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Conejos en la chistera

El pasado viernes se celebró el debate sobre el estado de la ciudad. La fecha no ha podido ser peor elegida por el alcalde, aunque tenga su lógica a modo de examen al final del curso político. Si hubiera tomado como referencia el final del año natural y antes de las vacaciones de Navidad no tendría tan cerca dos hitos que permiten establecer odiosas comparaciones: el aniversario de la toma de posesión de Zoido como alcalde, el 11 de junio, y la celebración de los debates sobre el estado de los once distritos, a modo de prólogo del gran debate y que ha permitido  obtener una visión de Sevilla mediante la yuxtaposición de las radiografías de cada una de las partes en que está dividida.

Viva Sevilla ha ofrecido un análisis socioeconómico de cada distrito y, previamente, un amplio informe en el ecuador del mandato de Zoido, en el que quedaba claro el incumplimiento de la mayor parte de las 135 promesas de su  programa para las municipales de mayo de 2011, desde los 29 aparcamientos (no ha hecho ninguno) hasta el pabellón cubierto en Los Bermejales con pistas de nieve artificial, pasando por centros cívicos y deportivos, guarderías, comisarías de Policía, mercados y hasta centros de salud.

PROGRAMA AL 70%

Pese a la evidencia del contraste entre lo prometido y la realidad, el alcalde y el grupo del PP proclamaron impertérritos en vísperas del 11 de junio que habían cumplido el 60% de su plan para Sevilla. Sin falsa modestia, algunos concejales han subido aún más el listón en los recientes debates de distrito: el delegado de Bellavista-La Palmera, Rafael Belmonte, evaluó en un 70% el cumplimiento del programa, y Francisco Pérez, delegado de Triana, en un 63%.

Y en esto Zoido llega al debate sobre el estado de la ciudad y afirma que ya ha cumplido el 70% de sus promesas. Del 60% del 11 de junio hemos pasado al 70% en menos de mes y medio. A este exagerado ritmo, Zoido puede dar por concluido su mandato en menos de cinco meses, pues en tal lapso de tiempo podrìa proclamar que ha cumplido el 100% del programa y que ya no le quedaría nada más que hacer, con lo cual a partir de enero de 2014 podría concentrarse única y exclusivamente en su rol de presidente del PP andaluz, por más que no sea previsible que para entonces tampoco haya construido ninguno de los 29 aparcamientos, las pistas de nieve artificial de Los Bermejales, los centros cívicos y demás.

Así, sin cortarse lo más mínimo, entró Zoido al debate, en el que no aludió a los 89.000 parados sevillanos, pese a su famosa promesa de convertirse en el ‘alcalde del empleo’ (12.000 parados más que cuando él llegó a la Alcaldía), ni a las 1.000 VPO que iba a construir cada año para los 16.600 sevillanos inscritos en la lista de espera de Emvisesa.

DESCRÉDITO

Zoido reeditó viejas promesas de, digamos, segunda generación, como la de un Plan de Empleo que ya prometió en 2012 y  que dijo presentaría a la vuelta de las vacaciones del año pasado, en septiembre, y del que a las puertas de un nuevo septiembre aún no se tiene noticia.

También hizo otra con pocos visos de credibilidad, como el anuncio de la adjudicación de las obras del edificio puente de Los Pajaritos a una nueva empresa, tras declararse la anterior en concurso de acreedores, para iniciar también en septiembre el realojo de 96 familias del barrio e iniciar así el derribo de las primeras infraviviendas de esta zona deprimida de Sevilla. Y es que el anuncio de Zoido se produjo tan sólo 48 horas después de que su Delegación de Urbanismo adoptara la iniciativa de reducir de 250.000 euros a tan sólo 15.000 el presupuesto que estaba aprobado este año para la rehabilitación integral del barrio, con lo cual los vecinos han perdido ya toda confianza en el alcalde y sus promesas.

