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Conflicto de poder

Los medios de comunicación han interpretado que con la publicación, el sábado 25 de octubre, de una nueva Orden en el BOE el Ministerio de Hacienda ha corregido el error que cometió el 28 de julio, cuando dejó fuera del consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y la Cámara de Comercio, una omisión señalada en aquel entonces por Viva Sevilla y que ha tenido como consecuencia el bloqueo del futuro recinto aduanero durante estos tres meses.

Tanto el Ministerio de Hacienda como el Ayuntamiento dejaron correr la especie de que aquella omisión se había debido a un error u olvido involuntario, el cual sería subsanado de inmediato con la publicación de una nueva disposición en el Boletín Oficial.

En el BOE se han registrado numerosos casos de correcciones de errores, admitidos como tales y resueltos en el plazo de 24 horas o de a lo sumo unos días. ¿Es normal que se haya tardado tres meses en publicar una nueva Orden ministerial para incluir en el consorcio de la Zona Franca a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio?

No parece normal, máxime si se trata de la promesa-estrella de Zoido para su mandato como alcalde, luego debe haber algo más.

UNA COARTADA

¿Y si no se trató realmente de un error? ¿Y si el ‘error’ no fue más que una coartada para encubrir un conflicto de poder?

Vamos a retrotraernos a finales de julio y ver los actos programados para aquellas fechas.

El 29 de julio, martes, estaba convocado un Pleno municipal extraordinario para debatir sobre el estado de la ciudad antes de las vacaciones de verano, probablemente el último debate global previo a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en primavera. Zoido no podía llegar a ese Pleno con las manos vacías en el sentido de que más de tres años después de su investidura como alcalde su proyecto-estrella, la creación de una Zona Franca en el puerto, seguía sin visos de materializarse por falta de andamiaje jurídico, que dependía del Ministerio de Hacienda.

Así pues, el alcalde precisaba con urgencia que el ministro Montoro publicase en el BOE la Orden ministerial que permitiera activar la tramitación administrativa de un proyecto que él había presentado como vital para el futuro de la ciudad y como generador de miles de empleos.

ACTO EMPRESARIAL

El acuerdo ya habría sido pactado con el ministro, hasta el punto de que para la víspera del Pleno municipal, el lunes 28 de julio, los dos iban a comparecer en un acto en el Real Alcázar al que se había invitado a 200 empresarios sevillanos para presentarles conjuntamente la Orden ministerial que días antes o en esa misma fecha, en último extremo, iba a aparecer en el BOE para dar luz verde a la Zona Franca de Sevilla.

Esa Orden era la HAP/1358/2014, de 25 de julio (datada el viernes previo), por la que se autorizaba la constitución del consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprobaban sus estatutos. Podría haberse publicado el sábado 26 de julio, pero no aparece en el BOE hasta el lunes 28, justo el mismo día en que Montoro viajó a Sevilla a anunciar la buena nueva conjuntamente con Zoido a los empresarios convocados al Alcázar, unos empresarios entre  los que a partir de ese momento empieza a  correrse la voz de que el ministro ha dejado fuera a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio.

El olvido aparente se presenta como error subsanable pero la Orden cumple el objetivo político de salvarle la cara al alcalde durante el Pleno del debate sobre el estado de la ciudad, en que la oposición no puede ya reprocharle el fracaso en su proyecto-estrella porque Zoido puede enseñar el BOE, aunque la tramitación administrativa y jurídica se dilate durante un tiempo, un tiempo que nadie podría imaginar se prolongaría durante tres meses.

COMPARACIÓN

Si se compara la Orden de la supuesta corrección de errores, publicada en el BOE el pasado sábado (25 de octubre), con la original del 28 de julio y analizamos los ‘errores’ corregidos podemos llegar a algunas interesantes conclusiones.

Se modifica el artículo 2 para incluir en el consorcio a la Autoridad Portuaria y a la Cámara de Comercio, que no figuraban en la Orden del 28 de julio.

Bien, pero la clave radica en la modificación del artículo 10, sobre la composición del pleno del consorcio, que ahora queda integrado por: el alcalde; tres representantes del Ayuntamiento elegidos entre concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local; el delegado especial del Gobierno, nombrado por Hacienda; el delegado regional de Aduanas; tres representantes de la Autoridad Portuaria y uno de la Cámara de Comercio (hay también un secretario, con voz pero sin voto, salvo que actúe como tal uno de los anteriores). En total hay 10 miembros (sin contar al secretario).

En la Orden original, la del 28 de julio, sólo había 5: el alcalde, dos concejales y los dos delegados por parte del Estado. Vemos que, aparte de la inclusión de los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara, el Ayuntamiento tiene ahora uno más que antes: cuatro de un total de diez.

OLVIDO REVELADOR

Volvamos a la Orden original, la del 28 de julio, artículo 11. Reza así: “El Consorcio podrá en cualquier momento, mediante acuerdo del Pleno y con al menos nueve votos favorables, proponer la modificación de la forma de representación de las entidades…..”.

