El ministro, detractor inicial de la Torre Sevilla, se presenta ahora como su paladín
Fue él quien escribió a la Junta y al Gobierno sobre la indemnización por la anulación de la licencia
Juan Ignacio Zoido ya no sabe qué hacer con tal de prolongar sus habituales estancias de fin de semana en Sevilla, al igual que en su tiempo hacía Javier Arenas cuando estaba en el Gobierno de la nación. El pasado lunes presidió y protagonizó el acto de inauguración de unas oficinas de la empresa Deloitte en el rascacielos de la Cartuja, rebautizado oficialmente como Torre Sevilla y que popularmente sigue siendo conocida como Torre Pelli por el nombre del arquitecto argentino que diseña casi siempre la misma pero con algunas variantes, de ahí que se pudiera intercambiar perfectamente con la Torre Iberdrola, de Bilbao, y no se notaría en demasía la diferencia.
Parafraseando el título de la película de Fernando Colomo, hay que preguntar qué hacía todo un ministro del Interior en un sitio como ése, ya que Deloitte es una consultora con cinco ramas de actividad (consultoría, fiscalidad, asesoría jurídica, asesoría financiera y auditoría) y ninguna de las mismas está vinculada a la seguridad o el orden público, por lo que ese acto de carácter privado habría correspondido en todo caso y en un ejercicio de licencia política al ministro de Economía, al de Hacienda o en último extremo al de Justicia, pero no a Zoido.
Sin embargo, ya es conocida en nuestros lares la propensión del ex alcalde a cortar todo tipo de cintas inaugurales y a aparecer allí donde se le reclame, sea conveniente o inconveniente para su imagen y su cargo, habida cuenta su natural inclinación a decir sí a todos para tratar de no quedar mal con nadie, aun a riesgo de ser él quien quede de forma inapropiada para sí mismo.
CAMBIAR EL PASADO
Aprovechando que el Guadalquivir pasaba por Sevilla y al pie mismo del rascacielos, Zoido hizo con la torre un ejercicio de ese neologismo declarado como palabra del año por el Diccionario de Oxford pero aún no reconocido por el de nuestra Academia de la Lengua: un ejercicio de “posverdad” o, como lo calificó Espadas, de reescritura de la historia.
Frente a los hechos objetivos recogidos en las hemerotecas de que el hoy ministro fue un detractor de la Torre Pelli (hoy Torre Sevilla) y de que incluso se mostró partidario de pararla cuando tan sólo se habían levantado unas cuantas plantas de la misma en caso de que llegara, como llegó, a la Alcaldía, Zoido ha retorcido ahora el pasado para presentarse como un converso e incluso un paladín del rascacielos, al margen de cualquier “pecado original”.
En su parlamento en el acto de Deloitte, Zoido afirmó que “hubo un momento en que tuve que decidir, porque había quien decía que la Torre Sevilla había que tirarla”. El ministro habla de terceras personas, como si no hubiera sido él mismo quien cuando se hallaba en la oposición y/o en su campaña hacia la Alcaldía no se hubiera alineado con quienes eran partidarios de tumbar el rascacielos por entonces aún en ciernes con tal él de arañar votos donde fuera para erigirse en el sucesor de Monteseirín en la Casa Grande.
Añadió Zoido que él acudió a San Petersburgo “a pelear con uñas y dientes y con argumentos sólidos la permanencia de los monumentos del casco histórico como Patrimonio de la Humanidad y también que la Torre Sevilla fuera una auténtica realidad, puesta al servicio del crecimiento y la seguridad jurídica que supone invertir en Sevilla; y -aseveró- lo logramos”.
ECONOMÍA
¿Al servicio del crecimiento económico? Pero si hace siete años declaró en un foro periodístico lo siguiente sobre la torre: “Me parece un proyecto que, hoy por hoy, no tiene viabilidad económica”.
Y ya que Zoido estuvo en las oficinas de Deloitte, es el momento de recordar el estudio que en marzo del año 2009 hizo esta consultora para Cajasol, la promotora inicial del rascacielos, sobre el impacto económico que iba a tener el inmueble, un auténtico cuento de la lechera: con su construcción -decía- se iban a crear más de 4.000 empleos en Sevilla; en su primer año de funcionamiento (se cumple ahora en febrero) iba a generar más de 561 millones de euros (es decir, casi tanto como toda la Feria de Abril) y 11.327 puestos de trabajo; en el segundo año, 795 millones de euros y 16.106 empleos, y en el noveno año, 1.351 millones de euros (dos veces la Feria) y 27.910 empleos.
Habrá que preguntarse en qué se basó Deloitte para hacer tal ejercicio de economía-ficción.
