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Populismo habitacional

El Pleno extraordinario y monográfico que sobre la vivienda se celebró hace una semana en el Ayuntamiento de Sevilla, en vísperas del inicio de la campaña electoral para las generales del 20 de diciembre, ha servido para comprobar el grado de populismo de los partidos políticos en relación con lo que las fuerzas de izquierda suelen denominar el “problema habitacional”.

Ante la cercanía de los comicios y la necesidad de ganar votos, cuesten lo que cuesten a los contribuyentes, pareció como si no hubiera diferencias ideológicas ni de modelo entre las distintas formaciones, ya que se aprobaron por unanimidad nada menos que 57 de las 60 iniciativas debatidas (el 95% del total).

Los sevillanos pudieron comprobar cómo un partido calificado “de orden” como el PP, cuyo líder en la oposición sigue siendo formalmente todo un señor juez como Juan Ignacio Zoido, se alineó con la propuesta de la izquierda de que no se pongan los policías ni los bomberos del Ayuntamiento al servicio de la Justicia a la hora de la ejecución de las órdenes de desahucio, cuando el Partido Popular se había erigido hasta ahora como el bastión en defensa de las normas en tal sentido ante la rebelión en el seno de algunos ayuntamientos para congraciarse  con los movimientos ciudadanos contrarios a los lanzamientos judiciales por los impagos de hipotecas.

Esa denegación del auxilio municipal a los jueces, secundada por el grupo Socialista del alcalde Espadas, convierte al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, en más papista que el Papa.

Hace tres años, a raíz de que el alcalde de Cazalla de la Sierra anunciara a través de un bando que su ayuntamiento no pondría ni un solo agente de la Policía Municipal a disposición de las órdenes de desahucio, el consejero reaccionó diciendo que aunque a los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio, “un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la Policía, ya que si un juez ordena algo, la Policía está obligada a colaborar”.

Espadas y Zoido coinciden en declarar la insumisión del Ayuntamiento, que a partir de ahora negará el auxilio policial a la Justicia pero no, por ejemplo, para la retirada de los coches por la grúa municipal en caso necesario.

TRANSFERENCIAS A EMVISESA

Otra medida aprobada en el Pleno, también con el voto favorable del PP y fruto de la deriva populista, fue el incremento de las transferencias municipales a Emvisesa, una empresa prácticamente paralizada durante el mandato anterior, en el que puede decirse que Zoido batió un récord al no haber construido ninguna vivienda pública en sus cuatro años (prometió al menos mil anualmente), algo sin precedentes con los anteriores alcaldes.

A pesar de que Emvisesa pasó de tener un presupuesto de 294 millones de euros a tan sólo 44 millones, del recorte de la quinta parte de su plantilla y de la notable reducción de su actividad, mal que bien se manejaba en el mercado, pero si ahora se la enchufa a las transferencias municipales, como ha solido ser habitual con Tussam, corre el riesgo de tener que someterse a las disposiciones de Hacienda para aminorar el déficit público y que estipulan que ninguna sociedad pública municipal podrá ser deficitaria; que si se trata de una empresa que presta un servicio obligatorio, el Ayuntamiento tendrá que privatizarla, y que si presta un servicio que corresponde a una competencia que le es impropia, se verá abocada al cierre.

Aunque no prosperó la propuesta de dejar de operar con los bancos implicados en desahucios, sí se acordó la elaboración de un censo de viviendas vacías de su propiedad. En contraste, el Ayuntamiento de Córdoba ha sabido negociar con la Sareb, el ‘banco malo’, que le ha cedido a la capital de la Mezquita la cuarta parte de sus pisos vacíos allí para que se pongan en alquiler social a bajo precio con destino a familias necesitadas. Mientras en Sevilla se le declara la guerra a la banca, en la ciudad perteneciente al ahora triángulo Sevilla-Málaga-Córdoba forjan alianzas con la misma y obtienen beneficios para sus vecinos. ¿Cuál de las dos políticas da mejores resultados?

ANTIDESAHUCIOS

La medida más llamativa fue la aprobación de una oficina antidesahucios, cuyo objeto principal será prestar asesoramiento legal a las personas afectadas por los lanzamientos judiciales y que se denominará Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Como se recordará, el gobierno de Espadas anunció la creación de este asesoramiento  con la denominación errónea de oficina, ya que no tenía sede física como tal, sino que se basaba en la coordinación de los servicios municipales ya existentes.

Sin embargo, el grupo Participa Sevilla especialmente presionó en el Pleno para que se creara este nuevo organismo con una sede propia y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones de euros, de los que dos deben estar listos para el primer semestre de 2016. La portavoz del grupo, Cristina Honorato, fue muy insistente al respecto y dijo gráficamente que la Oficina debería tener “incluso luminoso”.

