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La Unesco aplaza la visita a Doñana

La misión de inspección de la Unesco a Doñana, que debía iniciarse el día 8 de diciembre de 2010 podría ser suspendida a última hora, según un aviso dado por la Administración española a las organizaciones ecologistas que estaban preparando sus reuniones con los delegados del Comité Mundial del Patrimonio de la Humanidad.

El Gobierno no ha dado explicación alguna sobre las razones de este más que probable aplazamiento ni avanzado otra fecha alternativa. Tampoco parece que haya influido en esta decisión el temporal de lluvias que está afectando a toda Andalucía, dado que los enviados de la Unesco sólo tenían previsto dedicar medio día de sus tres jornadas a inspeccionar sobre el terreno la situación del Parque Nacional y el resto del tiempo lo iban a ocupar con reuniones con organismos oficiales y directivos de empresas como la refinería de petróleo de La Rábida.

Las fuertes críticas de las asociaciones conservacionistas a este programa consensuado por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía con el Comité del Patrimonio Mundial podrían haber hecho reflexionar a la Unesco, ante el exceso de oficialismo de su misión.

De hecho, Jesús Vozmediano, portavoz del Club Doñana, una de las asociaciones ecologistas que con sus denuncias habían provocado el envío de esta delegación del organismo de Naciones Unidas, había vertido un juicio muy negativo al plan de trabajo por considerardo demasiado condicionado por técnicos y políticos.

«De esta manera -ha dicho el abogado ambientalista y exmiembro del Patronato del Parque Nacional- se evita que la delegación de la Unesco conozca in situ los gravísimos problemas reales que padece Doñana, que es lo importante». Vozmediano ha recalcado que Doñana y su entorno ocupan una superficie superior a las 100.000 hectáreas, por lo que en «una simple mañana es absolutamente imposible percatarse de su situación medioambiental real».

Por ello, el Club Doñana había  comunicado a la Unesco su renuncia  a los 60 minutos de entrevista que le había reservado la Junta de Andalucía y la cesión de este tiempo, con el fin de que los enviados de la organización internacional optimizaran su agenda y pudieran conocer sobre el terreno los problemas reales del Parque, al margen de las versiones interesadas de los representantes de la Administración.

Asimismo, el conocido letrado ecologista había indicado que de mantenerse el programa de visita previsto y organizado por la Administración andaluza, el Club Doñana «consideraría que se ha vulnerado su derecho a la información y participación en cuestiones ambientales que le otorga el Convenio de Aarhus», por lo que «presentaría las denuncias correspondientes ante organismos nacionales e internacionales».

La Unesco estará sólo medio día en Doñana

Dedicará una tarde a reunirse con los ecologistas y el resto del tiempo con la Administración

Dos días y medio en misión oficial tras el ‘puente’ de la Constitución permanecerá en España la delegación de la Unesco que acude a inspeccionar la situación del Parque Nacional conforme a los acuerdos adoptados en tal sentido en la reunión del Comité del Patrimonio de la Humanidad que se celebró en Brasilia durante el pasado mes de julio.

Los enviados del organismo de la ONU se moverán sobre el terreno a lo largo de una sola mañana y emplearán el resto del tiempo en reuniones de análisis con los organismos de la Administración y con los ecologistas, que dispondrán de una tarde para ratificar sus denuncias sobre los problemas de Doñana.

Los miembros de la Unesco iniciarán su viaje de inspección el jueves, día 9, con una sesión de trabajo con los técnicos responsables de la gestión del denominado Espacio Natural Doñana (Parque Nacional más Parque Natural), con el siguiente orden del día: localización de los riesgos y amenazas que se ciernen sobre este Patrimonio de la Humanidad, balance de ejecución del Plan Doñana 2005 (actuaciones complementarias y planteamiento futuro), control de los planes de los ayuntamientos de la comarca de Doñana y control de los consumos de las aguas subterráneas: sustitución de las captaciones y Plan especial de regadíos de la corona forestal del Parque.

El turno de los ecologistas llegará en la tarde del jueves. La misión de la Unesco recibirá en primer lugar a las asociaciones y colectivos que les han ido remitiendo en los últimos tiempos sus denuncias y opiniones sobre la situación de esta reserva de la biosfera: Oceana y el Club Doñana. Posteriormente mantendrá reuniones con otras organizaciones conservacionistas: WWF España y Ecologistas en Acción.

La delegación realizará una visita de campo en la mañana del viernes 10 de diciembre, con especial atención a las áreas relacionadas con los asuntos del viaje de inspección y cualquiera otras zonas que pida ver sobre la marcha. En la tarde del viernes, los enviados de la Unesco se entrevistarán con directivos de la refinería de petróleo de La Rábida, propiedad de Cepsa, en presencia más que probablemente de los gestores de Doñana.

Quieren informarse de primera mano sobre los riesgos por vertidos de hidrocarburos e instalaciones de energía eólica y dónde se localizarán los proyectos en marcha en estas materias. Analizarán asimismo el Plan de Emergencia ante el riesgo de contaminación litoral de Andalucía y los planes de autoprotección de los espacios naturales de la comunidad autónoma, en especial en el caso de Doñana y de la refinería onubense.

El senador y alcalde de Almonte, Francisco Bella, tendrá el privilegio de una reunión especial con la misión de la Unesco, que quiere conocer la visión de las autoridades y comunidades locales y su experiencia en el Consejo de Participación de Doñana.

El programa oficial de la visita de la delegación concluirá en la mañana del sábado, 11 de diciembre, con una sesión de trabajo con los investigadores de la Estación Biológica de Doñana, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La Unesco desea que los científicos le describan los posibles escenarios futuros para la gran reserva natural andaluza y patrimonio de la Humanidad y cómo podría afectarle el cambio climático. Tras esta reunión, los responsables políticos de Doñana tratarán de presentar un avance del informe –respuesta a las exigencias de la Unesco, que ha dado como fecha límite al Gobierno la del 1 de febrero de 2011.

