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La Intervención del Ayuntamiento de Sevilla tumba la bonificación del IBI en los polígonos industriales

COSTE DE 7 MILLONES

Dictamina que la enmienda impulsada por IU no se ajusta a la normativa vigente

RECHAZO

El dictamen negativo también afecta a la mayor parte de las propuestas de la Oposición

SEGUNDA VUELTA

Cada grupo votará libremente hoy aunque luego Intervención y Secretaría verán qué se puede ejecutar

 

El Pleno municipal convocado hoy para la aprobación definitiva del proyecto de Ordenanzas Fiscales para 2019 se verá condicionado por el informe previo de la Intervención, que prácticamente tumba la mayor parte de las 25 enmiendas que salvaron el trámite de la Comisión de Hacienda de las 91 presentadas, y entre ellas la medida estrella de Izquierda Unida de aplicar generosas bonificaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los polígonos industriales.

 

Todos los grupos políticos, salvo el PSOE, apoyaron en la Comisión una enmienda presentada por IU en la que se pedía la bonificación del 90% en el IBI a los inmuebles dedicados a negocios en los polígonos industriales de la ciudad en los que se hayan implantado entidades urbanísticas de conservación. Actualmente son cuatro: Calonge, Cartuja, Higuerón Sur y Palmas Altas.

Según la propuesta de IU, la concesión de la bonificación se supeditaba a un volumen de negocio inferior al millón de euros y tenía por objetivo impulsar la actividad económica en los polígonos y por tanto la creación de empleo. Pese al masivo apoyo del resto de la oposición a esta enmienda, el gobierno local no la vio con buenos ojos al estimar que tendría un impacto de entre 7 y 8 millones de euros para las arcas municipales.

Además, dado que en el plazo de unos dos años como máximo se prevé que todos los polígonos y parques empresariales sean calificados como entidades urbanísticas de conservación, de aprobarse esta enmienda de forma definitiva podrían acogerse a la misma la inmensa mayoría de las empresas allí radicadas, con lo que los ingresos de la Hacienda municipal quedarían muy disminuidos.

 

NEGATIVO

 

Sin embargo, la Intervención municipal ha dictaminado negativamente sobre la propuesta de IU. Afirma que aunque se propone como modificación de la Ordenanza carece de memoria justificativa que indique el apartado al que se acoge, el cual podría ser el bien de fomento del empleo o el de fomento de la actividad económica.

En cualquier caso, dice el dictamen, “se trata de una bonificación potestativa desconociendo el apartado del artículo 74 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en el que tiene su apoyo legal, aunque analizada la redacción no es encuadrable ni en el artículo 1º ni en el 2º, ya que de acuerdo con la redacción propuesta no se hace referencia a los bienes inmuebles que cumplan los requisitos en ellos establecidos, añadiendo condiciones en la bonificación de orden subjetivo que la dicción legal no contempla para los apartados a los que se ha hecho referencia. En consecuencia no puede considerarse ajustada a la normativa vigente”.

¿Qué puede ocurrir ahora? En la Comisión de Hacienda de la semana pasada se acordó que cada grupo decidiría si mantenía o no sus enmiendas en función del informe de la Intervención y que en todo caso se votaría libremente, pero luego de nuevo la Intervención, más la Secretaría General, verificarán qué es ejecutable y qué no a la luz de la legalidad. Por tanto, aunque hoy toda la oposición respaldara de nuevo la enmienda de IU, otra vez tendría que superar el visto bueno del interventor y del secretario, algo improbable a la luz de este dictamen previo.

 

OTRAS BONIFICACIONES

 

La Intervención también ha informado negativamente sobre la mayoría de las enmiendas de la oposición, entre ellas las de mayor repercusión económica, como las del PP relativa a personas en situación económica difícil y para las que pedía una bonificación del 20% en la expedición de documentos urbanísticos, servicios del cementerio y tasa por recogida domiciliaria de basuras.

