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El Distrito Judicial

Abogados y arquitectos proponen ocupar parte de los jardines del Prado en su alternativa a la Ciudad de la Justicia

Olvidan que el Tribunal Supremo obligó a restituir otra zona de esos jardines y a demoler la biblioteca universitaria

 

A Gobierno nuevo en la Junta de Andalucía, ideas viejas disfrazadas de originales merced a variantes sobre las antiguas. Es el caso del denominado Distrito Judicial en el Prado de San Sebastián que hace ocho años presentó Zoido como sustituto de la nonata Ciudad de la Justicia en Los Gordales (junto al campo de la Feria) y que en alguna de sus opciones (llegó a tener hasta tres) incluía un largo inmueble de doce plantas de altura frente a los jardines del Alcázar, conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad, justo después de la polémica por la torre Pelli y la promesa a la Unesco, para que no le retirara el título a Sevilla, de no eclipsar ni por asomo nuestro Patrimonio Mundial.

El aún decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, y la decana del Colegio de Arquitectos, Cristina Murillo, presentaron a finales de enero al alcalde, Juan Espadas, y a su delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, un proyecto para un Distrito Judicial en el Prado que, en esencia, recoge el espíritu del de Zoido con diversas variantes que permitirían disponer de una edificabilidad de 135.055 m2, de los que 40.000 m2 serían bajo rasante.

Según las declaraciones de Gallardo, ambos colegios profesionales coinciden en que el Prado es “la mejor opción y la única que hace viable una construcción por fases”, ya que lo compondrían distintos edificios cuya erección no tendría por qué ser simultánea, ya que podría acometerse por fases. En este sentido, ninguna novedad respecto al complejo planteado en su día por Zoido. Como tampoco es novedoso el argumento de que se trata de una zona muy bien comunicada por transporte público, con estaciones de Metro, tranvía y autobuses.

 

EL PROYECTO

 

En el renovado proyecto de Distrito Judicial en el Prado sustituto de la Ciudad de la Justicia en  Los Gordales se prevén los siguientes edificios:

 

-El actual de los Juzgados de Instrucción, al que se añadiría una planta (pasar de cuatro a cinco) para conseguir un total de 15.385 m2 construidos.

 

-El existente de la Audiencia, que se mantendría con sus seis plantas y un total de 12.696 m2.

 

-Uno nuevo, de seis plantas, en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, con 8.536 m2.

 

-Otro nuevo, de la misma altura, en un solar de la Avenida de Cádiz, con 48.041 m2.

 

-Y aquí viene la parte más polémica de la propuesta: consistiría en permutar la parcela que existe detrás del edificio de la Audiencia y que se extiende en paralelo por un lado a la estación de autobuses y, por otro, a la Avenida de Carlos V y llega hasta la confluencia con la calle Diego de Riaño, por una franja también paralela (al otro lado de la Avenida de Carlos V) de los Jardines del Prado y hasta casi donde se alzó la demolida, tras su declaración como ilegal, biblioteca universitaria que diseñó la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid a costa de la ocupación de otro trozo de los jardines. En aquella franja verde, que equivaldría “grosso modo” a una quinta parte de los jardines y cuyo lado Oeste mira al edificio central de la Universidad (antigua Fábrica de Tabacos) se construiría un inmueble de cuatro plantas de altura y con 26.495 m2.

 

COMPENSACIÓN

 

Por otra parte, en la franja de suelo paralela a la estación de autobuses, propiedad de Tussam y que sería objeto de dicha permuta, se construiría un aparcamiento de tres plantas bajo rasante (15.371 m2) que daría servicio al Distrito Judicial y dicen que también al vecindario. Para compensar aparentemente la pérdida de la quinta parte de los Jardines del Prado, sobre el parking se construiría lo que llaman un parque urbano y que mucho me temo sería algo así como un espacio duro tipo Plaza de Armas con maceárboles para tratar de disimular su impacto.

El argumento de José Joaquín Gallardo y de Cristina Murillo para tratar de justificar esta amputación a los Jardines del Prado es que en este área de la ciudad ya hay suficientes zonas verdes: el Parque de María Luisa, los jardines frente a y de San Telmo, los propios del Prado y los de Murillo.

 

La segunda tesis es que así se evitaría lo que califican de perjuicio arquitectónico, porque en la franja propiedad de Tussam (la que se permutaría) se podría construir en un futuro un edificio de una altura máxima de doce plantas que “dejaría siempre en sombra” a la estación de autobuses del Prado y a las viviendas existentes.

 

Que, supuestamente, la estación de autobuses quedara a la sombra de un futurible edificio de doce plantas en sus aledaños no sé yo si más que un perjuicio sería un gran beneficio en la ciudad del calor por excelencia que es Sevilla, y máxime con el cambio climático en que ya estamos sumidos. Aparte de que como la Tierra se mueve alrededor del sol la posición de los edificios no es fija respecto de aquél ni tampoco la sombra que proyecten, si se diera validez a este argumento entonces no se podría haber construido en la ciudad, ni construir en el futuro, ningún inmueble con ese número de plantas o superior, caso de la torre de Los Remedios, de la de Bami y del hotel de la Buhaira, por citar sólo unos ejemplos.