Gigantescas balsas en el entorno de Doñana

Los proyectos de macrobalsas de agua en el

entorno de Doñana causan nuevas alarmas ecológicas

La Confederación Hidrográfica propugna cuatro presas artificiales nutridas por el pantano de Peñaflor mediante canales paralelos de 28 kilómetros

El pantano de Boliden en Aznalcóllar alimentaría a través del Agrio y del Guadiamar una balsa para la zona de los Hatos

El agua, que es la razón de ser del Parque Nacional de Doñana como un don del Guadalquivir al igual que Egipto es un don del Nilo, se está convirtiendo en el nuevo campo de batalla entre los ecologistas y los agricultores. La ordenación de los regadíos y el freno a las extracciones clandestinas del acuífero 27, del que depende en gran medida la supervivencia del Parque, se está tratando de compensar a juicio de Ecologistas en Acción con proyectos de balsas gigantescas que provocarían nuevos impactos paisajísticos y medioambientales que agravarían la situación.

Hace seis años, cuando se aprobó el Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad) la Administración cuantificó en 10.300 las hectáreas de riego en el entorno de Doñana al margen de los arrozales, una superficie que el  Consejo de Participación de Doñana se verá forzado a bendecir y consolidar ante la ineficacia de los organismos oficiales a la hora de clausurar pozos ilegales de riego y de ejecutar las multas impuestas a lo largo de los años, como se ha demostrado con los casos de Hato Ratón y Hato Blanco.

El problema es que ante esta comprobada ineficacia de la Confederación Hidrográfica primero y de la Agencia Andaluza del Agua después, las hectáreas de riego ya no son 10.300, sino que según cálculos de empresarios independientes de la comarca y de los conservacionistas superarían las 13.000.

Para evitar más extracciones del acuífero subterráneo, cuyo nivel freático ha descendido unos 18 metros en los últimos años, y suministrar aportes hídricos a los arrozales sin detraer tampoco más agua del sobreexplotado Guadalquivir, están circulando propuestas y proyectos alternativos que se basan en la construcción de grandes balsas de riego en la marisma o su entorno alimentadas desde embalses superficiales y que han disparado las alarmas entre los ecologistas por su impacto visual y su gigantismo.

Los ingenieros de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir redactaron un estudio de soluciones e impacto ambiental de aporte de agua a la zona arrocera del que sólo han trascendido las grandes líneas generales. El objetivo de este proyecto es dotar de caudal suficiente a los arrozales, mejorar la calidad del agua y evitar la intrusión salina en la ría mediante la ejecución de las siguientes grandes obras:

-Cuatro balsas que ocuparían una superficie de 2.766,43 hectáreas (equivalentes a otros tantos campos de fútbol como el del Sevilla F. C.) y que permitirían el almacenamiento de 80 Hm3 dee agua.

– Sendos canales paralelos en ambas márgenes del río Guadalquivir, con una longitud total de 28.761,279 metros.

-Esclusa en el cauce del río, bien en la Punta del Verde, bien en La Mata.

-Abastecimiento desde la presa de Peñaflor.

-Dragado del Brazo de los Jerónimos y compuerta de retención.

La CHG llegó a pedir una valoración de cómo afectaba su proyecto al dominio público marítimo terrestre.

EL PANTANO DE BOLIDEN

En el otro frente, el de los cultivos al margen del arroz que se abastecen de pozos subterráneos, la Administración ha dibujado un plan para que gradualmente se vayan dejando de utilizar estos sondeos y se sustituyan por aguas superficiales del embalse del río Agrio hasta un total de 20 Hm3, ya que tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar esta presa dejó de ser utilizada por la multinacional sueco-canadiense Boliden.

Los propietarios de la finca Hato Blanco, que según los documentos revelados por Ecologistas en Acción acumulan cantidades millonarias en sanciones por riegos ilegales sin que ninguna de esas multas hayan sido ejecutadas por la Administración, han pedido en el marco de esa nueva política que se les autorice la construcción de una balsa con capacidad para 3,4 Hm3 pero que gozaría de una concesión de 9 Hm3, con lo cual se recargaría tres veces al año, y que ocuparía una extensión de 86 Has.

El proyecto fue objeto de un tenso debate en la reciente reunión de la Comisión de Aguas del Consejo de Participación de Doñana, donde se enfrentaron los verdes y los promotores de la balsa. Estos argumentaron que en invierno la presa artificial, con una altura de coronación de 6 metros, se alimentaría de las escorrentías del Guadiamar y que en el resto del año detraería agua de la presa del Agrio.

Los ecologistas afirman que las aguas de la antigua presa minera están afectadas por las escombreras de Boliden y que acabarían contaminando Doñana. A su juicio, si se aprueba esta balsa y otras en ciernes se convertiría el Guadiamar en una tubería al aire libre para el regadío y no se daría opción a rematar el Plan Doñana 2005.

Aunque la balsa se ubicaría ahora fuera de la zona delimitada por el Potad, Ecologistas en Acción sigue sosteniendo que con este proyecto se cumpliría una doble finalidad: legalizar riegos ilegales y aprovechar la concesión para derivar agua hacia una futura planta de energía solar que se construiría cerca de la marisma de Hinojos porque allí existen yacimientos de gas que se pondrían en explotación para complementar la central solar, conforme a una iniciativa de Enagás.

Los ecologistas están a la espera de las actas oficiales de la Comisión de Aguas para adoptar una estrategia ante el cariz que vayan tomando estos nuevos proyectos.

Hato Blanco también se libra de multas millonarias

La Administración vuelve a dejar de ejecutar

multas millonarias por riegos ilegales en Doñana

Seis expedientes con sanciones desde 1997 no han sido aplicados a la finca ‘Hato Blanco Viejo’

A la misión de la Unesco que va a inspeccionar Doñana durante el mes de diciembre empiezan a acumulársele los motivos para actuar contra la desidia e inhibición de la Administración española. Ecologistas en Acción rescata ahora expedientes sancionadores y sentencias judiciales por más extracciones de aguas ilegales en el entorno del Parque Nacional y que nunca habrían sido ejecutados, con lo que la impunidad correría a sus anchas por la marisma, convertido en un territorio fuera de la ley.