¿Nueve votos? ¡Pero si en el artículo 10 sólo aparecen como miembros del Pleno cinco personas: el alcalde, dos concejales y dos delegados del Estado! ¿Cómo se va a adoptar un acuerdo por 9 votos cuando hay sólo 5 posibles?

Saldrían nueve votos si hubiesen aparecido en el artículo anterior como miembros del consorcio los tres representantes de la Autoridad Portuaria y el de la Cámara de Comercio, y por eso en el artículo 11 se habla de 9 votos y no de 5.

¿Qué pudo haber ocurrido? Recordemos: la Orden se redactó un viernes y el acto de presentación de Montoro y Zoido ante los empresarios había sido convocado para el lunes siguiente. Verosímilmente, el Ayuntamiento, que conoció el texto previamente, no estaba dispuesto a quedar en pie de igualdad con la Autoridad Portuaria (tres representantes cada uno), pese a ser ésta la dueña de los terrenos de la Zona Franca. Ese rechazo obligaba a cambiarlo todo, pero con un fin de semana por medio y con los actos programados para el lunes y el Pleno municipal para el martes ya no daba tiempo a rehacer en profundidad la Orden ministerial antes de publicarla tal como estaba redactada.

SOLUCIÓN

La solución de emergencia habría consistido en eliminar de un plumazo la parte final del artículo 10 (donde figuraban los representantes de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio), pero con las prisas se olvidaron de corregir la discordancia reveladora de los 9 votos a que hacía referencia el artículo siguiente.

Y para salvar la situación, cuando la omisión fue descubierta se presentó como un error u olvido lo que en realidad era un conflicto de poder que habría planteado el Ayuntamiento por mantener el control del proyecto-estrella del alcalde.

Por eso la nueva Orden no se limita a corregir la mera inclusión de la Autoridad Portuaria y de la Cámara de Comercio: incorpora nueve modificaciones a la anterior del 28 de julio. La principal es que ahora el Ayuntamiento tiene un representante más (cuatro) que la Autoridad Portuaria (tres) y que se cambia en su beneficio la redacción del artículo 11. Si antes debía haber unanimidad (9 votos) en el Pleno del Consorcio para modificar la forma de representación de la entidades integrantes, ahora bastan 6 votos favorables (los que sumarían los 4 del Ayuntamiento más los dos de los delegados del Estado).

EL VOTO DEL ALCALDE

Anteriormente (artículo 15), se especificaba que los acuerdos “podrán ser tomados por mayoría; en caso de empate decidirá el voto del presidente”. Ahora ya no es potestativa sino obligatoria esa mayoría en la nueva redacción, y como en caso de empate decide el voto del presidente, el que en calidad de tal tendrá la última palabra en el consorcio será siempre Zoido mientras sea alcalde. Y para que haya empate, al Ayuntamiento le bastará sumar el apoyo de tan sólo un solo representante a los cuatro suyos.

También se modifica la composición del Comité Ejecutivo, que funcionará como brazo del consorcio. Si antes estaba formado por los dos delegados estatales más dos miembros nombrados por el pleno, ahora éstos se amplían a tres para hacer un hueco a la Autoridad Portuaria, pero siempre quedarán dos más, en la órbita del Ayuntamiento.

En resumen, la nueva Orden ministerial está diseñada para reforzar el control del Ayuntamiento y de Zoido sobre la Zona Franca, aunque ello haya supuesto un retraso de tres meses que ha frustrado el inicio de las obras en 2014 y que por su  duración (8 meses para el vallado) se prolongarán probablemente más allá de la fecha límite fijada en el BOE: el 31 de agosto de 2015.

Hacienda sigue condicionando la Zona Franca al Plan de Ajuste

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se desplazó el lunes hasta Sevilla para anunciar junto al alcalde y en presencia de unos 200 empresarios de la ciudad la Orden que también el mismo día había publicado el Boletín Oficial del Estado y por la que se autoriza la constitución del Consorcio de la Zona Franca de Sevilla y se aprueban sus estatutos.

Hacienda ha dado una de cal y otra de arena a la ciudad, ya que en el artículo 4º de la Orden condiciona la constitución del Consorcio a que el Ayuntamiento acredite la concurrencia de los requisitos previstos en la Disposición Adicional novena de la Ley de Bases de Régimen Local, un cumplimiento que a su vez deberá ser acreditado por el propio Ministerio de Hacienda.

El texto, pues, no puede ser más paradójico: Hacienda aprueba unos estatutos de un Consorcio que no se puede constituir hasta que no cuente con el informe favorable del propio Ministerio, de lo que se colige que ese informe aún no existe porque ha de superarse previamente un escollo legal al que hace referencia la Orden: la ley de Régimen Local.

Y esa Disposición novena prohíbe que ayuntamientos como el de Sevilla constituyan nuevas empresas, organismos y consorcios, como es el caso del de la Zona Franca, durante el tiempo de vigencia de su plan económico financiero o su plan de ajuste. Ahora, Hacienda y el Ayuntamiento deberán buscar una fórmula jurídica que permita superar esta prohibición.