SEGURIDAD JURÍDICA
La tercera línea argumental de Zoido en su reescritura de su posición sobre la torre ha sido la de erigirse en el valedor de la seguridad jurídica, con estas palabras: “las Administraciones tienen que ser salvaguarda de la seguridad jurídica para generar confianza en los inversores. Yo he procurado guiarme cada vez que he ocupado un puesto por el sentido común, la razón y la ley…. Mi obligación era salvaguardar la legislación vigente y los legítimos intereses de unos promotores que habían confiado en una legislación y que en base a las licencias legalmente concedidas habían iniciado su proyecto. Habría sido una irresponsabilidad -añadió- si paraba la obra, que reunía todos los permisos, como si no hubiera impedido que Sevilla perdiera la condición de Patrimonio de la Humanidad”.
¡Pero si Zoido puso en duda antes de acceder a la Alcaldía la validez de la licencia urbanística otorgada por Monteseirín a la torre! Item más, tan sólo tres meses después de ser elegido alcalde envió sendas cartas a los entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y la ministra de Cultura, Angeles González Sinde, para plantearles quién tendría que asumir las indemnizaciones en caso de que la licencia de obras del rascacielos se revisara o se anulara.
¿Y quién, sino él como alcalde, planteaba la posibilidad de la revisión o anulación, esa que seis años después ha negado en las oficinas de Deloitte?
PRECEDENTES
Por más que Zoido haya acuñado su posverdad sobre la torre y cambiado de discurso, las actuaciones de sus predecesores al frente de la Alcaldía demuestran que en Sevilla ha sido posible paralizar grandes proyectos urbanísticos por razones políticas, independientemente de las jurídicas.
Rojas Marcos frenó la denominada torre cilíndrica, proyectada por Pérez Escolano en la Plaza de Armas, aunque para ello tuvo que compensar a los promotores con mayor edificabilidad en la construcción de un hotel en la Buhaira.
Monteseirín liquidó el proyecto de sede administrativa para el Ayuntamiento que en el Prado de San Sebastián diseñó Rafael Moneo cuando Soledad Becerril era alcaldesa, pese a que la constructora Dragados le amenazó con pedir una indemnización multimillonaria en los tribunales, del mismo modo que amenazaban con hacer los promotores de la hoy Torre Sevilla.
Zoido, con sus 20 concejales y su mayoría absolutísima, no tuvo la misma determinación que Rojas Marcos y Monteseirín pese a haber militado en las filas de los detractores del rascacielos de la Cartuja, y ahora quiere pasar por su gran paladín.
Como en el soneto de Miguel de Cervantes, y en tantas ocasiones durante su mandato como alcalde, en el caso de la Torre Sevilla, antes Pelli, Zoido “miró al soslayo, fuese y no hubo nada”.
Maza, el contrato era de 30.000 euros por un año pero con posibilidad de prórroga por otro periodo de 365 días, por lo que se incluyó la cantidad total del bienio cuando técnicamente sólo debió figurar la retribución de un solo ejercicio.
funcionen con la eficacia y precisión de ese reloj suizo puesto como metáfora por Zoido. Al contrario: la reiteración de supuestos errores de bulto que no detectan los servicios y empresas municipales pese a los medios y el numeroso personal de que disponen, mientras que sí lo hace la oposición y los medios de comunicación aunque sus recursos sean limitados denota, en el mejor de los casos, que la maquinaria administrativa falla de forma lamentable en una urbe en la que Zoido prometió despejar la chapuza, el enchufismo y los escándalos.
La comisaria de ese proyecto iba a ser la exalcaldesa Soledad Becerril y su directora y brazo ejecutivo la arquitecta Sol Cruz Guzmán, la misma que cuatro meses después de ser contratada (el 11 de marzo de 2013) como asesora técnico-económica especializada en búsqueda de convocatorias y ayudas para financiar inversiones (un perfil más propio de un economista que de una arquitecta) era nombrada miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide (12 de julio) a propuesta del PP.
En su día, el Gobierno local trató de justificar la liquidación de Sevilla Global con, entre otros, el argumento de que carecía de sentido mantener su actividad por el ahorro que supondría la asunción de sus funciones por parte de la propia Delegación de Empleo y Economía. Mientras el Consistorio despedía al personal de esta empresa municipal estaba contratando a Soledad Cruz Guzmán y gasta dinero por partida doble: en el ERE de Sevilla Global y en el fichaje de asesores externos.
estos dos años”, a Salgueiro se le invita a marcharse pese a que hasta entonces se le habñia atribuido un papel esencial en la consecución de la Zona Franca.