El caso de la finca ‘Hato Ratón’ no es el único en el que extracciones ilegales de millones de metros cúbicos del acuífero de Doñana (el número 27) han quedado impunes pese a las sanciones administrativas refrendadas incluso por el Tribunal Supremo.

Ecologistas en Acción aportan ahora una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, tras la vista del recurso 1497/2000, y seis expedientes incoados desde 1997 a 2004 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra los regantes de la finca ‘Hato Blanco Viejo’ para demostrar las sistemáticas prácticas de regadío ilegal en la marisma de Aznalcázar y la impunidad con que se llevan a cabo: expedientes sancionadores millonarios que se dejan caducar y otros que seguían su curso pero que pese a ser ratificados por los tribunales nunca han sido ejecutados, según los ecologistas.

Esta finca acumula al menos seis expedientes sancionadores entre 1997 y 2004 (el 415/97; el 395/98; el 552/2001; el 661/03; el 564/04 y el 434/04) por riego ilegal en cada caso de 698 Has., 354, 449, 444, 89  y 667 Has. El volumen de agua extraído de forma clandestina se eleva a 12.629.000 m3, con daños al dominio público hidráulico por valor cercano a los 3 millones de euros, motivo por el cual se le impusieron sanciones por casi 2 millones, que no habrían sido ejecutadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pese a contar con fallos judiciales a su favor y hasta con resoluciones del Consejo de Ministros.

Siguiendo la táctica habitual en estos casos, como ocurrió en la finca ‘Hato Ratón’, la comunidad de regantes se dedicaba a impugnar ante las más altas instancias jurídicas las sanciones con el fin de demorar el proceso. Así ocurrió tras serle notificado la resolución del expediente 661/03 al detectarse la extracción ilegal de 5 millones de m3 de agua.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, el cual confirmó a principios de 2009 la multa impuesta de 601.012 euros, más el pago de una indemnización por 1.123.416 euros tras captar ilegalmente esos 5 Hm3 para regar arroz, algodón y remolacha. Esta sentencia confirmaba en todos sus extremos la resolución del Consejo de Ministros, que en febrero de 2004 ratificó la multa por una infracción “muy grave”.

Según la resolución, los agricultores tenían en explotación once captaciones de aguas subterráneas sin autorización de la Confederación Hidrográfica (CHG), la cual las descubrió el 19 de octubre de 2000, cuando ya habían regado al menos 383 Has. de arroz por inundación, 86 Has. de algodón por goteo y 20 Has. de remolacha por aspersión.

En su defensa, la comunidad de regantes de ‘Hato Blanco Viejo’ argumentó que hicieron aquellas captaciones para “optimizar técnicamente” el agua, ya que según su versión no incrementaron el caudal que tenían autorizado y, por ejemplo, regaban el algodón con el agua resultante del desecho del cultivo de arroz.

El. Tribunal Supremo falló que no sólo estaban realizando siete captaciones en pozos para los que previamente la CHG les había negado la autorización, sino que además las estaban usando en unas zonas no autorizadas para ser regadas. El fallo judicial consideró demostrado que la comunidad de regantes utilizó indebidamente 5.349.600 m3 de agua, valorados en 1.123.413 euros, que deberían pagar a la Confederación.

Ecologistas en Acción ha denunciado que ni siquiera aquel caso sirvió para frenar las extracciones ilegales en el entorno de Doñana, ya que dicha comunidad de regantes volvió a ser merecedora de dos sanciones posteriores por captar 5.942.000 m3 de agua de forma clandestina, multas que tampoco se habrían ejecutado hasta la fecha.

Misión de la Unesco a Doñana

Muestra su preocupación por el proyecto del oleoducto y la parálisis del plan 2005 de defensa del Parque Nacional

Una misión especial de la Unesco realizará una visita de inspección al Parque Nacional de Doñana en la primera quincena de diciembre (en principio las fechas más probables son del 9 al 11) para comprobar ‘in situ’ la situación de este Patrimonio de la Humanidad y el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en la reunión de Brasilia del pasado verano.

La Unesco está inquieta por las denuncias que en los últimos tiempos le han elevado organizaciones como el Club Doñana, Océana, la Mesa de la Ría de Huelva y la plataforma extremeña contra la refinería Balboa y el oleoducto Huelva-Extremadura.

El Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, reunido en Brasilia en su XXXIV sesión desde el 25 de julio al 3 de agosto pasados, adoptó una serie de acuerdos en relación con el Parque Nacional de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad desde 1994 y goza de las máximas figuras de protección de la Naturaleza en los convenios internacionales (por ejemplo, el de Ramsar, referido a las zonas húmedas).

Ahora, el organismo de la Naciones Unidas para la cultura y el patrimonio ha decidido enviar una misión de expertos para verificar sobre el terreno el grado de cumplimiento de aquellas resoluciones, que pasaron totalmente inadvertidas en España.

El Comité Mundial reclama al Gobierno de Zapatero que concluya de una vez el proyecto de restauración denominado ‘Doñana 2005’, iniciado tras la catástrofe ecológica de Aznalcóllar el 25 de abril de 1998 con el fin de garantizar la preservación del Parque Nacional en el horizonte de aquella fecha y que aún no se ha rematado pese a que ya estamos en 2010, más de cinco años después.

La Unesco tomó nota “con inquietud” del elevado riesgo de vertidos accidentales de hidrocartburos como resultado del incremento del tráfico marítimo desde y hacia el estrecho de Gibraltar debido al proyecto de expansión de la refinería de La Rábida y al del oleoducto Huelva-Extremadura para la refinería Balboa que promueve el grupo Gallardo, los cuales, a juicio del Comité del Patrimonio Mundial, “podrían afectar al valor universal excepcional, incluidas las condiciones de integridad del bien”.

En consecuencia, el organismo de la ONU exige al Gobierno de Zapatero que le entregue una copia de los  estudios de impacto ambiental del proyecto de ampliación de la refinería de La Rábida, de la expansión del tráfico marítimo, de los parques eólicos en la costa de Huelva y del plan de protección de la zona natural de Doñana tan pronto como estén disponibles.

La Unesco ha emplazado al Gobierno español a que antes del 1 de febrero de 2011 le entregue un informe sobre el estado de los proyectos de la refinería del Polo químico onubense y la de Balboa en Extremadura (grupo Gallardo) y de cualquier otro desarrollo que pudiese afectar al valor universal y excepcional de Doñana.

