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Tres mil millones en Aznalcóllar

La decisión de la Junta de Andalucía de convocar un concurso internacional para la reapertura de la mina de Aznacóllar 15 años después de la catástrofe ecológica provocada por la fractura de la balsa de residuos tóxicos de la explotación gestionada entonces por Boliden ha provocado reacciones contrapuestas entre los ecologistas (WWF se opone y Ecologistas en Acción es favorable, con matices) y que empiecen a hacerse especulaciones, como que en el yacimiento hay 80 millones de toneladas extraíbles, se van a crear 5.000 empleos y sería necesario trasladar el mineral en bruto para ser tratado en Riotinto.

La primera cuestión, y clave además, es discernir si es rentable reabrir la mina, para que su efecto riqueza repercuta no sólo en Aznalcóllar, sino también en la provincia de Sevilla y en Andalucía. José Manuel Cantó, consultor internacional en minería y que con probados conocimientos técnicos ha analizado los aspectos que concurren en este controvertido asunto, empieza por centrarse de entrada en las reservas de mineral que al momento de producirse la catástrofe ecológica de Boliden ya estaban probadas y, por tanto, podrían ser extraídas en Los Frailes: 38 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, esto es con mezcla de diversos metales valiosos (cobre, plomo, zinc y plata) y no de tan sólo uno.

Aunque es muy probable que las reservas sean superiores, para determinar lo cual habría que emprender campañas de investigación, estos 38 millones son la cifra real que hay que tomar como punto de partida para no suscitar falsas expectativas.

 

VALOR ECONÓMICO

Para calcular el valor económico del yacimiento, hay que partir de la ley (contenido metálico) del mineral, que es la siguiente: 0,35% de cobre; 2,17% de plomo; 3,82% de zinc y 60 gramos de plata por tonelada. José Manuel Cantó tomó como referencia las cotizaciones en la Bolsa de los Metales de Londres durante julio para ver a qué precio se pagarían hoy los metales contenidos en Aznalcóllar: cobre, 5.287 euros por tonelada; plomo, 1.559 euros; zinc, 1.405 euros por tonelada; plata, 15,30 euros la onza.

Sin embargo, no todo el metal se logra recuperar en el proceso de flotación diferencial al que deberá ser sometido el mineral que se extraiga. Con la experiencia acumulada en este sentido y a los precios actuales de mercado, Cantó estima que el valor comercial recuperable es el siguiente:

-Cobre: 352 millones de euros.

-Plomo: 772 millones.

-Zinc: 1.224 millones.

-Plata: 752 millones.

Total: 3.100 millones de euros.

 

Estas cifras demuestran la viabilidad económica de la reapertura de la mina y que, contrariamente a la creencia establecida, el cobre no es el metal más interesante, más abundante ni más valioso en Aznalcóllar, sino el zinc. Carece de sentido, pues, la idea de Ecologistas de enviar el mineral en bruto a Riotinto pensando en la existencia allí de un concentrador de cobre. Ni éste sirve ya para tal fin ni el cobre debe ser la prioridad de Aznalcóllar, aparte del encarecimiento que supondría un transporte que multiplicaría los riesgos de accidentes de tráfico y ralentizaría la circulación por el elevado flujo de camiones de gran tonelaje.

 

EL FANTASMA DEL VERTIDO

La segunda cuestión esencial es si con la reapertura de la mina se volvería a correr el riesgo de una nueva catástrofe como la anterior. Preguntémonos primero por qué se produjo la rotura de la balsa de lodos tóxicos. Porque se construyó sobre un suelo inestable geológicamente; se almacenaron los residuos en forma húmeda; se vertieron piritas flotadas, de gran peso específico y se recreció la balsa para que albergara el doble de toneladas de su capacidad inicial. Todo ello contribuyó a acabar con la capacidad de resistencia del terreno, que al deslizarse fracturó la presa y provocó el vertido.

Este riesgo se minimizaría si el suelo elegido para una hipotética nueva balsa fuera geológicamente estable y no se almacenaran en ella residuos húmedos, sino secos y/o inertizados o, mejor aún, se adoptara un sistema de explotación que no requiriera de presa de residuos, como es el hidrometalúrgico de Cobre Las Cruces. O que en vez de mediante a cielo abierto el mineral se extraiga de forma subterránea con acceso a las vetas a través de pozos de profundidad.

Es el caso de la mina de Aguas Teñidas, en Almonaster (Huelva), cuya compañía extrae anualmente en subterráneo 2,2 millones de toneladas de mineral y va rellenando la explotación con los restos una vez beneficiados los metales existentes y ya secos. No es descartable, pues, un cambio en la metodología de extracción, aunque ‘a priori’ resultara aparentemente más cara: de corta a cielo abierto a galerías subterráneas, al modo tradicional.