Tomar este acuerdo dos días antes del discurso de Zoido equivalía a sabotear el mensaje del alcalde y demuestra la descoordinación existente en el seno del PP, o bien que gobierna al pairo  de sus potenciales votantes, como si creyera  permanentemente asegurada la mayoría absoluta. Ahora, para recuperar el crédito perdido en Los Pajaritos, a Zoido no le queda otra que rematar el edificio-puente en septiembre como sea.

ANUNCIOS-SORPRESA

Consciente de su pobre balance de gestión en estos dos años, por más que pregone lo del 70% del programa cumplido (su discurso ha oscilado entre la petición de perdón del primer año por no haber podido hacer más a decir en el segundo que lo mejor está aún por llegar) y de que la oposición le iba a echar en cara todo lo incumplido de lo excesivamente prometido, Zoido tenía que sacarse en el debate varios conejos de la chistera.

El primer efecto-sorpresa relativo fue el anuncio de que antes de que concluya julio Sevilla contará con la primera Zona Franca fluvial de España, de lo que se colige que Hacienda dará luz verde a la solicitud del Ayuntamiento, conforme a un expediente al que no se ha permitido acceso a la oposición municipal y que, por lo que se ha filtrado, incluiría entre las empresas potencialmente interesadas en instalarse en la misma a algunas como Danone, algo ilógico  tras la decisión de la multinacional del yogur de darle el cerrojazo a su fábrica de Sevilla.

Zoido no ha aclarado si Bruselas ha dado también su obligado plácet a la solicitud y, por otra parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, declaró tras conocer las palabras del alcalde que, por su experiencia con la Zona Logística, estima que haría falta un año y medio para preparar los terrenos antes de que se pueda instalar la primera empresa, por lo que verosímilmente la Zona Franca no estará activa durante este mandato.

OFERTA DEL PRADO

El segundo conejo que el alcalde se sacó de la chistera tenía la apariencia de Ciudad de la Justicia en el Prado de San Sebastián, ya que los jueces -y Zoido lo es- no quieren irse ni a tiros a la proyectada por la Junta en Los Gordales. Zoido asegura que ya ha conseguido conformar una parcela de 220.000 m2 que ofrecer como alternativa a la del Gobierno autónomo, para lo cual ha añadido sobre el plano como futurible suelo judicial el antiguo solar del Equipo Quirúrgico, que pertenece a la Junta y cuyo destino es muy diferente: albergar un centro sanitario de alta resolución.

Está por ver qué dice la Consejería de Salud sobre esta apropiación por el procedimiento del tirón perpetrada por Zoido, aunque dadas las restricciones presupuestarias existentes hasta cabe dentro de lo posible que la consejera María Jesús Montero esté encantada con el favor que le haría el alcalde de librarla del compromiso de gastar parte de su presupuesto en un centro avanzado de salud en Sevilla. Al final va a resultar que quien boicotea a la capital de Andalucía no es la Junta, sino el propio alcalde en su afán de complacer a jueces y abogados y, de matute, a él mismo. En cualquier caso, de aceptar el consejero de Justicia y colega de Zoido, Emilio Llera, el ofrecimiento del Prado para la Ciudad de la Justicia habría que proceder a la modificación del PGOU, un lento trámite burocrático que, falta de dinero aparte, impediría que la primera piedra se pusiera en este mandato del alcalde.

BAJADA DE IMPUESTOS

El mayor conejo que de la chistera se sacó Zoido fue el retorno a otra promesa incumplida de su programa pero que achacó a la obligatoriedad de someterse a los dictados del Gobierno para reducir el déficit público: bajar los tributos municipales durante 2014, todos excepto el sello del coche, que se mantendría igual. Según Zoido, ello es ahora posible porque se ha controlado el déficit municipal, con lo cual la prioridad de su gobierno no es ya el pago de las deudas a los bancos, sino poner dinero a disposición de las familias y los emprendedores con una menor presión fiscal.

La paradoja del anuncio de Zoido es que esta política de incentivos a las familias y las empresas que ahora preconiza como posible es la misma que viene propugnando desde hace meses la oposición municipal. Cuando a principios de año los tres grupos del Ayuntamiento se reunieron para otro frustrado Pacto por el Empleo, Espadas (PSOE) propuso al gobierno local que propiciara la contratación de 3.600 parados mediante subvenciones y exenciones fiscales a pymes y autónomos, aunque ello supusiera la renuncia a unos ingresos de 4,6 millones de euros en concepto de impuestos y tasas: benificación del 95% en el IBI, IAE, ICIO y ocupación de vía pública.

