribunal Supremo, la ordenación prevista para estos sectores no es compatible con el régimen especial de protección establecido en la Ley de Patrimonio Histórico Español. En concreto, obras de reconstrucción y ampliación, elevaciones de altura y alteraciones de edificabilidad admitidas por el PGOU contravienen los artículos 20 y 21 de la Ley del Patrimonio, que debe prevalecer sobre la norma sevillana.

Posteriormente, Adepa solicitó la ejecución forzosa de la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que el 17 de marzo de 2014 el TSJA anuló los artículos correspondientes en dichos Planes Especiales de Protección. Tras este precedente, Urbanismo ha desistido de seguir tramitando el Plan del sector 7 Catedral en sus actuales determinaciones, por resultar contrarias al auto judicial, tendente a evitar obras de reconstrucción y ampliación, remontes, alteraciones de edificabilidad u otra clase de actuaciones contrarias a la ley nacional.

En cuanto a la modificación del Catálogo del Sector 1 San Gil-Alameda, la preceptiva exposición pública del documento ni siquiera llegó a producirse, al considerar la Gerencia que sus determinaciones podían ser igualmente contrarias al auto del TSJA en cumplimiento de la sentencia del Supremo.

EL PLAN CATEDRAL

En el Plan Especial de Protección del Sector Catedral del Conjunto Histórico se plantearon inicialmente varias actuaciones a desarrollar a través de Estudios de Detalle o Planes Especiales de Reforma Interior que no han estado exentas de polémica.

Así, se preveía la apertura del denominado ‘Pasaje de las Teresas’, un pasadizo subterráneo bajo el convento del mismo nombre en el barrio de Santa Cruz; la integración de las columnas romanas de la calle Mármoles en un espacio libre en el que se construiría un centro de interpretación de los restos arqueológicos; una intervención arqueológica en la iglesia de Santa Cruz y el Colegio San Isidoro para la delimitación definitiva de la muralla de la Judería; un Estudio de Detalle para el “registro peatonal” del área de la Plaza del Cabildo, con una “conexión puntual” con la calle Federico Sánchez Bedoya; la recomposición de la calle San Gregorio, para potenciar el reconocimiento de la muralla islámica y activar el espacio público levantando una nueva edificación como equipamiento cultural; la finalización del proceso de realineación de la calle Bamberg y la recomposición de la fachada de la calle Zaragoza de un edificio de la Junta de Andalucía (antigua Escuela de Artes y Oficios).

SAN GIL-ALAMEDA

La renuncia a seguir tramitando la modificación del Catálogo de San Gil-Alameda paraliza una descatalogación de edificios protegidos prevista por Urbanismo y para la que la Consejería de Cultura exigía una explicación caso por caso, su justificación de forma individualizada, conocer el estado de los inmuebles en el conjunto de las vías públicas y tener en cuenta si forman parte del entorno protegido de algún Bien de Interés Cultural.

Por otro lado, la Gerencia también proyectaba calificar diecisiete edificios de este sector con el grado de protección parcial 2D.

Autóctono

El Consorcio de Turismo invitó a 400 turoperadores holandeses a que vinieran a llevarse, según las crónicas, otra imagen de Sevilla distinta de la habitual, “en la que apenas hay hueco para otros monumentos que no sean la Giralda, el Alcázar o la Catedral”. Así que les asignaron  guías  y les dieron libertad  para que eligieran lo que quisieran conocer de la ‘otra’ Sevilla. ¿Por qué se interesaron? ¿Por la torre Pelli, que según sus fans iba a captar el exclusivo turismo de rascacielos? ¿Por las ‘setas’ de la Encarnación, que según Monteseirín iban a atraer hacia el norte del casco histórico los flujos turísticos de la Catedral y el Alcázar? La mayoría se decantaron por la Sevilla del 29, la del apogeo de la arquitectura regionalista, por ser autóctona y difícil de hallar en otra parte, y se sintieron impactados por la obra de Aníbal González. Por mucho que pese a quien pese, los holandeses están hartos de ver rascacielos como el cartujano y cubiertas tipo Metropol, como la de aquella gasolinera de Hamburgo, pero Plaza de España sólo hay una y está en Sevilla.