Una garantía de seguridad añadida sería construir la planta de tratamiento del mineral no en Riotinto, como preconiza Ecologistas en Acción pensando en evitar riesgos a Doñana, sino en un complejo minero aún más cercano: Cobre Las Cruces.

Cantó estima que la planta de procesamiento actual de la mina de Gerena deberá ser cambiada en unos años, cuando haya que tratar no el cobre secundario actual y más cercano a la superficie, sino el primario, sito a más profundidad y contenido en un mineral de las mismas características que el de Aznalcóllar, por lo cual podría construirse una planta para el uso compartido de las dos minas sevillanas.

Y en cuanto a los empleos posibles, los 5.000 de que habla Comisiones Obreras es una exageración andaluza. Tomemos como referencia Aguas Teñidas: cinco años después de su reapertura tenía 443 empleados en nómina y había generado 1.200 empleos inducidos.

Hidro(i)lógico

El Gobierno de Zapatero, tan ecologista él que acuñó aquella famosa frase en plan jefe indio al gran padre blanco de Washington de que “la Tierra no pertenece a nadie, salvo al viento”, fue también tan negligente en este capítulo -y no sólo en el de la economía-  que únicamente dejó aprobado el Plan Hidrológico de las cuencas catalanas (para colmo, tumbado por los tribunales ‘a posteriori’), cuando debió haber presentado a Bruselas todos los de las cuencas hidrográficas españolas en 2009. Así que por estas fechas acumulamos ya cuatro años de retraso, empeorando aún más si cabe ante nuestros socios europeos la imagen de la ‘marca España’ y demostrando que Larra se había quedado corto con aquello de “vuelva usted mañana”. Hay demoras españolas que son cuatrienales, como los planes en el antiguo régimen o en la economía soviética.

Y en esto llegó Miguel Arias Cañete y, al contrario que Fidel, mandó acelerar.

Ya se sabe que el ministro jerezano es un bulldozer de la política, que lo mismo devora todos los yogures caducados que encuentra en la nevera haciendo honor a la máxima campesina de “lo que no mata engorda” que se ducha cada mañana con agua fría con tal de no incrementar el déficit de tarifa con su factura del gas, por lo cual la hercúlea tarea de ponerse al día con la UE ha debido ser para él, que además se conoce el patio europeo, pan (o yogur) comido.

Hace unos días, Arias Cañete, con los pies más alados que Aquiles el de los pies ligeros, llevó a la mesa del Consejo de Ministros el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadalquivir, el río vertebrador de Andalucía, del que Sevilla es su mejor don, como Egipto el del Nilo.

En su exceso de velocidad, el ministro de los yogures se ha comido el famoso dictamen del CSIC, redactado en 2010 por encargo de su propio Ministerio y que nos ha costado a los contribuyentes 3 millones de euros. Como al jerezano no le gusta que el estudio científico cuestione el dragado, lo ha omitido sin más.

Y ya que acumulábamos cuatro años de retraso, por esperar unos días más tampoco se habría hundido el mundo, los días que faltaban hasta el 27 de mayo, fecha en la que el Consejo de Doñana había sido convocado para pronunciarse sobre el Plan del Guadalquivir y del que el ministro de Agricultura y (menos de) Medio Ambiente ha pasado olímpicamente con su política de hechos consumados.

En la (i) lógica de Arias Cañete no hay obstáculo que se resista: cuando no puede sortearlos, pasa directamente por encima, como una apisonadora.

 

Hamburgo

Zoido ha desvinculado la futurible zona franca del dragado en profundidad del río, pero en la campaña que no cesa se dice que  en Hamburgo y Rotterdam se draga y no pasa nada. El de Hamburgo en el río Elba siempre ha sido un puerto de aguas profundas, hasta el punto de que en Alemania se le considera puerto marítimo pese a distar 110 Kms. del mar del Norte; el de Rotterdam, dada la afición de los holandeses a construir diques y canales conforme al dicho de “Dios creó el mundo y Holanda la hicieron los holandeses”, depende de un canal artificial que facilita la conexión del Rin y el Mosa con el mar, pero también nuestros ingenieros se han hartado de llenar de cortas el Guadalquivir para acercar Sevilla al Atlántico. Ni Hamburgo ni Róterdam tienen al lado 36.000 Has. de arrozales que generan 145 millones de euros brutos anuales y un Patrimonio de la Humanidad como Doñana, que pueden verse en peligro por el dragado. Eso es de lo que carecen Hamburgo y Rotterdam y en lo que los adalides de meter la draga nunca reparan al hablar de Sevilla: un factor diferencial.

