El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha tardado 17 años en caerse del caballo y percatarse de la existencia de una casta aparte, la clase política, que se coloca fuera y por encima de la ley y de instituciones como la que él ha representado hasta que osó cuestionarla.
Desde 1991 he recurrido en numerosas ocasiones al Defensor, inicialmente cuando lo era en funciones Jesús Maeztu que, por paradojas o capricho de esos mismos políticos que mueven los hilos, vuelve a sus orígenes.
Como entonces era aún un ingenuo que creía en la Democracia, el imperio de la ley, etc., etc., acudí al Defensor en, nunca mejor dicho, defensa de unos terrenos comunales y vías pecuarias usurpados desde la más flagrante ilegalidad urbanística. Nunca podía imaginar que aquella defensa, también en nombre de la Memoria Histórica cuando nadie la reivindicaba, se convertiría en una batalla de 22 años por esclarecer la verdad y comprender cómo se podía actuar con absoluta impunidad. Las pruebas de mi aserto están en los cuatro informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas’.
Chamizo dice que se va -cuando en realidad lo han echado- porque no quiere ser un florero del sistema. Al igual que el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo, él ha desempeñado inconscientemente ese rol de florero durante 17 años. El Defensor, ante mis requerimientos de que denunciara ante los Tribunales, me alegaba que sólo era una autoridad moral.
Ahora bien, esa autoridad moral no surtía efecto porque los políticos condenados moralmente por la institución por obstaculizar su labor o pasar olímpicamente de cumplir sus recomendaciones no sólo seguían tan campantes en sus puestos, sino que incluso trepaban aún más alto en la escala, con el respaldo de esos mismos partidos ante los que Chamizo presentaba su informe anual en el Parlamento.
Al aceptar este estado de cosas sin dar un portazo, la institución del Defensor devenía en un florero del sistema, donde cada logro obtenido lo era por una concesión graciable del Poder más que por el reconocimiento de un Derecho, cuya vulneración, por otra parte, le salía gratis a los políticos y/o sus adláteres.
A Chamizo se le ha caído al fin la venda de los ojos, pero sólo cuando se lo han quitado del medio, no antes. Me apena que en vez de haberse ido con la cabeza alta haya proyectado la imagen de un apegado a la poltrona, como creyéndose Defensor a perpetuidad, y enfrascado con los políticos en lo mismo que él les reprochó: sus ‘peleítas’.
Tras este introito, y aunque no creo que sirva para mucho, hay que destacar el informe elevado al Pleno municipal por el denominado ‘Defensor del ciudadano’, José Barranca, por constituir una radiografía de la Sevilla actual. Por más que la oposición, que persiste en el boicot que le organizó desde el principio, diga que Barranca es el Defensor de Zoido en vez de los sevillanos, se sobreentiende que aquél no habla a título personal, sino que actúa como portavoz y altavoz de los ciudadanos y a partir de los 234 expedientes de queja tramitados durante el último año (con pocas llamadas telefónicas más se permiten algunos medios publicar sondeos de opinión sobre el estado de la ciudad).
trata de explicar esta actitud chulesca con el argumento de la falta de formación y de destrezas sociales, por no decir lisa y llanamente falta elemental de educación, pero lo cierto es que hay agentes de la autoridad que se creen, a su manera, la autoridad misma y exhiben unos modales totalitarios inadmisibles en una Democracia.
tranvía sita frente al hotel Alfonso XIII, en la calle San Fernando, y a escasos centímetros de quienes estaban esperando la llegada del ‘Metrocentro’. Desgraciadamente, si antes eran los ciclistas los acosados por los conductores cuando pretendían circular junto a ellos en la época sin carril-bici, ahora, con la novelería de la bicicleta y como denuncia el Defensor, son los peatones quienes se sienten amenazados porque demasiados usuarios de las dos ruedas apenas respetan las normas de circulación y consideran que todo el espacio es suyo: carriles-bici, calle y aceras.
Ante la amenaza de huelga en Lipasam y Mercasevilla, el Ayuntamiento amaga con divulgar los abusos en las empresas municipales. Y filtra algunos botones de muestra: desde horarios laborales que acaban a las 13 horas los viernes hasta el derecho (¿?) de que un pariente ‘herede’ el empleo de un jubilado en Lipasam, en plan feudal, como si se tratara de una monarquía sindical hereditaria. De Juzgado de Guardia. Y, sin embargo, el gobierno local dice que no va a revelar estos privilegios, a costa de los contribuyentes y pese a la que está cayendo, “por responsabilidad y por facilitar el diálogo”. ¿Responsabilidad? ¡Cobardía!, para no enfrentarse a los sindicatos, cómplices de este régimen contrario a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos para optar a un empleo público, como ya dictaminó el Defensor del Pueblo en el caso de Tussam. El gobierno de los 20 concejales no tiene el valor de acabar con estos abusos y prefiere seguir haciendo la vista gorda. ¿En qué consistía el cambio de Zoido? Como en ‘El Gatopardo’, de Lampedusa, en que todo siga igual.
Los hechos se remontan a mediados de la década de los 90 y podrían resumirse en que el Ayuntamiento de Zalamea, entonces en manos del PSOE, y la Junta de Andalucía maniobraron para modificar el planeamiento urbanístico del municipio, con el objetivo de que Veiasa instalara una estación de ITV sin demora alguna, saltándose presuntamente la legalidad urbanística y pasando por alto las alegaciones de algún vecino. Esas denuncias llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y este las comunicó a la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, cuya titular era entonces la actual consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz. Este departamento se comprometió a analizar la situación, pero no puso reparos a la instalación de la ITV.