La lista de exigencias del organismo internacional incluye además informes sobre la continuación de la ejecución del programa de restauración del Parque (Doñana 2005), el seguimiento y evaluación de la eficacia de la gestión, impactos de los usos en los territorios adyacentes al espacio natural y su estado de conservación, con vistas a su examen por el Comité del Patrimonio Mundial en su XXXV sesión, que tendrá lugar durante 2011. La Unesco ha expuesto claramente al Gobierno español que no quiere que autorice en el entorno de Doñana proyectos que puedan provocarle impactos que comprometan su conservación.

El tono de las resoluciones del Comité del Patrimonio Mundial ha sido más duro con España que en ocasiones precedentes y en medios conservacionistas se duda de que  el Gobierno de Zapatero pueda cumplir todas estas exigencias antes del 1 de febrero de 2011.

El envío de una delegación de la Unesco, incluida diplomáticamente en la resolución adoptada el pasado verano como fruto de una invitación del Ejecutivo español para “una misión conjunta de seguimiento a fin de evaluar el estado de conservación” de Doñana, denota un mayor grado de preocupación internacional sobre la situación del Parque, cuyo Consejo de Participación preside ahora Felipe González.

En caso de que la Unesco concluyera que Doñana ha empeorado o se incumplen sus resoluciones, podría llegar a incluir el Parque Nacional en la lista de espacios naturales en peligro o hasta excluirlo de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad, lo que supondría un enorme desprestigio para España.

Hato Ratón: multas impagadas por 13 millones

Una finca de Doñana lleva 13 años de riesgos

ilegales y sin pagar 13 millones en multas

Las sanciones no se han ejecutado por la Confederación ni la

Agencia del Agua pese al aval del Tribunal Supremo

La Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Guadiamar acumula sanciones por más de 13 millones de euros por riegos presuntamente ilegales en una finca del entorno de Doñana llamada ‘Hato Ratón’ desde el año 1997 hasta la fecha sin que ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ni la Agencia Andaluza del Agua hayan sido capaces ni de cobrar las multas ni de clausurar los pozos clandestinos, pese a que el Tribunal Supremo ha rechazado sistemáticamente los recursos de la SAT y por tanto avalado las sanciones impuestas por estos regadíos al margen de la ley.Los ecologistas calculan que ha extraído del acuífero 27, del que se nutre Doñana, al menos 60 millones de m3 de agua.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de la que depende la Agencia Andaluza del Agua, ha confirmado indirectamente las denuncias de Ecologistas en Acción sobre la permisividad de las Administraciones Públicas con la SAT Guadiamar, explotadora de la finca ‘Hato Ratón’, al reconocer que los expedientes sancionadores contra esta sociedad por riegos ilegales en el entorno de Doñana han sido elevados ahora a la Agencia Tributaria en Madrid para que proceda a su ejecución.

Desde 1997, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir primero y posteriormente la Agencia Andaluza del Agua vienen mostrando su incapacidad para cobrarle lo más de 13 millones de euros en multas que acumula y clausurarle sus pozos ilegales, prueba del descontrol más absoluto que existe en materia de aguas en el Parque Nacional y su entorno.

La Consejería de Medio Ambiente se escuda en que como los expedientes sancionadores son anteriores a la fecha del traspaso del Guadalquivir a la Agencia del Agua, siguen siendo competencia de la Confederación Hidrográfica y no han sido asumidos en las transferencias, si bien le consta que han sido elevados a la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda para que los ejecute directamente.

La Confederación Hidrográfica guarda un mutismo absoluto al respecto, pese a los reiterados intentos  a lo largo de semanas para obtener su versión de los hechos, y la Agencia Tributaria alega que no puede dar datos sobre contribuyentes.

Según las denuncias de Ecologistas en Acción, en la finca ‘Hato Ratón’ se habrían extraído ilegalmente al menos 60 millones de m3 de agua, pese a lo cual la Junta de Andalucía trata de ‘premiar’ a la SAT Guadiamar dando curso a su solicitud de que se le otorgue una concesión de aguas públicas procedentes del embalse del río Agrio, que ha quedado sin uso tras la catástrofe ecológica de Boliden en las minas de Aznalcóllar.

Ecologistas denuncian que los solicitantes ya están negociando con esta concesión, incluso antes de su adjudicación, para traspasarla a una compañía promotora de un proyecto de energía solar a cambio de más de un millón de euros anuales, ya que las plantas solares necesitan tierras con derecho a agua para refrigeración.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha confirmado la existencia de la solicitud de esta concesión por la multisancionada SAT Guadiamar, pero la desvincula de estos expedientes sancionadores y dice que se enmarca en los acuerdos del Consejo de Participación de Doñana, el cual decidió en su momento ir sustituyendo progresivamente los riegos con aguas subterráneas del acuífero 27, del que depende el Parque Nacional, por otros con aguas superficiales como las del embalse del río Agrio. Esta concesión en trámite cumpliría, según la Consejería de Medio Ambiente, el objetivo de liberar más de 20 Hm3 de riegos con pozos para aliviar así la presión sobre Doñana.

AÑOS DE ILEGALIDADES

‘Hato Ratón’ es una finca de aproximadamente 1.500 Has. sita en la marisma de Aznalcázar, una tierra arcillosa y de escasa productividad agrícola salvo que se le aporte agua de riego que lave la sal característica de estos terrenos. En los años 70, el IRYDA realizó cerca de 400 sondeos para la explotación del acuífero 27 dentro del Plan Almonte-Marismas. Una veintena se hicieron en esta finca.

A finales de 1987, el Iara requirió a los dueños de ‘Hato Ratón’ para que pusiera a su disposición los pozos. Aquéllos presentaron recurso y el 28 de mayo de 1998 –más de diez años después- el Tribunal Supremo falló a favor del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria.

Sin embargo, en ‘Hato Ratón’ se siguió haciendo uso de los sondeos. En julio del año 2000, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) resolvió denegar a la SAT Guadiamar la inscripción en el catálogo de aguas privadas de 20 sondeos construidos por el IRYDA. La situación no varió.