A expensas de que el Consorcio pueda constituirse con la celebración de su primer Pleno y la Zona Franca entrar en funcionamiento, puntos ambos condicionados tal como subraya de nuevo el artículo 5º de la Orden, al cumplimiento de la exigencia anterior, Hacienda ha avanzado los trámites administrativos con la aprobación de los estatutos del Consorcio, en los que se ratifica otra sorpresa incluida en la disposición: el Ministerio ha dejado fuera de la Zona Franca al puerto de Sevilla y a los empresarios, al no reflejar representación alguna ni para la CES ni para la Cámara de Comercio.

Sólo forman parte del órgano de gobierno del Consorcio el propio Ministerio y el Ayuntamiento, aunque Hacienda deja la puerta abierta a futuras incorporaciones previa modificación de los estatutos y conforme, una vez más, lo que decida ella misma.

El Consorcio tendrá su sede en el pabellón de Marruecos de la Expo del 29, lo presidirá el alcalde y su vicepresidente y auténtico hombre fuerte como titular del Comité Ejecutivo será el delegado especial que nombre Cristóbal Montoro. Además, formarán parte del Consorcio dos ediles del Ayuntamiento que sean miembros de la Junta de Gobierno local y el titular de Aduanas en Andalucía, más un secretario con voz pero sin voto.

El Alcázar y el Acuario

El teórico número dos de Zoido, delegado del Real Alcázar y de Relaciones Institucionales y presidente del Pleno municipal, el catedrático Javier Landa, proclamó hace unos días que el Consistorio hispalense “nunca ha renunciado ni renuncia” a conseguir la cesión de las casas vinculadas al que es considerado el palacio real en uso (residencia oficial de los Reyes de España cuando vienen a Sevilla) más antiguo de Europa: el Alcázar.

Landa ha calificado esta pretensión de “reivindicación histórica”, ya que todas las viviendas ubicadas en el Patio de Banderas están incluidas en el Plan Especial de Protección del Sector 6 del Conjunto Histórico de la ciudad, el cual, dicho sea de paso, aún sigue pendiente de aprobación a estas alturas del siglo XXI.

El delegado del Alcázar ha sido taxativo al insistir en que en ningún momento el gobierno de Juan Ignacio Zoido ha pensado en renunciar a las viviendas, sino todo lo contrario: “Siempre hemos trabajado -ha aseverado- con el ánimo de conseguir que estas casas sean devueltas a Sevilla”.

ANTECEDENTES

Este pronunciamiento público de Javier Landa se ha producido después de una serie de acontecimientos previos. El pasado mes de julio, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó, entre otras muchas en Sevilla capital y provincia, la enajenación de seis viviendas de la Judería sevillana mediante subasta pública y en el marco del Plan de Racionalización de Bienes, publicado entonces por Viva Sevilla.

Estas viviendas estaban claramente vinculadas a las murallas del palacio real sevillano y el anuncio de subasta por parte del Gobierno central motivó que el portavoz del grupo municipal socialista, Juan Espadas, recordara el viejo litigio que mantiene la ciudad de Sevilla con el Ejecutivo de la nación, haya sido del color político que haya sido, desde que durante la II República el ministro de Hacienda, el socialista Indalecio Prieto, le cedió mediante un Decreto el Alcázar y sus jardines.

Tal como han recordado cuatro exalcaldes sevillanos durante la Democracia (Luis Uruñuela, del PA; Manuel Del Valle, PSOE; Alejandro Rojas Marcos, PA; Alfredo Sánchez Monteseirín, PSOE), el Ayuntamiento hispalense de 1931 aceptó la cesión por parte del Ministerio de Hacienda, pero la consideró incompleta porque no incluía las viviendas y huertas que históricamente habían estado ligadas al Alcázar, de ahí que dejara pasar un tiempo sin inmatricular el palacio, en espera de que el Gobierno central corrigiera y ampliara aquella cesión.

OCHENTA AÑOS

Hasta el 30 de diciembre de 1935 no la elevó el Consistorio a escritura pública, con lo cual en la inscripción registral sólo se pudieron inmatricular el Real Alcázar y sus jardines, pero no las casas del Patio de Banderas y otras de la Judería, ni las huertas tradicionales. A a lo largo de los 80 años transcurridos desde entonces, las corporaciones municipales y alcaldes que se fueron sucediendo antes de la llegada de Zoido a la Plaza Nueva mantuvieron ante el Gobierno de la nación la exigencia de la ciudad de lograr no sólo el Alcázar y sus jardines, sino también el caserío adosado o vinculado al mismo y que se consideraba parte del conjunto arquitectónico. Y es que, a diferencia de otros palacios reales que suelen hallarse desconectados físicamente de su entorno y se erigen solitarios en medio de un gran espacio libre a su alrededor para que realce aún más su preponderancia como símbolo del poder, el Alcázar sevillano se integra en la trama urbana por tres de sus cuatro lados y no emerge con una imponente silueta para que destaque su carácter real.

Como un hecho insólito y excepcional, los cuatro alcaldes democráticos citados han remitido una carta a Juan Ignacio Zoido en la que le instan a que solicite al Gobierno presidido por Mariano Rajoy que ceda de forma gratuita a la ciudad de Sevilla las casas que históricamente estuvieron vinculadas al Alcázar y que incluyó en el mes de julio entre los bienes que se pretende sacar a subasta antes de que acabe el año.