En cuanto a la enmienda de Participa Sevilla para la extensión de los beneficios fiscales contemplados para las familias numerosas a las familias monoparentales/monomarentales, Intervención afirma que su aplicación no puede valorarse desde un punto de vista material y que debe circunscribirse a las condiciones establecidas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

 

Tampoco ha informado favorablemente a una enmienda de Ciudadanos para que no se contemplen los ingresos de la ayuda a la dependencia a la hora del pago del IBI y otra de Participa Sevilla en relación con la exención de los precios públicos relacionados con la protección animal en los casos de personas con disminución visual propietarias o poseedoras de un perro-guía.

 

Igualmente, rechaza una reducción del 50% en determinados precios públicos en el Zoosanitario (IU); bonificaciones a los puestos en los mercados (PP);  recargos sobre la tasa por uso privativo del dominio público (IU, y elevar la bonificación por domiciliación bancaria de los recibos del 1% actual al 5% (IU).

El Ayuntamiento de Sevilla rechaza su posible intervención por Hacienda

El Ayuntamiento de Sevilla no ha recibido aún ninguna carta oficial ni advertencia de ser intervenido por parte del Ministerio de Hacienda y rechaza su inclusión en una lista de veintidós grandes corporaciones locales y/o provinciales que serán apercibidas por el departamento que dirige Cristóbal Montoro por incumplir el plazo legal máximo de pago a proveedores, fijado en 30 días en la ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera.

Al Ayuntamiento hispalense se le atribuye una deuda de 42,1 millones de euros y una demora media en los pagos de 62 días, según la relación del Ministerio, de la que se ha hecho eco el diario El País.

Un portavoz del gobierno de Espadas afirma que no se trata de un problema generalizado en todas las facturas, “sino de una serie de ellas, especialmente antiguas, que incrementan la media”, y que el pago en la mayor parte de las facturas está “normalizado por debajo del límite legal”.

Según la corporación municipal sevillana, la ciudad cumple actualmente con toda la normativa en materia de saneamiento, deuda y regla de gasto, y el desvío en el pago a proveedores es de tan sólo un día y medio en estos momentos, cuando el año pasado era incluso de catorce días por debajo de lo que ocurría en etapas de mandatos anteriores.

Afirma el Ayuntamiento que las medidas adoptadas están dando sus frutos, por lo que “no hay motivo alguno para la amenaza” de Hacienda.

Remembranzas de Juan Guerra

Segundas acotaciones al escándalo de los EREs, del que, por lo que se vislumbra, sólo ha emergido la punta del iceberg:

Los “discordantes” de Recio: El consejero de Empleo ha acuñado un nuevo palabro eufemístico y se ha referido a los intrusos y/o falsos prejubilados en los EREs como “discordantes”.

Recio, tras investigar las prejubilaciones de 1.569 trabajadores en 35 empresas, dice que le salen 70 discordancias, osea, “un 0,04% frente al total”.

Manuel Recio

Manuel Recio

La Junta sólo ha investigado a 35 empresas de las 196 beneficiadas por el ‘fondo de reptiles’ (Guerrero dixit), osea, apenas el 17,85%. Asimismo, ha escrutado a 1.569 de los 25.000 trabajadores acogidos a los EREs en estos diez años. Suponen, pues, sólo el 6,27% del total. Y de los investigados, el 4,46% han cometido presuntas irregularidades. Si esta proporción se mantuviera en todos los EREs, las “discordancias” podrían ascender a  nada menos que 1.115.

Romería al despacho: Coincidiendo  con la comparecencia de Recio, El País publicó una entrevista con el director general de Trabajo durante nueve años, Francisco Javier Guerrero. Como dijo Valderas en el Parlamento, la entrevista no tenía desperdicio, porque a su manera Guerrero hacía su particular ‘Yo acuso’.

En la entradilla/síntesis, el diario afín hacía una descripción demoledora para el Gobierno andaluz: “Consejeros, delegados de la Junta, alcaldes, concejales, sindicalistas, empresarios….Al despacho de Javier Guerrero acudieron durante nueve años cargos de todo rango a pedir dinero del fondo para empresas en crisis”.

