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El Tribunal Supremo tumba el dragado del Guadalquivir

Elimina el proyecto incluido en el Plan Hidrológico del río 


Estima un recurso del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF)

 

WWF La delegación española del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), universalmente conocido por su logotipo del oso panda, ha recibido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 8 de julio de 2019, por la que se estima el recurso presentado por esta organización y se elimina finalmente del Plan Hidrológico del Guadalquivir el proyecto de dragado de ensanche y profundización del río Guadalquivir por su grave afección ambiental a Doñana. 

WWF lleva trabajando contra este proyecto más de 15 años y había denunciado que el actual Plan Hidrológico no especificaba las condiciones en las que debería realizarse el proyecto de dragado para evitar la afección al Parque Nacional de Doñana y para cumplir la Directiva Marco de Agua de la Unión Europea. Asimismo, WWF apuntaba que no es posible justificar su realización apoyándose en una evaluación ambiental realizada en el año 2003 y que ya “ha sido superada”.

 

El proyecto tuvo un dictamen motivado en contra de la Comisión Europea y de organismos internacionales como la UNESCO, la organización de Naciones Unidas para la Cultura, ante la que el propio Estado español declaró que “el proyecto (de dragado) no podrá seguir adelante”.

 La sentencia del Tribunal Supremo ratifica los argumentos de WWF España y el valor del dictamen de la Comisión Científica – reiterando los riesgos que ya fueron reconocidos en una sentencia anterior del mismo tribunal, fechada el  25 de febrero de 2015 – pues en modo alguno la Autoridad Portuaria de Sevilla ha justificado la realización de las actuaciones necesarias para mejorar la funcionalidad del estuario del Guadalquivir.

WWF pedía que el Supremo resolviera que la única medida apropiada para evitar que las excepciones de la Declaración Medioambiental ocasionen un deterioro o alteraciones respecto de los objetivos de la Directiva de Hábitat es la realización de una nueva evaluación ambiental del proyecto.

Asimismo, alegaba que incorporar una actuación medioambiental discutida que pone el riesgo Doñana es una decisión que no podía adoptar un Gobierno en funciones y con la que se anteponía el dragado al cumplimiento de los objetivos ambientales, sin considerar la envergadura de la actuación y su coste ambiental, lo cual se apartaba de las recomendaciones de la Unesco y suponía un alto riesgo de sanciones para España.

WWF también señalaba que no se adoptaban todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos sobre el estado de las masas de agua y que la Declaración de Impacto Ambiental respondía a planteamientos de hace trece años.

La organización ecologista también cuestionó la afirmación de que con el dragado no se modificaría sustancialmente el comportamiento hidrodinámico del río y destacó que las explicaciones dadas para justificarlo eran contrarias a los documentos técnicos negativos, como el dictamen de la Comisión Científica emitido en noviembre de 2011. 

En definitiva, según el recurso del Fondo Mundial para la Naturaleza había que eliminar la inclusión del dragado del río en el Plan Hidrológico de la Demarcación del Guadalquivir, por su afección al estuario y en previsión de cualquier afección a Doñana.

 

ANALISIS

 

El Tribunal dedica buena parte de su fallo a analizar si el Gobierno de España en funciones tenía o no competencia para aprobar el Plan Hidrológico, que incluía el dragado, y su conclusión es que sí era competente para ello, por lo que desestimó esta parte del recurso de WWF.

La segunda gran cuestión a dilucidar era si el dragado supondría nuevas modificaciones físicas o alteraciones de masas de agua que afectarían a un espacio de la mayor protección ecológica, nacional e internacional, como el Parque de Doñana. El Supremo ha analizado el plan de actuaciones ambientales elaborado por la Autoridad Portuaria, así como sus razones económicas para tratar de justificar el dragado. Según aquélla, un mayor calado del río permitiría la entrada de buques más grandes hasta el puerto de Sevilla, con el consiguiente incremento de su competitividad, y una reducción de un 20% en el coste del flete por tonelada transportada.

El Tribunal Supremo estima que no se reflejan con la necesaria precisión todas las condiciones que han de cumplirse para ejecutar el dragado y que, además, el proyecto, evaluado ambientalmente en 2003, ha quedado superado por los propios actos de las Administraciones competentes, especialmente por la respuesta del Gobierno de España a la Unesco, en diciembre de 2016, de que “no podrá seguir adelante”.