Doñana

La Ley de Reclasificación de 1978 creó unas figuras para Doñana en función del grado de protección que se otorgaba por la valía ecológica de los terrenos: el Parque Nacional, para los mejores ecosistemas; el Preparque, áreas ‘blandas’ de transición en las que se permitían los usos agropecuarios tradicionales y extensivos de la comarca, y las Zonas de Protección del precioso arroyo de La Rocina y un kilómetro océano Atlántico adentro. Luego llegó la Junta de Andalucía y en esta España de taifas autonómicas creó su propio chiringuito en la corona de Doñana: el Parque Natural. Después, con la mezcolanza de las competencias compartidas, el Gobierno autonómico difuminó los límites y acuñó la denominación ‘Espacio Doñana’: un totum revolutum. Pero ahora, cuando se trata de justificar el depósito de gas y el gasoducto que le ha endosado al ‘Espacio Doñana’ ese asesor de Gas Natural llamado Felipe González, el consejero Planas dice que no hay que preocuparse porque está más allá o más acá del Parque Nacional, como si la Naturaleza y los animales supieran de fronteras.

Doñana, entre Lorca y Daimiel

Científicos de la Universidad de Western Ontario liderados por Pablo J. González han determinado que uno de los motivos del terremoto de mayo de 2011 en Lorca fue la sobreexplotación, para regadíos,  del acuífero del Alto Guadalentín.

Gracias a los datos obtenidos por satélite, los expertos han comprobado que la pauta del movimiento de la falla guarda correlación con los cambios en la corteza terrestre, causados por un descenso de 250 metros del nivel del agua subterránea debido a las extracciones desde los años 60. Esta caída del nivel freático provocó una fractura en la roca que, a su vez, indujo el seísmo. Resultado: 9 muertos, 300 heridos, 1.300 casas destruidas, 3.000 personas aún sin hogar y enormes pérdidas.

La Administración franquista, que desecaba lo húmedo y regaba lo seco y de la que el Iryda y el Icona fueron sus principales brazos ejecutores, aprobó en 1956 la ley de Desecación de Márgenes de los ríos manchegos Cigüela, Záncara y Guadiana. Se canalizaron cauces y se perforaron en el entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel 50.000 pozos, al menos 5.000 de ellos ilegales, para la sustitución de los cultivos tradicionales de secano por otros intensivos con elevado consumo de agua, como el maíz.

El encharcamiento natural de las Tablas se redujo al 1% de su superficie original (ahora es mantenido de forma artificial y sólo en parte gracias a trasvases especiales desde el río Tajo) y acabó ocurriendo lo que predijeron los científicos: incendios por la combustión de la turba del subsuelo y la liberación  de  gases tóxicos como el CO2. Una zona húmeda como las Tablas de Daimiel literalmente salió ardiendo.

Razón: la sobreexplotación del acuífero para los regadíos provocó tal enorme descenso del nivel del agua que, en ausencia de humedad y con el recalentamiento de la tierra, los gases explosivos existentes en el sustrato carbonoso de la turba se combinaron con el oxígeno y se produjo su combustión espontánea.

A finales de los años 80, el por entonces presidente de la Unión Internacional de Hidrogeólogos, Ramón Llamas, alertó de que si continuaba la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el entorno de Doñana podría acabar ocurriendo lo mismo que en La Mancha con la combustión del subsuelo, en lo que llamó la ‘daimielización’ de Doñana.

Pese a estos precedentes catastróficos de Lorca y Daimiel, el PSOE no ha tenido otra ocurrencia que proponer que al igual que el Gobierno ha aprobado una amnistía fiscal para delincuentes económicos, debería paralizar las inspecciones de la Guardia Civil a los agricultores

con pozos ilegales en el entorno de Doñana. O sea, barra libre a la ilegalidad. Pero con ser gravísimo la proliferación de pozos ilegales y el alarmante descenso del nivel del acuífero que nutre al Parque Nacional, gracias a la incompetencia e ineficacia de sus órganos rectores, incapaces siquiera de cumplir hasta siete sentencias del Tribunal Supremo sobre los  riegos ilegales en los Hatos, peor aún es lo que está ocurriendo con las aguas superficiales de las marismas del Guadalquivir en este emblemático espacio natural, sitas en la provincia de Sevilla.

En este sentido es sangrante la transformación del Brazo de la Torre, cauce de unos 70 kilómetros y que ha desaparecido en muchos de sus tramos, como puede comprobarse a simple vista y comparando fotos aéreas e imágenes de satélite. Otros brazos, como el caño del Guadiamar y lucios (Cochinato, Quebradas Blancas,  Hombre) han corrido la misma suerte, y centenares de hectáreas del dominio público, de altísimo valor ecológico, han sido usurpadas.