Torrijos (IU), en sus alegaciones a las Ordenanzas Fiscales de este año, propugnó una rebaja del 10% en el tipo de gravamen del IBI para compensar el “tremendo subidón” -dijo- por la aplicación del Real Decreto del Gobierno central pero que reportó al Ayuntamiento unos ingresos extra de 8 millones de euros. Asimismo, propuso bonificaciones de entre el 20% y el 50% en el IAE para las pymes y del 30% en el ICIO.

La respuesta del Ayuntamiento a través de la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha sido siempre que no se podían atender estas demandas de la oposición, y más aún la rebaja del IBI, porque era “ilegal”. O sea, que cuando lo proponen Espadas y Torrijos no se puede, pero cuando lo anuncia Zoido, a pesar de que el Gobierno de Rajoy ha prorrogado el gravamen complementario del IBI hasta 2015, Asunción Fley deja de ser la dama de hierro de las cuentas y se aplica el lema de Obama: “Yes, we can”.

El boicot de Zoido a la Junta

Zoido, tanto en su calidad de alcalde de Sevilla como de presidente del PP (A), ha amenazado hace unos días con llevar a  la Junta de Andalucía ante los tribunales, e instado a los alcaldes de su partido a hacer lo mismo, por el presunto boicot a los grandes proyectos municipales.

Con motivo del segundo aniversario de su victoria en las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011, el alcalde sevillano dijo que hasta ahora ha sido “paciente aunque insistente” con la Junta, pero que ya ha pasado el tiempo suficiente para que desbloquee proyectos muy importantes para la ciudad, como la venta de la antigua comisaría de la Gavidia, la construcción de parkings en la Alameda y el Prado, el dragado del Guadalquivir y la reapertura de Altadis. Zoido se mostró tajante y amenazante: “Si nos dicen que no, obstruyendo la puesta en valor de nuestra ciudad, vamos a ir hasta las últimas consecuencias, sin descartar ir a los tribunales”.

Es curioso comprobar cómo tan sólo cuatro días antes el alcalde pedía a los sevillanos que tuvieran paciencia con él y su gobierno, dada la herencia recibida y la crisis económica existente y, sin embargo, él proclama que no va a tener más paciencia con la Junta de Andalucía.

La segunda curiosidad dimana de la concepción del poder y la ley que inconscientemente muestra con sus declaraciones Zoido, un juez en excedencia metido a político, por lo que resulta aún más llamativo. El alcalde está preconizando que en una Democracia como la nuestra, donde debe regir el imperio de la ley, el Gobierno autónomo omita la normativa aplicable al caso -el Plan General de Ordenación Urbana vigente- para que le dé luz verde a proyectos que la contravienen, como es el parking de la Alameda, cuando el Plan veta expresamente la construcción de aparcamientos rotatorios en el Casco Antiguo.

Item más, Zoido trata de imputarle a la Junta vetos a proyectos que ni siquiera ha presentado aún públicamente, como la conversión de Altadis en -se supone, conforme a su programa electoral- centro cívico y cultural, y el dragado del Guadalquivir, cuando ha acudido a negociar sobre este último a Madrid con el ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, en una cumbre a la que invitó al Puerto, arroceros y regantes pero no al Gobierno autónomo. Si el responsable último de la aprobación del dragado es el Gobierno de Rajoy, ¿por qué el alcalde acusa también a la Junta de boicotearlo y de perjudicar a Sevilla?

