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Espadas completa la financiación para el Plan de Vivienda de Sevilla

El Consejo General del ICO aprueba un crédito de casi 50 millones de euros

El Banco Europeo de Inversiones aportará los 40 millones restantes

El Consejo General del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó en la simbólica fecha del pasado 31 de octubre, Día Mundial del Ahorro, la concesión de la financiación que aún necesitaba el Ayuntamiento de Sevilla para poder materializar el nuevo Plan municipal de Vivienda.

El Consistorio sevillano recibió el 4 de noviembre la notificación oficial del acuerdo adoptado por el ICO para financiar más de la mitad del Plan que ejecutará la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa).

Por una parte, el ICO concederá un crédito por valor de 40 millones de euros y por un plazo de veinticinco años, con cuatro de carencia, que será destinado a cofinanciar el programa de vivienda en alquiler. El objetivo de Emvisesa es alcanzar más de 500 pisos bajo este régimen.

Por otra parte, el Instituto de Crédito Oficial otorgará un segundo crédito, por valor en este caso de 9,2 millones de euros y que se dedicará a financiar el programa de captación de viviendas vacías que se articulará hasta el final de la ejecución del Plan municipal. En este crédito las condiciones son de veinticinco años de duración y sólo dos de carencia. En este programa, el objetivo de Emvisesa consiste en captar 500 viviendas vacías en total, que sumar a las que ya se han acogido a esta modalidad hasta la fecha.

El resto de la financiación para el Plan Municipal de Vivienda procederá del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que concederá créditos por valor de 40 millones de euros.

Con los recursos financieros obtenidos de ambas entidades bancarias se espera poder incrementar en al menos 150 nuevas viviendas el parque público existente en Sevilla. En cuanto a las promociones en alquiler, se ubicarán en Vereda del Poco Aceite (135 pisos), San Juan de Lasalle (5), Hacienda del Rosario (218), Torreblanca (14), Avenida de Kansas City (147), Ronda de Tejares (24) y León XIII (6).

Ahora, una vez tomado conocimiento de la concesión de los créditos bancarios por parte del Consejo de Administración de Emvisesa sólo falta la elevación al Pleno municipal para su aprobación y el posterior acto de firma.

Aunque las cifras varían con el paso del tiempo, en el Registro de Demandantes de Emvisesa hay actualmente inscritos unas once mil personas en números redondos, de las cuales unas siete mil desean una vivienda en alquiler y las restantes, una vivienda en propiedad. También hay varios millares que admitirían un alquiler con opción a compra.

Incoherencias

El PP propone una macrosede municipal tras haber rechazado una idea de Espadas en tal sentido hace dos años

La propuesta es una variante de la diseñada por Carbajal en la Cartuja para Urbanismo y Emvisesa en 2007

 

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha presentado lo que ha calificado como su “primera gran propuesta de corte electoral”, fruto -ha dicho- del trabajo de su ampliado Consejo de Ciudad, ese órgano asesor compuesto por medio centenar de profesionales con la misión de dotar de contenido al programa del partido para las municipales.

La gran propuesta de Pérez consiste en unificar en un “edificio de vanguardia dotado de tecnologías y avances de última generación” las veintisiete sedes municipales dispersas por la ciudad y dejar las históricas Casas Consistoriales de la Plaza Nueva únicamente para la celebración de actos institucionales  y “usos ciudadanos de excelencia”.

Según la idea de las eminencias grises del alcaldable del PP, la sede municipal unificada se construiría en el sitio de la Cartuja cercano a la torre Pelli y ocupado por las caracolas de la Gerencia de Urbanismo desde la finalización de la Expo-92. Beltrán Pérez ha tirado del PGOU para recordar que allí el Ayuntamiento cuenta con 38.324 m2 edificables para usos terciarios, con una altura máxima de seis plantas y con 10.873 m2 de espacios libres.

En el “edificio de vanguardia” se podrían concentrar 2.100 empleados municipales, se construiría en el plazo de cinco años con un coste de unos 53 millones de euros y su diseño sería fruto de un concurso internacional de ideas. La factura se pagaría con recursos propios del Ayuntamiento, el dinero ingresado por la venta de propiedades municipales, subvenciones de la Unión Europea y préstamos bancarios ya concedidos (para otros objetivos, se entiende) y aún no utilizados por la Corporación Municipal.

 

Aparte de que cuando surge la palabra “vanguardia” hay que echarse a temblar porque es la justificación para que los arquitectos-estrella diseñen sus sueños faraónicos, o los de los políticos, a costa (habría que decir más bien sobrecostes) de los contribuyentes, y a las Setas de la Encarnación me remito, la supuesta original idea, que no es tal sino un poco antigua, de Beltrán Pérez y de sus cabezas pensantes supone una incoherencia política.

 

PLAZA NUEVA

 

Y es que el grupo Popular municipal que ahora lidera Pérez ya rechazó en noviembre de 2016 , en un Pleno municipal extraordinario, una propuesta de corte similar pero a coste mucho más barato que presentó Espadas. Consistía en comprarle a la Junta de Andalucía el edificio de la Consejería de Gobernación, sito en la Plaza Nueva, con ese mismo fin de concentrar las sedes municipales dispersas por la ciudad.

La idea del alcalde era empezar comprando a la Junta el 35% del inmueble de Gobernación (2.934 m2 de un total de 8.383 m2 construidos) por 6.080.000 euros y alquilarle los dos tercios restantes con opción de compra en el futuro. Según Espadas, con la compra de ese tercio el Ayuntamiento se ahorraría 5,7 millones de euros en nueve años respecto del precio que habría que pagar por un alquiler.

Además, la Junta estaba dispuesta a incluir en la operación sin coste adicional un edificio trasero que había comprado en tiempos para ampliar la Consejería y como el Ayuntamiento disponía de la sede de Emvisesa en la calle Bilbao al final se podía encontrar con cuatro inmuebles en el área de la Plaza Nueva (las Casas Consistoriales, la sede de Gobernación, su anexo y la sede de Emvisesa) donde concentrar los servicios y funcionarios municipales.