De golpe y porrazo parece como si nos hubiésemos retrotraído a los tiempos en que había otro despacho al que, con la excusa de los cafelitos, también acudían en peregrinación quienes buscaban intercesión para conseguir los favores del Poder: el de Juan Guerra.

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Juan Guerra tomando un cafelito junto a su hermano Alfonso

Como Lopera, pero en la Junta: Guerrero afirma que los intrusos en los EREs no son tales, sino “criaturas necesitadas de ayuda sociolaboral que están desempleadas”. Las criaturas acogidas al seno de la Junta recuerdan a las ‘criaturitas’ de que hablaba Lopera en sus tiempos en el Betis, una denominación que denota una concepción paternalista, populista y clientelar.

El exdirector general olvida que el fin no justifica los medios y que si esas personas necesitaban auxilio, la Junta contaba con la Consejería de Asuntos Sociales. Llevando al extremo estas prácticas, ello equivaldría a solucionar el problema de los parados andaluces colándolos como intrusos en EREs. ¿Por qué esas ‘criaturas’ tenían que beneficiarse de un ERE y los demás desempleados andaluces no?

Normas reducidas a caprichos: Empleo acuñó en la práctica su propio principio: ‘Cuando se te interponga un obstáculo administrativo, sáltatelo’. Guerrero ha contado: “Como no podíamos estar al pairo de los caprichos del interventor”, el cual se negó a autorizar un pago equivalente a 900.000 euros de ahora, se decidió saltarse el procedimiento establecido, previa consulta con un bufete jurídico externo, Garrigues.

Lo lógico habría sido elevar una consulta a los Servicios Jurídicos centrales de la Junta, pero se habría corrido el riesgo de que su dictamen hubiera sido negativo y en tal caso ya no habría habido coartada para arbitrar un sistema fuera de control. Y esto era justamente de lo que se trataba, como denotan las palabras del exdirector general al calificar a la Intervención como un capricho en vez de cómo un fiscalizador del dinero público.

Sin coartada: Pensemos por un momento con lógica. ¿Es creíble la versión de la Junta de que un mero director general manejó 647 millones de euros a espaldas de los consejeros a cuyas órdenes estuvo y que éstos no supieran nada de ese fondo y sus manejos? En su testimonio, Guerrero desmonta en al menos cinco ocasiones  la coartada política de la Junta, cuando dice:

-Viera y Fernández nunca dijeron lo contrario. Nadie puso pegas a que una criatura solicitara lo mismo que los sindicatos o un colectivo.

-Teníamos consejo de dirección y siempre he dado cuenta de lo que hacía, como cualquier director general, porque no había nada ilegal.

-Ellos (Viera y Fernández) han tenido más interés o menos en función de la relación que tenían con las empresas. (Este aserto es toda una carga de profundidad, calificada por el PP en el Parlamento como “tráfico de influencias”).

Francisco Javier Guerrero

Francisco Javier Guerrero

-Hubo una segunda propuesta de Dhul que se habló con Fernández y éste dijo que no se daba más dinero.

-Los informes (negativos de la Intervención sobre el procedimiento de las ayudas) no me acuerdo cómo eran porque le llegan al consejero.

La contradicción de Griñán: Cuando Arenas sacó a colación en el Parlamento estas declaraciones, Griñán le reprochó que diera “más credibilidad a un imputado que a personas honorables”. ¿Acaso no es eso mismo lo que han hecho Griñán y el PSOE con Antonio Rivas, darle credibilidad,  pese a su imputación en una variante del caso Mercasevilla? Griñán ha defendido que permaneciera en su alto cargo de la Junta durante casi un año y luego lo ha mantenido otro año en cargos orgánicos, y a la hora de la verdad el PSOE no ha presentado ninguna acusación contra él.

Como en ‘Rebelión en la granja’, de Orwell, para Griñán y el PSOE todos los imputados son iguales, pero algunos son menos imputados que otros.