Año nuevo

Año nuevo, problemas viejos. El tiempo en Sevilla, al contrario que en la máxima latina, no parece que vuele, sino que marche en sentido inverso, hacia atrás. A la ocupación de edificios, ahora llamados ‘corralas’ como en Madrid, en demanda de una vivienda para los desahuciados o los que carecen de ella, se une el encierro de los trabajadores de la factoría Roca, de Alcalá de Guadaíra, en la catedral en protesta contra el proyectado cerrojazo a la fábrica. Esta pacífica toma del templo metropolitano por turnos de 40 obreros nos retrotrae treinta años en el tiempo, cuando eran tan frecuentes estas formas de protesta en las iglesias que inspiraron al gran Manuel Barrios una de sus obras más celebradas, ‘El encierro de San Serapio’, en la que un sacerdote que no se había visto en otra semejante debía afrontar la ocupación de su templo por unos obreros en conflicto laboral. Tanto éxito tuvo que hubo de ser repuesta en cartelera diez veces en el plazo de seis años. Por éso este 2013, más que un año nuevo semeja un año viejo que nos trae el aroma de lo ya vivido.

 

La factura de Santa Catalina

Como Zoido necesitaba que se dejara de hablar cuanto antes del fiasco de la ‘Operación Talento’, lanzó de inmediato una iniciativa que llama poderosamente la atención en un ayuntamiento acogido al Plan de Ajuste y que recorta dinero a la cultura pública (la ROSS, el Maestranza, los festivales…) y privada (las salas sevillanas): aportar un millón de euros a Santa Catalina, de cuya declaración como monumento nacional se cumplen 100 años, es propiedad de la Iglesia, lleva ocho años cerrada por amenaza de ruina y para cuya rehabilitación se precisan 3 millones.
El alcalde, raudo, ocupó espacio en los medios al filtrar la carta que ha escrito al nuevo consejero de Cultura, Luciano Alonso, para decirle que “algunos de los pilares se han hundido, con el consiguiente riesgo de derrumbe”. Zoido le ha pedido a la Junta que desembolse dinero para la iglesia con la tesis de que “todas las Administraciones tenemos que dar un paso al frente y, entre todos, salvar Santa Catalina”, porque, a su juicio, “es responsabilidad de los representantes públicos colaborar activamente en la conservación del legado patrimonial de Sevilla, con el fin de preservar para las generaciones futuras el disfrute de un templo histórico de la ciudad”.

Zoido parece ignorar que, según  la Ley 14/2007 de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, artículo 14, son los propietarios titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, quienes tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores; y, a estos efectos, la Consejería competente en materia de patrimonio histórico podrá asesorar sobre aquellas obras y actuaciones precisas para el cumplimiento del deber de conservación.
Por tanto, es obvio que, en cuanto propietaria de Santa Catalina, a quien le corresponde salvar el monumento nacional en riesgo de ruina desde hace ocho años es a la Iglesia hispalense y no a los contribuyentes, ni a través del Ayuntamiento ni de la Junta.
Aun así, cabe recordar que la recuperación de las cubiertas, sin la cual el templo gótico-mudéjar ya se habría desplomado, se debió a un acuerdo por el que hace cuatro años el Ayuntamiento comprometió el pago de 705.000 euros y la Junta de Andalucía, 403.650, estando aún pendientes de desembolso 270.000 y 90.000 euros, respectivamente.

LAMENTACIONES

El alcalde dona ahora un millón de euros más e insta a la Junta a que haga otro tanto, y una plataforma ciudadana convierte la fachada de Santa Catalina en un ‘muro de las lamentaciones’ donde los sevillanos puedan pegar sus quejas, oraciones y dibujos “a modo de lágrima o triste lamento –dice- de un atentado cultural que puede convertirse, si no se remedia, en irreversible”, porque los pilares se han hundido entre 6 y 8 centímetros y hasta el arquitecto conservador declara que “cabe la posibilidad de que amanezca y Santa Catalina se haya derrumbado”.
Bien, ¿y qué hace y ha hecho en estos ocho años su propietario, al que le corresponde el deber de conservación, y que no es otro que la Iglesia de Sevilla? ¿Deben desembolsar entre el Ayuntamiento y la Junta los 3 millones de euros para la restauración porque la Diócesis carece de fondos para mantener su patrimonio histórico artístico?

MINA DE ORO

Veamos. La Catedral, merced a las visitas turísticas, es una auténtica mina para la Iglesia local que, como promedio, recauda en torno a 6 millones de euros anualmente. En 2011 se registraron 1.448.255 visitas y estuvo a punto de batirse el récord de 2001 (1.453.305 turistas). A cuatro días escasos de que se terminara el año, el dinero ingresado ascendía a 7.844.082 euros, un 9,5% más que en 2010, de lo que se colige que entonces la recaudación ascendió a 7.098.894 euros.
Los ingresos generados por la Catedral tan sólo en 2010 y 2011 equivalen a casi cinco veces el presupuesto necesario para la restauración de Santa Catalina. Pero en vez de destinar partidas al centenario templo en riesgo de ruina, la Iglesia da prioridad a programas de la propia Catedral y que por no ser de extrema urgencia podrían esperar perfectamente.

