La Hispalense trata de camuflar que reconoce el derecho de los alumnos a copiar en los exámenes con la tesis de que el derecho es a que los copiones acaben la prueba. Si se extrapolara a otro ámbito de la vida este derecho, como el orden público, el procedimiento correcto de un policía que sorprendiera a un delincuente  ‘in flagranti’ no sería su arresto inmediato, sino tomar nota del hecho delictivo, incautarle el material con el que lo comete (pistola, cuchillo, ganzúa, palanqueta…), dejarle que acabe la faena y elevar el caso a una comisión paritaria compuesta por tres policías y tres colegas del ‘chorizo’ para que determine si se trataba de un delito, mera falta o nada de nada. De esta manera se garantizaría que no serían condenados un 2% de los aparentes infractores de la ley, aunque se escaparan el 98% de los que realmente la infringen. ¿Surrealismo? No es extraño que la Universidad reconozca el derecho a copiar en un país donde el ministro de Justicia ya reconoció el derecho a mentir impunemente de los implicados en el crimen de Marta del Castillo.