Si ello ya no fuera posible, los ex-alcaldes recomiendan a Zoido  que, como alternativa, se conceda al Ayuntamiento el derecho de tanteo y/o retracto sobre estos inmuebles (permitirle adquirirlos antes que otros pagando por ellos el mismo precio o bien ‘a posteriori’ y en esas mismas condiciones una vez transmitidos a terceros) y que se convoque una reunión extraordinaria del Patronato del Real Alcázar “para que se adopten las resoluciones que en Derecho procedan”.

RESPALDO

La carta de los exalcaldes ha supuesto un espaldarazo para Juan Espadas, que a mediados de octubre alertó sobre la subasta y ya alertó a Zoido que optara por “una posición frontal y beligerante contra la decisión de Montoro y de Rajoy de hacer caja a costa de lo que desde 1931 se ha entendido como bienes que pertenecen a Sevilla”, y anunció la presentación de una propuesta para que todos los grupos políticos del Ayuntamiento apoyaran de forma unánime la petición de paralización de la venta y de culminación de cesión gratuita de los inmuebles a la ciudad.

Espadas, además, no se dejó llevar por sus posiciones ideológicas, ya que entre sus exigencias de recuperación patrimonial para Sevilla incluyó también una vivienda del Patio de Banderas que ha acabado en manos de la Junta de Andalucía, para que el Gobierno autonómico haga lo mismo que el central y lo transfiera al Consistorio.

MORALEJAS POLÍTICAS

La reivindicación de las casas del entorno del Alcázar, aun siendo de carácter histórico y patrimonial, no deja de tener bastantes lecturas políticas, todas negativas para Zoido, a saber:

1) No fue capaz en su momento de frenar la inclusión de los inmuebles en las subastas del Ministerio de Hacienda, pese a que el ministro, Cristóbal Montoro, es diputado del PP por Sevilla y el alcalde alardea de tener hilo directo con él.

2) Una vez incluidas las casas en la subasta pública, no ha tenido reflejos políticos para exigir su paralización y ha dejado que una causa histórica de la ciudad la abandere el líder de la oposición, Juan Espadas, en vez de él mismo como alcalde.

3) No ha tenido reflejos, ni él ni Landa, para que al menos fuera el Patronato del Real Alcázar, el organismo de notables y capitulares municiapales que vigila la gestión del monumento, Patrimonio de la Humanidad, el que en su defecto se significara ante el Ministerio.

4) Han sido los exalcaldes y no los Servicios Jurídicos municipales ni el Patronato del Real Alcázar los que le han señalado la posible solución jurídica (el derecho de tanteo y retracto) al problema creado por el anuncio de subasta.

5) Queda en la opinión pública la impresión de que Zoido, con su pasividad e inhibición, ha antepuesto su condición de disciplinado militante del PP y obediente con el Gobierno de Rajoy a la de alcalde de Sevilla y, como tal, obligado a ser el primer defensor de los intereses de la ciudad.

6) Vuelve a proyectar la imagen de que carece de influencia en Madrid, por más que sea también el presidente del PP en Andalucía. El indudable sacrificio a que se ha sometido él mismo como persona y a la ciudad por el tiempo extra dedicado al partido en la región, en detrimento de Sevilla y de su vida personal y familiar, no le ha servido para conseguir compensaciones para la urbe por parte del Gobierno de la nación.

ANTÍTESIS

Por ende, en coincidencia con la reactivación de la reivindicación de las casas ligadas al Alcázar, Zoido acudió a conocer la marcha de las obras del Acuario en el muelle de las Delicias y a presentar con sus responsables el proyecto (cuarto ya), que había estado paralizado desde hacía 13 años por los problemas financieros y de otra índole de todos los promotores anteriores.

Y hubo de reconocerse públicamente ante los sevillanos que si el Acuario se abre por fin el año que viene va a ser porque la Junta de Andalucía, a través de la Agencia IDEA, ha financiado la mitad de la obra, que cuesta al menos 6 millones de euros, ante el cierre del grifo del crédito por parte de los bancos.

Corolario: mientras Zoido no deja de alabar al Gobierno ‘amigo’ del PP en Madrid y de pregonar sin descanso que la Junta maltrata a Sevilla y boicotea sus proyectos, Rajoy y Montoro le subastan las casas del Alcázar y, por contra, Susana Díaz da el dinero para que Sevilla tenga su Acuario.

 

Zoido, sin fuerza ante Madrid

Hace unos días, los responsables territoriales del PP en la provincia de Sevilla, con su secretario general Eloy Carmona al frente, lanzaban un órdago a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y por su condición de sevillana le pedían que diera un trato especial a la provincia en los próximos Presupuestos del Gobierno autonómico, los primeros con la trianera como máxima responsable de Andalucía.