En la mitad del Brazo de la Torre se hacen canales y diques con maquinaria pesada y se desvía el agua bien a los canales del arroz, bien al río Guadalquivir, para drenarlos. A continuación se excavan nuevos canales a través del cauce, para desecarlo. Y hasta se toma  agua procedente del Corredor Verde para regar el espacio así usurpado. Asimismo, se desplazan con total impunidad los mojones que deslindan las áreas protegidas.

Aún quedan restos donde, por contraste, se puede percibir esta situación, como en Veta Alí, donde ya no se aprecia la margen izquierda del Brazo de la Torre, transformada. También en la zona del Matochal. Se ara y/o se transforman en arrozal zonas originales de playas, juncales y eneales y desaparece la biodiversidad acuática y sus hábitats, porque dado el valor del arrozal hay incluso quienes alardean de que en el caso improbable de que sean sancionados les resultaría más rentable pagar la hipotética multa.

Toda esta ingente usurpación y transformación artificial del medio natural acaece en el espacio ecológico más importante de Europa, teóricamente protegido por todo tipo de normas, leyes y declaraciones internacionales y reconocido con todos los títulos (Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera de la Unesco, Diploma del Consejo de Europa, Sitio de Ramsar…), no es ocultable y salta a la vista de cualquiera menos, de forma harto sospechosa, de los organismos encargados de su vigilancia  y conservación: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Dirección General de Costas, Autoridad Portuaria, Seprona, Guardería del Parque Nacional, Guardería de la Junta, Consejería de Medio Ambiente, Ministerio de Medio Ambiente, Unesco, Unión Europea y Convenio de Ramsar.

Aquí no existe la ley, salvo la del más fuerte. El último que llega se apodera de lo que aún quede virgen. Las marismas del Guadalquivir se han convertido en otro salvaje Oeste, el Far West de Europa o la Sicilia andaluza.

 

La Administración desoye 7 sentencias del Supremo sobre riegos ilegales

 

 

Ecologistas en Acción denuncia al fiscal la connivencia con fincas

que extraen 15 millones de m3 de agua al año

 

La Junta de Andalucía ‘maquilló durante dos años un informe optimista

sobre el acuífero cuando iba cada vez peor

 

Otorgada sin convocatoria pública una concesión de 900.000 m3 de

escorrentías a la finca que impide el paso a los guardas

 

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a funcionarios públicos que están permitiendo la extracción, por parte de los propietarios de unas fincas,  de aguas subterráneas para regadíos ilegales que a juicio de los verdes están causando un daño evidente y directo en los ecosistemas de Doñana. Ecologistas les acusa de hacer la vista gorda sobre las sentencias dictadas al respecto por el Tribunal Supremo, inhibirse permitiendo así que continúe la situación, omitir su deber de vigilancia, realización de informes falseados sobre el estado real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y concesión de autorizaciones temporales de riego con aguas pluviales y de escorrentía técnicamente imposibles.

La denuncia empieza refiriéndose a las actuaciones de la Administración responsable en materia de aguas (primero, la Confederación Hidrográfica; luego, la Agencia Andaluza del Agua; y ahora, de nuevo, la CHG) en relación con las fincas Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo, sitas en el término de Aznalcázar (Sevilla), desde 2006 hasta la fecha. Los organismos públicos tienen, según Ecologistas, notorio conocimiento de que en las mismas se producen extracciones ilegales de agua porque existen resoluciones de expedientes sancionadores previos del Consejo de Ministros que obligaban a indemnizar por los daños causados al dominio público hidráulico en cuantías incluso superiores a 1,5 millones de euros y referidas a superficies de riego no autorizado de miles de hectáreas. Por tanto, se trata de extracciones ilegales del acuífero que se evalúan del orden de 15 millones de m3/año (el 15% de las extracciones ilegales para regadío desde el acuífero).

En concreto, el Tribunal Supremo ha dictado cuatro sentencias condenatorias contra la propiedad de la finca Hato Ratón Viejo entre 2007 y 2009, y tres contra la propiedad de Hato Blanco Viejo entre 2008 y 2012, y en todas se especifica la obligación de inutilizar los mecanismos que permiten derivar ese agua no autorizada, básicamente los pozos y otras instalaciones necesarias para la extracción.