 

La propuesta de Espadas fue rechazada con el voto negativo del PP, el cual argumentó que “no era una prioridad” para Sevilla sino “una prioridad impostada”. El entonces portavoz, Gregorio Serrano, dijo que mientras se hacía ese planteamiento de gasto (6 millones de euros), el patrimonio “se sigue cayendo a pedazos”, por lo que a su juicio era mejor redirigir el dinero a asuntos sociales, un plan de empleo propio o el arreglo de calles.

 

Si para el PP no era una prioridad hace poco más de dos años gastarse 6 millones de euros en unificar las oficinas municipales, ¿cómo pretende ahora justificar Beltrán Pérez un gasto de al menos 55 millones para ese mismo fin y allende el río, ni siquiera en el Centro?

 

SATURACIÓN

 

En julio de 2018, cuando se preveía la apertura del centro comercial vinculado al rascacielos de la Cartuja para septiembre de dicho año, Beltrán Pérez auguró un “colapso de tráfico”. El alcaldable del PP ofreció una rueda de prensa en la que dijo que con el rascacielos ya prácticamente a pleno funcionamiento el circuito vial de este entorno, que acoge el tráfico de entrada a Sevilla desde la A-49 y el sector Norte de la cornisa del Aljarafe “está ya a punto de colapsar”, máxime tras el previsible impacto de las “decenas de miles de ciudadanos” que atraerá el nuevo centro comercial de los edificios Podio. Así pues, Beltrán Pérez concluyó augurando “atascos monumentales en la zona”.

Si el alcaldable del PP temía el colapso del tráfico por exceso de coches y de personas en el entorno del rascacielos, ¿con qué argumento puede justificar erigir allí, tras cinco años de obras, un macroedificio municipal con al menos 2.100 funcionarios al que tuvieran que acudir a diario los sevillanos y las empresas a arreglar cualquier papeleo, contribuyendo así a saturar aún más aquel entorno?

 

EL CONCURSO

 

Por último, la idea de Beltrán Pérez de construir una macrosede en la Cartuja no es nueva ni original. Es una variante ampliada de la propuesta de unificar las sedes de la Gerencia de Urbanismo y de Emvisesa, que se lanzó hace doce años. En 2007, el gobierno de Monteseirín convocó ese concurso de ideas arquitectónico del que habla Pérez, un concurso que ganó el arquitecto sevillano José Antonio Carbajal y al que también se presentaron, entre otros, Guillermo Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz y Francisco Torres.

 

Según los detalles revelados por el entonces vicealcalde, Emilio Carrillo (aunque se pueden consultar en el portal en Internet del propio estudio de arquitectura: http://www.estudiocarbajal.com/es/nueva-sede-para-la-gerencia-de-urbanismo-y-emvisesa/ ), el diseño ganador del concurso consistía en un edificio de planta cuadrada, articulado mediante una sucesión de patios interiores y exteriores y que se remataría con hormigón blanco teñido, acero lacado y grandes planchas solares orientables a modo de celosías.

 

Con una edificabilidad de 40.000 m2 (23.000 sobre rasante), dispondría de 11.000 m2 de oficinas para los 600 empleados de Urbanismo y de Emvisesa y se dejaría reserva de espacio para un incremento de personal del 25%. La faraónica idea del gobierno local entonces era la de gastarse 70 millones en la obra y financiarla con los 100 millones que pensaba obtener por la venta, en plan cuento de la lechera, del edificio de Emvisesa en la calle Bilbao y de la parcela de las caracolas de la Expo.

 

FIN DE LA BURBUJA

 

Sin embargo, estalló la burbuja inmobiliaria y aquellos planes se fueron al traste. El Consistorio  pensó a continuación en una colaboración público-privada como solución: cedería el suelo a una constructora para que ésta levantara el edificio a cambio de pagarle luego un alquiler por ocuparlo, en línea con lo hecho por la Junta de Andalucía para su macrosede en la avenida de Grecia, en el barrio de Los Bermejales. Posteriormente inclusó pensó en instalar las oficinas de los funcionarios en el rascacielos de la Cartuja.

Finalmente nada se materializó y el PP denunció que el Ayuntamiento acabó pagando 1,6 millones de euros (1,1 millones a Carbajal y el resto a los cuatro arquitectos finalistas en el concurso de ideas) por el proyecto de sede urbanística unificada para al final dejarlo arrumbado en un cajón de la Gerencia.

Así pues, la factoría de pensadores le ha colocado a Beltrán Pérez una idea más bien de segunda mano por la que habría que ver si no tendría que pagarle el “copyright” a Monteseirín, tan propenso a aquel tipo de megalomanías arquitectónicas. Se agradecería que para la próxima ocasión fueran un poco más originales.

Inmobiliaria del Sur (Insur), favorita en la permuta por el solar de Ramón Carande

OFERTA

Ofrece a Emvisesa 63 viviendas ya construidas, locales comerciales, suelo y 3 millones en efectivo

VALOR

La valoración de su oferta supera en más de un millón de euros a la segunda más alta

ANOMALÍAS

Podría haber errores invalidantes en las ofertas de dos de las cinco empresas aspirantes al solar

 

 

Inmobiliaria del Sur (Insur) ha presentado la que “a priori” parece la oferta más alta y ventajosa en el concurso convocado por la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) para la permuta del solar de ésta en la Avenida Ramón Carande, al que aspiran un total de cinco compañías del sector inmobiliario. No obstante, serán los técnicos los que evalúen todos y cada uno de los aspectos de las ofertas para que la dirección de Emvisesa adopte la decisión final.

Insur ofrece a Emvisesa por el solar de Ramón Carande 63 viviendas y tres locales comerciales ya construidos -por tanto, podrían ser de ocupación inmediata por los demandantes inscritos en el Registro de la empresa pública-, amén de suelo para equipamiento social y 3.385.000 euros en metálico.

La mayor parte de esas viviendas están en la calle Cátodo, cerca de la Avenida de Andalucía, y la parcela dotacional para equipamiento público y con un valor de 896.221 euros, en la Vereda Pozo del Aceite. En total, estas viviendas, locales, suelo y dinero en metálico tienen una valoración de 11.059.807,75 euros.