EN SENTIDO INVERSO

Y, ¿qué ocurre cuando es el Ayuntamiento el que boicotea los proyectos de la Junta en Sevilla? Porque Zoido ha tratado también en la última semana de resucitar la Ciudad de la Justicia en el Prado, algo que podría considerarse un boicot -ya que la palabra se utiliza como un auténtico cajón de sastre, que lo mismo vale para un roto que para un descosido- a uno de esos grandes proyectos para Sevilla, propuesto por el Consistorio en su día y no por el Gobierno autónomo -he ahí otra paradoja- para la zona de los Gordales y cuya ejecución contribuiría a crear parte de esos 46.000 empleos que, según dijo el presidente provincial y portavoz municipal del PP, Juan Bueno, irían asociados a la construcción de todo lo pendiente, desde la SE-40 hasta el Metro.

La Ciudad de la Justicia es otra de esas iniciativas que parecen gafadas y condenadas a eternizarse por una u otra cuestión, como suele ocurrir en Sevilla, donde el tiempo para materializar cualquier proyecto puede prolongarse de uno a tres decenios (ejemplos, el Metro y el mercado de la Encarnación).

Debió de ser en el año 2000 cuando la Junta anunció la construcción de unas nuevas instalaciones en el barrio de San Bernardo para descongestionar los saturados juzgados del Prado. Era el germen de una idea que con el tiempo se fue tornando más ambiciosa: no ya la de parchear y dispersar edificios por Sevilla, sino la de dar una solución integral al problema trasladando y ampliando la sede judicial hispalense a unos terrenos con posibilidad incluso de expansión en el futuro, una Ciudad de la Justicia.

Sin embargo, cada consejero de Gobernación y/o Justicia que aterrizaba en el cargo (y han sido seis o siete en este periodo) tenía su particular idea sobre cuál era el sitio idóneo para construirla, sobre todo porque a medida que el proyecto se tornaba más ambicioso, siquiera sobre el papel y cada vez necesitando de más m2, se veía que la ubicación elegida anteriormente era insuficiente por demandar más espacio.

DE UN SITIO A OTRO

Así, el proyecto fue dando tumbos virtuales de un sitio para otro: la isla de la Cartuja, el campo de Los Remedios, el Puerto y, finalmente -si esta palabra puede emplearse en este controvertido asunto- en los Gordales. El PGOU de 2006 calificó allí suelo para equipamientos, y la decisión de ubicar la Ciudad de la Justicia la adoptó el Pleno del Ayuntamiento en junio de 2008 por acuerdo unánime de todos los grupos políticos y hasta con el impulso del PP, cuyo líder y portavoz -en la oposición- era Juan Ignacio Zoido. Previamente, para continuar con el mal fario, la Dirección General del Patrimonio del Estado impugnó el planeamiento urbanístico en disconformidad con las plusvalías que se le otorgaban para sus terrenos en esa zona, lo que añadió un factor de incertidumbre que no se despejó totalmente hasta que en junio de 2012 el Tribunal Supremo tumbó definitivamente las pretensiones del Estado.

En el ínterim, ello no fue óbice para que a finales de enero de 2009 el Ayuntamiento aprobara el Plan Parcial de los Gordales, que reservaba 39.000 m2 de suelo para la futurible Ciudad de la Justicia. Dado que el pleito del Estado no afectaba al suelo propiedad del Ayuntamiento (7.233 m2), éste, de mutuo acuerdo con la Junta, promotora y financiadora de la obra, acordó el 9 de marzo de 2011 la cesión gratuita de sus terrenos al Gobierno andaluz para que al menos empezara a construir los dos primeros edificios del complejo en el plazo de un año, con una edificabilidad de 86.188 m2.

Una vez se sustanciara el pleito con el Estado -lo que no ocurrió hasta 15 meses después-, la Consejería de Justicia construiría los otros cuatro inmuebles restantes hasta completar un conjunto de 221.000 m2 en números redondos, frente a los 63.000 m2 que tienen actualmente los juzgados del Prado. Para hacernos una idea de la magnitud del proyecto, la Ciudad de la Justicia de Málaga, inaugurada a finales del año 2007, tiene 70.000 m2 y costó 85 millones de euros, más 7 millones para equipamientos.