En consecuencia, los magistrados estiman lo básico del recurso y declaran la nulidad de la inclusión del dragado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir.






Millones por la borda

La nueva presidenta de la Autoridad Portuaria, Carmen Castreño, que ya formaba parte del equipo de Manuel Fernández, su antecesor en el cargo, ha iniciado una serie de comparecencias públicas para alertar de que se acaba el plazo para poder ejecutar el dragado de profundización del río Guadalquivir con financiación europea, salvo que el Gobierno de España consiga una prórroga de Bruselas.

En una reciente conferencia en Antares, la presidenta recordó que la obra del dragado debe estar finalizada y certificada el 31 de diciembre de 2015 para poder cobrar la subvención de 33 millones de euros otorgada por la UE, aunque cabe la posibilidad de obtener la ampliación del plazo en un año a través del Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de diciembre de 2016.

Carmen Castreño afirmó que “tirar 33 millones por la borda” le cuesta, aunque quizás no se expresó en los términos correctos, ya que sólo se tira el dinero mal gastado, no el que no se gasta. La nueva presidenta, aunque pretende ser más aperturista y menos intransigente que su predecesor, al final incurre en los mismos tics que aquél al tratar de presionar con la idea de la pérdida del dinero europeo.

FONDOS EUROPEOS

La Unión Europea tiene casi 20 años de existencia en su formato actual y medio siglo desde la creación de las Comunidades Europeas, y si no se aprovechan esos 33 millones de euros en el marco de los actuales fondos europeos, en el futuro seguirá habiendo programas a los que poder acogerse, siempre que el dragado obtenga el necesario consenso y todas las garantías científicas y ecológicas, de los que ahora carece. Dicho de otro modo, es preferible renunciar o que ese dinero decaiga y quede una especie de derecho moral a reclamarlo en el futuro a emplearlo en un proyecto con consecuencias que podrían ser irreversibles y más perjudiciales que el teórico beneficio que se podría conseguir para el puerto de Sevilla.

El puerto y Sevilla son sólo dos elementos más de todos los que tienen intereses en el río, no sus propietarios exclusivos, y por lo tanto hay que manejar el Guadalquivir con una visión integral que tenga en cuenta todo y a todos (resto de municipios ribereños, arroceros, pescadores, Doñana…) y el balance global de beneficios/perjuicios potenciales sin matar la gallina de los huevos de oro, que es el propio río.

Para empezar, como reconoce la propia presidenta, el dragado de profundización cuesta mucho más que esos 33 millones de euros, en concreto 40 millones, más 20 para proteger las márgenes del estuario del Guadalquivir de la erosión después de que el miniplan presentado al efecto por la Autoridad Portuaria fuera rechazado por el Consejo de Doñana por su insuficiencia y carencias técnicas.

¿DESINFORMACIÓN?

Según Carmen Castreño, el problema del dragado no es científico o ambiental, sino de comunicación, debido a la confusión creada por la, a su juicio, desinformación existente. La presidenta asegura que “todos los informes”, técnicos y científicos, incluido el de los arroceros, llegan a la conclusión de que los cambios de salinidad, turbidez y mareas que se producirían por el aumento de caudal del río con el dragado no serían significativos. Asimismo, afirma que la erosión de las orillas no la produce el aumento del oleaje por la navegación, sino la crecida del río por la lluvia cuando el caudal alcanza los 4.000 m3 por segundo.

La presidenta parece que no se ha leído el dictamen que sobre el estado del río elaboró hace cuatro años un comité de expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de universidades andaluzas, que ya querrían que el río llevara con más frecuencia esos 4.000 m3 de agua de que habla Carmen Castreño.

El dictamen no avala la tesis de la presidenta de que no pasaría nada si se hiciera el dragado. Según el CSIC y las Universidades, el río ha perdido el 85% de sus llanuras mareales y un 60% de los aportes de agua dulce debido a las presas construidas a lo largo de su cauce para regadíos. Tendría que transportar cuatro veces más agua (250 m3 por segundo) de la que lleva habitualmente (63 m3/s), aunque el ideal serían 1.000 m3/s, para que se frenaran la salinidad y turbidez.