Por su parte, Vía Célere ofrece tres parcelas por un valor conjunto de 6.441.094,80 euros, más 3.485.000 euros en metálico, lo que suma 9.926.094,80 euros. Las tres parcelas están en el sector 5 y 13 del Polígono Aeropuerto. Habrían pertenecido anteriormente a Inmobiliaria Osuna e incluso habrían salido a una subasta que quedó desierta. Si los técnicos comprueban que aún están inscritas en el Registro Municipal de Solares, la oferta podría quedar invalidada conforme al pliego de condiciones.

Salvo Global Property ha ofrecido suelo en la calle Clavellinas, Castellar (antigua fábrica de sombreros Fernández y Roche) y Heliotropo por valor de 4.900.000 euros, a lo que añade 2.166.000 euros en metálico, lo que suma en conjunto 7.016.000 euros.

La cuarta oferta en valoración económica es la de Urbanismo y Promoción Meridional, que se compone de suelo en San Nicolás Oeste por valor de 5.762.083,32 euros, pero no se añade ninguna cantidad en metálico.

Por último, hay un quinto concursante, ABU, pero sin propuesta económica conocida por error al incluirla en el sobre equivocado (el número 1 en vez del número 2), circunstancia que podría ser descalificante. En efecto, en el pliego del concurso, página 11, al citarse los contenidos de los sobres se indica lo siguiente: “La documentación correspondiente a cada sobre no puede incluirse entre la que corresponda a otro sobre”.

Y en el párrafo final relativo al contenido del sobre nº 1 se lee: “En esta documentación no se hará referencia alguna a la proposición económica, que se deberá introducir en el sobre Nº 2; el incumplimiento de lo establecido en este apartado dará lugar al rechazo de la oferta”.

Emvisesa permuta su joya de la corona

Una parcela en Ramón Carande valorada en 7 millones de euros

Quiere convertir las 68 viviendas edificables en 400 en otras zonas

Admite a cambio inmuebles ya edificados, suelo y solares de empresas

 

La Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) abre oficialmente a partir de hoy, 25 de julio, y hasta el 6 de octubre un plazo de dos meses y medio en números redondos para que las empresas interesadas le presenten ofertas de entrega de viviendas ya construidas, suelos y solares en distintos sectores del término municipal a cambio del que se considera su activo de mayor valor: una parcela de uso residencial cercana a la milla de oro de Sevilla.

El terreno en cuestión está situado en la Avenida de Ramón Carande, cercano por tanto a uno de los campus de la Universidad Hispalense, la línea del Metro y la del tranvía, la estación de San Bernardo y otros equipamientos importantes de la ciudad.

Tiene una superficie de 1.838,09 m2 y una edificabilidad de 7.352 m2, que permite la construcción de 68 viviendas en un máximo de siete plantas de altura sobre rasante. Está valorado en los libros de Emvisesa en 7.003.865,30 euros, si bien fuentes del sector inmobiliario estiman que su valor comercial es muy superior, por su estratégica ubicación y, especialmente, por el repunte que está experimentando el sector tras casi nueve años de crisis económica, como demuestra el creciente número de licencias otorgadas por la Gerencia de Urbanismo y la promoción de nuevos conjuntos residenciales.

Con la convocatoria de este concurso, Emvisesa pretende dotarse de inmuebles ya edificados, suelos y solares en distintos sectores de la ciudad que le permitan, por una parte, obtener un mayor número de viviendas terminadas que satisfagan la demanda existente actualmente en el municipio y, por otra, hacerse con suelos destinados a la construcción de viviendas en el menor tiempo posible.

La idea de la empresa pública es pasar de las 68 viviendas que podría construir en la parcela de la calle Ramón Carande a unas 400, repartidas por distintas zonas de la ciudad: casi seis veces más.

DEPÓSITO

El conjunto de inmuebles y suelos a entregar en permuta (en principio se barajó también la posibilidad de aportaciones en metálico, hasta un máximo de 3.485.000 euros, si bien este extremo podría ser revisable) debe estar valorado en, como mínimo, esos 7 millones de euros de referencia, impuestos aparte. La empresa municipal no abonará ninguna cantidad en metálico.

Las compañías interesadas en participar en el concurso de la permuta deberán acreditar como garantía una cantidad de 350.193,27 euros.

Emvisesa lleva meses preparando esta operación y sondeando el mercado inmobiliario para comprobar el grado de receptividad del mismo. El significativo número de empresas “a priori” interesadas ha despejado cualquier tipo de duda al respecto y se espera que se presenten bastantes ofertas, especialmente de firmas locales con larga trayectoria en el sector y con recursos propios, que no dependan en último extremo del grifo de la banca.

Este es, probablemente, el concurso más complejo redactado por los técnicos de la empresa municipal, ya que no se trata de una simple permuta de un suelo por otro. En la operación pueden entrar de todo, desde inmuebles ya edificados hasta suelo y solares y, eventualmente, dinero en metálico.

Emvisesa recupera ocho viviendas dejadas Vacías por sus adjudicatarios

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa) ha recuperado ya ocho viviendas del parque público cuyos adjudicatarios las habían dejado vacías pero no por ello habían renunciado a su disfrute ni las habían devuelto para que fueran ocupadas por otros sevillanos que se encuentran en la lista de espera. Actualmente hay unas 12.000 personas en números redondos inscritas en el Registro de Demandantes de vivienda del Ayuntamiento de Sevilla.

El 17 de mayo de 2016, la Comisión ejecutiva del Consejo de Administración de Emvisesa aprobó el “Protocolo de actuación para la recuperación de las viviendas vacías cedidas en régimen de arrendamiento, propiedad de Emvisesa, que no son ocupadas como domicilio habitual y permanente por sus inquilinos legales”. Esta figura administrativa permite desde entonces  la adopción de medidas para la recuperación de la posesión de las viviendas en cuestión y su puesta a disposición para programas sociales.