El origen de estas sentencias del Tribunal Supremo radica en expedientes administrativos sancionadores instados por la propia Administración de Aguas, la cual sin embargo no ha hecho nada al respecto, por lo cual continúan los daños al dominio público hidráulico y a Doñana. “Este hecho es de extraordinaria gravedad -puede leerse en el documento elevado al fiscal-, dado que la misma Administración que califica los hechos de muy graves no ejecuta las acciones a que la obliga el Tribunal Supremo para impedir que se sigan produciendo”. Además, Ecologistas denuncia que la Guardería Fluvial se ha visto impedida de acceder a las fincas para ejercer su labor de control e investigación, sin que los responsables de la Administración hayan actuado en consecuencia ni pedido auxilio judicial, como se hizo en ocasiones anteriores, para entrar en Hato Blanco Viejo y Hato Ratón Viejo. Asimismo, subrayan que no se ha producido ninguna sanción en el trienio en que la autoridad responsable en materia de aguas ha sido la Junta de Andalucía y que la CHG tampoco muestra una actitud proactiva para evitar esta situación, por lo que esta dejación de funciones se traduce en daños a Doñana.

Asimismo, Ecologistas denuncia ante el fiscal la realización de informes por parte de la jefa del Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía que ‘maquillan’ la situación real del acuífero del que se nutre el Parque Nacional y que eleva al Consejo Rector del mismo, compuesto en su gran mayoría por personas carentes de conocimientos hidrológicos. Por tanto, esa información no del todo cierta y que contrasta con la de otros organismos puede inducir a aquéllas a adoptar decisiones erróneas sin saberlo. La jefa del Dominio Público Hidráulico desoía al jefe de Aguas Subterráneas, su subordinado y persona de reconocido prestigio en Hidrología, con una dilatada experiencia como responsable del acuífero de Doñana.

Los verdes aportan pruebas que demuestran que la Agencia Andaluza del Agua estuvo presentando durante dos años el mismo informe presuntamente falseado sobre el estado del acuífero pero cambiando las fechas y calificando la situación como “de estabilidad”, cuando la conclusión del informe del jefe de Aguas Subterráneas era que los datos demostraban una situación preocupante porque los niveles de aguas cada año eran más profundos y porque en una tercera parte de los puntos de toma de muestras eran peores que cuando la terrible sequía del año 1995. Por ende, las alertas dadas al respecto por el representante de Ecologistas en el Consejo del Agua nunca eran recogidas en acta ni trasladadas al Pleno del Consejo Rector, ya que sólo se transmitía lo que quería la Junta de Andalucía.

SIN INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Por otra parte, Ecologistas denuncia que se ha otorgado a la SAT Sotogordo autorización, sin previo proceso de información pública,  para derivar aguas de los canales de drenaje de su finca, sin derecho al uso privativo, por un volumen total anual de 902.189 m3 con destino al riego de 243 Has. de arroz, por inundación, y 550 Has. de huertas, por aspersión.

Para los verdes es evidente, como podría confirmar cualquier técnico agrónomo, que es un absurdo pensar que con una autorización de 902.189 m3 se pueden regar 243 Has. de arroz y 550 Has. de huertas cuando las necesidades hídricas para ello rondan los 6 millones de m3, si se tiene en cuenta que una Ha. de arroz precisa entre 12.000 y 14.000 m3 de agua de riego, y una de huerta, 5.500 m3 aproximadamente. Y en este sentido, una de las sentencias del Tribunal Supremo resta credibilidad al argumento asumido por la Administración Hidráulica para autorizar la solicitud de derivación de aguas.

Ecologistas se pregunta si resulta razonable que a una finca que, como dice el Supremo, demuestra una clara posición de obstrucción a la actividad inspectora le sea autorizada una concesión de aguas técnicamente imposible cuando impide que se compruebe si el agua con la que riegan no procede de los pozos denunciados. A juicio de los verdes, la respuesta sólo se puede encontrar en que la Administración Hidráulica le otorga una cobertura ‘legal’ (la autorización de derivación de aguas de los canales de drenaje) a esta finca, permitiendo así que continúe extrayendo ilegalmente aguas del acuífero mientras prohíbe el paso a la guardería fluvial y, en consecuencia, perjudicando a Doñana.

* Texto íntegro de la denuncia de Ecologistas en Acción:

Denuncia Ecologistas

 

Dragado sí o sí

Hace dos años se conoció el dictamen sobre el Guadalquivir que  elaboró un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas. Sus conclusiones eran enormemente preocupantes: el gran río de Sevilla y de Andalucía es cada ve menos grande. Ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos  (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad. Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar.

Sin embargo, como los neodesarrollistas han vuelto a la Administración, hay quienes quieren tirar a la papelera el trabajo de dos años del CSIC y de las universidades andaluzas, pese al dinero que ha costado a los contribuyentes, y convertir el dictamen en papel mojado. Para ello, como es tradicional en este país llamado España, qué mejor que recurrir a la política de hechos consumados.

