Archivo de la etiqueta: Defensor del Pueblo

Desencanto

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tardado 17 años en caerse del caballo y percatarse de la existencia de una casta aparte, la clase política, que se coloca fuera y por encima de la ley y de instituciones como la que él ha representado hasta que osó cuestionarla.

Desde 1991 he recurrido en numerosas ocasiones al Defensor, inicialmente cuando lo era en funciones Jesús Maeztu que, por paradojas o capricho de esos mismos políticos que mueven los hilos, vuelve a sus orígenes.

Como entonces era aún un ingenuo que creía en la Democracia, el imperio de la ley, etc., etc., acudí al Defensor en, nunca mejor dicho, defensa de unos terrenos comunales y vías pecuarias usurpados desde la más flagrante ilegalidad urbanística. Nunca podía imaginar que aquella defensa, también en nombre de la Memoria Histórica cuando nadie la reivindicaba, se convertiría en una batalla de 22 años por esclarecer la verdad y comprender cómo se podía actuar con absoluta impunidad. Las pruebas de mi aserto están en los cuatro informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’.

Chamizo dice que se va -cuando en realidad lo han echado- porque no quiere ser un florero del sistema. Al igual que el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, él ha desempeñado inconscientemente ese rol de florero durante 17 años. El Defensor, ante mis requerimientos de que denunciara ante los Tribunales, me alegaba que sólo era una autoridad moral.

Ahora bien, esa autoridad moral no surtía efecto porque los políticos condenados moralmente por la institución por obstaculizar su labor o pasar olímpicamente de cumplir sus recomendaciones no sólo seguían tan campantes en sus puestos, sino que incluso trepaban aún más alto en la escala, con el respaldo de esos mismos partidos ante los que Chamizo presentaba su informe anual en el Parlamento.

Al aceptar este estado de cosas sin dar un portazo, la institución del Defensor devenía en un florero del sistema, donde cada logro obtenido lo era por una concesión graciable del Poder más que por el reconocimiento de un Derecho, cuya vulneración, por otra parte, le salía gratis a los políticos y/o sus adláteres.

A Chamizo se le ha caído al fin la venda de los ojos, pero sólo cuando se lo han quitado del medio, no antes. Me apena que en vez de haberse ido con la cabeza alta haya proyectado la imagen de un apegado a la poltrona, como creyéndose Defensor a perpetuidad, y enfrascado con los políticos en lo mismo que él les reprochó: sus ‘peleítas’.

 

Una radiografía de Sevilla

Si cada uno cuenta la feria según le va, tras contar en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’ cómo me ha ido en el trato con el Defensor del Pueblo  es fácilmente deducible que después de la confianza inicial me he convertido en un escéptico, en tanto no vea, como santo Tomás, que ocurre:

1) Que el Defensor lleva ante la Justicia a algún alcalde, consejero, gobernante o político, por corrupción o infracción de las leyes.

2) Que, al igual que dicen ocurre en Suecia con la institución equivalente del Ombudsman, todo político o funcionario condenado por el Defensor en su informe al Parlamento, ya sea por acción u omisión, se va ‘ipso facto’ a su casa porque si no, sabe que va a ser fulminantemente destituido por su partido o por su Administración.

Pero si la sociedad, las Administraciones, los partidos y hasta el propio Defensor creen y aceptan que las  condenas de éste son meramente morales y carentes de efecto porque su rol es el de mero florero del sistema, entonces huelga su existencia.

Tras este introito, y aunque no creo que sirva para mucho, hay que destacar el informe elevado al Pleno municipal por el denominado ‘Defensor del ciudadano’, José Barranca, por constituir una radiografía de la Sevilla actual. Por más que la oposición, que persiste en el boicot que le organizó desde el principio, diga que Barranca es el Defensor de Zoido en vez de los sevillanos, se sobreentiende que aquél no habla a título personal, sino que actúa como portavoz y altavoz de los ciudadanos y a partir de los 234 expedientes de queja tramitados durante el último año (con pocas llamadas telefónicas más se permiten algunos medios publicar sondeos de opinión sobre el estado de la ciudad).

Otra cosa es que luego Barranca les dé su impronta a la hora de redactar el informe final y de exponerlo. El Defensor ha subrayado de entre las denuncias de los ciudadanos conductas que están a la vista de todos pero que nadie hasta ahora se había atrevido a colocar con tanta crudeza ante los focos de la opinión pública:

1) Matonismo entre los taxistas: Siempre sin generalizar, pero es de dominio público desde hace años -recuérdense las broncas con delegados municipales como Blas Ballesteros y Francisco Fernández- que hay una minoría que tomando el aeropuerto como base de sus actuaciones trata de monopolizar el transporte de turistas, incurre en abusos, no atiende la petición de entrega de facturas por la carrera realizada, dicen habitualmente tener estropeada la climatización y, en resumen, adoptan una actitud prepotente e intimidatoria que, como refleja la Memoria del Defensor, daña la imagen de todo el gremio y la de Sevilla, por cuanto constituyen  la primera impresión que recibe el turista apenas aterrizar en la ciudad.

2) Trato inadecuado de la Policía Local a los ciudadanos: Muy diplomáticamente, Barranca trata de explicar esta actitud chulesca con el argumento de la falta de formación y de destrezas sociales, por no decir lisa y llanamente falta elemental de educación, pero lo cierto es que hay agentes de la autoridad que se creen, a su manera, la autoridad misma y exhiben unos modales totalitarios inadmisibles en una Democracia.

El presidente de la sección sevillana del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, Manuel Bustelo, ha reaccionado al informe diciendo que los policías no son, ni más ni menos, que un reflejo de la sociedad actual, pero esa sociedad no se reconoce en ellos, pues en tal caso no habría denunciado su comportamiento ante el Defensor.