El hecho de no estar ocupando como domicilio habitual y permanente las viviendas que les fueron adjudicadas en régimen de arrendamiento a sus inquilinos supone no sólo un incumplimiento de lo establecido en las cláusulas de los contratos de arrendamiento de la vivienda, en los cuales se establece expresamente que “el arrendatario dedicará la vivienda a domicilio habitual y permanente suyo y de su unidad familiar o de convivencia, sin que bajo ningún concepto pueda destinarla a segunda residencia o cualquier uso que no sea el señalado” , sino también un incumplimiento del artículo 11 del Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el que se establece que las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente de sus destinatarios.

Al quedar acreditado que sus arrendatarios no las ocupan, y por tanto, su necesidad de vivienda ya se encuentra cubierta de otros modos, y siendo una obligación de los poderes públicos garantizar el derecho a la vivienda y que no exista ninguna vivienda pública sin habitar, era necesario articular un mecanismo que permitiera la recuperación de dichas viviendas vacías y sin uso, para poder volver a adjudicarlas de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, y que pudiera así garantizarse su fin social.

Normalmente se abre expediente por denuncia de vecinos, administradores de comunidades o de oficio, bien porque en inspección de técnicos de Emvisesa se hayan detectado indicios de falta de ocupación, o porque desde la Sección de Comunidades así se lo indiquen.

El expediente abierto en cada caso da trámite de audiencia y una serie de comprobaciones que garantizan que antes de tomar cualquier medida quede constatado que efectivamente nadie ocupa  la vivienda de acuerdo al contrato suscrito.

En los diez meses transcurridos desde la aprobación del Protocolo se han abierto cuarenta y seis expedientes a adjudicatarios sospechosos de no utilizar la vivienda asignada en su día por Emvisesa y ya han sido recuperadas ocho viviendas en esta situación.

El Ayuntamiento de Sevilla negocia con diez bancos la cesión de viviendas vacías

El Ayuntamiento de Sevilla lleva dos meses y medio negociando con una decena de entidades bancarias para que les informe sobre el parque de viviendas vacías o disponibles que tienen en Sevilla, con la intención de que pudieran cederlas a Emvisesa para darles un uso social. Ha recibido ya respuesta favorable por parte de una de estas entidades financieras y buena predisposición por parte de otras, y está a la espera de los procesos de decisión interna en otros casos.

El pasado mes de diciembre, en víspera de una fecha tan señalada como la Navidad, Emvisesa envió una carta a todos los bancos con los que tiene algún tipo de relación comercial, con el fin de negociar la cesión de sus viviendas vacías en Sevilla.

Tras esa misiva ha habido reuniones con representantes de Caixabank, BBVA, Bankia, Unicaja, BMN, Banco Sabadell e Ibercaja. Hay pendientes de celebración encuentros con Santander y Bankinter. Catalunya Caixa, que se encuentra en un proceso de reestructurar su cartera, es posible que encomiende la gestión de sus viviendas al BBVA, que ya es interlocutor de Emvisesa, por lo que incluso eso allanaría el camino.

La entidad malagueña Unicaja sólo posee tres viviendas vacías en Sevilla, pero ya ha comunicado su intención de cederlas al Ayuntamiento con fines sociales, tras lo cual se está redactando un convenio de colaboración y los técnicos municipales visitarán los inmuebles para calcular el coste de su adecuación.

Emvisesa también confía en llegar a algún tipo de acuerdo con el Banco Sabadell a través de Sogeviso, la filial de Solvia, que es la compañía propietaria de sus inmuebles. El Sabadell alega que no ejecuta desahucios y que, consciente de este problema, ha elaborado un proyecto de acción social basado en un protocolo de actuación denominado ‘contrato social’, para realizar un seguimiento individualizado de las personas beneficiarias de los alquileres sociales de Solvia.

Este plan, pionero en la banca española, incluye un programa de inserción social en colaboración con las empresas prestatarias de servicios al grupo bancario catalán. El banco, pues, ya gestiona sus propias viviendas sociales, pero tras la propuesta de Emvisesa está dispuesto a evaluar la situación de algunos de los 61 inmuebles que comercializa en Sevilla y que todavía no ha podido colocar en el mercado.

TAMBIÉN CON LA SAREB

BBVA, por su parte, enfoca este problema con una perspectiva nacional, no local, a través del Fondo de Vivienda Social, pero está abierto a un posible acuerdo con la ciudad de Sevilla. Similar predisposición ha mostrado BuildingCenter, la sociedad a la que ha sido traspasada la propiedad de las viviendas adquiridas por Caixabank y que remitirá una lista de viviendas susceptibles de cesión, para que Emvisesa estime el coste de su adecuación a fin de que sean habitables.

Por parte de Bankia, finalmente se ha determinado que sea la inmobiliaria Haya Real Estate la que se siente a negociar con el Ayuntamiento hispalense. BMN ya no tendría ninguna vivienda vacía en Sevilla, al igual que Ibercaja, aunque ambas entidades han ofrecido su colaboración al Consistorio en la medida de sus posibilidades.

Al margen de las negociaciones con esta decena de bancos se lleva otra vía de contacto con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como el “banco malo”, en cuanto propietaria a la que se traspasó la propiedad de gran parte de las viviendas invendidas por la banca afectada por la crisis económica.

Populismo habitacional

El Pleno extraordinario y monográfico que sobre la vivienda se celebró hace una semana en el Ayuntamiento de Sevilla, en vísperas del inicio de la campaña electoral para las generales del 20 de diciembre, ha servido para comprobar el grado de populismo de los partidos políticos en relación con lo que las fuerzas de izquierda suelen denominar el “problema habitacional”.

Ante la cercanía de los comicios y la necesidad de ganar votos, cuesten lo que cuesten a los contribuyentes, pareció como si no hubiera diferencias ideológicas ni de modelo entre las distintas formaciones, ya que se aprobaron por unanimidad nada menos que 57 de las 60 iniciativas debatidas (el 95% del total).