 

NUEVO ARBORICIDIO

 

A los señores decanos de los abogados y arquitectos habrá que decirles que en una ciudad nunca hay demasiadas zonas verdes como para justificar la mutilación de los Jardines del Prado, consolidados desde hace treinta años y en los que habría que cortar al menos un centenar de árboles de gran porte sólo porque el “lobby” jurídico sevillano tiene sus intereses en torno al Prado y le parece una incomodidad suprema tener que tomar el Metro o el autobús para desplazarse a la futurible Ciudad de la Justicia al final de Los Remedios.

 

Además, la permuta no sería igualitaria porque la franja de los jardines tiene unos 900 m2  más de superficie que su contraparte al otro lado de la Avenida Carlos V. Se mutilaría de forma inadmisible unos jardines rompiendo su trazado regular. ¡Qué gran ejemplo para sustentar la candidatura de Sevilla como capital verde de Europa!.

 

Ambos decanos olvidan que con motivo del proyecto similar de amputación de la zona Este de los jardines para la biblioteca universitaria de Zaha Hadid,  tanto el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como el Tribunal Supremo fallaron a favor de los vecinos y de la recuperación y mantenimiento de los jardines. Subrayaron la importancia de las zonas verdes en cuanto que “hacen habitable y respirable la calle” e incrementan la calidad de vida de los ciudadanos. Es más, el Tribunal Supremo dijo justamente lo contrario que los dos decanos partidarios de un nuevo arboricidio en Sevilla: recordó que la UE pide a las ciudades que además de proteger su patrimonio cultural e histórico no reduzcan la extensión de sus zonas verdes.

 

Esta propuesta que incluye cargarse unos 4.000 m2 de jardines con un centenar de árboles de gran porte para construir en su lugar un edificio ¿sería concebible hoy en día en una moderna ciudad de Europa y máxime existiendo la alternativa de una gran parcela vacía en Los Gordales a tan sólo 1.630 metros de distancia?

 

LOS GORDALES

 

Los argumentos digamos positivos que exponen los dos decanos sobre el Prado son equiparables a los que pueden darse sobre la parcela en Los Gordales: está bien comunicada (Metro, autobuses) y se pueden construir los edificios por fases. Y carece de los negativos, porque no hay que destruir ningún jardín y permite satisfacer mejor las necesidades de espacio, actuales y futuras.

Recuérdese que en su día los técnicos de la Junta de Andalucía estimaron que la Ciudad de la Justicia, en función de la población y del número de asuntos judiciales, debería tener capacidad para acoger más de 400 órganos judiciales, por lo que en los 40.000 m2 de parcela de Los Gordales se reservó una edificabilidad de casi 221.000 m2, esto es casi 86.000 m2 más que en el Distrito Judicial propuesto por los decanos del colegio de Abogados y de Arquitectura. El día que en el futuro se necesitara ampliar en el Prado ese hipotético Distrito Judicial, ¿cuál sería la solución? ¿Cortar más árboles y seguir destruyendo  los jardines?

Palmas Altas, para la Ciudad de la Justicia de Sevilla

SOBRE LA MESA

La nueva dirección de Abengoa maneja la opción de ofrecer su sede a la Junta de Andalucía

SEMIVACÍO

La empresa sólo ocupa ya la mitad del espacio inicial tras la reducción de plantilla

SIETE EDIFICIOS

El número de inmuebles coincide con el proyectado en Los Gordales y el Prado de San Sebastián

El proyecto de Ciudad de la Justicia en Sevilla lleva más de diez año empantanado, tanto por falta de dinero como de consenso sobre el lugar más apropiado para su construcción. Se ha propuesto para albergarla suelos de la isla de la Cartuja, Hacienda del Buen Aire, el Puerto, el Prado de San Sebastián y Los Gordales, junto al campo de la Feria. Ahora puede tomar cuerpo una nueva alternativa: el campus de Palmas Altas, todavía sede de la multinacional Abengoa.

A la nueva dirección de la compañía se le ha quedado demasiado grande el campus de Palmas Altas tras la gravísima crisis que ha puesto al borde de la desaparición a la empresa fundada por la familia Benjumea y que ha provocado hasta la fecha el despido de unos 1.100 empleados de los 2.800 que según las estimaciones, dado el oscurantismo habitual de la firma, trabajaban en los edificios de carácter ecológico diseñados por el reputado arquitecto británico Richard Rogers.

El complejo, construido sobre una superficie superior a los 40.000 m2, consta de siete edificios de entre tres y cinco plantas que ocupan unos 47.000 m2. Dos, con unos 16.000 m2, están ocupados por la Universidad privada Loyola Andalucía, regida por los jesuitas, que abona el alquiler de esos edificios con parte de los 6 millones que anualmente dona la Fundación Focus a Loyola. Sin embargo, ni en 2015 ni en lo que va de 2016 ha habido aportación de fondos de Focus a Loyola, ya que la crisis de Abengoa ha impedido que la empresa dote a su vez de fondos a su fundación.