La CHG denunció los riegos, que se seguían haciendo pese a vulnerar la negativa a la inscripción, con resoluciones de los expedientes sancionadores del Consejo de Ministros de los años 1998, 2001, 2004, 2006…En este último años, el Gobierno le impuso una última sanción de 601.012,10 euros, con la obligación de indemnizar con 1.638.956 euros por los daños causados al dominio público hidráulico.

Nada de esto surtía efecto alguno y en ‘Hato Ratón’ se seguía regando ilegalmente y elevando recursos para no pagar las sanciones. A finales de 2007, el Supremo falló que la denegación de la inscripción de los sondeos realizados por el IRYDA era acorde a derecho.

Todo siguió igual, con recursos y más recursos. En el año 2009, el Supremo volvió a fallar que los expedientes sancionadores eran correctos y desestimó los recursos de la SAT. La paradoja es que en el año 2010, sin haberse ejecutado aún ningún expediente sancionador y tras haber extraído al menos 60 millones de m3 de agua según Ecologistas en Acción, la Junta de Andalucía ha dado curso a su solicitud de una concesión para el riego de 1.000 Has. justificándolo como una forma de evitar los problemas con los sondeos ilegales.

MIL POZOS ILEGALES MÁS DESDE 2004

Los ecologistas estiman que en el entorno de Doñana se han perforado en los últimos años un millar de pozos ilegales para el regadío de las fincas colindantes con el agua almacenada en el acuífero 27, del que depende la supervivencia del Parque Nacional, ya que los afloramientos de aguas subterráneas son vitales para el mantenimiento de los lucios y lagunas que sirven de refugio y hábitat a numerosas especies de aves acuáticas.

Un informe de la Agencia Andaluza del Agua realizado hace ahora aproximadamente un año puso de manifiesto que el nivel del acuífero había bajado en dieciocho metros como consecuencia de la sobreexplotación de sus recursos mediante estos pozos ilegales, sin que la Administración haya sido incapaz de clausurarlos ni de cobrar las sanciones impuestas a sus promotores, en el dudoso caso de que hayan sido notificadas.

Ante su propia incapacidad para hacer cumplir la ley, la Junta de Andalucía, responsable de la gestión del Parque y su entorno, trata ahora de consolidar la situación creada mediante un plan de reconocimiento de las hectáreas de regadío existentes, que cifra en algo más de 10.000 Has.

Para los ecologistas, sin embargo, no son 10.000, sino 14.000 las Has. puestas en riego ante las propias barbas de la Confederación Hidrográfica y la Agencia del Agua, por lo que no se puede premiar a los infractores de la ley, como en el sintomático caso de la finca ‘Hato Ratón’. La Junta pretende que el Consejo de Participación de Doñana bendiga con su aprobación esta nueva política de hacer borrón y cuenta nueva, es decir, lo mismo que se viene preconizando de toda la vida sin resultado alguno.

Radiografía del Guadalquivir

El Guadalquivir necesita cuatro veces más

agua para frenar la salinidad y la turbidez

Transporta una media de 63 m3/segundo y precisa de 250 m3, aunque lo ideal serían 1.000 m3.

El comité de expertos concluye que todos los planes sobre el río tienen un impacto negativo salvo el de inundar los llanos mareales de Doñana

Dragar el río hasta -8 metros para que lleguen a Sevilla barcos más grandes provocaría  la erosión de las márgenes

Ampliar el arrozal implicaría más demanda de agua, reduciría aún más  la biodiversidad y multiplicaría los episodios tóxicos

El río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce por las presas para el regadío

El Guadalquivir se ha convertido en un foco emisor de CO2 y de fitoplancton tóxico para la cadena alimentaria

El dictamen científico aboga por una autoridad única que gestione los recursos y el mantenimiento del dragado actual

El comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de universidades andaluzas que durante dos años ha estudiado el impacto ambiental que causarían en el Guadalquivir una serie de proyectos, como el dragado para incrementar en dos metros la profundidad del canal de navegación a Sevilla, y la ampliación del arrozal, ha llegado a la conclusión de que todos tendrían consecuencias negativas salvo, y con matices, eliminar las barreras para permitir inundaciones mareales en Doñana. Los expertos abogan por una gestión integral del estuario y dictaminan que el río no lleva agua suficiente para mantener el ecosistema.

El río Grande de Andalucía cada vez es menos río porque ha perdido caudal a chorros como consecuencia de la intervención humana y ésa es la causa última de la mayor parte de sus males: incremento de la salinidad, turbidez, erosión, menor biodiversidad, episodios de toxicidad, cegamiento de los canales…Las actividades humanas han ido colonizando y compartimentando el estuario del Guadalquivir (110 kilómetros de longitud desde la presa de Alcalá) para acoger la agricultura intensiva bajo invernadero y el cultivo de arroz; la navegación comercial, pesquera y deportiva; las pesquerías, la acuicultura y las salinas; los desarrollos urbanos y sus infraestructuras; una amplia red de carreteras, caminos, canales de riego y de desagüe, y las actuaciones para controlar las descargas del propio río y las mareas en Doñana (los llanos mareales se han reducido en un 85% por usos agrícolas y ganaderos, vertido del dragado en las márgenes y ampliación del propio espacio natural).

La circulación de la masa de agua del río depende principalmente de su propio caudal, de la onda de marea, de las condiciones atmosféricas del mar y del viento. Estos agentes naturales unidos a la acción humana son tan variables que se produce una amplísima gama de situaciones, pero con el denominador común de una gestión heterogénea y descoordinada por parte de las Administraciones y del sector privado y de una cada vez mayor demanda de recursos o un uso aún más intensivo: incremento de los dragados, del arrozal, desmantelamiento del muro en Doñana, crecimiento de los núcleos urbanos….