Los sevillanos pudieron comprobar cómo un partido calificado “de orden” como el PP, cuyo líder en la oposición sigue siendo formalmente todo un señor juez como Juan Ignacio Zoido, se alineó con la propuesta de la izquierda de que no se pongan los policías ni los bomberos del Ayuntamiento al servicio de la Justicia a la hora de la ejecución de las órdenes de desahucio, cuando el Partido Popular se había erigido hasta ahora como el bastión en defensa de las normas en tal sentido ante la rebelión en el seno de algunos ayuntamientos para congraciarse  con los movimientos ciudadanos contrarios a los lanzamientos judiciales por los impagos de hipotecas.

Esa denegación del auxilio municipal a los jueces, secundada por el grupo Socialista del alcalde Espadas, convierte al consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio Llera, en más papista que el Papa.

Hace tres años, a raíz de que el alcalde de Cazalla de la Sierra anunciara a través de un bando que su ayuntamiento no pondría ni un solo agente de la Policía Municipal a disposición de las órdenes de desahucio, el consejero reaccionó diciendo que aunque a los jueces cada día les repugna más acordar órdenes de desahucio, “un alcalde no tiene autoridad para negar el auxilio a un juez cuando pide el uso de la Policía, ya que si un juez ordena algo, la Policía está obligada a colaborar”.

Espadas y Zoido coinciden en declarar la insumisión del Ayuntamiento, que a partir de ahora negará el auxilio policial a la Justicia pero no, por ejemplo, para la retirada de los coches por la grúa municipal en caso necesario.

TRANSFERENCIAS A EMVISESA

Otra medida aprobada en el Pleno, también con el voto favorable del PP y fruto de la deriva populista, fue el incremento de las transferencias municipales a Emvisesa, una empresa prácticamente paralizada durante el mandato anterior, en el que puede decirse que Zoido batió un récord al no haber construido ninguna vivienda pública en sus cuatro años (prometió al menos mil anualmente), algo sin precedentes con los anteriores alcaldes.

A pesar de que Emvisesa pasó de tener un presupuesto de 294 millones de euros a tan sólo 44 millones, del recorte de la quinta parte de su plantilla y de la notable reducción de su actividad, mal que bien se manejaba en el mercado, pero si ahora se la enchufa a las transferencias municipales, como ha solido ser habitual con Tussam, corre el riesgo de tener que someterse a las disposiciones de Hacienda para aminorar el déficit público y que estipulan que ninguna sociedad pública municipal podrá ser deficitaria; que si se trata de una empresa que presta un servicio obligatorio, el Ayuntamiento tendrá que privatizarla, y que si presta un servicio que corresponde a una competencia que le es impropia, se verá abocada al cierre.

Aunque no prosperó la propuesta de dejar de operar con los bancos implicados en desahucios, sí se acordó la elaboración de un censo de viviendas vacías de su propiedad. En contraste, el Ayuntamiento de Córdoba ha sabido negociar con la Sareb, el ‘banco malo’, que le ha cedido a la capital de la Mezquita la cuarta parte de sus pisos vacíos allí para que se pongan en alquiler social a bajo precio con destino a familias necesitadas. Mientras en Sevilla se le declara la guerra a la banca, en la ciudad perteneciente al ahora triángulo Sevilla-Málaga-Córdoba forjan alianzas con la misma y obtienen beneficios para sus vecinos. ¿Cuál de las dos políticas da mejores resultados?

ANTIDESAHUCIOS

La medida más llamativa fue la aprobación de una oficina antidesahucios, cuyo objeto principal será prestar asesoramiento legal a las personas afectadas por los lanzamientos judiciales y que se denominará Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda.

Como se recordará, el gobierno de Espadas anunció la creación de este asesoramiento  con la denominación errónea de oficina, ya que no tenía sede física como tal, sino que se basaba en la coordinación de los servicios municipales ya existentes.

Sin embargo, el grupo Participa Sevilla especialmente presionó en el Pleno para que se creara este nuevo organismo con una sede propia y un presupuesto mínimo anual de cuatro millones de euros, de los que dos deben estar listos para el primer semestre de 2016. La portavoz del grupo, Cristina Honorato, fue muy insistente al respecto y dijo gráficamente que la Oficina debería tener “incluso luminoso”.

BALANCE DE CÁRITAS

El mismo día en que se celebraba el Pleno, los responsables de Cáritas presentaron el balance de las actuaciones de la organización humanitaria con las personas sin hogar, esos sin techo que ya han sido desahuciados por la sociedad. Cáritas atendió sólo en Sevilla el año pasado a 620 personas sin vivienda, a las que destinó 777.613 euros recogidos entre sus donantes. Además, destinó 1.189.687 euros a paliar situaciones de exclusión residencial como el pago de hipotecas (que evitan desahucios), alquileres y suministros básicos.

Si con 777.613 euros Cáritas es capaz de atender a 620 personas sin techo donde cobijarse, con los 4 millones de euros que el Ayuntamiento (sólo en las caracolas de Urbanismo, sin contar con Emvisesa, tiene unas 500 personas que podrían realizar tal función) se va a gastar en montar esa Oficina con anuncio luminoso incluido podría atender a 3.189 necesitados sin hogar.

¿Qué es más rentable socialmente, emplear ese dinero en incrementar el organigrama municipal o entregarlo a Cáritas para que atienda a cinco veces más sin techo que hasta ahora?

 

Las naves ‘de’ Pasión

Hace dos años, una empresa llamada Sevilla Shipyard presentó un proyecto a la Autoridad Portuaria para reutilizar parte del antiguo astillero. Como se trataba de unas instalaciones y de un suelo públicos, la Autoridad Portuaria informó a la opinión pública, valga la redundancia, por si había alguna otra entidad interesada. Y otras, como Astillero del Guadalquivir, mostraron su interés, por lo que de inmediato convocó un concurso con sus bases publicadas incluso en Boletín Oficial.

Aunque finalmente el concurso fue declarado desierto porque tanto Sevilla Shipyard como Astillero del Guadalquivir acabaron por no presentarse al mismo, el procedimiento seguido por la Autoridad Portuaria fue impecable al abrir el abanico a todo el que pudiera tener una idea, plan o proyecto para el astillero, sin favoritismos ni adjudicaciones a dedo al primero que apareciese por el puerto o tuviera hilo directo con sus responsables.

