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Registros

Hacienda admite que no verificó la información que atribuía a la infanta Cristina la venta de trece fincas urbanas y rústicas y la Agencia Tributaria ha tratado de descargar la responsabilidad sobre los registradores de la propiedad. Estos, a su vez, han calificado de “ínfima” la posibilidad de que ellos puedan cometer error alguno.

No sólo Hacienda no comprueba la veracidad de los datos de los registradores y da por buena sin más cualquier notificación, sino que también alguno de éstos incurre en esa misma práctica. A las pruebas me remito en el caso del exalcalde de Zalamea la Real y exdiputado socialista Francisco Sánchez Moreno, que utilizó el coladero del artículo 206 de la Ley Hipotecaria y la inopia del Registro para tramar una operación urbanística ilegal en beneficio de Anisados Arenas.

El entonces alcalde se inventó una finca en la que falseó el nombre, la calificación urbanística, la extensión….. y con el argumento de que no estaba aún inscrita acudió al Registro de la Propiedad, que la inmatriculó sin verificar ni un solo dato, pese a que los terrenos, ejidos comunales, constaban como tales en el Inventario de Bienes del Ayuntamiento e ¡inscritos en el mismo Registro desde el año 1933!.

Pese a mis escritos al Registro y a la Dirección General del Notariado alertando de la usurpación de bienes comunales del pueblo, nada hicieron al respecto o, todo lo más, argüir que las acciones de la Administración tienen presunción de veracidad frente a los particulares. Recalificados los suelos como bienes de propios gracias a la cooperación/inhibición del Registro, el alcalde, conchabado con el industrial, organizó luego una permuta de suelos con aquél que permitió la construcción de una nueva fábrica de aguardiente. Tan plagada de ilegalidades estaba, que también con la cooperación necesaria de la Junta de Andalucía hubo que legalizarla  cambiando las Normas subsidiarias,  cuando lo que jurídicamente procedía era la demolición.

Posteriormente, el Consistorio comunicó al Registro que probablemente se había producido una doble inmatriculación de los terrenos, tal como yo venía denunciando, pero cuando la nueva fábrica ya estaba consumada. El Registro corrigió el ‘inocente’ error y así quedó ‘blanqueada’ la ilegalidad urbanística y la registral.

Si alguien vigila al vigilante, nunca tendrá la presunción de veracidad frente a éste y, en último extremo, como con la infanta, dirán que hubo un fallo humano. Pero pruebe a fallar el lector, a ver qué le ocurre.

Más información en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/

 

Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas

El fiscal jefe del  Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,  Jesús García Calderón, solicitó a los andaluces, durante una conferencia pronunciada en noviembre de 2003 en la Universidad de Málaga sobre delitos urbanísticos, que exigiéramos a la Administración el cumplimiento de su función como garante y vigilante de la legalidad.

Mi respuesta a la solicitud de Jesús García Calderón se encuentra en los informes ‘Métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas. Cuatro casos prácticos’, que al cabo de los diez años transcurridos desde entonces se han podido colgar en Internet y a los que se puede acceder a través de enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ de este mismo blog  (parte superior).

En esos informes, fruto de años de investigaciones para tratar de comprender cómo las propias Administraciones Públicas promueven la ilegalidad, la consuman y la ocultan, García Calderón y cualquier andaluz, sobre todo si están interesados en el medio ambiente y el urbanismo, pueden comprobar qué le ocurre al iluso ciudadano que haya tenido la ingenuidad de atender la solicitud del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y se crea todavía que España es un Estado de Derecho. Porque, ¿qué ocurre cuando es la propia Administración encargada de velar por el cumplimiento de la ley la que la infringe sistemáticamente? ¿Quién vigila al vigilante?

 

Jesús García Calderón

Estos documentos también son una respuesta a la cuestión que el 26 de febrero de 2004 plantearon la Red de Fiscales de Medioambiente de Andalucía y la Oficina del Defensor del Pueblo: la necesidad de aclarar la frontera entre la ilicitud penal y la administrativa. Se demuestra que la acumulación de lo que Jesús García Calderón reduce a meras “irregularidades administrativas” produce  al final el mismo efecto que una ilicitud penal a las bravas, como las que cometía Jesús Gil en Marbella. En este sentido, el pueblo onubense de Zalamea la Real se convirtió en los años 90 del pasado siglo en el laboratorio de ensayos de ocultación y blanqueo de ilegalidades urbanísticas y medioambientales por parte de la Junta de Andalucía mientras casi todo el mundo miraba exclusivamente a la Costa del Sol.

Los cuatro casos prácticos para comprender los métodos para el blanqueo de las ilegalidades urbanísticas y que pueden consultarse a partir de los enlaces desde la pestaña ‘Memoria Histórica’ son los siguientes:

Caso Nº1: Anisados Arenas

Caso Nº 2: La ITV de Veiasa

Caso Nº3: La huerta ‘de’ Muñiz

Caso Nº 4: Las Cañadas de Arriba

Basta, dentro del caso número 1, con analizar tres episodios aparentemente iguales de ¿ilegalidades? ¿irregularidades? Urbanísticas para ver cómo, en función de quiénes están implicados en los mismos, los Poderes Públicos y la Justicia  actúan de manera radicalmente distinta y convierten en papel mojado y una burla el artículo 14 de la Constitución: “Todos los españoles son iguales ante la ley”. ¿De verdad? Lean y compruébenlo en el siguiente enlace:

http://www.manueljesusflorencio.com/memoria-historica/