El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, y las terminales mediáticas del Gobierno han montado una escandalera tras denunciar que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, debe el IBI de decenas de edificios públicos, una deuda que según Granado puede provocar retrasos en el abono de las pensiones. El Gabinete  manchego levantó las alfombras dejadas por Barreda tras 30 años del PSOE en el poder y vio que las facturas pendientes por IBI como herencia recibida ascendían a 1.176.488 euros. Granado, apocalíptico e integrado, tronó que no existen antecedentes de esta dimensión y que estos impagos no tienen justificación alguna. ¿Que no hay antecedentes de esta dimensión? Hace tan sólo unos días, Zoido desglosó en el Parlamento la deuda de la Junta de Andalucía, sus empresas y entes con el Ayuntamiento en concepto de IBI, sello del coche, tasa de basuras y otros: 8,6 millones de euros. Osea, siete veces más que Castilla-La Mancha. Si las pensiones están en peligro no será por el IBI impagado en Toledo, sino en Sevilla.