En contraste con la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento ha acabado propiciando la creación de un frente vecinal en el Casco Antiguo similar al que en su día se organizó contra su proyecto de parking en la Alameda, y ha irritado desde los conservacionistas hasta la Policía Local por su decisión de conceder sin concurso público a la Hermandad de Pasión tres locales sitos junto a las naves Singer (entre las calles Becas y Lumbreras), diseñados por el histórico arquitecto Juan Talavera y con un valor catastral conjunto de 507.378 euros (el valor de mercado suele ser bastante superior) para sus 1.500 m2 de superficie.

SEGUNDO CASO

Esta es la segunda concesión de un bien público que en un lapso de pocas semanas y en vísperas de las elecciones municipales acuerda el gobierno de Zoido en favor de una cofradía, ya que antes adjudicó los Baños de la Reina Mora a la Hermandad de la Vera Cruz, también sin preguntar públicamente, como hizo la Autoridad Portuaria, si había alguna otra entidad interesada que pudiera presentar su oferta o proyecto en igualdad de condiciones.

El expediente de la cesión de las naves de la calle Becas/Lumbreras, donde la Policía Local guardaba sus vehículos en espera de que se habilitaran como comisaría para el Casco Antiguo conforme al proyecto existente desde el mandato anterior (de hecho estaban adscritas a la Delegación de Seguridad), revela el procedimiento seguido hasta llegar a la adopción del acuerdo.

El hermano mayor de Pasión, el psiquiatra Javier Criado, envía una carta con fecha 9 de junio de 2014 a Zoido recordándole una conversación telefónica mantenida cuatro días antes. Esta charla y la misiva posterior bastan para activar el procedimiento de cesión (por 25 años, con prórroga automática de 5 años, hasta un total de 50) de unas naves centenarias, protegidas por formar parte del entorno del convento de Santa Clara y sin que en ningún momento se informe a la opinión pública ni se saquen a concurso.

Criado habla de realizar en las tres naves un proyecto de carácter social con tres grandes líneas de actuación:

  1. Lugar de enseñanza: clases de alfabetización, idiomas, español para extranjeros, informática, teatro, pintura y cine.

  2. Lugar de estancia y ocio: televisión, cine, spa y guardería.

  3. Lugar de ayuda: comedor gratuito, ayudas y apoyo a necesitados.

El 30 de marzo de 2015, la jefa de sección de Planes y programas Marco emite su informe sobre el proyecto y dice que el reparto de alimentos por entidades sin ánimo de lucro es una acción social que el Ayuntamiento está potenciando, dada la situación de 3.849 familias, pero que en el Casco Antiguo hay otras iniciativas y fundaciones que realizan esa labor, por lo que existen  motivos para considerar de interés social “la primera fase del proyecto”.

Hay, pues, otras iniciativas y otras fundaciones similares a la de Pasión, pero a ninguna se le da, mediante la convocatoria de un concurso público, la oportunidad de presentar sus proyectos para las naves de la calle Becas, sólo a la que dirige el psiquiatra Javier Criado. Ahora bien, la jefa de servicio habla de “la primera fase”. ¿Cuál es la segunda?

EL PARKING

Según los términos del proyecto de Pasión, consiste en financiarlo todo con cuatro plantas de aparcamiento subterráneo para 160 vehículos que explotaría la propia Hermandad. En este sentido, el jefe de Inventario había emitido el 9 de octubre de 2014 un informe en el que advertía de que sería de dudosa legalidad la cesión gratuita de un inmueble de dominio público con autorización de explotar comercialmente un aparcamiento subterráneo, para cuya regulación en todo caso habría que aprobar previamente un Plan Especial.

Estos informes internos no son óbice para que la Junta de Gobierno aprobara el 10 de abril la cesión gratuita de las naves a la Fundación Asistencial Nuestro Padre Jesús de la Pasión, dependiente de la Hermandad de Pasión y presidida por Criado. Sin esta primera fase no se podría acometer la segunda en un hipotético futuro: el parking rotatorio en el marco de un nuevo PGOU que el alcalde ha anunciado ya en caso de ganar las elecciones y en el que suprimiría la prohibición de construir nuevos estacionamientos en el Casco Antiguo.

La paradoja es que de materializarse este parking de Pasión el Ayuntamiento se habría creado un competidor a sí mismo. Hace menos de un año, Emvisesa realizó un inventario según el cual dispone de 700 plazas de garaje sin ocupar en once barrios, parte de ellas en la calle Mendigorría, cercana a las naves de la calle Becas ahora cedidas a Pasión, la cual  acabaría disputándole en la zona el mercado de parkings a la empresa municipal.

USOS ALTERNATIVOS

Los vecinos destacan que el proyecto para los inmigrantes incluye hasta cine y spa, por lo que temen que acabe funcionando como un club social encubierto de la propia Hermandad. Entienden que ya hay otras entidades en el Casco Antiguo que realizan una labor social similar a la de Pasión, por lo que las naves deberían tener otros usos, bien de dotación para el distrito, bien como parte o apoyo al nonato Museo de Sevilla para captar el turismo que aún no llega a esta zona de la ciudad, mientras que Pasión podría desarrollar su labor asistencial, que no cuestionan, en otro sitio y con su Bolsa de Caridad sin quedarse con un espacio público, justo lo que más falta hace intramuros.

Por congraciarse con la Hermandad de Pasión, Zoido se ha creado a un mes de las elecciones un nuevo foco de conflicto vecinal en el Casco Antiguo, distrito en el que obtuvo 20.611 votos hace cuatro años y que en las recientes autonómicas quedaron reducidos a 13.224, por lo que, parafraseando a Santiago Montoto, cabe preguntarse qué era más importante, si el “ni fías ni porfías, ni cuestión con las cofradías” o las porfías con los votantes.