Por su parte, el alcalde de Sevilla y presidente del PP (A), Juan Ignacio Zoido, enviaba en el último Pleno municipal un mensaje a San Telmo al alardear de que el Ministerio de Hacienda ya había consignado una partida para la ronda intermedia SE-35 en los Presupuestos Generales del Estado, cuya presentación por entonces era inminente. Como es sabido, el Ayuntamiento lleva desde el inicio de este mandato exigiendo que el Gobierno andaluz cofinancie, junto con el de la nación, esta vía de comunicación prometida a Ikea para allegarle clientes a su futura segunda tienda cercana al aeropuerto, una supuesta obligación muy discutible, ya que teóricamente la Junta sólo sería responsable de las vías de comunicación interurbanas y de carácter autonómico, y no de las que discurran por el interior de los núcleos urbanos, que serían exclusivamente de competencia municipal.

En el mismo Pleno de septiembre se aprobó por la vía de urgencia el borrador del convenio para la construcción de forma definitiva de la comisaría de Policía en el Polígono Sur, prevista desde el convenio firmado hace años por Monteseirín con el ministro del Interior dentro de un paquete de cinco en distintos distritos de la ciudad y cuya necesidad, evidente desde siempre, se ha demostrado inaplazable después del tiroteo de este verano, en que murió una niña de tan sólo 7 años de edad.

SIN REFRENDO FINANCIERO

Se trataba, pues, de dos apuestas políticas del alcalde para desbloquear sendos proyectos importantes para la ciudad, la capital de Andalucía, y que debía refrendar económicamente el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, con quien se supone que Zoido tiene hilo directo para poder asumir riesgos ante la opinión pública hispalense contando con una red de seguridad que no le deje en mal lugar. Si los responsables territoriales del PP proclamaron públicamente que esperaban que Susana Díaz tenga algunos detalles presupuestarios con Sevilla por su condición de sevillana, cabría aplicar el mismo razonamiento desde la óptica del PP con un ministro de Hacienda que a su condición de andaluz une la de parlamentario por la circunscripción de Sevilla.

Pues bien, los fondos asignados a Sevilla por el ministro Montoro en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 demuestran la escasa fuerza de Zoido a la hora de poner una pica en Madrid, en su doble condición de alcalde de Sevilla y de presidente del PP (A) y la escasa consideración de Montoro a la circunscripción por la que es diputado, ya que al proyecto-estrella de Zoido, la SE-35 para facilitar la apertura del segundo Ikea, sólo ha destinado un millón de euros, y cero euros para la Comisaría de Policía Nacional en el Polígono Sur y en cualquier otro distrito de la ciudad.

En el caso de la SE-35 hay que recordar que el 23 de septiembre de 2012 el alcalde firmó con la ministra de Fomento, Ana Pastor, un convenio en virtud del cual el Ministerio aportaría 12,5 millones de euros a la obra de la citada vía de comunicación, cuyo presupuesto estimado es de 50 millones de euros y para la que el Ayuntamiento decía haber reservado 29 millones a costa de modificar previamente el Presupuesto de Urbanismo y detraerle cantidades destinadas inicialmente a obras en los barrios de la ciudad. Más o menos lo mismo que hizo Monteseirín para las Setas de la Encarnación, si bien en este caso en proporciones bastante menores.

Zoido declaró tras la firma del convenio lo siguiente: “La obra de la futura SE-35 es una obra estratégica que conectará todo el tráfico periurbano de Sevilla con la red de carreteras del Estado y descongestionará en gran medida la actual SE-30, además de crear miles de puestos de trabajo en la ciudad”.

ENVITES A LA JUNTA

El alcalde no dejó de lanzar mensajes comprometedores a la Junta para que “arrimara el hombro”: “Es intención tanto del Ayuntamiento como del Ministerio de Fomento -dijo- incorporar a las actuaciones de este Protocolo a la Junta de Andalucía para su participación y colaboración. Pensamos que la Junta de Andalucía debe aportar otro tanto, lo que con la reserva de crédito del Ayuntamiento de 29 millones nos permitirá abordar la construcción de esta iniciativa”.

Pues bien, pese a este carácter estratégico y los supuestos miles de empleos que va a generar la SE-35, la firma del convenio supuso cero euros en los Presupuestos para 2013 y tan sólo un millón para los de 2014, ¡únicamente el 8% del dinero comprometido por Fomento!, cuando Zoido había dado seguridades a Ikea de que todo estaría listo en 2014 para la apertura de su segunda tienda.

Y, una vez más, obligado por la realidad y los incumplimientos de los Gobiernos del PP, Zoido ha cambiado su discurso reivindicativo maximalista ante la Junta de Andalucía. Durante todo este tiempo, confiado en obtener de Madrid los 12,5 millones firmados con la ministra Ana Pastor, el alcalde no ha dejado de reclamarle similar cantidad a San Telmo. Ahora, tras el jarro de agua fría de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, pide “lealtad institucional” a la Junta para que aporte “aunque sea un millón” a la SE-35. Añade que el Ayuntamiento “ya tiene reservados 15 millones de euros en los dos próximos años”. O sea, que ya no son tampoco 19 millones y ahora se conforma con sólo un milloncejo con tal de no enfrentarse al Gobierno de la nación y de no dejarlo en evidencia por haber incumplido su compromiso con Sevilla, de lo que se infiere su escasa fuerza ante Madrid.