BALANCE DE CÁRITAS

El mismo día en que se celebraba el Pleno, los responsables de Cáritas presentaron el balance de las actuaciones de la organización humanitaria con las personas sin hogar, esos sin techo que ya han sido desahuciados por la sociedad. Cáritas atendió sólo en Sevilla el año pasado a 620 personas sin vivienda, a las que destinó 777.613 euros recogidos entre sus donantes. Además, destinó 1.189.687 euros a paliar situaciones de exclusión residencial como el pago de hipotecas (que evitan desahucios), alquileres y suministros básicos.

Si con 777.613 euros Cáritas es capaz de atender a 620 personas sin techo donde cobijarse, con los 4 millones de euros que el Ayuntamiento (sólo en las caracolas de Urbanismo, sin contar con Emvisesa, tiene unas 500 personas que podrían realizar tal función) se va a gastar en montar esa Oficina con anuncio luminoso incluido podría atender a 3.189 necesitados sin hogar.

¿Qué es más rentable socialmente, emplear ese dinero en incrementar el organigrama municipal o entregarlo a Cáritas para que atienda a cinco veces más sin techo que hasta ahora?

 

La infravivienda según Vílchez

Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.

A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.

FRENAZO A EMVISESA

A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.

Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.

El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.

Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.

SIN BALÓN DE OXÍGENO

Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.

En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.

Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.

RETRASOS EN LOS PAJARITOS

En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.

Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.

Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.

CORRAL DE TRIANA

Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.

Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.

Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a  inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.

Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.

Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.

Desahuciado

Un hombre de 62 años y enfermo del corazón vive desde hace días en la sede de una entidad benéfica del Polígono Norte tras haber sido desahuciado de su vivienda y haber caído en saco roto su petición de auxilio al Ayuntamiento. Inquirido al respecto, Zoido ha recomendado al afectado que acuda primero a los Servicios Sociales de su barrio para ser baremado (sic), y ha reconocido que supo de su situación en el mes de mayo, gracias a la lista de 40 casos de emergencia social que le entregó Juan Espadas y que él remitió de inmediato a la delegada Dolores de Pablo-Blanco, con el nulo efecto demostrado hasta ahora. O sea, que de las ingenuas declaraciones de Zoido se desprende que el alcalde se entera de los casos de exclusión social en la ciudad no por su gobierno, sino por el líder de su leal oposición. Llegados a este punto, la pregunta que cabe hacerse es por qué no nombra ya Zoido directamente a Espadas delegado de Asuntos Sociales, materia en la que se ve no le alcanza la micropolítica. Así al menos se enteraría de lo que pasa allende la ronda del Tamarguillo.

 

El cónclave

Inmaculada Rodríguez Piñeiro y Antonio Hernández, secretarios de Política Económica y Autonómica, respectivamente, del PSOE han urgido a que representantes del PP se encierren con ellos en una habitación y no salgan de la misma  hasta que no logren un acuerdo definitivo sobre los desahucios porque, dicen, “la gente necesita soluciones inmediatas”.

Estupenda y expeditiva idea que, a buen seguro, cosecharía frutos rápidamente y que ya tuvo una eficacia probada hace nada menos que 741 años. En 1271, la Cristiandad llevaba esperando ¡dos años y nueve meses! a que los cardenales, reunidos en Viterbo, se pusieran de acuerdo en la elección de un nuevo Papa. Hartos de que la silla de San Pedro siguiera vacante tras tan amplísimo margen de espera, el pueblo y las autoridades locales acabaron encerrando entre cuatro paredes a los miembros del Colegio Cardenalicio. Como se diría ahora, los príncipes de la Iglesia entendieron ‘ipso facto’ el mensaje y aceleraron la elección de quien pasó a la historia como Gregorio X.

Escarmentado por aquella experiencia al tiempo que admirado por su eficacia, el nuevo Pontífice instauró el sistema del cónclave (que literalmente significa en latín ‘con llave’, esto es, encerrados bajo llave): los cardenales no podrían abandonar el enclaustramiento al que serían sometidos a la muerte de un Sumo Pontífice hasta que no eligieran a su sucesor. Para estimular su capacidad de consenso, inspiración del Espíritu Santo aparte, Gregorio X estipuló que al cabo de tres días sin acuerdo, en los cinco siguientes sólo recibirían dos comidas cada jornada. Sobrepasado ese plazo, a partir de entonces serían sometidos a una estricta dieta compuesta únicamente por pan, agua y vino. Y, por supuesto, no percibirían óbolo alguno.

No de esa forma tan severa, la tradición del encierro de los cardenales en el cónclave  para acelerar el acuerdo de elección de nuevo Papa se ha mantenido, con altibajos, hasta hoy. Y como en aquella época no había medios de comunicación, se instauró la costumbre, que aún perdura, de la fumata o humareda blanca o negra (obtenida mediante la quema de paja húmeda/verde o seca/amarilla) para lanzar mensajes al exterior, en sentido positivo o negativo.

Así pues, lo que el PSOE está proponiendo al PP no es más que otro cónclave, aunque en este caso laico.

¿Y si probaran a encerrarse en una habitación para llegar a acuerdos en muchos otros asuntos tan fundamentales o más que los desahucios?

Al fin y al cabo, como ellos dicen, “la gente necesita soluciones inmediatas”.