El aumento de la presión humana sobre el río símbolo de Andalucía está dejando al Guadalquivir sin agua. Los expertos reflejan que entre la construcción de pantanos (desde 1950 al año 2000 se ha pasado de almacenar 1.646 a 6.554 Hm3 de agua) y el desarrollo de grandes áreas de regadío (incremento del 181% en los últimos 70 años) los aportes de agua dulce al estuario han descendido en un 60%, al pasar de una media de 5.000 Hm3/año (en  el periodo 1931-1981) a sólo 2.000 (en el periodo 1981-2000), unos valores aún más bajos en los ciclos de sequía.

El volumen de agua dulce en el estuario es vital para frenar la salinidad y la turbidez y mantener los niveles de oxígeno. Cuando ese volumen persiste durante un tiempo, el ecosistema reacciona y sienta las bases para la recuperación del río. Según los expertos, se necesitaría  que el río transportara al menos 250 m3/segundo e, idealmente, algo más de 1.000 m3; la realidad es que más del 80% de los días del año el caudal de agua dulce es inferior a 100 m3/segundo (el promedio general anual es de 63,31 m3/segundo), lo que se traduce en que en vez de mandar el río sobre la dinámica del estuario, mandan las mareas y se incrementa la intrusión salina, la turbidez y la erosión.

Debido a la poca velocidad del agua dulce –de uno a cinco centímetros cada segundo- cuando es escasa(la mitad de los días el río no transporta más de 25 m3/seg) y a la pérdida de llanos mareales y marismas, la marea favorece la colmatación del estuario, tiende a desarrollar meandros y erosiona las márgenes ayudada por el paso de los barcos y los dragados. El avance de los arenales de Doñana ha empujado las mareas contra la ribera izquierda y desestabilizado el canal de navegación.

SALINIDAD Y TURBIDEZ

Los aportes salinos llegan al estuario desde el océano con la propagación de la onda de marea y su penetración y concentración está en función del caudal del río. Con caudales medios y con avenidas del Guadalquivir, las aportaciones salinas se mantienen cerca de la desembocadura y en forma de cuña. Con caudales bajos, la salinidad avanza en forma de media campana y 40 kilómetros río arriba (Punta de la Mata) y su valor máximo es de 1,75 gramos/litro aproximadamente (menos del 5% del registro en la desembocadura).

Desde allí a la presa de Alcalá, la salinidad es prácticamente despreciable. En mareas vivas, la intrusión salina puede alcanzar hasta la Punta del Verde (80 kilómetros río arriba). En promedio se producen de cuatro a seis episodios de cuña salina (generación, evolución y desaparición) en un año en el estuario y su duración media es del orden de 5 a 7 días.

Los sólidos en suspensión, que provocan la turbidez, dependen de numerosos factores, siendo uno de ellos las descargas de agua desde la presa de Alcalá del Río, si bien son amplificados por la propia dinámica del estuario. En el 10% de los casos, se registra una concentración de 900 miligramos de sedimentos por litro de agua.

La fuente principal de sedimentos es la erosión de una capa “flotante” del lecho del río que tiene un metro de espesor aproximadamente y que flota debido principalmente a la acción de las mareas, si bien no hay una norma fija, ya que todo depende del agua dulce que transporte el río, los vientos y otros elementos.

Desde principios del siglo XX el estuario ha sufrido varios episodios de turbidez extrema de larga duración y en toda su longitud. La recuperación parcial de la normalidad por decantación de los sedimentos puede durar meses y es posible acortar el plazo gestionando bien los desembalses de la presa de Alcalá.

El informe de los expertos subraya que el tránsito de buques hacia el puerto de Sevilla condiciona la turbidez y la calidad de las aguas, ya que provoca la resuspensión de sedimentos (principalmente de la capa flotante) y, eventualmente, la erosión de las márgenes, al igual que la política de dragados.

Las elevadas concentraciones de sólidos en suspensión limita de forma severa la penetración de la luz y afecta enormemente al fitoplancton: es 20 veces menor que en otros estuarios similares y en primavera, hasta 40 veces menor. La falta de luz, unida a la turbidez de las aguas y a la elevada concentración de materia orgánica priva de buena parte de oxígeno a áreas extensas, y en la zona de Don Isaías se mantuvo en un 90% del tiempo por debajo del nivel crítico.

En estas circunstancias, el Guadalquivir ha acabado convertido en una fuente de emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y creando ‘zonas muertas’ en la costa que condiciona el desarrollo de los recursos naturales. Las condiciones están abonadas para el desarrollo de fitoplancton tóxico como cianobacterias que se concentran en la cadena alimentaria, como moluscos (coquinas) y peces. Algunos de éstos registran concentraciones tan elevadas como para ponerlos al borde de la muerte y los episodios de mortandad acaecidos en Doñana desde 2001 se debieron a cianobacterias tóxicas de agua dulce.

EL DRAGADO

La dinámica mareal es incapaz de mantener el calado actual de 5-6 metros para la navegación (referido a la bajamar) del tramo Tarfia-Esclusa, por lo que la tendencia es a que se sedimente el cauce y se reduzca a su calado natural de 3-4 metros. El calado necesario para la navegación (los 5-6 metros en bajamar) se consigue mediante dragados y descargas de agua dulce superiores a 500 m3/segundo, pero a costa de crear una capa flotante de sedimentos en las proximidades del lecho del río que vuelve a quedar en suspensión con la acción de la marea.

Cuando este sedimento se extrae mediante dragados o por transporte hacia la desembocadura, la marea erosiona las márgenes y se vuelve a la situación anterior.

Según los expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado hasta -8 metros. Se entraría en una espiral sin fin: la extracción del material del dragado creará por parte del río nuevo material sedimentario que necesariamente saldrá de la erosión de las márgenes.

Aunque el dragado tendría efectos positivos en algunos aspectos (mejora de la capacidad de circulación de las avenidas, reducción del riesgo de inundaciones, amortiguación de los efectos de los barcos de menor porte en riberas y lecho, penetración de la luz…), el comité no lo recomienda expresamente (deja la decisión a los órganos políticos) tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el río (turbidez, salinidad) y porque sería complejo identificar sus efectos directos para, en su caso, exigir responsabilidades.

Del dictamen, relativamente ambiguo en los puntos conflictivos, se colige que los expertos abogan por mantener el ‘statu quo’ (dragado actual), crear una autoridad única del Guadalquivir, no dar luz verde a los proyectos nuevos y recuperar los llanos mareales de Doñana.