CAMBIO DE CRITERIO

A pesar de que el PP y Zoido habían votado en el Pleno tres años antes a favor de los Gordales como sitio idóneo para la Ciudad de la Justicia y la cesión de suelo a la Junta cumplía aquel mandato plenario, Zoido se retractó de su propio voto y en su programa para las elecciones municipales de mayo de 2011 pasa a propugnar la creación de un Distrito Judicial en el Prado a base de demoler el bloque de los Juzgados para construir otro de nueva planta y aprovechar las escasas parcelas libres -incluyendo la del Equipo Quirúrgico, destinada a un Centro de Alta Resolución sanitario- para levantar un total de seis edificios unidos bajo tierra más un parking subterráneo de 3.000 m2, para lograr así un total de 100.000 m2, un 55% menos que el proyecto en los Gordales.

Zoido se dedica desde entonces a restar credibilidad a la Ciudad de la Justicia en los Gordales con, entre otros, el argumento de que el Gobierno andaluz no ha puesto dinero en los Presupuestos “porque no hay dinero suficiente para iniciar nada”.

Tres consejeros de Gobernación y/o Justicia (Luis Pizarro, Francisco Menacho y Emilio Llera) han tratado infructuosamente en estos dos años de que Zoido diga oficialmente dónde quiere la Ciudad de la Justicia. Ya con Zoido en la Alcaldía, Menacho declaró que si éste no deseaba que se construyera en los Gordales, “nos sentaremos -dijo- a estudiar los pros y los contras en busca del lugar más rápido y mejor para los ciudadanos, sin perder ni un día más para que Sevilla tenga unas instalaciones judiciales dignas”. Pero Zoido, confiado en la victoria electoral de Javier Arenas en las autonómicas, se mantenía en la indefinición y perdía así la oportunidad de comprometer definitivamente (asignación presupuestaria) a la Junta con tal de que fuera otro quien se hiciera la foto poniendo la primera piedra.

RECORTES POR LA CRISIS

Arenas no pudo ser presidente, los recortes impuestos por el Gobierno de Rajoy obligaron a la Junta a diferir ‘ad calendas graecas’ el Metro y tal como reconoció el consejero Llera, que lleva un año esperando infructuosamente que Zoido se reúna con él para abordar la cuestión, también la Ciudad de la Justicia, a la que en las actuales circunstancias económicas califió como “quimera”.

Zoido, pues, lleva dos años boicoteando a los consejeros de la Junta que han tratado de reunirse con él, pero en una nueva pirueta política aprovechó el pasado jueves la visita del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, a Sevilla para ofrecerle las parcelas del Ayuntamiento en el Prado con tal de que se construya allí y no en los Gordales la Ciudad de la Justicia.

El alcalde, que tanta lealtad institucional demanda al Gobierno autónomo y tanto le acusa de boicotear a Sevilla, actuó así de espaldas a la Junta -igual que con el dragado-, ya que ésta es quien tiene las competencias en materia de infraestructuras judiciales y no el CGPJ y la que tiene que financiarlas con cargo a sus Presupuestos. Para como, siendo el alcalde, Zoido ignoraba que al menos una de las dos parcelas del Prado que ofreció al CGPJ no es del Ayuntamiento, sino de Tussam (parece igual pero no es lo mismo) y que está hipotecada como garantía por el impago de deudas de la empresa municipal a la Seguridad Social.

Y, además, tampoco tuvo en cuenta de que el Ayuntamiento ya cedió hace dos años a la Junta las parcelas para la Ciudad de la Justicia en los Gordales, con lo cual, en la hipótesis de que el CGPJ hubiera aceptado el ofrecimiento del alcalde Sevilla, el Consistorio habría destinado dos terrenos para el complejo judicial pese a no haber dinero para construir ninguno. Disparate tras disparate cuya factura acaba pagando Sevilla.

