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A la carta

La Cámara de Cuentas ha desvelado otra de las trapazas de Monteserín al dictaminar en su informe fiscalizador sobre la ampliación de Fibes -revela un sobrecoste del 91% al dispararse el precio ¿final? a 113 millones de euros- que la encomienda de la obra a Emvisesa fue ilegal. La empresa municipal de la vivienda, el cajón de sastre de Monteseirín, no era un medio propio del consorcio de Fibes, no tenía presupuesto ni crédito para acometer el trabajo y en el convenio diseñado a tal  efecto no se consignó su coste real (una especialidad monteseirinesca, por otra parte) . Un engaño de principio a fin contra el que alertó un informe jurídico encargado al bufete Garrigues y que, como a Monteseirín no le satisfizo por razones obvias, acabó en la papelera, se supone que después de pagarle a aquél la habitualmente módica factura de estos casos. El (sin) alcalde soslayó el obstáculo jurídico encargando otro informe al señor secretario municipal, que lo emitió conforme a su deseo. Osea, que aquí no sólo había Urbanismo a la carta, sino también Derecho a la carta.

DeSevilla

El Ayuntamiento, basándose en un informe “interno” sobre la situación económica (agujero de 1,5 millones de euros) y laboral (pesebre para enchufados) de la fundación DeSevilla en la era Monteseirín, ha decidido elevarlo a la Fiscalía por haber detectado indicios de hasta cinco delitos. Nada que objetar, sino todo lo contrario. Se ha comprobado que se borraron datos informáticos contables el 28 de julio a las 22 horas, en vísperas de la llegada del nuevo gerente. Muy grave tendría que ser el asunto como para que alguien dependiente del Ayuntamiento estuviese trabajando a tales horas en pleno período estival. Me llama la atención que tratándose de un informe “interno” sobre una fundación municipal aparezca en las referencias que lo ha elaborado una consultora privada y externa como Garrigues, no barata precisamente, ignorándose (al menos yo, por torpe), cuándo se sacó el contrato a concurso público y a qué precio pese a contar el Consistorio con sus propios Servicios Jurídicos y Financieros. ¿No decía Zoido que éste iba a ser el gobierno de los funcionarios?

 

 

 

Remembranzas de Juan Guerra

Segundas acotaciones al escándalo de los EREs, del que, por lo que se vislumbra, sólo ha emergido la punta del iceberg:

Los “discordantes” de Recio: El consejero de Empleo ha acuñado un nuevo palabro eufemístico y se ha referido a los intrusos y/o falsos prejubilados en los EREs como “discordantes”.

Recio, tras investigar las prejubilaciones de 1.569 trabajadores en 35 empresas, dice que le salen 70 discordancias, osea, “un 0,04% frente al total”.

Manuel Recio

Manuel Recio

La Junta sólo ha investigado a 35 empresas de las 196 beneficiadas por el ‘fondo de reptiles’ (Guerrero dixit), osea, apenas el 17,85%. Asimismo, ha escrutado a 1.569 de los 25.000 trabajadores acogidos a los EREs en estos diez años. Suponen, pues, sólo el 6,27% del total. Y de los investigados, el 4,46% han cometido presuntas irregularidades. Si esta proporción se mantuviera en todos los EREs, las “discordancias” podrían ascender a  nada menos que 1.115.

Romería al despacho: Coincidiendo  con la comparecencia de Recio, El País publicó una entrevista con el director general de Trabajo durante nueve años, Francisco Javier Guerrero. Como dijo Valderas en el Parlamento, la entrevista no tenía desperdicio, porque a su manera Guerrero hacía su particular ‘Yo acuso’.

En la entradilla/síntesis, el diario afín hacía una descripción demoledora para el Gobierno andaluz: “Consejeros, delegados de la Junta, alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios….Al despacho de Javier Guerrero acudieron durante nueve años cargos de todo rango a pedir dinero del fondo para empresas en crisis”.

De golpe y porrazo parece como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos en que había otro despacho al que, con la excusa de los cafelitos, también acudían en peregrinación quienes buscaban intercesión para conseguir los favores del Poder: el de Juan Guerra.

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Como Lopera, pero en la Junta: Guerrero afirma que los intrusos en los EREs no son tales, sino “criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. Las criaturas acogidas al seno de la Junta recuerdan a las ‘criaturitas’ de que hablaba Lopera en sus tiempos en el Betis, una denominación que denota una concepción paternalista, populista y clientelar.

El exdirector general olvida que el fin no justifica los medios y que si esas personas necesitaban auxilio, la Junta contaba con la Consejería de Asuntos Sociales. Llevando al extremo estas prácticas, ello equivaldría a solucionar el problema de los parados andaluces colándolos como intrusos en EREs. ¿Por qué esas ‘criaturas’ tenían que beneficiarse de un ERE y los demás desempleados andaluces no?

Normas reducidas a caprichos: Empleo acuñó en la práctica su propio principio: ‘Cuando se te interponga un obstáculo administrativo, sáltatelo’. Guerrero ha contado: “Como no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor”, el cual se negó a autorizar un pago equivalente a 900.000 euros de ahora, se decidió saltarse el procedimiento establecido, previa consulta con un bufete jurídico externo, Garrigues.

Lo lógico habría sido elevar una consulta a los Servicios Jurídicos centrales de la Junta, pero se habría corrido el riesgo de que su dictamen hubiera sido negativo y en tal caso ya no habría habido coartada para arbitrar un sistema fuera de control. Y esto era justamente de lo que se trataba, como denotan las palabras del exdirector general al calificar a la Intervención como un capricho en vez de cómo un fiscalizador del dinero público.

Sin coartada: Pensemos por un momento con lógica. ¿Es creíble la versión de la Junta de que un mero director general manejó 647 millones de euros a espaldas de los consejeros a cuyas órdenes estuvo y que éstos no supieran nada de ese fondo y sus manejos? En su testimonio, Guerrero desmonta en al menos cinco ocasiones  la coartada política de la Junta, cuando dice:

-Viera y Fernández nunca dijeron lo contrario. Nadie puso pegas a que una criatura solicitara lo mismo que los sindicatos o un colectivo.

-Teníamos consejo de dirección y siempre he dado cuenta de lo que hacía, como cualquier director general, porque no había nada ilegal.

-Ellos (Viera y Fernández) han tenido más interés o menos en función de la relación que tenían con las empresas. (Este aserto es toda una carga de profundidad, calificada por el PP en el Parlamento como “tráfico de influencias”).

Francisco Javier Guerrero

Francisco Javier Guerrero

-Hubo una segunda propuesta de Dhul que se habló con Fernández y éste dijo que no se daba más dinero.

-Los informes (negativos de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas) no me acuerdo cómo eran porque le llegan al consejero.

La contradicción de Griñán: Cuando Arenas sacó a colación en el Parlamento estas declaraciones, Griñán le reprochó que diera “más credibilidad a un imputado que a personas honorables”. ¿Acaso no es eso mismo lo que han hecho Griñán y el PSOE con Antonio Rivas, darle credibilidad,  pese a su imputación en una variante del caso Mercasevilla? Griñán ha defendido que permaneciera en su alto cargo de la Junta durante casi un año y luego lo ha mantenido otro año en cargos orgánicos, y a la hora de la verdad el PSOE no ha presentado ninguna acusación contra él.

Como en ‘Rebelión en la granja’, de Orwell, para Griñán y el PSOE todos los imputados son iguales, pero algunos son menos imputados que otros.