DICTAMEN DE LOS EXPERTOS SOBRE LOS

PROYECTOS EN EL ESTUARIO DEL RÍO

PROYECTO                    POSITIVO                 NEGATIVO                      DICTAMEN

Ampliación del             –                      Incremento de la    NO RECOMENDABLE

Arrozal                                                demanda de agua,

Que si se extrae del

Río  reduce aún más

La biodiversidad,

Favorece los episodios

De toxicidad e impide

Controlar la turbidez

Levantamiento  Potencia la                   Saliniza algunos            RECOMENDABLE

Del muro del río           inundación de               entornos que hoy

Algunos llanos  son dominio del

Mareales,                    agua dulce

Corrige el

Desequilibrio de

La desembocadura

Y aumenta volumen

En ciclos de marea

Dique en la margen                  –                      Colabora en la      NO RECOMENDABLE

Izquierda                                                    “canalización” y el

Control del flujo de

Descarga por aquella

Margen y favorece la

Profundización

Asimétrica del canal

De navegación

Dragado del canal de

Navegación a -8 metros    Mejora la                  La dinámica mareal   NO RECOMENDA.

Circulación de         no será capaz de

Las avenidas,             mantener el calado,   MANTENER LAS

Reduce riesgo de      la extracción de         LABORES DEL

Inundaciones,             material erosionará    DRAGADO

Amortigua efectos    las márgenes, será     ACTUAL

Barcos de menor       complejo identificar

Porte, reduce             sus efectos directos      GESTIÓN

Sólidos que van a       en las curvas de           INTEGRAL DEL

La superficie,             salinidad y turbidez    ESTUARIO

Mejora la

Transmisión de

La luz.

Sevilla tiene 600 Kilómetros de costa

La longitud de ría del Guadalquivir y sus brazos sometida a la marea sólo es superada en la Península por el litoral de La Coruña, Asturias y Cantabria

Deslindado el 95% de las riberas del río, falta únicamente la parte sevillana de Doñana y la dársena en la capital

Se dice que a Sevilla, para ser perfecta, sólo le falta la playa. Sin embargo, Sevilla, en estricto sentido geográfico y legal, tiene el cuarto litoral o costa más extenso de la Península descontando las provincias insulares (archipiélagos balear y canario), gracias a la ría del Guadalquivir. De hecho, la capital hispalense siempre ha albergado Comandancia de Marina y una Jefatura Provincial de Costas, como cualquier otra capital de provincia marítima española, porque la costa puede adoptar muchas formas y no sólo las arenosas que dan lugar a las playas de Huelva y Cádiz.

En el imaginario colectivo, si no hay playa es como si no hubiera costa, pero técnicamente Sevilla posee tantos kilómetros de litoral que hasta deben ser objeto de deslinde, como el de la polémica entre el Gobierno de Madrid y la Junta de Andalucía por el de la fachada marítima de Doñana.

La ley de Costas es muy clara al respecto en su artículo 3º  al enumerar los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal en virtud del artículo 132.2 de la Constitución e incluir entre ellos “los márgenes de los ríos hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas”. Y la altura de la marea que penetra desde el océano Atlántico hasta Sevilla y aún más río arriba, hasta la presa de Alcalá (unos cien kilómetros en total desde la desembocadura), es de un metro y medio a la altura del puerto de Sevilla.

La costa sevillana viene, pues, definida por la línea de pleamar viva en las orillas de los brazos del río Guadalquivir, de ahí su longitud, cercana a los 600 kilómetros, superior a la del resto de provincias andaluzas que dan al mar, del que sólo separan a la provincia sevillana los términos municipales de Trebujena y Sanlúcar de Barrameda.

El Guadalquivir en su desembocadura

El Guadalquivir en su desembocadura

a Jefatura Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha deslindado ya el 95,5% de la costa sevillana, no sin civilizada oposición en los tribunales de propietarios colindantes con la ría del Guadalquivir. La longitud de los deslindes anulados por sentencia judicial se eleva a 63,4 kilómetros, pero es muy superior la suma de los tramos deslindados sin conflicto jurídico alguno y, en todo caso, los deslindes anulados por los tribunales no paralizan la acción de Costas, sino que se acometen nuevos trabajos teniendo en cuenta los fallos judiciales.

Un hecho insólito con el que se ha encontrado ahora Costas es una sentencia de la Audiencia Nacional dictada en el antiguo régimen y según la cual se anuló el deslinde realizado entonces del dominio público marítimo terrestre en el cauce histórico del río Guadalquivir, el que habían surcado las carabelas y galeones de ida y vuelta a América tras el Descubrimiento y Elcano tras completar la circunnavegación del globo terráqueo.

Según el fallo judicial, irrecurrible entonces, no había dominio público por no existir ya cauce, presuntamente usurpado por terceros, y pese a las pruebas históricas. Por tanto, el deslinde actual ha tenido un carácter más bien simbólico, basado en el hilo de agua que aún fluye. La única forma de recuperar la titularidad pública del cauce tradicional del río sería mediante su protección como patrimonio histórico o cultural.

La determinación del dominio público marítimo terrestre en el estuario del Guadalquivir no es precisamente una tarea fácil cuando se hallan en juego, y muchas veces en conflicto, tantos intereses y sectores distintos: arroceros, pescadores, acuicultores, agricultores, el Parque Nacional de Doñana, los ecologistas, la navegación fluvial, los municipios ribereños, la autoridad portuaria con su proyecto de dragado y nueva esclusa, la Diputación con sus pantalanes turísticos, los puertos privados, planes urbanísticos, obras de infraestructura….. y cuando el río ha sido tan transformado en el último tramo de su cauce, hasta el punto de que Costas ha tenido que servirse como elemento clave de referencia del famoso vuelo de los americanos, que en 1956 fotografiaron de cabo a rabo Andalucía y plasmaron cómo era la realidad física de nuestra comunidad a mediados del siglo pasado.

Queda aún por deslindar la parte de costa sevillana colindante con el Parque Nacional de Doñana y el tramo urbano de la dársena del Guadalquivir en la capital.