Un tercio de las familias realojadas no podrán volver a Los Pajaritos

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha encomendado a la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa)  la realización de las actuaciones necesarias para el realojo de las primeras familias residentes en la barriada de Los Pajaritos que han sido incluidas en la operación de rehabilitación del barrio, si bien se prevé que más de un tercio de las mismas no retornen allí al cabo de tres años y medio.

El Consistorio es el propietario de 524 viviendas de alquiler repartidas entre 66 bloques en Los Pajaritos. Por sus escasas dimensiones (podría hablarse de infraviviendas) y el elevado nivel de deterioro que sufren, se planteó hace ya años un proceso de remodelación de la barriada, que implica la demolición por fases de los bloques existentes y la construcción en su lugar de otros nuevos, acordes con los tiempos actuales, previo desalojo de las familias que residen en ellos, las cuales serán realojadas en otras zonas de la ciudad mientras duren las obras. Una vez terminadas las nuevas viviendas, estas familias deberían volver a la zona en que hasta la fecha se ha desarrollado su existencia.

Sin embargo, tanto del expediente de la encomienda de la operación a Emvisesa por parte de la Junta de Gobierno municipal como de las cifras manejadas hasta ahora se comprueba que 34 familias (un 35%) de las incluidas en la primera fase de la operación, que podría iniciarse a lo largo del mes de julio con tres años y medio de retraso sobre la previsión inicial, no podrán volver a su actual emplazamiento, “por lo que -puede leerse- el Ayuntamiento, en su caso, adjudicará a estas personas viviendas fuera del ámbito de actuación, en las condiciones y requisitos que en su momento se convengan”.

Así se colige, además, de los planes de esta primera fase de actuación, que se prevé que a partir de julio y hasta el año 2017 afecte a 96 viviendas de Los Pajaritos, distribuidas entre las calles Gavilán, Tordo y Estornino. En su lugar se construirán dos bloques con 31 viviendas cada uno. En total, pues, 62 viviendas, cuando las familias que se realojen fuera del barrio por Emvisesa serán 96. No habrá pisos para 34, que tendrán que cambiar de lugar de residencia.

Para la operación de realojo de los vecinos mientras se derriban sus bloques y se construyen los nuevos, Emvisesa ofrece, tras la encomienda municipal, 66 viviendas en la Avenida de Andalucía, 16 en Nuevo Amate, 9 en Torreblanca y 2 en Aeropuerto Viejo.

Emvisesa, que no firmará ningún tipo de contrato con estos inquilinos,  no asumirá tampoco compromiso u obligación alguna con las personas realojadas una vez finalizado el realojo temporal y concluida la encomienda. En el caso de que por parte de los ocupantes de las viviendas se produjera un incumplimiento de las obligaciones impuestas por la empresa municipal, se podría producir su desalojo en cualquier momento y los desalojados perderían el derecho a ser realojados en pisos de nueva construcción.

El presupuesto de la operación de realojo es de 930.000 euros en números redondos y se estima que las nuevas viviendas no estarán disponibles hasta dentro de tres años o de tres años y medio. Si se sobrepasara ese plazo, el Ayuntamiento asumiría los gastos hasta que retornaran  o se les adjudicaran nuevas viviendas definitivas. Los inquilinos tendrán que aportar 2.750 euros.

La infravivienda según Vílchez

Si no fuera porque el almanaque marcaba la fecha del 8 de diciembre en vez de la del 28, Día de los Santos Inocentes, las declaraciones del delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, el pasado domingo durante una entrevista periodística bien habrían podido ser tomadas por una inocentada. El delegado, que reconoció haber pensado en dimitir en más de una ocasión a lo largo de estos dos años y medio de mandato que mañana se cumplen, se lamentaba de que por mor del estallido de la burbuja inmobiliaria no gozaba de la misma largueza presupuestaria que sus predecesores. Cuando le preguntaron que en caso de que hubiera dispuesto de similares fondos en qué los habría empleado, su respuesta fue que en combatir la infravivienda.

A nadie se le escapa que pese a que las elecciones municipales se celebraron en mayo de 2011, tres años después del inicio de la crisis por el derrumbamiento del mercado inmobiliario, Zoido se presentó a aquellos comicios con un programa en muchos aspectos alejado de la realidad en que vivíamos y aún vivimos, ya que incluía la promesa de construir 4.000 nuevas viviendas de protección oficial, a un promedio de 1.000 VPO por cada uno de los cuatro años del mandato. Asimismo, Zoido, con la comprometida ayuda del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, prometió impulsar la rehabilitación de zonas degradadas (caracterizadas justamente por sus infraviviendas de hasta 30 m2 de superficie) como el barrio de Los Pajaritos, con sus 524 pisos municipales de alquiler.

FRENAZO A EMVISESA

A pesar de que había por entonces unos 16.000 demandantes de VPO inscritos en las listas de espera de Emvisesa, el gobierno constituido por Zoido paralizó prácticamente desde sus inicios la construcción de nuevas viviendas públicas con cargo a la empresa municipal Emvisesa, obviando la promesa electoral del alcalde de edificar 4.000 durante su mandato.

Las infraviviendas que sitúa en su punto de mira el delegado de Urbanismo al menos existen e incluso, dada la falta de alternativas, pueden hasta acabar cobijando varias generaciones de una misma familia, pero las VPO que no se construyen, sencillamente no figuran para nada. Es más, puede decirse que la falta de VPO contribuye a consolidar las infraviviendas que hay en las zonas degradadas de la ciudad, ya que se deja sin apenas opción a los jóvenes que pretendan emanciparse.

El pasado 28 de noviembre, Zoido entregó las llaves de sus nuevos pisos a 50 de los 147 adjudicatarios de VPO promovidas por Emvisesa en el Polígono Aeropuerto, algunos de ellos con entre 10 y 20 años de tiempo inscritos en las listas de espera. Sin embargo, ninguna de estas viviendas han sido promovidas durante el mandato de un alcalde que prometió 4.000.