Justicia

La suspensión de una de las sesiones del juicio por el escándalo Mercasevilla debido a la imposibilidad técnica de reproducir la famosa grabación en que los acusados habrían exigido, presuntamente,  el pago de una ‘mordida’ de 300.000 euros a los empresarios del grupo La Raza es una metáfora de la situación de la Justicia. Para rizar el rizo,  tuvo que ser un miembro del Jurado, de profesión informático, el que arreglara el cacharro -nunca mejor dicho- con que cuenta la Audiencia. Al igual que ante una urgencia en un teatro o cualquier otro local público se pregunta por los altavoces si hay un médico en la sala, a partir de ahora los jueces sevillanos deben estar preparados para inquirir si hay un informático entre los presentes, capaz de realizar una chapuza sobre la marcha.  Ya que no podemos aspirar a que se construya la Ciudad de la Justicia de la que se viene hablando desde el siglo pasado por ser un tema de ciencia-ficción según el consejero Emilio Llera, roguemos al menos por que en los tribunales funcione el equipo de sonido, que no tiene tanta ciencia.

 

Ciencia-ficción

Como estamos en la semana de la ciencia-ficción (Emilio Llera, consejero de Justicia, dixit), imaginemos que durante doce años la Junta hubiera prometido la ejecución en Málaga de un proyecto valorable en unos 100 millones de euros para el que se hubieran reservado suelos en su PGOU, firmado convenios con su Ayuntamiento, presentado incluso planos de ubicación y distribución de superficies… y que, de la noche a la mañana,  hubiera dicho que no había dinero y que todo eso no era más que “ciencia-ficción”.
Seguro que no se lo imaginan porque saben que en tal hipótesis habría ardido Troya y que la Junta se habría cuidado muy mucho de tomarles el pelo a los malagueños por muy carente de fondos que estuviese, con tal de no encender un foco de rebelión, con el consabido agravio comparativo, victimismo político, alusiones al centralismo sevillano, etcétera.
Imaginen ahora que la Junta se atreve a todo eso y que los más directamente afectados por el entierro del proyecto no sólo no se rebelan, sino que alaban lo que califican de ejercicio de realismo y hasta respiran aliviados por que no se materialice.

DOCE AÑOS DE ESPERA

Pues esto es lo que ha pasado en Sevilla con la Ciudad de la Justicia cuando tras doce años de un proyecto dando tumbos sobre plano (Los Remedios, los cuarteles de Bellavista, los Gordales, el Puerto, otra vez los Gordales….) de la mano de siete consejeros (Carmen Hermosín, María José López, Evangelina Naranjo, Begoña Alvarez, Luis Pizarro, Francisco Menacho, Emilio Llera), el último, por recién llegado e inexperto en las lides políticas, se atreve a finiquitarla con la tesis de que en las actuales circunstancias es de “ciencia-ficción”.
La prensa especulaba sobre dónde metería Griñán las tijeras para recortar 2.700 millones de euros del déficit y no hubo que esperar siquiera a su primer Consejo de Gobierno para saberlo, porque ya lo anunció su consejero de Justicia apenas tomar posesión de su cargo: en no construir la Ciudad de la Justicia en Sevilla, lo cual demuestra que la fórmula andaluza de salir de la crisis por la izquierda no es muy distinta de la que viene aplicando la derecha en forma de suspensión/”reprogramación”· de obras públicas, equipamientos e infraestructuras, en vez de lo contrario, como aconsejaba Keynes.
Naturalmente, en los doce años en que la Junta ha estado mareando la perdiz en Sevilla, le ha dado tiempo de sobra a construir la Ciudad de la Justicia de Málaga, el mayor edificio administrativo de Andalucía, con una inversión de unos 85 millones de euros (¡más barato que las ‘Setas’ de Monteseirín!). Allí no impera la ciencia-ficción, sino el realismo. El Escorial malagueño en plan Torretriana ha permitido concentrar los 88 órganos y siete sedes judiciales hasta entonces dispersos por la ciudad y cuyos alquileres costaban más de un millón de euros.