RIBERAS EROSIONADAS

La erosión es uno de los principales problemas que afecta a la costa sevillana, debido fundamentalmente al paso de barcos de gran tamaño por el río y a los dragados ilegales. Hasta no hace mucho, la Dirección General de Costas realizaba obras de defensa del Guadalquivir en sucesivos tramos, pero actualmente el Ministerio de Medio Ambiente entiende que no procede gastar más dinero en ese tipo de tareas, por su impacto ambiental en un espacio ecológico declarado Lugar de Interés Comunitario (zona LIC).y porque aboga por imputar los costes a los causantes de la erosión y no a los contribuyentes.

Por tanto, además del deslinde para fijar el dominio público (una franja de protección de una anchura de cien metros en cada orilla, marcada con hitos, de los que se habrán colocado casi 5.000 desde 2007 al final del año en curso), Costas está incrementando la vigilancia y denuncia de dragados ilegales, plantando vegetación de ribera como complemento de estabilización de márgenes y empleando materiales blandos en las actuaciones puntuales de protección.

PULMÓN VERDE

Uno de los grandes objetivos del Servicio de Costas es que el deslinde de las márgenes del río permita crear un gran pulmón verde en el área metropolitana mediante su reforestación, sobre todo en las zonas colindantes con la capital. Ese pulmón verde se uniría a la recuperación hídrica del cauce del Brazo  del Este, declarado Paraje Natural por la Junta de Andalucía, y a la creación de una reserva ornitológica en el cauce bajo del río Guadaira.

Dentro de esa política de preservación de la franja de 100 metros en cada ribera, se ha logrado frenar el proyecto de crear una plataforma para los autobuses metropolitanos desde La Puebla hasta Sevilla a través del dominio público marítimo-terrestre y se ha convencido al Ministerio de Fomento de la necesidad de que tanto el túnel de los Atlantes como el viaducto de La Rinconada, en la futura SE-40, se inicien mucho antes de llegar a los aledaños del río para permitir la continuidad del corredor forestal.

Asimismo, se han iniciado o preparado los expedientes para recuperar 55 ocupaciones detectadas en el área urbana de Isla Mayor, se ha demolido una nave y recuperado el entorno en una superficie de 1.800 m2 de Coria, se han rescatado antiguas concesiones para el desembarque de arenas procedentes de dragados y se han levantado y replantados 10.000 m2 de viales con firme de aglomerado asfáltico que se habían realizado  en la corta de la Cartuja con motivo de la Expo y cuya permanencia venía favoreciendo la instalación de poblados chabolistas.

Este pulmón verde ha permitido ya la adecuación de casi 20 kilómetros de senderos dentro de las obras de mantenimiento, incluyendo el de la corta de la Cartuja, a los que siguen el parque de ribera entre San Juan y Gelves, de 2,1 kilómetros, y otro similar en Alcalá del Río, de un kilómetro de longitud.

La determinación del dominio público marítimo terrestre no impide que en esa franja se sigan desarrollando usos tradicionales de agricultura y pesca, salvo situaciones de fuerza mayor. Tradicionalmente, Costas ha autorizado todos los años el cultivo de arroz en una superficie de 650 hectáreas, aunque cuando ha habido sequía los permisos se han revocado en coordinación con la Agencia Andaluza del Agua. También es habitual la autorización de aprovechamiento de pastos y cultivos de secano, avícolas y de eneas.

Dominio Público Marítimo de España

(Longitud en kilómetros)

Provincia                                 Kilómetros

Alicante                                   275,000

Almería                                   245,410

Asturias                                   657,470

Baleares                              1.415,610

Barcelona                                139,875

Cádiz                                      493,122

Cantabria                                614,961

Castellón                                 123,300

Ceuta                                        22,835

Coruña, La                           1.089,840

Gerona                                    345,000

Granada                                    80,402

Gran Canaria                           740,320

Guipúzcoa                               234,707

Huelva                                     514,500

Lugo                                       219,970

Málaga                        180,000

Melilla                                         7,329

Murcia                                    271,580

Pontevedra                              575,000

Sevilla                                     599,890

Tarragona                                327,036

Tenerife                                   695,000

Valencia                                  130,000

Vizcaya                                   263,000

ESPAÑA                          10.261,157

(Fuente: Ministerio de Medio Ambiente)

BRAZO DEL ESTE, EL

COMPLEMENTO DE DOÑANA

El Paraje Natural Brazo del Este está constituido por uno de los antiguos brazos en que se dividía el río Guadalquivir en su recorrido por las marismas. Está situado a unos 17 kilómetros al Sur de Sevilla capital, en un punto donde se bifurca del cauce principal, y desemboca 15,5 kilómetros aguas abajo, aunque debido a su gran sinuosidad tiene una longitud real de aproximadamente 39 kilómetros.

Es una zona húmeda de excepcional importancia para la avifauna, pese a las grandes intervenciones efectuadas desde el siglo pasado, que han modificado sus características naturales.

El Servicio de Costas, en coordinación con la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, está llevando a cabo la recuperación posesoria de este espacio. En el último año se recuperaron 10 Has., que dejaron de cultivarse de arroz para incorporarlas al humedal. Su ubicación en las marismas le otorga una importancia estratégica, ya que actúa como punto de descanso en la escala migratoria y como hábitat alternativo a las especies existentes en el Parque Nacional de Doñana cuando las condiciones en este espacio son desfavorables, especialmente en verano, época en que se suelen agotar las reservas hídricas, por lo que las aves acuáticas encuentran en el Brazo del Este un refugio vital para su supervivencia durante este periodo.

El paraje es totalmente llano. El cauce del Brazo aparece fragmentando en varios sectores, independizado del río Guadalquivir. A lo largo de éste se suceden meandros, conocidos localmente como “vueltas”, en avanzado estado de colmatación y cubiertos en su mayoría de vegetación acuática.

Además de actuar en el Brazo del Este, Costas ha delimitado y protegido con malla cinegética el cauce y riberas del río Guadaira en una longitud de un kilómetro para observatorio de aves y estación de anillamiento, en colaboración con la Estación Biológica de Doñana y el Ayuntamiento de Coria del Río.