Sin que aún se hayan pronunciado al respecto ni el Consejo de Participación en el Espacio Natural de Doñana ni el Ministerio de Medio Ambiente, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ya ha consignado en sus exiguos presupuestos para la provincia de Sevilla una partida de 23 millones de euros para el dragado de profundidad del Guadalquivir. No hay dinero para aquello en lo que hay unanimidad, como serían la ampliación del Museo de Bellas Artes, la rehabilitación del Museo Arqueológico, los festivales culturales, el desdoble de la N-IV y la terminación de algún tramo más de la SE-40, pero sí se reserva para una obra más que controvertida y no avalada por los científicos a los que se encargó expresamente el dictamen, con lo cual se está condicionando de alguna manera la decisión que deben adoptar el Consejo de Doñana y el Ministerio de Medio Ambiente. El titular de este Departamento, Miguel Arias Cañete, no tiene un perfil ecologista precisamente, como acaba de demostrar liquidando la Ley de Costas e indultando el ladrillo en primera línea de playa.

Y en esta política de hechos consumados, el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, hace de su capa un sayo y anuncia que a principios de año va a licitar las obras del dragado aunque siga sin contar con autorización administrativa, salvo que bajo cuerda ya le hayan dado vía libre porque esté todo atado y bien atado. En un alarde de irresponsabilidad para un administrador del dinero público, ha declarado que él va a licitar, “y luego que se pronuncie quien quiera pronunciarse, ya sea por vía administrativa o judicial”. Y ha añadido: “Me espero cualquier cosa después de ver que un grupo de vecinos han sido capaces de echar abajo la biblioteca del Prado de San Sebastián y enterrar así muchos millones de euros”.

Perdón. Es justamente al revés: los ciudadanos nos esperamos ya cualquier cosa, incluso que Fernández dilapide 23 millones de euros en una obra que puede ser declarada ilegal, después de ver que un par de rectores de la Hispalense fueron capaces de empecinarse en malgastar 10 millones en una biblioteca fuera de la ley en el Prado y que se hayan ido de rositas sin asumir responsabilidad alguna y cargándole el coste de su imprudencia a los contribuyentes.

 

Ecologistas denuncia el ‘maquillaje’ del acuífero de Doñana

La Comisión de Aguas del Parque ni siquiera levanta acta de las reuniones

 

Una petición del representante de Ecologistas en Acción de que se recogiera en acta un asunto que planteaba como cuestión previa en la reunión de la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, celebrada el pasado día 23 en el Ayuntamiento de La Puebla del Río,  ha puesto al descubierto que este organismo ni siquiera levanta acta de los temas que se tratan, para estupor de sus miembros. Ecologistas denuncia además un intento de ‘maquillar’ la situación real del acuífero de Doñana.

 

El Consejo de Participación del ahora denominado Espacio Natural Doñana, que preside Felipe González, no tiene más constancia de lo que se debate y acuerda en el seno de la Comisión de Aguas que lo que quiera transmitirle, sea o no acorde con la realidad,  el ponente de la misma, un representante de la Junta de Andalucía que, por ende, ya no tiene competencias sobre el acuífero del que se nutre esta gran reserva ecológica, patrimonio de la Humanidad.

Ecologistas no sale de su asombro tras la respuesta recibida de que no hay actas de las reuniones, por lo que el ponente puede decirle al Consejo de Participación que preside Felipe González lo que le venga en gana, sin posibilidad de contraste alguno.

Según los conservacionistas, en la reunión de La Puebla del Río el director del Dominio Público Hidráulico de la Junta de  Andalucía, carente ya de competencias al respecto, presentó un informe sobre la situación del acuífero de Doñana en 2009/2010 “desfasado en el tiempo, gravemente erróneo y ajeno a la realidad”, lo que para Ecologistas demuestra un intento de ‘maquillaje’, pues concluía diciendo lo siguiente: “esta mejoría general se observa, de manera más evidente, cuando comparamos los índices de estado de aguas altas; así, en marzo de 2009, la situación era de peligro, mientras que para marzo de 2010 era de estabilidad”.

En contraste, se presentó otro informe realizado por el Servicio de Aguas Subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el cual se llega a la conclusión de que el estado del acuífero es “preocupante” debido al descenso en los niveles de los pozos piezométricos, los cuales muestran una tendencia clara al descenso, fruto de las extracciones ilegales de agua que siguen sin ser evitadas. El descenso del nivel del agua subterránea supera incluso al registrado durante la gran sequía de 1995.