CAUSAS Y EFECTOS

Esa turbidez es consecuencia de las elevadas concentraciones de materiales sólidos en suspensión. Y como todo en la Naturaleza es una cadena de causas y efectos, el barro y los sedimentos limitan la penetración de la luz y coartan el desarrollo del fitoplancton, cuya concentración es ya en el estuario veinte veces menor que la de otros ríos similares, y hasta cuarenta veces inferior en primavera.

El Guadalquivir se está convirtiendo así en una fuente emisora de gases de efecto invernadero y favoreciendo la formación de ‘zonas muertas’ en el litoral, donde prosperan cianobacterias que acaban introduciéndose en la cadena alimentaria a través de las coquinas y los peces y provocando mortandades como la de Doñana en 2001.

Como durante la mitad de los días del año el río lleva muy poca agua (no más de 25 m3/s) y se han ido perdiendo llanuras mareales y marismas, la marea está favoreciendo la colmatación del estuario y del cauce, y el calado actual para la navegación de los barcos  (de 5 a 6 metros) propende a reducirse a entre 3 y 4 metros. Por tanto, hay que dragar periódicamente para mantener el canal de navegación, con lo que se contribuye a generar esa capa flotante de sedimentos, en un proceso sin fin.

LA ESPIRAL DEL DRAGADO

Según el dictamen del Comité de Expertos, si la dinámica mareal es incapaz de mantener el canal de navegación a la cota de -6 metros, menos lo hará con un dragado de hasta -8 metros. Se entraría en una espiral: la extracción del material del dragado no impediría que el río creara nuevas capas de sedimentos, que saldrían de la erosión de las márgenes.

Aunque los científicos dejan la decisión final sobre el dragado en manos de los políticos, no lo recomiendan expresamente, tanto por sus consecuencias erosionadoras como porque no mejoraría la situación frente a episodios extremos tan habituales en el Guadalquivir, como el incremento de la turbidez y de la salinidad.

Del dictamen se colige que abogan por mantener el dragado de mantenimiento, no dar luz verde a ningún proyecto nuevo, recuperar los llanos mareales de Doñana, crear una Autoridad Única sobre el río para acabar con la dispersión de competencias y reevaluar la situación una vez se recupere el Guadalquivir. Lo más urgente, pues, es esperar, o más bien actuar de inmediato (ya han pasado cuatro años) en el sentido de sus recomendaciones.

EBRO FOODS

Otro que contradice las palabras de Carmen Castreño de que hasta los arroceros creen que no habría cambios significativos en las condiciones del río con el dragado es Antonio Hernández Callejas, reciente medalla de Sevilla y presidente de la mayor multinacional del arroz, Ebro Foods, que hunde sus raíces en nuestra tierra, sin que aquí parezca valorarse lo suficiente.

Hernández Callejas declaró ayer a ABC lo siguiente: “Sé que hay sectores de Sevilla que dicen que si no se draga el río estamos en contra de la modernidad, pero creo que antes de cargarnos el cultivo del arroz y el río hay que hacer estudios más serios sobre el impacto del dragado y sus ventajas económicas. Las últimas tomas de agua están a cuatro gramos de sal por litro, lo que está afectando a más de mil hectáreas de nuestros cultivos. Cada vez cuesta más soltar agua para bajar el tapón salino”.

Aunque las cifras varían de una campaña a otra, el arroz se cultiva en el orden de 35.550 ha (año 2011) a 37.149 (año 2013) en la provincia de Sevilla, la zona arrocera más importante de España, con una producción también variable (360.000 toneladas en 2011 frente a 319.400 en 2013), una generación de 150 millones de euros y 400.000 jornales, entre fijos y eventuales.

Eso sólo en lo que respecta al arroz, sin contar otros cultivos del Bajo Guadalquivir, la pesca, el valor ecológico incalculable de un Patrimonio de la Humanidad como es Doñana…..

Cuando tantas cosas están en juego y los científicos recomiendan que primero hay que recuperar un río agonizante por la intervención humana antes que someterlo a nuevas actuaciones sin garantías de éxito no puede hablarse de que se van a tirar por la borda 33 millones de euros. Al contrario, el riesgo es tirar por la borda todo lo demás.