No sólo no ha conseguido aún el dinero, sino que en su afán de desbloquear la SE-35 a cualquier precio asumió en el convenio con la ministra de Fomento los gastos de conservación y mantenimiento de por vida de tramos estatales de carreteras que pasan por el término de Sevilla, como la ronda Súper Norte, con lo que según los cálculos de la oposición y en razón de su coste anual, dentro de 15 años el Ayuntamiento ya empezará a sufrir pérdidas en el balance de este peculiar ‘cambio de cromos’. Un negocio ruinoso para la ciudad.

EL CONVENIO DE MONTESEIRÍN

Como también está siendo ruinoso el firmado en 2005 por Monteseirín con el Ministerio del Interior y en virtud del cual el Consistorio sevillano pagó 9,9 millones de euros por el abandonado edificio de la Gavidia (para el que no se encuentra uso y cuya vigilancia ha llegado a costar 174.000 euros anuales), a cambio de que el Gobierno construyera cinco nuevas comisarías de Policía en Sevilla Este, Macarena, Nervión-San Pablo, Los Bermejales y el Polígono Sur.

Ocho años después, sólo se han edificado las dos primeras y con bastantes problemas, mientras que para las restantes no ha habido ni un solo euro en los Presupuestos, ni siquiera tras el tiroteo de este verano en las Tres Mil Viviendas, sin que Zoido haya alzado tampoco la voz en este caso.

Ha destacado sobre todo los 19, 8 millones de euros destinados a la ronda SE-40 y los 39,6 millones para el puerto, cuando de esa autovía sólo hay 16 kilómetros en servicio de los 77,6 kilómetros de que debe constar y su coste total se eleva a 1.200 millones de euros, por lo que los menos de 20 en los Presupuestos Generales son una gota de agua en el océano. Por otra parte, los 33 millones de euros para el dragado en profundidad del río están condicionados, como no se ha cansado de repetir el ministro Arias Cañete, a que se garantice el cultivo del arroz (precisa de una obra de 180 millones de euros, que no se sabe de dónde obtener, para no depender de los aportes de agua dulce del Guadalquivir en el tramo inferior) y la preservación de Doñana, por lo que ese dinero sobre el papel puede quedar congelado ‘ad calendas graecas’.

Lo mejor del Presupuesto son los 20 millones de euros para rematar las conexiones con el pantano de Melonares, pero por la amenaza de perder el dinero de Bruselas, y entre lo que el alcalde no valora figuran los escuálidos 40.000 euros para el Cercanías, vital para descongestionar la isla de la Cartuja, y los cero euros para el Museo de Bellas Artes, pese a la cual Zoido ha declarado que las Cuentas para 2014 “recogen las necesidades prioritarias de Sevilla”.

Así pues, espíritu reivindicativo cero ante Madrid. Veremos cómo reacciona cuando presente sus Presupuestos la Junta de Andalucía.

Paro

Sevilla ha sido durante abril la segunda provincia española que ha registrado mayor caída del paro (5.891 personas salieron de las listas del Inem) y mayor número de contratos laborales (24.444), si bien el 97% de los mismos tuvieron carácter temporal. Tanto en general como para sectores como la construcción y la industria han sido las mejores cifras en muchos años desde que se llevan este tipo de estadísticas. Y ¿a quién se ha debido este machadiano milagro de la primavera? Las centrales sindicales, libres en este sentido de toda sospecha, lo atribuyen a los hombres de negro enviados por el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, a la Feria de Abril, los cuales obligaron a dar de alta a todo el que pintara algo en una caseta, desde el montaje al desmontaje. Mientras que en el resto del país sube el pan (y los impuestos) cuando don Cristóbal habla con su risa de conejo, aquí resulta que baja el paro. Con este precedente, Sevilla va a ser el único lugar del mundo donde acabemos felicitándonos por que nos metan una inspección de Hacienda.

 

Pecado de vanidad

Uno de los pasajes de la Biblia refiere cómo Israel acaba siendo invadido, derrotado, esclavizado y obligado al exilio en tierra extranjera durante varias generaciones no mucho tiempo después de que el rey de los judíos hubiera mostrado las riquezas acumuladas en el Templo a una delegación de otro país que había acudido en son de paz y cargada de valiosos presentes para el sucesor de David.

En medio de la aflicción de los hebreos, los sacerdotes imploran a Yaveh, pero Dios considera justo el castigo por su pecado de vanidad, al haber hecho ostentación de sus tesoros y haber despertado así la codicia del rey extranjero, que en principio no tenía noticia alguna de los mismos y que por arrebatárselos acabó sometiendo a aquéllos a cautiverio.

Salvando las diferencias, obviamente, recordaba el texto bíblico con motivo de las quejas populares (se han escrito hasta sevillanas sobre este tema, como ‘Los hombres de Cristóbal’, que el grupo Rancias Maneras ha colgado en Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=fWnmB9LByxU ) y a través de los medios de comunicación sobre los inspectores enviados por el ministro de Hacienda y diputado por Sevilla, Cristóbal Montoro, a supervisar el montaje de las casetas y de las actividades desarrolladas durante la Feria de Abril, con el fin de aflorar la economía sumergida tradicionalmente ligada al festejo sevillano.