Al final de la reunión, Ecologistas en Acción preguntó a los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir si en el año 2009/2010 habían hecho un estudio  sobre el estado del acuífero. La respuesta fue afirmativa y que ese estudio había demostrado que ya por entonces la situación era “preocupante”, cuando poco antes el representante de la Junta había dicho que “en marzo de 2010 era de estabilidad”, lo que a juicio de los conservacionistas demuestra el intento de ‘maquillaje’ de la realidad por parte del Gobierno autonómico.

Por su parte, la organización ecologista WWF denuncia que continúa extrayéndose agua de más de mil pozos ilegales en el entorno de Doñana “a pesar del conocimiento  de la Administración central, la autonómica y la local”.  WWF pide al nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero, y al nuevo consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Luis Planas, que pongan solución de una vez por todas  al problema del acuífero con medidas urgentes como su declaración como “sobreexplotado”.

Los sabios han hablado por tercera vez

Doñana, paraíso para las aves acuáticas

Doñana, paraíso para las aves acuáticas

Carlos Román y Vicente Granados reseñaron en su día que Doñana es, probablemente, el espacio natural protegido sobre el que existe mayor literatura científica –y no científica- del mundo. Por sus especialísimas características, esta joya de la Naturaleza que tiene todos los títulos del planeta (desde Patrimonio de la Humanidad a Reserva de la Biosfera), es mucho más que un símbolo de la lucha conservacionista, hasta el punto de que una de las organizaciones ecologistas más importantes, el WWF, cuyo logotipo es el panda, se creó expresamente para luchar por su salvación..

En tres ocasiones en que a lo largo de la historia reciente se ha considerado en peligro el espacio natural, la clase política decidió encomendarse al dictamen de los científicos y proceder conforme a sus recomendaciones.

La primera fue a principios de los años 90, con motivo de la macrourbanización ‘Costa Doñana’. La UE, el Gobierno de España y la Junta de Andalucía impulsaron una comisión internacional de expertos que coordinó el sociólogo Manuel Castells y que, tras un año de trabajo, emitió un dictamen que tumbó el proyecto especulativo y apostó por un desarrollo sostenible basado en la universal marca ‘Doñana’.

EL VERTIDO TÓXICO

Vertido tóxico de Boliden desde Aznalcóllar

Vertido tóxico de Boliden desde Aznalcóllar

La segunda ocasión en que los políticos dejaron el futuro de Doñana en manos de los científicos fue tras la rotura, el 25 de abril de 1998, de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Boliden en Aznalcóllar, la mayor catástrofe ecológica en Europa hasta entonces. La riada de 6 Hm3 de aguas contaminadas con 2,5 Hm3 de lodos piríticos con alto contenido en metales pesados y arsénico arrasó la vida animal y vegetal Guadiamar abajo y a duras penas pudo ser contenida a las puertas del Parque Nacional.

¿Cómo actuar para afrontar un desastre sin precedentes y descontaminar los suelos envenenados? Los políticos se pusieron a las órdenes de los científicos y éstos transmutaron la negligencia de la Administración (¿a quién se le ocurrió autorizar una inmensa balsa en parte del dominio hidráulico del río Agrio y con un pésimo control de su estabilidad?) y de la multinacional sueca –que se ha ido de rositas- en el corredor verde, con lo que salvaron la imagen de España ante el mundo.

EL DRAGADO DEL RÍO

La tercera ocasión está siendo el proyecto de ampliación del dragado del Guadalquivir, promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla. La declaración de impacto ambiental emitida en 2003 se supeditó a posteriores informes que despejaran las dudas sobre su impacto ecológico en el estuario del río y en Doñana.

El dictamen de la comisión de científicos, realizado a petición del Ministerio de Medio Ambiente, recomienda que en la desastrosa situación actual del río no se ahonde el canal de navegación  desde los -6 metros actuales hasta los -8 porque es incompatible con la conservación del estuario y, en consecuencia, de Doñana.

En el futuro, si mejoraran las condiciones del Guadalquivir, podría reexaminarse el proyecto, pero mientras tanto la recomendación es que se mantenga el actual dragado de mantenimiento y bajo control científico, para minimizar sus efectos negativos.

HECHOS CONSUMADOS

El puerto y las fuerzas vivas –las mismas que a las primeras objeciones, hace años, dijeron: “lo importante es que se hagan las obras y que el dinero nos lo llevemos nosotros”- han reaccionado poniendo de manifiesto el sinsentido de haber ejecutado una esclusa de 160 millones de euros para que ahora no se drague.