Por ejemplo, en una actuación en el órgano se han gastado 300.000 euros.
Otros 300.000 euros se han destinado a levantar la solería de la Capilla Real, más que nada para tratar de confirmar alguna hipótesis previa del maestro mayor, Alfonso Jiménez, que a veces se comporta más como arqueólogo que como arquitecto.
Las obras proyectadas en la fachada que da a la calle Alemanes tienen un presupuesto inicial de 1.225.000 euros. La pared está enfoscada y puede aguantar como ha aguantado durante años, pero Alfonso Jiménez quiere saber qué hay detrás, y para ello ya ha realizado unas catas que indican que lo que hay es lo habitual: partes de ladrillo, partes de piedra y partes de adobe.
La inminente restauración del retablo mayor, ya acometida de forma integral por Arquillo en 1979 y revisado por Carmen Alvarez en 1994, por lo que tampoco es urgente gastarse 1,6 millones de euros mientras se cae el templo gótico-mudéjar.
Con estas actuaciones, la Iglesia demuestra de forma fehaciente que tiene dinero para salvar Santa Catalina pero que trata de endosarle la factura de su conservación a los contribuyentes,  ante lo cual la Junta puede recurrir al artículo 24 de la Ley del Patrimonio: enviarle un requerimiento para que, con carácter inmediato, restaure el templo o, en su defecto, rehabilitarlo el Gobierno andaluz con carácter subsidiario y enviar la cuenta al Palacio Arzobispal.

Farolas, bancos y catenarias

El sino de Zoido parece estar ligado al mobiliario urbano. Si preparó su asalto al Poder elevando a razón de estado desde el banco de Bellavista hasta la basura de El Vacie, ya como alcalde electo ha vuelto a situar en el centro de la escena política los elementos funcionales/decorativos de las plazas al anunciar su intención de retirar paulatinamente las  popularmente conocidas como farolas-ducha y bancos-Ikea que Monteseirín instaló en la Alfalfa, Pan y Pescadería por el proyecto de ‘La piel sensible’, eufemísticamente denominado de recuperación de estos espacios  cuando significó su completa transformación estética y un gasto global, incluyendo cambio del pavimento, superior a los 3 millones de euros.

El nuevo alcalde  cree hacerse eco de la opinión de gran parte de los sevillanos –sus veinte concejales avalan el refrendo mayoritario a sus postulados- al expresar su propósito de “recuperar la coherencia y la armonía en el casco histórico tras las improvisaciones” del gobierno PSOE-IU, por lo que repondrá las clásicas farolas fernandinas y los bancos de forja, bien cuando haya disponibilidad presupuestaria, bien cuando el deterioro de este mobiliario –muy acusado en el caso de los bancos de madera, material inapropiado para nuestro clima salvo que sea objeto de un mantenimiento continuo- así lo aconseje.

Según Zoido, en ningún caso se va a derrochar un solo euro, porque los elementos sustituidos se aprovecharán en otras zonas de la ciudad más acordes con su diseño vanguardista.

 

CASI 400.000 EUROS

 

 

Espadas, el líder de la Oposición, ha calificado el anuncio del nuevo alcalde de “despilfarro” porque a su juicio supone la sustitución de algo que no está en mal estado, cuando hay que atender otros asuntos más urgentes. Asimismo, ha criticado a Zoido por querer trasladar a otras zonas el mobiliario urbano que no le guste para el casco antiguo, con lo que está practicando una política “de escaparate”.

Las farolas y bancos objeto de esta controversia fueron instalados hace tan sólo cuatro años, pese a lo cual los segundos ya muestran evidentes señales de un acusado desgaste.

El gobierno saliente ha filtrado que sólo las 17 farolas-ducha y otros tantos bancos-Ikea en las tres plazas  costaron 390.000 euros, IVA incluido, un precio aparentemente excesivo para el escaso número de unidades adquiridas y su cuestionable calidad.

 

FAROLAS POR CATENARIAS

 

Espadas  ha olvidado la existencia de un precedente en la era de Monteseirín, el mismo que en otro de sus funambulismos políticos incumplió el rompedor proyecto de ‘La piel sensible’ cuando por miedo a las opiniones adversas que ya estaba suscitando la transformación de las plazas del centro decidió mantener la estética tradicional de la del Salvador.

En la primavera de 2008, Monteseirín, igualmente receptivo a las críticas por el impacto visual que causaban los rechonchos soportes en que se apoyaban las catenarias del tranvía a su paso por la Avenida, dio orden a Tussam de que los desmontara y sustituyera por unas farolas fernandinas  más altas de lo habitual y que merced a una ingeniosa idea del gerente, Carlos Arizaga, permitían el camuflaje de los cables del ‘Metrocentro’

El entonces vicepresidente de Tussam, Guillermo Gutiérrez, destacó que la empresa municipal de transportes había cumplido el mandato del alcalde “con mucha dificultad”, ya que “se ha tenido que reponer la cimentación en muchas de las farolas que ya lucen en este tramo (desde la Plaza Nueva hasta la catedral)”. Y añadió: “Desde el punto de vista estético hemos ganado bastante”.