Los planes del Ayuntamiento para la empresa municipal se han limitado a administrar la ‘herencia recibida’ (ésa de la que tanto se queja el alcalde) del mandato anterior PSOE-IU para ir entregando gradualmente las 719 VPO iniciadas antes de su llegada al Ayuntamiento y a medida que se vayan terminando las promociones.

SIN BALÓN DE OXÍGENO

Tenemos en torno a 15.000 demandantes de VPO y 9.199 de nuestros 90.740 parados pertenecen al sector de la construcción, por lo que un impulso a la edificación de nuevas viviendas públicas sería un estímulo para nuestra maltrecha economía local, pero el Ayuntamiento ha frenado la actividad y los presupuestos de Emvisesa con el pretexto de la crisis, los recortes y la sequía crediticia. En puridad, el gobierno local sólo ha promovido 16 VPO en la Ronda de Capuchinos, que supondrían, en caso de materializarse, únicamente el 0,4% de las prometidas por el alcalde.

En este marco de vaciamiento de Emvisesa por falta de actividad no es de extrañar el rocambolesco episodio de que haya sido embargada por la propia Agencia Tributaria del Ayuntamiento a consecuencia del impago de tributos municipales, justamente porque el Consistorio no se ha subrogado el crédito que aquélla asumió (indebidamente, según la Cámara de Cuentas) en el mandato de Monteseirín para la terminación de Fibes.

Esta deuda lastra sus cuentas, pese a que existe desde 2012 un acuerdo, incumplido aún, de la Junta de Gobierno de transferirle 11,2 millones de euros y parcelas por valor de 14,2 millones. Esta laxitud con Emvisesa contrasta con la celeridad para modificar el Presupuesto de la ciudad si hace falta y transferirle cantidades millonarias a una Tussam en apuros, pero, claro, Emvisesa no tiene 1.000 conductores que puedan paralizar el transporte público en la ciudad en caso de problemas. Por tanto, cuando la oposición habla de que Zoido podría repetir con Emvisesa el mismo caso que con Sevilla Global, halla argumentos sobrados para ello en la actuación de su gobierno.

RETRASOS EN LOS PAJARITOS

En el estandarte de la lucha contra la infravivienda propiamente dicha, la primera etapa de la rehabilitación de Los Pajaritos (herencia del Plan Integral para los Tres Barrios, que el gobierno anterior redactó pero que no impulsó, por centrarse en las Setas de la Encarnación, la Alameda y los carriles-bici) se están incumpliendo los plazos anunciados previamente. En su última visita a las obras del edificio-puente, sito cerca de las cocheras de Tussam y al que deben trasladarse de forma transitoria las familias para poder derruir sus viviendas actuales y construir en su lugar otras más dignas, Zoido prometió que estaría concluido en noviembre.

Una vez más se ha vuelto a sobrepasar el plazo, ya que nos adentramos en diciembre y a este paso nos plantaremos en 2014 sin concluir el traslado. En cualquier caso, se trata de tan sólo 66 familias de las 524 que se contabilizaban en Los Pajaritos, un 12,59% del total, con lo que nos hallamos en una situación parecida a la de las VPO: mínimo avance.

Hasta aquí, el Ayuntamiento podría tratar de ampararse en la coartada de los recortes económicos y el cierre del grifo del crédito por la banca para justificar que no ha podido hacer mucho más en estos dos años y medio, pero cuando las palabras del delegado de Urbanismo quedan como un mero brindis al sol es cuando se analiza la política municipal con los recursos que ya tiene.

CORRAL DE TRIANA

Si tanto le preocupa al Ayuntamiento el problema de la infravivienda en nuestra ciudad, menos se comprende aún que haya dado prioridad al intento de ahorrarse 60.000 euros anuales del alquiler de la comisaría de la Policía Local en Santa Fe trasladando su sede a la Casa Tapón, en Pagés del Corro, en un corral en el que existen 13 viviendas municipales, de las que ocho siguen vacías pese a que hay 700 familias en situación tan desesperada que ni siquiera pueden pagar un alquiler y sólo aspiran a un piso social.

Ahora que la Junta de Andalucía ha denegado la ocupación de la Casa Tapón en el Corral de la Encarnación por tratarse de un Bien de Interés Cultural, el Ayuntamiento, que a buen seguro sumará esta decisión a la lista de agravios con el Gobierno autonómico, ya no tiene ningún pretexto para seguir manteniendo semivacío el inmueble.

Cabría recordar cómo el gobierno local, que se dice tan preocupado por la infravivienda, desmanteló Otainsa, la oficina creada en el anterior mandato para atender a las personas en riesgo de desahucio, y cómo desde Urbanismo, de la que depende Emvisesa, se dio orden de desahuciar a  inquilinos de viviendas municipales en San Jerónimo y otros barrios antes de que tras varios suicidios que conmocionaron el país el alcalde, de forma políticamente oportunista, ordenara paralizar casi en el último minuto los lanzamientos previstos.

LA DEFENSORA DEL PUEBLO

El delegado de Urbanismo expresa su preocupación por la infravivienda, pero lleva dos meses de papeleo en Emvisesa para resolver las decenas de peticiones de inquilinos con escasos recursos que aspiran a un alquiler social, también prometido al hilo de los últimos acontecimientos por el alcalde.

Lo último, por ahora, ha sido el nuevo requerimiento de la nada sospechosa Defensora del Pueblo, la exalcaldesa popular Soledad Becerril, para que el Ayuntamiento le informe sobre las actuaciones que ha emprendido a fin de que no quede sin ocupar ninguna VPO en Sevilla, después de que Emvisesa contestara “sólo de forma parcial” a la carta que le envió en el mes de marzo en tal sentido. Han pasado nueve meses sin que el Consistorio haya sido capaz de aclararle a la Defensora si ha cumplido sus recomendaciones sobre viviendas protegidas vacías.

Por más que Maximiliano Vílchez exprese su inquietud por la infravivienda, la política de Zoido no está contribuyendo precisamente a erradicar el problema. Sus escasas iniciativas en este campo amenazan con convertirse en el mayor capítulo del Debe del alcalde ante la próxima cita con las urnas, para la que ya sólo falta año y medio.