La nueva esclusa

La nueva esclusa

Este argumento no se compadece con otras declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria,  que dijo que la nueva esclusa había que hacerla “sí o sí”, ya que por la antigüedad y frecuentes averías de la antigua se habían tenido que gastar 1,5 millones de euros en los últimos tiempos.

Pero si ahora quieren darle la vuelta a sus tesis, cabe preguntarse entonces por la irresponsabilidad de haber gastado 160 millones en una nueva esclusa sin esperar a la finalización de los estudios científicos.

En el puerto de Sevilla siguen sin comprender que el Guadalquivir no es su monopolio y que hay multitud de actores en escena, todos con intereses tan legítimos como el suyo: arroceros, pescadores, Doñana, municipios ribereños, Sanlúcar…. Nuestro puerto, pese a su importancia, tiene las limitaciones de su carácter fluvial, por lo que jamás podrá competir en pie de igualdad con los puertos marítimos cercanos (Algeciras, Huelva, Cádiz), amén de que en un Estado de Derecho como España, obligada además por convenios internacionales, no puede plantear como un chantaje su política de hechos consumados. Como en la frase bíblica del sábado y el hombre, no se hizo el Guadalquivir para el puerto, sino que ha de ser el puerto el que se adapte al Guadalquivir y a todo su estuario.

La esclusa es una metáfora de esta Sevilla nuestra, donde, contra la lógica, se colocan los bueyes detrás  de la carreta. Aquí hacemos una esclusa tal que nos tomen por locos antes del dictamen científico sobre el Guadalquivir, como promotores inmobiliarios compraron Tablada para llenarla de ladrillos sin sopesar que el PGOU podía declararla zona verde, o se construyó el estadio olímpico sin pensar en que el Sevilla y el Betis jamás irían a compartirlo.

Por tercera vez, los científicos han dictaminado sobre Doñana. A una ministra andaluza, Rosa Aguilar, le toca ahora  el papel de obrar en consecuencia  o ser la primera gobernante de España que hace oídos sordos a su dictamen.

* ‘Radiografía del Guadalquivir’ (Informe del comité de expertos)

La Unesco aplaza la visita a Doñana

La misión de inspección de la Unesco a Doñana, que debía iniciarse el día 8 de diciembre de 2010 podría ser suspendida a última hora, según un aviso dado por la Administración española a las organizaciones ecologistas que estaban preparando sus reuniones con los delegados del Comité Mundial del Patrimonio de la Humanidad.

El Gobierno no ha dado explicación alguna sobre las razones de este más que probable aplazamiento ni avanzado otra fecha alternativa. Tampoco parece que haya influido en esta decisión el temporal de lluvias que está afectando a toda Andalucía, dado que los enviados de la Unesco sólo tenían previsto dedicar medio día de sus tres jornadas a inspeccionar sobre el terreno la situación del Parque Nacional y el resto del tiempo lo iban a ocupar con reuniones con organismos oficiales y directivos de empresas como la refinería de petróleo de La Rábida.

Las fuertes críticas de las asociaciones conservacionistas a este programa consensuado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con el Comité del Patrimonio Mundial podrían haber hecho reflexionar a la Unesco, ante el exceso de oficialismo de su misión.

De hecho, Jesús Vozmediano, portavoz del Club Doñana, una de las asociaciones ecologistas que con sus denuncias habían provocado el envío de esta delegación del organismo de Naciones Unidas, había vertido un juicio muy negativo al plan de trabajo por considerardo demasiado condicionado por técnicos y políticos.

“De esta manera -ha dicho el abogado ambientalista y exmiembro del Patronato del Parque Nacional- se evita que la delegación de la Unesco conozca in situ los gravísimos problemas reales que padece Doñana, que es lo importante”. Vozmediano ha recalcado que Doñana y su entorno ocupan una superficie superior a las 100.000 hectáreas, por lo que en “una simple mañana es absolutamente imposible percatarse de su situación medioambiental real”.

Por ello, el Club Doñana había  comunicado a la Unesco su renuncia  a los 60 minutos de entrevista que le había reservado la Junta de Andalucía y la cesión de este tiempo, con el fin de que los enviados de la organización internacional optimizaran su agenda y pudieran conocer sobre el terreno los problemas reales del Parque, al margen de las versiones interesadas de los representantes de la Administración.

Asimismo, el conocido letrado ecologista había indicado que de mantenerse el programa de visita previsto y organizado por la Administración andaluza, el Club Doñana “consideraría que se ha vulnerado su derecho a la información y participación en cuestiones ambientales que le otorga el Convenio de Aarhus”, por lo que “presentaría las denuncias correspondientes ante organismos nacionales e internacionales”.