INFORMES PREVIOS

El ministro ha confesado que adoptó esa decisión al leer las informaciones sobre el impacto de la Feria en la economía sevillana, esos estudios, como el citado previamente por Gregorio Serrano, de que genera el 3,42% del Producto Interior Bruto de la ciudad, o sea, unos 675 millones de euros.

Con el enorme déficit público existente y la necesidad de recortar gastos y de sacar dinero hasta debajo de las piedras para calmar a Bruselas y a Angela Merkel, Montoro vio el cielo abierto al leer cómo Sevilla alardeaba de su particular tesoro, un tesoro al que nunca antes Hacienda había prestado atención porque las actividades en el campo de Los Remedios carecían de reflejo estadístico al no haberse declarado de manera alguna. Oficialmente era como si no existieran.

Así pues, Montoro debe de estar muy agradecido a Sevilla, no sólo por haberlo elegido como diputado, sino también por haberle abierto los ojos sobre el dinero opaco escondido en el seno de las fiestas populares, sobre todo las que en la grandes urbes congregan una ingente cantidad de personas, cuyas necesidades básicas de comer y beber hay que satisfacer con un montaje efímero de estructuras de hostelería: la Feria de Abril, las Fallas de Valencia, los sanfermines de Pamplona, el Pilar de Zaragoza…. Los hombres de negro del ministro de Hacienda marcan ahora en rojo el calendario festivo nacional al igual que los Bañulls y otros dueños de atracciones en la calle del Infierno, con los que de hacer la ruta anual pueden acabar hasta confraternizando.

EL PIONERO

En el PP y su entorno se recuerda que el pionero, el promotor de los informes estadísticos que traducían a dinero las magnitudes de la Feria y han acabado así atrayendo la atención de los inspectores de Hacienda no ha sido precisamente el delegado de Empleo y Economía, Gregorio Serrano, sino el socialista Emilio Carrillo, el hombre que pudo reinar en Sevilla y al que Monteseirín le segó tanto la hierba bajo los pies que logró hasta su abandono de la política y que hoy transite por los derroteros de la vida contemplativa, la filosofía zen y la meditación trascendental.

Por más que los populares señalen a Carrillo como el ‘culpable’ de que se cumpla la legalidad en la Feria, aquél ya está amortizado políticamente para el PSOE y personalmente se encuentra en una situación en que estas polémicas no le afectan.

EXITO DE LA PORTADA

La portada de este año, inspirada en las torres y puentes de la Plaza de España y diseñada por Manuel Jesús Jiménez Varo y Miguel Angel Pérez Cabo, no ha suscitado controversia alguna y ha merecido un elogio generalizado por su belleza y por cómo, iluminada, resalta en la noche abrileña.

Sus magnitudes invitan a una reflexión. Pesa 250.000 kilogramos. Lleva incorporadas 20.000 bombillas para lucir en todo su esplendor. Ha precisado pintura artística para cubrir el equivalente a una superficie de 4.000 m2. La altura de sus torres es de 43 metros. El conjunto tiene un frente de 50 metros longitudinales y ha precisado de 15.500 horas de montaje, con una inversión total en su construcción de 500.000 euros.

La portada, que entre montaje (cuatro meses a partir de diciembre) y desmontaje sufre las inclemencias meteorológicas durante una larga temporada (este año, desde un prolongado temporal de lluvias hasta el sol inclemente, veraniego, de esta semana), es tan de madera como las ‘Setas’ de la Encarnación (aunque es de suponer que no de la misma calidad).

COMPARACIÓN CON LAS ‘SETAS’

El Metropol Parasol, seis parasoles apoyados sobre dos columnas de hormigón y compuestos por 3.000 piezas de madera unidas mediante barras de acero encoladas y tratadas con una resina especial para soportar el calor sevillano, tiene una altura de 28,50 metros y mide 150 metros de longitud  por 75 de anchura. Tiempo de construcción: 6 años. Coste más o menos admitido oficialmente: unos 120 millones de euros.

Las ‘Setas’ de la Encarnación, pues, equivalen a 4,5 veces la portada de la Feria de Abril, pero se tardó en construirlas 18 veces más tiempo y su coste ha sido 240 veces superior.

Si al equipo que ha montado la portada le hubieran encargado el Metropol Parasol, ¿cuánto habría costado?

IRPF versus Lipasam

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es también diputado por Sevilla, condición que no sabemos si habrá influido en que presentara el balance de las declaraciones de la renta (IRPF) justo a las 48 horas del inicio de la huelga de Lipasam,  que vino precedida de una polémica sobre sus sueldos.

Además, el Gobierno ha incluido esta semana en el anteproyecto de ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local unas normas de transparencia por las que  obligará a los ayuntamientos a publicar el coste de sus servicios, para que se  puedan compararlos con los de otros municipios. Entre ellos, la recogida de residuos y limpieza viaria, el objeto social de Lipasam. Las corporaciones deberán demostrar mediante una Memoria que en el caso de que los presten sociedades mercantiles municipales (como Lipasam) lo harán de manera eficiente.