Abengoa ocupaba los cinco restantes, a los que había que sumar un área de servicios compartidos compuesta por comedores con capacidad para 700 personas simultáneamente, guardería, centro médico y otros. A ello hay que sumar 1.300 plazas de aparcamiento bajo rasante, sin contar las existentes al aire libre. La multinacional sevillana invirtió unos 132 millones de euros en su construcción.

Actualmente, Abengoa sólo ocupa dos edificios y parte de otro de sus cinco iniciales y si, como se teme, continúa la reducción de plantilla le sobraría todavía alguno o algunos más. La Universidad Loyola Andalucía, que tiene contrato de permanencia hasta el año 2019 en dos de los siete inmuebles, proyecta trasladar a partir de ese año sus instalaciones al término de Dos Hermanas.

Ante la perspectiva de que en un plazo máximo de tres años el campus se quede prácticamente vacío de no aparecer un comprador o inquilino de la envergadura que tenía la antigua Abengoa, algo muy improbable en el panorama económico de Sevilla, la nueva dirección de la compañía ha pensado en la Administración Pública y baraja como opción ofrecer el campus a la Junta de Andalucía para sede de la futura Ciudad de la Justicia.

YA ESTÁ CONSTRUIDO

Hace siete años, el Ayuntamiento reservó 39.000 m2 de suelo en Los Gordales para que la Junta iniciara la  construcción de dos edificios de la futurible Ciudad de la Justicia y que deberían tener 86.188 m2, es decir casi el doble del actual campus de Palmas Altas. En una segunda fase debían construirse otros cuatro inmuebles, hasta completar un conjunto de 221.000 m2. Ha pasado todo este tiempo y allí no se ha puesto ni siquiera la primera piedra. Una edificabilidad similar es la que proyectó alcanzar Zoido en el Prado de San Sebastián recreciendo los edificios actuales de los juzgados e incorporándoles alguno vecino, incluida la construcción de un nuevo inmueble en el solar del antiguo Equipo Quirúrgico, hasta formar un conjunto de seis. La idea no pasó de dibujos sobre el papel.

En el campus de Palmas Altas ya hay erigidos sin necesidad de hacer un fortísimo desembolso inicial, y ésa es la gran ventaja, siete edificios independientes, por lo que están en línea con el número de inmuebles barajados en los proyectos anteriores para la Ciudad de la Justicia (seis), aunque su superficie construida, esos 47.000 m2, está muy lejos de la propugnada hasta la fecha. Ahora bien, tras la crisis económica es probable que se reevalúen las dimensiones de la futurible Ciudad de la Justicia. Asimismo, habría que analizar si el PGOU de Sevilla permite más edificabilidad de la aprovechada en Palmas Altas, donde aún quedaría libre algún gran solar para posibles nuevos edificios y que hasta ahora ha funcionado como gran aparcamiento al aire libre.

También caben opciones complementarias. A escasa distancia de Palmas Altas, en la avenida de Grecia del barrio de Los Bermejales, la Junta ya tiene un edificio administrativo de 50.817 m2 que de momento alberga varias delegaciones provinciales y la Agencia de Gestión Agraria. Este edificio podría servir de modelo económico para la futurible Ciudad de la Justicia en el campus de Palmas Altas, en el caso de que se entablara una negociación sobre la misma.

La Junta de Andalucía adjudicó en julio de 2010 la construcción del inmueble de Los Bermejales a una UTE formada por las empresas Obrascón Huarte, Laín e Ingeconser por 45 millones de euros, y se hará con la propiedad al cabo de 30 años tras el pago de un alquiler anual de 8,7 millones de euros, IVA e IPC aparte. De esta manera, el Gobierno andaluz, dadas sus dificultades de tesorería por la crisis económica, se libró de hacer un fuerte desembolso inicial en la construcción con sus propios recursos de la macrosede administrativa, pero sí podía asumir el pago en sus presupuestos anuales de un cantidad cinco veces inferior.

Asimismo, a medio camino entre Palmas Altas y la avenida de Grecia existe también un solar público vacío de 12.500 m2 de superficie.

UNA HIPOTECA DE 78 MILLONES DE EUROS

La banca sería la principal interesada en que se diera una salida satisfactoria al campus de Palmas Altas, en grave riesgo de quedarse vacío tras una inversión de 132 millones de euros. Las entidades acreedoras ya estuvieron a punto de quedarse con las llaves hace cinco meses, pero en el último minuto decidieron paralizar la ejecución hipotecaria que iba a iniciar un Juzgado Mercantil de Sevilla.

El complejo de siete edificios está aún gravado por una hipoteca de 78,6 millones de euros otorgada en su día por un “pool” bancario, a cuyo frente figuran La Caixa y el banco francés Natixis, que concedieron 15 millones de euros cada uno.

El banco portugués BPI, a la postre filial de Caixabank, otorgó un préstamo de 9,2 millones de euros, y el Banco Popular, otro de 2,9 millones.