REACCIÓN DE LA JUDICATURA

Emilio Llera ha encontrado la complicidad y hasta el aplauso de la Judicatura sevillana, a la que él pertenece como fiscal (ahora en excedencia), por que Sevilla pierda la Ciudad de la Justicia y una inversión equivalente a la mitad de la que proyecta Ikea. La fiscal jefe, María José Segarra, le ha agradecido su “realismo” porque “en época de crisis económica es normal que se haga este tipo de anuncios”. El decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, afirma que “el consejero ha dicho en voz alta lo que todos reflexionábamos sobre la Ciudad de la Justicia: si en tiempo de bonanza no se hizo, en tiempos de crisis y de desaceleración de la inversión no es posible encontrar financiación, ni siquiera privada”. El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, considera que Llera “ha verbalizado lo que muchos de los que trabajamos en la Justicia sevillana pensamos”.
Y es que, sin disimulo, la Judicatura se ha opuesto durante estos doce años a mover sus reales del Prado, en torno al cual sus miembros han organizado sus despachos y hasta sus vidas, para irse a un lugar tan distante en su opinión como los Gordales. Aunque se pudiera ir allí en Metro, para ellos es más cómodo ir hasta andando al complejo judicial actual, aun cuando sea manifiestamente insuficiente y haya habido que dispersarlo por Viapol y la Buhaira. Anhelaban, pues, el anuncio de Llera para colmatar aún más el Prado con un proyecto como el que Zoido, juez en excedencia, tenía preparado desde su época en la Oposición y que se ha apresurado a sacar de los cajones con el argumento de que es más barato que el de  los Gordales.

LA ALTERNATIVA DE ZOIDO

Zoido, en vez de haber amarrado la inversión para Sevilla tomándole la palabra a la Junta cuando le instaba a que pusiese él el sitio para construir la Ciudad de la Justicia, ahora que no hay dinero esgrime la alternativa de toda la Judicatura, tan comprensiva (Zoido ha protestado con la boca chica) con el Gobierno autónomo. El alcalde-juez propugna derribar el actual edificio de los Juzgados, reformar el de la Audiencia y construir tres más en el entorno, algunos de ellos con diez plantas de altura y hasta varias bajo rasante (trabajar en un sótano), lo que cambiaría el paisaje actual del Prado al meterle casi 110.000 m2 de edificabilidad, equivalente a dos complejos como el de la torre Pelli/edificio Podio o a tres estadios de fútbol, y sin posible ampliación futura de esta Ciudad dispersa, al contrario que en los Gordales.
Y como la Junta ha comprobado lo comprensiva que es Sevilla y que no ha protestado, sino aplaudido, por el entierro de la Ciudad de la Justicia, la nueva consejera de Obras Públicas ya ha dicho sobre la línea 3 del Metro: “habrá que verlo”.

Zoido, del Corpus al Domingo de Ramos

El pasado mes de junio, recién investido como alcalde, Zoido se dio un baño de multitudes en la procesión del Corpus Christi, donde fue vitoreado, besado y abrazado de forma tan entusiasta que él no pudo contener las lágrimas de emoción. Nueve meses después (diez desde las elecciones municipales) llega a las procesiones del Domingo de Ramos con menos palmas de lo que podía imaginarse a la luz de aquellas adhesiones que parecían inquebrantables.

No ha habido ningún medio que no haya hablado del debilitamiento del ‘efecto Zoido’, aquella corriente de simpatía sin precedentes que, gracias al voto ‘prestado’ de barrios sociológicamente de izquierdas, impulsó al candidato del PP a la Alcaldía de una forma arrolladora al premiarlo con 20 concejales.
Por más que por su distinta naturaleza no deban compararse elecciones diferentes, ha sido inevitable que tanto en los partidos como en los medios se haya entrado en el juego de las extrapolaciones tras el 25-M. Los números  reflejan que en los diez meses transcurridos entre las elecciones municipales que encumbraron a Zoido a la Alcaldía y las regionales en que ha sido cabeza de lista del PP por la provincia, su apoyo popular ha pasado en la capital de 166.040 a 150.897 votos. Ha perdido 15.143 sufragios.

LA IZQUIERDA SE RECUPERA

Por el contrario, el bloque PSOE-IU ha pasado de 123.234 votos (99.168 + 24.066) en las municipales, a 165.474 (132.338 + 33.136) en las autonómicas. Hace diez meses, el PP aventajaba en Sevilla capital a la izquierda en 42.806 sufragios; ahora se ha invertido la situación y PSOE e IU, sumando su fuerza electoral, obtienen 14.577 votos más que el PP. La extrapolación indica que, como ha pregonado un jubiloso Espadas, Zoido habría perdido virtualmente la mayoría absoluta (16 concejales) y que PSOE e IU la habrían recuperado (17) y podrían reeditar su coalición de gobierno.