Así pues, esta ley va a abocar a que se desmenucen públicamente los costes de Lipasam, Tussam, Emvisesa, Emasesa…. y se comparen con los de compañías homólogas, para ver si están fuera de ‘mercado’ y si se despilfarra el dinero de los contribuyentes, los cuales podrán exigir así medidas correctoras, por más que los sindicatos y la oposición hablen de “satanización” cuando se sacan a colación los sueldos en nuestras  empresas municipales.

Según Hacienda, éstas son las cantidades que declaran percibir anualmente los 19.315.000 contribuyentes, por tramos de renta y número de ellos:

-Menos de 10.000 euros perciben al año 6.560.000 españoles.

-Entre 10.000 y 20.000 euros, 6.104.000.

-Entre 20.000 y 30.000 euros, 3.254.000.

-Entre 30.000 y 40.000 euros, 1.664.000.

-Entre 40.000 y 50.000 euros, 700.000.

Quedan seis tramos más, hasta la minoría de 7.000 afortunados que declaran unos ingresos superiores a los 600.000 euros, pero el conjunto de los perceptores de más de 50.000 euros (incluyendo los de 600.000)  supone sólo el 9% del total.

En la guerra de cifras por la huelga de Lipasam, el Ayuntamiento difundió que el salario medio anual per cápita en la empresa pública de la limpieza es de 30.000 euros, cantidad calificada por el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, como privilegiada y que ya querrían para sí en las actuales circunstancias de crisis la mayoría de los sevillanos.

DATOS QUE NO CUADRAN

Sin embargo, cunde la sospecha de que esta cifra haya sido incluso maquillada a la baja,  pues posteriormente el Consistorio ha filtrado que el gasto en personal asciende a 65 millones de euros en números redondos. Este redondeo también podría haber sido realizado a la baja si tomamos como referencia que la previsión de gastos de personal para 2013 es de 64.359.019 euros contando ya con la obligada reducción del 5% en las nóminas, que los empleados rechazan y que es uno de los motivos invocados para la huelga. Si esta cifra equivale a un 95% de la masa salarial previa, ello significaría que ésta habría sido realmente de unos 67,7 millones y no 65.

Dado que con Zoido como alcalde la plantilla no sólo no se ha reducido, pese a la inversión de 8 millones en maquinaria que los sindicatos interpretan destinada a la futura privatización, sino que incluso se ha incrementado, aun aceptando un gasto en personal de ‘sólo’ 65 millones, el resultado de dividirlos entre los 1.517 empleados arroja una media no de 30.000 euros per cápita, como divulgó el Consistorio, sino de 41.374 euros.

¿Cómo calificaría entonces Maximiliano Vílchez esta cifra si para él la de 30.000 euros ya era un privilegio?

CONTRADICCIONES

Si se compara ese salario medio de 41.374 euros con las tablas del IRPF difundidas esta semana por Cristóbal Montoro, se deduce que esa retribución es superior a la que cobra el 91,02% de los contribuyentes españoles (17.582.000 personas) y se inscribe en la de la selecta minoría del 9% que ingresa más de 40.000 euros anuales.

Volvamos, no obstante, a la cifra presuntamente oficial revelada por el Ayuntamiento de 30.000 euros anuales, que todavía superaría a la que perciben casi 16 millones de contribuyentes (el 83% del total). En tal caso la masa salarial no podría ser de 65 millones, sino tan sólo de 47 millones, que no cuadran con la previsión de Tesorería para 2013 (64,3 millones), pues en un escenario de recortes supondría un incremento anual de 17 millones. Cabría pensar entonces que la diferencia de 18 millones de euros sería la destinada a pagar a los eventuales que suplen a la plantilla en los festivos, pero de nuevo aparece otra contradicción: el gobierno local viene sosteniendo que la supresión de los eventuales (ojo, sumada al recorte salarial del 5%) supondría un ahorro de sólo 3,3 millones de euros, por lo que aún quedarían 15 millones en el aire.

LUCES Y TAQUÍGRAFOS

¿Por qué el Ayuntamiento habla de una media de 30.000 euros, con lo cual el ciudadano piensa que es lo que cobra también un barrendero, y no desglosa los salarios reales por  categorías, con y sin pluses? ¿Disparan la media los directivos? ¿Cuál es el miedo, ya que el convenio es una herencia de Monteseirín, que compró así la paz social con el dinero de los contribuyentes, y Zoido prometió “luces y taquígrafos”?

Desde 2009, los salarios públicos -y no digamos los privados, amén de los millones de despedidos en las empresas- han perdido casi un 24% de poder adquisitivo. En Lipasam, el recorte del 5% no ha tenido aún incidencia en las nóminas porque “fue diluido” (¿?) en 2012 en diferentes aspectos. Al negarse a aceptar siquiera esa reducción, los sindicatos pretenden que esta empresa municipal (y hasta con más plantilla, sumada a los eventuales) sea la única inmune a la crisis.