3) Dueños de bares que se saltan la normativa: Una de mis primeras colaboraciones en El Mundo  llevaba por título ‘La calle es suya’ y versaba sobre cómo cierto restaurador copaba hasta las aceras con los veladores y forzaba a los viandantes a caminar por la calzada, el espacio reservado a los automóviles. Aquella tendencia de colmatar todo el espacio posible con veladores se ha extendido por doquier con la vista gorda del Ayuntamiento, más interesado en hacer caja que en vigilar el cumplimiento de la norma sobre veladores, ruidos y horarios de cierre, tal como recoge Barranca en su informe.

4) Ciclistas que toman el carril-bici, las calles y las aceras: Añado más, porque mi última experiencia en este sentido ha sido ver a ciclistas pasando por encima de la parada elevada del tranvía sita frente al hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando, y a escasos centímetros de quienes estaban esperando la llegada del ‘Metrocentro’. Desgraciadamente, si antes eran los ciclistas los acosados por los conductores cuando pretendían circular junto a ellos en la época sin carril-bici, ahora, con la novelería de la bicicleta y como denuncia el Defensor, son los peatones quienes se sienten amenazados porque demasiados usuarios de las dos ruedas apenas respetan las normas de circulación y consideran que todo el espacio es suyo: carriles-bici, calle y aceras.

El informe se extiende por muchos otros temas, como el de los propietarios de perros que no recogen las heces de sus canes; los vándalos que destruyen el mobiliario urbano y llenan de pintadas edificios y estatuas; cocheros de caballos que aparcan bajo los árboles y en función de los rayos del sol en vez de en sus paradas establecidas…..

Al igual que los Diez Mandamientos podrían resumirse en uno, el informe del Defensor del Ciudadano -que de paso es una enmienda a la pasividad de Zoido- sobre el estado de Sevilla puede resumirse en una sola palabra: incivismo. Nos falta urbanidad y educación.

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

Cobardía

Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo,  “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!,  para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo  en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.

 

La Junta de Andalucía hizo la vista gorda en las ilegalidades de la ITV de Zalamea

El diario ABC, que ya difundió una información sobre los ‘enchufados’ socialistas  en la ITV de Zalamea la Real, informa ahora (5 de diciembre de 2011, Página 34) de que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía desoyó denuncias urbanísticas sobre estas instalaciones industriales y que otorgó una licencia temporal a la empresa gestora, casualmente propiedad al 100% del propio Gobierno andaluz, para que se ubicara en una zona sin desarrollo urbanístico, lo cual suponía una vulneración de la ley, otra más protagonizada por la Junta y el entonces Ayuntamiento socialista zalameño. Ambas instituciones hicieron caso omiso a los requerimientos del Defensor del Pueblo. Por su interés y por apuntar cómo se desprecia la legalidad urbanística en nuestra tierra, reproducimos la información divulgada por el rotativo sevillano:

“La ITV de Zalamea la Real, dependiente de la empresa pública de la Junta Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), ha estado envuelta en la polémica desde sus orígenes. A la denuncia, hecha pública días atrás por ABC, de que hasta cinco familiares directos de cargos socialistas trabajaban en las ITV de la provincia de Huelva, entre ellas la de Zalamea, hay que sumar que la instalación de esa estación en esa localidad pudo presuntamente vulnerar la legislación urbanística, tal como alertó el Defensor del Pueblo Andaluz a la Junta, que, sin embargo, no apreció irregularidad.

Josefina Cruz Villalón, actual consejera de Obras PúblicasLos hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.

Estas conclusiones se extraen de los escritos que planteó en 1995 un vecino de Zalamea a la Consejería de Obras Públicas y al Defensor del Pueblo Andaluz, en los que acusaba al Ayuntamiento de beneficiar a empresas amigas, en referencia a Veiasa y Anisados Arenas, mientras frenaba al resto de firmas interesadas en instalarse en el polígono industrial donde se ubicó la ITV.

Para facilitar que se instalara la estación el Ayuntamiento otorgó una licencia de obras temporal con carácter definitivo a la ITV, que se asentaría en un futuro polígono industrial, cuya legalidad estaba pendiente y condicionada a la aprobación por parte de la Junta del plan parcial de Zalamea la Real. Desde el Ayuntamiento se negó que las obras realizadas en el futuro polígono industrial fueran para facilitar la ITV.”

* Enlace: Informe Defensor del Pueblo

Informe Defensor del Pueblo ITV Zalamea la Real

 

¡Se mueven!

Forges-Urbanismo1El urbanismo suele ser la madre de la mayoría de las corrupciones, corruptelas e irregularidades políticas, según demostré en plan protomártir con un ‘dossier’ elevado al Defensor del Pueblo, aunque sólo sirviera para demostrar que aquí no pasa nada: ‘Formas en que las Administraciones Públicas vulneran la ley y se amparan en la ilegalidad’. Al tratarse de una materia para iniciados, es vital que haya, como en el franquismo, arquitectos que tengan el valor de salirse del ‘lado oscuro’ en defensa del interés general. Va a ser verdad que algunos están abandonando la clandestinidad, como acaban de demostrar ahora varios de ellos al denunciar que en los suelos de la Cruzcampo uno de sus colegas, otrora ‘senador de los claveles rojos’, quiere colar con el silencio cómplice de las Administraciones afines (osea, todas) una torre ocho veces más grande de lo que permite el PGOU. Y lo han denunciado tras detectar las triquiñuelas administrativas que escapan al común de los mortales. Más vale tarde que nunca, señores arquitectos. Bienvenidos a este minoritario club.