Aunque faltan tres años para que las urnas ratifiquen tal posibilidad en las siguientes municipales, los resultados del 25-M denotan al menos una tendencia y deben ser interpretados por Zoido como un aviso para que no olvide que muchos de sus votos del 22 de mayo de 2011 fueron un préstamo y que sus dueños pueden retirárselos, máxime si el tiempo sigue pasando y no ven que la situación de la ciudad haya experimentado ninguna variación sustancial.
Ahora que los sondeos han vuelto a jugar una mala pasada al PP, por exceso de confianza en las expectativas creadas, cabe recordar que el realizado hace unos meses para la Fundación Antares reflejó la opinión de los sevillanos de que tras el ascenso de Zoido a la Alcaldía en realidad todo seguía igual.

MEMORIAL DE AGRAVIOS

El alcalde inició el curso político en septiembre con una carta de siete folios al presidente de la Junta de Andalucía, Griñán, que era todo un memorial de agravios por la desatención del Gobierno andaluz hacia Sevilla, y la exigencia de que contrajera un compromiso con la ciudad “para poner en marcha grandes proyectos olvidados y estancados”.  En su larga lista, el mandatario sevillano enumeró la ley de Capitalidad, una red completa de Metro, la Ciudad de la Justicia, el pantano de Melonares, el museo de Bellas Artes, la iglesia de Santa Catalina, la conexión del AVE con el aeropuerto….
La carta, filtrada a los medios antes incluso de que llegara a su destinatario, fue interpretada como el inicio de la confrontación política con la Junta desde las capitales de provincia gobernadas por el PP, al modo de lo que había hecho el Gobierno andaluz contra el central en la era de Chaves y Aznar, y para preparar el terreno de cara a las autonómicas del 25-M, por entonces a seis meses vista, y el luego frustrado desembarco de Arenas en San Telmo.
En todo este tiempo Zoido ha esquivado pronunciarse sobre las opciones que la Junta ha puesto sobre la mesa en temas capitales como la ampliación del Metro y la Ciudad de la Justicia, con el claro propósito de que no se abordaran hasta que Arenas no ganara las elecciones para que así su partido pudiera rentabilizar políticamente la realización de los grandes proyectos. Nada nuevo bajo el sol. La Junta dio continuamente largas a Soledad Becerril sobre el Metro, cuya construcción no se inició hasta que, aun por la exigencia de Rojas Marcos, Chaves no se garantizó  de que se acometería  con un alcalde socialista (Monteseirín).

CAMBIO DE ESCENARIO

Pero los planes del PP y de Zoido se han convertido en humo tras el 25-M y la continuidad de Griñán en la Junta. Zoido se presentó como el alcalde del empleo pero durante su mandato hay 10.000 parados más. En plena recesión y con continuos recortes por parte del Gobierno central para reducir el gasto público, el alcalde difícilmente puede justificar un encastillamiento en su postura de que o red completa, simultánea y subterránea de Metro o nada, en vez de que se inicie de una vez el tramo Pino Montano-Prado, como ha preconizado y cuantificado económicamente la Junta. Tampoco se comprendería que siguiera  mareando la perdiz sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia, un día en Los Gordales, otro en el Prado y al siguiente en el Buen Aire. Y así sucesivamente.
Son infraestructuras y equipamientos que suponen inversión y creación de empleo para la ciudad y sobre los que Zoido no puede mantener por más tiempo su indefinición con tal de ejercer de oposición a la Junta. En la disyuntiva entre confrontación y cooperación, de inclinarse por la primera corre el riesgo de aparecer como el paralizador de los grandes proyectos de Sevilla y de sufrir un serio desgaste entre quienes, prestándole  su voto hace diez meses, le dieron la Alcaldía.