Según Gutiérrez, los postes sustituidos se iban a reutilizar en el proyecto de ampliación del tranvía entre el Prado y San Bernardo primero, y, posteriormente, hasta Santa Justa, una reutilización de la que no se ha tenido noticia hasta ahora (para empezar, los nuevos postes son incluso de distinto color que los antiguos).

El coste de aquella operación de reposición de farolas en el Centro por razones exclusivamente estéticas y no por el deterioro de un material completamente nuevo fue de 700.000 euros, es decir, un 80% más caro de la que propugna Zoido tres años después para cambiar las farolas-ducha y los bancos-Ikea de tres plazas del casco antiguo.

 

MUTISMO HASTA HOY

 

¿Qué dijo entonces Espadas, correligionario de Monteseirín, y qué dijeron los adalides del diseño rupturista de ‘La piel sensible’ sobre esta sustitución de postes en perfecto estado por farolas  tradicionales? Absolutamente nada. Guardaron un total mutismo y no tacharon los trabajos de despilfarro, política-escaparate, agravio comparativo a los barrios por trasladarles en el futuro los postes que no se querían para el Centro ni aludieron a las necesidad  de atender con esos 700.000 euros otras prioridades más urgentes.

Tampoco dijo ni mú el delegado de Cultura, Bernardo Bueno, que ahora arguye  que para cambiar las farolas y los bancos hay que pedirle permiso a la Comisión de Patrimonio, la misma que estuvo igual de silente cuando Monteseirín cambió las farolas clásicas de la Avenida junto a la catedral (patrimonio de la Humanidad) por los horrendos soportes del tranvía primero y deshizo la operación después. ¿Cuándo vulneró la ley de Patrimonio, al principio o al final?

Estamos ante dos operaciones urbanísticas semejantes por criterios meramente estéticos. Por tanto, si no se condenó la primera, no hay razones objetivas para hacerlo con la segunda, salvo que se actúe por una sinrazón política.

 

Reversible

Obras Públicas dice nones a las alegaciones en pro de conectar  por Metro la Macarena con la Puerta de Jerez, con paradas en Alameda,  Plaza del Duque y Plaza Nueva, trayecto que parece ‘de cajón’ menos para Rosa Aguilar. Arguye el fichaje estrella de Griñán que fue una línea diseñada en los 70 y que lo que planificado entonces ya no vale, amén de que tendría que excavar un túnel a 50 metros de profundidad y que no está dispuesta a pasar bajo la Catedral. Curioso cuando menos, porque a -50 metros discurrirá la línea 2 proyectada por la Junta con el fin de salvar todo tipo de cimientos (ni siquiera los de Giralda tienen tal profundidad) y yacimientos arqueológicos. Y no se trataría de perforar bajo la Catedral (miren el túnel del AVE en Barcelona, pegado a la Sagrada Familia), sino de la Avenida,  horadada ya por la microtuneladora de Emasesa. Y si lo que se planificó hace 30 años no vale hoy, ¿cómo es que la Junta ha reutilizado los antiguos túneles para la línea 1? El argumentario de doña Rosa es perfectamente reversible: ella le da la vuelta según convenga.

‘Opus interruptus’

Aviso a navegantes. Este suelto no tiene nada que ver con lo que usted estaría pensando apenas leer el título: ni con cierta prelatura a la que asociarse suele la primera palabra, ni con un método anticonceptivo que es adjetivado con la segunda. Esto versa sobre el I+D del Plan ‘E’. Trabajo ha verificado la denuncia de CCOO contra la constructora del extorero Camarena, el mismo que antaño pedía una oportunidad a Canorea haciendo huelga de hambre en la catedral. Quien le dio a Camarena la oportunidad de hacerse rico no fue don Diodoro (bueno, se la dio, pero el toro lo puso en su sitio, que a la postre resultó bastante mejor que el del pisoplaza), sino Monteseirín al adjudicarle 7 millones en obras del Plan anticrisis. El exmatador se las ingenió para ganar aún más pasta mediante el ‘Opus interruptus’: daba de baja a los albañiles en la obra los viernes y los recontrataba los lunes. Aparentaba creación de empleo y de paso se ahorraba la Seguridad Social, pagas extra, pluses y vacaciones. A veces hay quienes, olvidándose de sus orígenes, dan más cornadas que la misma hambre.